DS(P) nº 94/4 del 25/2/1999

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(Se inicia la sesión a las trece horas cinco minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías. Señoras, señores Procuradores, por favor. Se abre la sesión.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Primer punto del Orden del Día: "Discurso institucional del Excelentísimo señor Presidente de las Cortes de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Excelentísimo señor Presidente de la Junta de Castilla y León, Señorías Ilustrísimas, Dignísimas autoridades, señoras y señores.

Celebramos hoy el Decimosexto Aniversario de la Promulgación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y lo hacemos desde la perspectiva del recuerdo, pero con los ojos puestos en el futuro.

Escribió Sören Kierkegaard que "vivimos nuestra vida hacia adelante aunque la comprendemos hacia atrás". Es decir, que reflexionamos sobre lo ya acontecido y manifestamos nuestros sentimientos en función de aquello que ya nos ha afectado.

Así, la riqueza histórica de nuestra Comunidad Autónoma, y más concretamente de estas Cortes de Castilla y León, nos lleva inmediatamente a destacar que este año se cumple el setecientos aniversario de una reunión de Cortes celebrada aquí, en Valladolid, durante la minoridad de Fernando IV. Eran aquellos tiempos convulsos, en los que la levantisca nobleza y las asechanzas aragonesas ponían en peligro la pervivencia dinástica.

Tuvo que ser, precisamente, la entereza de la Regente doña María de Molina, su sagacidad y visión política, la que defendiese contra toda adversidad los derechos de su hijo. Y, para ello, buscó el apoyo de los representantes de las villas y ciudades.

De aquella convocatoria de mil doscientos noventa y nueve salieron unos capítulos generales, en los que se insistía en la necesidad de cumplir estrictamente la Ley y se ponía especial énfasis en la defensa de los derechos de los Concejos.

Como se pediría ocho años más tarde al ya coronado Fernando, el Emplazado, el tercer estado reclamaba mano dura contra quienes contravenían el orden institucional.

De otras efemérides pudiéramos echar mano para iniciar este breve, bien que necesario, parlamento. Y, sin ánimo de extenderme demasiado, no quisiera que la ocasión pasase sin mención expresa del carácter cidiano del año que acabamos de comenzar.

Es mil novecientos noventa y nueve, ciertamente, un Año Jacobeo, último del siglo y milenio. Pero es, igualmente, un año en el que se cumple los novecientos de la muerte del egregio caballero Rodrigo Díaz de Vivar. Traigo aquí a colación al gran alférez de Alfonso VI no por los valores que el poeta engrandeció y hasta sublimó, sino porque las verdaderas virtudes que adornaron a Ruy Díaz son aquellas que hoy se reivindican desde el humanismo moderno, sea éste de orientación cristiana o esté basado en el laicismo social.

Dos notas esenciales se suman a la celebración que hoy nos congrega, y serán las que habrán de definir la Legislatura a punto de concluir: de una parte, nos hallamos culminando una de las etapas más significativas de la reciente historia castellano y leonesa; de otra, estamos afrontando un nuevo reto electoral, que habrá de renovar la Cámara para conformar un nuevo Parlamento Regional que, con el marco de un Estatuto recientemente reformado y renovado, haga frente a cuantos compromisos exija el tránsito de uno a otro siglo.

Consolidado en Castilla y León, al menos desde el punto de vista institucional y normativo, el proceso autonómico, los retos son ahora de otra índole, quizás más gestores que políticos, y, en todo caso, con profundos cambios en la visión de las cosas. No será tanto mirar hacia el Gobierno de la Nación como poner los ojos en las instancias de la Unión Europea, en sus programas, en la adjudicación y gestión de los fondos o en el control de las inversiones dotacionales y estructurales.

Estamos concluyendo la IV Legislatura y, en tal sentido, surge inmediatamente la tentación de realizar un balance de lo que han sido o están siendo y significando estos últimos cuatro años en Castilla y León. Debemos, por ello, reflexionar y constatar la labor realizada desde la respectiva responsabilidad de los Grupos Políticos con representación en la Cámara y desde el examen profundo, sincero y personal de cada uno de los ochenta y cuatro Procuradores que en estas Cortes representamos la voluntad del pueblo castellano y leonés. Tal balance ha de realizarse en su doble vertiente de ejercicio de la labor legislativa y de control de la acción gubernamental.

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Pues bien, hasta el momento y desde que tomamos posesión, en el ya lejano año mil novecientos noventa y cinco, en las Cortes de Castilla y León se han aprobado una cuarentena de leyes, del medio centenar presentado. No vamos a jerarquizar su importancia o trascendencia, pero sí quisiera destacar aquellas que, por su repercusión social y su contenido, hacen referencia a la Cuestión de Confianza y la facultad del Presidente de la Junta para disolver las Cortes de Castilla y León, la de Equipamientos Comerciales, Caza, Evaluación de Impacto Ambiental, Protección de Animales de Compañía, Ferias Comerciales, Colegios Profesionales, Turismo, Régimen Local, Coordinación Universitaria, Supresión de Barreras Arquitectónicas, Juego y Apuestas, Defensa de los Consumidores, la de Recursos Agropecuarios, Pastos y Rastrojeras; aparte de las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad de cada ejercicio y, por supuesto, la Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía.

A la vez, se han incrementado el número de iniciativas parlamentarias en sus diversas modalidades, llegándose a triplicar, en algunos casos, las habidas en las tres primeras Legislaturas. Pero ni es éste el momento, ni mi interés se fija en enumerar cada actividad.

Decir tan sólo que quiero creer interpretar el sentir de mis compañeros en la Cámara si aseguro que, con haber resultado satisfactorio el trabajo desarrollado durante esta IV Legislatura en estas Cortes, lo más importante del período comentado ha sido, sin duda, la reforma del Estatuto de Autonomía, norma básica para nuestro desarrollo institucional y político.

A la vista del texto constitucional, estaba claro que debía imprimirse un nuevo giro en lo atañente a la gobernabilidad de Castilla y León, Región que no podía darse por satisfecha, y cuyo pueblo, a través de sus legítimos representantes, había expresado su voluntad de alcanzar el máximo techo competencial contemplado por la Constitución.

Fijado el objetivo, era preciso trabajar aquí, en la Cámara, hasta lograr un texto asumido por la inmensa mayoría, que pudiese ser remitido para su aprobación como Ley Orgánica por las Cortes Generales del Estado, esto es, por el Congreso y por el Senado. Para ello resultaba indispensable un altísimo grado en la capacidad negociadora de los Grupos y en el talante dialogante de los Procuradores.

A lo largo de los últimos años he reiterado el llamamiento público para la recuperación en Castilla y León del espíritu de consenso que hizo posible la transición política en España y la consecuente elaboración de un texto constitucional que, sin llegar a satisfacer plenamente a todos, a todos ha servido durante una veintena de años; y sigue siendo útil.

Pues bien, ese espíritu invocado se enseñoreó de este histórico castillo, tan angosto hoy como esplendoroso en otros tiempos. Y suficientes pruebas pudieran argüirse para mostrar cuál ha sido el grado de acuerdo y acercamiento manifestado por los Grupos Políticos con representación en la Cámara.

Fruto de ese diálogo constructivo, Castilla y León cuenta hoy con un nuevo Corpus Jurídico aprobado por las Cortes Generales de España, y que habrá de servir para iniciar la próxima Legislatura con renovado impulso jurídico y personal.

Al analizar el nuevo Estatuto de Autonomía, es preciso destacar alguno de sus puntos más relevantes por las repercusiones que tendrán en el futuro desarrollo institucional, político, social, económico y cultural de esta Comunidad Autónoma.

Desde un punto de vista formal, la aportación más interesante es la que recoge la facultad del Presidente del Ejecutivo para someterse a la Cuestión de Confianza ante estas Cortes o para disolverlas anticipadamente. Cierto es que tales prerrogativas habían sido ya aprobadas por Ley, pero no se contenían en el texto estatutario, que, al fin y a la postre, es como una Constitución para nosotros y para este territorio castellano y leonés.

Pero hay más -y esto sí son novedades-: el nuevo Estatuto, que incorpora a los órganos de estas Cortes la figura del Procurador del Común, contempla también la creación de dos nuevas instituciones que completan el marco orgánico de la Región. Me refiero al Consejo Consultivo y al Consejo de Cuentas. Con ellos se da un gran paso y se avanza en el difícil camino de ese autogobierno que tanto se invoca, y hacia el que nos dirigimos, en función de lo establecido por la Constitución.

Las Cortes de Castilla y León, tras dieciséis años de andadura democrática, no son ya aquel modesto Parlamento constituido hace dieciséis años en Las Claras de Tordesillas, y que celebraba sus primeras reuniones en el Salón Rojo de esta fortaleza. Castilla y León ha crecido en competencias durante estos tres lustros y, por ende, en trabajo y en obligaciones y responsabilidades.

No es posible ya encorsetarse con períodos de sesiones rígidos y con escasez de días hábiles. La necesidad nos ha llevado a habilitar períodos extraordinarios, por lo que se han suprimido esas cortapisas.

Tampoco resulta ya operativo prescindir de la dedicación plena o exclusiva de los Procuradores, que necesariamente tendrá que llevar acarreada... o acarreado el derecho a percibir remuneraciones fijas y periódicas por parte de quienes se afanen en la representación popular, en las tareas legislativas y en el control de la acción gubernamental.

Tales variaciones deberán ahora ser objeto de una normativa que adecue la situación creada a las necesidades de los Grupos Parlamentarios y a las nuevas tareas que son fruto de las competencias asumidas y por asumir durante los próximos, pero inmediatos años. Me refiero a que las Cortes de Castilla y León necesitan un nuevo Reglamento.

En la reforma del Reglamento interno estamos trabajando intensamente ahora en las Cortes. Un trabajo arduo en el que es preciso, otra vez, aunar esfuerzos y sumar voluntades; pero, sobre todo, volver a evidenciar ese talante, privativo de los hombres y mujeres dotados de excelsa generosidad, que permita llegar a acuerdos fructíferos al margen de dogmatismos o de postulados partidistas.

Nuestros ojos han de mirar fijamente al bien común como expresión de nuestra vocación política y de nuestra subordinación al sentir general de la sociedad.

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Destaco en sobremanera el espíritu de diálogo y consenso que ha de primar a la hora de negociar textos jurídicos de alcance metapartidario. Y lo hago con esperanza y satisfacción, porque denota que los representantes del pueblo de Castilla y León saben sobreponer los intereses generales a los particulares.

Pero, a la hora de hacer balance de esta IV Legislatura para la historia de nuestra Región, he de referirme, siquiera brevemente, a algunos de los momentos más significativos de estos casi cuatro años de actividad parlamentaria.

En el platillo de la sinrazón y de la barbarie, no hay más remedio que recordar las situaciones de violencia que Castilla y León ha tenido que sufrir durante este tiempo. A lo largo de meses hubimos de soportar la pérdida de libertad. El secuestro de Ortega Lara significó el secuestro de nuestro régimen de libertades. Decía entonces que los castellanos y leoneses no podíamos sentirnos totalmente libres mientras José Antonio se encontrase en poder de sus captores.

Quisiera mencionar también los atentados contra el capitán Aliste o el comandante Cortizo, las amenazas y actos violentos contra cargos públicos y el recuerdo solidario y comprometido a cuantos han sido víctimas de la barbarie salvaje de quienes no acaban de ser capaces de asumir que la defensa de los ideales ha de llevarse a cabo en los órganos e instituciones democráticos.

Mas no todo van a ser lamentaciones. También durante esta Legislatura ha sido designada Salamanca como Ciudad Europea de la Cultura para el dos mil dos. Y no renuncio tampoco a citar esos magnos acontecimientos culturales cuales son las exposiciones sobre los centenarios de Carlos I y Felipe II, o de ese gran proyecto definido como Las Edades del Hombre, que este año se desarrollará en Palencia.

Igualmente, es voluntad de esta Presidencia destacar la visita que realizó a nuestra Comunidad Autónoma el Príncipe de Asturias, recorriendo todas y cada una de las provincias. Reseñables son también las visitas del Presidente del Parlamento Europeo, del Presidente del Congreso de los Diputados, de la Comisaria Europea para Fondos Estructurales, así como de varias representaciones de otras tantas Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas y Regiones Europeas.

Transcurridos más de tres lustros, y con cuatro Legislaturas a nuestras espaldas, encarnamos desde la pluralidad y la libertad esto que ha venido a llamarse la voluntad popular depositada en sus representantes legítimos, o, lo que es lo mismo, en la piedra angular del Estado Democrático, eslabón que aúna voluntades desde la representatividad y la cercanía física, política e intelectual.

En la sociedad hay voluntades particulares -tantas como individuos-, pero no hay una que pueda catalogarse como la voluntad de la sociedad. Ahora bien, la sociedad necesita gobernarse; de ahí que la sociedad civil se sublime, engrandezca y exalte a la categoría de estado o sociedad política.

Sabido es que las Comunidades Autónomas son el Estado en su ámbito territorial respectivo. Pues bien, entiendo que este Estado o estas Comunidades Autónomas no pueden ser una copia mimética de la sociedad civil, porque, en este caso, el Estado sería superfluo. El Estado y las Comunidades Autónomas de España son, por tanto, la síntesis de la sociedad que la sociedad necesita para su gobierno.

Y para que la sociedad se convierta en Estado, para que se produzca esa sublimación, esa síntesis y esa condensación, hacen falta dos instrumentos básicos que, sin ser de orden natural, se han convertido en el camino idóneo para transformar en institución la base soberana de la sociedad: me refiero a los partidos políticos y al sistema electoral.

Los partidos políticos, porque aglutinan en bloques las diferentes posiciones de los individuos y de la sociedad; el sistema electoral, porque es el elemento con el que se busca la fórmula para decidir quiénes van a gobernar en función de esa voluntad mayoritaria. Y el Parlamento está en medio. Como piedra angular del Estado Democrático y primera expresión de ese mismo Estado, el Parlamento es el órgano constitucional que debe expresar el difícil equilibrio entre la sociedad y el Estado.

Las Cortes de Castilla y León, pues, en virtud de lo establecido en nuestro Estatuto de Autonomía que hoy celebramos, han de erigirse, a tenor de esta postura doctrinal, en el equilibrio necesario entre la sociedad civil de Castilla y León y sus instituciones democráticas.

A la vista de esta compleja situación, os animo a todos vosotros, Procuradores y Procuradoras de las Cortes de Castilla y León, como auténticos notarios de la vida cotidiana que se desarrolla en la sociedad y que encuentra su reflejo en la Cámara, a seguir por la senda emprendida hasta afianzar el futuro de la Comunidad Autónoma en armonía plural, solidaridad, justicia y una ética renovada capaz de ilusionar a un pueblo soberano.

Se habla de la necesidad de reinventar o repensar el sistema político, la democracia y los Parlamentos. Pero reinventar o repensar no significa destruir, sino perfeccionar, porque, en este final de siglo, la democracia es el único sistema político defendible en el terreno intelectual y moral, a pesar de los déficits que cada sistema electoral pueda presentar en cuanto a eficacia y legitimidad.

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Creo que todos coincidimos en que la democracia y sus sistemas de articulación no son sustituibles por nada mejor, pero cualquier régimen democrático está, por su propia esencia, abierto a una transformación permanente para una mejor plasmación de los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia, solidaridad social y pluralismo político. Y habrán de ser los Grupos Políticos quienes tomen posiciones en torno a esas mismas premisas y quienes adopten las decisiones que estimen oportunas.

Por ello, y porque parece que existen sectores sociales en los que la figura del político se encuentra cuestionada, quisiera resaltar el alto valor, insustituible, que desempeñamos los políticos, no por nosotros mismos, sino por este bien sagrado de representatividad de la ciudadanía.

Y voy terminando.

Dentro de escasos meses entraremos en la vorágine electoral que habrá de renovar esta Cámara. Qué duda cabe sobre la beligerancia verbal de que se hará gala, quizás por aquello de que la política del futuro nace como venganza contra la política del pasado.

Entiendo, sin embargo, que no debiera ser así. En democracia y en libertad no debiera aplicarse el axioma de que "aquí vale todo". Nuestra propia ética debiera llevarnos a aseverar que "aquí vale todo lo que vale". Es decir, entender que las ideologías y los programas de gobierno se han de anteponer a cuestiones personales, para que sean la concordia, el entendimiento y las buenas maneras los pilares sobre los que se ha de sustentar la base de las respectivas campañas a desarrollar por unos y por otros.

Los ciudadanos comienzan ya a estar saturados de agresiones viscerales o de planteamientos maximalistas que a nada positivo conducen. Lejos de mi intencionalidad pedir aquí y ahora una campaña electoral desprovista de crítica y más cercana al cambalache que a la dialéctica y a la rivalidad. A lo que me refiero es a la necesidad de que las diferentes fuerzas políticas entiendan y asuman la dignidad y capacidad moral de los demás.

El último Premio Nobel de Literatura, el portugués Saramago, escribía hace unos años que la dignidad del ser humano es insultada todos los días por los poderosos de nuestro mundo, que la mentira universal ocupó el lugar de las verdades plurales, que el hombre dejó de respetarse a sí mismo cuando perdió el respeto a sus semejantes. Pues bien, quiero entender que una campaña electoral como la que merece el pueblo de Castilla y León ha de contradecir radicalmente tan negra visión de las cosas y afrontar el proceso con grandes dosis de generosidad y un alto concepto del respeto debido al adversario, que no al enemigo.

Si, como decía antes, los avances institucionales que se han producido a lo largo de la Cuarta Legislatura han sido posibles gracias a la generosidad de las fuerzas políticas representadas en este Castillo de Fuensaldaña, no veo razón para mudar las pautas de comportamiento.

A medida que se acerca la fecha del trece de junio será más duro el reto de la continencia verbal, pero el pueblo sabrá valorar, sin duda, el grado de dignidad con el que se materialice el legítimo derecho de increpar al contrario y de criticar la gestión realizada por cada uno, la capacidad de exponer alternativas o los métodos para difundir ideas.

En un mundo como el nuestro, dominado plenamente por la informática y la comunicación, sólo puede entenderse un proceso electoral desde el respeto intelectual, la moderación y el desapasionamiento. A ello os conmino a todos: a seguir respetando nuestra norma básica de convivencia política, que hoy honramos en su Decimosexto Aniversario, y, en su virtud, a afrontar los compromisos electorales que se avecinan desde ese talante abierto que hace libres a quienes libres nacemos y nos sentimos. Porque, como decía el clásico, en alusión a Rodrigo Díaz: "qué buen vasallo se puede llegar a ser cuando se encuentra un buen señor". Muchas gracias.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las trece horas veinticinco minutos.)