DS(P) nº 98/4 del 26/3/1999









Orden del Día:




Informaciones y Preguntas Orales de Actualidad.

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno: 2.1. P.O. 1153-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a gratuidad de los informes psicosociales de Adopción Internacional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 273, de 30 de noviembre de 1998.

P.O. 1177-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José L. Conde Valdés, relativa a conversión en autopista de peaje de la proyectada autovía León-Benavente, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 284, de 4 de febrero de 1999.

P.O. 1185-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a efectividad de la homologación salarial de los trabajadores transferidos del IMSERSO, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 284, de 4 de febrero de 1999.

P.O. 1229-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a ubicación del museo del Canal de Castilla en Palencia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1230-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a programas de reinserción de colectivos marginados, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1232-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis García Sanz, relativa a iniciativas para corregir el alto incremento de accidentes laborales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1233-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a existencia de una relación de beneficiarios de los programas de fomento al empleo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1234-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a compromiso económico para 1999 para contribuir a la reapertura de NICAS, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1237-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a medidas para resolver la situación sanitaria de Terradillos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1238-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a permanencia de botiquín ilegal en Vega de Tera (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1239-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jesús Cuadrado Bausela, relativa a apertura de diligencias por hechos relacionados con certificación y pagos del Gobierno Regional a la empresa HERTASA, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1242-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, relativa a causas de la virtual desautorización de la Consejería competente en materia de traspaso de la Enseñanza No Universitaria y de la Consejera Presidenta de la Sección Castellano y Leonesa de la Comisión Mixta de Transferencias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1243-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, relativa a compromiso de entrevista concertada sobre la reapertura de NICAS, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

Interpelación, I. 76-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, relativa a política sobre repercusiones de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 264, de 6 de noviembre de 1998.

Interpelación, I. 88-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general sobre vertidos contaminantes, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 293, de 3 de marzo de 1999.

Interpelación, I. 89-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, relativa a política en materia de instrumentos para la intermediación en el 031mercado de trabajo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

Moción, I. 69-II, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, relativa a política general en materia de energía en la Comunidad Autónoma, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 247, de 21 de septiembre de 1998 publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 297, de 18 de marzo de 1999.

Moción, I. 85-II, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a traspaso de Funciones y Servicios en materia de Enseñanza No Universitaria, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 291, de 24 de febrero de 1999 publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 297, de 18 de marzo de 1999.

Moción, I. 86-II, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a financiación de las Universidades Públicas por parte de la Junta de Castilla y León, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 291, de 24 de febrero de 1999 publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 297, de 18 de marzo de 1999.

Proposición No de Ley, P.N.L. 1090-I, presentada por el Procurador D. Joaquín Otero Pereira, instando del Gobierno de la Nación la compensación económica a provincias productoras de energía eléctrica, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 285, de 5 de febrero de 1999.

Proposición No de Ley, P.N.L. 1094-I, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a homenaje al escritor D. Gonzalo Torrente Ballester, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 291, de 24 de febrero de 1999.

Proposición No de Ley, P.N.L. 1095-I, presentada por el Procurador D. Joaquín Otero Pereira, relativa a solicitud al INSALUD de un Servicio de Urgencias Sanitarias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 291, de 24 de febrero de 1999.

Proposición No de Ley, P.N.L. 1096-I, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a adopción de medidas en materia de seguridad minera, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 291, de 24 de febrero de 1999.

Proposición No de Ley, P.N.L. 1103-I, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a presentación de una propuesta de iniciativas tendentes al cumplimiento del artículo 41.1 del Estatuto de Autonomía, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 294, de 10 de marzo de 1999.

Debate de totalidad del Proyecto de Ley de Cooperativas de Castilla y León.

Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el Proyecto de Ley de Urbanismo de Castilla y León.


Sumario:






Se reanuda la sesión a las diez horas cuarenta minutos.

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, reanuda la sesión.

- Decimotercer punto del Orden del Día. PNL 1103-I El Secretario, Sr. Fernández Merino, da lectura al decimotercer punto del Orden del Día.

Intervención del Procurador Sr. González González (Grupo Socialista) para retirar la Proposición No de Ley.

- Decimocuarto punto del Orden del Día. Debate de Totalidad PL 41.

El Secretario, Sr. Fernández Merino, da lectura al decimocuarto punto del Orden del Día.

Intervención del Sr. Villanueva Rodríguez, Consejero de Industria, Comercio y Turismo para la presentación del Proyecto de Ley.

Intervención del Procurador Sr. Granado Martínez (Grupo Socialista) para la defensa de la Enmienda de Totalidad presentada por su Grupo.

En turno en contra, interviene Procurador Sr. Abad Raposo (Grupo Popular).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Granado Martínez (Grupo Socialista).

En turno de dúplica, interviene Procurador Sr. Abad Raposo (Grupo Popular).

En turno de fijación de posiciones, interviene el Procurador Sr. Conde Valdés (Grupo de Izquierda Unida).

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, somete a votación la Enmienda a la Totalidad debatida. Es rechazada.

- Decimoquinto punto del Orden del Día. Aprobación por el Pleno Pl 35.

El Secretario, Sr. Aguilar Cañedo, da lectura al decimoquinto punto del Orden del Día.

Intervención del Procurador Sr. Sánchez Vicente (Grupo de Izquierda Unida) para la defensa de las Enmiendas mantenidas por su Grupo para su defensa en Pleno.

En turno en contra, interviene la Procuradora Sra. Alzola Allende (Grupo Popular).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Sánchez Vicente (Grupo de Izquierda Unida).

En turno de dúplica, interviene la Procuradora Sra. Alzola Allende (Grupo Popular).

Intervención del Procurador Sr. De Meer Lecha-Marzo (Grupo Socialista) para la defensa de las Enmiendas mantenidas por su Grupo para su defensa en Pleno.

En turno en contra, interviene el Procurador Sr. Huidobro Díez (Grupo Popular).

En turno de réplica, interviene Procurador Sr. De Meer Lecha- Marzo (Grupo Socialista).

En turno de dúplica, interviene el Procurador Sr. Huidobro Díez (Grupo Popular).

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, somete a votación la Enmienda número 2 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; es aprobada por asentimiento. Somete, igualmente, a votación las restantes Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; son rechazadas. Somete a votación, igualmente, los Votos Particulares a las Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

Intervención del Procurador Sr. Huidobro Díez (Grupo Popular).

Intervención del Procurador Sr. De Meer Lecha-Marzo (Grupo Socialista).

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, somete a votación el Voto Particular del Grupo Socialista a la Enmienda 55 del Grupo Parlamentario Popular; es aprobado por asentimiento. Somete a votación los restantes Votos Particulares del Grupo Socialista; son rechazados. Somete a votación la Enmienda número 250 del Grupo Parlamentario Socialista; es aprobada por asentimiento. Tras la lectura del texto transaccional a la Enmienda número 178 del Grupo Socialista, lo somete a votación; es aprobado. Por último, somete a votación las restantes Enmiendas del Grupo Socialista; son rechazadas.

En turno de explicación de voto, interviene la Procuradora Sra. Pérez Martínez (Grupo Mixto).

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, somete a votación el Proyecto de Ley en su conjunto; es aprobado.

Intervención del Sr. Jambrina Sastre, Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las trece horas cinco minutos.




Texto:

(-p.6212-)

(Se reanuda la sesión a las diez horas cuarenta minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Buenos días, señoras, señores Procuradores. Se reanuda la sesión. El señor Secretario dará lectura al decimotercer punto del Orden del Día que nos va a ocupar.

(-p.6213-)

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO): Decimotercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a presentación de una propuesta de iniciativas tendentes al cumplimiento del Artículo 41.1 del Estatuto de Autonomía".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación de la Propuesta, en nombre de su Grupo, señor González, don Jaime, tiene la palabra.


GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Sí, señor Presidente. El día cuatro de mayo comienza la fase de audiencia, ante el Tribunal de Justicia de la Unión, del recurso prejudicial interpuesto por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que aceptó varias demandas -entre ellas, la de la Comunidad Autónoma de La Rioja- sobre las normas de las Diputaciones Forales en materia de Impuesto de Sociedades y de bonificación de empresas.

El motivo de ese... de esa vista es examinar la autonomía de la Ley del Concierto para hacer determinadas políticas. La Junta de Castilla y León no está presente en ese proceso.

En este momento de la intervención, señor Presidente, anuncio dos cosas: en primer lugar, con toda probabilidad convocaremos la... pediremos la convocatoria de la Diputación Permanente después del cuatro de mayo, para poder tratar de llegar a la formación de una voluntad regional en esa materia, por última vez. Y en el mismo... en la misma intervención, retiramos, señor Presidente, la Proposición No de Ley, porque no parece prudente que en este Parlamento ya le pidamos a la Junta que presente nada, cuando eso yo creo que al final tendrá que ser responsabilidad del nuevo Gobierno que salga de las urnas el trece de junio.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Queda, pues, retirada, la Proposición de Ley. Pasamos, entonces, al decimocuarto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO): Decimocuarto punto del Orden del Día: "Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de Cooperativas de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para presentar el Proyecto de Ley, por la Junta, tiene la palabra el señor Consejero de Industria, Comercio y Turismo.


VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Señorías, como conocen, desde julio del año noventa y cinco, la Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene plenas competencias en materia de cooperativas, al completarse en esa fecha el proceso de transferencias en ese ámbito.

Las sociedades cooperativas integradas dentro de la denominada "economía social" impulsan iniciativas empresariales valiosas desde el punto de vista económico y social, al ser capaces de integrar en su funcionamiento intereses contrapuestos derivados, por un lado, de su propia actividad empresarial y, por otro, del trabajo desarrollado por los socios para la satisfacción de necesidades de intereses socioeconómicos comunes, sirviendo al mismo tiempo a la Comunidad.

Su funcionamiento democrático y su vocación social convierten al cooperativismo en uno de los elementos vertebradores de la sociedad, al propiciar no sólo la creación de riqueza -parte de la cual revierte a la Comunidad y a los propios socios-, sino también la aparición de un conjunto de relaciones sociales basadas en la solidaridad, que crean vínculos que van más allá de la mera satisfacción de intereses particulares.

Como organizaciones económicas y sociales que desarrollan su función en un sector intermedio entre sector público y el privado, las sociedades cooperativas generan bienes y servicios, y simultáneamente consiguen mejoras sociales importantes mediante la creación de empleo.

El empleo -como bien conocen Sus Señorías- es un objetivo prioritario para el Gobierno Regional y debe necesariamente fomentarse allí donde se genere. Así, el cooperativismo constituye un marco idóneo para generar empleo y reconstruir el tejido económico y social de Castilla y León, al armonizar en el ámbito empresarial aspectos socioeconómicos que serían incompatibles en cualquier otro tipo de empresa que, por definición, basara sus fines exclusivamente en la obtención de beneficios, lo que finalmente le atribuye una capacidad de adaptación a la realidad y al mercado más elevada que el de las sociedades mercantiles.

Todo lo anteriormente señalado determina que la Administración Autonómica sea especialmente receptiva a las necesidades de este sector socioeconómico. De esta manera, hemos venido celebrando distintos encuentros y jornadas que nos han permitido abordar los diferentes problemas que tiene el cooperativismo en nuestra Región, tanto desde el punto de vista empresarial -en función de su actividad- como desde el marco jurídico societario que representa la cooperativa, y en el que se han aportado ideas, propuestas, que nos han servido para alumbrar la elaboración de este Proyecto de Ley de Cooperativas de Castilla y León que hoy les presento, adaptado a las peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma.

(-p.6214-)

El Proyecto de Ley se basa en los principios de solidaridad y gestión democrática en las sociedades a las que trata de prestar acogida y apoyo, y pretende ser el instrumento legal regulador del régimen jurídico de las sociedades cooperativas del ámbito de nuestra Comunidad, en ejercicio de la competencia exclusiva reconocida en el actual Artículo 32, punto 23, de nuestro Estatuto de Autonomía; dando así cumplimiento al mandato establecido en el Artículo 129, apartado 2, de la Constitución, que ordena a los poderes públicos el fomento de las sociedades cooperativas mediante la adopción de una legislación adecuada y el apoyo decidido a la creación y desarrollo de éstas.

Este Proyecto de Ley se convierte en el instrumento de ordenación de las cooperativas, tratando de conjugar la adecuada coordinación con la normativa estatal y la de otras Comunidades Autónomas de aquellas fórmulas que sean más adecuadas para la realidad social, económica y territorial de Castilla y León, plasmando exigencias presentes y tratando de anticiparse a las demandas futuros... futuras de este tipo de empresas.

El texto de este Proyecto ha sido informado por distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León, por las organizaciones representativas de las cooperativas, así como por el Consejo Económico y Social, habiéndose incorporado al mismo muchas sugerencias y observaciones que se han ido aportando.

Consta de ciento cincuenta y un artículos estructurados en cuatro Títulos, así como tres Disposiciones Transitorias, una denegatoria... Derogatoria y tres Disposiciones Finales.

El Título Primero basa la rúbrica... bajo la rúbrica "De la Sociedad Cooperativa. Normas comunes", se estructura en diez Títulos, constituyendo la parte sustancial en la que se contienen los principios conceptuales, las directrices sobre la creación, desarrollo, disolución y liquidación, así como las normas mínimas relativas a la composición y funcionamiento de sus órganos de Gobierno.

De este Título merecen destacarse como novedades, respecto a la legislación estatal, las siguientes: el concepto de cooperativa, en consonancia con la tendencia actual menos organicista y de remisión a la autonomía de la voluntad de las partes; así se formula una concepción amplia de cooperativa, sin negar a ninguna actividad económica o social la posibilidad de constituarse... de constituirse en cooperativas.

Por lo que respecta a las entidades que van a quedar sujetas a la Ley Autonómica, han de tener en la Comunidad su domicilio social, el carácter preferente de actividad intrasocietaria y su dirección administrativa; la denominación de las "sociedades cooperativas de Castilla y León", ya que deberán añadir a su nomenclatura la abreviatura "C y L". El capital social mínimo para constituirse se fija en la cantidad de 500.000 pesetas o su equivalente en moneda europea.

En cuanto al número de socios, y siguiendo la tendencia de que este número sea cada vez menor, se reduce a tres; y se admiten personas jurídicas, públicas o privadas; matizando esta admisión y limitando el capital que puedan tener estas personas respecto al total, y limitando el número de votos que puedan tener respecto a los integrantes de la asamblea.

Del Capítulo relativo a la Creación de la Cooperativa, cabe destacar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 87.3 y 90 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada... las Sociedades Mercantiles de Responsabilidad Limitada podrán transformarse en sociedades cooperativas. Del mismo modo, podrán transformarse las sociedades agrarias de transformación, las sociedades laborales, civiles y mercantiles, o cualquier agrupación de interés económico con sujeción al procedimiento que se establezca para cada una de ellas en su normativa específica. Se refuerza la posibilidad de acudir al procedimiento simplificado para la constitución de la cooperativa, haciéndolo obligatorio también en cooperativas de tres socios.

En el apartado dedicado al Registro, he de señalar, en primer lugar, que el Registro se configura como un órgano administrativo único adscrito a esta Consejería... a la Consejería competente en materia laboral, y que tendrá facultades constitutivas y declarativas. En la organización del Registro se establecen secciones provinciales competentes en todo relativo a las cooperativas de ámbito provincial y una sección central competente en las cooperativas de ámbito interprovincial o regional.

Asimismo, se refuerza su función de coordinación con el Registro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y con el de otras Comunidades Autónomas, así como con el Registro Mercantil.

Por lo que se refiere al desarrollo de sus funciones, se amplían englobando, junto a las tradicionales, también las de habilitación y legalización de los libros de las cooperativas, depósito y publicidad de documentos contables y emisión, junto con el Registro de Cooperativas del Estado de la certificación negativa de denominación.

Se simplifica la documentación a presentar en el Registro, reduciendo las copias a presentar para la inscripción registral a una copia autorizada y dos simples.

En cuanto a los plazos que tendrá la Administración para efectuar la calificación previa y la adscripción registral definitiva, se fija el plazo de un mes, una vez completado todo el expediente. De no recaer resolución expresa, se entenderá el silencio como negativo.

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En el Capítulo dedicado a los Socios, se acogen a las siguientes novedades. En relación a las personas que pueden ser socios, se adoptan tres tipos de socios nuevos: el denominado socio de aportación de capital, el socio inactivo y el socio temporal. Se establecen dos límites en la regulación del socio de aportación de capital, para evitar que un solo socio tenga un peso superior a la mayoría. La suma de las aportaciones de este tipo de socio no puede exceder del 45%; su representación en número de votos no podrá exceder del tercio del total de votos de la Asamblea; y se unifican los plazos para la adquisición de la condición de socios, evitando la heterogeneidad existente actualmente.

El Proyecto añade a las causas de la baja obligatoria de los socios la relativa al incumplimiento de las aportaciones obligatorias en los plazos establecidos.

En las normas de disciplina social se prevé que cuando el comportamiento infractor del socio respecto a la cooperativa aparezca tipificado como delito en el Código Penal, y si resultara el socio condenado, causará baja de forma obligatoria.

En el Capítulo relativo a los Órganos de la Sociedad, se recoge la obligatoriedad de la existencia de un Comité de Recursos en cooperativas de más de cien socios, con el fin de descargar al Consejo Rector y a la Asamblea del enjuiciamiento de las reclamaciones de los mismos.

Se admite como una nueva figura la del Administrador Único, en sustitución del Consejo Rector, si lo prevén los Estatutos, en las cooperativas de menos de diez socios. Se conceden nuevas competencias a la Asamblea General en materia económica, como es la relativa a la aprobación y ratificación de operaciones de crédito, sean o no hipotecarias.

Se establece la supresión de las incompatibilidades entre los miembros de intervención y los órganos de gestión. Se ha introducido esta fórmula contemplando la composición de algunas sociedades cooperativas de pequeño tamaño, constituidas por grupos familiares que, de mantenerse la incompatibilidad, haría imposible la designación de Interventores entre los socios, obligándose a la utilización de órganos externos, con lo que ello implica de posible carestía y de incremento respecto de los aspectos administrativos burocráticos.

El Proyecto de Ley, manteniendo el criterio general de autonomía a voluntad de los socios, remite al Estatuto la posibilidad de creación de órganos colegiados concurrentes con los de carácter obligatorio, determinándose su composición y funciones en el Estatuto que los contemple.

Se introduce la regulación de la figura del Director, a la que se dota de atribuciones gestoras, también... tan necesarias hoy, a fin de conseguir la disponibilidad de capacidad técnica suficiente y la agilidad precisa para lograr la máxima eficacia empresarial.

En cuanto al Capítulo destinado al Régimen Económico de la Sociedad, he de destacar que, dentro del mismo, la más destacada novedad se contiene en el Artículo 68 bajo la rúbrica de "Otras formas de financiación externa", que, en paralelismo con otras figuras semejantes de otras leyes autonómicas, prevé que la cooperativa se nutra financieramente de recursos ajenos a través de títulos participativos, cuya misión corresponde a la Asamblea General que determina las condiciones de las mismas.

Otra novedad es la previsión de la constitución de un fondo de la Administración General de la Junta de Castilla y León, al que necesariamente habrán de ir destinados los remanentes que, una vez liquidada la cooperativa, existieran en los fondos cooperativos de la misma y que no hubieran... se hubieran puesto a disposición de la entidad financiera a la que estuviera asociada la cooperativa.

Por lo que se refiere a la Fusión, Escisión y Transformación, detalla el Capítulo correspondiente de este Proyecto múltiples posibilidades que el nuevo marco legal y el dinamismo de la realidad económica actual ofrece. Por ello, se regulan detalladamente las formalidades mínimas a las que estarán sujetas las transformaciones de la sociedad cooperativa en sociedad mercantil de responsabilidad limitada, anónima, así como al proceso de fusión, escisión, segregación y absorción.

Por lo que se refiere a las clases de cooperativas, merece ser destacado que la clasificación de las cooperativas opta por la fórmula de la mayor amplitud o libertad en cuanto a que establece la posibilidad de que las empresas puedan constituirse bajo el régimen jurídico de sociedades cooperativas, cualquiera que sea su actividad económica social, aunque no aparezca específicamente designada la clase de cooperativa entre el catálogo de modalidades incorporado a la Ley.

La proyectada Ley, Señorías, establece -desde el punto de vista de actividad- también las siguientes novedades: por un lado, no se incluyen -como es lógico- la regulación de la cooperativa del mar; por otro lado, se incluyen las de trabajo asociado, de iniciativa social, las cooperativas mixtas y las integrales, y las clasificadas por su actividad de promoción social.

El Título III, bajo la rúbrica "De las Cooperativas y la Administración", dedica sus artículos... cinco artículos, a fijar las directrices mínimas que la Administración debe utilizar en la supervisión del cumplimiento de la normativa jurídica aplicable.

En él se establecen las graduaciones de las infracciones con especificación de los órganos a los que se atribuye la competencia para imponer sanciones, así como el importe de las sanciones pecuniarias y las garantías frente a la arbitrariedad que pudiera darse en el desarrollo de la vida societaria.

Por último, en la norma reguladora del derecho transitorio destacan las referentes a la obligación y adaptación de los estatutos de las sociedades de cooperativas a la futura Ley y la liquidación de las sociedades cooperativas que no realicen.

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Y entre las Disposiciones Finales se prevé el plazo de tres meses para la entrada en vigor de la Ley y de seis para el desarrollo reglamentario del Registro de Cooperativas, así como la previsión de carácter supletorio de la legislación del Estado en la materia no regulada por este Proyecto de Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Consejero. Pasamos al debate y votación de la Enmienda a la Totalidad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, proponiendo la devolución de este Proyecto de Ley a la Junta. En favor de la Enmienda y en nombre de su Grupo, señor Granado tiene la palabra.


GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. El Grupo Socialista ha presentado esta petición de devolución del Proyecto de Ley de Cooperativas a la Junta y ciento cincuenta enmiendas parciales -yo creo que lo hemos hecho siempre que la Junta de Castilla y León ha presentado un Proyecto de Ley; de hecho, las enmiendas parciales configuran casi casi, a veces, un texto alternativo, títulos enteros de la ley, etcétera-, en el afán de que este Proyecto de Ley pudiera ser un buen texto legislativo para la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Pero la verdad es que, Señorías, no puedo por menos de poner de manifiesto el carácter de ópera bufa que tiene este punto del Orden del Día que estamos discutiendo ahora. Ya en la pasada Legislatura la Junta de Castilla y León nos sorprendió con la presentación de un Proyecto de Ley de Régimen Local el último Pleno del periodo de sesiones, que el entonces Consejero, señor Huidobro, presentó y retiró en el mismo acto parlamentario. Pero como toda situación, por mala que sea, nos dice la Ley de Murphy que es susceptible de empeorar, en esta Legislatura no vamos a dejar de discutir la Ley de Cooperativas; vamos a dejar de discutir la Ley de Cooperativas que no se va a aprobar. No vamos a aprobar el Proyecto de Ley del Parque Natural de Fuentes Carrionas. No vamos a aprobar el Proyecto de Ley de Patrimonio. No vamos a aprobar el Proyecto de Ley del Parque Natural de las Batuecas. No vamos a aprobar el Proyecto de Ley que define como espacio natural el Sabinar de Calatañazor. No vamos a aprobar la Ley de Estadísticas, que es una ley muy importante, que figuraba explícitamente en el programa electoral del Partido Popular en esta Legislatura. No vamos a aprobar el Proyecto de Ley de Patrimonio. Y, a más a más -que diría un catalán-, la Junta de Castilla y León se ha permitido el lujo -o el bochorno, yo diría- de, en el último Consejo de Gobierno, remitir a las Cortes un nuevo Proyecto de Ley, el Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos que, con un poco de suerte, éste ni siquiera va a ser, no ya aprobado, no va a ser ni publicado.

Y, ¡hombre!, yo creo que el Parlamento es una institución un poco seria, ¿no? Y que para dar a la gente que nos elige aquí y que nos coloca en esta... en este lugar en representación de sus intereses, para dar a la gente la ilusión de que servimos para algo, nos lo tenemos que tomar en serio, en primer lugar, nosotros mismos. Y cuando presentamos proyectos de ley que se sabe que no se van a aprobar, estamos desmereciendo al Parlamento y estamos tomándonos a nosotros mismos a cachondeo.

Porque, mire usted, señor Villanueva, yo le agradezco mucho el discurso que ha hecho usted. Pero usted es absolutamente consciente de que este discurso es un gesto absolutamente inútil. Como el mío; absolutamente inútil. Estamos hablando de una ley que nunca se va a aprobar. Se aprobará en la próxima Legislatura, con el Gobierno que toque en suerte a esta Comunidad Autónoma por la voluntad de los ciudadanos, y, desde luego, no va a servir para nada, ni el debate ni la presentación de enmiendas, ni la presentación del proyecto que hemos realizado aquí. Y los gestos inútiles, pues son gestos que, en un Parlamento, pues son gestos peligrosos; son gestos que, al final, traducen un mensaje a los ciudadanos, y es el mensaje de que esta institución no sirve y no vale.

Y yo creo que ustedes están empeñados en transmitir a los ciudadanos la sensación de que las Cortes de Castilla y León no sirven y no valen. Porque, si no, díganme ustedes para qué estamos discutiendo una ley que no se va a aprobar. Y no tiene explicación; esto no tiene ninguna explicación.

Fíjense ustedes si estamos rozando el límite de lo absurdo, que da igual lo que vayamos a votar. Yo ahora retiro la Enmienda a la Totalidad y da lo mismo. Si la Enmienda a la Totalidad va a prosperar. Si el Proyecto de Ley no va a ser aprobado. Si cuando la Junta de Castilla y León lo remitió a las Cortes, ya sabía que no iba a ser aprobado, ya sabía que la Enmienda a la Totalidad iba a prosperar. Porque la finalidad de la Enmienda a la Totalidad es que este Proyecto de Ley no prospere; y este Proyecto de Ley no va a prosperar.

Entonces, me puedo permitir el lujo de marcharme de la tribuna diciendo: "queda retirada la Enmienda a la Totalidad". He ganado igual. El señor Jambrina decía ayer que iba con la bandera olímpica de no sé dónde a las elecciones, pues yo voy con la bandera olímpica de saber que el Proyecto de Ley de Cooperativas no va a prosperar.

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Pero es que el señor Villanueva sabe perfectamente que les va a hacer ustedes votar en contra de una Enmienda a la Totalidad, y les va a hacer a ustedes votar una cosa que, en la práctica, no va a tener ningún efecto. Porque ustedes van a votar en contra de que el Proyecto de Ley se devuelva al Gobierno, sabiendo que el Proyecto de Ley se va a devolver al Gobierno en cualquier caso. Y, entonces, si estamos en una situación tan absurda que, casi casi, estamos todos aquí haciendo el ridículo -el Consejero ha hecho el ridículo hablando cuarenta minutos; y yo voy a hacer el ridículo hablando diez minutos (o sea, cuatro veces menos)-, pues me contarán ustedes por qué se han empeñado en hacer... en hacernos pasar por el trago de presentar en las Cortes de Castilla y León, en los últimos tres meses de la Legislatura, diez o doce proyectos de ley, hasta la semana pasada, que no se van a aprobar en las Cortes, porque las Cortes no ganan prestigio con esto, precisamente.

En conclusión: éste es un tema importante, además. Llevan ustedes gobernando doce años y han descubierto ahora que hay que hacer una ley de cooperativas; pues, arrepentidos les quiere el Señor, más vale tarde que nunca. Han presentado un Proyecto que tiene algunos apartados positivos; muchos apartados negativos. Fundamentalmente lo positivo que tiene es lo que tiene de copiado de la Ley de Cooperativas socialista de hace cinco o seis años. En lo que se aparta de lo que era el Proyecto de Ley de Cooperativas que ha estado en vigor hasta... y que está en vigor en estos momentos -en estos momentos las Cortes Generales discuten un nuevo Proyecto de Ley de Cooperativas-, la Ley se equivoca, tiene problemas clamorosos (por ejemplo, no permitiría hacer viviendas de protección oficial a las cooperativas, o no tiene ni un solo título de fomento del cooperativismo); pero es un Proyecto de Ley tan importante que merece la pena discutirlo para que sirva para algo. Y, por lo tanto, yo no le voy a dedicar ni medio minuto más de mi intervención a discutir un Proyecto de Ley que no va a servir para nada.

Yo creo que ustedes tienen que reflexionar sobre el uso que están haciendo de las facultades y las potestades que le confiere al Gobierno de esta Comunidad Autónoma el Estatuto de Autonomía. Este tipo de espectáculos no son edificantes. Y este tipo de espectáculos tampoco les vienen bien a ustedes. Porque, al final, ¿qué intentan conseguir con estas pantomimas? ¿Que cuando se haga la estadística de los proyectos de ley remitidos por la Junta de Castilla y León a las Cortes de Castilla y León, se diga que en vez de veinticinco han sido treinta y dos? ¿Que siete no se han podido aprobar porque el Parlamento no se ha podido reunir para aprobarlos? Pero si da igual, si nadie les va a dejar de votar de ustedes porque presenten cinco o seis proyectos de ley más o menos; les dejarán de votar por su gestión sobre las cooperativas. Y la gestión sobre las cooperativas no va a mejorar en nada gracias a este Proyecto de Ley; porque este Proyecto de Ley, pues, no va a ver la luz, no va a pasar del Boletín Oficial de las Cortes al Boletín Oficial de Castilla y León.

Yo creo que tienen que reflexionar ustedes sobre cómo es posible que temas que consideraban urgentes en su programa electoral hace cuatro años, pues se hayan pasado ustedes cuatro años sin enviarlos a la Cámara y, luego, ahora, deprisa y corriendo, pues queramos hacer de ello una bandera: el patrimonio, la estadística, las cooperativas o la protección de los espacios naturales de Castilla y León.

Y yo creo que tenemos que reflexionar todos, señor Presidente, sobre la posibilidad de que en la próxima Legislatura, si contamos por fin con un Reglamento que permita a esta Institución servir mejor a los ciudadanos, impedimos reglamentariamente que puedan tramitarse proyectos de ley en esta Cámara sin tener la seguridad mínima o, por lo menos, un cierto atisbo de seguridad de que los proyectos de ley pueden ser razonablemente aprobados. Porque esto es una vergüenza. Presentar proyectos de ley ante el Parlamento para que no sean aprobados es una vergüenza. Y ustedes pueden hacer las desvergüenzas que quieran -permítanme la expresión, que es un poco dura, pero sin ningún matiz peyorativo- en sus actividades partidarias; pero no tienen derecho a utilizar esta Institución, que es la Institución de todos los ciudadanos, para ponernos a todos haciendo el bufón. Porque esto sí es una bufonada -no lo de ayer, cuando el Consejero de Medio Ambiente hablaba de bufonadas; pero esto sí es una bufonada-.

Y, desde luego, es bastante lamentable que tengamos que despedirnos en el último Pleno del periodo de sesiones de la actual Legislatura hablando de cosas como éstas.

A mí me hubiera gustado poder hacer una intervención, pues, más amable; yo, que creo que es la última vez que subo a esta tribuna en este periodo de sesiones, les deseo a todas Sus Señorías del Partido Popular, a mis compañeros del Grupo Socialista -ya lo saben- lo mejor en su vida personal para la próxima Legislatura -no les puedo desear éxitos políticos porque no les voy a desear ninguno; pero, desde luego, en las cuestiones personales, ya saben ustedes que cuentan con mi afecto y mi consideración-; pero, desde luego, no puedo por menos de poner de manifiesto que esta Legislatura, este Proyecto de Ley tan fallido, este Proyecto de Ley que ha visto interrumpida su tramitación parlamentaria por el fin de la Legislatura, no es sino un colofón bastante representativo de lo que está sucediendo en las Cortes de Castilla y León y lo que esperamos que deje de suceder a partir del trece de junio.

En consecuencia, señor Presidente, pues, no sé muy bien si debo o no debo retirar la Enmienda a la Totalidad; estoy en una duda absolutamente metafísica. Sé que la Enmienda a la Totalidad va a triunfar aunque sea votada en contra por Sus Señorías del Partido Popular. No deseo hacerles pasar el mal trago de votar algo que saben perfectamente que no se va a corresponder con el sentido final de la decisión parlamentaria. Pero me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes. Yo creo que van a decir que como el Proyecto de Ley de Cooperativas es magnífico, pues van a votar en contra de la Enmienda a la Totalidad. Si es magnífico ¿por qué en doce años no fueron ustedes capaces de aprobarlo? ¿Por qué en doce años no fueron ustedes capaces de aprobarlo?

Y, al final, pues nos vamos a encontrar todos con que seguimos representando un papel que se parece cada vez más al papel de un teatro, y cada vez menos al papel de la representación política que deberíamos jugar en estas Cortes. Nada más y muchas gracias.

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EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para un turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, don Porfirio Abad tiene la palabra.


ABAD RAPOSO

EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Gracias, señor Presidente. La verdad, señor Granado, me ha sorprendido un poco el tema, su discurso; la verdad, no lo esperaba. No lo esperaba, puesto que ya habíamos comentado, efectivamente, que es una Ley que viene un poco tarde; pero usted sabe que lleva tres meses y nos hemos estado con las enmiendas bastante tiempo. Y si hubiéramos querido llegar a un consenso, esta Ley había salido. Porque esta Ley usted sabe que tiene mucho interés en que viniera a la Cámara; y ha llegado, y ha llegado. Y si hubieran tenido interés en sacarla, la habíamos sacado, la habíamos sacado.

El problema, bueno, ¿pues que hoy hay que cumplir el debate a la Enmienda a la Totalidad? Muy bien. Pero, mire usted, las Cortes deben seguir trabajando hasta el último momento; y, si ha venido hoy, es porque lo ha estimado la Junta de Portavoces, y ahí tienen ustedes un representante. Por tanto, vamos a cumplir con el trámite.

Y el trámite es una Enmienda a la Totalidad. Que usted no ha dicho nada de la Ley de Cooperativas; yo algo diré -no mucho tampoco, puesto que no ha lugar-; pero, vamos, perdóneme que discrepe totalmente de sus opiniones.

En primer lugar, la Junta sigue enviando proyectos, porque la Junta sigue trabajando; le puedo recordar que éste es el séptimo proyecto de la Consejería de Industria, el séptimo Proyecto de Ley -que son los que se habían previsto en el programa- y es el último que ha entrado. Pero que, de todas formas, pudiera haber dado lugar a llegar a un consenso.

Usted habla, en lo que dice el escrito de la Enmienda presentada en el Registro -de Totalidad-, se refiere a que es una mala copia de la ley nacional. Discrepamos totalmente en esto. Efectivamente es una Ley bastante extensa, de ciento cincuenta y un artículos, superior a la nacional, pero que ha recogido un montón de sugerencias. Precisamente usted sabe que había ciertos estamentos muy interesados en sacar este texto adelante; concretamente me estoy refiriendo a las asociaciones agrarias, con los cuales ustedes, igual que nosotros, hemos tenido reuniones.

Y sí que le quiero decir que, mire usted, en cuanto a su Enmienda de Totalidad -en lo que ha escrito, porque no lo ha dicho aquí-, pues, en España, el cuadro normativo de la sociedad cooperativa es bastante... bastante complejo, la verdad; la propia Constitución Española lo dice. En el Artículo 19.2 habla de que "los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación de la empresa y fomentarán, además, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas". Otra vez el Artículo 149.1.6 de la Constitución nos lo vuelve a decir. Hay una normativa estatal sobre cooperativas: la Ley de Cooperativas del año ochenta y siete. Hay un proyecto ahora en el Parlamento Nacional que está pendiente de tramitación. Y, por otra parte, las leyes autonómicas, entre las que se encuentra este Parlamento, con competencias exclusivas en materia de cooperativas.

La normativa estatal es dictada por el Estado, también figura como legislación aparte, y tiene competencia exclusiva sobre determinadas materias -y me estoy refiriendo a casos concretos sobre normativa de crédito, de bancas o de seguros- y que, de alguna manera, su aplicación es obligada en todo el territorio nacional. La Ley de Cooperativas, indudablemente, ha de recoger necesariamente aspectos comunes de los que no podrá apartarse porque, tanto a nivel estatal como autonómico, han de considerarse.

Yo no voy a repetir toda la exposición de la Ley que ha hecho el Consejero, puesto que no ha lugar aquí. Y sí, por ejemplo, decirle que la clasificación de cooperativas está directamente relacionada con la protección fiscal a la misma y, al estar fiscalmente protegidas en función de la clasificación, cualquier innovación en este sentido podría dar lugar a una... a un desagravio fiscal que usted enumera en su Enmienda de Totalidad.

Los principios esenciales y los contenidos mínimos de las cooperativas han de ser los mismos, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. La adhesión ha de ser voluntaria y abierta; eso se especifica claramente; es común en el tema estatal y autonómico. La gestión democrática por parte de los socios es otro de los principios, así como la participación económica y la autonomía e independencia. Estos principios están recogidos en esta Ley de Cooperativas de Castilla y León y, evidentemente, en el Proyecto estatal de la Ley de Cooperativas.

Sí quiero manifestar que se incorporan al Proyecto de esta Ley de Cooperativas aspectos novedosos que se han venido aportando en los últimos años por legislaciones autonómicas más avanzadas, e incidiendo en el aspecto que permita a las cooperativas funcionar en el mercado en condiciones de igualdad que el resto de empresas con las cuales van a competir.

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En este texto de Ley que se incorpora -a nuestro juicio, a nuestro Grupo- hay aportaciones propias y novedosas. Hay la fijación de un capital social mínimo de 500.000 pesetas; nosotros, de hecho, hemos presentado una enmienda parcial para rebajarla a 300.000, atendiendo una sugerencia de las cooperativas agrarias. Se recogen varios tipos posibles de socios. Se regula, así mismo, la figura del director de cooperativas, dotándole de funciones de gestión para lograr la máxima eficacia empresarial. Y se incrementan las posibilidades de formar unidades de cooperativas, reduciendo el número de cinco a tres.

Por otra parte, se agiliza el proceso de creación de cooperativas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León al reducir el número de socios necesarios y la posibilidad de acudir a un proceso simplificado. Y, así mismo, se refuerza el carácter demográfico... democrático, concediendo nuevas competencias a la Asamblea General en materia económica.

Otro tema que usted alude en su Enmienda a la Totalidad es la materia de incentivos fiscales. Y sí quiero manifestar aquí que existe una regulación estatal de obligado cumplimiento, a través de la Ley 20/90, sobre el régimen fiscal de las cooperativas, así como en la normativa del Impuesto de Actividades Económicas.

Por otra parte, sí quiero manifestar y recordarle que la Junta de Castilla y León no tiene competencias para regular esta materia, y es aplicable, con carácter supletorio, la Ley estatal de Cooperativas.

En materia de incentivos al movimiento cooperativo, el Proyecto de Ley asume, en su Artículo 139, el mandato constitucional del Artículo 129 de la Constitución para la promoción, desarrollo y estímulo de este tipo de sociedades. Esta faceta también se contempla en la futura reglamentación.

En cuanto a la regulación del Registro de Cooperativas que usted alude también en su Enmienda de Totalidad, se recoge lo dispuesto en el Decreto de mil novecientos noventa y siete por el que se crea el Registro de Sociedades Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que establece su organización y principios básicos, introduciendo una mayor simplificación del funcionamiento y una mayor rapidez.

Y, de acuerdo con estos principios, es más oportuno -a nuestro juicio, y nuestro Grupo Parlamentario- regular el funcionamiento concreto del Registro mediante un reglamento específico. Se prevé un plazo -ya lo ha dicho el Consejero- de seis meses. Y así se garantiza una adecuación constante de su funcionamiento a las innovaciones que en materia mercantil, fiscal o procesal pudieran producirse, ya que de su aprobación y meditación es más ágil. Esta actuación es seguida en Comunidades Autónomas con legislación de cooperativas más avanzadas como son Cataluña, el País Vasco y Valencia, que han regulado su Registro de Cooperativas a través de decretos específicos. Por tanto, en el Proyecto de Ley, la regulación del Registro de Cooperativas, se establecen las normas mínimas de su organización, estructura y funcionamiento, y el resto del contenido normativo se plasmará en un futuro Reglamento.

Cuando se propone un cambio en la legislación sí que hay que recordar que, indudablemente, hay riesgos para la seguridad jurídica preexistente, ya que, de alguna manera, hay una innovación respecto a la anterior regulación. Este cambio se atenúa mediante el adecuado régimen transitorio, como el regulado en este Proyecto de Ley de las Cooperativas existentes, y no asumiendo más riesgo para la seguridad jurídica del estrictamente necesario.

En materia de recursos el Proyecto de Ley prevé un sistema ajustado al régimen procesal vigente, y se introduce la posibilidad de entablar el recurso administrativo previo a la vía judicial. El sistema de recursos pretende, de alguna manera, un equilibrio entre la participación democrática y la gestión de la cooperativa sin que se altere su funcionamiento normal.

Por otra parte, en cuanto al régimen de cooperativas de viviendas que usted alude en su Enmienda de Totalidad, el Proyecto de Ley no establece ningún límite al respecto, siendo la definición de posible socio de este tipo de cooperativas totalmente abiertas.

Y, en cuanto al tema de socios colaboradores, no aparecen como tales los socios de aportación de capital, pero sí decirle que la figura del socio -ésta- de aportación de capital sigue un tratamiento de acuerdo con tendencias marcadas por las leyes autonómicas de otras Comunidades, y se conjugan principios de funcionamiento cooperativo con la posibilidad de incrementar recursos financieros. Y, así, se establecen unos límites en cuanto al volumen de capital que no puede exceder del 45% del total; así como la representación en número de votos no podrá exceder al 30% de la Asamblea General.

Esto son algunas de las materias en cuanto a lo que de su Enmienda de Totalidad escrita se deduce. No hemos podido debatir, puesto que usted no lo ha querido; ha estimado conveniente decir otras cosas en esta tribuna y, por tanto... Yo no sé si intervendrá o no; pero, desde luego, nuestra postura es de rechazar nuestra la Enmienda de Totalidad. Nada más.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para consumir un turno de réplica, señor Granado, tiene la palabra.


GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores, pues, como el señor Abad ha consumido cinco minutos más de los que he consumido yo antes, voy a intentar consumirlos a mi vez para aportar mi cuota parte de inutilidad a este debate inútil.

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Mire usted, señor Abad, imagine usted un historiador que dentro de cien años... -ya sabe usted que ésa es mi profesión originaria-, que dentro de cien años intentara reconstruir la historia de la Comunidad Autónoma a través de los debates parlamentarios. Imagine usted que la página de mi intervención queda borrada por el tiempo, que las hojas se amarillean y que... y que, al final, se pierde la tinta. Daría en loco, señor Abad. Daría en loco, porque escucharía al Consejero y le escucharía a usted y, luego, el hombre estaría como loco buscando la Ley de Cooperativas: ¿y dónde está la Ley de Cooperativas?, ¿y dónde está la Ley de Cooperativas? Y la Ley de Cooperativas no estaría, señor Abad. Porque esa intervención, como la del Consejero, son magníficas intervenciones para una ley que no va a ser, para una ley que no va a ser. Esta ley es un nasciturus que nunca va a ver la luz.

Y, en este sentido, señor Abad, de verdad, tómense ustedes más en serio a esta Cámara. Porque ésta es una intervención muy bonita para haberla hecho hace un año; pero en este momento es ridícula, señor Abad. Y estamos haciendo todos el ridículo, colectivamente: estamos discutiendo una Ley que no va a ser nunca aprobada. ¿Se ve más absurdo? ¿Cuál es la función que el Estatuto de Autonomía confiere a estas Cortes? La función del poder legislativo. Pero la función del poder legislativo no es no hacer leyes; es hacerlas. Y, en este caso, no vamos a cumplir nuestra función. La hemos cumplido con la mayor diligencia: usted se ha preparado su discurso, yo le puedo decir que usted y yo nos hemos reunido con representantes del sector, hemos hecho las enmiendas, usted ha visto ciento cincuenta enmiendas del Grupo Socialista... Todos hemos consumido muchísimo trabajo para... que tendrá, probablemente, algún resultado positivo en la próxima Legislatura, pero, en esta Legislatura, ninguno, señor Abad. Y esto no es bueno para el Parlamento. Y, de eso, usted no puede hablarme porque sabe que tengo razón. Y usted habla... pues del registro cooperativo, de la importancia que tiene para las cooperativas no sé qué y no sé cuál, de la importancia de los incentivos; y yo me niego a discutir en esos términos de una Ley que no va a ser aprobada, señor Abad. Y podría hacerlo porque las enmiendas de mi Grupo las he preparado yo, y usted sabe que yo en estos temas suelo también procurar ser diligente.

Pero, fíjese usted, señor Abad, que, para acabar de redondear el espantoso... pues retruécano que supone esta Ley que no va a ser aprobada, que usted ha comentado en su discurso -y con esto termino, señor Presidente- que, claro, los principios del movimiento cooperativo y de la regulación de las cooperativas corresponden al Estado, por legislación estatal y por competencia del Estado; y que, por esa razón, no es posible que determinadas cuestiones, pues queden en la ley regional. Pues es que la acumulación del despropósito en este tema es que en estos momentos se está discutiendo en el Congreso de los Diputados una Ley estatal de Cooperativas, de tal manera que, como el 90% de este Proyecto de Ley es copia literal del Proyecto de Ley nacional de Cooperativas, tenemos que esperar, inevitablemente, a que ese Proyecto acabe su tramitación, porque, entre otras cosas, podríamos estar apartándonos de legislación que pudiera ser básica en algunos de los apartados de nuestra Ley. Porque tenemos absoluta soberanía -digámoslo así-, autonomía, para tramitar una ley de cooperativas de Castilla y León en cualquier momento; pero cuando está cambiando una ley, que es básica en algunos preceptos, en el Congreso de los Diputados, tenemos que esperar a que acabe esta tramitación. Sería lo más prudente. Y en eso también estamos de acuerdo casi todos, aunque algunos lo digamos y otros no lo digamos.

En conclusión, señor Abad, con toda su buena voluntad y con la mía: ni un minuto más de discusión en torno a esta cuestión. Ésta es una ley que no va a ser aprobada ¿Qué estamos haciendo aquí discutiéndola? Si podríamos estar mejor tomándonos unos cafés, de verdad; por lo menos, estaríamos más cómodos. Porque esto no vale para nada. Y no es bueno que este Parlamento haga cosas que no valen para nada. Nosotros tenemos que hacernos valer. Y cuando la Junta de Castilla y León nos manda siete proyectos que no van a ser aprobados, no nos hacemos valer; nos estamos poniendo en ridículo. Y conviene que nos pongamos en ridículo lo menos posible, ustedes y nosotros. Esto no beneficia a nadie. A mí me hubiera gustado poder no hacer este discurso. A mí me hubiera gustado poder discutir las ciento cincuenta enmiendas y la Enmienda de la Totalidad de la Ley de Cooperativas; pero yo, desde luego, renuncio a ello, porque no quiero contribuir en nada más, ni en medio minuto más, a este espectáculo. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, señor Abad.


ABAD RAPOSO

EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Sí. Gracias, señor Presidente. Mire usted, señor Granado, volvemos a lo mismo de siempre: usted no me ha contestado a las... a los temas que he expuesto de la Ley de Cooperativas, y yo le voy a contestar... pues lo que me parezca también, pero, luego... nada de nada de la Ley de Cooperativas.

Mire usted, si hubieran querido, esta ley había salido: con haber retirado la Enmienda de Totalidad, suficiente; hace tiempo. No haberla presentado, y hubiéramos llegado a un acuerdo.

(Murmullos.)


ABAD RAPOSO

EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Sí, sí, perfectamente. Estábamos de acuerdo con las cooperativas agrarias. Esta Ley había salido perfectamente.

(Murmullos.)


ABAD RAPOSO

EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Por favor, señor Presidente...

(Voces.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señorías, Señorías...


ABAD RAPOSO: Y

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EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Y vuelvo a repetir: si no hubieran presentado la Enmienda de Totalidad, había habido un acuerdo y habíamos llegado a sacar esta ley. De acuerdo, señor Granado, que hay una ley que se está discutiendo en el Parlamento Nacional. De acuerdo. Pero tampoco podemos estar a expensas del Parlamento Nacional, puesto que sabe que esta ley es una ley que había que sacar aquí.

Sí, sí, sí. Y no es una mala copia; en absoluto. No es una mala copia. Es una buena Ley. Y el centro... el Consejo Económico y Social así lo dice. Y la Sociedad de Cooperativas también.

De todas formas, es igual, ustedes se tienen que oponer a todo: que no salgan leyes, que no salga nada.

Le tengo que recordar lo que dijo un compañero mío de Catón: "sea lo que sea, digan lo que digan los cartaginenses, hay que quemar Cartago". Nada más.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señoría. Para fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Conde, tiene la palabra. Se ruega silencio, Señorías.


CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, Presidente. Si no manda callar... Bien. Bien, seguramente no voy a acabar los diez minutos pero, en todas... entre otras razones, iba a hacer una serie de consideraciones, y me voy a sumar a las críticas del Grupo Parlamentario Socialista. Y, evidentemente, no voy a entrar en los contenidos del Proyecto de Ley porque, efectivamente, es una bufonada discutir un Proyecto de Ley que no se va a aprobar en esta Legislatura. Y sí quiero hacer algunas precisiones muy concretas.

Nosotros hemos presentado un total de setenta y nueve enmiendas, que son aportaciones, en su mayoría, de la Federación Castellanoleonesa de Cooperativas; con lo cual viene a contradecir un poco la argumentación del Grupo Parlamentario Popular diciendo que prácticamente el Proyecto de Ley contempla en su... no digo en su totalidad, pero sí en gran parte, las preocupaciones de las cooperativas. Porque eso no se entiende por ningún sitio, porque, por un lado, la Federación Regional Castellanoleonesa de Cooperativas ha tenido reuniones con todos los Grupos Parlamentarios, y ha dicho claramente que el Proyecto de Ley que se presenta que tiene inseguridad jurídica en muchos capítulos, que tiene muchas lagunas y muchas irregularidades, y, por tanto, está mal confeccionado, mal confeccionado, pues malamente... están quedando ustedes en mal lugar a las propias cooperativas. Y lo digo porque todos los Grupos Parlamentarios hemos tenido reuniones con ellos. Y le digo que de las setenta y nueve enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, pues, mayoritariamente, han sido aportaciones de las propias cooperativas.

Pero, como no da lugar a discutir aquí el Proyecto de Ley, yo quiero hacer algunas precisiones.

En primer lugar, nosotros, teniendo en cuenta las enmiendas que hemos presentado casi a cada uno de los capítulos de la ley, podíamos haber presentado también una enmienda a la totalidad. No lo hicimos en la perspectiva de poder aprobar la ley en esta Legislatura, pero... -ahora le voy a contestar a la manifestación que usted hizo antes-, pero no significa por ello de que, si un Grupo Parlamentario presenta una enmienda a la totalidad, eso suponga la imposibilidad de aprobar la ley en esta Legislatura. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque, desde que se presentó el Proyecto... si, como ha dicho el Consejero, esto es una Ley muy importante para los intereses de esta Comunidad, con independencia de que cualquier Grupo hubiera presentado una enmienda a la totalidad, si hay voluntad e interés por parte de la Junta, el Proyecto de Ley se hubiera discutido, se hubiera debatido. Y, en estos momentos, lo que no tiene sentido es presentar un proyecto de ley cuando se sabe que no se va a aprobar.

Entonces, no se puede decir: la responsabilidad de que no se apruebe en esta Legislatura el Proyecto de Ley de Cooperativas, la Ley de Cooperativas, es por culpa de la Oposición, porque ha presentado una Enmienda a la Totalidad, o es por culpa de la Oposición, que no tiene ningún interés.

La responsabilidad será de quien gobierna. Entonces, quien gobierna presenta un proyecto de ley; si quien gobierna considera que esta ley es muy importante, lo lógico es agilizar los trámites. Porque hemos estado mucho tiempo paralizados, y esta Ley se podía haber... se podía haber abordado, con independencia de que estemos acabando la Legislatura. ¿A cuento de qué viene ahora el Consejero y presenta el Proyecto de Ley si sabemos que no se va a aprobar? Si esto es engañar a los ciudadanos. Al final, ¿para qué?, ¿para que quede diciendo "el último Pleno de las Cortes discutió el Proyecto de Ley de Cooperativas", cuando no se va a aprobar?

Y le digo una cosa: esto sí que es un incumplimiento también electoral del Partido Popular. Cuando ustedes hacen las ruedas de prensa y dicen: "el Partido Popular ha cumplido con el 90% del programa electoral", bueno, pues en esta Legislatura ha habido un compromiso del Partido Popular de sacar adelante una Ley de Cooperativas. Bueno, pues será un incumplimiento por parte del Partido Popular, y eso lo tendrán ustedes que asumir. Porque no dirán ustedes que por haber discutido aquí el Proyecto -que no se ha discutido nada-, se va a aprobar... se va a aprobar la Ley de Cooperativas. Por tanto, sí eso es un incumplimiento del Partido Popular de que en esta Legislatura vamos a seguir sin una Ley de Cooperativas. Pero por negligencia suya, por dejadez suya, no por dejadez y responsabilidad de los demás.

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Por tanto, este debate no da... no da... no da para más. Únicamente que el ridículo, en todo caso, lo hará la Junta de Castilla y León y ustedes, que son los que gobiernan y los que tienen mayoría; nosotros no. No se puede venir aquí a decir que tenemos un Proyecto de Ley de Cooperativas que va a regular la importancia de todo este sector y que, además, va a ser beneficioso (porque no se va a aprobar).

Y lo que no entiendo es que si el Grupo Socialista ha presentado una Enmienda a la Totalidad, ustedes digan que están en contra de ella. ¿Qué más da aprobarlo o estar en contra si esto no va a salir adelante? Si no va a salir adelante. Pues, entonces, ¿qué vamos a discutir aquí la Enmienda, a decir "no estamos a favor de la Enmienda a la Totalidad"? Aquí no estamos a favor nosotros... ni a favor de la Enmienda a la Totalidad ni a favor del procedimiento que ustedes han llevado para la aprobación de esta Ley.

Por tanto, aquí, lo único que se está haciendo es perdiendo el tiempo. Y la responsabilidad es suya, no nuestra, en todo caso, ¿no? Unos, por haber presentado la Enmienda a la Totalidad y, otros, por haber presentado enmiendas. Pero, ¿qué sentido tiene? Un Grupo ha presentado Enmienda a la Totalidad, y otros Grupos han presentado enmiendas. Y ¿qué hacemos con las enmiendas? Pues romperlas y tirarlas a la papelera porque la Legislatura se acaba y no da lugar a discutir absolutamente nada.

Por lo tanto, esto es una bufonada y una broma de mal gusto, y una falta de respeto a esta institución que son las Cortes de Castilla y León. Y una broma de mal gusto y una falta de respeto a esta institución que son las Cortes de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, Señoría. Se somete a votación la Enmienda de Totalidad del Grupo Socialista, que solicitaba la devolución del Proyecto de Ley de Cooperativas de Castilla y León a la Junta, y que acaba de ser debatida. ¿Votos a favor de la Enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: ochenta. A favor: treinta. En contra: cincuenta. No hay abstenciones. En consecuencia, queda rechazada esta Enmienda.

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. Señor Secretario, le ruego dé lectura al mismo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Decimoquinto punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el Proyecto de Ley de Urbanismo de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Entramos en el debate de las enmiendas y votos particulares que se mantienen al Dictamen de esta Comisión.

Las enmiendas mantenidas por doña Concepción Farto han sido retiradas por la misma.

Se mantienen por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida un bloque de enmiendas, y, para su defensa, tiene la palabra don Santiago Sánchez Vicente.

Señorías, les ruego, si han de abandonar el hemiciclo, lo hagan en silencio para poder continuar.

Cuando quiera, Señoría.


SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Señor Presidente, termina esta Legislatura con el debate y, sin duda, aprobación del Proyecto de Ley de Urbanismo de Castilla y León, que ha venido precedido de una serie de presiones importantes, y ha sido participado únicamente por grupos con intereses urbanísticos y que responden a una filosofía de un partido conservador, de un partido que se aleja mucho del modelo de ciudad que se defiende desde la izquierda, e incluso, desde las posiciones del... más centradas de la derecha europea.

Como consecuencia de esta situación, pues se ha traído a esta Cámara un Proyecto de Ley que responde claramente a un ofensiva ideológica y cultural contra los mecanismos de regulación del suelo existentes en nuestro país; un interesado desprestigio de la actividad urbanística, de la actividad planificadora, inspirada en la tan divulgada máxima liberal "que el mejor uso del suelo lo realizará aquella actividad que más pueda pagar por él".

En este clima y en este contexto, el Gobierno Regional remite a esta Cámara el Proyecto de Ley, realizado con la misma filosofía que la Ley 13 de abril del noventa y ocho, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y que favorece intereses urbanísticos descaradamente contrarios a ese modelo de ciudad sostenible que se defiende, no sólo desde la izquierda, sino -como he dicho antes- también desde las posiciones más centradas de la derecha europea.

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Nos quedaba la esperanza que en el debate de Ponencia y, posteriormente, en el de Comisión, las enmiendas parciales vinieran a corregir o a superar, o mejorar cuando menos, algunas de las insuficiencias que habíamos señalado en nuestra intervención en la Enmienda a la Totalidad, tales como: superar la omisión de uno de los principios rectores de la política social y económica recogida en nuestra Constitución, el mandato a los poderes públicos de impedir la especulación del suelo; superar el reforzamiento de los derechos de los propietarios de solares recogidos en el texto en detrimento de intereses colectivos; reducir a poblaciones de diez mil habitantes o que contaran con planeamiento urbanístico para fijar el aprovechamiento, las cesiones; fijar plazos graduales para el cumplimiento de deberes urbanísticos; reconducir la estrategia neoliberal hacia la contención urbana, es decir, menos crecimiento y más ordenado; fijar índices necesarios para conseguir una ciudad sostenible, fijando índices de crecimiento superficial, densidad mínima, protección del medio ambiente, estándares ambientales; la necesidad de disponer de suelo público para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna; impedir que a través de un instrumento de planeamiento, como el estudio de detalle, se pueda modificar la ordenación detallada ya establecida en el planeamiento inicial, lógicamente en aquellas parcelas que expresamente no contemple el Plan General (puesto que, si se mantiene el texto -y parece ser que así va a ser-, pues se podría modificar el aprovechamiento o el uso de una determinada parcela sin alterar las generales del Plan).

Por ello, esperábamos que, al igual que lo hacía la regulación anterior, se pusieran límites expresos al contenido y finalidades de este importante instrumento de planeamiento, a fin de que no se pudiera alterar a través del estudio de detalle la finalidad perseguida en el planeamiento general. Es ésta una clara manifestación de quién y a quién y qué intereses protege esta Ley.

Para que ustedes me entiendan: en definitiva, la modificación que se introduce viene a significar que un instrumento de planeamiento de Estudios de Detalle sirva para modificar el Plan General; es decir, exactamente igual que una orden... que si una orden ministerial modificara una ley. Esto es una tremenda barbaridad.

Preocupante era, y es, puesto que no se ha modificado tampoco, la regulación que se hace sobre actos sujetos a licencia y, en especial, la regulación de las licencias parciales, remitiendo su concreción a un posterior desarrollo reglamentario. Por eso mantenemos una de las enmiendas a estos artículos.

De otra parte, esperábamos que la regulación de una materia tan importante por su relación con el derecho... con el derecho a una vivienda digna de todos los ciudadanos, en términos adecuados a sus rentas, hiciera reflexionar a la derecha -es decir, al Partido Popular-, a fin de que, a través de la asunción de determinadas enmiendas, se fijara en el texto un porcentaje de terrenos mínimo para patrimonio municipal, así como que, al regular los fondos adscritos a bienes de patrimonio público, se ampliase el abanico de los mismos.

Y, por último, vanamente esperábamos que el régimen sancionador se modificara en profundidad. Se ha producido una modificación, es cierto, atendiendo en cierta medida a las pretensiones del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, pero sin recoger absolutamente la filosofía que se defiende desde mi Grupo Parlamentario.

Esperábamos una modificación más en profundidad, de tal forma que la graduación de la sanción se hiciera en función del valor de las construcciones y beneficios que se generaren, en aras a conseguir una mayor equidad e igualdad en la sanción, proponiendo que las infracciones se sancionaran con un porcentaje del valor de las construcciones o instalaciones importantes... resultantes, perdón, de los actos de uso del suelo del suelo sancionado; de tal manera que, como viene siendo habitual -y va a seguir siendo si se aprueba la Ley, y me temo que así va a ser-, al infractor no le compense infringir. Ahora mismo, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, en el precio resultante final, el infractor ya cuenta con la sanción que se le va a imponer, y la termina repercutiendo en el precio que al final adquiere el usuario, el comprador de la vivienda. Ésa es una filosofía que no se mantiene claramente por las posiciones... ya no digo ni progresistas, sino por los urbanistas, que hoy día defienden otro modelo de ciudad, defienden el respeto al derecho constitucional de adquirir una vivienda digna para aquellos ciudadanos de rentas más bajas.

Manteniendo esta... este artículo, manteniendo la sanción... el régimen sancionador tal como viene estipulado, es verdad que se han incrementado en número de pesetas las sanciones. Pero, en cualquier caso, con este régimen sancionador se abren todas las puertas para que se mantenga el mismo sistema, de tal manera que al infractor le compense infringir.

Asimismo, como no se determinan claramente las responsabilidades personales, hemos formulado una serie de enmiendas al Artículo 116, en el sentido de exigir responsabilidad personal al Alcalde -en aquellos casos que la tuviere- y a los miembros de la Comisión Provincial de Urbanismo en los supuestos que contempla el artículo.

Éstas eran las principales insuficiencias que Izquierda Unida ponía de manifiesto, y en las que basábamos la Enmienda a la Totalidad. Sobre estas insuficiencias formulamos un número importante de enmiendas parciales; algunas de ellas han sido admitidas, otras han sido transaccionadas, pero no la raíz... pero no aquellas que afectaban a la raíz del texto que se nos presentó.

Como consecuencia de la premura impuesta, de las presiones del Ejecutivo para satisfacer intereses, sin duda, especulativos, se ha elaborado una Ley técnicamente mala, con contradicciones en el propio texto y frente a la legislación del Estado; sin coordinación con la Ley de Ordenación del Territorio, con los Planes Estatales de Vivienda y con la Ley de Ordenación de la Edificación, que necesariamente inciden en la regulación urbanística y, en definitiva, en hacer efectivos los principios constitucionales rectores de la política social y económica.

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Ustedes van a cumplir, sin duda, con quienes se han comprometido; espero que sólo sea a cambio de votos. Pero lo mejor que se puede esperar de esta Ley y es que... es que tenga corta vida; que en la próxima Legislatura se emprenda una modificación en profundidad de la misma. Porque el texto que hoy se va a aprobar, sólo con sus votos -es decir, con los votos de esta derecha conservadora-, defiende intereses concretos de personas concretas, y es de esperar que sufra -digo- una profunda modificación con carácter urgente; y no sólo porque lo digamos nosotros, sino porque tengo la convicción que lo van a decir los propios tribunales. Incluso, en alguno de sus aspectos -y desde aquí lo anuncio ya-, mi Grupo Parlamentario, si el texto se aprueba en estas condiciones, acudirá... acudirá al Tribunal Constitucional.

La Ley es mala, no sólo por su contenido, sino por su redacción. Confunde Administración con Gobierno de la Comunidad, y por eso mantenemos la Enmienda número 2; no define claramente el papel que deben desempeñar los propietarios del suelo en el desarrollo de la actividad urbanística -la Enmienda número 4-; no asegura la participación social en la actividad urbanística -Enmienda número 5-; respecto a las facultades del derecho de propiedad, el texto puede dar lugar a situaciones discriminatorias -Enmienda número 6-; no se fijan con claridad las características generales para el planeamiento ni se establecen límites en ausencia del mismo -Enmienda número 7-; ante la insuficiencia de lo que se debe entender como suelo rústico, Izquierda Unida formuló una enmienda, la Enmienda número 12... 11, a los Artículos 15 y 16 -ambos de sustitución-, con la finalidad de obtener una definición más clara y concreta, y con un mayor nivel de protección -el de suelo rústico-, y con la intención de otorgar mayores facultades a la Administración para regulación de la actividad urbanística.

El texto defiende que la mejor definición del aprovechamiento urbanístico es el simple derecho a edificar, y no cierra la lista de instrumentos de planeamiento; lo que va a dar lugar, sin duda -y ya se lo dije en Comisión-, a inventos de diferentes tipos. Nosotros defendemos que se debería poner una mayor contribución de los propietarios del suelo urbano al desarrollo de la actividad urbanística; y por eso mantenemos la Enmienda 12.

Con la Enmienda número 13 pretendíamos ampliar la obligación de cesión en municipios superiores a diez mil habitantes o que contaran con plan de ordenación.

Con la 14, denunciábamos y pretendíamos corregir, en el Artículo 19.3.b), las provisionalidades y situaciones de hecho, porque éstas siempre generan problemas y legalizaciones posteriores contrarias al planeamiento.

Con la Enmienda número 15 pretendíamos que fuera el Pleno del Ayuntamiento, y no el Alcalde, quien tuviera competencia para conceder prórroga en caso de incumplimiento de los plazos señalados en los Artículos 18 y 29. Un procedimiento más garantista que el que recoge el texto, y en virtud... -al margen de que ustedes mantienen...-, en virtud de lo que dice el propio texto de la Ley de Régimen Local (una de las contradicciones a las que señalaba... a las que me refería anteriormente).

Se mantiene un número importante de enmiendas destinadas... con las que se pretende defender que, a efectos urbanístico... urbanísticos, el tamaño de diez mil habitantes ya es significativo para nuestra Comunidad. Nosotros tenemos catorce municipios de más de veinte mil habitantes, además de las ciudades, y creo que son ocho o diez de más de diez mil habitantes; algunos de ellos menores, con planeamiento. Me parecía -y nos parece- que ese nivel se debía de haber reducido en la Ley; y ustedes se han negado en rotundo.

Mantenemos, asimismo, las Enmiendas 20 a 25, pues defendemos una ordenación racional y sostenible de los municipios de Castilla y León, ya que el texto no lo hace con claridad. Con estas enmiendas se pretende, entre otras cosas, evitar densificaciones de los centros urbanos. En este mismo bloque habrá de incluirse la Enmienda 26, al Artículo 36.2.a), pretendiendo que el planeamiento, si de verdad tiene como objetivo la protección del medio ambiente -como decía el Consejero en la presentación del texto-, debería haber establecido medidas precisas para la depuración de las aguas residuales y el tratamiento de los residuos sólidos.

Se mantienen las Enmiendas 29, al Artículo 39, para fijar criterios de equidistribución de beneficios y cargas, a fin de superar la definición y la ambigüedad del texto, con la finalidad de lograr una mejor distribución de cargas y beneficios derivados de la actividad urbanística.

Con las Enmiendas 30 y 31 se pretende lograr una mejor ordenación urbanística de nuestros municipios, exigiendo la existencia de plan general a municipios de especial complejidad y, en todo caso, a los superiores -como he dicho anteriormente- de diez mil habitantes, fijando determinaciones en las que... que tienen que constar en el plan, al igual que lo que se propone para las normas urbanísticas municipales.

Respecto a la aprobación inicial e información pública, prevista en el Artículo 52, Izquierda Unida formuló la Enmienda 32, con la finalidad de mejorar los cauces de participación ciudadana, por la escasa referencia que a esta participación se hace en el texto.

Con la Enmienda 36 Izquierda Unida pretendía facilitar la utilización del sistema de expropiación para el desarrollo urbanístico conforme a los intereses generales.

Con la 37, respecto a los convenios urbanísticos, pretendíamos que esta técnica -la del convenio urbanístico- fuere excepcional, y no como se recoge en el texto.

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De especial gravedad, de especial gravedad es lo que se mantiene por parte de ustedes en el Artículo 125.1.c), respecto a los bienes de los patrimonios públicos del suelo, pues el texto posibilita que con la ejecución de dotaciones urbanísticas se obtengan ingresos para fines que deben conseguirse a través de presupuestos ordinarios. Es decir, ya lo vienen haciendo en los Ayuntamientos que gobiernan, pero ahora lo elevan a categoría de ley. La Ley les va a permitir, sin objeción de ningún tipo, el que el patrimonio destinado al suelo que tiene como finalidad, entre otros, la construcción de viviendas de protección oficial para... para rentas más bajas, las puedan... con la obtención de los ingresos de la venta de ese patrimonio, se pueda dedicar, pues, a hacer infraestructuras, a hacer carreteras. Esto es de especial gravedad, y es porque ellos no creen en el patrimonio público del suelo.

Y, desde luego, manteniendo este texto, ustedes desvirtúan absolutamente el sentido de estos patrimonios. La finalidad de estos patrimonios no es obtener ingresos para hacer infraestructuras, sino de incidir en la política urbanística y de la vivienda, sobre todo a fin de que se puedan construir viviendas -como he dicho anteriormente- para los ciudadanos de menor nivel de renta.

Por último, con la Enmienda 53, al Artículo 171, se pretende facilitar la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección público y el acceso a las personas de rentas bajas con vivienda... para una vivienda digna.

No quiero terminar sin poner de manifiesto mi preocupación por las presunciones de las que partía al comienzo de este debate, y que hoy, al aprobar este texto, se van... se han confirmado y se convierten en realidad. Los artículos realmente conflictivos que en este tercer Anteproyecto -el que estamos discutiendo- se han traído a este Pleno tienen nombres y apellidos concretos; pero en especial quiero hacer referencia a la Enmienda número 55, sobre... relativa a una nueva Disposición Adicional que ha formulado el Grupo Popular, con la que se pretenden legalizar todas las urbanizaciones ilegales existentes en la Comunidad. A esta enmienda, que ha sido rechazada de plano por Izquierda Unida, al igual que por la mayor parte de los sectores implicados en el texto -es decir, Ayuntamientos, Secretarios, Colegios de Aparejadores, Arquitectos, etcétera-, mi Grupo propuso una transaccional -lo hemos hecho en otras enmiendas también; unas se nos han aceptado, otras no-, pero ésta fue rechazada de plano.

La transaccional que proponíamos consistía en añadir dos apartados a la enmienda que proponía el Partido Popular, y que textualmente dicen así: "Con carácter previo a la regularización, habrá de incoarse el correspondiente expediente de infracción urbanística, no pudiendo condonarse ni rebajarse la sanción que resulte de la aplicación de la normativa general en la materia. No podrá dictarse una normativa específica para estas situaciones. El pago de la sanción y el cumplimiento de todos los deberes urbanísticos necesarios para ajustarse a la legalidad serán requisitos ineludibles y previos a la regularización".

Y un segundo apartado: "Todas aquellas ocupaciones, incluidas o no dentro de una área de regularización, que no sean susceptibles de ajustarse a la legalidad urbanística serán demolidas de inmediato por los Servicios de la Consejería, siendo imputados los costes de tal actuación a los propietarios de la ocupación".

La no aceptación de esta enmienda, de esta enmienda transaccional, ponía de manifiesto que, a pesar de las declaraciones que se habían hecho desde el Gobierno Regional y desde el portavoz... distintos portavoces del Partido Popular, que la enmienda era una enmienda que... -como ya se ha dicho- era una enmienda de tapadillo. Yo creo... ésta sí que es de esas enmiendas -estoy seguro- que tenían nombres y apellidos detrás, concretos; probablemente dos o tres por ciudad o tal; pero vamos, con nombres y apellidos, seguro. Era una enmienda de tapadillo, que lo que se quería era legalizar cosas que no son legalizables, que lo que se pretendía era amnistiar -sin duda- para responder a compromisos adquiridos, que la legalización, en unos casos, lo podía hacer... Bueno, era una enmienda absolutamente contradictoria; no se sabía si quien legalizaba era la Comunidad, en otros casos el Ayuntamiento, si lo podía hacer el Alcalde por decreto... en fin, un desastre, un absoluto desastre. En definitiva, detrás de esta enmienda -como digo- había nombres y apellidos.

Y, por tanto, la enmienda, al ser tan ambigua, y sin que se sepa claramente qué es lo que se pretende regularizar, va a dar lugar a que ustedes puedan regularizar -según los compromisos adquiridos-, con independencia de que se trate de urbanizaciones construidas en suelo rústico o urbano, de que las edificaciones hayan sido construidas con licencia o sin ella, de que, en definitiva, se regularicen actuaciones urbanísticas desarrolladas sin planeamiento previo y se legalicen construcciones ilegales realizadas antes del uno del uno del noventa y nueve, en algunos casos...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, le ruego vaya concluyendo la intervención, por favor, Señoría.


SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: (Sí, señor Presidente, ahora mismo.) ...en algunos casos, sin mediar proyecto técnico y, por tanto, sin garantías de ningún tipo. Lo que, sin duda, dará lugar, además de situaciones chuscas y escandalosas, a un tratamiento desigual para ciudadanos iguales ante la ley. Nada más. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para consumir un turno en contra, en nombre del Grupo Popular, doña Mercedes Alzola tiene la palabra.


ALZOLA ALLENDE

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LA SEÑORA ALZOLA ALLENDE: Gracias, señor Presidente. Parece claro, señor Sánchez Vicente, que el modelo urbanístico que ustedes defienden no es, ni mucho menos, el que el Grupo Popular pensamos que es el adecuado para Castilla y León, y que pone de manifiesto este Proyecto de Ley -y no con esa ofensiva ideológica a la que usted alude, en contra de los mecanismos de regulación del suelo-.

Está claro también que se ha traído a esta Cámara este Proyecto de Ley con el objetivo primero de establecer una norma que recoja el conjunto de preceptos reguladores del urbanismo.

Lo que sí es seguro es que esta norma concuerda con el modelo de sociedad y de ciudad del Partido Popular y de la mayoría de los ciudadanos de Castilla y León, que -parece ser- están más cerca de nuestros criterios que de los de Izquierda Unida. Por eso no nos extraña en absoluto que a ustedes no les guste este Proyecto de Ley que hoy debatimos; porque nuestras posturas, en cuanto a diversos aspectos que se contemplan en este precepto, desde luego, no son en absoluto coincidentes, motivo de la oposición de sus enmiendas, y que razonaré de forma agrupada en cinco grandes temas.

En primer lugar, nos encontramos con un nutrido grupo de enmiendas, las cuales proponen como alternativa al Proyecto la redacción del Anteproyecto divulgado en el mes de enero del noventa y ocho. Las razones de esta actitud nos las explicaron en su Enmienda a la Totalidad, donde se afirmaba que el Proyecto de Ley que hoy debatimos supone un empeoramiento respecto de sus borradores, sobre todo por haber dado entrada a las opiniones de promotores, constructores y propietarios de suelo. Y ésta es una cuestión en la que quiero detenerme.

Este Proyecto de Ley ha sido larga y ampliamente debatido, con el fin de integrar el mayor número de sugerencias y aportaciones de todos los sectores ligados al urbanismo -y esto, Señorías, se llama participación social; término que algunos les gusta mucho utilizar, pero, al parecer, tampoco de su agrado cuando la Junta de Castilla y León lo hace realidad-, teniendo en cuenta las opiniones de los profesionales del sector, de numerosas Administraciones Públicas, de Cámaras de Comercio, de Departamentos Universitarios, de la Federación Regional de Municipios y Provincias o Colegios Profesionales como los de Secretarios, Arquitectos, Registradores de la Propiedad, Notarios, etcétera.

Este Anteproyecto fue remitido a ciento cincuenta y una instancias, aunque el señor Sánchez Vicente lo llame grupo de presión, y que tiene nombre y apellidos.

Una clara prueba de lo que digo puede encontrarse, Señorías, en la reciente Memoria del Consejo Económico y Social de Castilla y León, donde se afirma que éste es uno de los dos proyectos de ley que han incorporado un mayor número de sugerencias y observaciones de esta Institución -que, por cierto, cuenta con fuerte presencia sindical-.

Para el Grupo Popular resulta extraordinariamente importante el esfuerzo que se ha hecho para integrar el mayor número de sugerencias de todos los sectores implicados en la actividad urbanística. Este mismo criterio se ha mantenido durante el largo trámite parlamentario en el que se ha trabajado, para dar entrada a numerosas enmiendas de la Oposición, en la creencia de que estaba bien empleado el afán por lograr el máximo consenso en la aprobación de una ley de esta importancia. Y todo esto, el Grupo Parlamentario Popular y la Junta de Castilla y León lo entienden como una forma de alcanzar un consenso social real, que es, a su vez, la mejor manera de asegurar el éxito futuro de una norma.

De este grupo de enmiendas también podemos sacar algunas conclusiones más sobre la postura de Izquierda Unida. Es muy expresivo que prefieran, en todo caso, la exclusividad para la iniciativa pública, es decir, el monopolio público de la actividad urbanística. En este sentido, desde el Grupo Popular defendemos que es compatible la máxima libertad para la iniciativa privada con el adecuado control público del proceso urbanístico. Por esa razón se recoge expresamente en el texto que la iniciativa privada es libre, sin más limitaciones que el respeto a lo dispuesto en las leyes y en el planeamiento urbanístico.

Otra de las actitudes que se detectan es querer trasladar a esta Cámara y reproducir en ella el debate de la Ley 6/98, de Régimen de Suelo y Valoraciones; debate que ya tuvo lugar donde correspondía, en las Cortes Generales. Así, estas enmiendas que proponen la redacción del borrador de enero del noventa y ocho, como es anterior a dicha Ley del Estado, rechazan la adaptación que tuvo lugar poco antes de la aprobación de nuestro Proyecto de Ley por la Junta.

Precisamente, este rechazo a la nueva legislación estatal se refleja en otro grupo de enmiendas que proponen, lisa y llanamente, invadir competencias estatales de carácter exclusivo. Así, por ejemplo, la Enmienda número 9 aborda normas sobre transmisiones que la aludida Ley del Estado de julio del noventa y ocho declara de su exclusiva competencia; o la adición que propone la Enmienda número 16, al Artículo 24, sobre deberes y limitaciones en suelo rústico, que contempla mandatos a los registradores y a los notarios -lo que, evidentemente, no puede hacer la Comunidad Autónoma-, bajo el argumento de "lo que abunda no daña", innecesario por nuestra parte, porque ambos cuerpos profesionales vienen obligados a respetar toda ley.

Pero quizás el grupo más significativo de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida lo constituyen aquellas que pretenden eliminar, o, en su caso, minimizar, o, cuando menos, amortiguar las referencias a la iniciativa privada o a la intervención de los particulares en la actividad urbanística. Prácticamente, esta intención luce detrás de cada una de sus enmiendas, aunque aparentemente hablen de otra cosa.

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En este sentido, es revelador el juego que producen las Enmiendas 48 y 49, en relación con la adjudicación de terrenos de los patrimonios públicos de suelo sin concurso público, que es la regla general.

Por un lado, la Enmienda número 48 pretende eliminar la posibilidad de enajenar sin concurso bienes de patrimonio municipal de suelo a favor de las entidades de interés público sin ánimo de lucro. Esto les parece mal, porque han oído "privadas", y eso ya les pone en contra. Lo demás, que sean de interés público sin ánimo de lucro, ya les da igual. Así pues, guárdense los Ayuntamientos de colaborar con fundaciones o entidades similares.

Pero la sorpresa viene al comparar esta enmienda con la siguiente, que, en cambio, propone que se puedan ceder terrenos sin concurso a las cooperativas. Ésta, señor Sánchez Vicente, sí que nos parece la puerta del favoritismo.

En fin, el grado de confusión de Izquierda Unida en relación con la iniciativa privada nos parece aquí superlativo: que no entre la iniciativa privada en la actividad urbanística, aunque se trate de fundaciones sin ánimo de lucro; pero -eso sí- cuando se trate de cooperativas de viejos militantes, que se les adjudiquen terrenos públicos sin más complicaciones.

Parecida es la Enmienda número 37, al Artículo 94.1, que quiere impedir que los Ayuntamientos puedan celebrar convenios con los particulares. Es decir, quieren que sólo puedan celebrar convenios con otras Administraciones Públicas. La medida, que sería simplemente inconstitucional, al restringir de forma drástica la capacidad de obrar de la Administración local, no merece más comentario.

Además, esta enmienda participa también de otro de los grandes bloques de enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, que se caracteriza por la desconfianza hacia la Administración Local. Esta desconfianza, latente en las enmiendas, se refleja, por ejemplo, en la Enmienda número 38, que propone suprimir el Artículo 99.1.e), relativo a las licencias parciales, que -con las debidas cautelas, que se señalarán en el Reglamento- serán un mecanismo más para agilizar -cosa muy importante- la gestión urbanística. Pero se quiere suprimir porque sería un mecanismo bajo exclusivo control municipal.

Mayor calado tiene la número 47, al Artículo 125, sobre gestión de patrimonio municipal del suelo. La enmienda quiere suprimir la posibilidad de dedicar terrenos de patrimonio municipal de suelo a la ejecución de dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los sistemas generales en caso necesario. En el fondo, se trata de una cuestión ideológica: Izquierda Unida defiende un modelo rígido, de compartimentos estancos, de patrimonios separados, que pretenden forzar a la Administración Local a desarrollar políticas activas de vivienda pública.

Otra enmienda de este tipo, y con gran trasfondo ideológico, es la número 53. Se quiere que los municipios deban destinar a la construcción de viviendas de protección pública el 25% del suelo urbano no consolidado y urbanizable. Desde luego, se trata de una cuestión de oportunidad, pero -como la anterior- constituye un fuerte intervencionismo en las decisiones municipales, que el Grupo Popular debe rechazar porque confía en la Administración Local y que ésta desarrollará las políticas de vivienda más convenientes a su municipio, siempre que cuente con los medios necesarios para ello, no porque se introduzcan mecanismos legales para forzarle.

Siguiendo con este mismo criterio, otra de las enmiendas, la número 54, pretende suprimir uno de los objetos de los Estudios de Detalle, y que el señor Sánchez Vicente le da tanta importancia, sin tener en cuenta la innovación que aporta el Proyecto, derivada de las recomendaciones del documento de Salamanca, por el cual se dividen las determinaciones del Plan General en dos niveles: primero, ordenación general; y, después, ordenación detallada. Sobre el primer nivel puede actuar la competencia autonómica, pero no sobre el segundo, que se entiende de estricta competencia municipal. Por tanto, nos... no encontramos ningún problema en que un estudio de detalle de aprobación municipal, tras la correspondiente información pública, modifique determinaciones de ordenación detallada, ya que, si se quieren cambiar con una modificación del Plan General, la tramitación y las garantías para los administrados serían las mismas.

Por otro lado, una serie de enmiendas propone la sustitución del límite de veinte mil habitantes, que a lo largo del Proyecto marca la frontera entre municipios grandes y pequeños, por el de diez mil habitantes, y extender determinadas exigencias a estos municipios que ahora no tienen, sin importarles los problemas de capacidad técnica y financiera que pudieran padecer.

Esta Ley debe ser coherente con la actuación de la Junta de Castilla y León, con criterios generales y homogéneos, que siempre se marcan en veinte mil habitantes. Así, en toda ley, la frontera entre municipios grandes y pequeños se fija en veinte mil habitantes, tal como hace la normativa referente al Fondo de Cooperación Local o en la propia Ley de Bases de Régimen Local.

Además, la cuestión se vuelve trivial si advertimos la importante novedad que incorpora el Proyecto, según el cual los municipios con menos de veinte mil habitantes pueden, en uso de su autonomía, pasar al régimen urbanístico de los municipios grandes; naturalmente, más complejo, pero que también les otorga mayores competencias.

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Por último, hay un grupo de enmiendas que, con mejor intención que acierto, buscan mejor los estándares urbanísticos; y lo hacen rebajando determinados límites sus aprovechamientos, en un deseo loable de mejorar la calidad de vida, que es lo que todos pretendemos. Sin embargo, se trata de previsiones poco realistas, ya que el Proyecto de Ley prevé mejoras sustanciales respecto a la situación anterior, y estas propuestas de Izquierda Unida -contrarias a la prudencia- podrían coadyuvar al encarecimiento de la vivienda. Por ejemplo, proponen que el límite para la ocupación por las edificaciones en polígonos industriales baje de dos tercios de la superficie total hasta al 50%. ¿Han pensado ustedes en el encarecimiento que se produciría en el suelo industrial en una Región ya de por sí poco atractiva para la inversión?

Es muy fácil, Señorías, dejarse llevar por la tentación de la demagogia y no por la realidad socioeconómica de nuestros municipios. Decir que debe haber más viviendas, más baratas y más zonas verdes, está muy bien; pero ¿con qué recursos públicos plantean hacerlo ustedes? Nosotros pensamos que eso no es actuar responsablemente. Se debe atender a un tiempo el justo anhelo por unas ciudades más habitables con las posibilidades reales de nuestro sistema socioeconómico, para poder soportar y financiar esas mejoras. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para turno de réplica, señor Sánchez Vicente tiene la palabra.


SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Sí, señor Presidente. Brevemente. Bueno, lo único coherente que ha dicho la Portavoz del Grupo Popular es que, efectivamente, defendemos dos modelos de ciudad distinta: ustedes defienden el modelo de ciudad que defiende la derecha conservadora en este país y en Europa; y nosotros defendemos que es un modelo especulativo -que es lo que le he dicho-, que la mejor utilización del suelo es el que... por el que se obtiene mayor beneficio. Absolutamente de acuerdo, dos filosofías distintas. Entonces, no me parece, en absoluto, que sea objeto de... de ningún comentario más que ése, ¿no?

En segundo lugar, en fin, yo sé que la Portavoz del Grupo Popular, pues, creo que faltó no sé si a una o dos de las sesiones, y me ha sorprendido, pues, que me ha hablado de determinado número de enmiendas que yo las retiré en su día. Es decir, yo... yo las retiré en el debate de Comisión y no... la verdad es que no entiendo... -probablemente porque traía escrito la intervención- no entiendo el por qué ha hecho referencia a ellas, ¿no?

Mire, participación social. Participación social, no es que lo denuncie el Grupo de Izquierda Unida: ustedes, para traer esta Ley aquí, han elaborado tres anteproyectos, cada vez más devaluado; y el último, el que ha dado lugar al Proyecto de Ley que se debate aquí, ha sido cuestionado absolutamente por todos los sectores que tienen que ver con la actividad urbanística, desde los Ayuntamientos, los Secretarios, los Colegios Oficiales de Arquitectos y Aparejadores, absolutamente por todos. Si a eso lo llama usted un proyecto participado, yo diré que sí, que participado únicamente por aquellos que defienden intereses especulativos, y con los que ustedes tienen algún tipo de compromiso -que ustedes sabrán cuál es; que espero que no sea más que el del voto, como le he dicho en mi primera intervención-.

Mire, que me diga que nosotros, que hemos venido siendo defensores a lo largo de toda la Legislatura... no sólo en este texto, no sólo en este texto, en la Ley de Régimen Local... ustedes legislan sin saber que hemos legislado otras leyes -se lo he dicho en mi intervención-. Si uno de los problemas de esta Ley, de los graves problemas de esta Ley, son las contradicciones que mantiene con la legislación estatal. Aquí no estamos... hablando de invadir competencias. Lo que yo le he dicho -y lo mantengo- es que este texto de ley, que es malo técnicamente, que es malo en su redacción gramatical, que es contradictorio, lo es, no porque se invadan competencias de otras Administraciones, no, sino porque se choca frontalmente con... con leyes aprobadas tanto por el Estado como por leyes aprobadas por la Comunidad, como es la Ley de Régimen Local.

"Defendemos un modelo rígido." No, mire usted, también se lo he dicho en mi primera intervención y se lo justifico. Nosotros sí somos defensores de mecanismos reguladores. Sí lo somos. Somos defensores de que la Administración intervenga en la regulación del suelo. Creemos en la actividad planificadora; ustedes no. Ustedes lo que quieren es que se campe por sus respetos, que no haya ningún mecanismo de intervención, que no haya ningún mecanismo regulador. En definitiva, respondiendo a esa máxima neoliberal a la que he hecho referencia en dos o tres ocasiones.

En cuanto a la Enmienda 37 -que ésa sí la mantenemos de las que usted ha... de las que usted ha mencionado...- no, no... o no la ha entendido, no la ha leído o no se la ha explicado con claridad quien le haya redactado la intervención. Mire usted, nosotros lo que sostenemos es que los convenios sean excepcionales, los convenios urbanísticos sean excepcionales, no otra cosa; no lo que ha dicho usted ahí ahora.

Respecto a las licencias parciales, pero... en esto hemos coincidido todos los que hemos debatido desde la Oposición. Nosotros lo que mantenemos es que ustedes remiten a la regulación reglamentaria cuándo se va a conceder una licencia parcial o cuándo no. Desde luego, con el texto que hoy se presenta aquí, no se sabe. No se sabe, y esto va a dar lugar a infinidad de problemas.

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Me sorprende que en aquellos aspectos que yo he centrado más mi intervención y me he dirigido concretamente a ustedes como denunciando el... lo que puede significar el mantener el texto -me refiero a la finalidad que se le va a dar al patrimonio público del suelo-, yo entiendo que, en fin, no hagan referencia, porque para ustedes esto tiene escasa importancia, lo venían haciendo sin que existiera la ley, pues, ahora, bendecida... bendecido el hecho, pues con mucha más razón. Pero, desde luego... en fin, más allá de declaraciones grandilocuentes, convendrá conmigo que hoy ni creen en el patrimonio público del suelo; es más, están pretendiendo por todos los medios que éste desaparezca y, desde luego, no hay ninguna medida de protección para conseguir los objetivos y los fines que tiene este patrimonio público del suelo.

De los Estudios de Detalle, pues, qué le voy a decir, si lo he repetido en Comisión y en Ponencia mil veces. Me remitiré a las conclusiones, a la puesta en práctica de esta Ley: eso es una barbaridad. Lo que ustedes pretenden hacer es una barbaridad. Y vuelvo a repetirle para que me entienda todo el mundo: es tan barbaridad como si a través de una orden ministerial se posibilitara o se abriera las puertas a la modificación de una ley. Eso no es sostenible. Ustedes lo que pretenden hacer con este instrumento de planeamiento, con los Estudios de Detalle, es la posibilidad de cambiar la ordenación detallada del Plan. Y eso no es posible. Porque no tiene los mismos mecanismos de control la ordenación, el Plan de Ordenación que los Estudios de Detalle.

Y no ha dicho ni una palabra del régimen sancionador. Mire usted: demagogia, no; posiciones absolutamente distintas. La demagogia la de ustedes, que venden y utilizan algo que está absolutamente ahora de moda y en boga: las cuestiones medioambientales. ¿Qué índices se sostienen, qué estándares medioambientales, qué índices de sostenibilidad, qué criterios en defensa del medio ambiente se recogen en el texto? Ninguno. Más allá de la primera intervención del Consejero aquí, ni uno. A ustedes lo del medio ambiente les viene muy bien porque está de moda, porque tiene su repercusión electoralmente; pero el texto que presentan, por supuesto, se aleja muchísimo de ese modelo de ciudad sostenible que se defiende desde la Izquierda.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para turno de dúplica, señora Alzola, tiene la palabra.


ALZOLA ALLENDE

LA SEÑORA ALZOLA ALLENDE: Gracias, señor Presidente. De todas formas, Señorías, no creo que nadie en esta Cámara pueda albergar ya dudas razonables sobre hasta qué punto la Junta de Castilla y León se tomó en serio la necesidad de hacer un amplio debate social previo a la aprobación de este Proyecto. Hasta el punto de anteponerlo a un criterio tan importante como éste de la urgencia de aprobar esta Ley por estas Cortes, y así poder ejercer la Junta de Castilla y León sus competencias en materia urbanística.

Pero, frente a esto, el Portavoz de Izquierda Unida sigue denunciando que se ha hecho demasiado caso a algunos interlocutores sociales.

Pues bien, para nosotros, bajo esta concepción, subyace un prejuicio innato de Izquierda Unida sobre la capacidad intelectual de la sociedad. Lo que para ellos existe es el despotismo ilustrado, el famoso "todo por el pueblo pero para... sin el pueblo". Para ellos -y, si no, a las pruebas me remito- hubiera sido mejor un texto elaborado por técnicos en la soledad en sus despachos. Y para nosotros es imprescindible someter los borradores técnicos a los filtros de quienes actúan y trabajan en la materia que ha de regularse.

Por otra parte, esta reflexión nos conduce a la siguiente: el realismo que ha de presidir una actuación responsable de las Administraciones Públicas a la hora de regular sectores de gran importancia económica. Es muy fácil, Señorías -como he dicho-, dejarse llevar por la demagogia y decir que debe de haber más viviendas, más baratas, más zonas verdes. Desde luego, los países con una economía del tipo que propugna Izquierda Unida no fueron, precisamente, ejemplo de riqueza o de abundancia inmobiliaria, con listas de espera para recibir una mal llamada vivienda en torno a los diez años. Aún hoy en día, el Gobierno cubano, por ejemplo, no tiene más remedio que tolerar la autoconstrucción...

(Murmullos.)


ALZOLA ALLENDE

LA SEÑORA ALZOLA ALLENDE: ...como forma de acceder a una vivienda para la mayoría de la población, ante su incapacidad para responder a sus propios principios.

Por todo ello, el realismo... el realismo que la Junta de Castilla y León propugna implica atender a un tiempo el justo anhelo -como he dicho ya- por unas ciudades más habitables, con las posibilidades reales de nuestro sistema socioeconómico, para poder soportar y financiar esas mejoras.

Por todo ello, bueno, me remito a las exposiciones que ya he realizado...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se ruega silencio.


ALZOLA ALLENDE

LA SEÑORA ALZOLA ALLENDE: ...para rechazar sus Enmiendas, salvo la número 2, que en este momento aceptamos y se incorpora al Proyecto. Muchas gracias.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Entramos ahora en el debate de las Enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista.

EL SEÑOR .....: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Cuál? Para defender las Enmiendas y los Votos Particulares del Grupo Socialista, señor De Meer o señor... señor De Meer tiene la palabra.


DE MEER LECHA-MARZO

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EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Salgo a esta tribuna para defender las Enmiendas y Votos Particulares que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene a la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Esta Ley llegó a este Parlamento tarde y se ha tramitado a marchas forzadas, deprisa y corriendo. Por el Grupo Popular no hubiera habido ni Ponencia ni Comisión; su única obsesión, espoleados por la Junta, era: deprisa, deprisa, deprisa. Pero bueno, logramos racionalizar algo el proceso y, así, de las trescientas ochenta y cuatro enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presentó, se han aceptado más de cien, más de cien.

¡Qué errores no tendría esta Ley para que se hayan aprobado más de cien enmiendas! No creo que haya habido muchas leyes en este Parlamento que haya ocurrido eso. Pero, cien enmiendas, ¿son muchas o son pocas? Yo creo que, en cualquier caso, lo que son son insuficientes para poder arreglar este texto. Y algunas eran importantes entre las que se aceptaron. Aquella enmienda que pretendía defender las zonas verdes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que el Grupo Popular quería que los Alcaldes Populares pudieran alterarlas con la misma facilidad con la que construyen fuentes horteras. Ahora, no. Ahora, para modificar una zona verde, hará falta dictamen del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, propuesta del Consejero competente en la materia -que esperamos que dentro de poco, estamos seguros, va a ser otro- y acuerdo de la Junta de Castilla y León. O la posibilidad -y esto creemos que es un tema importante- de establecer Comisiones de Urbanismo en las comarcas; porque, a partir de la aceptación de una enmienda nuestra, es posible y estamos seguros que en la próxima Legislatura habrá una Comisión Territorial de Urbanismo en El Bierzo; como podrá haberla en Miranda de Ebro, como podrá haberla en Béjar, como podrá haberla en otros territorios de nuestra Comunidad Autónoma.

Pero bueno, mantenemos todavía más de trescientas enmiendas. Y yo no me voy a referir a ellas una por una, eso haría este turno extraordinariamente tedioso y aburrido, sino que las voy a agrupar por grupos -y valga la redundancia-, en el sentido de qué son las cosas que hemos querido corregir de este texto de Ley.

En primer lugar, hay unas enmiendas que intentan evitar la confusión que en este texto de Ley se introduce con los conceptos acuñados por la cultura urbanística española. Queremos que las cosas se sigan llamando de la misma manera que se han llamado siempre, para evitar la confusión, para evitar que "a río revuelto, ganancia de pescadores". Queremos hablar de los suelos urbanizables: programados y no programados. Queremos que los Estudios de Detalle sean unos Estudios de Detalle y no el mare mágnum y no el jaleo en que los ha convertido el señor Jambrina.

Queremos romper la dependencia del urbanismo de la ordenación del territorio; creemos que son dos ámbitos distintos, tenemos muchas enmiendas dedicadas a decir que la ordenación del territorio no puede introducir conceptos de la legislación urbanística. Queremos mantener las garantías que los Ayuntamientos tienen para poder modificar el planeamiento. Queremos, por lo tanto -y esto es un tema muy importante-, que se sigan manteniendo las suspensiones cautelares de licencia, como ha sido en la legislación urbanística española desde los años setenta. De tal manera, que los Ayuntamientos puedan decidir que hay sitios en los que van a modificar los planes; y no como ustedes quieren que en cuanto los promotores sepan que en un sitio se va a modificar un plan, obtengan inmediatamente todas las licencias e imposibiliten las acciones de los Ayuntamientos. Queremos limitar la capacidad de intervención a través de los convenios urbanísticos. ¿Cuántos convenios de urbanísticos... urbanísticos tiene el señor Gil en Marbella? Cuatrocientos. Esta Ley, la Ley que ustedes traen aquí ahora le haría absolutamente feliz. Porque, a los convenios urbanísticos -una figura un poco extraña, irregular, con la que los Ayuntamientos pueden hacer ahora muy pocas cosas-, ustedes lo van a convertir en una serie de compromisos que van a impedir que sucesivas Corporaciones Municipales puedan modificar lo que las anteriores han aceptado.

Queremos que se mantengan los niveles de participación, porque esta Ley está llena de vacías llamadas a la participación pública, a la cohesión social... a todas estas cosas; pero, instrumentos claves para que el conocimiento de la población del planeamiento de su municipio, como eran los avances del Plan General, lo primero que han hecho es limitarlo.

Queremos hablar de los programas de los planes. Que los planes incluyan programas de actuaciones, programas de inversiones, programas de infraestructuras, estudios económicos-financieros; que no sean -como ustedes quieren- un simple dibujo, simplemente el juego del palé.

Queremos que las cesiones se mantengan en todos los suelos urbanizables y en los suelos urbanos no consolidados; que se elimine esa actuación de que en los suelos urbanizables no consolidados (auténticos suelos urbanizables en la antigua terminología) de los municipios de menos de veinte mil habitantes, los promotores no tengan que ceder nada. Y los municipios de menos de veinte mil habitantes en esta Comunidad Autónoma son muchos, son muy importantes, están muy cerca de las grandes... de las grandes ciudades, y no se puede establecer esa barrera absurda de los veinte mil habitantes a los efectos de las cesiones.

(-p.6231-)

Queremos acabar con esa aberración que han incluido en esta Ley de que los particulares puedan promover informaciones públicas ante la pasividad de un Ayuntamiento. Queremos acabar con eso. Pero mucho más queremos acabar con la arbitrariedad de que, si la información pública la hace el Ayuntamiento, tiene que publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia y en un periódico; y, si la hace un particular, se ahorra el periódico y sólo tiene que publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia. Hay que acabar con ese tipo de arbitrariedad.

Queremos limitar la capacidad de modificaciones que tiene esta Ley sobre los instrumentos de planeamiento. Porque en esta Ley hay muchos más artículos dedicados a cómo se modifican los planes que a cómo se redactan o a cómo se aprueban. Es que eso es lo que les preocupa a ustedes; el Plan les trae sin cuidado. Lo importante es la modificación puntual, uno por uno, solar a solar, parcela por parcela. Y, así, al Plan General lo puede modificar los Estudios de Detalle; y a los Estudios de Detalle, lo puede modificar los planes especiales; y a los planes especiales les puede modificar la modificación del Plan; y, si quedara algo, todavía se puede revisar. ¡Es que es algo absolutamente increíble! A ustedes les preocupa mucho más cómo se modifican los planes que cómo se aprueban. Y ése es un modelo típico del Partido Popular en esta Comunidad Autónoma; ése es el modelo de Burgos desde hace muchos años: dejad el Plan como sea, que ya me arreglaré yo para que mi parcela se modifique cuando estime conveniente.

Queremos... y tenemos enmiendas en el sentido de que sea obligatorio reservar suelo para viviendas de protección oficial. ¡Qué llamadas vacías a la cohesión social! ¡Y no tienen ni un solo apartado dedicado a que los Ayuntamientos deben prever porcentajes de viviendas de protección oficial en sus municipios!

Queremos mantener el derecho de retorno de los inquilinos en los supuestos de los fuera de ordenación.

Queremos que se regulen los gastos que deben acometer las compañías suministradoras de servicios, y acabar con el auténtico chantaje actual que obliga a los promotores o a los Ayuntamientos a correr con gastos que deberían ser aportados por las compañías suministradoras.

Queremos que las licencias de reforma... en general, necesiten licencia. Porque el señor Jambrina pretende que una vez inaugurada una discoteca -el 7-7 de Valladolid-, al día siguiente pueda el propietario tapiar las puertas de emergencia, quitar las escaleras y las luces de emergencia sin pedir permiso a nadie. ¿Pero cómo es posible que no haya que pedir licencia para las obras de reforma interior, señor Jambrina? ¿A quién se le ha ocurrido esto? Ha anunciado el Grupo Popular que va a votar a favor de esta enmienda nuestra. Creemos que es algo razonable. Cien... más de cien veces le han llevado a la razón en esta Ley.

Queremos separar los conceptos de "ruina" y "habitabilidad", porque unidos -como hoy, en esta Ley- es practicar la eutanasia activa sobre los cascos históricos de nuestra Comunidad Autónoma; porque la mayoría de las viviendas, muchas viviendas no reúnen condiciones de habitabilidad y, por lo tanto, podrán ser declaradas en ruina aunque tengan excelentes condiciones de estabilidad.

Queremos que los patrimonios públicos de suelo... -y ésta es una característica de la Ley: introducir muchas figuras teóricamente progresistas pero hacerlas imposibles-, que los patrimonios públicos de suelo sirvan para algo; que sea obligatorio que los Ayuntamientos los tengan; que estén separados de los otros bienes municipales, que siempre puedan gestionar... que siempre van a gestionarse desde los poderes públicos. Porque... si es que han llegado a la aberración de que los patrimonios públicos de suelo pueden gestionarlos las empresas privadas. Si es que no dejan absolutamente nada.

Queremos mantener -como había en la legislación antigua- las reservas de suelo para política de vivienda en suelo rústico, porque eso es algo... -esa capacidad que tenían los Ayuntamientos de intervenir ahí-, algo que el señor Jambrina intenta eliminar.

Queremos que se puedan hacer obras de tanteo y retracto sobre viviendas, eliminando las condiciones abusivas que imponen de que haya que notificar a todos los propietarios inscritos en el Registro de la Propiedad de un área urbana. Esas condiciones... es lo mismo que digo antes: decir cosas que parezcan progresistas pero, luego, a través de los artículos, uno a uno, hacer que sean imposibles.

Y quería acabar ahora sólo con dos detalles. Uno se refiere a los Planes de Conjunto. Los Planes de Conjunto era una figura de la anterior legislación que se aplicó muy poco; se aplicó en un sitio de Castilla y León exclusivamente: en el entorno de Venta de Baños, cuando el señor Becker y el señor Jambrina -si mal no recuerdo- decidieron que allí se iban a construir tres universidades privadas, cuatro o cinco campos de golf y más de diez mil viviendas, poco más o menos. Y, así, el señor Jambrina, a cuatro o cinco municipios del entorno de Venta de Baños, les impuso un Plan de Conjunto (que no ha servido para nada, porque allí sigue habiendo la misma remolacha que había antes).

(Risas. Aplausos.)


DE MEER LECHA-MARZO: Y

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EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Y a esos Ayuntamientos... y a esos Ayuntamientos ahora les castiga, además, porque ya nunca podrán modificar su Plan de Conjunto; a partir de ahora están sometidos a las directrices de ordenación del territorio de ámbito subregional de la provincia de Palencia. Son los únicos Ayuntamientos que ya no van a tener... que ya no van a tener autonomía. Y nosotros pedimos en una enmienda que, por favor, que ese Plan de Conjunto se olviden de él, que fue un error, que fue una tomadura de pelo; que sea el Plan General de cada uno de ellos y que vivan tranquilamente su vida.

Y queremos, por último, decir que todos los pequeños municipios de Castilla y León que tienen delimitaciones de suelo urbano no los conviertan ahora en municipios sin planeamiento. Que antes había mil municipios que tenían planeamiento y, a partir de hoy, va a haber mil municipios que no tienen planeamiento. Digan, por favor, aceptando nuestra enmienda, que ésas son unas normas urbanísticas y que esos pobres municipios, esos pobres pequeños municipios a los que la Junta de Castilla y León ha arrasado en esta Ley puedan tener una mínima capacidad de intervención sobre su territorio.

Y me referiré ahora, brevemente, a los Votos Particulares que nuestro Grupo presenta a las enmiendas del Partido Popular, a las enmiendas incorporadas al texto del Partido Popular. La Consejería de Medio Ambiente es competente en diversos furtivismos: el primero, el furtivismo cinegético; el segundo, el furtivismo de los depósitos de residuos tóxicos y peligrosos, como vimos ayer; el tercero es el furtivismo parlamentario, porque furtivamente presentó estas enmiendas en este Parlamento. ¿Cómo es posible, señor Jambrina, tan aficionado a las ruedas de prensa, a las grandes noticias, no diera ninguna para hablar de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular presentaba? ¿Por qué? ¿Por qué se ocultó a la sociedad, a los Ayuntamientos, a los Colegios Profesionales, al Consejo Económico y Social, a la Federación Regional de Municipios y Provincias, las auténticas intenciones del Partido Popular? ¿Por qué se presentaron de manera furtiva unas enmiendas cuyo objetivo fundamental era... eran, perdón, reducir las cesiones de los promotores a los Ayuntamientos, introducir la arbitrariedad en la concesión de los aprovechamientos urbanísticos y conceder una amnistía a los furtivos urbanísticos? No se quería el debate ni se querían escuchar las opiniones de los demás. Esto tenía que pasar oculto. De eso no pudimos hablar en el Debate de la Totalidad; a esas propuestas no se les pudo presentar enmiendas; no se habló de ellas en la Ponencia, se pasó rápidamente en la Comisión, y sólo vamos a hablar aquí; y son propuestas inaceptables.

En primer lugar -y me refiero a las fundamentales-, pretenden que los Ayuntamientos paguen la urbanización del escaso... de ya lo último, del 10% de aprovechamiento que ceden los promotores. En la Ley decía que no; había un párrafo expreso: "los Ayuntamientos no contribuirán a la urbanización de los terrenos de las cesiones"; lo ponían así, así se lo contó a todo el mundo, ¿verdad? Así se lo dijo a la Federación de Municipios y Provincias, ¿verdad? Pues eso es lo que quitó después. Menos posibilidades para los Ayuntamientos de regular el mercado del suelo. Menos posibilidades de reducir el precio de la vivienda. Menos posibilidades de hacer política de vivienda pública. Más beneficio para los promotores. Mayor precio para los propietarios parasitarios de suelo. ¿Se ha enterado alguien de esto? Nada. La clandestinidad, el furtivismo.

En segundo lugar, pretenden introducir la arbitrariedad absoluta en la concesión de los aprovechamientos. La Ley proyectaba que los planes generales o las normas fijaban el aprovechamiento medio de cada sector, y eso estaba claro. Bueno, ése era un modelo; podía gustarnos o no, pero era un modelo. Pero, no, las enmiendas del Partido Popular dicen que los planes o las normas no fijan el aprovechamiento medio de cada sector, sino el aprovechamiento medio máximo. ¿Y quién fija el medio? ¿Cuándo se fija el medio? ¿Por qué procedimiento se fija el medio? No lo saben. Yo se lo he preguntado mucho al esforzado Ponente del Grupo Popular; y ha sido incapaz de contestarme, porque no se lo han dicho, porque ustedes no saben. Porque, ¿qué es lo que quieren ustedes? La arbitrariedad. Es que, a partir de ahora, los planes van a ser planes lotería; y esa lotería les va a tocar a algunos -absolutamente seguro- y a otros no. Y estamos seguros de que casi siempre les va a tocar a sus amigos.

En tercer lugar -y esto ha sido la histeria de este debate- es la... cuando se ha pretendido conceder una amnistía a los furtivos urbanísticos, la famosa Enmienda 55 del Partido Popular. Proponen que las infracciones cometidas antes de una fecha tengan un procedimiento especial; y eso, la fecha, es lo que caracteriza una amnistía; la fecha. Lo que ha ocurrido antes de una fecha es lo que caracteriza una amnistía, lo que no es un procedimiento normal.

¿Y qué se puede hacer? Ocupaciones de suelo. ¿Y eso qué es? Y las parcelaciones, ¿dónde?, ¿en todos los sitios? Dicen: "no, no, en todos los sitios no; que no se puede hacer en el dominio público ni en el rústico protegido". Vamos, que no se pueden hacer en la mitad de las carreteras, porque en los terrenos patrimoniales sí que se pueden hacer.

¿Y qué es el suelo rústico protegido? Nada. Eso lo cambian las Comisiones Provinciales de Urbanismo todos los días. Por lo tanto, se puede hacer en todos los sitios. ¿A qué pasa? A suelo urbano. ¿Por qué? Porque en el suelo urbano no se cede nada. Pasa directamente a suelo urbano. ¿Quiere una prueba? Aquí está la duda; dice: "o la Junta o los Ayuntamientos". O sea, que si un Ayuntamiento no quiere regularizar una situación -por las razones que sea, porque el problema son los costos de mantenimiento posteriores-, va y se lo pretende regularizar la Junta de Castilla y León. Éste es un tema clásico de recurso de inconstitucionalidad: no decir quién hace las cosas. Dice: o uno u otro. (Y alguno que pasa por allí, probablemente también.) ¿Cómo? Eso, probablemente, tampoco lo sabe nadie. ¿Habrá información pública?, ¿no habrá información pública?, ¿lo aprueba el Pleno? Tal. Nada.

(-p.6233-)

El modelo propuesto puede llevar a que un Alcalde legalice, por sí, unas y deniegue otras; porque eso es lo que ustedes están diciendo. Va a crear, sin duda, un premio para los furtivos y va a crear importantes agravios comparativos. Pero aquí es lo más importante: ¿a quiénes? Y hemos oído repetidas veces a los Portavoces del Grupo Popular: "no, no, esto es para los pequeños". No. No. Yo creo que aquí, el furtivismo... estamos hablando de la caza mayor, ¿eh?

(Risas.)


DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Aquí no estamos hablando...

(Aplausos.)


DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: ...de unos amigos que salen a dar gancho por el páramo. Aquí estamos hablando de la caza mayor, que es lo que le gusta al señor Jambrina.

Pero, bueno, estos argumentos han ido poco a poco calando y, ahora, han anunciado que van a votar a favor de nuestro Voto Particular por el que desaparece la famosa Enmienda 55. Nos alegramos. Y eso es algo que hemos conseguido. Hemos conseguido también en este debate que las obras de reforma necesiten licencia. Pero ésos serán sólo dos detalles. Nosotros mantenemos el resto de enmiendas presentadas. Mantenemos los votos particulares a todos los que ellos pedimos el voto favorable, ya que con ello conseguiríamos corregir algunos de los más graves errores que tiene esta Ley.

(Aplausos.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra, señor Huidobro, tiene la palabra.


HUIDOBRO DÍEZ

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías. Dado que el tiempo de que disponemos para el debate de estas enmiendas no es mucho, y no es mucho y no lo consideramos necesario porque durante muchos días en Ponencia y muchos días en Comisión hemos estado hablando de todos y cada uno de los temas de los que hoy se ha hablado aquí, quiero iniciar mi intervención por los Votos Particulares -especialmente por dos de los temas de Votos Particulares-, porque han servido al Grupo Socialista para desautorizar una Ley que está llena de buenas soluciones para los problemas que el urbanismo de Castilla y León necesita. Está llena de buenas soluciones; lo que ocurre que las soluciones que damos -y lo ha dicho mi compañera en la defensa- no coinciden con la postura que respecto a la... al urbanismo, y sobre todo los aprovechamientos, las facultades urbanísticas, tiene el Partido Popular y tienen los partidos de la Oposición.

Y como no coinciden y no podían atacarla por otro sitio, han hecho una arma arrojadiza de algo que es completamente necesario regular, que es la regularización de aquellas situaciones, en las que se encontraba en la Comunidad Autónoma numerosos ejemplos, muchos de ellos en Ayuntamientos gobernados por Alcaldes Socialistas, y a los que habría que dar una solución, le guste o no le guste al Grupo Socialista -que sí que le gusta-; pero ha encontrado dónde trasladar a la opinión pública un concepto equivocado de lo que aquí se trasladaba, de lo que aquí se trataba, y lo ha utilizado hasta la saciedad. Desde la Oposición se puede hacer uso de todo para derribar al adversario -no al enemigo, al adversario-, y a mí no me parece mal.

Lo que sí que me parece mal es que el señor De Meer hable de furtivismo parlamentario. Es la primera vez que este Procurador oye que utilizar el Reglamento de la Cámara, entre otras cosas, para presentar enmiendas el Grupo Parlamentario Popular es furtivismo. Yo no sabía, yo no sabía...

(Murmullos.)


HUIDOBRO DÍEZ

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ: ...yo no sabía, no sabía que la utilización del Reglamento es furtivismo; no lo sabía. La única intención que el Grupo Socialista ha tenido en el ataque a esta enmienda es que no tiene otros asuntos con qué atacarlos seriamente.

¿La realidad es o no que existen urbanizaciones irregulares y fuera de la realidad? En esta Comunidad Autónoma, muchas, de todos los Ayuntamientos; es verdad. La realidad es que los Ayuntamientos del Grupo Popular, del Grupo Socialista y de cualquier otro Grupo no han metido mano a esas... urbanizaciones irregulares; también es verdad. La realidad es que necesitamos un procedimiento o instrumento para regularizar esa situación; también es verdad. La verdad es que ha habido otras Comunidades Autónomas -como Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha- que han utilizado un procedimiento para regularizarlo; también es verdad. Es verdad que algunos lo han hecho en Disposiciones Transitorias Adicionales; Castilla-La Mancha lo hace dentro del texto del Proyecto de Ley, lo que da por supuesto... lo que da por supuesto, lo que da por supuesto que admiten que se van a seguir cometiendo irregularidades que la Ley admite que se van a corregir. Nos parece mucho peor. Ésa es la realidad.

La realidad es... la realidad es que los Ayuntamientos, a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, nos están pidiendo que se diera a esto una solución. La realidad es que la solución que se ha adoptado es una solución que permitía arreglar los problemas; y arreglar esos problemas habría servido para arreglar muchos problemas.

(-p.6234-)

Pero sí que es cierto que esta Ley ha sido sometida a un consenso generalizado, no solamente de los Grupos Políticos -que desde enero de mil novecientos noventa y ocho la tuvieron a su alcance para poder haber hecho muchas sugerencias; como la podían hacer esas cincuenta y una instancias a las que ha hecho referencia mi compañera-, sino que también es verdad, sí que es verdad que la participación de los grupos sociales en esta... en esta enmienda, en este instrumento, no ha sido tan amplio como ha sido con el resto de la Ley. Y precisamente porque pensamos que queremos que la Enmienda salga con el consenso social que sale el resto de la Ley, es por lo que hemos decidido retirar la Enmienda y apoyar, precisamente, el Grupo Popular... el Grupo... el Voto Popular que ha presentado el Grupo Socialista.

Creemos -y así ha ocurrido en Ponencia, y así hemos hablado en Comisión, y así hemos hablado en pasillos- que son partidarios de que esto se regule, que se regule de alguna manera, cuando esto termine. Confiamos en su palabra de que en el futuro, cuando ustedes estén gobernando -como decían en pasillos, dentro de muy poco tiempo-, cuando gobiernen con una mayoría absoluta, que van a obtener de los castellano-leoneses con toda seguridad, pues entonces que admitan nuestra propuesta para poder hacer un texto que regule esta regularización de las urbanizaciones que están fuera de ley. Espero que esto lo podamos hacer pronto.

Hay otra enmienda a la que hace referencia, que es el aprovechamiento medio y el aprovechamiento medio máximo. No pueden entender ustedes de qué estamos hablando, porque si ustedes hablan de un planeamiento en el que hay que establecer programas para poder urbanizar y para poder ejecutar el planeamiento, es imposible que entiendan de qué estamos hablando. No podemos hablar de lo mismo. Si ustedes piensan que todo el planeamiento ha de hacerse en el Plan General de Ordenación Urbana, en las normas urbanísticas, y no piensan que nosotros hemos distinguido en algo que tampoco ustedes quieren comprender -y que ya hemos debatido-: que hay unas competencias propias de la Comunidad Autónoma supramunicipales, que vienen recogidas y reguladas en la Ley de Ordenación del Territorio, y que nosotros hemos distinguido claramente, y que pasamos y dejamos en la Ley de Urbanismo aquellas competencias única y exclusivamente competencia de los municipios, tampoco pueden entender cómo nosotros preferimos -como hace la Ley 6/98, de Régimen del Suelo y Valoraciones-, preferimos que la programación se haga cuando sepamos exactamente qué sistema se va a utilizar para ejecutar el planeamiento y cuáles son los compromisos que el urbanizador va a adquirir. En ese momento es el momento que nosotros pensamos que deben actuar los programas y no de más. Y, si entendieran eso, entenderían que en el planeamiento se puede poner un aprovechamiento medio máximo; y que la ordenación detallada no podrá pasar nunca de ese aprovechamiento medio máximo; y que cualquier plan de desarrollo y cualquier proyecto de gestión no podrá utilizar ese aprovechamiento medio máximo; y que el control de eso viene regulado porque sistemáticamente está establecido cuál es el contenido de los... de las determinaciones generales de los planeamientos y de las normas urbanísticas. Sin entender eso, mal pueden entender lo otro.

Y paso rápidamente -porque no tengo mucho tiempo- a hacer referencia... Y voy a hacer referencia tal como lo ha dicho. "Han hecho ustedes desaparecer de esta Ley conceptos acuñados que sirven para muchos profesionales, para muchos promotores, y que ahora desaparecen." Miren ustedes, las leyes... -y nos dijeron en el debate que esta Ley no aportaba nada; por lo menos aporta conceptos nuevos-. Nos dicen ustedes que la Ley de Ordenación del Territorio ha introducido confusión en toda la materia de urbanismo. Ya les he explicado que la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley de Urbanismo lo que viene a recoger, dentro de nuestra Comunidad Autónoma, cuál son las competencias de la Comunidad Autónoma, cuál son las competencias de los municipios.

Vienen ustedes diciendo que las suspensiones cautelares desde que un Ayuntamiento decide estudiar si va a modificar algo supone una grave intromisión en las competencias municipales. Yo le digo: lo que sería, sería una gran discrecionalidad que desde el momento que un Ayuntamiento no quisiera dar la licencia en un sitio, hacer un... hacer un estudio, hacer una propuesta y decir: "Voy a hacer un estudio..." -y no le compromete a más- "voy a hacer un estudio y suspendo cautelarmente las licencias". ¿A quién? Una discrecionalidad que ha desaparecido. Allí dicen ustedes que los convenios urbanísticos son los que le gustarían tener a Gil. Si Gil hubiera tenido regulado en Andalucía los convenios urbanísticos como se regulan en esta Ley, no podía haber hecho lo que estaba haciendo; no podría hacer nada de lo que hace. Porque los convenios vienen regulados, en este momento, en la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Lo que pasa es que ustedes deben de querer que traslademos todos los artículos de la Ley a esta Ley de Urbanismo. Si Gil hubiera tenido una ley como ésta, no podría haber hecho los convenios que ha hecho, porque tendría que haberse ajustado a lo que dice exactamente la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y no podría haber hecho los desaguisados que Gil está haciendo en Marbella.

Dicen ustedes que los programas tienen que venir en los planes. No voy a repetirlo. Para nosotros -y ésta es una gran diferencia que mantenemos con ustedes-, los programas deben de hacerse en el momento en el que el urbanizador adquiera los compromisos necesarios para que la urbanización cumpla con todas las determinaciones del planeamiento, y no antes. Porque podemos hacer -como se ha hecho desde que se aprobó la Ley del noventa- unos programas, unos planeamientos, unos programas que eran incumplibles, que no se podía hacer nada con ellos. Y prueba de ello es que, desde el año mil novecientos noventa hasta el año mil novecientos noventa y siete, los Ayuntamientos han venido dando tumbos en materia de planeamiento y en materia de urbanismo.

(-p.6235-)

Las cesiones. ¿Pero cómo me habla usted de que es el suelo no consolidado...? Acabamos de introducir una modificación. Si en la Ley 90 y en el texto refundido del noventa y dos, ustedes decían que en suelo urbano no había, ni en los mayores ni en los menores, no había que consolidar nada. ¿Han cambiado de idea? Pueden cambiar de idea ustedes... pero digan que han cambiado de idea.

Hablan ustedes que la información pública promovida por los particulares es dejar en manos de los amigos del PP, de los especuladores, la posibilidad de hacer lo que quieran. Mire usted, no. Lo que pasa es que, mientras que ustedes piensan que los particulares no tienen nada que hacer en la actividad urbanística, nosotros pensamos que los particulares son los que tienen que actuar en la actividad urbanística. Controlados y dirigidos por la Administración Pública, por la Comunidad y por el Ayuntamiento. Pero son ellos los que tienen que poner en el mercado el terreno suficiente para que los edificios, para que las construcciones y las viviendas no salgan como están saliendo ahora, con la carestía que tienen. Ustedes, con sus leyes, dieron oportunidad a que esto ocurriera.

Dice que la capacidad de modificación de los instrumentos de planeamiento se deja en manos del Ayuntamiento. Claro, pero lo que decimos si es que queremos que sea así. Hemos distinguido en el planeamiento dos partes perfectamente diferenciadas: aquellas determinaciones que tienen carácter supramunicipal -que son competencia de la Comunidad y que no se podrán modificar por el Ayuntamiento- y aquellas ordenaciones detalladas. Y aquellas ordenaciones detalladas son competencia del Ayuntamiento; y queremos que el Ayuntamiento lo pueda modificar sin necesidad de tener las trabas y los tiempos perdidos que ahora tienen. Es decir, ¿qué queremos? Poner en el terreno... en el mercado terreno suficiente para construir viviendas, ponerlo con la transparencia suficiente y ponerlo con agilidad, cosa que en este momento no ocurre. Y, si no, cualquier Alcalde que me esté escuchando sabrá que hacer una modificación de un plan o de unas normas subsidiarias le llevaba una legislatura completa.

La ruina. Ustedes han mezclado ruina y habitabilidad. Se exige en el Artículo 8 que el propietario tiene obligación de que la vivienda sea habitable, y se le impone esa obligación. Pero en el Artículo 107 no se está refiriendo a eso, se está refiriendo al Artículo 8.2; y ahí lo que dice es que la obligación de mantener en estado de habitabilidad, de seguridad y de estabilidad el edificio no puede exceder nunca, no puede exceder nunca del 50%... todo lo que dice. Efectivamente, lo mismo que dicen ustedes en la enmienda que presentan, pero lo quieren decir de otra manera. Quieren imponer... En definitiva, lo que quieren es trasladar, del texto que el Tribunal Constitucional les echó abajo, trasladar los artículos que ahí estaban a esta Ley.

En la distinción de patrimonios públicos de suelo, que sean separados o no, mi compañera ya ha hecho referencia a ello. Pero yo les digo: ustedes ¿qué quieren, que haya un patrimonio público de suelo separado destinado a una finalidad? ¿Y en aquellos cientos de Ayuntamientos que no tienen necesidades de cubrir -a las que hace referencia el Artículo 123 y 125 de la Ley, que es para lo que se crean-, que los tengan ahí separados y muertos? Eso parece ser que es lo que quieren. Pero si está garantizado que el patrimonio del suelo se tiene que dedicar necesariamente a lo que dice el Artículo 125 y 126. Si existen esas necesidades, hay que aplicarlo a eso; y, si no, se podría impugnar.

Las delimitaciones de suelo urbano, que es lo último que Su Señoría ha tratado, hace referencia a un tema en el que guarda completa relación con lo que estábamos hablando. Hay muchos pequeños Ayuntamientos que tienen una delimitación de suelo urbano, efectivamente. Y ustedes dicen: "Transformemos estas delimitaciones de suelo urbano en normas urbanísticas". Pero usted sabe mejor que yo -porque usted es técnico y yo no- que los requisitos, las determinaciones que se exigen a las normas urbanísticas son requisitos, determinaciones que no reúnen ninguno o casi ninguno de las delimitaciones de suelo urbano que en este momento existen en nuestra Comunidad Autónoma. Y no es cierto que se queden sin nada, porque en este momento existen unas normas subsidiarias que están funcionando en todos los pequeños Ayuntamientos -y que serán sustituidas por algo que a usted no le gusta, y entonces comprendo lo de la delimitación de suelo urbano-, y es que la Ley de Ordenación del Territorio impone a la Comunidad Autónoma la obligación de crear, de regular estas materias para aquellos Ayuntamientos que no tengan planeamiento.

En definitiva, señor De Meer, señores Socialistas, hay algo que no... en lo que no podemos coincidir.

Y termino diciendo: si ustedes presentaron cuatrocientas enmiendas, y les hemos aceptado cien, ustedes protestan porque les aceptamos cien, porque la Ley es mala; y, si no se las hubiéramos aceptado, nos dirían "no quieren admitir nuestra colaboración para mejorar el texto". No nos pongan entre la espada y la pared. Déjennos hacer algo.

Les admitimos cien, y reconozco que se ha trabajado -lo ha dicho el señor Sánchez Vicente-, que hemos trabajado y que se han aportado importantes mejoras a la Ley. Les reconozco que el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida, los Grupos de la Cámara han trabajado... el Grupo Mixto, han trabajado insistentemente para que esto sea posible. Hemos conseguido mejorar en algunos aspectos técnicos; lo que no podemos mejorar, lo que no podemos cambiar es aquello en lo que discrepamos respecto a la solución de los problemas urbanísticos que nuestra Comunidad Autónoma tiene.

Ésa es la razón de aceptar las enmiendas; y, si quiere, no las aceptamos.

(-p.6236-)

Y, hablando de aceptar enmiendas, efectivamente, hay una enmienda que, en el último momento, después de los largos debates que hemos tenido -y que eso forma parte del consenso que la Consejería tuvo desde enero de mil novecientos noventa y nueve con las instancias a que se hace referencia... ha hecho referencia mi compañera-, pues hemos decidido que la Enmienda 250, al Artículo 97.1 -97.1.d), me parece que es, 97.1.d)-, admitirla. Porque, efectivamente, aun cuando entendíamos que podría introducir o crear problemas a los pequeños municipios, graves, pueden ser más graves los problemas que se creen en otros aspectos de no admitirla. Seguimos pensando que puede crear problemas, dejar la enmienda como está, a los pequeños municipios; pero ante la gravedad... ante este conflicto de intereses de uno y otro, preferimos admitir la enmienda. La Enmienda 250 del Grupo Socialista al Artículo 97.1.d) el Grupo Popular la acepta en este momento.

Y presento en este momento a la Cámara una enmienda transaccional al Artículo 58.c), que hace referencia a las modificaciones del planeamiento de cualquier tipo que tengan objeto en diferente zonificación de las zonas verdes, espacios libres públicos... Que viene a satisfacer, desde nuestro punto de vista -y para que vea que sí que tenemos voluntad de consenso-, viene a satisfacer más una necesidad, un anhelo personal casi del señor De Meer. Yo diría que ha hecho de esa enmienda su enmienda particular. Y del Campo Grande -que es de lo que estamos hablando reiteradamente-, la defensa del Campo Grande tal como está más que una enmienda de verdadero contenido. No obstante, entendemos que la enmienda queda bien. Acabamos de quitar a los municipios una competencia que yo creo que la podían tener perfectamente, porque el Campo Grande quedaría protegido sin necesidad de esta enmienda; quedaría... porque quedaría protegido por otras leyes sectoriales distintas de ésta. Pero lo cierto es que hemos llegado a una transacción entre todos los Grupos Políticos. Y la paso a la Mesa para que la... para que la tenga en cuenta. Con esto, señor Presidente, termino mi intervención.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para réplica, señor De Meer, si lo desea, tiene la palabra.


DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Sí. Gracias, Presidente. Muy brevemente, porque este debate en su parte final, pues ha sido bastante estéril, ¿no? El Portavoz del Grupo Popular ha hablado durante un rato de la amnistía nonata. Y eso ya, pues no le interesa a nadie, ¿no?

Ha intentado hablar sobre el aprovechamiento medio máximo, los aprovechamientos medios; pero ya, por última vez, desesperado, ¿no? El aprovechamiento medio ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde? ¿Las preguntas fundamentales de una persona se aprueba? Si no lo saben ustedes; si usted no me ha sabido contestar esto nunca. Si esto es el gran factor de arbitrariedad. Si van a dar el aprovechamiento medio a quien quieran, como quieran, cuando quieran, porque la Ley no lo dice.

Y, por último, hablando de este tipo de temas, si Gil tuviera esta Ley no tendría cuatrocientos convenios, tendría ochocientos. Porque esta Ley está pensada para ese tipo de urbanismo.

Pero, bueno, no han aceptado... no han querido aceptar más ideas positivas de las que lealmente hemos aportado a lo largo de este debate. Y en esta parte final hemos arreglado dos cosas: han retirado la Enmienda 55 y han aceptado lo de las obras de reforma. No hubieran aceptado nunca la Enmienda 55 si no hubiera existido la enmienda de las zonas verdes (que no estaba pensado tanto en el Campo Grande como los Jardines de La Rubia, porque en el Campo Grande todavía pueden jugar los niños y en los Jardines de La Rubia ya no. Y algún Alcalde del Grupo Popular lo ha cortado... ha cortado la gran arboleda que plantó un Alcalde Socialista durante la República hace muy pocos años).

Pero esa enmienda lo que ha funcionado de verdad ha sido como un cepo, y el furtivo ha caído en el cepo.

(Risas. Leves aplausos.)


DE MEER LECHA-MARZO: Y

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Y ésa ha sido su gran virtud. Ha funcionado como un cepo; como un cepo. Algo hemos arreglado. No ha dado tiempo a arreglar más cosas. Si este debate se hubiera planteado antes, si hubiera durado más, más hubieran cedido. Y voy a citar a un clásico: a esta Ley le ha faltado, o una semana, o un debate.

EL SEÑOR .....: (Intervención sin micrófono).


DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Pero no importa, no nos importa. Jaime, un próximo gobierno progresista de Castilla y León modificará esta Ley, de modo que sirva a los intereses de la mayoría, y no a los de la derecha conservadora de Castilla y León que tan dignamente representan ustedes aquí.

(Aplausos.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, señor Huidobro.


HUIDOBRO DÍEZ

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ: Gracias, señor Presidente. Yo esperaba algo más en la réplica, pero ha insistido en dos temas muy claros, a los que yo quiero seguir haciendo referencia.

(-p.6237-)

He gastado parte de mi tiempo en defender la Enmienda 55 porque sigo pensando que es una enmienda que solucionaría y que, en este sentido o en otro, ha de solucionar muchos problemas de los municipios de esta Comunidad Autónoma y que muchos están intentando pedir que se haga para solucionarlo.

Espero... espero que el candidato socialista, cuando a partir del mes de junio gane esas elecciones que las encuestas le dan sobradamente ganadas, admita nuestra colaboración en la redacción de ese Proyecto de Ley en los mismos términos que nosotros hemos admitido las enmiendas del Grupo Socialista para mejorar esta Ley. Y espero que cuando admitan todas esas enmiendas que nosotros vamos a presentar no nos digan que estamos presentando... nosotros, el Portavoz, si soy yo o cualquiera otro, no le diga que qué mala Ley han presentado o que han tenido que admitir nuestras enmiendas para que esta Ley pueda ser buena.

Esta enmienda tiene una razón de ser, un problema que resolver. Se ha trasladado... y no hemos sido nosotros quienes hemos trasladado a la opinión pública la opinión de que era una amnistía. Ustedes saben mejor que yo que no. Han procurado por todos los medios no aceptar ningún tipo de transacción sobre esta enmienda porque era en lo único que se podían basar para hacer ruido. Y, por lo tanto, la cosa está clara, que la enmienda les ha servido a ustedes para algo muy importante: para decir que la Ley es muy mala en su conjunto.

Pues bien, yo les digo a ustedes una cosa: esta Ley, que es tan mala en su conjunto, recibe el apoyo de la mayor parte de los Ayuntamientos de esta Comunidad Autónoma, que día a día llamaban -por lo menos a los Portavoces de este Grupo- para decirnos: "no se os ocurrirá no sacarla; no se os ocurrirá no hacer nada; estaréis pinchando para que la Junta de Castilla y León apruebe... diga que se apruebe la Ley, para que diga que sigue adelante". Por lo tanto, si se está pidiendo por quienes más afectados resultan por la misma, no me digan ustedes que la Ley es mala única y exclusivamente porque ustedes hayan tenido la oportunidad de cebarse en una enmienda que han utilizado de manera... no voy a llamar furtiva, porque ustedes tienen... ustedes tienen tanto derecho como yo a presentar enmiendas y ustedes a utilizar de otra manera.

Pero hay otro problema que quiero dejar claro: señor De Meer, para dejar sin efecto el Artículo 97.1.c) yo no necesito de ninguna manera aceptarles la enmienda. Con haber votado en contra de ese apartado se habría... se habría solucionado. No me diga usted que esto es el cambio. Prefiero que esté arreglado; voto en contra y se ha resuelto el problema. Porque el problema se refería única y exclusivamente a unos espacios libres públicos, que no afectaba en mucho o en poco a la Ley.

Por lo tanto, no piense usted que con eso es con lo que ha conseguido usted que esta enmienda haya sido la causa de retirarla; han sido otras. Y las otras son, fundamentalmente, que no nos gustaría que una ley que sale con el consenso de todos los grupos sociales en su conjunto tuviera una pequeña parte, que ustedes se han procurado mover bien para trasladar a la sociedad que era una amnistía, y que esta pequeñísima parte, milésima parte de la Ley, no saliera con el consenso también de todos los grupos sociales. Atribuya usted a esto la retirada de la enmienda y no la atribuya a otra cosa.

Y con esto -y como no se ha hecho referencia a ninguna otra cosa- voy a terminar mi intervención, no sin decir algo que creo que es de justicia. Los debates parlamentarios -y más los debates de un final de Legislatura- dan lugar durante los debates, sobre todo si los debates en Ponencia y en Comisión han sido largos, y han sido duros, y han sido estudiados, dan lugar a enfrentamientos y a contradicciones. Pero lo que yo sí quiero dejar constancia aquí que con el ánimo, independientemente de la oposición parlamentaria que todos los Grupos tienen y tenemos derecho a hacer, o apoyos parlamentarios, lo que sí que quiero dejar bien claro ante la Cámara y ante todos los castellanos y leoneses que el espíritu de colaboración de todos los Grupos de la Cámara para mejorar, desde su punto de vista o desde nuestro punto de vista, el texto de esta Ley ha sido un esfuerzo que el Grupo Popular quiere agradecer y dejar constancia en el colofón de esta Ley. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación las enmiendas que han sido defendidas.

En relación con las que ha mantenido el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la número 2 sería aceptada. ¿Se puede aprobar esta enmienda por asentimiento? Se aprueba.

Se someten a votación las restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Una.

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y seis. A favor: veintinueve. En contra: cuarenta y seis. Y abstenciones: una. Quedan, pues, rechazadas.

Se someten a votación los votos particulares a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


HUIDOBRO DÍEZ

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ: Señor Presidente, los votos particulares, excepto el Voto Particular a la Disposición Adicional Quinta, que era la que se había introducido en el Dictamen como consecuencia de la Enmienda 55 del Grupo Popular. Todos los votos particulares excepto el voto particular a la Disposición Adicional Quinta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Entonces, el voto particular...

EL SEÑOR .....: Se vota el voto particular nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ...a la Enmienda número 55...

EL SEÑOR .....: Exactamente.

(-p.6238-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ...del Grupo Parlamentario Popular, ése se aprobaría por asentimiento.


DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Nos gustaría que quedara constancia de que el Voto Particular lo presenta el Grupo Parlamentario Socialista.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Sí, efectivamente. Son votos particulares del Grupo Socialista a enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

En cuanto a la del 55, ¿se aprobaría por asentimiento? Se aprueba.

Y se someten a votación los restantes. ¿Votos a favor de los votos particulares del Grupo Socialista a las enmiendas del Grupo Popular? Gracias. Sí. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y seis. Votos a favor: treinta. En contra: cuarenta y seis. Quedan, pues, rechazados.

Se someten ahora a votación... perdón, antes de someter a votación las enmiendas del Grupo Socialista, ¿la número 250 se aprueba por asentimiento? Se aprueba.

En cuanto a la Enmienda número 78... 178, los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Izquierda Unida y Mixto presentan a la Presidencia de la Cámara una enmienda transaccional proponiendo el siguiente texto:

"c) Las modificaciones del planeamiento de cualquier tipo que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes o espacios libres existentes, o previstos en el planeamiento, deberán ser aprobadas por decreto de la Junta de Castilla y León, previo informe favorable del Consejero competente por razón de la materia y del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma".

Se aprueba la transaccional que hace decaer la número 178 del Grupo Socialista.

Y ahora se someten a votación los restantes bloques de enmiendas defendidas y mantenidas por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Treinta. ¿Votos en contra? Cuarenta y seis. ¿Abstenciones? Ninguna. Por lo tanto, quedan rechazadas.

Concluido el debate de las votaciones, doña Elena Pérez pide la palabra para explicación de voto.


PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. Muchas gracias, Señorías. Desde Nueva Izquierda, integrante del Grupo Mixto, hemos votado a favor de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida y Partido Socialista por cinco motivos fundamentales, a nuestro modo de ver, para intentar evitar una serie de prejuicios que se intenta plantear con este Proyecto de Ley.

En primer lugar, con este Proyecto de Ley que nos ha traído a la Cámara y que, previsiblemente, se aprobará con los votos exclusivos del Partido Popular, se minimizan las cesiones a los Ayuntamientos, coartándoles la autonomía para hacer una política más social.

Segundo, porque nos parece que no sirve para una planificación urbanística mínima e integral del territorio, que dé visos de estabilidad a ello. Hay una posibilidad constante de cambio con este Proyecto de Ley... Señor Presidente, le ruego... si puede usted plantear silencio.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, Señorías. Cuando quiera.


PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Nos parece que con este Proyecto de Ley se está dando una posibilidad constante de cambio, y está favoreciendo y va a favorecer la arbitrariedad y el amiguismo en nuestro territorio.

Tercer motivo. No se prevé o regula una mínima dotación social, por ejemplo -y lo estaban diciendo los anteriores Portavoces-, viviendas de promoción pública, por ejemplo. Y las dotaciones públicas existentes... este Proyecto de Ley planteaba, por ejemplo -y sí ha sido debatido ya-, los jardines de La Rubia -que no era el Campo Grande, sino los jardines de La Rubia- se podían desmantelar por cualquier Ayuntamiento arboricida, sin ninguna cortapisa. Se ha arreglado con una transaccional presentada por todos los Grupos, de lo cual me alegro; pero eso no quitará las intenciones, seguramente, a algún Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular.

Cuarto. Nos parece que esta Ley tiene un desprecio a los Ayuntamientos pequeños.

Y quinto. Yo quisiera plantear nuestra opinión sobre las enmiendas presentadas al Partido Popular, en última... a última hora; y no quiero decir que sean...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señora Pérez...


PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: ...furtivas o no...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señora Pérez, le recuerdo que estamos en el turno de explicación de voto. Y no abra usted debate con ninguna enmienda, que ya han sido votadas. Por favor...


PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, sólo voy a explicar...

(-p.6239-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ...limítese a explicar el voto, que el debate ha concluido.


PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, sí. El debate ha concluido y estoy explicando el voto, porque los cinco motivos que he votado a favor de las enmiendas de los Grupos de la Oposición.

Nos parece que ha habido enmiendas que se han... han intentado cambiar totalmente el sentido de esta Ley y eran verdaderas enmiendas a la totalidad. Decía antes un Portavoz que en la próxima Legislatura, un Gobierno progresista -del que seguramente formaremos parte toda la Oposición de esta Cámara-, sin amiguismos y sin intereses particulares, dotaremos mediante una nueva Ley de otro contenido objetivo integral, colectivo y social, a la planificación urbanística de nuestra Comunidad.

Esta Ley nos parece que es un atentado a la democracia real de la ciudadanía, porque no tiene igualdad de derechos ante esta Ley. Estamos seguros que la ciudadanía nos pedirá que la cambiemos próximamente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por último, se somete a votación el Proyecto de Ley que acaba de ser debatido, esto es: sus Artículos 1 a 150; sus cinco Disposiciones Adicionales; siete Transitorias; la Disposición Derogatoria y las Disposiciones Finales Primera, Segunda y Tercera; Exposición de Motivos y Título del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones, si hubiere?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y tres. A favor del Proyecto: cuarenta y cuatro. En contra: veintinueve. No hay abstenciones. En consecuencia, queda aprobada la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Y el señor Consejero pide la palabra... la tiene.


JAMBRINA SASTRE

EL SEÑOR CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (SEÑOR JAMBRINA SASTRE): Gracias, señor Presidente. Gracias, Señorías, por el texto que ha sido aprobado esta mañana. Un texto que, a mí se me ocurre, era absolutamente necesario para esta Comunidad. Un texto que pone orden para Castilla y León, desde mi punto de vista y gracias al trabajo de todos, a lo que sucedió después de la Sentencia del Constitucional. Un texto que están esperando los Ayuntamientos para tener cobertura legal de sus actuaciones. Y un texto -en fin, Señorías- que no va a tener la característica -entiendo- que se ha calificado aquí, y porque lo van a ver cuando el Partido Popular desarrolle esta Ley en los próximos años en esta Comunidad Autónoma. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, Consejero. Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las trece horas cinco minutos.)


DS(P) nº 98/4 del 26/3/1999

CVE="DSPLN-04-000098"





Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla y León
IV Legislatura
Pleno de las Cortes
DS(P) nº 98/4 del 26/3/1999
CVE: DSPLN-04-000098

DS(P) nº 98/4 del 26/3/1999. Pleno de las Cortes
Sesión Celebrada el día 26 de marzo de 1999, en FUENSALDAÑA
Bajo la Presidencia de: Manuel Estella Hoyos
Pags. 6209-6240

ORDEN DEL DÍA:

Informaciones y Preguntas Orales de Actualidad.

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno: 2.1. P.O. 1153-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a gratuidad de los informes psicosociales de Adopción Internacional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 273, de 30 de noviembre de 1998.

P.O. 1177-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José L. Conde Valdés, relativa a conversión en autopista de peaje de la proyectada autovía León-Benavente, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 284, de 4 de febrero de 1999.

P.O. 1185-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a efectividad de la homologación salarial de los trabajadores transferidos del IMSERSO, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 284, de 4 de febrero de 1999.

P.O. 1229-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José M.ª Crespo Lorenzo, relativa a ubicación del museo del Canal de Castilla en Palencia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1230-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª Leonisa Ull Laita, relativa a programas de reinserción de colectivos marginados, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1232-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis García Sanz, relativa a iniciativas para corregir el alto incremento de accidentes laborales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1233-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a existencia de una relación de beneficiarios de los programas de fomento al empleo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1234-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a compromiso económico para 1999 para contribuir a la reapertura de NICAS, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1237-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a medidas para resolver la situación sanitaria de Terradillos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1238-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Puente Canosa, relativa a permanencia de botiquín ilegal en Vega de Tera (Zamora), publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1239-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jesús Cuadrado Bausela, relativa a apertura de diligencias por hechos relacionados con certificación y pagos del Gobierno Regional a la empresa HERTASA, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1242-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, relativa a causas de la virtual desautorización de la Consejería competente en materia de traspaso de la Enseñanza No Universitaria y de la Consejera Presidenta de la Sección Castellano y Leonesa de la Comisión Mixta de Transferencias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

P.O. 1243-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, relativa a compromiso de entrevista concertada sobre la reapertura de NICAS, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

Interpelación, I. 76-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, relativa a política sobre repercusiones de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 264, de 6 de noviembre de 1998.

Interpelación, I. 88-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general sobre vertidos contaminantes, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 293, de 3 de marzo de 1999.

Interpelación, I. 89-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, relativa a política en materia de instrumentos para la intermediación en el 031mercado de trabajo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 296, de 16 de marzo de 1999.

Moción, I. 69-II, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, relativa a política general en materia de energía en la Comunidad Autónoma, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 247, de 21 de septiembre de 1998 publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 297, de 18 de marzo de 1999.

Moción, I. 85-II, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a traspaso de Funciones y Servicios en materia de Enseñanza No Universitaria, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 291, de 24 de febrero de 1999 publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 297, de 18 de marzo de 1999.

Moción, I. 86-II, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a financiación de las Universidades Públicas por parte de la Junta de Castilla y León, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 291, de 24 de febrero de 1999 publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 297, de 18 de marzo de 1999.

Proposición No de Ley, P.N.L. 1090-I, presentada por el Procurador D. Joaquín Otero Pereira, instando del Gobierno de la Nación la compensación económica a provincias productoras de energía eléctrica, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 285, de 5 de febrero de 1999.

Proposición No de Ley, P.N.L. 1094-I, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a homenaje al escritor D. Gonzalo Torrente Ballester, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 291, de 24 de febrero de 1999.

Proposición No de Ley, P.N.L. 1095-I, presentada por el Procurador D. Joaquín Otero Pereira, relativa a solicitud al INSALUD de un Servicio de Urgencias Sanitarias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 291, de 24 de febrero de 1999.

Proposición No de Ley, P.N.L. 1096-I, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a adopción de medidas en materia de seguridad minera, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 291, de 24 de febrero de 1999.

Proposición No de Ley, P.N.L. 1103-I, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a presentación de una propuesta de iniciativas tendentes al cumplimiento del artículo 41.1 del Estatuto de Autonomía, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, N.º 294, de 10 de marzo de 1999.

Debate de totalidad del Proyecto de Ley de Cooperativas de Castilla y León.

Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el Proyecto de Ley de Urbanismo de Castilla y León.

SUMARIO:

Se reanuda la sesión a las diez horas cuarenta minutos.

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, reanuda la sesión.

- Decimotercer punto del Orden del Día. PNL 1103-I El Secretario, Sr. Fernández Merino, da lectura al decimotercer punto del Orden del Día.

Intervención del Procurador Sr. González González (Grupo Socialista) para retirar la Proposición No de Ley.

- Decimocuarto punto del Orden del Día. Debate de Totalidad PL 41.

El Secretario, Sr. Fernández Merino, da lectura al decimocuarto punto del Orden del Día.

Intervención del Sr. Villanueva Rodríguez, Consejero de Industria, Comercio y Turismo para la presentación del Proyecto de Ley.

Intervención del Procurador Sr. Granado Martínez (Grupo Socialista) para la defensa de la Enmienda de Totalidad presentada por su Grupo.

En turno en contra, interviene Procurador Sr. Abad Raposo (Grupo Popular).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Granado Martínez (Grupo Socialista).

En turno de dúplica, interviene Procurador Sr. Abad Raposo (Grupo Popular).

En turno de fijación de posiciones, interviene el Procurador Sr. Conde Valdés (Grupo de Izquierda Unida).

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, somete a votación la Enmienda a la Totalidad debatida. Es rechazada.

- Decimoquinto punto del Orden del Día. Aprobación por el Pleno Pl 35.

El Secretario, Sr. Aguilar Cañedo, da lectura al decimoquinto punto del Orden del Día.

Intervención del Procurador Sr. Sánchez Vicente (Grupo de Izquierda Unida) para la defensa de las Enmiendas mantenidas por su Grupo para su defensa en Pleno.

En turno en contra, interviene la Procuradora Sra. Alzola Allende (Grupo Popular).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Sánchez Vicente (Grupo de Izquierda Unida).

En turno de dúplica, interviene la Procuradora Sra. Alzola Allende (Grupo Popular).

Intervención del Procurador Sr. De Meer Lecha-Marzo (Grupo Socialista) para la defensa de las Enmiendas mantenidas por su Grupo para su defensa en Pleno.

En turno en contra, interviene el Procurador Sr. Huidobro Díez (Grupo Popular).

En turno de réplica, interviene Procurador Sr. De Meer Lecha- Marzo (Grupo Socialista).

En turno de dúplica, interviene el Procurador Sr. Huidobro Díez (Grupo Popular).

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, somete a votación la Enmienda número 2 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; es aprobada por asentimiento. Somete, igualmente, a votación las restantes Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; son rechazadas. Somete a votación, igualmente, los Votos Particulares a las Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

Intervención del Procurador Sr. Huidobro Díez (Grupo Popular).

Intervención del Procurador Sr. De Meer Lecha-Marzo (Grupo Socialista).

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, somete a votación el Voto Particular del Grupo Socialista a la Enmienda 55 del Grupo Parlamentario Popular; es aprobado por asentimiento. Somete a votación los restantes Votos Particulares del Grupo Socialista; son rechazados. Somete a votación la Enmienda número 250 del Grupo Parlamentario Socialista; es aprobada por asentimiento. Tras la lectura del texto transaccional a la Enmienda número 178 del Grupo Socialista, lo somete a votación; es aprobado. Por último, somete a votación las restantes Enmiendas del Grupo Socialista; son rechazadas.

En turno de explicación de voto, interviene la Procuradora Sra. Pérez Martínez (Grupo Mixto).

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, somete a votación el Proyecto de Ley en su conjunto; es aprobado.

Intervención del Sr. Jambrina Sastre, Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las trece horas cinco minutos.

TEXTO:

(-p.6212-)

(Se reanuda la sesión a las diez horas cuarenta minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Buenos días, señoras, señores Procuradores. Se reanuda la sesión. El señor Secretario dará lectura al decimotercer punto del Orden del Día que nos va a ocupar.

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EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO): Decimotercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a presentación de una propuesta de iniciativas tendentes al cumplimiento del Artículo 41.1 del Estatuto de Autonomía".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación de la Propuesta, en nombre de su Grupo, señor González, don Jaime, tiene la palabra.


GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Sí, señor Presidente. El día cuatro de mayo comienza la fase de audiencia, ante el Tribunal de Justicia de la Unión, del recurso prejudicial interpuesto por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que aceptó varias demandas -entre ellas, la de la Comunidad Autónoma de La Rioja- sobre las normas de las Diputaciones Forales en materia de Impuesto de Sociedades y de bonificación de empresas.

El motivo de ese... de esa vista es examinar la autonomía de la Ley del Concierto para hacer determinadas políticas. La Junta de Castilla y León no está presente en ese proceso.

En este momento de la intervención, señor Presidente, anuncio dos cosas: en primer lugar, con toda probabilidad convocaremos la... pediremos la convocatoria de la Diputación Permanente después del cuatro de mayo, para poder tratar de llegar a la formación de una voluntad regional en esa materia, por última vez. Y en el mismo... en la misma intervención, retiramos, señor Presidente, la Proposición No de Ley, porque no parece prudente que en este Parlamento ya le pidamos a la Junta que presente nada, cuando eso yo creo que al final tendrá que ser responsabilidad del nuevo Gobierno que salga de las urnas el trece de junio.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Queda, pues, retirada, la Proposición de Ley. Pasamos, entonces, al decimocuarto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO): Decimocuarto punto del Orden del Día: "Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de Cooperativas de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para presentar el Proyecto de Ley, por la Junta, tiene la palabra el señor Consejero de Industria, Comercio y Turismo.


VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Señorías, como conocen, desde julio del año noventa y cinco, la Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene plenas competencias en materia de cooperativas, al completarse en esa fecha el proceso de transferencias en ese ámbito.

Las sociedades cooperativas integradas dentro de la denominada "economía social" impulsan iniciativas empresariales valiosas desde el punto de vista económico y social, al ser capaces de integrar en su funcionamiento intereses contrapuestos derivados, por un lado, de su propia actividad empresarial y, por otro, del trabajo desarrollado por los socios para la satisfacción de necesidades de intereses socioeconómicos comunes, sirviendo al mismo tiempo a la Comunidad.

Su funcionamiento democrático y su vocación social convierten al cooperativismo en uno de los elementos vertebradores de la sociedad, al propiciar no sólo la creación de riqueza -parte de la cual revierte a la Comunidad y a los propios socios-, sino también la aparición de un conjunto de relaciones sociales basadas en la solidaridad, que crean vínculos que van más allá de la mera satisfacción de intereses particulares.

Como organizaciones económicas y sociales que desarrollan su función en un sector intermedio entre sector público y el privado, las sociedades cooperativas generan bienes y servicios, y simultáneamente consiguen mejoras sociales importantes mediante la creación de empleo.

El empleo -como bien conocen Sus Señorías- es un objetivo prioritario para el Gobierno Regional y debe necesariamente fomentarse allí donde se genere. Así, el cooperativismo constituye un marco idóneo para generar empleo y reconstruir el tejido económico y social de Castilla y León, al armonizar en el ámbito empresarial aspectos socioeconómicos que serían incompatibles en cualquier otro tipo de empresa que, por definición, basara sus fines exclusivamente en la obtención de beneficios, lo que finalmente le atribuye una capacidad de adaptación a la realidad y al mercado más elevada que el de las sociedades mercantiles.

Todo lo anteriormente señalado determina que la Administración Autonómica sea especialmente receptiva a las necesidades de este sector socioeconómico. De esta manera, hemos venido celebrando distintos encuentros y jornadas que nos han permitido abordar los diferentes problemas que tiene el cooperativismo en nuestra Región, tanto desde el punto de vista empresarial -en función de su actividad- como desde el marco jurídico societario que representa la cooperativa, y en el que se han aportado ideas, propuestas, que nos han servido para alumbrar la elaboración de este Proyecto de Ley de Cooperativas de Castilla y León que hoy les presento, adaptado a las peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma.

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El Proyecto de Ley se basa en los principios de solidaridad y gestión democrática en las sociedades a las que trata de prestar acogida y apoyo, y pretende ser el instrumento legal regulador del régimen jurídico de las sociedades cooperativas del ámbito de nuestra Comunidad, en ejercicio de la competencia exclusiva reconocida en el actual Artículo 32, punto 23, de nuestro Estatuto de Autonomía; dando así cumplimiento al mandato establecido en el Artículo 129, apartado 2, de la Constitución, que ordena a los poderes públicos el fomento de las sociedades cooperativas mediante la adopción de una legislación adecuada y el apoyo decidido a la creación y desarrollo de éstas.

Este Proyecto de Ley se convierte en el instrumento de ordenación de las cooperativas, tratando de conjugar la adecuada coordinación con la normativa estatal y la de otras Comunidades Autónomas de aquellas fórmulas que sean más adecuadas para la realidad social, económica y territorial de Castilla y León, plasmando exigencias presentes y tratando de anticiparse a las demandas futuros... futuras de este tipo de empresas.

El texto de este Proyecto ha sido informado por distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León, por las organizaciones representativas de las cooperativas, así como por el Consejo Económico y Social, habiéndose incorporado al mismo muchas sugerencias y observaciones que se han ido aportando.

Consta de ciento cincuenta y un artículos estructurados en cuatro Títulos, así como tres Disposiciones Transitorias, una denegatoria... Derogatoria y tres Disposiciones Finales.

El Título Primero basa la rúbrica... bajo la rúbrica "De la Sociedad Cooperativa. Normas comunes", se estructura en diez Títulos, constituyendo la parte sustancial en la que se contienen los principios conceptuales, las directrices sobre la creación, desarrollo, disolución y liquidación, así como las normas mínimas relativas a la composición y funcionamiento de sus órganos de Gobierno.

De este Título merecen destacarse como novedades, respecto a la legislación estatal, las siguientes: el concepto de cooperativa, en consonancia con la tendencia actual menos organicista y de remisión a la autonomía de la voluntad de las partes; así se formula una concepción amplia de cooperativa, sin negar a ninguna actividad económica o social la posibilidad de constituarse... de constituirse en cooperativas.

Por lo que respecta a las entidades que van a quedar sujetas a la Ley Autonómica, han de tener en la Comunidad su domicilio social, el carácter preferente de actividad intrasocietaria y su dirección administrativa; la denominación de las "sociedades cooperativas de Castilla y León", ya que deberán añadir a su nomenclatura la abreviatura "C y L". El capital social mínimo para constituirse se fija en la cantidad de 500.000 pesetas o su equivalente en moneda europea.

En cuanto al número de socios, y siguiendo la tendencia de que este número sea cada vez menor, se reduce a tres; y se admiten personas jurídicas, públicas o privadas; matizando esta admisión y limitando el capital que puedan tener estas personas respecto al total, y limitando el número de votos que puedan tener respecto a los integrantes de la asamblea.

Del Capítulo relativo a la Creación de la Cooperativa, cabe destacar, de conformidad con lo establecido en el Artículo 87.3 y 90 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada... las Sociedades Mercantiles de Responsabilidad Limitada podrán transformarse en sociedades cooperativas. Del mismo modo, podrán transformarse las sociedades agrarias de transformación, las sociedades laborales, civiles y mercantiles, o cualquier agrupación de interés económico con sujeción al procedimiento que se establezca para cada una de ellas en su normativa específica. Se refuerza la posibilidad de acudir al procedimiento simplificado para la constitución de la cooperativa, haciéndolo obligatorio también en cooperativas de tres socios.

En el apartado dedicado al Registro, he de señalar, en primer lugar, que el Registro se configura como un órgano administrativo único adscrito a esta Consejería... a la Consejería competente en materia laboral, y que tendrá facultades constitutivas y declarativas. En la organización del Registro se establecen secciones provinciales competentes en todo relativo a las cooperativas de ámbito provincial y una sección central competente en las cooperativas de ámbito interprovincial o regional.

Asimismo, se refuerza su función de coordinación con el Registro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y con el de otras Comunidades Autónomas, así como con el Registro Mercantil.

Por lo que se refiere al desarrollo de sus funciones, se amplían englobando, junto a las tradicionales, también las de habilitación y legalización de los libros de las cooperativas, depósito y publicidad de documentos contables y emisión, junto con el Registro de Cooperativas del Estado de la certificación negativa de denominación.

Se simplifica la documentación a presentar en el Registro, reduciendo las copias a presentar para la inscripción registral a una copia autorizada y dos simples.

En cuanto a los plazos que tendrá la Administración para efectuar la calificación previa y la adscripción registral definitiva, se fija el plazo de un mes, una vez completado todo el expediente. De no recaer resolución expresa, se entenderá el silencio como negativo.

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En el Capítulo dedicado a los Socios, se acogen a las siguientes novedades. En relación a las personas que pueden ser socios, se adoptan tres tipos de socios nuevos: el denominado socio de aportación de capital, el socio inactivo y el socio temporal. Se establecen dos límites en la regulación del socio de aportación de capital, para evitar que un solo socio tenga un peso superior a la mayoría. La suma de las aportaciones de este tipo de socio no puede exceder del 45%; su representación en número de votos no podrá exceder del tercio del total de votos de la Asamblea; y se unifican los plazos para la adquisición de la condición de socios, evitando la heterogeneidad existente actualmente.

El Proyecto añade a las causas de la baja obligatoria de los socios la relativa al incumplimiento de las aportaciones obligatorias en los plazos establecidos.

En las normas de disciplina social se prevé que cuando el comportamiento infractor del socio respecto a la cooperativa aparezca tipificado como delito en el Código Penal, y si resultara el socio condenado, causará baja de forma obligatoria.

En el Capítulo relativo a los Órganos de la Sociedad, se recoge la obligatoriedad de la existencia de un Comité de Recursos en cooperativas de más de cien socios, con el fin de descargar al Consejo Rector y a la Asamblea del enjuiciamiento de las reclamaciones de los mismos.

Se admite como una nueva figura la del Administrador Único, en sustitución del Consejo Rector, si lo prevén los Estatutos, en las cooperativas de menos de diez socios. Se conceden nuevas competencias a la Asamblea General en materia económica, como es la relativa a la aprobación y ratificación de operaciones de crédito, sean o no hipotecarias.

Se establece la supresión de las incompatibilidades entre los miembros de intervención y los órganos de gestión. Se ha introducido esta fórmula contemplando la composición de algunas sociedades cooperativas de pequeño tamaño, constituidas por grupos familiares que, de mantenerse la incompatibilidad, haría imposible la designación de Interventores entre los socios, obligándose a la utilización de órganos externos, con lo que ello implica de posible carestía y de incremento respecto de los aspectos administrativos burocráticos.

El Proyecto de Ley, manteniendo el criterio general de autonomía a voluntad de los socios, remite al Estatuto la posibilidad de creación de órganos colegiados concurrentes con los de carácter obligatorio, determinándose su composición y funciones en el Estatuto que los contemple.

Se introduce la regulación de la figura del Director, a la que se dota de atribuciones gestoras, también... tan necesarias hoy, a fin de conseguir la disponibilidad de capacidad técnica suficiente y la agilidad precisa para lograr la máxima eficacia empresarial.

En cuanto al Capítulo destinado al Régimen Económico de la Sociedad, he de destacar que, dentro del mismo, la más destacada novedad se contiene en el Artículo 68 bajo la rúbrica de "Otras formas de financiación externa", que, en paralelismo con otras figuras semejantes de otras leyes autonómicas, prevé que la cooperativa se nutra financieramente de recursos ajenos a través de títulos participativos, cuya misión corresponde a la Asamblea General que determina las condiciones de las mismas.

Otra novedad es la previsión de la constitución de un fondo de la Administración General de la Junta de Castilla y León, al que necesariamente habrán de ir destinados los remanentes que, una vez liquidada la cooperativa, existieran en los fondos cooperativos de la misma y que no hubieran... se hubieran puesto a disposición de la entidad financiera a la que estuviera asociada la cooperativa.

Por lo que se refiere a la Fusión, Escisión y Transformación, detalla el Capítulo correspondiente de este Proyecto múltiples posibilidades que el nuevo marco legal y el dinamismo de la realidad económica actual ofrece. Por ello, se regulan detalladamente las formalidades mínimas a las que estarán sujetas las transformaciones de la sociedad cooperativa en sociedad mercantil de responsabilidad limitada, anónima, así como al proceso de fusión, escisión, segregación y absorción.

Por lo que se refiere a las clases de cooperativas, merece ser destacado que la clasificación de las cooperativas opta por la fórmula de la mayor amplitud o libertad en cuanto a que establece la posibilidad de que las empresas puedan constituirse bajo el régimen jurídico de sociedades cooperativas, cualquiera que sea su actividad económica social, aunque no aparezca específicamente designada la clase de cooperativa entre el catálogo de modalidades incorporado a la Ley.

La proyectada Ley, Señorías, establece -desde el punto de vista de actividad- también las siguientes novedades: por un lado, no se incluyen -como es lógico- la regulación de la cooperativa del mar; por otro lado, se incluyen las de trabajo asociado, de iniciativa social, las cooperativas mixtas y las integrales, y las clasificadas por su actividad de promoción social.

El Título III, bajo la rúbrica "De las Cooperativas y la Administración", dedica sus artículos... cinco artículos, a fijar las directrices mínimas que la Administración debe utilizar en la supervisión del cumplimiento de la normativa jurídica aplicable.

En él se establecen las graduaciones de las infracciones con especificación de los órganos a los que se atribuye la competencia para imponer sanciones, así como el importe de las sanciones pecuniarias y las garantías frente a la arbitrariedad que pudiera darse en el desarrollo de la vida societaria.

Por último, en la norma reguladora del derecho transitorio destacan las referentes a la obligación y adaptación de los estatutos de las sociedades de cooperativas a la futura Ley y la liquidación de las sociedades cooperativas que no realicen.

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Y entre las Disposiciones Finales se prevé el plazo de tres meses para la entrada en vigor de la Ley y de seis para el desarrollo reglamentario del Registro de Cooperativas, así como la previsión de carácter supletorio de la legislación del Estado en la materia no regulada por este Proyecto de Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Consejero. Pasamos al debate y votación de la Enmienda a la Totalidad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, proponiendo la devolución de este Proyecto de Ley a la Junta. En favor de la Enmienda y en nombre de su Grupo, señor Granado tiene la palabra.


GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. El Grupo Socialista ha presentado esta petición de devolución del Proyecto de Ley de Cooperativas a la Junta y ciento cincuenta enmiendas parciales -yo creo que lo hemos hecho siempre que la Junta de Castilla y León ha presentado un Proyecto de Ley; de hecho, las enmiendas parciales configuran casi casi, a veces, un texto alternativo, títulos enteros de la ley, etcétera-, en el afán de que este Proyecto de Ley pudiera ser un buen texto legislativo para la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Pero la verdad es que, Señorías, no puedo por menos de poner de manifiesto el carácter de ópera bufa que tiene este punto del Orden del Día que estamos discutiendo ahora. Ya en la pasada Legislatura la Junta de Castilla y León nos sorprendió con la presentación de un Proyecto de Ley de Régimen Local el último Pleno del periodo de sesiones, que el entonces Consejero, señor Huidobro, presentó y retiró en el mismo acto parlamentario. Pero como toda situación, por mala que sea, nos dice la Ley de Murphy que es susceptible de empeorar, en esta Legislatura no vamos a dejar de discutir la Ley de Cooperativas; vamos a dejar de discutir la Ley de Cooperativas que no se va a aprobar. No vamos a aprobar el Proyecto de Ley del Parque Natural de Fuentes Carrionas. No vamos a aprobar el Proyecto de Ley de Patrimonio. No vamos a aprobar el Proyecto de Ley del Parque Natural de las Batuecas. No vamos a aprobar el Proyecto de Ley que define como espacio natural el Sabinar de Calatañazor. No vamos a aprobar la Ley de Estadísticas, que es una ley muy importante, que figuraba explícitamente en el programa electoral del Partido Popular en esta Legislatura. No vamos a aprobar el Proyecto de Ley de Patrimonio. Y, a más a más -que diría un catalán-, la Junta de Castilla y León se ha permitido el lujo -o el bochorno, yo diría- de, en el último Consejo de Gobierno, remitir a las Cortes un nuevo Proyecto de Ley, el Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos que, con un poco de suerte, éste ni siquiera va a ser, no ya aprobado, no va a ser ni publicado.

Y, ¡hombre!, yo creo que el Parlamento es una institución un poco seria, ¿no? Y que para dar a la gente que nos elige aquí y que nos coloca en esta... en este lugar en representación de sus intereses, para dar a la gente la ilusión de que servimos para algo, nos lo tenemos que tomar en serio, en primer lugar, nosotros mismos. Y cuando presentamos proyectos de ley que se sabe que no se van a aprobar, estamos desmereciendo al Parlamento y estamos tomándonos a nosotros mismos a cachondeo.

Porque, mire usted, señor Villanueva, yo le agradezco mucho el discurso que ha hecho usted. Pero usted es absolutamente consciente de que este discurso es un gesto absolutamente inútil. Como el mío; absolutamente inútil. Estamos hablando de una ley que nunca se va a aprobar. Se aprobará en la próxima Legislatura, con el Gobierno que toque en suerte a esta Comunidad Autónoma por la voluntad de los ciudadanos, y, desde luego, no va a servir para nada, ni el debate ni la presentación de enmiendas, ni la presentación del proyecto que hemos realizado aquí. Y los gestos inútiles, pues son gestos que, en un Parlamento, pues son gestos peligrosos; son gestos que, al final, traducen un mensaje a los ciudadanos, y es el mensaje de que esta institución no sirve y no vale.

Y yo creo que ustedes están empeñados en transmitir a los ciudadanos la sensación de que las Cortes de Castilla y León no sirven y no valen. Porque, si no, díganme ustedes para qué estamos discutiendo una ley que no se va a aprobar. Y no tiene explicación; esto no tiene ninguna explicación.

Fíjense ustedes si estamos rozando el límite de lo absurdo, que da igual lo que vayamos a votar. Yo ahora retiro la Enmienda a la Totalidad y da lo mismo. Si la Enmienda a la Totalidad va a prosperar. Si el Proyecto de Ley no va a ser aprobado. Si cuando la Junta de Castilla y León lo remitió a las Cortes, ya sabía que no iba a ser aprobado, ya sabía que la Enmienda a la Totalidad iba a prosperar. Porque la finalidad de la Enmienda a la Totalidad es que este Proyecto de Ley no prospere; y este Proyecto de Ley no va a prosperar.

Entonces, me puedo permitir el lujo de marcharme de la tribuna diciendo: "queda retirada la Enmienda a la Totalidad". He ganado igual. El señor Jambrina decía ayer que iba con la bandera olímpica de no sé dónde a las elecciones, pues yo voy con la bandera olímpica de saber que el Proyecto de Ley de Cooperativas no va a prosperar.

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Pero es que el señor Villanueva sabe perfectamente que les va a hacer ustedes votar en contra de una Enmienda a la Totalidad, y les va a hacer a ustedes votar una cosa que, en la práctica, no va a tener ningún efecto. Porque ustedes van a votar en contra de que el Proyecto de Ley se devuelva al Gobierno, sabiendo que el Proyecto de Ley se va a devolver al Gobierno en cualquier caso. Y, entonces, si estamos en una situación tan absurda que, casi casi, estamos todos aquí haciendo el ridículo -el Consejero ha hecho el ridículo hablando cuarenta minutos; y yo voy a hacer el ridículo hablando diez minutos (o sea, cuatro veces menos)-, pues me contarán ustedes por qué se han empeñado en hacer... en hacernos pasar por el trago de presentar en las Cortes de Castilla y León, en los últimos tres meses de la Legislatura, diez o doce proyectos de ley, hasta la semana pasada, que no se van a aprobar en las Cortes, porque las Cortes no ganan prestigio con esto, precisamente.

En conclusión: éste es un tema importante, además. Llevan ustedes gobernando doce años y han descubierto ahora que hay que hacer una ley de cooperativas; pues, arrepentidos les quiere el Señor, más vale tarde que nunca. Han presentado un Proyecto que tiene algunos apartados positivos; muchos apartados negativos. Fundamentalmente lo positivo que tiene es lo que tiene de copiado de la Ley de Cooperativas socialista de hace cinco o seis años. En lo que se aparta de lo que era el Proyecto de Ley de Cooperativas que ha estado en vigor hasta... y que está en vigor en estos momentos -en estos momentos las Cortes Generales discuten un nuevo Proyecto de Ley de Cooperativas-, la Ley se equivoca, tiene problemas clamorosos (por ejemplo, no permitiría hacer viviendas de protección oficial a las cooperativas, o no tiene ni un solo título de fomento del cooperativismo); pero es un Proyecto de Ley tan importante que merece la pena discutirlo para que sirva para algo. Y, por lo tanto, yo no le voy a dedicar ni medio minuto más de mi intervención a discutir un Proyecto de Ley que no va a servir para nada.

Yo creo que ustedes tienen que reflexionar sobre el uso que están haciendo de las facultades y las potestades que le confiere al Gobierno de esta Comunidad Autónoma el Estatuto de Autonomía. Este tipo de espectáculos no son edificantes. Y este tipo de espectáculos tampoco les vienen bien a ustedes. Porque, al final, ¿qué intentan conseguir con estas pantomimas? ¿Que cuando se haga la estadística de los proyectos de ley remitidos por la Junta de Castilla y León a las Cortes de Castilla y León, se diga que en vez de veinticinco han sido treinta y dos? ¿Que siete no se han podido aprobar porque el Parlamento no se ha podido reunir para aprobarlos? Pero si da igual, si nadie les va a dejar de votar de ustedes porque presenten cinco o seis proyectos de ley más o menos; les dejarán de votar por su gestión sobre las cooperativas. Y la gestión sobre las cooperativas no va a mejorar en nada gracias a este Proyecto de Ley; porque este Proyecto de Ley, pues, no va a ver la luz, no va a pasar del Boletín Oficial de las Cortes al Boletín Oficial de Castilla y León.

Yo creo que tienen que reflexionar ustedes sobre cómo es posible que temas que consideraban urgentes en su programa electoral hace cuatro años, pues se hayan pasado ustedes cuatro años sin enviarlos a la Cámara y, luego, ahora, deprisa y corriendo, pues queramos hacer de ello una bandera: el patrimonio, la estadística, las cooperativas o la protección de los espacios naturales de Castilla y León.

Y yo creo que tenemos que reflexionar todos, señor Presidente, sobre la posibilidad de que en la próxima Legislatura, si contamos por fin con un Reglamento que permita a esta Institución servir mejor a los ciudadanos, impedimos reglamentariamente que puedan tramitarse proyectos de ley en esta Cámara sin tener la seguridad mínima o, por lo menos, un cierto atisbo de seguridad de que los proyectos de ley pueden ser razonablemente aprobados. Porque esto es una vergüenza. Presentar proyectos de ley ante el Parlamento para que no sean aprobados es una vergüenza. Y ustedes pueden hacer las desvergüenzas que quieran -permítanme la expresión, que es un poco dura, pero sin ningún matiz peyorativo- en sus actividades partidarias; pero no tienen derecho a utilizar esta Institución, que es la Institución de todos los ciudadanos, para ponernos a todos haciendo el bufón. Porque esto sí es una bufonada -no lo de ayer, cuando el Consejero de Medio Ambiente hablaba de bufonadas; pero esto sí es una bufonada-.

Y, desde luego, es bastante lamentable que tengamos que despedirnos en el último Pleno del periodo de sesiones de la actual Legislatura hablando de cosas como éstas.

A mí me hubiera gustado poder hacer una intervención, pues, más amable; yo, que creo que es la última vez que subo a esta tribuna en este periodo de sesiones, les deseo a todas Sus Señorías del Partido Popular, a mis compañeros del Grupo Socialista -ya lo saben- lo mejor en su vida personal para la próxima Legislatura -no les puedo desear éxitos políticos porque no les voy a desear ninguno; pero, desde luego, en las cuestiones personales, ya saben ustedes que cuentan con mi afecto y mi consideración-; pero, desde luego, no puedo por menos de poner de manifiesto que esta Legislatura, este Proyecto de Ley tan fallido, este Proyecto de Ley que ha visto interrumpida su tramitación parlamentaria por el fin de la Legislatura, no es sino un colofón bastante representativo de lo que está sucediendo en las Cortes de Castilla y León y lo que esperamos que deje de suceder a partir del trece de junio.

En consecuencia, señor Presidente, pues, no sé muy bien si debo o no debo retirar la Enmienda a la Totalidad; estoy en una duda absolutamente metafísica. Sé que la Enmienda a la Totalidad va a triunfar aunque sea votada en contra por Sus Señorías del Partido Popular. No deseo hacerles pasar el mal trago de votar algo que saben perfectamente que no se va a corresponder con el sentido final de la decisión parlamentaria. Pero me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes. Yo creo que van a decir que como el Proyecto de Ley de Cooperativas es magnífico, pues van a votar en contra de la Enmienda a la Totalidad. Si es magnífico ¿por qué en doce años no fueron ustedes capaces de aprobarlo? ¿Por qué en doce años no fueron ustedes capaces de aprobarlo?

Y, al final, pues nos vamos a encontrar todos con que seguimos representando un papel que se parece cada vez más al papel de un teatro, y cada vez menos al papel de la representación política que deberíamos jugar en estas Cortes. Nada más y muchas gracias.

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EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para un turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, don Porfirio Abad tiene la palabra.


ABAD RAPOSO

EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Gracias, señor Presidente. La verdad, señor Granado, me ha sorprendido un poco el tema, su discurso; la verdad, no lo esperaba. No lo esperaba, puesto que ya habíamos comentado, efectivamente, que es una Ley que viene un poco tarde; pero usted sabe que lleva tres meses y nos hemos estado con las enmiendas bastante tiempo. Y si hubiéramos querido llegar a un consenso, esta Ley había salido. Porque esta Ley usted sabe que tiene mucho interés en que viniera a la Cámara; y ha llegado, y ha llegado. Y si hubieran tenido interés en sacarla, la habíamos sacado, la habíamos sacado.

El problema, bueno, ¿pues que hoy hay que cumplir el debate a la Enmienda a la Totalidad? Muy bien. Pero, mire usted, las Cortes deben seguir trabajando hasta el último momento; y, si ha venido hoy, es porque lo ha estimado la Junta de Portavoces, y ahí tienen ustedes un representante. Por tanto, vamos a cumplir con el trámite.

Y el trámite es una Enmienda a la Totalidad. Que usted no ha dicho nada de la Ley de Cooperativas; yo algo diré -no mucho tampoco, puesto que no ha lugar-; pero, vamos, perdóneme que discrepe totalmente de sus opiniones.

En primer lugar, la Junta sigue enviando proyectos, porque la Junta sigue trabajando; le puedo recordar que éste es el séptimo proyecto de la Consejería de Industria, el séptimo Proyecto de Ley -que son los que se habían previsto en el programa- y es el último que ha entrado. Pero que, de todas formas, pudiera haber dado lugar a llegar a un consenso.

Usted habla, en lo que dice el escrito de la Enmienda presentada en el Registro -de Totalidad-, se refiere a que es una mala copia de la ley nacional. Discrepamos totalmente en esto. Efectivamente es una Ley bastante extensa, de ciento cincuenta y un artículos, superior a la nacional, pero que ha recogido un montón de sugerencias. Precisamente usted sabe que había ciertos estamentos muy interesados en sacar este texto adelante; concretamente me estoy refiriendo a las asociaciones agrarias, con los cuales ustedes, igual que nosotros, hemos tenido reuniones.

Y sí que le quiero decir que, mire usted, en cuanto a su Enmienda de Totalidad -en lo que ha escrito, porque no lo ha dicho aquí-, pues, en España, el cuadro normativo de la sociedad cooperativa es bastante... bastante complejo, la verdad; la propia Constitución Española lo dice. En el Artículo 19.2 habla de que "los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación de la empresa y fomentarán, además, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas". Otra vez el Artículo 149.1.6 de la Constitución nos lo vuelve a decir. Hay una normativa estatal sobre cooperativas: la Ley de Cooperativas del año ochenta y siete. Hay un proyecto ahora en el Parlamento Nacional que está pendiente de tramitación. Y, por otra parte, las leyes autonómicas, entre las que se encuentra este Parlamento, con competencias exclusivas en materia de cooperativas.

La normativa estatal es dictada por el Estado, también figura como legislación aparte, y tiene competencia exclusiva sobre determinadas materias -y me estoy refiriendo a casos concretos sobre normativa de crédito, de bancas o de seguros- y que, de alguna manera, su aplicación es obligada en todo el territorio nacional. La Ley de Cooperativas, indudablemente, ha de recoger necesariamente aspectos comunes de los que no podrá apartarse porque, tanto a nivel estatal como autonómico, han de considerarse.

Yo no voy a repetir toda la exposición de la Ley que ha hecho el Consejero, puesto que no ha lugar aquí. Y sí, por ejemplo, decirle que la clasificación de cooperativas está directamente relacionada con la protección fiscal a la misma y, al estar fiscalmente protegidas en función de la clasificación, cualquier innovación en este sentido podría dar lugar a una... a un desagravio fiscal que usted enumera en su Enmienda de Totalidad.

Los principios esenciales y los contenidos mínimos de las cooperativas han de ser los mismos, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. La adhesión ha de ser voluntaria y abierta; eso se especifica claramente; es común en el tema estatal y autonómico. La gestión democrática por parte de los socios es otro de los principios, así como la participación económica y la autonomía e independencia. Estos principios están recogidos en esta Ley de Cooperativas de Castilla y León y, evidentemente, en el Proyecto estatal de la Ley de Cooperativas.

Sí quiero manifestar que se incorporan al Proyecto de esta Ley de Cooperativas aspectos novedosos que se han venido aportando en los últimos años por legislaciones autonómicas más avanzadas, e incidiendo en el aspecto que permita a las cooperativas funcionar en el mercado en condiciones de igualdad que el resto de empresas con las cuales van a competir.

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En este texto de Ley que se incorpora -a nuestro juicio, a nuestro Grupo- hay aportaciones propias y novedosas. Hay la fijación de un capital social mínimo de 500.000 pesetas; nosotros, de hecho, hemos presentado una enmienda parcial para rebajarla a 300.000, atendiendo una sugerencia de las cooperativas agrarias. Se recogen varios tipos posibles de socios. Se regula, así mismo, la figura del director de cooperativas, dotándole de funciones de gestión para lograr la máxima eficacia empresarial. Y se incrementan las posibilidades de formar unidades de cooperativas, reduciendo el número de cinco a tres.

Por otra parte, se agiliza el proceso de creación de cooperativas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León al reducir el número de socios necesarios y la posibilidad de acudir a un proceso simplificado. Y, así mismo, se refuerza el carácter demográfico... democrático, concediendo nuevas competencias a la Asamblea General en materia económica.

Otro tema que usted alude en su Enmienda a la Totalidad es la materia de incentivos fiscales. Y sí quiero manifestar aquí que existe una regulación estatal de obligado cumplimiento, a través de la Ley 20/90, sobre el régimen fiscal de las cooperativas, así como en la normativa del Impuesto de Actividades Económicas.

Por otra parte, sí quiero manifestar y recordarle que la Junta de Castilla y León no tiene competencias para regular esta materia, y es aplicable, con carácter supletorio, la Ley estatal de Cooperativas.

En materia de incentivos al movimiento cooperativo, el Proyecto de Ley asume, en su Artículo 139, el mandato constitucional del Artículo 129 de la Constitución para la promoción, desarrollo y estímulo de este tipo de sociedades. Esta faceta también se contempla en la futura reglamentación.

En cuanto a la regulación del Registro de Cooperativas que usted alude también en su Enmienda de Totalidad, se recoge lo dispuesto en el Decreto de mil novecientos noventa y siete por el que se crea el Registro de Sociedades Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que establece su organización y principios básicos, introduciendo una mayor simplificación del funcionamiento y una mayor rapidez.

Y, de acuerdo con estos principios, es más oportuno -a nuestro juicio, y nuestro Grupo Parlamentario- regular el funcionamiento concreto del Registro mediante un reglamento específico. Se prevé un plazo -ya lo ha dicho el Consejero- de seis meses. Y así se garantiza una adecuación constante de su funcionamiento a las innovaciones que en materia mercantil, fiscal o procesal pudieran producirse, ya que de su aprobación y meditación es más ágil. Esta actuación es seguida en Comunidades Autónomas con legislación de cooperativas más avanzadas como son Cataluña, el País Vasco y Valencia, que han regulado su Registro de Cooperativas a través de decretos específicos. Por tanto, en el Proyecto de Ley, la regulación del Registro de Cooperativas, se establecen las normas mínimas de su organización, estructura y funcionamiento, y el resto del contenido normativo se plasmará en un futuro Reglamento.

Cuando se propone un cambio en la legislación sí que hay que recordar que, indudablemente, hay riesgos para la seguridad jurídica preexistente, ya que, de alguna manera, hay una innovación respecto a la anterior regulación. Este cambio se atenúa mediante el adecuado régimen transitorio, como el regulado en este Proyecto de Ley de las Cooperativas existentes, y no asumiendo más riesgo para la seguridad jurídica del estrictamente necesario.

En materia de recursos el Proyecto de Ley prevé un sistema ajustado al régimen procesal vigente, y se introduce la posibilidad de entablar el recurso administrativo previo a la vía judicial. El sistema de recursos pretende, de alguna manera, un equilibrio entre la participación democrática y la gestión de la cooperativa sin que se altere su funcionamiento normal.

Por otra parte, en cuanto al régimen de cooperativas de viviendas que usted alude en su Enmienda de Totalidad, el Proyecto de Ley no establece ningún límite al respecto, siendo la definición de posible socio de este tipo de cooperativas totalmente abiertas.

Y, en cuanto al tema de socios colaboradores, no aparecen como tales los socios de aportación de capital, pero sí decirle que la figura del socio -ésta- de aportación de capital sigue un tratamiento de acuerdo con tendencias marcadas por las leyes autonómicas de otras Comunidades, y se conjugan principios de funcionamiento cooperativo con la posibilidad de incrementar recursos financieros. Y, así, se establecen unos límites en cuanto al volumen de capital que no puede exceder del 45% del total; así como la representación en número de votos no podrá exceder al 30% de la Asamblea General.

Esto son algunas de las materias en cuanto a lo que de su Enmienda de Totalidad escrita se deduce. No hemos podido debatir, puesto que usted no lo ha querido; ha estimado conveniente decir otras cosas en esta tribuna y, por tanto... Yo no sé si intervendrá o no; pero, desde luego, nuestra postura es de rechazar nuestra la Enmienda de Totalidad. Nada más.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para consumir un turno de réplica, señor Granado, tiene la palabra.


GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores, pues, como el señor Abad ha consumido cinco minutos más de los que he consumido yo antes, voy a intentar consumirlos a mi vez para aportar mi cuota parte de inutilidad a este debate inútil.

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Mire usted, señor Abad, imagine usted un historiador que dentro de cien años... -ya sabe usted que ésa es mi profesión originaria-, que dentro de cien años intentara reconstruir la historia de la Comunidad Autónoma a través de los debates parlamentarios. Imagine usted que la página de mi intervención queda borrada por el tiempo, que las hojas se amarillean y que... y que, al final, se pierde la tinta. Daría en loco, señor Abad. Daría en loco, porque escucharía al Consejero y le escucharía a usted y, luego, el hombre estaría como loco buscando la Ley de Cooperativas: ¿y dónde está la Ley de Cooperativas?, ¿y dónde está la Ley de Cooperativas? Y la Ley de Cooperativas no estaría, señor Abad. Porque esa intervención, como la del Consejero, son magníficas intervenciones para una ley que no va a ser, para una ley que no va a ser. Esta ley es un nasciturus que nunca va a ver la luz.

Y, en este sentido, señor Abad, de verdad, tómense ustedes más en serio a esta Cámara. Porque ésta es una intervención muy bonita para haberla hecho hace un año; pero en este momento es ridícula, señor Abad. Y estamos haciendo todos el ridículo, colectivamente: estamos discutiendo una Ley que no va a ser nunca aprobada. ¿Se ve más absurdo? ¿Cuál es la función que el Estatuto de Autonomía confiere a estas Cortes? La función del poder legislativo. Pero la función del poder legislativo no es no hacer leyes; es hacerlas. Y, en este caso, no vamos a cumplir nuestra función. La hemos cumplido con la mayor diligencia: usted se ha preparado su discurso, yo le puedo decir que usted y yo nos hemos reunido con representantes del sector, hemos hecho las enmiendas, usted ha visto ciento cincuenta enmiendas del Grupo Socialista... Todos hemos consumido muchísimo trabajo para... que tendrá, probablemente, algún resultado positivo en la próxima Legislatura, pero, en esta Legislatura, ninguno, señor Abad. Y esto no es bueno para el Parlamento. Y, de eso, usted no puede hablarme porque sabe que tengo razón. Y usted habla... pues del registro cooperativo, de la importancia que tiene para las cooperativas no sé qué y no sé cuál, de la importancia de los incentivos; y yo me niego a discutir en esos términos de una Ley que no va a ser aprobada, señor Abad. Y podría hacerlo porque las enmiendas de mi Grupo las he preparado yo, y usted sabe que yo en estos temas suelo también procurar ser diligente.

Pero, fíjese usted, señor Abad, que, para acabar de redondear el espantoso... pues retruécano que supone esta Ley que no va a ser aprobada, que usted ha comentado en su discurso -y con esto termino, señor Presidente- que, claro, los principios del movimiento cooperativo y de la regulación de las cooperativas corresponden al Estado, por legislación estatal y por competencia del Estado; y que, por esa razón, no es posible que determinadas cuestiones, pues queden en la ley regional. Pues es que la acumulación del despropósito en este tema es que en estos momentos se está discutiendo en el Congreso de los Diputados una Ley estatal de Cooperativas, de tal manera que, como el 90% de este Proyecto de Ley es copia literal del Proyecto de Ley nacional de Cooperativas, tenemos que esperar, inevitablemente, a que ese Proyecto acabe su tramitación, porque, entre otras cosas, podríamos estar apartándonos de legislación que pudiera ser básica en algunos de los apartados de nuestra Ley. Porque tenemos absoluta soberanía -digámoslo así-, autonomía, para tramitar una ley de cooperativas de Castilla y León en cualquier momento; pero cuando está cambiando una ley, que es básica en algunos preceptos, en el Congreso de los Diputados, tenemos que esperar a que acabe esta tramitación. Sería lo más prudente. Y en eso también estamos de acuerdo casi todos, aunque algunos lo digamos y otros no lo digamos.

En conclusión, señor Abad, con toda su buena voluntad y con la mía: ni un minuto más de discusión en torno a esta cuestión. Ésta es una ley que no va a ser aprobada ¿Qué estamos haciendo aquí discutiéndola? Si podríamos estar mejor tomándonos unos cafés, de verdad; por lo menos, estaríamos más cómodos. Porque esto no vale para nada. Y no es bueno que este Parlamento haga cosas que no valen para nada. Nosotros tenemos que hacernos valer. Y cuando la Junta de Castilla y León nos manda siete proyectos que no van a ser aprobados, no nos hacemos valer; nos estamos poniendo en ridículo. Y conviene que nos pongamos en ridículo lo menos posible, ustedes y nosotros. Esto no beneficia a nadie. A mí me hubiera gustado poder no hacer este discurso. A mí me hubiera gustado poder discutir las ciento cincuenta enmiendas y la Enmienda de la Totalidad de la Ley de Cooperativas; pero yo, desde luego, renuncio a ello, porque no quiero contribuir en nada más, ni en medio minuto más, a este espectáculo. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, señor Abad.


ABAD RAPOSO

EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Sí. Gracias, señor Presidente. Mire usted, señor Granado, volvemos a lo mismo de siempre: usted no me ha contestado a las... a los temas que he expuesto de la Ley de Cooperativas, y yo le voy a contestar... pues lo que me parezca también, pero, luego... nada de nada de la Ley de Cooperativas.

Mire usted, si hubieran querido, esta ley había salido: con haber retirado la Enmienda de Totalidad, suficiente; hace tiempo. No haberla presentado, y hubiéramos llegado a un acuerdo.

(Murmullos.)


ABAD RAPOSO

EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Sí, sí, perfectamente. Estábamos de acuerdo con las cooperativas agrarias. Esta Ley había salido perfectamente.

(Murmullos.)


ABAD RAPOSO

EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Por favor, señor Presidente...

(Voces.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señorías, Señorías...


ABAD RAPOSO: Y

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EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Y vuelvo a repetir: si no hubieran presentado la Enmienda de Totalidad, había habido un acuerdo y habíamos llegado a sacar esta ley. De acuerdo, señor Granado, que hay una ley que se está discutiendo en el Parlamento Nacional. De acuerdo. Pero tampoco podemos estar a expensas del Parlamento Nacional, puesto que sabe que esta ley es una ley que había que sacar aquí.

Sí, sí, sí. Y no es una mala copia; en absoluto. No es una mala copia. Es una buena Ley. Y el centro... el Consejo Económico y Social así lo dice. Y la Sociedad de Cooperativas también.

De todas formas, es igual, ustedes se tienen que oponer a todo: que no salgan leyes, que no salga nada.

Le tengo que recordar lo que dijo un compañero mío de Catón: "sea lo que sea, digan lo que digan los cartaginenses, hay que quemar Cartago". Nada más.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señoría. Para fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Conde, tiene la palabra. Se ruega silencio, Señorías.


CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, Presidente. Si no manda callar... Bien. Bien, seguramente no voy a acabar los diez minutos pero, en todas... entre otras razones, iba a hacer una serie de consideraciones, y me voy a sumar a las críticas del Grupo Parlamentario Socialista. Y, evidentemente, no voy a entrar en los contenidos del Proyecto de Ley porque, efectivamente, es una bufonada discutir un Proyecto de Ley que no se va a aprobar en esta Legislatura. Y sí quiero hacer algunas precisiones muy concretas.

Nosotros hemos presentado un total de setenta y nueve enmiendas, que son aportaciones, en su mayoría, de la Federación Castellanoleonesa de Cooperativas; con lo cual viene a contradecir un poco la argumentación del Grupo Parlamentario Popular diciendo que prácticamente el Proyecto de Ley contempla en su... no digo en su totalidad, pero sí en gran parte, las preocupaciones de las cooperativas. Porque eso no se entiende por ningún sitio, porque, por un lado, la Federación Regional Castellanoleonesa de Cooperativas ha tenido reuniones con todos los Grupos Parlamentarios, y ha dicho claramente que el Proyecto de Ley que se presenta que tiene inseguridad jurídica en muchos capítulos, que tiene muchas lagunas y muchas irregularidades, y, por tanto, está mal confeccionado, mal confeccionado, pues malamente... están quedando ustedes en mal lugar a las propias cooperativas. Y lo digo porque todos los Grupos Parlamentarios hemos tenido reuniones con ellos. Y le digo que de las setenta y nueve enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, pues, mayoritariamente, han sido aportaciones de las propias cooperativas.

Pero, como no da lugar a discutir aquí el Proyecto de Ley, yo quiero hacer algunas precisiones.

En primer lugar, nosotros, teniendo en cuenta las enmiendas que hemos presentado casi a cada uno de los capítulos de la ley, podíamos haber presentado también una enmienda a la totalidad. No lo hicimos en la perspectiva de poder aprobar la ley en esta Legislatura, pero... -ahora le voy a contestar a la manifestación que usted hizo antes-, pero no significa por ello de que, si un Grupo Parlamentario presenta una enmienda a la totalidad, eso suponga la imposibilidad de aprobar la ley en esta Legislatura. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque, desde que se presentó el Proyecto... si, como ha dicho el Consejero, esto es una Ley muy importante para los intereses de esta Comunidad, con independencia de que cualquier Grupo hubiera presentado una enmienda a la totalidad, si hay voluntad e interés por parte de la Junta, el Proyecto de Ley se hubiera discutido, se hubiera debatido. Y, en estos momentos, lo que no tiene sentido es presentar un proyecto de ley cuando se sabe que no se va a aprobar.

Entonces, no se puede decir: la responsabilidad de que no se apruebe en esta Legislatura el Proyecto de Ley de Cooperativas, la Ley de Cooperativas, es por culpa de la Oposición, porque ha presentado una Enmienda a la Totalidad, o es por culpa de la Oposición, que no tiene ningún interés.

La responsabilidad será de quien gobierna. Entonces, quien gobierna presenta un proyecto de ley; si quien gobierna considera que esta ley es muy importante, lo lógico es agilizar los trámites. Porque hemos estado mucho tiempo paralizados, y esta Ley se podía haber... se podía haber abordado, con independencia de que estemos acabando la Legislatura. ¿A cuento de qué viene ahora el Consejero y presenta el Proyecto de Ley si sabemos que no se va a aprobar? Si esto es engañar a los ciudadanos. Al final, ¿para qué?, ¿para que quede diciendo "el último Pleno de las Cortes discutió el Proyecto de Ley de Cooperativas", cuando no se va a aprobar?

Y le digo una cosa: esto sí que es un incumplimiento también electoral del Partido Popular. Cuando ustedes hacen las ruedas de prensa y dicen: "el Partido Popular ha cumplido con el 90% del programa electoral", bueno, pues en esta Legislatura ha habido un compromiso del Partido Popular de sacar adelante una Ley de Cooperativas. Bueno, pues será un incumplimiento por parte del Partido Popular, y eso lo tendrán ustedes que asumir. Porque no dirán ustedes que por haber discutido aquí el Proyecto -que no se ha discutido nada-, se va a aprobar... se va a aprobar la Ley de Cooperativas. Por tanto, sí eso es un incumplimiento del Partido Popular de que en esta Legislatura vamos a seguir sin una Ley de Cooperativas. Pero por negligencia suya, por dejadez suya, no por dejadez y responsabilidad de los demás.

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Por tanto, este debate no da... no da... no da para más. Únicamente que el ridículo, en todo caso, lo hará la Junta de Castilla y León y ustedes, que son los que gobiernan y los que tienen mayoría; nosotros no. No se puede venir aquí a decir que tenemos un Proyecto de Ley de Cooperativas que va a regular la importancia de todo este sector y que, además, va a ser beneficioso (porque no se va a aprobar).

Y lo que no entiendo es que si el Grupo Socialista ha presentado una Enmienda a la Totalidad, ustedes digan que están en contra de ella. ¿Qué más da aprobarlo o estar en contra si esto no va a salir adelante? Si no va a salir adelante. Pues, entonces, ¿qué vamos a discutir aquí la Enmienda, a decir "no estamos a favor de la Enmienda a la Totalidad"? Aquí no estamos a favor nosotros... ni a favor de la Enmienda a la Totalidad ni a favor del procedimiento que ustedes han llevado para la aprobación de esta Ley.

Por tanto, aquí, lo único que se está haciendo es perdiendo el tiempo. Y la responsabilidad es suya, no nuestra, en todo caso, ¿no? Unos, por haber presentado la Enmienda a la Totalidad y, otros, por haber presentado enmiendas. Pero, ¿qué sentido tiene? Un Grupo ha presentado Enmienda a la Totalidad, y otros Grupos han presentado enmiendas. Y ¿qué hacemos con las enmiendas? Pues romperlas y tirarlas a la papelera porque la Legislatura se acaba y no da lugar a discutir absolutamente nada.

Por lo tanto, esto es una bufonada y una broma de mal gusto, y una falta de respeto a esta institución que son las Cortes de Castilla y León. Y una broma de mal gusto y una falta de respeto a esta institución que son las Cortes de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, Señoría. Se somete a votación la Enmienda de Totalidad del Grupo Socialista, que solicitaba la devolución del Proyecto de Ley de Cooperativas de Castilla y León a la Junta, y que acaba de ser debatida. ¿Votos a favor de la Enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: ochenta. A favor: treinta. En contra: cincuenta. No hay abstenciones. En consecuencia, queda rechazada esta Enmienda.

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. Señor Secretario, le ruego dé lectura al mismo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Decimoquinto punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el Proyecto de Ley de Urbanismo de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Entramos en el debate de las enmiendas y votos particulares que se mantienen al Dictamen de esta Comisión.

Las enmiendas mantenidas por doña Concepción Farto han sido retiradas por la misma.

Se mantienen por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida un bloque de enmiendas, y, para su defensa, tiene la palabra don Santiago Sánchez Vicente.

Señorías, les ruego, si han de abandonar el hemiciclo, lo hagan en silencio para poder continuar.

Cuando quiera, Señoría.


SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Señor Presidente, termina esta Legislatura con el debate y, sin duda, aprobación del Proyecto de Ley de Urbanismo de Castilla y León, que ha venido precedido de una serie de presiones importantes, y ha sido participado únicamente por grupos con intereses urbanísticos y que responden a una filosofía de un partido conservador, de un partido que se aleja mucho del modelo de ciudad que se defiende desde la izquierda, e incluso, desde las posiciones del... más centradas de la derecha europea.

Como consecuencia de esta situación, pues se ha traído a esta Cámara un Proyecto de Ley que responde claramente a un ofensiva ideológica y cultural contra los mecanismos de regulación del suelo existentes en nuestro país; un interesado desprestigio de la actividad urbanística, de la actividad planificadora, inspirada en la tan divulgada máxima liberal "que el mejor uso del suelo lo realizará aquella actividad que más pueda pagar por él".

En este clima y en este contexto, el Gobierno Regional remite a esta Cámara el Proyecto de Ley, realizado con la misma filosofía que la Ley 13 de abril del noventa y ocho, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y que favorece intereses urbanísticos descaradamente contrarios a ese modelo de ciudad sostenible que se defiende, no sólo desde la izquierda, sino -como he dicho antes- también desde las posiciones más centradas de la derecha europea.

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Nos quedaba la esperanza que en el debate de Ponencia y, posteriormente, en el de Comisión, las enmiendas parciales vinieran a corregir o a superar, o mejorar cuando menos, algunas de las insuficiencias que habíamos señalado en nuestra intervención en la Enmienda a la Totalidad, tales como: superar la omisión de uno de los principios rectores de la política social y económica recogida en nuestra Constitución, el mandato a los poderes públicos de impedir la especulación del suelo; superar el reforzamiento de los derechos de los propietarios de solares recogidos en el texto en detrimento de intereses colectivos; reducir a poblaciones de diez mil habitantes o que contaran con planeamiento urbanístico para fijar el aprovechamiento, las cesiones; fijar plazos graduales para el cumplimiento de deberes urbanísticos; reconducir la estrategia neoliberal hacia la contención urbana, es decir, menos crecimiento y más ordenado; fijar índices necesarios para conseguir una ciudad sostenible, fijando índices de crecimiento superficial, densidad mínima, protección del medio ambiente, estándares ambientales; la necesidad de disponer de suelo público para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna; impedir que a través de un instrumento de planeamiento, como el estudio de detalle, se pueda modificar la ordenación detallada ya establecida en el planeamiento inicial, lógicamente en aquellas parcelas que expresamente no contemple el Plan General (puesto que, si se mantiene el texto -y parece ser que así va a ser-, pues se podría modificar el aprovechamiento o el uso de una determinada parcela sin alterar las generales del Plan).

Por ello, esperábamos que, al igual que lo hacía la regulación anterior, se pusieran límites expresos al contenido y finalidades de este importante instrumento de planeamiento, a fin de que no se pudiera alterar a través del estudio de detalle la finalidad perseguida en el planeamiento general. Es ésta una clara manifestación de quién y a quién y qué intereses protege esta Ley.

Para que ustedes me entiendan: en definitiva, la modificación que se introduce viene a significar que un instrumento de planeamiento de Estudios de Detalle sirva para modificar el Plan General; es decir, exactamente igual que una orden... que si una orden ministerial modificara una ley. Esto es una tremenda barbaridad.

Preocupante era, y es, puesto que no se ha modificado tampoco, la regulación que se hace sobre actos sujetos a licencia y, en especial, la regulación de las licencias parciales, remitiendo su concreción a un posterior desarrollo reglamentario. Por eso mantenemos una de las enmiendas a estos artículos.

De otra parte, esperábamos que la regulación de una materia tan importante por su relación con el derecho... con el derecho a una vivienda digna de todos los ciudadanos, en términos adecuados a sus rentas, hiciera reflexionar a la derecha -es decir, al Partido Popular-, a fin de que, a través de la asunción de determinadas enmiendas, se fijara en el texto un porcentaje de terrenos mínimo para patrimonio municipal, así como que, al regular los fondos adscritos a bienes de patrimonio público, se ampliase el abanico de los mismos.

Y, por último, vanamente esperábamos que el régimen sancionador se modificara en profundidad. Se ha producido una modificación, es cierto, atendiendo en cierta medida a las pretensiones del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, pero sin recoger absolutamente la filosofía que se defiende desde mi Grupo Parlamentario.

Esperábamos una modificación más en profundidad, de tal forma que la graduación de la sanción se hiciera en función del valor de las construcciones y beneficios que se generaren, en aras a conseguir una mayor equidad e igualdad en la sanción, proponiendo que las infracciones se sancionaran con un porcentaje del valor de las construcciones o instalaciones importantes... resultantes, perdón, de los actos de uso del suelo del suelo sancionado; de tal manera que, como viene siendo habitual -y va a seguir siendo si se aprueba la Ley, y me temo que así va a ser-, al infractor no le compense infringir. Ahora mismo, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, en el precio resultante final, el infractor ya cuenta con la sanción que se le va a imponer, y la termina repercutiendo en el precio que al final adquiere el usuario, el comprador de la vivienda. Ésa es una filosofía que no se mantiene claramente por las posiciones... ya no digo ni progresistas, sino por los urbanistas, que hoy día defienden otro modelo de ciudad, defienden el respeto al derecho constitucional de adquirir una vivienda digna para aquellos ciudadanos de rentas más bajas.

Manteniendo esta... este artículo, manteniendo la sanción... el régimen sancionador tal como viene estipulado, es verdad que se han incrementado en número de pesetas las sanciones. Pero, en cualquier caso, con este régimen sancionador se abren todas las puertas para que se mantenga el mismo sistema, de tal manera que al infractor le compense infringir.

Asimismo, como no se determinan claramente las responsabilidades personales, hemos formulado una serie de enmiendas al Artículo 116, en el sentido de exigir responsabilidad personal al Alcalde -en aquellos casos que la tuviere- y a los miembros de la Comisión Provincial de Urbanismo en los supuestos que contempla el artículo.

Éstas eran las principales insuficiencias que Izquierda Unida ponía de manifiesto, y en las que basábamos la Enmienda a la Totalidad. Sobre estas insuficiencias formulamos un número importante de enmiendas parciales; algunas de ellas han sido admitidas, otras han sido transaccionadas, pero no la raíz... pero no aquellas que afectaban a la raíz del texto que se nos presentó.

Como consecuencia de la premura impuesta, de las presiones del Ejecutivo para satisfacer intereses, sin duda, especulativos, se ha elaborado una Ley técnicamente mala, con contradicciones en el propio texto y frente a la legislación del Estado; sin coordinación con la Ley de Ordenación del Territorio, con los Planes Estatales de Vivienda y con la Ley de Ordenación de la Edificación, que necesariamente inciden en la regulación urbanística y, en definitiva, en hacer efectivos los principios constitucionales rectores de la política social y económica.

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Ustedes van a cumplir, sin duda, con quienes se han comprometido; espero que sólo sea a cambio de votos. Pero lo mejor que se puede esperar de esta Ley y es que... es que tenga corta vida; que en la próxima Legislatura se emprenda una modificación en profundidad de la misma. Porque el texto que hoy se va a aprobar, sólo con sus votos -es decir, con los votos de esta derecha conservadora-, defiende intereses concretos de personas concretas, y es de esperar que sufra -digo- una profunda modificación con carácter urgente; y no sólo porque lo digamos nosotros, sino porque tengo la convicción que lo van a decir los propios tribunales. Incluso, en alguno de sus aspectos -y desde aquí lo anuncio ya-, mi Grupo Parlamentario, si el texto se aprueba en estas condiciones, acudirá... acudirá al Tribunal Constitucional.

La Ley es mala, no sólo por su contenido, sino por su redacción. Confunde Administración con Gobierno de la Comunidad, y por eso mantenemos la Enmienda número 2; no define claramente el papel que deben desempeñar los propietarios del suelo en el desarrollo de la actividad urbanística -la Enmienda número 4-; no asegura la participación social en la actividad urbanística -Enmienda número 5-; respecto a las facultades del derecho de propiedad, el texto puede dar lugar a situaciones discriminatorias -Enmienda número 6-; no se fijan con claridad las características generales para el planeamiento ni se establecen límites en ausencia del mismo -Enmienda número 7-; ante la insuficiencia de lo que se debe entender como suelo rústico, Izquierda Unida formuló una enmienda, la Enmienda número 12... 11, a los Artículos 15 y 16 -ambos de sustitución-, con la finalidad de obtener una definición más clara y concreta, y con un mayor nivel de protección -el de suelo rústico-, y con la intención de otorgar mayores facultades a la Administración para regulación de la actividad urbanística.

El texto defiende que la mejor definición del aprovechamiento urbanístico es el simple derecho a edificar, y no cierra la lista de instrumentos de planeamiento; lo que va a dar lugar, sin duda -y ya se lo dije en Comisión-, a inventos de diferentes tipos. Nosotros defendemos que se debería poner una mayor contribución de los propietarios del suelo urbano al desarrollo de la actividad urbanística; y por eso mantenemos la Enmienda 12.

Con la Enmienda número 13 pretendíamos ampliar la obligación de cesión en municipios superiores a diez mil habitantes o que contaran con plan de ordenación.

Con la 14, denunciábamos y pretendíamos corregir, en el Artículo 19.3.b), las provisionalidades y situaciones de hecho, porque éstas siempre generan problemas y legalizaciones posteriores contrarias al planeamiento.

Con la Enmienda número 15 pretendíamos que fuera el Pleno del Ayuntamiento, y no el Alcalde, quien tuviera competencia para conceder prórroga en caso de incumplimiento de los plazos señalados en los Artículos 18 y 29. Un procedimiento más garantista que el que recoge el texto, y en virtud... -al margen de que ustedes mantienen...-, en virtud de lo que dice el propio texto de la Ley de Régimen Local (una de las contradicciones a las que señalaba... a las que me refería anteriormente).

Se mantiene un número importante de enmiendas destinadas... con las que se pretende defender que, a efectos urbanístico... urbanísticos, el tamaño de diez mil habitantes ya es significativo para nuestra Comunidad. Nosotros tenemos catorce municipios de más de veinte mil habitantes, además de las ciudades, y creo que son ocho o diez de más de diez mil habitantes; algunos de ellos menores, con planeamiento. Me parecía -y nos parece- que ese nivel se debía de haber reducido en la Ley; y ustedes se han negado en rotundo.

Mantenemos, asimismo, las Enmiendas 20 a 25, pues defendemos una ordenación racional y sostenible de los municipios de Castilla y León, ya que el texto no lo hace con claridad. Con estas enmiendas se pretende, entre otras cosas, evitar densificaciones de los centros urbanos. En este mismo bloque habrá de incluirse la Enmienda 26, al Artículo 36.2.a), pretendiendo que el planeamiento, si de verdad tiene como objetivo la protección del medio ambiente -como decía el Consejero en la presentación del texto-, debería haber establecido medidas precisas para la depuración de las aguas residuales y el tratamiento de los residuos sólidos.

Se mantienen las Enmiendas 29, al Artículo 39, para fijar criterios de equidistribución de beneficios y cargas, a fin de superar la definición y la ambigüedad del texto, con la finalidad de lograr una mejor distribución de cargas y beneficios derivados de la actividad urbanística.

Con las Enmiendas 30 y 31 se pretende lograr una mejor ordenación urbanística de nuestros municipios, exigiendo la existencia de plan general a municipios de especial complejidad y, en todo caso, a los superiores -como he dicho anteriormente- de diez mil habitantes, fijando determinaciones en las que... que tienen que constar en el plan, al igual que lo que se propone para las normas urbanísticas municipales.

Respecto a la aprobación inicial e información pública, prevista en el Artículo 52, Izquierda Unida formuló la Enmienda 32, con la finalidad de mejorar los cauces de participación ciudadana, por la escasa referencia que a esta participación se hace en el texto.

Con la Enmienda 36 Izquierda Unida pretendía facilitar la utilización del sistema de expropiación para el desarrollo urbanístico conforme a los intereses generales.

Con la 37, respecto a los convenios urbanísticos, pretendíamos que esta técnica -la del convenio urbanístico- fuere excepcional, y no como se recoge en el texto.

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De especial gravedad, de especial gravedad es lo que se mantiene por parte de ustedes en el Artículo 125.1.c), respecto a los bienes de los patrimonios públicos del suelo, pues el texto posibilita que con la ejecución de dotaciones urbanísticas se obtengan ingresos para fines que deben conseguirse a través de presupuestos ordinarios. Es decir, ya lo vienen haciendo en los Ayuntamientos que gobiernan, pero ahora lo elevan a categoría de ley. La Ley les va a permitir, sin objeción de ningún tipo, el que el patrimonio destinado al suelo que tiene como finalidad, entre otros, la construcción de viviendas de protección oficial para... para rentas más bajas, las puedan... con la obtención de los ingresos de la venta de ese patrimonio, se pueda dedicar, pues, a hacer infraestructuras, a hacer carreteras. Esto es de especial gravedad, y es porque ellos no creen en el patrimonio público del suelo.

Y, desde luego, manteniendo este texto, ustedes desvirtúan absolutamente el sentido de estos patrimonios. La finalidad de estos patrimonios no es obtener ingresos para hacer infraestructuras, sino de incidir en la política urbanística y de la vivienda, sobre todo a fin de que se puedan construir viviendas -como he dicho anteriormente- para los ciudadanos de menor nivel de renta.

Por último, con la Enmienda 53, al Artículo 171, se pretende facilitar la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección público y el acceso a las personas de rentas bajas con vivienda... para una vivienda digna.

No quiero terminar sin poner de manifiesto mi preocupación por las presunciones de las que partía al comienzo de este debate, y que hoy, al aprobar este texto, se van... se han confirmado y se convierten en realidad. Los artículos realmente conflictivos que en este tercer Anteproyecto -el que estamos discutiendo- se han traído a este Pleno tienen nombres y apellidos concretos; pero en especial quiero hacer referencia a la Enmienda número 55, sobre... relativa a una nueva Disposición Adicional que ha formulado el Grupo Popular, con la que se pretenden legalizar todas las urbanizaciones ilegales existentes en la Comunidad. A esta enmienda, que ha sido rechazada de plano por Izquierda Unida, al igual que por la mayor parte de los sectores implicados en el texto -es decir, Ayuntamientos, Secretarios, Colegios de Aparejadores, Arquitectos, etcétera-, mi Grupo propuso una transaccional -lo hemos hecho en otras enmiendas también; unas se nos han aceptado, otras no-, pero ésta fue rechazada de plano.

La transaccional que proponíamos consistía en añadir dos apartados a la enmienda que proponía el Partido Popular, y que textualmente dicen así: "Con carácter previo a la regularización, habrá de incoarse el correspondiente expediente de infracción urbanística, no pudiendo condonarse ni rebajarse la sanción que resulte de la aplicación de la normativa general en la materia. No podrá dictarse una normativa específica para estas situaciones. El pago de la sanción y el cumplimiento de todos los deberes urbanísticos necesarios para ajustarse a la legalidad serán requisitos ineludibles y previos a la regularización".

Y un segundo apartado: "Todas aquellas ocupaciones, incluidas o no dentro de una área de regularización, que no sean susceptibles de ajustarse a la legalidad urbanística serán demolidas de inmediato por los Servicios de la Consejería, siendo imputados los costes de tal actuación a los propietarios de la ocupación".

La no aceptación de esta enmienda, de esta enmienda transaccional, ponía de manifiesto que, a pesar de las declaraciones que se habían hecho desde el Gobierno Regional y desde el portavoz... distintos portavoces del Partido Popular, que la enmienda era una enmienda que... -como ya se ha dicho- era una enmienda de tapadillo. Yo creo... ésta sí que es de esas enmiendas -estoy seguro- que tenían nombres y apellidos detrás, concretos; probablemente dos o tres por ciudad o tal; pero vamos, con nombres y apellidos, seguro. Era una enmienda de tapadillo, que lo que se quería era legalizar cosas que no son legalizables, que lo que se pretendía era amnistiar -sin duda- para responder a compromisos adquiridos, que la legalización, en unos casos, lo podía hacer... Bueno, era una enmienda absolutamente contradictoria; no se sabía si quien legalizaba era la Comunidad, en otros casos el Ayuntamiento, si lo podía hacer el Alcalde por decreto... en fin, un desastre, un absoluto desastre. En definitiva, detrás de esta enmienda -como digo- había nombres y apellidos.

Y, por tanto, la enmienda, al ser tan ambigua, y sin que se sepa claramente qué es lo que se pretende regularizar, va a dar lugar a que ustedes puedan regularizar -según los compromisos adquiridos-, con independencia de que se trate de urbanizaciones construidas en suelo rústico o urbano, de que las edificaciones hayan sido construidas con licencia o sin ella, de que, en definitiva, se regularicen actuaciones urbanísticas desarrolladas sin planeamiento previo y se legalicen construcciones ilegales realizadas antes del uno del uno del noventa y nueve, en algunos casos...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, le ruego vaya concluyendo la intervención, por favor, Señoría.


SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: (Sí, señor Presidente, ahora mismo.) ...en algunos casos, sin mediar proyecto técnico y, por tanto, sin garantías de ningún tipo. Lo que, sin duda, dará lugar, además de situaciones chuscas y escandalosas, a un tratamiento desigual para ciudadanos iguales ante la ley. Nada más. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para consumir un turno en contra, en nombre del Grupo Popular, doña Mercedes Alzola tiene la palabra.


ALZOLA ALLENDE

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LA SEÑORA ALZOLA ALLENDE: Gracias, señor Presidente. Parece claro, señor Sánchez Vicente, que el modelo urbanístico que ustedes defienden no es, ni mucho menos, el que el Grupo Popular pensamos que es el adecuado para Castilla y León, y que pone de manifiesto este Proyecto de Ley -y no con esa ofensiva ideológica a la que usted alude, en contra de los mecanismos de regulación del suelo-.

Está claro también que se ha traído a esta Cámara este Proyecto de Ley con el objetivo primero de establecer una norma que recoja el conjunto de preceptos reguladores del urbanismo.

Lo que sí es seguro es que esta norma concuerda con el modelo de sociedad y de ciudad del Partido Popular y de la mayoría de los ciudadanos de Castilla y León, que -parece ser- están más cerca de nuestros criterios que de los de Izquierda Unida. Por eso no nos extraña en absoluto que a ustedes no les guste este Proyecto de Ley que hoy debatimos; porque nuestras posturas, en cuanto a diversos aspectos que se contemplan en este precepto, desde luego, no son en absoluto coincidentes, motivo de la oposición de sus enmiendas, y que razonaré de forma agrupada en cinco grandes temas.

En primer lugar, nos encontramos con un nutrido grupo de enmiendas, las cuales proponen como alternativa al Proyecto la redacción del Anteproyecto divulgado en el mes de enero del noventa y ocho. Las razones de esta actitud nos las explicaron en su Enmienda a la Totalidad, donde se afirmaba que el Proyecto de Ley que hoy debatimos supone un empeoramiento respecto de sus borradores, sobre todo por haber dado entrada a las opiniones de promotores, constructores y propietarios de suelo. Y ésta es una cuestión en la que quiero detenerme.

Este Proyecto de Ley ha sido larga y ampliamente debatido, con el fin de integrar el mayor número de sugerencias y aportaciones de todos los sectores ligados al urbanismo -y esto, Señorías, se llama participación social; término que algunos les gusta mucho utilizar, pero, al parecer, tampoco de su agrado cuando la Junta de Castilla y León lo hace realidad-, teniendo en cuenta las opiniones de los profesionales del sector, de numerosas Administraciones Públicas, de Cámaras de Comercio, de Departamentos Universitarios, de la Federación Regional de Municipios y Provincias o Colegios Profesionales como los de Secretarios, Arquitectos, Registradores de la Propiedad, Notarios, etcétera.

Este Anteproyecto fue remitido a ciento cincuenta y una instancias, aunque el señor Sánchez Vicente lo llame grupo de presión, y que tiene nombre y apellidos.

Una clara prueba de lo que digo puede encontrarse, Señorías, en la reciente Memoria del Consejo Económico y Social de Castilla y León, donde se afirma que éste es uno de los dos proyectos de ley que han incorporado un mayor número de sugerencias y observaciones de esta Institución -que, por cierto, cuenta con fuerte presencia sindical-.

Para el Grupo Popular resulta extraordinariamente importante el esfuerzo que se ha hecho para integrar el mayor número de sugerencias de todos los sectores implicados en la actividad urbanística. Este mismo criterio se ha mantenido durante el largo trámite parlamentario en el que se ha trabajado, para dar entrada a numerosas enmiendas de la Oposición, en la creencia de que estaba bien empleado el afán por lograr el máximo consenso en la aprobación de una ley de esta importancia. Y todo esto, el Grupo Parlamentario Popular y la Junta de Castilla y León lo entienden como una forma de alcanzar un consenso social real, que es, a su vez, la mejor manera de asegurar el éxito futuro de una norma.

De este grupo de enmiendas también podemos sacar algunas conclusiones más sobre la postura de Izquierda Unida. Es muy expresivo que prefieran, en todo caso, la exclusividad para la iniciativa pública, es decir, el monopolio público de la actividad urbanística. En este sentido, desde el Grupo Popular defendemos que es compatible la máxima libertad para la iniciativa privada con el adecuado control público del proceso urbanístico. Por esa razón se recoge expresamente en el texto que la iniciativa privada es libre, sin más limitaciones que el respeto a lo dispuesto en las leyes y en el planeamiento urbanístico.

Otra de las actitudes que se detectan es querer trasladar a esta Cámara y reproducir en ella el debate de la Ley 6/98, de Régimen de Suelo y Valoraciones; debate que ya tuvo lugar donde correspondía, en las Cortes Generales. Así, estas enmiendas que proponen la redacción del borrador de enero del noventa y ocho, como es anterior a dicha Ley del Estado, rechazan la adaptación que tuvo lugar poco antes de la aprobación de nuestro Proyecto de Ley por la Junta.

Precisamente, este rechazo a la nueva legislación estatal se refleja en otro grupo de enmiendas que proponen, lisa y llanamente, invadir competencias estatales de carácter exclusivo. Así, por ejemplo, la Enmienda número 9 aborda normas sobre transmisiones que la aludida Ley del Estado de julio del noventa y ocho declara de su exclusiva competencia; o la adición que propone la Enmienda número 16, al Artículo 24, sobre deberes y limitaciones en suelo rústico, que contempla mandatos a los registradores y a los notarios -lo que, evidentemente, no puede hacer la Comunidad Autónoma-, bajo el argumento de "lo que abunda no daña", innecesario por nuestra parte, porque ambos cuerpos profesionales vienen obligados a respetar toda ley.

Pero quizás el grupo más significativo de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida lo constituyen aquellas que pretenden eliminar, o, en su caso, minimizar, o, cuando menos, amortiguar las referencias a la iniciativa privada o a la intervención de los particulares en la actividad urbanística. Prácticamente, esta intención luce detrás de cada una de sus enmiendas, aunque aparentemente hablen de otra cosa.

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En este sentido, es revelador el juego que producen las Enmiendas 48 y 49, en relación con la adjudicación de terrenos de los patrimonios públicos de suelo sin concurso público, que es la regla general.

Por un lado, la Enmienda número 48 pretende eliminar la posibilidad de enajenar sin concurso bienes de patrimonio municipal de suelo a favor de las entidades de interés público sin ánimo de lucro. Esto les parece mal, porque han oído "privadas", y eso ya les pone en contra. Lo demás, que sean de interés público sin ánimo de lucro, ya les da igual. Así pues, guárdense los Ayuntamientos de colaborar con fundaciones o entidades similares.

Pero la sorpresa viene al comparar esta enmienda con la siguiente, que, en cambio, propone que se puedan ceder terrenos sin concurso a las cooperativas. Ésta, señor Sánchez Vicente, sí que nos parece la puerta del favoritismo.

En fin, el grado de confusión de Izquierda Unida en relación con la iniciativa privada nos parece aquí superlativo: que no entre la iniciativa privada en la actividad urbanística, aunque se trate de fundaciones sin ánimo de lucro; pero -eso sí- cuando se trate de cooperativas de viejos militantes, que se les adjudiquen terrenos públicos sin más complicaciones.

Parecida es la Enmienda número 37, al Artículo 94.1, que quiere impedir que los Ayuntamientos puedan celebrar convenios con los particulares. Es decir, quieren que sólo puedan celebrar convenios con otras Administraciones Públicas. La medida, que sería simplemente inconstitucional, al restringir de forma drástica la capacidad de obrar de la Administración local, no merece más comentario.

Además, esta enmienda participa también de otro de los grandes bloques de enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, que se caracteriza por la desconfianza hacia la Administración Local. Esta desconfianza, latente en las enmiendas, se refleja, por ejemplo, en la Enmienda número 38, que propone suprimir el Artículo 99.1.e), relativo a las licencias parciales, que -con las debidas cautelas, que se señalarán en el Reglamento- serán un mecanismo más para agilizar -cosa muy importante- la gestión urbanística. Pero se quiere suprimir porque sería un mecanismo bajo exclusivo control municipal.

Mayor calado tiene la número 47, al Artículo 125, sobre gestión de patrimonio municipal del suelo. La enmienda quiere suprimir la posibilidad de dedicar terrenos de patrimonio municipal de suelo a la ejecución de dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los sistemas generales en caso necesario. En el fondo, se trata de una cuestión ideológica: Izquierda Unida defiende un modelo rígido, de compartimentos estancos, de patrimonios separados, que pretenden forzar a la Administración Local a desarrollar políticas activas de vivienda pública.

Otra enmienda de este tipo, y con gran trasfondo ideológico, es la número 53. Se quiere que los municipios deban destinar a la construcción de viviendas de protección pública el 25% del suelo urbano no consolidado y urbanizable. Desde luego, se trata de una cuestión de oportunidad, pero -como la anterior- constituye un fuerte intervencionismo en las decisiones municipales, que el Grupo Popular debe rechazar porque confía en la Administración Local y que ésta desarrollará las políticas de vivienda más convenientes a su municipio, siempre que cuente con los medios necesarios para ello, no porque se introduzcan mecanismos legales para forzarle.

Siguiendo con este mismo criterio, otra de las enmiendas, la número 54, pretende suprimir uno de los objetos de los Estudios de Detalle, y que el señor Sánchez Vicente le da tanta importancia, sin tener en cuenta la innovación que aporta el Proyecto, derivada de las recomendaciones del documento de Salamanca, por el cual se dividen las determinaciones del Plan General en dos niveles: primero, ordenación general; y, después, ordenación detallada. Sobre el primer nivel puede actuar la competencia autonómica, pero no sobre el segundo, que se entiende de estricta competencia municipal. Por tanto, nos... no encontramos ningún problema en que un estudio de detalle de aprobación municipal, tras la correspondiente información pública, modifique determinaciones de ordenación detallada, ya que, si se quieren cambiar con una modificación del Plan General, la tramitación y las garantías para los administrados serían las mismas.

Por otro lado, una serie de enmiendas propone la sustitución del límite de veinte mil habitantes, que a lo largo del Proyecto marca la frontera entre municipios grandes y pequeños, por el de diez mil habitantes, y extender determinadas exigencias a estos municipios que ahora no tienen, sin importarles los problemas de capacidad técnica y financiera que pudieran padecer.

Esta Ley debe ser coherente con la actuación de la Junta de Castilla y León, con criterios generales y homogéneos, que siempre se marcan en veinte mil habitantes. Así, en toda ley, la frontera entre municipios grandes y pequeños se fija en veinte mil habitantes, tal como hace la normativa referente al Fondo de Cooperación Local o en la propia Ley de Bases de Régimen Local.

Además, la cuestión se vuelve trivial si advertimos la importante novedad que incorpora el Proyecto, según el cual los municipios con menos de veinte mil habitantes pueden, en uso de su autonomía, pasar al régimen urbanístico de los municipios grandes; naturalmente, más complejo, pero que también les otorga mayores competencias.

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Por último, hay un grupo de enmiendas que, con mejor intención que acierto, buscan mejor los estándares urbanísticos; y lo hacen rebajando determinados límites sus aprovechamientos, en un deseo loable de mejorar la calidad de vida, que es lo que todos pretendemos. Sin embargo, se trata de previsiones poco realistas, ya que el Proyecto de Ley prevé mejoras sustanciales respecto a la situación anterior, y estas propuestas de Izquierda Unida -contrarias a la prudencia- podrían coadyuvar al encarecimiento de la vivienda. Por ejemplo, proponen que el límite para la ocupación por las edificaciones en polígonos industriales baje de dos tercios de la superficie total hasta al 50%. ¿Han pensado ustedes en el encarecimiento que se produciría en el suelo industrial en una Región ya de por sí poco atractiva para la inversión?

Es muy fácil, Señorías, dejarse llevar por la tentación de la demagogia y no por la realidad socioeconómica de nuestros municipios. Decir que debe haber más viviendas, más baratas y más zonas verdes, está muy bien; pero ¿con qué recursos públicos plantean hacerlo ustedes? Nosotros pensamos que eso no es actuar responsablemente. Se debe atender a un tiempo el justo anhelo por unas ciudades más habitables con las posibilidades reales de nuestro sistema socioeconómico, para poder soportar y financiar esas mejoras. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para turno de réplica, señor Sánchez Vicente tiene la palabra.


SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Sí, señor Presidente. Brevemente. Bueno, lo único coherente que ha dicho la Portavoz del Grupo Popular es que, efectivamente, defendemos dos modelos de ciudad distinta: ustedes defienden el modelo de ciudad que defiende la derecha conservadora en este país y en Europa; y nosotros defendemos que es un modelo especulativo -que es lo que le he dicho-, que la mejor utilización del suelo es el que... por el que se obtiene mayor beneficio. Absolutamente de acuerdo, dos filosofías distintas. Entonces, no me parece, en absoluto, que sea objeto de... de ningún comentario más que ése, ¿no?

En segundo lugar, en fin, yo sé que la Portavoz del Grupo Popular, pues, creo que faltó no sé si a una o dos de las sesiones, y me ha sorprendido, pues, que me ha hablado de determinado número de enmiendas que yo las retiré en su día. Es decir, yo... yo las retiré en el debate de Comisión y no... la verdad es que no entiendo... -probablemente porque traía escrito la intervención- no entiendo el por qué ha hecho referencia a ellas, ¿no?

Mire, participación social. Participación social, no es que lo denuncie el Grupo de Izquierda Unida: ustedes, para traer esta Ley aquí, han elaborado tres anteproyectos, cada vez más devaluado; y el último, el que ha dado lugar al Proyecto de Ley que se debate aquí, ha sido cuestionado absolutamente por todos los sectores que tienen que ver con la actividad urbanística, desde los Ayuntamientos, los Secretarios, los Colegios Oficiales de Arquitectos y Aparejadores, absolutamente por todos. Si a eso lo llama usted un proyecto participado, yo diré que sí, que participado únicamente por aquellos que defienden intereses especulativos, y con los que ustedes tienen algún tipo de compromiso -que ustedes sabrán cuál es; que espero que no sea más que el del voto, como le he dicho en mi primera intervención-.

Mire, que me diga que nosotros, que hemos venido siendo defensores a lo largo de toda la Legislatura... no sólo en este texto, no sólo en este texto, en la Ley de Régimen Local... ustedes legislan sin saber que hemos legislado otras leyes -se lo he dicho en mi intervención-. Si uno de los problemas de esta Ley, de los graves problemas de esta Ley, son las contradicciones que mantiene con la legislación estatal. Aquí no estamos... hablando de invadir competencias. Lo que yo le he dicho -y lo mantengo- es que este texto de ley, que es malo técnicamente, que es malo en su redacción gramatical, que es contradictorio, lo es, no porque se invadan competencias de otras Administraciones, no, sino porque se choca frontalmente con... con leyes aprobadas tanto por el Estado como por leyes aprobadas por la Comunidad, como es la Ley de Régimen Local.

"Defendemos un modelo rígido." No, mire usted, también se lo he dicho en mi primera intervención y se lo justifico. Nosotros sí somos defensores de mecanismos reguladores. Sí lo somos. Somos defensores de que la Administración intervenga en la regulación del suelo. Creemos en la actividad planificadora; ustedes no. Ustedes lo que quieren es que se campe por sus respetos, que no haya ningún mecanismo de intervención, que no haya ningún mecanismo regulador. En definitiva, respondiendo a esa máxima neoliberal a la que he hecho referencia en dos o tres ocasiones.

En cuanto a la Enmienda 37 -que ésa sí la mantenemos de las que usted ha... de las que usted ha mencionado...- no, no... o no la ha entendido, no la ha leído o no se la ha explicado con claridad quien le haya redactado la intervención. Mire usted, nosotros lo que sostenemos es que los convenios sean excepcionales, los convenios urbanísticos sean excepcionales, no otra cosa; no lo que ha dicho usted ahí ahora.

Respecto a las licencias parciales, pero... en esto hemos coincidido todos los que hemos debatido desde la Oposición. Nosotros lo que mantenemos es que ustedes remiten a la regulación reglamentaria cuándo se va a conceder una licencia parcial o cuándo no. Desde luego, con el texto que hoy se presenta aquí, no se sabe. No se sabe, y esto va a dar lugar a infinidad de problemas.

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Me sorprende que en aquellos aspectos que yo he centrado más mi intervención y me he dirigido concretamente a ustedes como denunciando el... lo que puede significar el mantener el texto -me refiero a la finalidad que se le va a dar al patrimonio público del suelo-, yo entiendo que, en fin, no hagan referencia, porque para ustedes esto tiene escasa importancia, lo venían haciendo sin que existiera la ley, pues, ahora, bendecida... bendecido el hecho, pues con mucha más razón. Pero, desde luego... en fin, más allá de declaraciones grandilocuentes, convendrá conmigo que hoy ni creen en el patrimonio público del suelo; es más, están pretendiendo por todos los medios que éste desaparezca y, desde luego, no hay ninguna medida de protección para conseguir los objetivos y los fines que tiene este patrimonio público del suelo.

De los Estudios de Detalle, pues, qué le voy a decir, si lo he repetido en Comisión y en Ponencia mil veces. Me remitiré a las conclusiones, a la puesta en práctica de esta Ley: eso es una barbaridad. Lo que ustedes pretenden hacer es una barbaridad. Y vuelvo a repetirle para que me entienda todo el mundo: es tan barbaridad como si a través de una orden ministerial se posibilitara o se abriera las puertas a la modificación de una ley. Eso no es sostenible. Ustedes lo que pretenden hacer con este instrumento de planeamiento, con los Estudios de Detalle, es la posibilidad de cambiar la ordenación detallada del Plan. Y eso no es posible. Porque no tiene los mismos mecanismos de control la ordenación, el Plan de Ordenación que los Estudios de Detalle.

Y no ha dicho ni una palabra del régimen sancionador. Mire usted: demagogia, no; posiciones absolutamente distintas. La demagogia la de ustedes, que venden y utilizan algo que está absolutamente ahora de moda y en boga: las cuestiones medioambientales. ¿Qué índices se sostienen, qué estándares medioambientales, qué índices de sostenibilidad, qué criterios en defensa del medio ambiente se recogen en el texto? Ninguno. Más allá de la primera intervención del Consejero aquí, ni uno. A ustedes lo del medio ambiente les viene muy bien porque está de moda, porque tiene su repercusión electoralmente; pero el texto que presentan, por supuesto, se aleja muchísimo de ese modelo de ciudad sostenible que se defiende desde la Izquierda.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para turno de dúplica, señora Alzola, tiene la palabra.


ALZOLA ALLENDE

LA SEÑORA ALZOLA ALLENDE: Gracias, señor Presidente. De todas formas, Señorías, no creo que nadie en esta Cámara pueda albergar ya dudas razonables sobre hasta qué punto la Junta de Castilla y León se tomó en serio la necesidad de hacer un amplio debate social previo a la aprobación de este Proyecto. Hasta el punto de anteponerlo a un criterio tan importante como éste de la urgencia de aprobar esta Ley por estas Cortes, y así poder ejercer la Junta de Castilla y León sus competencias en materia urbanística.

Pero, frente a esto, el Portavoz de Izquierda Unida sigue denunciando que se ha hecho demasiado caso a algunos interlocutores sociales.

Pues bien, para nosotros, bajo esta concepción, subyace un prejuicio innato de Izquierda Unida sobre la capacidad intelectual de la sociedad. Lo que para ellos existe es el despotismo ilustrado, el famoso "todo por el pueblo pero para... sin el pueblo". Para ellos -y, si no, a las pruebas me remito- hubiera sido mejor un texto elaborado por técnicos en la soledad en sus despachos. Y para nosotros es imprescindible someter los borradores técnicos a los filtros de quienes actúan y trabajan en la materia que ha de regularse.

Por otra parte, esta reflexión nos conduce a la siguiente: el realismo que ha de presidir una actuación responsable de las Administraciones Públicas a la hora de regular sectores de gran importancia económica. Es muy fácil, Señorías -como he dicho-, dejarse llevar por la demagogia y decir que debe de haber más viviendas, más baratas, más zonas verdes. Desde luego, los países con una economía del tipo que propugna Izquierda Unida no fueron, precisamente, ejemplo de riqueza o de abundancia inmobiliaria, con listas de espera para recibir una mal llamada vivienda en torno a los diez años. Aún hoy en día, el Gobierno cubano, por ejemplo, no tiene más remedio que tolerar la autoconstrucción...

(Murmullos.)


ALZOLA ALLENDE

LA SEÑORA ALZOLA ALLENDE: ...como forma de acceder a una vivienda para la mayoría de la población, ante su incapacidad para responder a sus propios principios.

Por todo ello, el realismo... el realismo que la Junta de Castilla y León propugna implica atender a un tiempo el justo anhelo -como he dicho ya- por unas ciudades más habitables, con las posibilidades reales de nuestro sistema socioeconómico, para poder soportar y financiar esas mejoras.

Por todo ello, bueno, me remito a las exposiciones que ya he realizado...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se ruega silencio.


ALZOLA ALLENDE

LA SEÑORA ALZOLA ALLENDE: ...para rechazar sus Enmiendas, salvo la número 2, que en este momento aceptamos y se incorpora al Proyecto. Muchas gracias.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Entramos ahora en el debate de las Enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista.

EL SEÑOR .....: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Cuál? Para defender las Enmiendas y los Votos Particulares del Grupo Socialista, señor De Meer o señor... señor De Meer tiene la palabra.


DE MEER LECHA-MARZO

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EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Salgo a esta tribuna para defender las Enmiendas y Votos Particulares que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene a la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Esta Ley llegó a este Parlamento tarde y se ha tramitado a marchas forzadas, deprisa y corriendo. Por el Grupo Popular no hubiera habido ni Ponencia ni Comisión; su única obsesión, espoleados por la Junta, era: deprisa, deprisa, deprisa. Pero bueno, logramos racionalizar algo el proceso y, así, de las trescientas ochenta y cuatro enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presentó, se han aceptado más de cien, más de cien.

¡Qué errores no tendría esta Ley para que se hayan aprobado más de cien enmiendas! No creo que haya habido muchas leyes en este Parlamento que haya ocurrido eso. Pero, cien enmiendas, ¿son muchas o son pocas? Yo creo que, en cualquier caso, lo que son son insuficientes para poder arreglar este texto. Y algunas eran importantes entre las que se aceptaron. Aquella enmienda que pretendía defender las zonas verdes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que el Grupo Popular quería que los Alcaldes Populares pudieran alterarlas con la misma facilidad con la que construyen fuentes horteras. Ahora, no. Ahora, para modificar una zona verde, hará falta dictamen del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, propuesta del Consejero competente en la materia -que esperamos que dentro de poco, estamos seguros, va a ser otro- y acuerdo de la Junta de Castilla y León. O la posibilidad -y esto creemos que es un tema importante- de establecer Comisiones de Urbanismo en las comarcas; porque, a partir de la aceptación de una enmienda nuestra, es posible y estamos seguros que en la próxima Legislatura habrá una Comisión Territorial de Urbanismo en El Bierzo; como podrá haberla en Miranda de Ebro, como podrá haberla en Béjar, como podrá haberla en otros territorios de nuestra Comunidad Autónoma.

Pero bueno, mantenemos todavía más de trescientas enmiendas. Y yo no me voy a referir a ellas una por una, eso haría este turno extraordinariamente tedioso y aburrido, sino que las voy a agrupar por grupos -y valga la redundancia-, en el sentido de qué son las cosas que hemos querido corregir de este texto de Ley.

En primer lugar, hay unas enmiendas que intentan evitar la confusión que en este texto de Ley se introduce con los conceptos acuñados por la cultura urbanística española. Queremos que las cosas se sigan llamando de la misma manera que se han llamado siempre, para evitar la confusión, para evitar que "a río revuelto, ganancia de pescadores". Queremos hablar de los suelos urbanizables: programados y no programados. Queremos que los Estudios de Detalle sean unos Estudios de Detalle y no el mare mágnum y no el jaleo en que los ha convertido el señor Jambrina.

Queremos romper la dependencia del urbanismo de la ordenación del territorio; creemos que son dos ámbitos distintos, tenemos muchas enmiendas dedicadas a decir que la ordenación del territorio no puede introducir conceptos de la legislación urbanística. Queremos mantener las garantías que los Ayuntamientos tienen para poder modificar el planeamiento. Queremos, por lo tanto -y esto es un tema muy importante-, que se sigan manteniendo las suspensiones cautelares de licencia, como ha sido en la legislación urbanística española desde los años setenta. De tal manera, que los Ayuntamientos puedan decidir que hay sitios en los que van a modificar los planes; y no como ustedes quieren que en cuanto los promotores sepan que en un sitio se va a modificar un plan, obtengan inmediatamente todas las licencias e imposibiliten las acciones de los Ayuntamientos. Queremos limitar la capacidad de intervención a través de los convenios urbanísticos. ¿Cuántos convenios de urbanísticos... urbanísticos tiene el señor Gil en Marbella? Cuatrocientos. Esta Ley, la Ley que ustedes traen aquí ahora le haría absolutamente feliz. Porque, a los convenios urbanísticos -una figura un poco extraña, irregular, con la que los Ayuntamientos pueden hacer ahora muy pocas cosas-, ustedes lo van a convertir en una serie de compromisos que van a impedir que sucesivas Corporaciones Municipales puedan modificar lo que las anteriores han aceptado.

Queremos que se mantengan los niveles de participación, porque esta Ley está llena de vacías llamadas a la participación pública, a la cohesión social... a todas estas cosas; pero, instrumentos claves para que el conocimiento de la población del planeamiento de su municipio, como eran los avances del Plan General, lo primero que han hecho es limitarlo.

Queremos hablar de los programas de los planes. Que los planes incluyan programas de actuaciones, programas de inversiones, programas de infraestructuras, estudios económicos-financieros; que no sean -como ustedes quieren- un simple dibujo, simplemente el juego del palé.

Queremos que las cesiones se mantengan en todos los suelos urbanizables y en los suelos urbanos no consolidados; que se elimine esa actuación de que en los suelos urbanizables no consolidados (auténticos suelos urbanizables en la antigua terminología) de los municipios de menos de veinte mil habitantes, los promotores no tengan que ceder nada. Y los municipios de menos de veinte mil habitantes en esta Comunidad Autónoma son muchos, son muy importantes, están muy cerca de las grandes... de las grandes ciudades, y no se puede establecer esa barrera absurda de los veinte mil habitantes a los efectos de las cesiones.

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Queremos acabar con esa aberración que han incluido en esta Ley de que los particulares puedan promover informaciones públicas ante la pasividad de un Ayuntamiento. Queremos acabar con eso. Pero mucho más queremos acabar con la arbitrariedad de que, si la información pública la hace el Ayuntamiento, tiene que publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia y en un periódico; y, si la hace un particular, se ahorra el periódico y sólo tiene que publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia. Hay que acabar con ese tipo de arbitrariedad.

Queremos limitar la capacidad de modificaciones que tiene esta Ley sobre los instrumentos de planeamiento. Porque en esta Ley hay muchos más artículos dedicados a cómo se modifican los planes que a cómo se redactan o a cómo se aprueban. Es que eso es lo que les preocupa a ustedes; el Plan les trae sin cuidado. Lo importante es la modificación puntual, uno por uno, solar a solar, parcela por parcela. Y, así, al Plan General lo puede modificar los Estudios de Detalle; y a los Estudios de Detalle, lo puede modificar los planes especiales; y a los planes especiales les puede modificar la modificación del Plan; y, si quedara algo, todavía se puede revisar. ¡Es que es algo absolutamente increíble! A ustedes les preocupa mucho más cómo se modifican los planes que cómo se aprueban. Y ése es un modelo típico del Partido Popular en esta Comunidad Autónoma; ése es el modelo de Burgos desde hace muchos años: dejad el Plan como sea, que ya me arreglaré yo para que mi parcela se modifique cuando estime conveniente.

Queremos... y tenemos enmiendas en el sentido de que sea obligatorio reservar suelo para viviendas de protección oficial. ¡Qué llamadas vacías a la cohesión social! ¡Y no tienen ni un solo apartado dedicado a que los Ayuntamientos deben prever porcentajes de viviendas de protección oficial en sus municipios!

Queremos mantener el derecho de retorno de los inquilinos en los supuestos de los fuera de ordenación.

Queremos que se regulen los gastos que deben acometer las compañías suministradoras de servicios, y acabar con el auténtico chantaje actual que obliga a los promotores o a los Ayuntamientos a correr con gastos que deberían ser aportados por las compañías suministradoras.

Queremos que las licencias de reforma... en general, necesiten licencia. Porque el señor Jambrina pretende que una vez inaugurada una discoteca -el 7-7 de Valladolid-, al día siguiente pueda el propietario tapiar las puertas de emergencia, quitar las escaleras y las luces de emergencia sin pedir permiso a nadie. ¿Pero cómo es posible que no haya que pedir licencia para las obras de reforma interior, señor Jambrina? ¿A quién se le ha ocurrido esto? Ha anunciado el Grupo Popular que va a votar a favor de esta enmienda nuestra. Creemos que es algo razonable. Cien... más de cien veces le han llevado a la razón en esta Ley.

Queremos separar los conceptos de "ruina" y "habitabilidad", porque unidos -como hoy, en esta Ley- es practicar la eutanasia activa sobre los cascos históricos de nuestra Comunidad Autónoma; porque la mayoría de las viviendas, muchas viviendas no reúnen condiciones de habitabilidad y, por lo tanto, podrán ser declaradas en ruina aunque tengan excelentes condiciones de estabilidad.

Queremos que los patrimonios públicos de suelo... -y ésta es una característica de la Ley: introducir muchas figuras teóricamente progresistas pero hacerlas imposibles-, que los patrimonios públicos de suelo sirvan para algo; que sea obligatorio que los Ayuntamientos los tengan; que estén separados de los otros bienes municipales, que siempre puedan gestionar... que siempre van a gestionarse desde los poderes públicos. Porque... si es que han llegado a la aberración de que los patrimonios públicos de suelo pueden gestionarlos las empresas privadas. Si es que no dejan absolutamente nada.

Queremos mantener -como había en la legislación antigua- las reservas de suelo para política de vivienda en suelo rústico, porque eso es algo... -esa capacidad que tenían los Ayuntamientos de intervenir ahí-, algo que el señor Jambrina intenta eliminar.

Queremos que se puedan hacer obras de tanteo y retracto sobre viviendas, eliminando las condiciones abusivas que imponen de que haya que notificar a todos los propietarios inscritos en el Registro de la Propiedad de un área urbana. Esas condiciones... es lo mismo que digo antes: decir cosas que parezcan progresistas pero, luego, a través de los artículos, uno a uno, hacer que sean imposibles.

Y quería acabar ahora sólo con dos detalles. Uno se refiere a los Planes de Conjunto. Los Planes de Conjunto era una figura de la anterior legislación que se aplicó muy poco; se aplicó en un sitio de Castilla y León exclusivamente: en el entorno de Venta de Baños, cuando el señor Becker y el señor Jambrina -si mal no recuerdo- decidieron que allí se iban a construir tres universidades privadas, cuatro o cinco campos de golf y más de diez mil viviendas, poco más o menos. Y, así, el señor Jambrina, a cuatro o cinco municipios del entorno de Venta de Baños, les impuso un Plan de Conjunto (que no ha servido para nada, porque allí sigue habiendo la misma remolacha que había antes).

(Risas. Aplausos.)


DE MEER LECHA-MARZO: Y

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EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Y a esos Ayuntamientos... y a esos Ayuntamientos ahora les castiga, además, porque ya nunca podrán modificar su Plan de Conjunto; a partir de ahora están sometidos a las directrices de ordenación del territorio de ámbito subregional de la provincia de Palencia. Son los únicos Ayuntamientos que ya no van a tener... que ya no van a tener autonomía. Y nosotros pedimos en una enmienda que, por favor, que ese Plan de Conjunto se olviden de él, que fue un error, que fue una tomadura de pelo; que sea el Plan General de cada uno de ellos y que vivan tranquilamente su vida.

Y queremos, por último, decir que todos los pequeños municipios de Castilla y León que tienen delimitaciones de suelo urbano no los conviertan ahora en municipios sin planeamiento. Que antes había mil municipios que tenían planeamiento y, a partir de hoy, va a haber mil municipios que no tienen planeamiento. Digan, por favor, aceptando nuestra enmienda, que ésas son unas normas urbanísticas y que esos pobres municipios, esos pobres pequeños municipios a los que la Junta de Castilla y León ha arrasado en esta Ley puedan tener una mínima capacidad de intervención sobre su territorio.

Y me referiré ahora, brevemente, a los Votos Particulares que nuestro Grupo presenta a las enmiendas del Partido Popular, a las enmiendas incorporadas al texto del Partido Popular. La Consejería de Medio Ambiente es competente en diversos furtivismos: el primero, el furtivismo cinegético; el segundo, el furtivismo de los depósitos de residuos tóxicos y peligrosos, como vimos ayer; el tercero es el furtivismo parlamentario, porque furtivamente presentó estas enmiendas en este Parlamento. ¿Cómo es posible, señor Jambrina, tan aficionado a las ruedas de prensa, a las grandes noticias, no diera ninguna para hablar de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular presentaba? ¿Por qué? ¿Por qué se ocultó a la sociedad, a los Ayuntamientos, a los Colegios Profesionales, al Consejo Económico y Social, a la Federación Regional de Municipios y Provincias, las auténticas intenciones del Partido Popular? ¿Por qué se presentaron de manera furtiva unas enmiendas cuyo objetivo fundamental era... eran, perdón, reducir las cesiones de los promotores a los Ayuntamientos, introducir la arbitrariedad en la concesión de los aprovechamientos urbanísticos y conceder una amnistía a los furtivos urbanísticos? No se quería el debate ni se querían escuchar las opiniones de los demás. Esto tenía que pasar oculto. De eso no pudimos hablar en el Debate de la Totalidad; a esas propuestas no se les pudo presentar enmiendas; no se habló de ellas en la Ponencia, se pasó rápidamente en la Comisión, y sólo vamos a hablar aquí; y son propuestas inaceptables.

En primer lugar -y me refiero a las fundamentales-, pretenden que los Ayuntamientos paguen la urbanización del escaso... de ya lo último, del 10% de aprovechamiento que ceden los promotores. En la Ley decía que no; había un párrafo expreso: "los Ayuntamientos no contribuirán a la urbanización de los terrenos de las cesiones"; lo ponían así, así se lo contó a todo el mundo, ¿verdad? Así se lo dijo a la Federación de Municipios y Provincias, ¿verdad? Pues eso es lo que quitó después. Menos posibilidades para los Ayuntamientos de regular el mercado del suelo. Menos posibilidades de reducir el precio de la vivienda. Menos posibilidades de hacer política de vivienda pública. Más beneficio para los promotores. Mayor precio para los propietarios parasitarios de suelo. ¿Se ha enterado alguien de esto? Nada. La clandestinidad, el furtivismo.

En segundo lugar, pretenden introducir la arbitrariedad absoluta en la concesión de los aprovechamientos. La Ley proyectaba que los planes generales o las normas fijaban el aprovechamiento medio de cada sector, y eso estaba claro. Bueno, ése era un modelo; podía gustarnos o no, pero era un modelo. Pero, no, las enmiendas del Partido Popular dicen que los planes o las normas no fijan el aprovechamiento medio de cada sector, sino el aprovechamiento medio máximo. ¿Y quién fija el medio? ¿Cuándo se fija el medio? ¿Por qué procedimiento se fija el medio? No lo saben. Yo se lo he preguntado mucho al esforzado Ponente del Grupo Popular; y ha sido incapaz de contestarme, porque no se lo han dicho, porque ustedes no saben. Porque, ¿qué es lo que quieren ustedes? La arbitrariedad. Es que, a partir de ahora, los planes van a ser planes lotería; y esa lotería les va a tocar a algunos -absolutamente seguro- y a otros no. Y estamos seguros de que casi siempre les va a tocar a sus amigos.

En tercer lugar -y esto ha sido la histeria de este debate- es la... cuando se ha pretendido conceder una amnistía a los furtivos urbanísticos, la famosa Enmienda 55 del Partido Popular. Proponen que las infracciones cometidas antes de una fecha tengan un procedimiento especial; y eso, la fecha, es lo que caracteriza una amnistía; la fecha. Lo que ha ocurrido antes de una fecha es lo que caracteriza una amnistía, lo que no es un procedimiento normal.

¿Y qué se puede hacer? Ocupaciones de suelo. ¿Y eso qué es? Y las parcelaciones, ¿dónde?, ¿en todos los sitios? Dicen: "no, no, en todos los sitios no; que no se puede hacer en el dominio público ni en el rústico protegido". Vamos, que no se pueden hacer en la mitad de las carreteras, porque en los terrenos patrimoniales sí que se pueden hacer.

¿Y qué es el suelo rústico protegido? Nada. Eso lo cambian las Comisiones Provinciales de Urbanismo todos los días. Por lo tanto, se puede hacer en todos los sitios. ¿A qué pasa? A suelo urbano. ¿Por qué? Porque en el suelo urbano no se cede nada. Pasa directamente a suelo urbano. ¿Quiere una prueba? Aquí está la duda; dice: "o la Junta o los Ayuntamientos". O sea, que si un Ayuntamiento no quiere regularizar una situación -por las razones que sea, porque el problema son los costos de mantenimiento posteriores-, va y se lo pretende regularizar la Junta de Castilla y León. Éste es un tema clásico de recurso de inconstitucionalidad: no decir quién hace las cosas. Dice: o uno u otro. (Y alguno que pasa por allí, probablemente también.) ¿Cómo? Eso, probablemente, tampoco lo sabe nadie. ¿Habrá información pública?, ¿no habrá información pública?, ¿lo aprueba el Pleno? Tal. Nada.

(-p.6233-)

El modelo propuesto puede llevar a que un Alcalde legalice, por sí, unas y deniegue otras; porque eso es lo que ustedes están diciendo. Va a crear, sin duda, un premio para los furtivos y va a crear importantes agravios comparativos. Pero aquí es lo más importante: ¿a quiénes? Y hemos oído repetidas veces a los Portavoces del Grupo Popular: "no, no, esto es para los pequeños". No. No. Yo creo que aquí, el furtivismo... estamos hablando de la caza mayor, ¿eh?

(Risas.)


DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Aquí no estamos hablando...

(Aplausos.)


DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: ...de unos amigos que salen a dar gancho por el páramo. Aquí estamos hablando de la caza mayor, que es lo que le gusta al señor Jambrina.

Pero, bueno, estos argumentos han ido poco a poco calando y, ahora, han anunciado que van a votar a favor de nuestro Voto Particular por el que desaparece la famosa Enmienda 55. Nos alegramos. Y eso es algo que hemos conseguido. Hemos conseguido también en este debate que las obras de reforma necesiten licencia. Pero ésos serán sólo dos detalles. Nosotros mantenemos el resto de enmiendas presentadas. Mantenemos los votos particulares a todos los que ellos pedimos el voto favorable, ya que con ello conseguiríamos corregir algunos de los más graves errores que tiene esta Ley.

(Aplausos.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra, señor Huidobro, tiene la palabra.


HUIDOBRO DÍEZ

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías. Dado que el tiempo de que disponemos para el debate de estas enmiendas no es mucho, y no es mucho y no lo consideramos necesario porque durante muchos días en Ponencia y muchos días en Comisión hemos estado hablando de todos y cada uno de los temas de los que hoy se ha hablado aquí, quiero iniciar mi intervención por los Votos Particulares -especialmente por dos de los temas de Votos Particulares-, porque han servido al Grupo Socialista para desautorizar una Ley que está llena de buenas soluciones para los problemas que el urbanismo de Castilla y León necesita. Está llena de buenas soluciones; lo que ocurre que las soluciones que damos -y lo ha dicho mi compañera en la defensa- no coinciden con la postura que respecto a la... al urbanismo, y sobre todo los aprovechamientos, las facultades urbanísticas, tiene el Partido Popular y tienen los partidos de la Oposición.

Y como no coinciden y no podían atacarla por otro sitio, han hecho una arma arrojadiza de algo que es completamente necesario regular, que es la regularización de aquellas situaciones, en las que se encontraba en la Comunidad Autónoma numerosos ejemplos, muchos de ellos en Ayuntamientos gobernados por Alcaldes Socialistas, y a los que habría que dar una solución, le guste o no le guste al Grupo Socialista -que sí que le gusta-; pero ha encontrado dónde trasladar a la opinión pública un concepto equivocado de lo que aquí se trasladaba, de lo que aquí se trataba, y lo ha utilizado hasta la saciedad. Desde la Oposición se puede hacer uso de todo para derribar al adversario -no al enemigo, al adversario-, y a mí no me parece mal.

Lo que sí que me parece mal es que el señor De Meer hable de furtivismo parlamentario. Es la primera vez que este Procurador oye que utilizar el Reglamento de la Cámara, entre otras cosas, para presentar enmiendas el Grupo Parlamentario Popular es furtivismo. Yo no sabía, yo no sabía...

(Murmullos.)


HUIDOBRO DÍEZ

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ: ...yo no sabía, no sabía que la utilización del Reglamento es furtivismo; no lo sabía. La única intención que el Grupo Socialista ha tenido en el ataque a esta enmienda es que no tiene otros asuntos con qué atacarlos seriamente.

¿La realidad es o no que existen urbanizaciones irregulares y fuera de la realidad? En esta Comunidad Autónoma, muchas, de todos los Ayuntamientos; es verdad. La realidad es que los Ayuntamientos del Grupo Popular, del Grupo Socialista y de cualquier otro Grupo no han metido mano a esas... urbanizaciones irregulares; también es verdad. La realidad es que necesitamos un procedimiento o instrumento para regularizar esa situación; también es verdad. La verdad es que ha habido otras Comunidades Autónomas -como Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha- que han utilizado un procedimiento para regularizarlo; también es verdad. Es verdad que algunos lo han hecho en Disposiciones Transitorias Adicionales; Castilla-La Mancha lo hace dentro del texto del Proyecto de Ley, lo que da por supuesto... lo que da por supuesto, lo que da por supuesto que admiten que se van a seguir cometiendo irregularidades que la Ley admite que se van a corregir. Nos parece mucho peor. Ésa es la realidad.

La realidad es... la realidad es que los Ayuntamientos, a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, nos están pidiendo que se diera a esto una solución. La realidad es que la solución que se ha adoptado es una solución que permitía arreglar los problemas; y arreglar esos problemas habría servido para arreglar muchos problemas.

(-p.6234-)

Pero sí que es cierto que esta Ley ha sido sometida a un consenso generalizado, no solamente de los Grupos Políticos -que desde enero de mil novecientos noventa y ocho la tuvieron a su alcance para poder haber hecho muchas sugerencias; como la podían hacer esas cincuenta y una instancias a las que ha hecho referencia mi compañera-, sino que también es verdad, sí que es verdad que la participación de los grupos sociales en esta... en esta enmienda, en este instrumento, no ha sido tan amplio como ha sido con el resto de la Ley. Y precisamente porque pensamos que queremos que la Enmienda salga con el consenso social que sale el resto de la Ley, es por lo que hemos decidido retirar la Enmienda y apoyar, precisamente, el Grupo Popular... el Grupo... el Voto Popular que ha presentado el Grupo Socialista.

Creemos -y así ha ocurrido en Ponencia, y así hemos hablado en Comisión, y así hemos hablado en pasillos- que son partidarios de que esto se regule, que se regule de alguna manera, cuando esto termine. Confiamos en su palabra de que en el futuro, cuando ustedes estén gobernando -como decían en pasillos, dentro de muy poco tiempo-, cuando gobiernen con una mayoría absoluta, que van a obtener de los castellano-leoneses con toda seguridad, pues entonces que admitan nuestra propuesta para poder hacer un texto que regule esta regularización de las urbanizaciones que están fuera de ley. Espero que esto lo podamos hacer pronto.

Hay otra enmienda a la que hace referencia, que es el aprovechamiento medio y el aprovechamiento medio máximo. No pueden entender ustedes de qué estamos hablando, porque si ustedes hablan de un planeamiento en el que hay que establecer programas para poder urbanizar y para poder ejecutar el planeamiento, es imposible que entiendan de qué estamos hablando. No podemos hablar de lo mismo. Si ustedes piensan que todo el planeamiento ha de hacerse en el Plan General de Ordenación Urbana, en las normas urbanísticas, y no piensan que nosotros hemos distinguido en algo que tampoco ustedes quieren comprender -y que ya hemos debatido-: que hay unas competencias propias de la Comunidad Autónoma supramunicipales, que vienen recogidas y reguladas en la Ley de Ordenación del Territorio, y que nosotros hemos distinguido claramente, y que pasamos y dejamos en la Ley de Urbanismo aquellas competencias única y exclusivamente competencia de los municipios, tampoco pueden entender cómo nosotros preferimos -como hace la Ley 6/98, de Régimen del Suelo y Valoraciones-, preferimos que la programación se haga cuando sepamos exactamente qué sistema se va a utilizar para ejecutar el planeamiento y cuáles son los compromisos que el urbanizador va a adquirir. En ese momento es el momento que nosotros pensamos que deben actuar los programas y no de más. Y, si entendieran eso, entenderían que en el planeamiento se puede poner un aprovechamiento medio máximo; y que la ordenación detallada no podrá pasar nunca de ese aprovechamiento medio máximo; y que cualquier plan de desarrollo y cualquier proyecto de gestión no podrá utilizar ese aprovechamiento medio máximo; y que el control de eso viene regulado porque sistemáticamente está establecido cuál es el contenido de los... de las determinaciones generales de los planeamientos y de las normas urbanísticas. Sin entender eso, mal pueden entender lo otro.

Y paso rápidamente -porque no tengo mucho tiempo- a hacer referencia... Y voy a hacer referencia tal como lo ha dicho. "Han hecho ustedes desaparecer de esta Ley conceptos acuñados que sirven para muchos profesionales, para muchos promotores, y que ahora desaparecen." Miren ustedes, las leyes... -y nos dijeron en el debate que esta Ley no aportaba nada; por lo menos aporta conceptos nuevos-. Nos dicen ustedes que la Ley de Ordenación del Territorio ha introducido confusión en toda la materia de urbanismo. Ya les he explicado que la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley de Urbanismo lo que viene a recoger, dentro de nuestra Comunidad Autónoma, cuál son las competencias de la Comunidad Autónoma, cuál son las competencias de los municipios.

Vienen ustedes diciendo que las suspensiones cautelares desde que un Ayuntamiento decide estudiar si va a modificar algo supone una grave intromisión en las competencias municipales. Yo le digo: lo que sería, sería una gran discrecionalidad que desde el momento que un Ayuntamiento no quisiera dar la licencia en un sitio, hacer un... hacer un estudio, hacer una propuesta y decir: "Voy a hacer un estudio..." -y no le compromete a más- "voy a hacer un estudio y suspendo cautelarmente las licencias". ¿A quién? Una discrecionalidad que ha desaparecido. Allí dicen ustedes que los convenios urbanísticos son los que le gustarían tener a Gil. Si Gil hubiera tenido regulado en Andalucía los convenios urbanísticos como se regulan en esta Ley, no podía haber hecho lo que estaba haciendo; no podría hacer nada de lo que hace. Porque los convenios vienen regulados, en este momento, en la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Lo que pasa es que ustedes deben de querer que traslademos todos los artículos de la Ley a esta Ley de Urbanismo. Si Gil hubiera tenido una ley como ésta, no podría haber hecho los convenios que ha hecho, porque tendría que haberse ajustado a lo que dice exactamente la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y no podría haber hecho los desaguisados que Gil está haciendo en Marbella.

Dicen ustedes que los programas tienen que venir en los planes. No voy a repetirlo. Para nosotros -y ésta es una gran diferencia que mantenemos con ustedes-, los programas deben de hacerse en el momento en el que el urbanizador adquiera los compromisos necesarios para que la urbanización cumpla con todas las determinaciones del planeamiento, y no antes. Porque podemos hacer -como se ha hecho desde que se aprobó la Ley del noventa- unos programas, unos planeamientos, unos programas que eran incumplibles, que no se podía hacer nada con ellos. Y prueba de ello es que, desde el año mil novecientos noventa hasta el año mil novecientos noventa y siete, los Ayuntamientos han venido dando tumbos en materia de planeamiento y en materia de urbanismo.

(-p.6235-)

Las cesiones. ¿Pero cómo me habla usted de que es el suelo no consolidado...? Acabamos de introducir una modificación. Si en la Ley 90 y en el texto refundido del noventa y dos, ustedes decían que en suelo urbano no había, ni en los mayores ni en los menores, no había que consolidar nada. ¿Han cambiado de idea? Pueden cambiar de idea ustedes... pero digan que han cambiado de idea.

Hablan ustedes que la información pública promovida por los particulares es dejar en manos de los amigos del PP, de los especuladores, la posibilidad de hacer lo que quieran. Mire usted, no. Lo que pasa es que, mientras que ustedes piensan que los particulares no tienen nada que hacer en la actividad urbanística, nosotros pensamos que los particulares son los que tienen que actuar en la actividad urbanística. Controlados y dirigidos por la Administración Pública, por la Comunidad y por el Ayuntamiento. Pero son ellos los que tienen que poner en el mercado el terreno suficiente para que los edificios, para que las construcciones y las viviendas no salgan como están saliendo ahora, con la carestía que tienen. Ustedes, con sus leyes, dieron oportunidad a que esto ocurriera.

Dice que la capacidad de modificación de los instrumentos de planeamiento se deja en manos del Ayuntamiento. Claro, pero lo que decimos si es que queremos que sea así. Hemos distinguido en el planeamiento dos partes perfectamente diferenciadas: aquellas determinaciones que tienen carácter supramunicipal -que son competencia de la Comunidad y que no se podrán modificar por el Ayuntamiento- y aquellas ordenaciones detalladas. Y aquellas ordenaciones detalladas son competencia del Ayuntamiento; y queremos que el Ayuntamiento lo pueda modificar sin necesidad de tener las trabas y los tiempos perdidos que ahora tienen. Es decir, ¿qué queremos? Poner en el terreno... en el mercado terreno suficiente para construir viviendas, ponerlo con la transparencia suficiente y ponerlo con agilidad, cosa que en este momento no ocurre. Y, si no, cualquier Alcalde que me esté escuchando sabrá que hacer una modificación de un plan o de unas normas subsidiarias le llevaba una legislatura completa.

La ruina. Ustedes han mezclado ruina y habitabilidad. Se exige en el Artículo 8 que el propietario tiene obligación de que la vivienda sea habitable, y se le impone esa obligación. Pero en el Artículo 107 no se está refiriendo a eso, se está refiriendo al Artículo 8.2; y ahí lo que dice es que la obligación de mantener en estado de habitabilidad, de seguridad y de estabilidad el edificio no puede exceder nunca, no puede exceder nunca del 50%... todo lo que dice. Efectivamente, lo mismo que dicen ustedes en la enmienda que presentan, pero lo quieren decir de otra manera. Quieren imponer... En definitiva, lo que quieren es trasladar, del texto que el Tribunal Constitucional les echó abajo, trasladar los artículos que ahí estaban a esta Ley.

En la distinción de patrimonios públicos de suelo, que sean separados o no, mi compañera ya ha hecho referencia a ello. Pero yo les digo: ustedes ¿qué quieren, que haya un patrimonio público de suelo separado destinado a una finalidad? ¿Y en aquellos cientos de Ayuntamientos que no tienen necesidades de cubrir -a las que hace referencia el Artículo 123 y 125 de la Ley, que es para lo que se crean-, que los tengan ahí separados y muertos? Eso parece ser que es lo que quieren. Pero si está garantizado que el patrimonio del suelo se tiene que dedicar necesariamente a lo que dice el Artículo 125 y 126. Si existen esas necesidades, hay que aplicarlo a eso; y, si no, se podría impugnar.

Las delimitaciones de suelo urbano, que es lo último que Su Señoría ha tratado, hace referencia a un tema en el que guarda completa relación con lo que estábamos hablando. Hay muchos pequeños Ayuntamientos que tienen una delimitación de suelo urbano, efectivamente. Y ustedes dicen: "Transformemos estas delimitaciones de suelo urbano en normas urbanísticas". Pero usted sabe mejor que yo -porque usted es técnico y yo no- que los requisitos, las determinaciones que se exigen a las normas urbanísticas son requisitos, determinaciones que no reúnen ninguno o casi ninguno de las delimitaciones de suelo urbano que en este momento existen en nuestra Comunidad Autónoma. Y no es cierto que se queden sin nada, porque en este momento existen unas normas subsidiarias que están funcionando en todos los pequeños Ayuntamientos -y que serán sustituidas por algo que a usted no le gusta, y entonces comprendo lo de la delimitación de suelo urbano-, y es que la Ley de Ordenación del Territorio impone a la Comunidad Autónoma la obligación de crear, de regular estas materias para aquellos Ayuntamientos que no tengan planeamiento.

En definitiva, señor De Meer, señores Socialistas, hay algo que no... en lo que no podemos coincidir.

Y termino diciendo: si ustedes presentaron cuatrocientas enmiendas, y les hemos aceptado cien, ustedes protestan porque les aceptamos cien, porque la Ley es mala; y, si no se las hubiéramos aceptado, nos dirían "no quieren admitir nuestra colaboración para mejorar el texto". No nos pongan entre la espada y la pared. Déjennos hacer algo.

Les admitimos cien, y reconozco que se ha trabajado -lo ha dicho el señor Sánchez Vicente-, que hemos trabajado y que se han aportado importantes mejoras a la Ley. Les reconozco que el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida, los Grupos de la Cámara han trabajado... el Grupo Mixto, han trabajado insistentemente para que esto sea posible. Hemos conseguido mejorar en algunos aspectos técnicos; lo que no podemos mejorar, lo que no podemos cambiar es aquello en lo que discrepamos respecto a la solución de los problemas urbanísticos que nuestra Comunidad Autónoma tiene.

Ésa es la razón de aceptar las enmiendas; y, si quiere, no las aceptamos.

(-p.6236-)

Y, hablando de aceptar enmiendas, efectivamente, hay una enmienda que, en el último momento, después de los largos debates que hemos tenido -y que eso forma parte del consenso que la Consejería tuvo desde enero de mil novecientos noventa y nueve con las instancias a que se hace referencia... ha hecho referencia mi compañera-, pues hemos decidido que la Enmienda 250, al Artículo 97.1 -97.1.d), me parece que es, 97.1.d)-, admitirla. Porque, efectivamente, aun cuando entendíamos que podría introducir o crear problemas a los pequeños municipios, graves, pueden ser más graves los problemas que se creen en otros aspectos de no admitirla. Seguimos pensando que puede crear problemas, dejar la enmienda como está, a los pequeños municipios; pero ante la gravedad... ante este conflicto de intereses de uno y otro, preferimos admitir la enmienda. La Enmienda 250 del Grupo Socialista al Artículo 97.1.d) el Grupo Popular la acepta en este momento.

Y presento en este momento a la Cámara una enmienda transaccional al Artículo 58.c), que hace referencia a las modificaciones del planeamiento de cualquier tipo que tengan objeto en diferente zonificación de las zonas verdes, espacios libres públicos... Que viene a satisfacer, desde nuestro punto de vista -y para que vea que sí que tenemos voluntad de consenso-, viene a satisfacer más una necesidad, un anhelo personal casi del señor De Meer. Yo diría que ha hecho de esa enmienda su enmienda particular. Y del Campo Grande -que es de lo que estamos hablando reiteradamente-, la defensa del Campo Grande tal como está más que una enmienda de verdadero contenido. No obstante, entendemos que la enmienda queda bien. Acabamos de quitar a los municipios una competencia que yo creo que la podían tener perfectamente, porque el Campo Grande quedaría protegido sin necesidad de esta enmienda; quedaría... porque quedaría protegido por otras leyes sectoriales distintas de ésta. Pero lo cierto es que hemos llegado a una transacción entre todos los Grupos Políticos. Y la paso a la Mesa para que la... para que la tenga en cuenta. Con esto, señor Presidente, termino mi intervención.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para réplica, señor De Meer, si lo desea, tiene la palabra.


DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Sí. Gracias, Presidente. Muy brevemente, porque este debate en su parte final, pues ha sido bastante estéril, ¿no? El Portavoz del Grupo Popular ha hablado durante un rato de la amnistía nonata. Y eso ya, pues no le interesa a nadie, ¿no?

Ha intentado hablar sobre el aprovechamiento medio máximo, los aprovechamientos medios; pero ya, por última vez, desesperado, ¿no? El aprovechamiento medio ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde? ¿Las preguntas fundamentales de una persona se aprueba? Si no lo saben ustedes; si usted no me ha sabido contestar esto nunca. Si esto es el gran factor de arbitrariedad. Si van a dar el aprovechamiento medio a quien quieran, como quieran, cuando quieran, porque la Ley no lo dice.

Y, por último, hablando de este tipo de temas, si Gil tuviera esta Ley no tendría cuatrocientos convenios, tendría ochocientos. Porque esta Ley está pensada para ese tipo de urbanismo.

Pero, bueno, no han aceptado... no han querido aceptar más ideas positivas de las que lealmente hemos aportado a lo largo de este debate. Y en esta parte final hemos arreglado dos cosas: han retirado la Enmienda 55 y han aceptado lo de las obras de reforma. No hubieran aceptado nunca la Enmienda 55 si no hubiera existido la enmienda de las zonas verdes (que no estaba pensado tanto en el Campo Grande como los Jardines de La Rubia, porque en el Campo Grande todavía pueden jugar los niños y en los Jardines de La Rubia ya no. Y algún Alcalde del Grupo Popular lo ha cortado... ha cortado la gran arboleda que plantó un Alcalde Socialista durante la República hace muy pocos años).

Pero esa enmienda lo que ha funcionado de verdad ha sido como un cepo, y el furtivo ha caído en el cepo.

(Risas. Leves aplausos.)


DE MEER LECHA-MARZO: Y

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Y ésa ha sido su gran virtud. Ha funcionado como un cepo; como un cepo. Algo hemos arreglado. No ha dado tiempo a arreglar más cosas. Si este debate se hubiera planteado antes, si hubiera durado más, más hubieran cedido. Y voy a citar a un clásico: a esta Ley le ha faltado, o una semana, o un debate.

EL SEÑOR .....: (Intervención sin micrófono).


DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Pero no importa, no nos importa. Jaime, un próximo gobierno progresista de Castilla y León modificará esta Ley, de modo que sirva a los intereses de la mayoría, y no a los de la derecha conservadora de Castilla y León que tan dignamente representan ustedes aquí.

(Aplausos.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, señor Huidobro.


HUIDOBRO DÍEZ

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ: Gracias, señor Presidente. Yo esperaba algo más en la réplica, pero ha insistido en dos temas muy claros, a los que yo quiero seguir haciendo referencia.

(-p.6237-)

He gastado parte de mi tiempo en defender la Enmienda 55 porque sigo pensando que es una enmienda que solucionaría y que, en este sentido o en otro, ha de solucionar muchos problemas de los municipios de esta Comunidad Autónoma y que muchos están intentando pedir que se haga para solucionarlo.

Espero... espero que el candidato socialista, cuando a partir del mes de junio gane esas elecciones que las encuestas le dan sobradamente ganadas, admita nuestra colaboración en la redacción de ese Proyecto de Ley en los mismos términos que nosotros hemos admitido las enmiendas del Grupo Socialista para mejorar esta Ley. Y espero que cuando admitan todas esas enmiendas que nosotros vamos a presentar no nos digan que estamos presentando... nosotros, el Portavoz, si soy yo o cualquiera otro, no le diga que qué mala Ley han presentado o que han tenido que admitir nuestras enmiendas para que esta Ley pueda ser buena.

Esta enmienda tiene una razón de ser, un problema que resolver. Se ha trasladado... y no hemos sido nosotros quienes hemos trasladado a la opinión pública la opinión de que era una amnistía. Ustedes saben mejor que yo que no. Han procurado por todos los medios no aceptar ningún tipo de transacción sobre esta enmienda porque era en lo único que se podían basar para hacer ruido. Y, por lo tanto, la cosa está clara, que la enmienda les ha servido a ustedes para algo muy importante: para decir que la Ley es muy mala en su conjunto.

Pues bien, yo les digo a ustedes una cosa: esta Ley, que es tan mala en su conjunto, recibe el apoyo de la mayor parte de los Ayuntamientos de esta Comunidad Autónoma, que día a día llamaban -por lo menos a los Portavoces de este Grupo- para decirnos: "no se os ocurrirá no sacarla; no se os ocurrirá no hacer nada; estaréis pinchando para que la Junta de Castilla y León apruebe... diga que se apruebe la Ley, para que diga que sigue adelante". Por lo tanto, si se está pidiendo por quienes más afectados resultan por la misma, no me digan ustedes que la Ley es mala única y exclusivamente porque ustedes hayan tenido la oportunidad de cebarse en una enmienda que han utilizado de manera... no voy a llamar furtiva, porque ustedes tienen... ustedes tienen tanto derecho como yo a presentar enmiendas y ustedes a utilizar de otra manera.

Pero hay otro problema que quiero dejar claro: señor De Meer, para dejar sin efecto el Artículo 97.1.c) yo no necesito de ninguna manera aceptarles la enmienda. Con haber votado en contra de ese apartado se habría... se habría solucionado. No me diga usted que esto es el cambio. Prefiero que esté arreglado; voto en contra y se ha resuelto el problema. Porque el problema se refería única y exclusivamente a unos espacios libres públicos, que no afectaba en mucho o en poco a la Ley.

Por lo tanto, no piense usted que con eso es con lo que ha conseguido usted que esta enmienda haya sido la causa de retirarla; han sido otras. Y las otras son, fundamentalmente, que no nos gustaría que una ley que sale con el consenso de todos los grupos sociales en su conjunto tuviera una pequeña parte, que ustedes se han procurado mover bien para trasladar a la sociedad que era una amnistía, y que esta pequeñísima parte, milésima parte de la Ley, no saliera con el consenso también de todos los grupos sociales. Atribuya usted a esto la retirada de la enmienda y no la atribuya a otra cosa.

Y con esto -y como no se ha hecho referencia a ninguna otra cosa- voy a terminar mi intervención, no sin decir algo que creo que es de justicia. Los debates parlamentarios -y más los debates de un final de Legislatura- dan lugar durante los debates, sobre todo si los debates en Ponencia y en Comisión han sido largos, y han sido duros, y han sido estudiados, dan lugar a enfrentamientos y a contradicciones. Pero lo que yo sí quiero dejar constancia aquí que con el ánimo, independientemente de la oposición parlamentaria que todos los Grupos tienen y tenemos derecho a hacer, o apoyos parlamentarios, lo que sí que quiero dejar bien claro ante la Cámara y ante todos los castellanos y leoneses que el espíritu de colaboración de todos los Grupos de la Cámara para mejorar, desde su punto de vista o desde nuestro punto de vista, el texto de esta Ley ha sido un esfuerzo que el Grupo Popular quiere agradecer y dejar constancia en el colofón de esta Ley. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación las enmiendas que han sido defendidas.

En relación con las que ha mantenido el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la número 2 sería aceptada. ¿Se puede aprobar esta enmienda por asentimiento? Se aprueba.

Se someten a votación las restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Una.

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y seis. A favor: veintinueve. En contra: cuarenta y seis. Y abstenciones: una. Quedan, pues, rechazadas.

Se someten a votación los votos particulares a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.


HUIDOBRO DÍEZ

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ: Señor Presidente, los votos particulares, excepto el Voto Particular a la Disposición Adicional Quinta, que era la que se había introducido en el Dictamen como consecuencia de la Enmienda 55 del Grupo Popular. Todos los votos particulares excepto el voto particular a la Disposición Adicional Quinta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Entonces, el voto particular...

EL SEÑOR .....: Se vota el voto particular nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ...a la Enmienda número 55...

EL SEÑOR .....: Exactamente.

(-p.6238-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ...del Grupo Parlamentario Popular, ése se aprobaría por asentimiento.


DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Nos gustaría que quedara constancia de que el Voto Particular lo presenta el Grupo Parlamentario Socialista.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Sí, efectivamente. Son votos particulares del Grupo Socialista a enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

En cuanto a la del 55, ¿se aprobaría por asentimiento? Se aprueba.

Y se someten a votación los restantes. ¿Votos a favor de los votos particulares del Grupo Socialista a las enmiendas del Grupo Popular? Gracias. Sí. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y seis. Votos a favor: treinta. En contra: cuarenta y seis. Quedan, pues, rechazados.

Se someten ahora a votación... perdón, antes de someter a votación las enmiendas del Grupo Socialista, ¿la número 250 se aprueba por asentimiento? Se aprueba.

En cuanto a la Enmienda número 78... 178, los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Izquierda Unida y Mixto presentan a la Presidencia de la Cámara una enmienda transaccional proponiendo el siguiente texto:

"c) Las modificaciones del planeamiento de cualquier tipo que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de zonas verdes o espacios libres existentes, o previstos en el planeamiento, deberán ser aprobadas por decreto de la Junta de Castilla y León, previo informe favorable del Consejero competente por razón de la materia y del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma".

Se aprueba la transaccional que hace decaer la número 178 del Grupo Socialista.

Y ahora se someten a votación los restantes bloques de enmiendas defendidas y mantenidas por el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Treinta. ¿Votos en contra? Cuarenta y seis. ¿Abstenciones? Ninguna. Por lo tanto, quedan rechazadas.

Concluido el debate de las votaciones, doña Elena Pérez pide la palabra para explicación de voto.


PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. Muchas gracias, Señorías. Desde Nueva Izquierda, integrante del Grupo Mixto, hemos votado a favor de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida y Partido Socialista por cinco motivos fundamentales, a nuestro modo de ver, para intentar evitar una serie de prejuicios que se intenta plantear con este Proyecto de Ley.

En primer lugar, con este Proyecto de Ley que nos ha traído a la Cámara y que, previsiblemente, se aprobará con los votos exclusivos del Partido Popular, se minimizan las cesiones a los Ayuntamientos, coartándoles la autonomía para hacer una política más social.

Segundo, porque nos parece que no sirve para una planificación urbanística mínima e integral del territorio, que dé visos de estabilidad a ello. Hay una posibilidad constante de cambio con este Proyecto de Ley... Señor Presidente, le ruego... si puede usted plantear silencio.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, Señorías. Cuando quiera.


PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Nos parece que con este Proyecto de Ley se está dando una posibilidad constante de cambio, y está favoreciendo y va a favorecer la arbitrariedad y el amiguismo en nuestro territorio.

Tercer motivo. No se prevé o regula una mínima dotación social, por ejemplo -y lo estaban diciendo los anteriores Portavoces-, viviendas de promoción pública, por ejemplo. Y las dotaciones públicas existentes... este Proyecto de Ley planteaba, por ejemplo -y sí ha sido debatido ya-, los jardines de La Rubia -que no era el Campo Grande, sino los jardines de La Rubia- se podían desmantelar por cualquier Ayuntamiento arboricida, sin ninguna cortapisa. Se ha arreglado con una transaccional presentada por todos los Grupos, de lo cual me alegro; pero eso no quitará las intenciones, seguramente, a algún Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular.

Cuarto. Nos parece que esta Ley tiene un desprecio a los Ayuntamientos pequeños.

Y quinto. Yo quisiera plantear nuestra opinión sobre las enmiendas presentadas al Partido Popular, en última... a última hora; y no quiero decir que sean...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señora Pérez...


PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: ...furtivas o no...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señora Pérez, le recuerdo que estamos en el turno de explicación de voto. Y no abra usted debate con ninguna enmienda, que ya han sido votadas. Por favor...


PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, sólo voy a explicar...

(-p.6239-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ...limítese a explicar el voto, que el debate ha concluido.


PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, sí. El debate ha concluido y estoy explicando el voto, porque los cinco motivos que he votado a favor de las enmiendas de los Grupos de la Oposición.

Nos parece que ha habido enmiendas que se han... han intentado cambiar totalmente el sentido de esta Ley y eran verdaderas enmiendas a la totalidad. Decía antes un Portavoz que en la próxima Legislatura, un Gobierno progresista -del que seguramente formaremos parte toda la Oposición de esta Cámara-, sin amiguismos y sin intereses particulares, dotaremos mediante una nueva Ley de otro contenido objetivo integral, colectivo y social, a la planificación urbanística de nuestra Comunidad.

Esta Ley nos parece que es un atentado a la democracia real de la ciudadanía, porque no tiene igualdad de derechos ante esta Ley. Estamos seguros que la ciudadanía nos pedirá que la cambiemos próximamente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por último, se somete a votación el Proyecto de Ley que acaba de ser debatido, esto es: sus Artículos 1 a 150; sus cinco Disposiciones Adicionales; siete Transitorias; la Disposición Derogatoria y las Disposiciones Finales Primera, Segunda y Tercera; Exposición de Motivos y Título del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones, si hubiere?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y tres. A favor del Proyecto: cuarenta y cuatro. En contra: veintinueve. No hay abstenciones. En consecuencia, queda aprobada la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Y el señor Consejero pide la palabra... la tiene.


JAMBRINA SASTRE

EL SEÑOR CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (SEÑOR JAMBRINA SASTRE): Gracias, señor Presidente. Gracias, Señorías, por el texto que ha sido aprobado esta mañana. Un texto que, a mí se me ocurre, era absolutamente necesario para esta Comunidad. Un texto que pone orden para Castilla y León, desde mi punto de vista y gracias al trabajo de todos, a lo que sucedió después de la Sentencia del Constitucional. Un texto que están esperando los Ayuntamientos para tener cobertura legal de sus actuaciones. Y un texto -en fin, Señorías- que no va a tener la característica -entiendo- que se ha calificado aquí, y porque lo van a ver cuando el Partido Popular desarrolle esta Ley en los próximos años en esta Comunidad Autónoma. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, Consejero. Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las trece horas cinco minutos.)


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