DS(C) nº 186/7 del 2/9/2008

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Buenos días. Señorías, va a dar comienzo la Comisión de Economía, Empleo, Industria y Comercio. Buenos días.

En primer lugar, agradecerles a todos su asistencia, darles la bienvenida al inicio de la sesión parlamentaria. Quiero dar las gracias, en primer lugar, de una manera... en representación de todos las Señorías que hoy componen la sede parlamentaria, al Vicepresidente Segundo y Consejero de Economía, Empleo, Industria y Comercio y a la Consejera de Administración Autonómica, por su presencia hoy en la Comisión de Economía para dar amplia y detallada información sobre la autorización de plantas de energía solar fotovoltaica en Castilla y León.

Antes de dar lugar a esta comparecencia, los Grupos Parlamentarios tienen la palabra para comunicar a esta Presidencia si existen sustituciones en cada uno de los Grupos Parlamentarios. ¿Por parte del Grupo Parlamentario Socialista?

EL SEÑOR SÁNCHEZ ESTÉVEZ:

Sí, buenos días. Gracias, señora Presidenta, buenos días a todos y a todas, señoras y señores asistentes. Don Jorge Félix Alonso sustituye a don Pascual Fernández, Doña Ana Redondo sustituye a doña Yolanda Vázquez.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Muchas gracias, Señoría. Por parte del Grupo Parlamentario Popular...

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Sí, buenos días, señora Presidenta. Dentro de la Comisión de Economía, Empleo, Industria y Comercio: don Pedro Muñoz sustituye a don Rubén Rodríguez, doña María Dolores Ruiz-Ayúcar a don Francisco Javier García Prieto y don Juan José Sanz Vitorio a don Luis Domingo González Núñez. Y dentro de la Comisión de Presidencia y Administración Autonómica, doña María Concepción Mallo sustituye a don Rubén Rodríguez, don Alfonso García a doña María Arenales Serrano, y doña María Canto Benito a don Jesús Jaime Encabo.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Muchas gracias, Señoría. Constato que el Grupo Parlamentario Mixto acude el Portavoz.

Bien. Primer punto del orden del día... Quiero también hacer constar que están invitados todos los Procuradores miembros de la Comisión de Presidencia y Administración Autonómica. El señor Secretario va dar lectura al primer punto del Orden del Día.

SC 116

EL SECRETARIO (SEÑOR NIETO BELLO):

Gracias, señora Presidenta. Buenos días, Señorías. Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia de forma conjunta del Vicepresidente Segundo y Consejero de Economía y Empleo y de la señora Consejera de Administración Autonómica, a petición del Grupo Parlamentario Popular, ante las Comisiones de Economía, Empleo, Industria y Comercio, y Presidencia y Administración Autonómica, para informar a las mismas sobre las actuaciones realizadas por parte de sus Consejerías sobre la autorización de plantas de energía solar fotovoltaica en Castilla y León".

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Muchas gracias, señor Secretario. Tiene la palabra el excelentísimo señor Consejero de Economía y Empleo.

EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA JUNTA Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ):

Muchas gracias. Buenos días, Señorías. Comparezco como con... Vicepresidente Segundo de la Junta de Castilla y León y Consejero de Economía y Empleo, junto a la Consejera de Administración Autonómica, ante estas Comisiones de Presidencia y Administración Autonómica y de Economía, Empleo, Industria y Comercio de estas Cortes Regionales, con el objeto de facilitar en esta sede parlamentaria a Sus Señorías todo tipo de detalles, sin afectar a los derechos de terceras personas, sobre las actuaciones de la Junta de Castilla y León en un sector tan importante para la Comunidad como es el de la energía solar fotovoltaica; sobre el ejercicio de las competencias que, en materia de ordenación energética tiene la Comunidad Autónoma en el marco de la planificación estatal; sobre el control que en la ejecución de dichas competencias se tiene; así como sobre el resultado de las comprobaciones llevadas a cabo por el Gobierno Regional a raíz de las informaciones públicas relativas a participación de algunos empleados públicos en inversiones relacionadas con instalaciones solares fotovoltaicas y sobre la compatibilidad o no de la misma con el desempeño de los puestos de trabajo que tenían asignados.

He de comenzar agradeciendo a estas Cortes la posibilidad que me ofrecen a mí, como a mi compañera de Gobierno, para informar en este día dos de septiembre de las actuaciones que hemos realizado; así como a la predisposición de los Grupos Parlamentarios que, desde los primeros días del mes de agosto, han manifestado públicamente la voluntad de facilitar la comparecencia del Gobierno a tales efectos.

He de manifestarles que, desde el primer momento en que esa implicación inicial de empleados públicos en inversiones privadas fotovoltaicas saltó a la luz pública, el primer día del mes de agosto, hemos estado trabajando en el esclarecimiento de las circunstancias que pudieran haber concurrido en estos casos, dando prioridad al trabajo interno de investigación y comprobación, con el fin, una vez concluido el mismo, de dar cuenta al Gobierno del que formamos parte, a estas Cortes, al sector y a sus organizaciones empresariales y a los ciudadanos de esta Comunidad del alcance de lo que había pasado.

Señorías, ante esta situación, creo que el Gobierno ha actuado, dentro de la lógica y normal preocupación, con prudencia, teniendo en cuenta la importancia del sector; con transparencia informativa, ya que ha habido información permanente a través de los Delegados Territoriales; con rigor y decisión, ya que, sin prejuzgar a nadie, se han rescindido las relaciones de confianza que sustentan los puestos de libre designación que ocupaban algunas de estas personas; y con la debida agilidad, ya que se han tardado pocas horas en examinar la situación y tomar las decisiones que creo nos correspondía tomar. Todo ello sin paralizar el normal desarrollo del trabajo intenso de los Servicios Territoriales.

Paso a continuación a explicarles el porqué de estas afirmaciones, para lo que estructuraré mi intervención en los siguientes apartados: me referiré así, en primer lugar, a los cambios en la regulación jurídica de estas competencias; en segundo lugar a la planificación española de las energías renovables hasta el año dos mil diez; en tercer lugar, a la política en materia de energía fotovoltaica en Castilla y León y al procedimiento de autorización de este tipo de instalaciones; en cuarto lugar, a su evolución en Castilla y León y en España; en quinto lugar, a los casos detectados de participación de empleados públicos en este tipo de instalaciones y las actuaciones y medidas adoptadas; en sexto lugar, al control de estas competencias en el campo de la ordenación energética; y en séptimo lugar, a las... la responsabilidad pública y política del ejercicio de estas competencias.

La regulación jurídica de ámbito estatal, por ser normativa básica de este tipo de actividades, ha sufrido excesivos cambios en los últimos años, que sin duda alguna no han facilitado un desarrollo ordenado del sector ni en el tiempo ni en el territorio.

Conocen Sus Señorías que la Ley 54/1997, de veintisiete de noviembre, del Sector Eléctrico, estableció el derecho a la libre ejecución de instalaciones de generación eléctrica, a la vez que organizó su funcionamiento bajo el principio de libre competencia, fomentando la creación del régimen especial de productores de energía con fuentes renovables.

Asimismo, dicha ley fijaba el derecho a la percepción de una prima para complementar el régimen retributivo de las instalaciones en régimen especial.

El posterior desarrollo de esta ley se ha traducido en diferentes reales decretos de los gobiernos nacionales que han ido cambiando el marco regulador, y sobre todo retributivo, de este tipo de instalaciones, que, sin duda alguna, son los determinantes de la actual situación.

Me refiero, en primer lugar, al Real Decreto 2818/1998, de veintitrés de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración.

En segundo lugar, al Real Decreto 1663/2000, de veintinueve de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. Con este decreto, el Gobierno de la Nación intentaba desarrollar completamente la Ley 54, a la que he hecho referencia, estableciendo las condiciones administrativas y técnicas básicas de conexión a la red de baja tensión de las instalaciones fotovoltaicas, teniendo en cuenta sus especiales características.

Me refiero, en tercer lugar, al Real Decreto 436/2004, de doce de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, que tenía como principal objetivo unificar la normativa de desarrollo de la Ley 54 en lo que se refiere a la producción de energía eléctrica en régimen especial y, en particular, en lo referente al régimen económico de estas instalaciones.

Se pretendía dotar al régimen especial de un marco regulatorio duradero, objetivo y transparente, que hiciera que la actividad de producción de energía eléctrica con recursos renovables fuera atractiva a la inversión privada, garantizando a los inversores una retribución razonable.

Asimismo, se perseguía el objetivo de cumplir con los objetivos fijados por el Plan de Fomento de las Energías Renovables para el año dos mil once.

Me refiero también, Señorías, en cuarto lugar, al Real Decreto 661/2007, de veinticinco de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Este Decreto trae causa del anterior en lo referente a la revisión de tarifas, siendo necesario, por dos razones principalmente: en primer lugar, para regular aspectos técnicos que permitieran el crecimiento de algunas tecnologías, con el fin de cumplir con los nuevos objetivos establecidos por el, en aquellos momentos relativamente reciente, el Plan de Energías Renovables 2005-2010. Y también para desligar el régimen retributivo de la tarifa eléctrica media o de referencia.

Señorías, permítanme que haga dos consideraciones sobre esta regulación nacional. Una, sobre las indefiniciones de la misma a la hora de fijar los límites de potencia de las instalaciones, que fueron aclaradas en sendas consultas que se hicieron a la Comisión Nacional de Energía, que abrieron la puerta a que se pudieran realizar huertos fotovoltaicos con agrupaciones de instalaciones de hasta cien kilovatios, siempre que se conectaran a la red a través de su propio centro de transformación, ya que las mismas obtendrían la retribución más alta posible.

Todo ello ha provocado el gran despegue de los huertos solares en todo el ámbito nacional, no solo en la Comunidad nuestra de Castilla y León; y que, al final, se han conse... se hayan conseguido el objetivo de potencia solar fotovoltaica fijado para el año dos mil diez en octubre del año dos mil siete.

Y otra consideración sobre el marco retributivo: tal y como se desprende de la evolución de la normativa regulatoria del régimen especial de productores de energía eléctrica, se puede concluir que hasta la entrada en vigor del Real Decreto 436, al que he hecho referencia, la tipología de instalación fotovoltaica conectada a red más común era la de pequeñas instalaciones, de cinco kilovatios de potencia nominal. No obstante, el alto coste de dichas instalaciones y su baja rentabilidad hacían necesaria la implantación de medidas que permitieran rentabilizar las instalaciones en períodos de tiempo más razonables.

Y, en segundo lugar, que las tarifas establecidas por la regulación normativa del régimen especial no han parado de crecer desde el Real Decreto 28/18, al que también he hecho referencia. Lo que, unido al aumento de la potencia de las instalaciones, con su consiguiente reducción de costes por economías de escala, y la agrupación de las mismas, ha provocado el crecimiento desmesurado y desordenado de la potencia fotovoltaica instalada en nuestro país, sin que las Comunidades Autónomas hayamos tenido capacidad de planificar y ordenar en el espacio y en el tiempo la implantación de estas instalaciones -algo habitual en las instalaciones energéticas-, y que reiteradamente hemos solicitado al Ministerio del ramo.

Esta favorable situación retributiva, que ha llevado a que miles de personas –miles, Señorías- de nuestra Comunidad Autónoma hayan decidido invertir en el sector, se ha visto acrecentada además por la favorable coyuntura financiera de... de años pasados, que hacía que las entidades financieras ofrecieran a sus clientes financiación estructurada para este tipo de proyectos, por lo que muchos ciudadanos han tomado sus decisiones de invertir en el mismo como un producto financiero más a su alcance.

Todo ello ha provocado que el actual titular del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio haya reunido oficialmente, en el mes de julio, a las Comunidades Autónomas para entregarnos un borrador del nuevo Decreto, que supone un freno total al desarrollo de este tipo de energías en nuestro país, olvidándose de las consecuencias negativas que puede tener, no solo para la inversión sino para la industria española de componentes, que sin duda alguna se quedará sin uno de los principales mercados –el nacional-, algo que ya le hemos transmitido al Ministro en esa reunión.

Actualmente, el Plan (en vigor) de Energías Renovables 2005-2010 fue aprobado por el Consejo de Ministros de veintiséis de agosto del año dos mil cinco. Yo les recomiendo, Señorías, que lean, en la página web del IDAE, y consulten el Documento que se denomina de la siguiente manera: "Resumen del PER para el Consejo de Ministros, ocho de agosto del año dos mil cinco". Yo voy a evitar, por no hacer muy extensa la comparecencia, leer -aunque tengo algunos párrafos importantes que me hub... me gustaría destacar, pero luego, en... en réplica o en dúplica, tendré la oportunidad de hacerlo-, pero yo, Señorías, recomiendo su lectura.

Las justificaciones y potencialidades que hace este Plan Nacional la Junta de Castilla y León las hace suyas también, y cree firmemente en la vigencia de las mismas al día de hoy, no solo en el año dos mil cinco, cuando el mismo se aprobó. En este Plan se identificaba un nuevo objetivo de incremento de potencia fotovoltaica, de trescientos sesenta y tres megavatios, en el período dos mil cinco-dos mil diez, dentro de la planificación de las energías renovables en su conjunto, siempre partiendo de la puesta en marcha de las medidas propuestas en él, asignando a Castilla y León una potencia –curiosa- de veintiséis... de 25,60 megavatios en el horizonte del año dos mil diez. Si Sus Señorías tienen interés que les facilite en algún momento de la comparecencia lo que asignaban a otras Comunidades Autónomas, se encontrarán la expresión que yo he utilizado de "curiosa".

Pues bien, Señorías, si la regulación nacional y sus cambios no han contribuido a desarrollar ordenadamente el sector, no se puede decir que el PER –el Plan de Energías Renovables- 2005-2010 haya servido para algo mejor en el ámbito fotovoltaico. Así, el PER 2005-2010, como documento de planificación orientativa en el ámbito fotovoltaico, establecía unos objetivos al dos mil diez que, a día de hoy, se ha demostrado que eran muy poco ajustados a la realidad. El PER propugnaba, expresamente, mantener las primas establecidas en el Real Decreto 436, puesto que entendía que la principal barrera a salvar para el desarrollo de la fotovoltaica era la de carácter económico, por la poca rentabilidad de sus inversiones.

En conclusión: el Gobierno de la Nación, con su regulación y planificación, iba por un lado, y la realidad iba por otro. Este Plan no ha servido para nada, y quien lo aprobó tardó casi dos años en darse cuenta de ello; y, ¿cómo no?, promulgó un nuevo Real Decreto –el 661/2007-, por el que se regulaba la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, que derogaba el Real Decreto 436, que no solo no reduce la rentabilidad de las inversiones en fotovoltaica sino que las incrementó, y concede -lo que probablemente sea su mayor error- la introducción de un límite temporal al mantenimiento de primas o tarifas. Plazo que, una vez aplicado el procedimiento contenido en el Decreto, fue fijado por la Secretaría General de Energía del Ministerio en el veintinueve de septiembre del año dos mil ocho, es decir, dentro de muy pocos días. Algo que ha provocado una carrera en el sector y que, por supuesto, los objetivos del PER se vean aún más ampliamente superados.

Hasta aquí el análisis de las causas del aluvión de expedientes de solicitud de autorización -de autorización, Señorías- para este tipo de instalaciones, que están aún, en estas semanas, tramitándose antes de la referida fecha tope en las Comunidades Autónomas, en todas las Comunidades Autónomas.

Me gustaría recalcar que se trata de una normativa que es básica –y entiendo, Señorías, que se comprende lo que quiere decir básica- y, por lo tanto, aplicable en todas las Comunidades Autónomas a este tipo de autorizaciones administrativas, por lo que el procedimiento contenido en la misma es igual en todas. Decir que el procedimiento no es transparente es tanto como desconocer la regulación de este tipo de instalaciones, o desconocer lo que realmente señala la Comisión Nacional de Energía en su informe relativo a la aplicación de este procedimiento en este tipo de instalaciones, donde Castilla y León, en ese informe, es la Comunidad que mejor sale parada.

Lean ustedes, Señorías, el Informe de la Comisión de... Nacional de Energía, que aprobó su Consejo de Administración, y al que me imagino que en reiteradas ocasiones me re... me veré obligado a acudir en esta comparecencia.

Señorías, como fácilmente puede deducirse de la evolución histórica de la potencia instalada en España y en Castilla y León, se puede indicar que la fotovoltaica, conectada a la red, no era inicialmente un objetivo prioritario del Gobierno que yo represento. Las razones para este posicionamiento inicial fueron las siguientes:

La fotovoltaica tiene unas horas de funcionamiento muy reducidas respecto a otras tecnologías, tanto renovables como del régimen ordinario. Así, una instalación fotovoltaica sin seguidores puede alcanzar una media de mil cuatrocientas horas equivalentes de funcionamiento, mientras que en el caso de contar con seguidores, las horas equivalentes pueden alcanzar una cifra próxima a las dos mil.

En segundo lugar, el coste, tanto de la instalación como por... como para la tarifa, por la necesidad de dar una rentabilidad mínima que fomente su instalación, es mucho más alto que en cualquiera de las otras energías promovidas por el régimen especial.

En tercer lugar, las ratios de ocupación de terreno, tanto en relación con la potencia instalada como la energía producida, son claramente desfavorables respecto a otras energías renovables. La consideración, también, para muchos ciudadanos, de la fotovoltaica conectada a red como un producto financiero más que un produc... un proyecto industrial. Sin olvidarnos del preocupante agotamiento de la capacidad de conexión en red de distribución provocado por la fotovoltaica, que puede disminuir las posibilidades de otras renovables aún en despegue, como la biomasa, así como de otros proyectos empresariales de otros sectores, que a veces cuentan en Castilla y León con las dificultades del sobrecoste de la traída de la energía.

Sin embargo, el inicio de la proliferación de este tipo de instalaciones en otras Comunidades Autónomas como consecuencia de los cambios regulatorios a los que me he referido, y las reiteradas peticiones efectuadas tanto por promotores como, fundamentalmente, por las empresas instaladoras de Castilla y León -que argumentaban que tenían que ir a buscar el negocio a otras Comunidades Autónomas cuando el recurso y las condiciones climáticas eran al menos tan favorables en Castilla y León- nos llevaron a replantear los postulados iniciales, no estableciendo objetivos pero sí permitiendo al sector su desarrollo, algo en lo que jugó un papel muy importante la propia Comisión Nacional de Energía al aclarar aspectos que afectaban a la seguridad jurídico de este tipo de... jurídica de este tipo de proyectos, como ya les he mencionado.

Sobre la tramitación de este tipo de autorizaciones para las instalaciones fotovoltaicas, concurren diferentes disposiciones, que resumidamente son las siguientes: el Real Decreto 661, al que acabo de hacer referencia, de veinticinco de mayo del dos mil siete, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial; el Real Decreto 1955/2000, de uno de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y los procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica; el Real Decreto 1663/2000, de veintinueve de diciembre, sobre la conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión; el Real Decreto... el Decreto –perdón- mil... –perdón- 127/2003, de treinta de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; la Ley 5/1999, de ocho de abril, de Urbanismo de Castilla y León; el Decreto 22/2004, de veintinueve de enero, por el que se aprueba el Reglamento Urbanístico de Castilla y León; la Ley 11/2003, de ocho de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León; la Orden de la Consejería de Fomento 1079/2006, de nueve de junio, por la que se aprueba la instrucción técnica urbanística relativa a las condiciones generales de instalación y autorización de las infraestructuras de producción de energía de origen fotovoltaico; y los informes de la propia Comisión Nacional de Energía.

De acuerdo con estas disposiciones, me van a permitir que me detenga en la mención de los trámites necesarios a realizar para la puesta en funcionamiento de una instalación fotovoltaica conectada a la red, puesto creo... puesto que creo que el análisis de los mismos es revelador a la hora de determinar si estamos o no ante un procedimiento que permita tratos de favor, incumplimientos de requisitos o cualquier otro tipo de anomalía en su aplicación.

En primer lugar, la presentación de un aval ante la Caja General de Depósitos del Servicio Territorial de Hacienda.

En segundo lugar, la solicitud del punto de acceso a la red de distribución de la compañía distribuidora de la zona.

En tercer lugar, la solicitud de información sobre la parcela en la que se pretende ubicar la instalación fotovoltaica al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

En cuarto lugar, la solicitud de información sobre el régimen urbanístico aplicable a la parcela donde se va a aplicar la instalación al Ayuntamiento respectivo.

Solicitud a la Dirección General de Energía y Minas del otorgamiento de la condición de instalación de producción acogida al régimen especial.

Solicitud al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la provincia donde se encuentre ubicada la instalación, y autorización administrativa y aprobación del proyecto. A la empresa distribuidora... la empresa distribuidora informa a la Dirección General de Energía y Minas sobre la potencia máxima que puede evacuar la instalación fotovoltaica a la red de distribución; esa información es recogida en el informe de capacidad de red que la propia Dirección remite al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo donde se encuentra la instalación.

Solicitud al Ayuntamiento respectivo de las siguientes licencias: licencia ambiental -se solicita al Ayuntamiento-, aportando la documentación correspondiente; el Ayuntamiento somete al expediente a información pública durante veinte días en el Boletín Oficial y en el tablón de edictos, y notifica a los propietarios colindantes; se remite el expediente a la Comisión Territorial de Prevención Ambiental; remite el informe de la Comisión Territorial de Prevención Ambiental; el alcalde resolverá y notificará la resolución del procedimiento en el plazo de cuatro meses. Licencia urbanística, que también le corresponde al propio Ayuntamiento, que se solicita aportando, evidentemente, la co... la documentación correspondiente, y el Ayuntamiento resuelve o debe resolver en el plazo de tres meses.

Y la autorización de uso excepcional, también al Ayuntamiento, en suelo rústico; se solicita al propio Ayuntamiento, el Ayuntamiento lo somete, el expediente, a información pública durante veinte días en el Boletín de la Provincia, y el Ayuntamiento remite el expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo; la propia Comisión Territorial de Urbanismo tiene que notificar en el plazo de dos meses desde la percepción... desde la recepción del expediente concreto.

En noveno lugar, en el trámite de autorización administrativa, de nuevo se somete el expediente a información pública, veinte días en el Boletín Oficial de la Provincia, tercer periodo –indico- de exposición pública. Con posterioridad, si procede, el Servicio Territorial de Industria otorga la autorización a la instalación.

Una vez ejecutada la instalación, se solicita la puesta en servicio de la instalación al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo.

Concedida la puesta en marcha, se solicita a la Dirección General de Energía y Minas la inscripción definitiva en el registro de instalaciones de producción en régimen especial.

Una vez finalizada la ejecución de instalación, se solicita la licencia de apertura al Ayuntamiento respectivo.

Y, por último, concedida la inscripción definitiva y la licencia de apertura, se solicita a la Agencia Tributaria la inscripción de la instalación fotovoltaica en el régimen... en el Registro de Impuestos Especiales.

Estos, Señorías, son los trámites que cualquier promotor de este tipo de instalaciones tiene que realizar ante diferentes órganos de las Administraciones Públicas locales, regionales y nacionales, y ante las propias compañías distribuidoras.

Pudiendo concluirse que, por los periodos de exposición pública que contiene este procedimiento, el número de organismos dife... de diferentes Administraciones Públicas intervinientes en el mismo, las diferentes Consejerías afectadas a la hora de emitir informes y autorizaciones, es muy difícil, Señorías, por la garantía que supone el propio procedimiento administrativo, que existan tratos de favor, oscurantismo o cualquier otro tipo de irregularidades o disfunciones a la hora de ejercer estas competencias, tanto si se refieren a una instalación fotovoltaica conectada a la red de distribución como si se refiere a cualquier otra instalación energética, ya que se tramita de la misma forma, ya sea para un ciudadano particular o para la primera empresa industrial de nuestra propia Comunidad Autónoma.

Yo sí quiero dejar claro aquí, Señorías, que la Junta de Castilla y León no tiene ninguna duda de la profesionalidad y del buen hacer de los empleados públicos de nuestra Comunidad, cuya labor queremos, una vez más, públicamente reconocer. Reconocimiento al que me gustaría que se sumaran estas propias Cortes Regionales.

En conjunto, el número total de solicitudes de instalación fotovoltaica en nuestra Comunidad que se han tramitado a través de este procedimiento alcanza los seis mil setecientos ochenta y seis expedientes, con una potencia instalada supe... solicitada superior a los ochocientos megavatios, lo que ha hecho necesario reforzar los Servicios Territoriales para la gestión y tramitación de estos expedientes durante este año con nueve técnicos y trece auxiliares administrativos, con el fin de dar respuesta adecuada técnica y temporalmente a los miles, insisto, miles de ciudadanos que han decidido invertir en este sector en Castilla y León.

Con todo lo expuesto, ¿cuál ha sido la evolución de la fotovoltaica en nuestra Comunidad, y cómo, previsiblemente, se puede cerrar el año dos mil ocho? El Plan de Energías Renovables 2005-2010, aprobado por el Gobierno de la Nación, y al que he hecho anteriormente referencia, para energía fotovoltaica conectada a la red fija cuatrocientos megavatios como objetivo a alcanzar en el año dos mil diez en España, figurando el siguiente reparto entre las Comunidades Autónomas más significativas: Castilla y León, veintiocho megavatios; Madrid, treinta y uno; Andalucía, cincuenta y uno; Cataluña, cincuenta y seis; Castilla-La Mancha, trece megavatios; Comunidad Valenciana, treinta y cuatro megavatios. Retengan un poco estos datos, para que vean luego cómo ha evolucionado el desarrollo de esta energía fotovoltaica en nuestro país.

La potencia fotovoltaica instalada en España desde el año noventa y nueve, mil novecientos noventa y nueve, ha sido la siguiente: en el año noventa y nueve, 1,2 megavatios; en el dos mil, 1,9; en el dos mil uno, 2,5 megavatios; en el dos mil dos, 4,7 megava... megavatios; en el dos mil tres, 5,3; en el dos mil cuatro, 11,8; en el dos mil cinco, 23,3; en el dos mil seis, 97 megavatios; en el dos mil siete, Señorías, 451 megavatios.

Los datos aportados por la propia Comisión Nacional de Energía, a treinta y uno de diciembre del dos mil siete, sobre potencia instalada en funcionamiento en España –aunque hay que considerarlos como orientativos, pues existe un desfase con los datos reales de unos dos meses-, dan información sobre las tendencias y evolución de resultados de las instalaciones en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos conectados a la red de energía eléctrica: Castilla-La Mancha, 86 megavatios (diciembre del dos mil siete); Comunidad Valenciana, 63,9 megavatios; Castilla y León, 56 megavatios; Navarra, 50,4 megavatios; Andalucía, 42 megavatios; Extremadura, 42 megavatios; Cataluña no existe aquí.

La potencia instalada en funcionamiento en Castilla y León, a veinte de agosto del dos mil ocho... en Castilla y León, a veinte de agosto –hace pocos días- del dos mil ocho, es de 215 megavatios, el 53,8% del objetivo nacional al año dos mil diez, con 3.546 instalaciones. La evolución de la potencia instalada en funcionamiento en Castilla y León en los últimos años ha sido desde los 2,2 megavatios, en el dos mil cinco, a est... a estos megavatios a los que he hecho yo referencia en el año dos mil ocho. Y la comparativa por Comunidades Autónomas, según los últimos datos aportados por la Comisión Nacional de Energía, sobre potencia instalada en funcionamiento, a treinta y uno de julio del dos mil ocho, es la siguiente: Castilla-La Mancha, 402 megavatios; Castilla y León, 215 megavatios; Comunidad Valenciana, 192 megavatios; Murcia, 158, y Navarra, 184 megavatios; estimándose que, a veintinueve de septiembre –estimamos, Señorías-, la fecha esa clave que fijó la Secretaría de Estado de Energía, puedan estar instalados en Castilla y León 300 megavatios, 80% de la previsión inicial nacional.

Como conocen Sus Señorías, el día uno de agosto del año dos mil ocho, a través de los medios de comunicación, se informaba que el funcionario que ocupaba la Secretaría Territorial de la Delegación de la Junta en León tenía participaciones en distintas instalaciones solares fotovoltaicas, en su condición de accionista y administrador de una sociedad mercantil en Mansilla de las Mulas, Mota del Marqués y Torrecilla de la Abadesa; que -según reconoció el propio afectado, en declaraciones a esos medios de comunicación, ese mismo día- "de las mismas no había informado a nadie" (literalmente dice), ni nadie había... ni había solicitado su compatibilidad, ni lo puso en conocimiento del Subdelegado Territorial de León, por entender que estas actividades formaban parte de la denominada "gestión de su patrimonio familiar" y que, por lo tanto, no estaba obligado a informar a nadie. Literalmente he leído sus declaraciones.

Ese mismo día, la Junta decide abrir dos investigaciones: una, dirigida a esclarecer las circunstancias concretas que concurren, a la vista de la información recogida en los medios de comunicación, sobre su actividad empresarial, acordando al efecto la Dirección General de Atención al Ciudadano y de Calidad de los Servicios, el día cuatro de agosto –es decir, el lunes inmediato-, el inicio de un período de información reservada, de conformidad con la normativa vigente en materia de responsabilidad disciplinaria de los funcionarios; y otra, dirigida a examinar si la tramitación de las autorizaciones administrativas –que no concesiones administrativas, ni adjudicaciones administrativas, ni permisos administrativos ni licencias administrativas-, las autorizaciones administrativas efectuadas en los Servicios Territoriales de la Junta se han ajustado a derecho, de acuerdo con la normativa aplicable y el procedimiento establecido al que yo me he remitido. O si en la misma se observara algún trato de favor, o utilización de información privilegiada en relación con la tramitación de los expedientes que le pudieran afectar, acordando, a tal efecto, el Secretario General de la Consejería de Economía y Empleo designar al Coordinador de Servicios de la Secretaría General para la comprobación y verificación de tales extremos.

A su vez, ese mismo día, el Secretario Territorial anuncia su renuncia al puesto, aceptando la propuesta que le hace el Delegado Territorial, en el sentido de que dichos comportamientos, sin prejuzgar la compatibilidad o no de los mismos con la normativa vigente en esta materia para los empleados públicos, suponían una quiebra de las relaciones de confianza que deben presidir el ejercicio de un puesto de trabajo de libre designación.

En los días inmediatamente siguientes, y tras comprobar que tampoco han comunicado otros funcionarios que ocupan puestos de libre designación su participación en instalaciones similares a la anterior, se les invitó también a dejar sus puestos de trabajo, algo que aceptaron todos menos uno; en concreto, esta situación afecta, como conocen, al Jefe de Servicio de Industria de... de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de León, al Jefe de Servicio de Fomento... o a la Jefa de Servicio de Fomento de la Delegación Territorial de León, al Jefe de Servicio de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de Palencia, al Secretario Territorial de la Delegación Territorial de Zamora y al Jefe de Servicio de la Tesorería... de Tesorería... de la Tesorería General de la Junta de Castilla y León. Todos, menos el Jefe de Servicio de Industria de Palencia –por ocupar este un puesto de concurso- plantean su renuncia inmediatamente, por los mismos motivos que el anterior.

A su vez, la Delegación Territorial de León comunicó a la Inspección General de Servicios la comprobación de la existencia de otras seis personas que ocupaban distintos puestos de funcionarios en la Delegación Territorial, a efectos de comprobar la existencia de declaración, o no, de su compatibilidad con estas actividades privadas.

El veinte de agosto, el Portavoz de la Junta anuncia las primeras conclusiones de trabajo de comprobación efectuado en días anteriores, afirmando que los expedientes relacionado con estas personas se han tramitado con sujeción a la normativa establecida, referida anteriormente, sin apreciar trato de favor o irregularidades invalidantes de los actos administrativos dictados en su tramitación. Trabajo de comprobación que también se extendió a todos los expedientes administrativos tramitados en las Delegaciones Territoriales de León, Valladolid y en buena parte de los de Zamora. Hoy Zamora está prácticamente -es la que más expedientes tiene, me informaban esta mañana- en algo más de un 80% de los expedientes. Haciendo extensivas a los mismos las conclusiones anteriores.

Ese mismo día se decide la apertura de expediente disciplinario al Secretario Territorial de León, con el fin de esclarecer, en el ámbito administrativo, la existencia o no de responsabilidades que pudieran derivarse, en materia de legislación vigente sobre compatibilidad de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León; a lo que... a lo que posteriormente se va a referir la Consejera de Administración Autonómica. Manteniéndose, al día de hoy, el procedimiento de información reservada en relación con el resto de empleados públicos.

Por otro lado, se mantuvieron contactos con la Fiscalía, a través de la Delegación Territorial de León, al objeto de facilitar la colaboración con la misma, en el supuesto de aparición de presuntos hechos delictivos, informando a la misma, puntualmente, de las actividades de la Junta de Castilla y León, las que estaba realizando en esos momentos.

Y el día de hoy –dos de septiembre, Señorías- comparecemos dos miembros del Gobierno ante estas Cortes, al objeto de explicar las actuaciones que hemos realizado en los días inmediatamente pasados.

Como ya les he comentado, comenzamos por comprobar los expedientes tramitados por los Servicios Territoriales de cada provincia, correspondiente al lugar donde se ha de ubicar la instalación fotovoltaica, donde se presuponía el ejercicio empresarial de los empleados públicos citados, afirmándose por la Coordinación de Servicios citada que los trámites administrativos se han cumplido con estricta sujeción a la normativa establecida, comprobándose los siguientes hechos: que el Secretario Territorial de la Delegación Territorial de León –puesto de funcionario de libre designación- participó, como administrador único de la Empresa Galeno 1995, Sociedad Limitada constituida el tres de abril del año dos mil seis, en el proceso de autorización administrativa de once instalaciones en plantas de producción de energía eléctrica fotovoltaica, comúnmente denominadas "huertos solares"; en Mota del Marqués, con dos expedientes de 100 kilovatios, cada uno autorizados y aprobados el ocho de mayo del año dos mil siete -actualmente se encuentran en funcionamiento-; en Torrecilla de la Abadesa (Valladolid), con cuatro expedientes de 100 kilovatios cada uno, autorizados y aprobados el veintidós de agosto del año dos mil siete; y en Mansilla de las Mulas (León), con cinco instalaciones fotovoltaicas, de 100 kilovatios cada una, autorizados y aprobados el quince de febrero del año dos mil siete.

En segundo lugar, que el Jefe del Servicio de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de León –puesto de funcionario de libre designación y casado en régimen de gananciales- cuenta con dos expedientes administrativos, de 100 kilovatios cada uno, a través de la Empresa Bancosol, Energía Solar, de la que es administradora su esposa, en Torrecilla de la Abadesa (Valladolid), autorizados y aprobados el veintidós de agosto del año dos mil siete.

En tercer lugar, que la Jefe del Servicio Territorial de Fomento de León -puesto de funcionario de libre designación- posee en régimen de gananciales, a través de la Sociedad Asoltec, Sociedad Limitada, dos instalaciones fotovoltaicas de cien kilovatios cada una en Torrecilla de la Abadesa, autorizados el veintidós de agosto del año dos mil siete.

Que el Jefe del Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo de Palencia -puesto de funcionario de concurso- posee en régimen de gananciales una planta fotovoltaica de cien kilovatios en Arcenillas (Zamora) a través de la Sociedad Pago El Roto, Sociedad Limitada, autorizado el ocho de marzo del dos mil siete.

Que el Jefe del Servicio de Tesorería de la Tesorería General -puesto de trabajo también de libre designación- posee en régimen de gananciales, a través de la Sociedad Agrícola Valverdemota, Sociedad Limi... Limitada, tres instalaciones de cien kilovatios cada una en Mota del Marqués (Valladolid), Torrecilla de la Abadesa... –dos en Mota del Marqués y una en Torrecilla de la Abadesa-, si bien en una de ellas no consta que haya solicitado ni la autorización administrativa ni la aprobación del proyecto para su instalación.

En sexto lugar, que el Secretario de... de la Delegación Territorial de Zamora -puesto de libre designación- posee una participación del 16% en la... en las Sociedades Produ... Produbustillo, Sociedad Limitada y Mempersa, Sociedad Limitada, que cuenta con tres autorizaciones administrativas, de fecha de seis de junio del año dos mil ocho, en Vega de Tera (Zamora).

Posteriormente, en las tareas de comprobación del resto de expedientes de la provincia de León, Zamora y Valladolid, se comprueba la existencia de participaciones de otros ocho funcionarios de concurso más –siete en León, al añadirse uno más en los últimos días, y uno en Zamora-, que, como no puede ser de otra forma... -me he referido a siete porque anteriormente hice referencia a seis; en los últimos días ha aparecido uno más, luego son seis, más uno, siete, y otro en Zamora- que, como no puede ser de otra forma, se pone en conocimiento de la Inspección General de Servicios.

A su vez, se recibe confirmación de los seis Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo del resto de las provincias de la no constancia de participaciones de empleados públicos en los expedientes tramitados por los mismos.

Una vez relacionados los hechos, y sin perjuicio de su profundidad por la Consejera de Administración Autonómica, sí me gustaría transmitir a estas Cortes la valoración del Gobierno al respecto.

En primer lugar, que creo, Señorías –y lo digo con todo respeto y toda prudencia-, que hemos actuado con rigor, transparencia y diligencia, y con los instrumentos con que cuentan las Administraciones Públicas cuando se detectan estas situaciones.

En segundo lugar, que las actuaciones referidas se han acometido a pesar de haber coincidido en pleno mes de agosto, que no es cuando la Administración Pública cuenta con más recursos.

En tercer lugar, estas actuaciones de la Administración, sin repercusión social, también se han desarrollado en otras ocasiones, a veces movidos por las denuncias de particulares o de asociaciones, o también, en otras ocasiones, de oficio.

Lo realizado hasta la fecha y las actuaciones que en su caso hubiera que realizar estarán siempre movidas por la exigencia del cumplimiento de la legislación vigente y por el respeto a los ciudadanos, que exige una Administración transparente, cercana, ágil, y que desarrolla con arreglo a sus derechos... a derecho sus competencias, sin que las relaciones de proximidad, afecto y respeto a las personas referidas nos hayan impedido cumplir con nuestras propias obligaciones.

Que estas actuaciones y su posible choque con las reglas de compatibilidad en modo alguno pueden suponer poner bajo sospecha el trabajo de los empleados públicos que, en más de ochenta y siete mil personas, cumplen con sus obligaciones todos los días, y a los que su profesionalidad y buen hacer permite al resto de los ciudadanos contar con un buen funcionamiento de los servicios públicos, como reconocen las diferentes encuestas publicadas al efecto, sin que ello nos deba hacer olvidar el permanente esfuerzo que hay que hacer todos los días por mejorar la Administración Pública, en la que sus profesionales son la piedra angular.

Que todo ello se ha realizado con transparencia informativa, Señorías, diaria, a través de las Delegaciones Territoriales, de las que son buena muestra la cantidad de artículos publicados al efecto durante el pasado mes de agosto.

Que en estas actuaciones privadas, que evidentemente no han gustado al Gobierno, se han realizado sin su conocimiento, puesto que los expedientes no llegaban a los altos cargos –me refiero, Señorías, a los altos cargos- ni ningún interesado informó al mismo, y que, por lo tanto, de la tramitación de estos expedientes administrativos nos hubiera gustado conocer a su debido tiempo, no habiendo sido posible estar... este conocimiento porque los que deberían haber informado a sus superiores jerárquicos eran las mismas personas que decidieron participar en estas actividades privadas.

Que las solicitudes de compatibilidad realizadas ante esta Administración Regional se cifran en torno a las seis mil, Señorías, y que, por lo tanto, no estamos ante casos singulares o excepcionales de empleados públicos que deciden solicitar realizar otras actividades privadas, según los mismos, compatibles con el ejercicio de su función pública, y que en ningún caso estos hechos han supuesto menoscabo o perjuicio de terceras personas que han pretendido realizar inversiones de estas características.

En este sentido, es clarificador, Señorías, el escrito que nos ha remitido la Asociación de Instaladores Fotovoltaicos, de veintidós de agosto, en el que se nos transmite la satisfacción de esta asociación. Dice literalmente: "Porque al final los resultados... porque al final han resultado hechos aislados, que, como ya intuíamos, no han afectado al normal desarrollo del sector en nuestra Comunidad. En este sentido –sigue diciendo-, desaparece la sensación transmitida de que nuestras empresas pudieran estar compitiendo en condiciones de desigualdad con otras vinculadas a ciertas personas, tanto en lo referente a la celeridad administrativa como a la capacidad de evacuación".

Señorías, permítanme que dedique un breve comentario a los elementos de control sobre el ejercicio de estas competencias. Como he querido ponerles de manifiesto al referirme al prolijo procedimiento administrativo de este tipo de instalaciones, que, sin duda alguna, supone la mejor garantía para los interesados, la intervención de órganos de diferentes Administraciones Públicas, muchos de ellos colegiados, que preceptivamente han de intervenir en el mismo, como procedimiento reglado, Señorías -no discrecional, procedimiento reglado-, que es, está rodeado de las debidas garantías, que prácticamente imposibilitan el incumplimiento de las diferentes normas energéticas, urbanísticas y medioambientales aplicables, por el preceptivo control de legalidad que rige las actuaciones de los diferentes órganos personales y colegiados que intervienen en este procedimiento, órganos en los que están representadas personas y organizaciones representativas del mundo socioeconómico.

Buena prueba de ello es que no le consta a esta Administración la existencia –digo, Señorías- de ninguna reclamación oficial por parte de los solicitantes de autorizaciones, algo que deberá extenderse, sin duda, a la hora de firmar las actas de puesta en marcha de un buen número de instalaciones cuyas solicitudes se han instado en los dos últimos años.

Por otro lado, la misma asociación de los empresarios a la que hacía referencia, asociación que agrupa la mayor parte de las empresas del sector, no ha mostrado nunca su disconformidad con la actuación de la Junta en esta materia, más bien al contrario, como ya les he mencionado.

Hay que tener en cuenta que estamos, Señorías, ante actividades sometidas a autorización administrativa, competencias de ordenación que permite el ejercicio de un derecho o facultad preexistente siempre que se cumplan determinados requisitos legales previstos, teniendo en cuenta el interés público específico que se quiere tutelar y que, como tales autorizaciones administrativas, están sometidas al control de legalidad, sin que los órganos competentes para dictar dichas autorizaciones –insisto, sin que los órganos competentes, Señorías, para dictar estas autorizaciones- tengan facultad para no emitirlas en caso de incumplimiento de estos requisitos.

Es cierto lo señalado por algún Procurador en el sentido de que el Informe del CES sobre situación económica y social de Castilla y León en el año dos mil siete, en parte de las recomendaciones del Capítulo I, página ochenta y cuatro, dice literalmente: "Desde el CES se apuesta por impulsar al máximo las energías renovables, y quiere hacer hincapié en la importancia de garantizar la transparencia en la regulación de las concesiones administrativas de energías renovables". Podrán concluir, Señorías, que, a este respecto, alguna imprecisión en el texto del CES existe. Menciona concesiones administrativas. Juristas de prestigio que hay en la sala creo que diferencian claramente lo que es una autorización administrativa -que creo que la he definido ya literalmente en el párrafo anterior- y lo que es una concesión administrativa, Señorías.

A este respecto tengo que decirles, dentro del respeto que siempre me merecen estos informes, que no estamos en concesiones administrativas, sino ante autorizaciones administrativas, que se dictan previa comprobación de los requisitos legalmente establecidos, únicamente, Señorías -comprobación de requisitos, resolución administrativa de autorización-, ejerciendo un derecho o facultad privada preexistente en la iniciativa privada, ejerciendo un derecho o facultad privada preexistente, y en este caso el de acometer este tipo de instalaciones conectadas a red. Aquí no hay ninguna manifestación de servicio público de la Administración ni contrato que otorgue a los particulares nuevos derechos o poderes propios de la Administración. La transparencia en la regulación de las autorizaciones administrativas, convendrán conmigo que está totalmente garantizada. Si a lo que quiso referirse este informe era a la tramitación de estas autorizaciones, que pensamos que era eso, también puedo afirmar hoy de forma inequívoca y categórica que se ha producido esa transparencia.

Así, me gustaría mencionar el Informe de la Comisión Nacional de Energía de veintisiete de marzo del año dos mil ocho, que, al analizar los aspectos relativos al acceso y conexión de este tipo de instalaciones a la red de distribución que están realizando las Comunidades Autónomas por corresponderlas a ellas su determinación, se detiene en examinar lo que está haciendo Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Murcia, Navarra y Extremadura, siendo Castilla y León –y se lo digo con toda humildad, Señorías-, con diferencia, la Comunidad Autónoma que mejor está aplicando la normativa y el procedimiento estatal, y la que mejor parada sale, sin ninguna duda, del Informe reciente de la Comisión Nacional de Energía.

Señorías, no lo estaremos haciendo tan mal -como han expresado ustedes en este mes de agosto- cuando el máximo órgano de interpretación de la norma energética estatal concluye con esto.

Señorías, no me gustaría terminar sin referirme a la responsabilidad pública, que no política, de los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones.

Los empleados públicos, como tales, y más si reúnen la condición de funcionarios públicos, saben muy bien la sujeción a la norma pública de su actividad administrativa diaria, y que de sus comportamientos responden no solo frente a la Administración, sino frente también a los administrados; y que una cosa es la responsabilidad de los mismos y otra la responsabilidad pública, también, pero, además, la política del Gobierno, de sus miembros y de los altos cargos.

No me gustaría dejar aquí ninguna duda sobre la existencia o no de responsabilidad política in vigilando del Gobierno sobre la actuación de los empleados públicos, que efectivamente existe, Señorías; pero sobre lo que los mismos hacen en el ejercicio de su responsabilidad pública, no sobre las decisiones que los mismos efectúan en su esfera privada. Y, créanme, tomar o no una participación en una empresa fotovoltaica no forma parte de sus funciones públicas, sino que... que tienen atribuidas, sino que forma parte del ámbito de su decisión privada, en el ámbito de su gestión de su propio patrimonio personal y económico.

Quiero concluir recalcando que la responsabilidad política que a todos los que estamos aquí la sociedad de Castilla y León nos ha conferido como Parlamentarios electos de diferentes opciones políticas, miembros del Gobierno y altos cargos exige de la colaboración entre sí para mejorar el funcionamiento de la Administración. Y yo con ese ánimo y ese espíritu estoy aquí, al igual que mi compañera de Gobierno.

Cedo a continuación la palabra a la Consejera de Administración Autonómica, si me permite la Presidenta, para que continúe con la exposición. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Gracias, Vicepresidente, por tu amplia y detallada intervención. Quiero dejar constancia también la presencia en esta Comisión del equipo de altos cargos de la Consejería, tanto el Secretario General como la Viceconsejera de Economía, como el Director General de Energía y Minas.

Y bien, de acuerdo al Orden del Día establecido, que ha dado lectura al comienzo de la sesión el Secretario, es una comparecencia de forma conjunta del Vicepresidente Segundo y Consejero de Economía y Empleo y de la Consejera de Administración Autonómica. Tiene la palabra la Excelentísima señora Consejera de Administración Autonómica.

LA CONSEJERA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (SEÑORA ALONSO SÁNCHEZ):

Gracias, señora Presidenta. Señor Vicepresidente Segundo. Buenos días, señoras y señores Procuradores.

Comparezco, como Consejera de Administración Autonómica, acompañando al Vicepresidente Segundo de la Junta de Castilla y León y Consejero de Economía y Empleo ante las Comisiones de Economía, Empleo, Industria y Comercio, y de Presidencia y Administración Autonómica de estas Cortes Regionales, a fin de facilitar información en esta Sede, sin menoscabar –como ya se ha dicho- el derecho de terceras personas, sobre las actuaciones de la Junta de Castilla y León derivadas de la información pública relativa a la participación de algunos empleados públicos en inversiones relacionadas con instalaciones solares fotovoltaicas y sobre la compatibilidad o no de la misma con el desempeño del puesto de trabajo que tenían asignado.

Señorías, mi intervención no puede ser otra que el complemento de lo dicho hasta ahora por el Vicepresidente Segundo y Consejero de Economía y Empleo, conformando ambas intervenciones una significativa muestra de coordinación y ejercicio de responsabilidad por parte de la Junta de Castilla y León. Rapidez, responsabilidad y transparencia informativa son las notas que han caracterizado nuestra actuación como Gobierno, valoración que espero que por su parte compartan tras esta comparecencia.

Por ello, yo también quiero reiterar el agradecimiento a estas Cortes de posibilitar esta comparecencia para informar de los pormenores de las actuaciones del Gobierno en relación –como ya se ha dicho- con la tramitación de autorizaciones administrativas necesarias para la implantación de instalaciones solares y la relación de ciertos funcionarios públicos con dicha actividad, a efectos del cumplimiento del régimen de incompatibilidades públicas.

Como Consejera de Administración Autonómica, tengo un especial interés en velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos desde las competencias asumidas en materia de función pública, de atención al ciudadano y calidad de los servicios; de formación, prevención de riesgos laborales; y también desde las competencias en materia de informática y red corporativa. Responsabilidades y competencias que ejerzo en coordinación con el resto de las Consejerías que componen el Gobierno Regional, y en concreto, en el tema que nos ocupa, con la Consejería de Economía y Empleo, quien tiene la competencia para tramitar y autorizar el procedimiento de autorizaciones de plantas de energía solar foto... fotovoltaica –perdón- en esta Comunidad. Esta coordinación –como ya he indicado- es lo que justifica nuestra comparecencia conjunta en estas Cortes Regionales.

Pues bien, Señorías, una vez conocidos los hechos ya expuestos por el Consejero de Economía y Empleo, la Consejería de Administración Autonómica inicia, a través de la Inspección General de Servicios, las actuaciones de comprobación que complementan lo ya expuesto en estas Comisiones, dando cumplimiento así a su labor de investigación.

La Inspección General de Servicios es el órgano al que se le encomienda la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente en materia de función pública, siendo el órgano especializado en investigar los organismos, centros, dependencias, servicios y unidades de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de aquellas otras materias de régimen exclusivamente interno o referidas a aspectos concretos de orden económico-financiero que puedan tener asignadas determinados órganos de la Administración de esta Comunidad por otras disposiciones legales o reglamentarias. Como resultado de dicha actuación investigadora, se han abierto trece informaciones reservadas, una de las cuales ya ha concluido y doce todavía siguen su curso.

Pero, Señorías, es preciso, antes de continuar detallando las actuaciones de la Consejería que dirijo, dejar claros varios conceptos que, en función de los hechos aparecidos en los medios de comunicación, pueden llevar a confusión o pueden generar dudas en la sociedad. Me refiero, en primer lugar, a diferenciar lo que es un alto cargo del Gobierno o de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y lo que es un funcionario que ocupa un puesto de libre designación en la Administración Regional. Y, en segundo lugar, conviene dejar claro y preciso... y precisar, perdón, el alcance del concepto que podríamos denominar una "Administración responsable" como garante o tutora de la responsabilidad administrativa que tiene todo funcionario frente a ella -y no solo los de esta Administración, sino los de cualquier otra- y en cuanto ejecutora de los instrumentos con los que cuenta para garantizar su actuación.

Entrando, Señorías, en la primera de las cuestiones, nuestra Ley de Función Pública define al funcionario público como "aquel personal que, en virtud de nombramiento legal, está vinculado a la Administración de la Comunidad de Castilla y León por una relación estatutaria de carácter permanente, regulada por el Derecho Administrativo, para la prestación de los servicios profesionales retribuidos", incorporando un elemento esencial que caracteriza a la Administración Pública -y, por tanto, al servicio público-: el que, con carácter general, los puestos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León serán desempeñados por funcionarios.

El concepto de alto cargo viene perfilado, sin embargo, en la Ley de Gobierno y de la Administración de esta Comunidad, conforme a la cual, en nuestra Administración Autonómica, viene a ser todo aquel, funcionario o no, que es nombrado bien por el Presidente, en el caso de los Vicepresidentes y de los Consejeros; bien por la Junta de Castilla y León, para los puestos con categoría igual, superior o asimilable a la de Director General.

En definitiva, existe un denominador común que radica en el carácter del servicio público y en la atención al ciudadano, del que ambos son acreedores, pero está clara la distinción y la diferenciación entre ambos tipos de figuras de servidores públicos, y que se concreta, además de en diferentes responsabilidades y derechos, fruto de una normativa de aplicación distinta. Manifestación concreta de esa diferenciación la encontramos en el ámbito de las incompatibilidades. Así, Señorías, a los funcionarios públicos se les aplica la Ley 53 –perdón-, de veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas -por cierto, otra normativa básica estatal-, y el Reglamento de Incompatibilidades del personal al servicio de la Comunidad, aprobado mediante Decreto 227, de veinte de noviembre de mil novecientos noventa y siete. Por el contrario, a los altos cargos le es de aplicación la Ley 6, de seis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, de incompatibilidades de los miembros de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la Administración, así como también la Ley 11, de veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa, de creación del Registro de Intereses de los miembros de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la Comunidad Autónoma.

Señorías, entrando a mayor detalle en la diferenciación, es común en toda la normativa de aplicación en materia de función pública la afirmación de que la condición de funcionario se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: en primer lugar, por la superación de las pruebas de selección y, en su caso, de los cursos de formación que sean procedentes; también, por el nombramiento conferido por la autoridad competente; por el juramento o promesa de acatar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y las leyes en el ejercicio de las funciones atribuidas; y, finalmente, por la toma de posesión dentro del plazo que legalmente se determine. Es obvio que la primera de las condiciones que he descrito, su... la superación del proceso selectivo, no concurre en la adquisición de la condición de alto cargo.

Pero aún voy más allá a la hora de diferenciar a ambos estatus: la dinámica profesional de los funcionarios hace que su normativa regule no solo los sistemas de selección sino también los de movilidad y los de promoción profesional, sistemas en los que resaltan aquellos que hacen alusión a la provisión de puestos de trabajo. Por ello, me parece importante recordar en esta Comisión que nuestra Ley de Función Pública regula que los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán por dos tipos de procedimiento: el de concurso y el de libre designación, atribuyendo al primero el carácter de sistema normal de provisión, para lo que se tendrá únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria, entre los que figurarán los adecuados a las características del puesto de trabajo, así como la posesión de un determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad.

Respecto del segundo, el de libre designación, es considerado efectivamente de carácter excepcional, dado que deriva de la especial importancia atribuida a los puestos de carácter directivo o de la índole de la especial responsabilidad encomendada. Circunstancias a las que quedan afectados los puestos iguales o superiores a Jefes de Servicio y secretarías de altos cargos, según nuestra Ley de Función Pública. Pero ello no es óbice para que los aspirantes a ocupar tales puestos deban acreditar, además de su condición de funcionario, requisito imprescindible y sin el cual no pueden participar en el proceso, los méritos, como es lógico, necesarios para el desempeño de esa especial responsabilidad. En ambos casos se requiere una convocatoria y resolución públicas, que, en el ámbito de nuestra administración, debe insertarse en el Boletín Oficial de Castilla y León. En conclusión, Señorías, la libre designación no constituye otra cosa sino un sistema perfectamente reglado de provisión de puestos de trabajo, reservados a funcionarios, en los que concurren las notas de especial responsabilidad y confianza -en los términos, por cierto, del Estatuto Básico del Empleado Público-, o de carácter directivo, de especial responsabilidad o de funciones de naturaleza especial, según nuestra Ley de Función Pública.

Por tanto, Señorías –y con esto concluyo este apartado-, los puestos de libre designación en la Administración Autonómica son desempeñados exclusivamente por funcionarios públicos que han superado un proceso selectivo de acceso a la función pública, y los desempeñan mediante la participación en régimen de concurrencia en una convocatoria pública anunciada en el Boletín Oficial de Castilla y León. Por el contrario, el alto cargo es nombrado libremente por el Presidente de la Junta de Castilla y León para puestos de categoría igual o superior a Director General... perdón, o la Junta de Castilla y León para puestos de categoría igual o superior a Director General, lo que, en el fondo, se trata de un acto político o de gobierno.

Señorías, aclaradas las diferencias existentes entre lo que es un alto cargo y un funcionario público, entro a analizar el siguiente concepto, cual es el ámbito de lo que antes he denominado como una administración responsable; y, por tanto, de aquellos principios que deben regir la actuación administrativa en cuanto garante del funcionamiento de los servicios públicos, y muy en concreto de aquellos que hacen referencia a la posición de deber y especial sumisión en la que se encuentra el personal a su servicio. Y todo ello inte... integrado dentro del contexto del derecho a una buena administración, que, como ustedes saben, está reconocida a nuestros ciudadanos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

En este ámbito, Señorías, es fundamental definir y aclarar cuáles son los instrumentos o herramientas con los que contamos para llegar a alcanzar esa administración responsable. Por ello, permítanme, Señorías, hacer un ejercicio pedagógico clasificando dichos instrumentos en dos tipos: los que operan a priori, o, lo que es lo mismo, que son base para prevenir un correcto funcionamiento de la Administración, y los que actúan a posteriori, que son, en definitiva, los que corrigen un funcionamiento inadecuado de la misma o de su personal.

En relación con los primeros, son aquellos que operan antes del ejercicio de la acción pública, como es la existencia de una serie de requisitos y condiciones que deben concurrir en los empleados públicos que forman parte de la Administración, a fin de garantizar que su actuación sea legal, y, por tanto, pretenden evitar conductas ilegales e irresponsables. Dentro de ellos podemos hablar del acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, de mérito y de capacidad previstos en la Constitución Española, de las incompatibilidades que rigen para todos los empleados públicos, y también de la exigencia de declaraciones de bienes y derechos que, de forma singular, se le requieres a los que ocupan altos cargos en el Gobierno o en la Administración.

En relación con los segundos –es decir, aquellos instrumentos que operan a posteriori; tal es el caso que ahora nos ocupa-, son los que implican un control y evaluación de la actividad pública, de cuyos resultados podría derivarse responsabilidad civil, penal o administrativa.

Permítanme, Señorías, que vaya ya centrando el objeto de esta comparecencia, vinculando de forma concreta los hechos acaecidos en relación con la autorización de las placas fotovoltaicas al ámbito de las incompatibilidades –control a priori- y al ámbito del régimen disciplinario –control a posteriori de los empleados públicos-.

En primer lugar, y en relación con el régimen de incompatibilidades, quiero significarles que la primera afirmación que podemos hacer, respaldada en incontables ocasiones por nuestra jurisprudencia, es que el fundamento de las incompatibilidades no es unívoco, sino todo lo contrario. Es evidente el componete... el componente ético que arranca de lo que se ha llamado honestidad profesional o relación de lealtad del funcionario, en cuanto debe salvaguardar los supremos intereses del servicio público. De ahí la conveniencia de asegurar la independencia y el prestigio de determinadas responsabilidades públicas, de conseguir la dedicación de sus titula... de sus titulares, perdón, y la moralidad e imparcialidad de estos, y de evitar, también, conflictos de intereses y la compe... la competencia o concurrencia des... desleal. Las incompatibilidades no tienden sino a evitar la utilización del puesto de trabajo privilegiado o de la información que proporciona el mismo para fines profesionales o personales, como garantía de acción y de independencia. Esta misma determinación -me van a permitir que haga referencia a consagrada jurisprudencia del Tribu... del Tribunal Supremo- aparece, por tanto, cuando este, el Tribunal Supremo, afirma que la legislación de incompatibilidades obedece al designio de evitar la existencia de contactos o áreas de actividad coincidentes que puedan dar lugar a que los medios y facultades concedidas al funcionario por razón de su cargo puedan ser utilizados en provecho particular, pudiendo venir en perjuicio del interés público, o por lo menos del prestigio que su independencia debe otorgar al funcionario.

Sirve, pues, Señorías, para reforzar la credibilidad en las personas que desempeñan las funciones públicas, lo que permite, de sus actuaciones, predicar la presunción de imparcialidad y de objetividad de las mismas. Es este... es... es este fundamento, y no otro, el que integra... integraría la garantía de la defensa del interés público en la actuación del personal al servicio de la Administración, y también la dedicación plena de los funcionarios a su profesión pública y las exigencias de esta, de donde se deriva el deber –otro deber que tienen los funcionarios- de abstención cuando el ejercicio de la función pública implica una interrelación real o formal de los intereses respectivos.

Señorías, en definitiva, la imparcialidad es la regla fundamental que en función pública justifica el sistema de incompatibilidades; y la finalidad de este sistema es garantizar la separación de funciones o la transparencia pública en la correspondiente gestión y eliminar situaciones reales de pérdida de la debida independencia o neutralidad en la función.

Por ello, la Función Pública implica no solo el desarrollo de una determinada actividad, sino un comportamiento adecuado de sus servidores a los que –como ustedes saben- se deban aquellas actuaciones que puedan afectar a la independencia y a la integridad.

El fundamento ético, por tanto, conecta íntimamente con el principio de dedicación a esa función propia del puesto que se ocupa, pero también con la eficacia administrativa en el sentido de que un funcionario público tiene que dedicarse por entero a aquellas actividades para las que ha sido seleccionado o designado, de tal forma que dicha actividad debe prevalecer sobre cualquier otra.

No obstante, es la prevalencia lo que nos permite graduar y establecer diferentes sistemas de incompatibilidades, de tal forma que un régimen riguroso excluiría casi en su totalidad la posibilidad de que el funcionario se dedique a otras actividades distintas de las que desarrolla en el seno de la Administración; mientras que, en un régimen más elástico, autorizaría al funcionario a desarrollar otras actividades ajenas a la Función Pública. Buscar un equilibrio u optar por un sistema u otro dependerá de muchas circunstancias, entre las que la responsabilidad personal del empleado público no es la menos importante.

En el ámbito de la Función Pública española, como todos ustedes conocen, su regulación se encuentra recogida en la Ley 53/1984, de Incompatibilidades, que –vuelvo a reiterar aquí- tiene carácter básico, y que es desarrollada en el ámbito de nuestra Comunidad por el Reglamento de Incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de Castilla y León.

El fundamento y los fines perseguidos por el sistema de incompatibilidades –y permítame que insista en esto- se puede sintetizar en los siguientes:

En primer lugar, en la salvaguarda de los supremos intereses de los poderes públicos, asegurando así, en primer lugar, la independencia; en segundo lugar, la moralidad; y, en tercer lugar, la imparcialidad.

En segundo lugar, evitar la utilización del cargo o de la información que proporciona el mismo para fines profesionales o personales.

En tercer lugar, la defensa del interés público en la actuación del personal al servicio de la Administración, sin que se confunda con el deber de abstención, de forma que pueda concurrir ambos supuestos en distintas ocasiones.

En cuarto lugar, garantizar la separación de funciones o la transparencia pública, la imparcialidad del órgano y tratar de eliminar situaciones reales de pérdida de la debida independencia.

Garantizar... en quinto lugar sería garantizar el principio de dedicación al cargo y el principio de eficacia administrativa, de forma que la realización de otras actividades pueda distraer o disminuir el tiempo que han de dedicar a la prestación del servicio público.

En sexto lugar, presenta también un fundamento económico como medida para desarrollar una política de empleo redistribuyendo los recursos de trabajos existentes.

Y, finalmente, y ya más recientemente, inmersos en la modernización de la Administración Pública, se puede afirmar que pretenden garantizar una correcta imagen de la Administración, una mayor calidad de los servicios, así como la racionalización del trabajo público.

El sistema de incompatibilidades, por lo tanto, de los funcionarios públicos tiende a garantizar su objetividad de actuación, evitando las relaciones de dependencia perturbadora así como su eficacia, procurando la máxima dedicación a las funciones propias de su empleo o cargo, características aquella y estas predicables constitucionalmente de la actividad de la Administración, de las Administraciones Públicas, y, por lo tanto, también exigible a sus servidores públicos.

Este sistema de incompatibilidades parte del principio fundamental –que así ha calificado el preámbulo de la Ley 53- de que cada funcionario desempeñe un puesto de trabajo para que su dedicación haga realidad la eficacia de la actividad administrativa, que -como ustedes saben- se predica constitucionalmente.

Un análisis de la normativa vigente pone de manifiesto que la regla general es la incompatibilidad y la excepción es la compatibilidad, ya sea de actividades públicas o de actividades privadas. En esto... en este sentido, podemos distinguir, en términos generales, varios supuestos que aclararán las actuaciones del Gobierno Regional.

En primer lugar, la autorización de una segunda actividad pública, que no se trata de un acto reglado, y, por ello, aparecen recogidas en la normativa y han de efectuarse en razón del interés público.

En segundo lugar, el reconocimiento de una actividad privada, si se trata de un acto reglado sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas.

En tercer lugar, aquellas actividades compatibles ex lege, en cuyo caso no se requiere autorización o reconocimiento de compatibilidad alguno, sino que esta deriva directamente de la norma.

Finalmente, las actividades definidas como incompatibles, y prohibidas con carácter general, ya que se presume iuris et de iure la existencia de un riesgo para los bienes jurídicos protegidos a través de la normativa vigente en materia de incompatibilidades, dado el carácter que tiene esta materia, preventista, lo que convierte en una garantía previa para la gestión objetiva y eficaz de los intereses generales.

Señorías, la aplicación de la normativa de incompatibilidades, con independencia de las peculiaridades que se establecen en función de que la segunda actividad que se quiera desarrollar sea pública o privada, requiere el estudio fundamental de cinco elementos: en primer lugar, del cumplimiento de la jornada y del horario; en segundo lugar, el cumplimiento de los límites establecidos en materia de retribuciones; la comprobación de la no existencia de relación directa de la actividad privada que se desea realizar con la que desarrolle... con la que se desarrolle en el departamento, organismo o entidad donde estuviera el funcionario destinado (en este sentido, quiero también aclarar que nuestro Reglamento precisa esta exigencia, especificando esta relación como la actividad relacionada con la que gestione la Consejería, organismo o entidad en la que preste servicios el personal afectado; y también habla de ponderar la existencia de áreas de coincidencia entre ambas actividades); en cuarto lugar, la concurrencia de alguna causa concreta de incompatibilidad establecida legalmente; y, en quinto lugar, la existencia de alguna causa legal de excepción al régimen de incompatibilidades.

La cuestión, Señorías, se centra, en el caso que nos ocupa, en la interpretación realizada por una serie de funcionarios de que se encontraban ante actividades privadas derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar -y, por tanto, ante un supuesto exceptuado del régimen de incompatibilidades-, que todo funcionario puede realizar sin necesidad de autorización o reconocimiento de compatibilidad. En este sentido, podemos afirmar que la excepción de determinadas actividades del régimen de incompatibilidades no resulta absoluta, sino que opera siempre y cuando ello no afecte al correcto cumplimiento de las obligaciones de su puesto de trabajo en el sector público y no concurra alguna de las prohibiciones de compatibilidad con actividades privadas establecidas, con el objeto de garantizar que la relación entre la actividad de la administración del patrimonio personal o familiar y el desempeño de la función pública sea inexistente o no pueda afectar a la imparcialidad exigida.

Con ello, la pertenencia a consejos de administración u órganos rectores de entidades privadas resulta expresamente prohibido, aun cuando pudiera tratarse de un supuesto de administración del patrimonio personal o familiar, cuando la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione la Consejería, organismo o entidad en que preste servicios el personal afectado. La dificultad, en este caso, radica en determinar el alcance del concepto jurídico indeterminado y en la necesidad... perdón... y en la necesidad de tener en cuenta en los casos concreto las circunstancias concurrentes y, en especial, la naturaleza jurídica de la participación en sociedades o empresas privadas y la legislación mercantil que resulte de aplicación.

Y para aclarar todos estos conceptos, Señorías, se han abierto dos líneas de investigación por parte de las Consejerías de la Junta de Castilla y León, que, para el caso que incumbe a las del... a las competencias de la Consejería de Administración Autonómica, han supuesto la apertura de trece informaciones reservadas, sin que pudiera inferirse una manifiesta y clara vulneración de la normativa de incompatibilidades, sin el necesario estudio del caso concreto. Extremo este que tampoco hubiera impedido en modo alguno por parte de los funcionarios que se encontraban en esta situación de solicitar la declaración de compatibilidad, extremo –como decía antes- perfectamente habitual, como vamos a poner de manifiesto en el número de solicitudes que se piden al respecto.

Conforme a esta normativa, quiero señalarle, Señoría, que a lo largo de los tres últimos años –por poner una referencia- se han tramitado seis mil trescientos diecisiete expedientes de compatibilidad, de los que cinco mil quinientos cuarenta y siete se... se han autorizado, ciento veinte se han denegado, cuatrocientos veintitrés se han archivado por distintos motivos, y doscientos veintisiete están en trámite. Como puede comprobarse con este dato, la petición de compatibilidades es una situación perfectamente normalizada, conocida y asumida por la práctica totalidad de las personas al servicio de esta Administración.

Señorías, voy a entrar ahora ya en cuanto a los instrumentos que operan a posteriori, y debo señalar que la singularidad del poder disciplinario de la Administración descansa, en última instancia, en el interés público, cuya defensa y tutela se encomienda a la organización administrativa. Se parte de considerar que el funcionario no es un trabajador cualquiera, ya que presta su servicio para la defensa del interés general y, por tanto, su vida profesional aparece inspirada en torno a un valor especial de lealtad a la idea pública.

Señorías, la superioridad del interés que representa la Administración impide configurar el vínculo entre esta y sus servidores como una relación contractual regida por las normas de Derecho Común. Se concibe la relación funcionarial como una relación de supremacía, desde la óptica de la Administración, o, lo que es lo mismo, como una relación de sujeción especial. Como toda organización, la Administración Pública precisa, para existir y funcionar correctamente, de un poder interno de funcionamiento coercitivo, cuya actuación recae, precisamente, sobre la organización. O, lo que es lo mismo, la potestad de disciplina es consustancial a la Administración, y sirve para la tutela de su organización, de forma que esta pueda cumplir su función de servicio público, eficaz, imparcial y con respeto a la legalidad.

Ahora bien, el carácter público de la naturaleza y de las funciones de la organización administrativa determina importantes matices en la configuración de esta potestad disciplinaria, que no se agotan en la tutela del orden organizativo, sino que, junto a este interés propio de toda organización, debe atender a la garantía de otros intereses y principios de orden general. Así, quizás, la más importante garantía sea el propio procedimiento. Y, en relación con el mismo, el Estatuto Básico del Empleado Público se encarga de enfatizar su carácter garantista cuando establece que no podrán imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido, para añadir también, a continuación, que el procedimiento disciplinario se estructura atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto inculpado. Atributos a los que tenemos que unir que los procedimientos que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora deberán establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.

Todo este régimen de garantías se culmina con el principio de que los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario, estando claro, además, la plena operatividad de los principios de contradicción e igualdad, instrumentos que encuentran su mayor sentido en la fase de instrucción.

Señoría, precisamente por este espíritu garantista, los principios del derecho sancionador son los derivados del Derecho Penal, como mejor sistema de protección del presunto inculpado, siendo estos los de reserva legal y seguridad jurídica en el ejercicio de la potestad sancionadora, los de tipicidad –que exige primero que el hecho encaje en alguna de las infracciones previstas en la norma, sin posible discrecionalidad administrativa, y, en segundo, una prohibición de acudir a la interpretación analógica a la hora de la aplicación de las normas definidoras de infracciones y sanciones, así como de una remisión a deberes deontológicos y a conceptos jurídicos indeterminados-, y el último, el de proporcionalidad, que exige que la discrecionalidad que se otorga a la Administración para su aplicación se desarrolle ponderando, en todo caso, las circunstancias concurrentes, al objeto de alcanzar la debida proporción entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, y todo esto en términos de la jurisprudencia del Tribunal... del Tribunal Supremo.

Pues bien, hemos dicho, Señorías, hacia quién van dirigidas nuestras actuaciones de control –hacia los funcionarios públicos-, hemos señalado sobre qué aspes... aspectos incide este control –sobre las incompatibilidades- y, también, el instrumento fundamental o herramienta de la que se dispone para el caso del incumplimiento de las obligaciones previstas en las normas –el expediente disciplinario-.

En este momento de mi comparecencia me queda abordar cómo se ejerce esta actividad. Pues bien, Señorías, la responsabilidad de la actuación de la Administración Pública exige, fundamentalmente, respeto a la legalidad, pero también una respuesta firme, rigurosa y contundente ante las actuaciones que contravengan la misma.

Y, Señorías, esto es lo que hemos hecho: respetar la legalidad y responder, a través de los instrumentos de que dispone una Administración Pública, ante presuntas e indiciarias actuaciones contrarias a las normas. Y, en este sentido, hemos aplicado sin excusa el principio de legalidad en nuestro actuar. Así, una vez conocidos los hechos que ha descrito el Vicepresidente Segundo y Consejero de Economía y Empleo, se puso en marcha una información reservada, en los términos previstos en nuestro Reglamento de Régimen Disciplinario, con el objeto de determinar, inicialmente, la existencia de indicios de que los funcionarios afectados pudieran, o no, haber cometido hechos susceptibles de exigencia de responsabilidad de cualquier tipo.

Información reservada cuya resolución fue acordada por el órgano competente. Quiero, aquí, de nuevo insistir en la naturaleza de dichas informaciones reservadas, para tener claro todos el concepto. Se trata de expedientes de información reservada que en modo alguno prejuzgan –en modo alguno prejuzgan- ningún tipo de conducta. Las actuaciones llevadas a cabo en la información reservada son actuaciones distintas y previas –vuelvo a insistir, distintas y previas- a la existencia de un procedimiento disciplinario. Se caracteriza por su apertura discrecional y por su carácter sumario y no contradictorio. Con ella, lo que se pretende es emitir un juicio de verosimilitud, tomando como base el material aportado y el resto de documentación que puede obrar en poder del órgano actuante. Su finalidad, por tanto, no es otra sino contrastar si los hechos con... originaron el inicio de las actuaciones son verosímiles e indiciariamente ilícitos, siendo, por tanto, anterior a la decisión que se tome de iniciar un expediente o de decretar el archivo de las actuaciones, en su caso.

Pues bien, aclarada la naturaleza jurídica de la actividad desarrollada por la Consejería de Administración Autonómica, paso a describir todas y cada una de las actuaciones que ha realizado, llevados a cabo... llevadas a caba... a cabo, perdón, o tuteladas, gran parte de ellas, a través de la Inspección General de Servicios.

En primer lugar, y tras las informaciones aparecidas en determinados medios de comunicación los días uno, dos y tres de agosto, en las que se imputaban presuntas irregularidades al funcionario que entonces ocupaba el puesto de Secretario Territorial de la Junta de Castilla y León en León, se procedió de oficio, mediante Acuerdo de la Directora General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, de cuatro de agosto –por cierto, primer día hábil siguiente a la aparición de la noticia-, a la apertura de un período de información de carácter reservado al citado Secretario Territorial.

El mismo día uno de agosto –ya se ha dicho también aquí, por parte del Vicepresidente Segundo-, el funcionario afectado presentó solicitud de cese de su puesto de trabajo, a petición propia, que le fue aceptado mediante Orden de la Consejería de Administración Autonómica, de cuatro de agosto, y fue publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el día seis del citado mes.

En segundo lugar, y con fecha cinco de agosto, se procedió a comunicar el citado acuerdo, en aplicación de la legislación vigente, al Secretario General de Administración Autonómica, al Secretario General de Economía y Empleo, y al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en León.

Asimismo, y en dicha fecha, se recibe de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid informe elaborado por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de esa ciudad, relativo a la tramitación de los expedientes de autorización de instalaciones solares en las localidades vallisoletanas de Mota del Marqués y Torrecilla de la Abadesa, a los que ya también se ha hecho referencia en la comparecencia del Vicepresidente Segundo.

En esta misma fecha, se procede a citar para su comparecencia al que fuera Secretario Territorial de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

En tercer lugar, los días seis, siete y ocho, se proceden a realizar, por parte de la Inspección General de Servicios, la comparecencia del citado funcionario y a solicitar información a otros órganos de la Administración Autonómica, en concreto a la Secretaría General y Tesorería General de la Consejería de Hacienda, a la Secretaría General de la Consejería de Economía y Empleo, así como a los Registros Mercantiles de las nueve provincias de la Comunidad y al Registro Mercantil de Lugo, en relación con las empresas o sociedades en las que participa el Secretario Territorial de la Junta de Castilla y León, y que ya han sido comentadas con anterioridad.

Posteriormente, y en días sucesivos, se tuvo conocimiento de la actividad empresarial que al parecer venían desarrollando otros funcionarios públicos, en concreto el Secretario Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, el Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo en León, la Jefe del Servicio de Fomento en León, el Jefe del Servicio de Industria, Comercio y Turismo en Palencia y el Jefe del Servicio de Caja de la Tesorería General de la Consejería de Hacienda, acordándose, con fecha trece de agosto, y también de oficio, la extensión de las actuaciones de información reservada a los funcionarios aludidos. Todos estos funcionarios solicitan el cese de sus puestos de trabajo a petición propia, con excepción del Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, el cual ocupa su plaza por concurso ordinario.

El catorce de agosto, y a instancia del Delegado Territorial de la Junta de Castilla en León, se inician nuevas actuaciones de información reservadas, referidas a seis funcionarios que prestan o han prestado servicios en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León, resultado del análisis y revisión de los expedientes de autorización de instalaciones fotovoltaicas que se habían resuelto en esa Delegación, y en los que figuraban como titulares de autorizaciones por sí o como partícipes de sociedades mercantiles.

Por último, y siguiendo este orden cronológico de los hechos, ante nuevas informaciones constatadas, el día diecinueve de agosto se iniciaron también actuaciones de información reservadas en relación con determinadas actividades que presuntamente venía ejerciendo el Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

Paralelamente, y como consecuencia de determinadas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, en las que se aludía a la posible investigación de los hechos por parte de la Fiscalía, con fecha dieciocho de agosto, el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en León se dirigió al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de dicha provincia informando sobre las actuaciones practicadas y poniéndose a su disposición si para ello fuera requerido.

Por tanto, Señorías, desde el día cuatro de agosto hasta el diecinueve del mismo mes la Inspección General de Servicio ha iniciado trece actuaciones de información reservada, doce de las cuales permanecen abiertas al día de hoy, y en las que los inspectores designados al efecto vienen practicando cuantas actuaciones están considerando necesarias o procedentes.

En relación a la información reservada abierta al Secretario Territorial de la Junta de Castilla y León en León, Señorías, el pasado día diecinueve de agosto, es decir, diez días hábiles después de su inicio, concluyó con la emisión del correspondiente informe; informe que de modo inmediato se remitió al Delegado Territorial de León, al tratarse de órgano competente en la materia, por si considerase oportuna la incoación del correspondiente expediente disciplinario, cosa que al día siguiente -el veinte de agosto- resolvió en uso de las competencias atribuidas en el Artículo 7 del Decreto 275, de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres, por el que se articula la distribución de competencias en materia de personal, quedando iniciado el expediente disciplinario al funcionario aludido, y en el mismo acto, como es lógico, designado instructor y secretario.

En todo caso, somos conscientes, tal y como antes he tenido ocasión de señalar, que en el Derecho Administrativo Sancionador rige sin excepciones la presunción de inocencia, principio que queda plasmado en la Constitución Española, en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en... y en el Estatuto Básico del Empleado Público, garantizando el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable.

Hasta aquí la narración de las actuaciones y su fundamento llevados a cabo en el seno de la Consejería que dirijo, lo que -como dije al principio- supone una respuesta firme, rigurosa y contundente de esta Administración ante las actuaciones que presuntamente contravienen –y digo presuntamente- en alguno de los supuestos, la legalidad vigente.

Permítanme, no obstante, Señorías, aprovechar mi presencia ante esta Comisión para transmitir a los ciudadanos, o a través de quienes la representan, la importancia de evitar toda sombra de duda en el actuar de los servidores públicos, a quienes desde aquí, y en el seno de estas Comisiones, o de esta Comisión, quiero agradecerles el esfuerzo que hacen día a día para que esta Administración sea una Administración para y por los ciudadanos. Asimismo, quiero transmitirles a los ciudadanos la seguridad de que actuaremos con rapidez y rigor cuando estas dudas se produzcan. Y mi más firme voluntad de volver a explicar sucinta y pormenorizadamente el trabajo que estamos desarrollando para lograr una Administración de todos, que, ineludiblemente, va a tener un reflejo en el actuar inmediato y futuro de esta Comunidad.

En definitiva, Señorías, quiero finalizar mi comparecencia con la convicción profunda -que estoy segura Sus Señorías también tienen- de que los servicios públicos correctamente... que de los servidores públicos –perdón- realizan correctamente sus tareas y se guían por criterios éticos. Que existe en nuestro ordenamiento jurídico un completo entramado de normas -algunas de las cuales he citado- que no solo permiten sino también garantizan que la Administración sirva con objetividad a los intereses generales, como se establece en la Constitución. Que este Gobierno ha cumplido con su obligación de reaccionar ante el primer indicio o atisbo de haberse producido una actuación que se aparta de esos criterios éticos que deben regir toda actuación pública, y que ha reaccionado enérgicamente en su obligación de evitarlos, pretendiendo evitar, además, que lleguen a la sociedad dudas sobre la honestidad de quienes le sirven. La cuestión de fondo, Señorías, es la obligación que tienen todos los Gobiernos, o que tenemos todos los Gobiernos, de crear las condiciones necesarias para que no se produzcan conductas que cuestionen el buen hacer de los servidores públicos, y la seguridad de que, si se produce algún supuesto de utilización de potestades públicas para la satisfacción de intereses personales, existen mecanismos suficientes que permiten reaccionar con inmediatez.

Es muy importante en este contexto resaltar la idea de ética en la actuación administrativa, que ha de configurarse como la piedra angular en las reformas de las Administraciones en un momento de cambio, de incorporación de instrumentos de gestión privada a la prestación de los servicios públicos, en un momento en que la sociedad exige que se incorporen los criterios de productividad en la actuación de la Administración; criterios que deben conjugarse con el de participación, transparencia, eficacia y eficiencia. Estos principios quedan recogidas en el ámbito de la misión y los valores de esta Consejería, entre otros muchos campos de actuación.

Por su importancia, quiero resaltar aquí lo que... lo que de pionera tiene nuestra Administración Autonómica en lo que se refiere a la consagración positiva de la ética como valor fundamental y como código de conducta en el quehacer de sus empleados.

Efectivamente, entre los principios rectores que recoge la Ley de Función Pública de Castilla y León figura que el personal de esta Administración Autonómica actuará conforme a los valores de integridad y ética profesional, anticipándose a lo que después se plasmará ya con carácter de legislación básica en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Se ha incorporado a nuestro Estatuto de Autonomía –permítanme que lo vuelva a recordar- el derecho de los ciudadanos a una buena Administración, garantizando –como ya he expuesto- un tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernan y la resolución de los mismos en plazo razonable.

Desde hace más de tres años se están incluyendo en el Plan de Formación de esta Administración cursos sobre la ética de los servicios públicos, y realizando jornadas y seminarios organizados por la propia Escuela en la referida materia.

Una línea estratégica dirigida a la sociedad dentro del Plan Estratégico de Modernización aprobado el pasado mes de abril, y que presenté ante la Comisión de Presidencia y Administración Autonómica el cinco de mayo, tiene como objetivo que la Administración trabaje activamente por el desarrollo sostenible de la Comunidad, manteniendo el compromiso social a todos los niveles.

Para ello incluye un programa que persigue transmitir valores de servicio público en la actuación administrativa, entre los que resaltan, entre otras importantes medidas, la elaboración de un código ético de los empleados públicos, que, por cierto, también está en las bases de negociación que hemos firmado con los agentes sociales, y que, por lo tanto, contribuirán en su elaboración.

Con ello quiero terminar, Señorías, expresando mi firme convicción de que para que los servicios públicos funcionen correctamente, para que tengamos una Administración de los ciudadanos, tenemos que ser muy ambiciosos; tenemos que ir más lejos, hemos de ir, en definitiva, más allá de lo que es el simple respeto a la legalidad que nos impone. Nuestra obligación, por lo tanto, es trabajar para que los valores de servicio público se integren en el quehacer de cada servicio público. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Gracias, señora Consejera, por su también amplia y detallada intervención.

Del mismo modo, quiero agradecer también a su equipo, que la acompaña hoy en la sesión de esta Comisión de Economía, tanto al Secretario General de la Consejería de Administración Autonómica como a la Directora General de Atención al Ciudadano y Calidad en los Servicios.

Bien, por una duración... por un tiempo de quince minutos, vamos a tener un receso. Se suspende la sesión, y a ver si somos, lógicamente, puntuales. Gracias.

[Se suspende la sesión a las once horas cincuenta minutos y se reanuda a las doce horas quince minutos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Señorías, va a reanudarse la sesión. Ruego vayan ocupando sus asientos, por favor.

Se reanuda la sesión. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede a la apertura de un turno de los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios.

Quiero dejar constancia que es una comparecencia de forma conjunta, por lo tanto, al ser una comparecencia conjunta, de dos Consejeros, el turno reglamentario de intervención para todos los Portavoces es de diez minutos; así viene establecido en el Reglamento. Hecha la consulta con el Letrado, se confirma que así es. No quita para que esta Presidenta... Presidencia, perdón, tenga la suficiente flexibilidad en el desarrollo de la sesión y en las intervenciones de los Portavoces y dé, a mayores, el tiempo oportuno. Pero, reglamentariamente y de acuerdo al Orden del Día, son diez minutos; lo cual, yo también les pido a los diferentes Portavoces se ajusten en la medida a ese tiempo.

Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor, Señoría, Juan José Sanz Vitorio.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Muchas gracias, señora Presidenta. Trataré de cumplir con... con la encomienda que me hace de ajustarme a los tiempos. Muchas gracias. Bienvenidos, señor Vicepresidente económico y Consejero de Economía y la Consejera de Administración Autonómica. Muchas gracias por esta comparecencia. Muchas gracias por la prontitud en la comparecencia, la celeridad con la que se ha producido. También muchas gracias por el rigor, la celeridad, la prudencia y la seriedad con la que vienen actuando desde que este asunto... desde que este asunto se tuvo conocimiento, en lo que, sin duda, es un ejercicio responsable, también en este tipo de circunstancias, de la acción del Gobierno... de la acción del Gobierno Regional. Y muchas gracias también por la inequívoca voluntad de transparencia mostrada en todo momento.

Es verdad que esta... este rigor, que esta seriedad, que esta prudencia ha contrastado a lo largo de estos días con lo que ha sido el comportamiento, en algunos casos yo diría que frívolo, en otros casos falto de rigor, irresponsable incluso, por parte del Grupo Político mayoritario de la Oposición y del partido que le sustenta; incluso también de quien se dice que va a ser el próximo líder de los socialistas en Castilla y León.

Aquí se ha prejuzgado, se ha insinuado –para, después, decir que no había pruebas-, se ha acusado, se ha hablado de tramas, se han pedido listas provincializadas de altos cargos afectados, se ha acusado de trato de favor, se ha acusado de trato... de perjuicios a terceros, se ha acusado de tráfico de influencias, se han hecho valoraciones absolutamente irresponsables, en fin, alguna de las cuales, si Sus Señorías me lo permiten, no resisto... no resisto a no leer. Se ha dicho en... que las irregularidades producidas en relación con la adjudicación –no sé qué adjudicación-, instalación y gestión, y explotación de plantas de energía solar. Se ha hablado, por parte de alguna Procuradora presente hoy aquí, de un "pastel millonario" que se han repartido altos cargos de la Junta. Se ha dicho que están seguros de que se ha utilizado información privilegiada y, con la información que manejan, creemos que se ha producido un tráfico de influencias a un alto nivel, así como negociaciones prohibidas a los funcionarios en el Código Penal.

Se ha dicho que se van a iniciar acciones legales, que valoraban solicitar de oficio a la Fiscalía –no sé exactamente esto qué es- y se ha hablado de invalidación de contratos inexistentes, en todo lo que es, sin duda, un ejercicio responsable –y no se sonroje nadie- de la acción de la Oposición. Se han pedido comparecencias del Presidente, con anterioridad a la comparecencia de los Consejeros, eso sí, amparándose en artículos derogados por el propio Estatuto. Se han pedido Comisiones de Inda... de Investigación antes de que se produzcan las comparecencias.

En definitiva, Señorías, aparte de hacer el ridículo, se han agotado todos los procedimientos lógicos previstos en el trámite parlamentario. Se han anunciado Recursos de Amparo ante el Constitucional, que no se van a presentar, evidentemente, jamás. Se ha pedido –sin pedir, porque no es verdad que se pidiera- en esta Sede la intervención del Tribunal de Cuentas, pero se ha dicho que intervenga el Tribunal de Cuentas. Se ha hablado de procedimientos del siglo XIX, opacos y oscuros. Pero, eso sí, por si algo faltaba, en los últimos días nos hemos cubierto todo de gloria.

Aquellas informaciones que, a lo largo de todo un mes, no eran necesarias se piden con carácter de urgencia el viernes, una vez que se tiene conocimiento de que se va a producir la comparecencia de los señores Consejeros, y se anuncia como imprescindible. No era imprescindible hasta el viernes, es imprescindible a partir del viernes. Pero, desde luego, por si algo faltaba, por si algo faltaba, el lunes, en la Mesa de Comisión que tiene que convocar esta Comisión, el Grupo Parlamentario Socialista vota en contra, porque lo que en agosto era urgente en septiembre es prematuro. También es verdad que, de lo aparecido en los medios de comunicación, podríamos perfectamente concluir que tal vez ese no era el posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista. Parece ser que esto pudiera ser el posicionamiento del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de León, o no sé si la sección más concreta de Bierzo.

Señorías, yo me pregunto: ¿este es el proceder de un Grupo Parlamentario serio?, ¿este es el proceder de un partido político que se supone que es serio?, ¿este es el proceder de un líder que dice va a ser un líder serio? Yo les digo honestamente, Señorías: creo que este es el conjunto de ocurrencias de un grupo de amiguetes, al frente del cual había alguien que nos va a dar muchos días de gloria en el futuro. Y todo ello sin preocuparles en absoluto poner en tela de juicio a más de ochenta y siete mil funcionarios de esta Comunidad, arrojar sombra de duda sobre un sector estratégico importante, que es una importante alternativa también en el medio rural de esta... de esta Comunidad.

Y yo me pregunto: señores Consejeros, ¿y ahora qué? Porque, realmente, después de lo anunciado, después de su intervención, probablemente lo más razonable sería decir: señores, pues muchas gracias por su comparecencia, nos vamos, no hay nada más que explicar. Pero, realmente... pero, realmente, no sería así.

Señora Presidenta, creo que el que va a tener que recurrir, en amparo, a la forma, voy a ser yo, ¿eh?, en relación al comportamiento de algún nervioso Procurador. Por tanto, le ruego que mantengamos todos las formas; más que nada, en un ejercicio de educación y de civismo no desdeñable.

En fin, ¿cuáles son las conclusiones, cuáles son las primeras impresiones que uno puede sacar de lo que es la comparecencia hoy aquí de los miembros del Gobierno Regional? Yo creo que, en primer lugar, la primera conclusión es que la actuación de la Junta, una vez que se conocen los hechos, es inmediata, es rápida, es rigurosa, es prudente, como no puede ser de otra manera. Pero, miren, es que los hechos se conocen el uno de agosto, viernes. Ese mismo día se anuncia que se van a abrir dos vías de investigación: una para, lógicamente, determinar lo ocurrido, en el caso concreto que se conoce; y otra para analizar y determinar, ¿eh?, posibles situaciones no deseables en los casi siete mil expedientes que sobre estos asuntos se tramitan en la Comunidad.

El mismo día uno, y el día cuatro –primer día, y lo ha recalcado la Consejera, primer día hábil una vez conocidas la noticia- se aprueba el cese del funcionario en cuestión, y se inician... un expediente disciplinario... perdón, y se inician las actuaciones que, con carácter reservado, proceden en un caso como este. Y, en menos de diez días hábiles, hay una resolución, hay un informe, y se abre un expediente disciplinario. En los mismos días, en los días inmediatamente siguientes, se inician las actuaciones sobre otros doce expedientes reservados, que todavía permanecen abiertos.

Y la Junta ha actuado a priori y a posteriori; ha actuado a priori, trabajando sobre aquellas incompatibilidades planteadas –más de seis mil trescientas en los últimos años- y, a posteriori, con el régimen disciplinario, como no puede ser de otra manera. Pero también, aquí -en fin, parece ser que a alguna Procuradora o Procurador se les olvida-, también los funcionarios tienen derecho que, además de los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, tienen derecho el... al pleno respeto a la garantía en la defensa de los presuntos inculpados. Pero, además, hay que decir que también amparándose en legislación básica. Y además, también, ¿eh?, también, a diferencia de esas cosas de "instar de oficio" –y esas cosas-, desde el Gobierno Regional, en todo momento se ha estado en contacto con la Fiscalía.

Bueno, y yo creo que eso demuestra que la Junta ha ejercido su responsabilidad, e incluso ha ido más allá de lo que el pru... el propia... la propia Oposición le estaba exigiendo, promoviendo los ceses que se han producido.

En segundo lugar, hay que decir que, pese a quien pese, no hay, a fecha de hoy, ningún alto cargo afectado. Ninguno. Ley de Función Pública, Ley de Gobierno. La libre designación es un procedimiento perfectamente reglado de provisión de puestos de trabajo, reservado exclusivamente a funcionarios que, evidentemente... en los que, evidentemente, tienen que concurrir circunstancias de espe... como consecuencia de la especial responsabilidad, también de la especial confianza. Y, sin perjuicio de lo que las actuaciones pudieran determinar, e incluso otro tipo de actuaciones pudieran determinar, en estos momentos, y salvo esos casos concretos que, si se demuestra, son culpables de estas actuaciones que nosotros repobramos... reprobamos, no se puede poner en tela de juicio el quehacer cotidiano de los funcionarios de la Administración Autonómica y del conjunto de las Administraciones de Castilla y León.

Y, a día de hoy, no hay ningún dato, ni uno solo, que pudiera determinar que ha habido trato de favor. Miren, Señorías, yo no tengo claro que entre las obligaciones, ni siquiera del Gobierno, y desde luego tampoco de este Grupo, sea aclarar cuáles son las diferencias entre autorización y concesión. Pero como, además, de esto no entiendo demasiado, me voy a la sentencia del Tribunal Supremo, dieciocho de noviembre,...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Le ruego...

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

... dos mil dos.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

... vaya finalizando.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

"La autorización administrativa ha de ser otorgada o denegada por la Administración con observancia a la más estricta legalidad". En consecuencia, Señorías, son autorizaciones regladas. Y cuando aquí... cuando aquí se habla de que el CES dice, yo participo de lo que dice el CES. Claro que sí. Absoluta transparencia a las concesiones administrativas, pero no solo de las energías renovables y del transporte.

Y si quieren hablamos también de quién va a ganar la liga. Pero es que hoy estamos hablando de autorizaciones administrativas y no de concesiones. Es el mismo caso que a alguien –y algún Alcalde hay aquí- se le pide la licencia sobre una casa, y, si se ajusta el proyecto a la normativa, te puede gustar o no cómo está pintada la cocina, pero la autorización y la licencia se conceden. Pero es que, además, por la propia complejidad, en el que intervienen prácticamente tres Administraciones, es prácticamente imposible que se produzca trato de favor.

Miren, Señorías, es verdad que el tiempo es el que es, el procedimiento del siglo XIX que se dijo aquí el otro día en la Diputación Permanente es el mismo procedimiento para todas las Comunidades Autónomas, el mismo. Es verdad, es verdad –eso sí es cierto- que el Gobierno va por un lado, la realidad va por otro. Las previsiones eran cuatrocientos megavatios al dos mil diez; a treinta y uno de julio, Castilla y León habría puesto en funcionamiento el 53% de las previsiones al dos mil diez del conjunto de España. Pero es que Castilla-La Mancha ya lo ha superado: está en cuatrocientos dos megavatios. Y nosotros, a veintinueve de septiembre, estaremos en casi el 80% de lo que es la previsión nacional.

En el conjunto de las casi siete mil expedientes, Señorías, no hay constancia de ni una sola reclamación, ni una sola reclamación. Y, por otra parte, es normal, porque no hay concurrencia, Señorías, no hay concurrencia. Es un procedimiento reglado.

Y, hombre, hoy también hemos sabido que la Comisión Nacional de la Energía destaca la gestión que hace la Junta de Castilla y León en esta materia. Yo invito a Sus Señorías a que hablen con don Jaime González. Don Jaime González es un señor que, además de aparecer en unas fotos de archivo todos los años, cuando pescaba con el Presidente del Gobierno, es miembro de la Comisión Nacional de la Energía. Yo estoy seguro que estará encantado, encantado de explicarles cómo se gestiona por la Junta de Castilla y León este asunto.

Y luego, no puedo, no puedo no hacer. Hombre, aquí se ha dicho, en esta sede, que el sector estaba alarmado. Mire, yo no puedo resistir. Lo que dice Asif, que es la Asociación de Instaladores Fotovoltaicos: "...por lo que al final han resultado hechos aislados, que, como ya intuíamos, no han afectado al normal desarrollo del sector en nuestra Comunidad. En este sentido, desaparece la sensación transmitida de que nuestras empresas pudieran estar compitiendo en condiciones de desigualdad". Y yo me pregunto: si eso lo dice la asociación mayoritaria de representantes del sector, ¿quién estaba transmitiendo esa sensación? ¿Quien mentía aquí, en esta sede alarmando? ¿Quién transmitía esa sensación?

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Señor Sanz Vitorio, le ruego...

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Termino, termino ya.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

... por favor, finalice ya, finalice ya.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

(Treinta segundos). Señora Presidenta, Señorías, señores Consejeros, la comparecencia de hoy da exactamente igual, da lo mismo; ustedes comparezcan hoy aquí, yo se lo agradezco, pero da igual, porque por parte de quien manda a quien no está, ante la obediencia de los que están, pero que no pintan nada, ya se ha decidido que se va a pedir una comisión de investigación. Por lo tanto, en ese sentido, yo lamento que estoy.

Pero, evidentemente, no sin recordar que el recurso de amparo que dijeron no se va a presentar. Y alguien puede interpretar que estoy provocando: que no quede la duda, estoy provocando, no se va a presentar. Se han pedido... se han pedido sin pedir que intervenga el Tribunal de Cuentas para que audite las cuentas de unos procedimientos en los que no hay cuentas. Esto es genial. Y la última ocurrencia, desde luego, ha sido lo de estos dos últimos días.

Por tanto, yo termino, para que no me regañe más la señora Presidenta, diciendo que tengo la sensación de que, visto lo visto y conocido lo conocido, realmente tendría que preguntarles: si por parte de la Oposición no se tiene ningún interés en saber absolutamente nada, ¿qué hacen ustedes aquí? Y, sobre todo, ¿qué hacen ustedes aquí tan pronto?

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Gracias, Señoría. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, también por un tiempo máximo de diez minutos, el Procurador don Joaquín Otero Pereira.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días, Señorías. Señores Consejeros, también agradecer su comparecencia.

A nosotros en estos temas de investigación no nos importa tanto el tiempo como sí la calidad de la investigación, ¿no? Ha habido aquí, a lo largo del verano, una guerra de fechas para ver si antes, después, pronto, que tarde... Hombre, con la máxima celeridad posible, pero valoramos más la calidad y cantidad de la investigación que el tiempo que dura la... la investigación, ¿no?

Bueno, han ustedes estado compareciendo aproximadamente dos horas. La verdad es que no han dicho mucho más de lo que ya sabíamos, ¿no? Y probablemente no porque no quieran decirlo, sino porque en este momento no hay mucho más que decir de lo que ya se había anunciado, por parte de la Junta, a través de los medios de comunicación.

Lo cierto es que, mire, yo creo... lo ha dicho la Consejera de administración de justicia, y creo que en este tema, porque ha ocurrido durante el verano, o por cómo se ha desarrollado, el principio de presunción de inocencia se ha visto ciertamente vulnerado. Yo tengo la sensación de que los ciudadanos... la tengo porque hablo con los ciudadanos, y lo que se comenta con la call... por la calle es que, bueno, hay una cierta corruptela, más o menos, o corrupción, entre determinados funcionarios, con el tema de las placas solares o de los parques solares.

En definitiva, que sin que todavía nadie haya sido condenado, sin que todavía nadie haya sido juzgado, es más, sin que todavía nadie haya sido ni siquiera oído –porque no ha habido todavía trámite de audiencia a nadie- ya hay una cierta sensación de que determinados funcionarios son culpables. Y yo quiero resaltar ante eso, al principio de mi intervención, la presunción de inocencia de todos, más en este momento, en el cual ni siquiera se han iniciado los trámites o los procedimientos sancionadores de ningún tipo. La presunción de inocencia que es obligado resaltar.

Y quiero empezar por esto porque les hablaba al principio de sensaciones. Mire, yo, en mi retiro del mes de agosto en Villafranca del Bierzo, he seguido el tema, con el lógico interés, y sabiendo que luego tendría que pronunciarme sobre el tema, ¿no? Y allí, pues, la gente habla, porque ha sido un poco la noticia del verano, la gente comenta; y quien sabe, además, que eres Procurador, pues hace sus observaciones y sus valoraciones. Y, mire, yo he extraído dos conclusiones de todo lo que se me ha dicho a lo largo del verano: que hay una serie de políticos corruptos en la Junta de Castilla y León que se dedican, en unos casos, a agilizar los trámites de las licencias, y que para los amigos va más rápido que para los que no son amigos, o para sus empresas se le da antes la licencia que a los que no tienen empresa amiga. E incluso he escuchado que, además, como algunos creen que esto tiene subvenciones por parte de la Junta de Castilla y León, pues a quien se le da más potencia recibe más subvenciones por parte de la Junta de Castilla y León que a quien se le da menos. Ciertamente, no hay ningún tipo de subvención por parte de la Junta de Castilla y León para estos parques, y eso sí que debería de quedar claro, que yo creo que hasta el momento no ha quedado en esta comparecencia: no está subvencionada la actividad. Por tanto, nos quedaríamos únicamente con que si a los amigos se les agiliza más o menos la tramitación.

Bueno, después de dos horas de comparecencia, en resumen, lo que han dicho ustedes es lo siguiente: la Junta de Castilla y León, a través de la investigación que han realizado sus dos Consejerí... sus dos Consejerías, no ha detectado irregularidades en los procedimientos. No han detectado irregularidades –dijo el Consejero de Economía-, entre otras razones, porque la complejidad del procedimiento, la intervención, la cantidad de trámites, la participación de varias Administraciones hace muy difícil que pueda haber tratos de favor en este procedimiento. Bueno, eso, efectivamente, dificulta, lógicamente, el trato de favor, la complejidad. No lo anula, pero la conclusión a la que llegan ustedes es que no ha habido irregularidades en el procedimiento.

Como consecuencia de ello -conclusión a la que han llegado también ustedes-, es que no hay ningún tipo de responsabilidad, o no detectan ustedes ningún tipo de responsabilidad penal ni civil en los funcionarios investigados –vamos a utilizar ese concepto de " investigados" porque es el concepto, en este momento, más exacto, que podemos utilizar-; no se ha detectado ningún tipo de responsabilidad penal ni civil.

Que no ha habido perjuicios de terceros, como prueba el hecho de que ningún tercero ha reclamado: esa es otra conclusión que ustedes han obtenido.

Y una cuarta y última conclusión es que pudiera haber... o haber... pudieran haber incurrido determinados funcionarios en el incumplimiento del régimen de incompati... incompatibilidades de funcionarios. Ahí la Consejera ni siquiera se ha mojado; nos ha diseñado una larga doctrina en relación a la materia de la función pública. Yo estaba esperando que a última hora dijera "bueno, en conclusión, y después de esta doctrina, lo que la Junta interpreta... interpreta es que sí se ha incurrido en incompatibilidad", o que "no se ha incurrido en incompatibilidad"; pero ni siquiera la Consejera ha querido llegar tan lejos, y ha dicho que se aplicará esa doctrina, pero que en este momento, al menos, no hay una... ni siquiera presunción de la Junta de Castilla y León, en relación a si han incurrido o no han incurrido en el régimen de incompatibilidad.

Hombre, yo, subliminalmente, sí he detectado que ha... que... que la Junta cree que puede haber alguna incompatibilidad. Pero, bueno, es una interpretación propia, derivada de lo que creo que ha sido un... una opinión subliminal que nos ha querido trasladar la Consejera. Pero, bueno, eso es subjetivo, en todo caso.

Y eso es lo que nos han dicho, a lo largo de... de dos horas. No más cosas. Pero la pregunta importante, o la pregunta clave, a nuestro juicio, es: bien, con esta investigación de la Junta, con estas conclusiones de la Junta, lógicamente provisionales –porque me imagino que la Junta tendrá que posicionarse con mucho mayor rigor en el momento en que los procedimientos administrativos sancionadores concluyan y tengan que tomar decisiones, una vez que hayan sometido el expediente al principio de contradicción, y hayan escuchado a los interesados, y les hayan dado el trámite de audiencia, y hayan podido hacer alegaciones, y se haya practicado la prueba oportuna-, pero, con carácter provisional, de momento, esto es lo que ustedes plantean –insisto-, imagino que serán mucho más rigurosos a la hora de tener que... que sancionar, porque es lo lógico y lo razonable. Pero la pregunta que podemos hacer, a estas alturas, es: bueno, con esta investigación, digamos provisional, por parte de la Junta de Castilla y León, o con estas conclusiones, digamos que provisionales, de la Junta de Castilla y León, ¿es suficiente?

Dicho de otra manera: con la investigación de la propia Junta –la investigación de los hechos por parte de la Junta-, ¿los ciudadanos de la calle se van a dar por satisfechos, van a tener la seguridad, la certeza, la tranquilidad de que lars... lo... que lo que se establezca, o los resultados de esa investigación van a clarificar todo el tema? Pues, hombre, es posible que sí y es posible que no. Miren, y por eso a mí me gustaría –quiero remarcar lo que voy a decir, ad cautelam, quiero insistir en eso y subrayarlo, y ponerlo entre comillas, pero ad cautelam- se pudieran abrir otras vías de investigación, o al menos otra vía de investigación, para que, al menos, no solamente la Junta de Castilla y León concluya, sino que haya otras Administraciones, otros poderes públicos, que puedan también llegar a determinar las conclusiones. Y estoy pensando en la Fiscalía. Miren, la Ley Orgánica del Poder Judicial dice, en su Artículo 435: "El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados". De oficio o a petición de los interesados.

Hasta ahora, lo que sabemos es que la Junta se ha puesto a disposición de la Fiscalía. Aquí tienen ustedes todos los expedientes y, si la Fiscalía, de oficio, decide abrir una investigación, sola... solo faltaba, claro, la Junta pone a disposición todos los expedientes. ¿Qué nos gustaría a nosotros? Que fuera la Junta la que promoviese esa investigación por parte de la Fiscalía. Yo no estoy hablando de denunciar, ni la Ley habla de denunciar, sino, simplemente, dice "a petición de los interesados". A mí me parecería muy raciona... muy razonable –insisto, ad cautelam- que la Junta, a sabiendas de que la propia Junta y los propios Servicios Jurídicos de la Junta no han detectado responsabilidades penales, le diga a la Fiscalía: "Mire usted, nosotros no hemos detectado ninguna responsabilidad penal, pero le pedimos a usted que lo investigue, para ver si llegamos a la misma conclusión, y ojalá que lleguemos a la misma conclusión". Eso nos parecería una postura inteligente, y nos gustaría que la Junta la hiciera.

Ya sé que la Fiscalía puede investigar de oficio, pero nos parecería eso, inteligente –incluso, elegante, pensando en los ciudadanos de la calle, y en la tranquilidad, y en que estas cuestiones tienen... tienen que crear una seguridad jurídica en torno a los ciudadanos- que fuera la propia Junta de Castilla y León la que –insisto, por tercera vez, ad cautelam- pidiera a la Fiscalía, formalmente, que abriese una investigación. Y no pasa absolutamente nada, porque no se está prejuzgando nada, porque ustedes han investigado, y la Fiscalía lo que hace es investigar, sin condenar, sin juzgar, investigar exclu... exclusivamente. Y, por tanto, eso garanta... garantizaría –como ciudadano, yo lo veo así- que el resultado, al final, pues iba a ser mucho más creíble por parte del ciudadano de a pie. Bueno, es verdad que luego se ha hablado aquí de que se ha hablado con la Fiscalía de León, que se ha hablado... yo creo que no es la Fiscalía de León, que, en todo caso, tendría que ser la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, dado que afecta a varias provincias, no solamente a León, ¿no? Pero, bueno, esa es otra historia. Pero sí que nos gustaría que la Junta fuera la que tomase la iniciativa en esa materia, sin –insisto- que eso suponga ningún tipo de pre... de... de... de prejuicio hacia nadie.

Hay otras instituciones que también podrían actuar. Se ha hablado aquí de comisión de investigación. Es verdad que yo he leído la posibilidad de que el Grupo Socialista pida una comisión de investigación; ya les anticipo el resultado: lo que pensamos ahora cada uno lo vamos a pensar al final de la comisión de investigación; nunca han servido para nada. Nunca. Nunca han servido para nada, ni servirán, porque aquí hay posiciones políticas, hay posicionamientos políticos, y al final los resultados van a ser distintos para el Grupo Parlamentario Popular que para el Grupo Parlamentario Socialista, que para el Grupo Parlamentario Mixto. Por tanto, yo creo que eso... no creo mucho en eso, creo que sería una pérdida de tiempo, pero, si las Cortes quieren que se investigue, tienen una figura: un Procurador puede investigar, que es el Procurador del Común. Mire, la Ley del Procurador del Común dice que "podrán dirigirse al Procurador del Común de Castilla y León, para solicitarle que actúe en relación con la queja que se formule, personas físicas o jurídicas, los Procuradores de las Cortes de Castilla y León, o –lo que parecería más sensato- las Comisiones de las Cortes de Castilla y León". Sería la primera vez que una Comisión de las Cortes de Castilla y León le dice al Procurador del Común: "Mire usted, investigue también estos temas". Por tanto, sería otra opción, y así abriríamos no solamente la vía de la Junta de Castilla y León, que no dudamos que sea objetiva ni imparcial, pero, desde el punto de vista de las garantías, pues, al abrir más investigaciones, pues habría más para los ciudadanos. Pero bueno, es una sugerencia y una pregunta al mismo tiempo. La pregunta es esa: si la Junta estaría dispuesta a pedirle de oficio al Fiscal que investigue, o a abrir otras vías de investigación, como pudiera ser la del Procurador del Común, aunque la iniciativa la tendrían que tomar las Cortes en ese tema.

Y termino ya, señora Presidenta, con una última observación: ¿qué responsabilidad ha tenido la Junta, hasta este momento, en todo este tema?, ¿o qué responsabilidad deducimos nosotros –y estoy hablando, lógicamente, de responsabilidad política, ¿no?, no puede ser responsabilidad de otro tipo-? Pues mire, aquí se ha hablado de dos posibles culpas: la culpa in vigilando, es decir, la obligación que tiene la Junta de controlar y vigilar lo que hacen sus funcionarios, y la culpa in eligendo; eso quiere decir que, aun no siendo altos cargos de la Administración, son personas designadas política... eh... de forma política, de libre designación. Por tanto, designadas por alguien, políticamente hablando.

¿Culpa in vigilando? Yo creo que ahí –y, además, en esto me ha convencido el Consejero- ha quedado claro que, cuando se trata de actividades privadas de funcionarios públicos, con dinero privado y... eh... con empresas privadas que han podido constituir, es imposible que la Junta sepa lo que hace cada funcionario público en su vida privada y con su dinero. Nos parece absolutamente imposible. Por tanto, yo creo que hay una... hay una exención de responsabilidad por parte de la Junta de Castilla y León, en ese sentido de la culpa in vigilando. Otra cosa sería si el funcionario hubiera actuado en el ejercicio de su función pública, pero cuando está actuando en el ejercicio de su actividad privada, con su dinero, es imposible que, si el funcionario no le comunica a la Junta lo que está haciendo, la Junta puede saberlo. Por tanto, yo creo que hay una exoneración clara ahí de esa responsabilidad.

¿La culpa in eligendo?, ¿haber designado a unas personas que luego resulta que van a tener que pagar por unas presuntas infracciones? Miren ustedes, a lo mejor esa es posible exigirla, pero no es el momento, porque de momento no hay condenados, no hay sancionados, solo hay investigados. Y, como solo hay investigados, no podemos exigir ninguna responsabilidad política, a menos que, con el tiempo, esas investigaciones deriven en procedimientos sancionadores y deriven en sanción, porque los procedimientos sancionadores también pueden terminar en archivo, en sobreseimiento o en, simplemente, en que no ha ocurrido absolutamente nada. Por tanto, esa segunda posible responsabilidad habrá que esperar al final.

Y con esto creemos que, por ahora, no podemos –y no se debe y no se puede- decir nada más. Y terminar como empecé: presunción de inocencia de todos; de momento, están siendo investigados pero no ha habido nadie condenado, nadie ha sido sancionado, y ni siquiera se ha abierto ningún tipo de procedimiento. Se abrirán, pero ni siquiera se ha abierto todavía ningún tipo de procedimiento. Todo lo que sea juzgar a esas personas en este momento serán juicios paralelos por órganos que no tienen competencia para juzgar. Entre ellos, yo mismo, que, como no tengo competencia para juzgarles, lo que pido es que se les investigue pero nada más. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Gracias, señor Otero. Por el Grupo Parlamentario Socialista, esta Presidencia tiene conocimiento de que va a haber dos turnos, dos intervenciones de dos Portavoces: señor Jorge Félix Alonso Díez y la señora doña María Redondo García. En primer lugar, tiene la palabra el señor don Jorge Félix Alonso Díez.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Gracias, señora Presidenta. Yo creo que hay una primera conclusión que podemos sacar de las comparecencias, y es que no se ha aportado nada nuevo, que no se conociera. Es decir, prácticamente la mayor parte de la intervención se ha destinado a explicar procedimientos normativos que, desde luego, son muy importantes, pero que se podían haber realizado en otra comparecencia destinada exclusivamente a eso. Tengo que recordarle al señor Vicepresidente que en este... en la actual Legislatura solo ha comparecido en estas Cortes, en esta Comisión, para hablar de los Presupuestos, y, en consecuencia, no ha comparecido más que eso y el programa de Gobierno que hizo al principio de la Legislatura. Y yo creo que se ha intentado un... con una intervención más, enredar para no entrar en el fondo del tema.

El objetivo fundamental que tenía esta comparecencia es saber qué está pasando con la trama fotovoltaica, y eso, desde luego, no se ha... no se ha aclarado.

Ustedes, desde que ha empezado esto, este proceso, han utilizado su mayoría absoluta para intentar amordazar a la Oposición; hoy mismo, ha habido más de cien minutos de intervención de los Consejeros, más casi otros veinte minutos del Portavoz del Partido Popular, y se pretende dar solo diez minutos al Partido Socialista, o sea, menos del 10% de lo que han...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Señor Portavoz...

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

... han invertido.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

... yo le ruego que el control del tiempo en esta sesión le controla la Presidenta...

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Perdón, señora Presidenta, estoy interviniendo, y en el turno de mi intervención...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

... y usted acaba de dar un dato que no es cierto.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Usted acaba de decir que el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha estado veinte minutos, y no es verdad.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Casi veinte minutos, que lo he medido con mi reloj.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Y ese tiempo le controla la Presidencia. Y yo le he dicho a usted en varias ocasiones...

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

¿Esto me lo va a descontar del tiempo, esto que está diciendo ahora usted?

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

No, le quiero... quiero resaltar algo, que voy a ser lo suficientemente flexible. Y, al finalizar la sesión, compararemos los tiempos, pero mientras no haya finalizado la sesión usted no puede comparar tiempos. Le digo, por favor.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Espero que este tiempo que usted está utilizando no me le quite de mi intervención.

Mire, su mayoría absoluta la han utilizado para, con excusas, buscando permanentemente excusas, que no comparezca el Presidente de la Junta en las Cortes de Castilla y León: han hecho un tratamiento torticero del Reglamento; han retrasado la reunión de la Diputación Permanente para que, cuando se reuniera, fuera ya inútil el fin para el que fue creada, que es funcionar en periodo vacacional. Todos vemos por los medios de comunicación como la Diputación Permanente de las Cortes de España se reúne en el mes de agosto con normalidad para tratar asuntos que nos afectan a todos, como... quiero decir, cosa que en Castilla y León no ocurre nunca.

Le ruego la Presidenta que pida silencio, porque estoy interviniendo.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Ruego a Sus Señorías, a todos, por favor... Vamos a respetar...

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Han mezclado el debate de...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

... las intervenciones.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

... la financiación autonómica, que, siendo un asunto importante y que nos preocupa a todos, desde luego, lo han ido a mezclar con este... con este tema, que no tiene nada que ver. Y, desde luego, la falta de transparencia en todo este proceso es lo que nos tienen que explicar, por qué... qué es lo que pretenden ocultar.

Desde luego, aquí ha habido dos tiempos: ha habido un tiempo hasta que ustedes han dicho que iban a investigar y antes de esa situación. Hemos estado teniendo conocimiento de las irregularidades hasta el día que la Junta anunció que iba a empezar a investigar; a partir de ese momento, se acabaron absolutamente las informaciones.

Nos han acusado de improvisar por solicitar el... los resultados de esa investigación. Yo le pregunto si los resultados de esa investigación se van a hacer públicos, si van a hacer públicos esos trece supuestas personas que están afectadas. Hoy ni siquiera se ha aportado un nuevo dato sobre lo que ya conocíamos. Quiero decir, dicen que hay trece personas sobre las que se centran las irregularidades y ni siquiera en ese dato se ha... se ha facilitado.

Yo les preguntaría si puede afirmarme que no hay más personas implicadas en este tema a nivel de responsabilidades hacia arriba y, concretamente, en la provincia de Valladolid. Aquí siempre se ha hablado de que hay tres provincias afectadas, Zamora, León y Valladolid, y respecto a Valladolid en ningún caso se ha hecho ninguna referencia. Entonces, me gustaría, si pueden confirmar, de sus investigaciones, que no hacen públicas, el... si... si asumen esa... ese... esa responsabilidad.

Mire, esta comparecencia, el Partido Socialista la pidió con anterioridad al Partido Popular: el día uno de agosto pedíamos la comparecencia de la Consejera de Administración Autonómica, y el día cinco del Consejero de Economía y Empleo. ¿Por qué el Partido Popular la mete el día veintidós la petición de comparecencia, la presenta el día veintidós y, al final, se obvia las peticiones nuestras y se acude, de una forma –como decía antes- torticera, para, nuevamente, no dar explicaciones en las comisiones respectivas? Yo les pregunto: ¿van a comparecer en las comisiones respectivas para que podamos seguir profundizando en este asunto, puesto que hoy no se ha aportado nada que no se conociera?

Cuando ustedes han hablado de investigar –y esto lo puedo decir porque por otras vías nos ha llegado esta información-, entiendo que lo primero que han hecho ha sido investigar a ver si había personas del Partido Socialista a las que pudieran implicar en esta situación, porque, con eso, hubieran encontrado ya la coartada para desviar el debate y no asumir el... las responsabilidades que conlleva todo esto que está ocurriendo. Eso me parece, desde luego, que tiene bastante de ruin, porque, al final, al final, no se pretende saber qué es lo que está pasando, no se pretende poner orden en lo que está pasando y, simplemente, cuando se hace ese tipo de actuaciones, lo que se pretende es enredarlo todo para que aquí nadie asuma ninguna responsabilidad.

Desde luego, hay dos cosas que quiero quedar claras. Primero, que la actividad relacionada con la implantación de energía fotovoltaica es una actividad loable, positiva para la Comunidad, interesante; y cualquiera, sea del Partido Socialista o del Partido Popular, tiene la posibilidad de participar en ello. Quiero decir que intentar criminalizar ese tipo de... de actividades, que parece que al final es lo que se... lo que se pretende con ese tipo de investigaciones, desde luego, lo único que hace es intentar tergiversar la finalidad para la que se trabaja. Pero, desde luego, eso no lo hacen para llegar al fondo de la situación, sino, simplemente, para intentar ocultar y no dar explicaciones.

Desde luego, aquí, lo que pretendemos es saber si las autorizaciones de plantas solares se han concedido de forma que se garantiza la igualdad de oportunidades y si las personas con responsabilidades en la concesión de las autorizaciones se han utilizado... se han valido de su cargo para beneficiarse personalmente o a través de otras personas.

Desde luego, la actitud que están siguiendo ustedes con este asunto se ha convertido en una amenaza para Castilla y León, una amenaza para el propio funcionamiento democrático de las Cortes y una amenaza para el futuro de la actividad económica de la Comunidad. En la medida de que no se garantiza la igualdad de oportunidades, se está trabajando en contra de la libertad de empresa, y, en consecuencia, se está haciendo algo que aquí han intentado desmontar pero que es una realidad.

El único... la única referencia que hay a la transparencia en el consejo... en el Informe del Consejo Económico y Social es referido a las energías renovables, la única referencia; no será casualidad. Es decir, realmente, lo que han hecho ha sido recoger algo que estaba en la... en la opinión pública, y el Consejo Económico y Social lo ha incluido en sus conclusiones. Con lo cual, eso debería hacerles reflexionar, aunque luego hayan venido aquí con esa carta, que también habría que analizar cómo se ha confeccionado esa carta.

Mire, hay... hay una cuestión que... que hace que este... este asunto que hoy hemos venido aquí a tratar sea un hecho grave, un hecho grave que tiene tres motivos que debería de dar lugar a que se tomaran medidas contundentes, y que es lo que debería realmente quedar claro –si no queda claro hoy, desde luego, habrá otras actuaciones que realizar-. Primero, por qué funcionarios que tienen entre sus responsabilidades intervenir en la concesión de autorizaciones administrativas para la instalación de plantas fotovoltaicas están vinculados, de una u otra forma, a empresas de este sector; porque estamos hablando de una actividad subvencionada o primada con el dinero de todos, que esto también lo han intentado obviar; o sea, el dinero que se paga por... el desarrollo de esta actividad, por kilovatio, es un dinero que sale de los impuestos de todos, y eso es lo que hace todavía más grave lo que está sucediendo. Y por qué no todas las personas que aspiran a poner en marcha una instalación fotovoltaica tienen las mismas posibilidades, en la medida de que los que intervienen en la gestión tienen intereses que es evidente que no se garantiza la igualdad de oportunidades.

La limitación del tiempo, desde luego, va a hacer que simplifique mucho la intervención. A nosotros nos preocupa qué va a ocurrir a partir de este momento. Porque tenemos antecedentes, y en su día hicimos propuestas en positivo en relación con la energía eólica que se rechazaron en esta... en estas Cortes por la mayoría absoluta del Partido Popular; luego ha salido, como consecuencia de que esas medidas que planteamos, que podían haber valido para todas las energías renovables si se hubieran puesto en marcha, desde luego, hubieran contribuido de forma importante a que... a que las cosas hubieran sido diferentes.

Todos sabemos que aquí hay una fecha importante, que es la del veintinueve de septiembre, yo pregunto si hay alguna instrucción para garantizar que la tramitación que en este momento se encuentra en marcha para conceder las autorizaciones administrativas se lleve de forma adecuada y se garantice la igualdad de oportunidades. Esa es una pregunta que le formulo, si hay alguna instrucción al respecto.

Si hay alguna instrucción... aparte del decreto que regula el procedimiento de aprobación de las autorizaciones administrativas, si existe alguna instrucción de desarrollo, igual que existía en su momento en relación con las energías eólicas.

Y termino con... para dar paso a mi compañera, con una serie de propuestas que nos parecerían fundamentales que se tomaran en consideración: primero, que se realice una auditoría completa por una organización pública sobre el procedimiento y todo el proceso de autorizaciones administrativas, una organización pública independiente; se publicite el conjunto de actuaciones respecto a la totalidad de solicitudes; el sometimiento de este procedimiento de sistema de gestión al... de sistemas a la gestión de calidad total; y que se dé participación a los agentes económicos y sociales en el propio procedimiento de concesión y... y autorización administrativa de las plantas generadoras de energías alternativas, siempre que la instalación esté dirigida al mercado.

En definitiva, lo que el Partido Socialista queremos es lo que no se ha producido aquí hoy, es saber el alcance de toda esta trama y que se tomen medidas para que en el futuro no vuelvan a ocurrir. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Muchas gracias, señor Jorge Félix Alonso. He de comunicarle que usted ha empleado los diez minutos que tiene establecido como turno de intervención el Grupo Parlamentario Socialista. También le quiero indicar que el Grupo Parlamentario Popular se ha excedido en seis, contados escrupulosamente. El Mixto en cuatro. Por lo tanto, yo quiero indicarles que va a ser esta Presidencia lo suficientemente flexible para la intervención de su compañera de Grupo, doña Ana María Redondo García, para que vea la flexibilidad que se está teniendo en todo el desarrollo, por lo que usted acaba de comentar de forma anterior a... a su intervención.

Tiene la palabra la Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana María Redondo García.

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

Se lo agradezco, señora Presidenta. Señorías, mi intervención va a ser complementaria a la de mi compañero, el Procurador don Jorge Félix Alonso. Pero sí que voy a centrarme precisamente en la intervención de la Consejera, señora Alonso, porque me parece que, por sí misma, necesita una reflexión.

Me parece muy preocupante, sinceramente, la intervención suya, porque ha confundido desde el primer momento el deber ser que establece la normativa con lo que aquí ha ocurrido, que es otra cosa muy distinta. La normativa la conocemos, el problema es: ¿se ha cumplido? Y, probablemente, ahí es donde radique uno de los problemas de todo este procedimiento.

Usted trata de hacernos creer que la Junta ha actuado con diligencia en la investigación de la trama de las energías renovables, pero lo cierto es que, hasta que el diario El Mundo no destapa la trama el uno de agosto, ustedes, o bien han dejado hacer y han decidido mirar para otro lado, o bien no sabían nada y se han enterado por la prensa, lo que les califica directamente de incompetentes para dirigir y gestionar el interés general de esta Comunidad. Desde luego, no nos basta con que ahora decidan investigar a un grupo de funcionarios por pérdida de confianza o estar incursos en alguna causa de incompatibilidad; en absoluto es suficiente, a no ser que quieran cerrar en falso este asunto.

Mire, le voy a dar las razones que demuestran la insuficiencia de sus explicaciones y la necesidad de que se siga investigando y se llegue hasta el fondo de la cuestión.

En primer lugar, de todo lo que se nos ha informado, que es bien poco, hoy, la verdad, se deduce claramente que, como el mismo director, repito, el mismo director de la investigación, don Tomás Machota, ha reconocido públicamente, algo en la Junta no ha funcionado. Y ese algo se refiere, entre otras cosas, a la Inspección General de Servicios, de la que usted es responsable última. Porque, explíquenos, señora Consejera, ¿a qué se ha dedicado la Inspección General, cuya función es la de gestionar precisamente el régimen de incompatibilidades en aras de preservar ese interés general durante todo este tiempo? ¿Cómo es posible que la Consejería haya tenido conocimiento de esta trama, en la que están implicados funcionarios de libre designación, por una denuncia periodística y no por una inspección habitual, una inspección ordinaria? ¿O es que únicamente son objeto de fiscalización los ciudadanos, y esto de inspeccionar a los cargos públicos solo se produce cuando el escándalo está servido y no queda más remedio? Desde luego, el escándalo está servido, y a usted no le ha quedado más remedio que realizar el informe que hoy nos presenta, que, lejos de ser fruto de la diligencia y la celeridad, es fruto de la necesidad, porque está obligada a hacerlo.

En segundo lugar, han querido reducir el escándalo a una trama funcionarial, pero resulta llamativo el perfil de los funcionarios implicados en este asunto. Los funcionarios destituidos no solo forman parte de la Escala Superior de la Administración: se trata de cargos de libre designación que tienen un marcado currículum político. No voy a citar nombres que, desde luego, están en la mente de todos, pero sabido es que se trata de personas que han tenido responsabilidades políticas de máximo nivel. Estamos hablando de un ex Alcalde, ex Procurador y ex Consejero, de un ex Senador y Diputado Provincial, de varios Concejales y, en algunos casos, de responsables orgánicos del Partido Popular. Y es precisamente... es precisamente ese perfil político, de político del Partido Popular, el que en muchas ocasiones les hace acreedores de la confianza que implica un puesto de libre designación. De ahí que no sea de recibo, como ha afirmado la Vicepresidenta, decir –y cito textualmente- "todos los presuntos implicados son funcionarios de carrera y no cargos políticos". Aquí también hoy hemos visto como todos inciden en que no se trata de altos cargos, se trata de funcionarios. Bien, esta afirmación esconde un pensamiento muy reprochable: cuando se incurre en falta, el cargo de libre designación es solo un funcionario, y no un político; pero resulta que, a la hora del nombramiento, lo que prima es contar con la confianza del político.

Desde luego, la Vicepresidenta debería pedir disculpas públicamente por una opinión que no solo falta al respeto de cerca de ochenta y cinco mil funcionarios, sino que además es profundamente inexacta. Y le diré por qué, por qué es inexacta esa afirmación: como nos ha recordado perfectamente el señor Villanueva, en el procedimiento de adjudicación de licencias para la instalación de plantas solares intervienen, al menos: la Dirección General de Energía y Minas, el Servicio Territorial de Fomento, la Comisión Territorial de Urbanismo, los Servicios Territoriales de Industria; en algunos casos se requiere informe favorable del Servicio Territorial de Medio Ambiente; y, además, juega un papel, que, a mi modesto entender, no se ha explicado suficientemente, el Ente Regional de la Energía. Pues bien, al frente de todos estos cargos siempre hay una persona responsable, siempre hay un alto cargo responsable de la actuación. Sin la participación de todos ellos, el acta de puesta el servicio no se concede. Y, sabido esto, sabido que este procedimiento es así porque perfectamente nos lo han explicado ustedes, ¿de verdad puede seguir la Junta manteniendo que estamos ante una mera cuestión de incompatibilidad de funcionarios? Sinceramente, creo que la simplicidad de este juicio atenta contra el más elemental sentido y sentir de los ciudadanos de esta Comunidad.

Es más, le aseguro que la prueba de las incompatibilidades -esa que ustedes intentan realizar estos días, y que no avanza mucho, la verdad- será harto compleja en la mayoría de los casos, muy difícil. Y le voy a explicar por qué: porque el Jefe del Servicio Territorial de Industria de Palencia es adjudicatario de varias plantas solares en Zamora y Valladolid; el Jefe del Servicio de Caja de la Tesorería General las tiene en Zamora y Valladolid; los responsables de León son adjudicatarios de licencias en Valladolid y Zamora. Es decir, estas personas no solicitan las licencias en la misma provincia donde desempeñan su cargo, lo que pone sobre la pista de la existencia de un entramado de influencias que permite obtener información y licencias en provincias distintas de aquellas en las que se ejerce el cargo, precisamente con la finalidad de eludir responsabilidades y hacer más difícil el rastreo de la incompatibilidad. Si esto es así.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Señora Redondo García, la quiero recordar que se ha agotado todos los tiempos en exceso de todos los Portavoces...

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

Sí, sí.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

... que tiene un segundo turno de intervención...

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

Vale.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

... y que le rogaría que vaya...

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

Apelo a esa flexibilidad, apelo a esa flexibilidad...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

... y que vaya terminando. [Murmullos].

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

Únicamente un tercer argumento. Resulta evidente que la responsabilidad de que se hayan producido esas corruptelas la tiene en buena medida el Delegado Territorial de la zona. Son los Delegados Territoriales los que han incurrido en la doble falta que antes comentaba el compañero: una irresponsabilidad in eligendo, y, lo que es más grave, una importante negligencia in vigilando. Al menos, los delegados de León y Zamora tienen que responder a la pregunta de por qué han permitido que las personas en... en quienes depositaron su confianza hayan abusado de sus cargos en beneficio propio, en lugar de velar por el interés general. ¿O es que los Delegados Territoriales también se han enterado de esto por la prensa?

En algún caso –y con esto concluyo-, es harto improbable de que estas personas se hayan enterado por la prensa. Les recuerdo que el ex Jefe de Industria de la Delegación Territorial de Zamora, una vez conocidas –judicialmente, en aquella ocasión- sus implicaciones en la autorización de parques eólicos a empresas a las que él mismo directamente asesoraba, lejos de ser expedientado, fue simplemente trasladado a otra jefatura, de la que ha sido removido recientemente por estar implicado en la trama solar. Después de esta segunda pillada, ¿dónde le van a ubicar esta vez?

Indudablemente, los Delegados Territoriales de León y Zamora tienen que dar explicaciones, y hay muchas explicaciones que dar. Hay muchas cosas que no se han aclarado, y que, desde luego, quieren hacer que se resuelvan en diez minutos. Pero los ciudadanos tienen derecho a que se conozca toda la verdad: por eso solicitaremos la constitución, probablemente, de una comisión de investigación. Entonces la opinión pública comprobará si de verdad ustedes quieren ser transparentes, y no cerrar en falso esta trama, o si su intención es completamente la contraria. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Gracias, Señoría. El Consejero de Economía y Empleo y la Consejera de Administración Autonómica pueden contestar a todas las cuestiones que se han planteado en la mañana de hoy, bien de forma aislada o conjunta, a las distintas intervenciones.

Si les parece, con el mismo orden en el turno de intervenciones de ambos Consejeros, toma la palabra el Consejero de Economía y Empleo.

EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA JUNTA Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ):

Muchas gracias, Presidenta. Sí, vamos a tratar de... –aunque es difícil deslindar los campos- de seguir un poco el esquema de intervenciones.

Miren, Señorías, en primer lugar, mis palabras de agradecimiento a los tres Portavoces, por el esfuerzo que han hecho y por... y por sus intervenciones en este acto en el Parlamento. Pero, miren ustedes, si me queda algo absolutamente claro, después de haber escuchado a los tres Portavoces, es que nuestra didáctica intervención era necesaria –se la voy a entregar por escrito para que se la lean ustedes y la aprendan-, porque yo creí que era fruto del verano el desconcierto en la estrategia parlamentaria, en la estrategia ante este caso y en el contenido de las expresiones que ustedes vertían ante la opinión pública, que es lo que ha hecho daño y ha confundido a la sociedad.

Pero ustedes, que son, algunos, académicos y universitarios, debían de tener un fino ajuste, sobre todo cuando se habla de personas, de un Gobierno, que, aunque no les guste, nos están poniendo ustedes a nosotros en tela de juicio ante la sociedad de Castilla y León, nuestra propia dignidad personal, y no se lo vamos a permitir bajo ningún concepto. Yo no lo permitiré de mí ni de ningún miembro del Gobierno, pero tampoco de los funcionarios, que, como bien decía el Portavoz, gozan de la presunción de inocencia.

Y, miren ustedes, hay que ser prudentes. Ustedes han perdido el rumbo en este asunto, y reléanse nuestra intervención, que se la facilitaremos, porque ustedes no... desconocen la normativa; si no, no dirían lo que dicen. Y yo pongo en duda sus conocimientos universitarios; y usted, Portavoz, que acaba de hablar ahora, porque usted no distingue entre autorización, permiso, licencia ni concesión administrativa, lo cual, a mí solo me lleva a la siguiente conclusión: o ustedes están, deliberadamente, injustamente, a sabiendas, falseando la realidad –de los conocimientos que tienen, que son muy pocos en este asunto-; por lo tanto, están incumpliendo y superando lo que la razón ética les permite a ustedes en la vida parlamentaria.

Y, por lo tanto, le pido que aquí, en esta sala, y públicamente, desmientan la sombra de duda que han vertido sobre el Gobierno y sobre los funcionarios, que en el ámbito de la Administración, no en el Penal, Señoría... hay Derecho Penal, Derecho Administrativo, Derecho Civil. Ustedes tienen la obligación de respetar la dignidad de las personas, y, por lo tanto, voy a defender primero a los funcionarios, y voy a defender al Gobierno del que formo parte, porque ustedes no tienen derecho a sembrar la duda. Y admito cualquier auditoría externa, la fiscalización de la Comisión Nacional de Energía, la propia del Ministerio de Industria; pero de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Galicia y de Castilla y León, de Navarra y del resto de Comunidades Autónomas, incluida la catalana, que no ha hecho nada. ¿Entendido? Pues esto que le quede claro, Señoría, porque no podemos tolerar lo que, por debajo y en los corrillos, se está diciendo de personas dignas, mientras no se demuestre lo contrario.

Entonces, yo, es que... después de esta... de esta intervención, de verdad, como cuestión general: mi agradecimiento al Portavoz por el respaldo que da al Grupo Parlamentario que sustenta al Gobierno. Nosotros, quizás piensen ustedes que hemos ido más allá. No hemos ido más allá de lo que creíamos. Nos ha costado tomar decisiones. Le vuelvo el argumento en contra: personas que en otros momentos han cumplido y han dedicado parte de su vida a esta Comunidad Autónoma, con una vinculación al Partido Popular, sobre ellas hemos tomado decisiones. ¿Me puede usted explicar hoy qué decisiones han tomado ustedes sobre las irregularidades del CIEMAT -hablando de energía en esta Comunidad Autónoma- desde el Gobierno de España? ¿Me puede usted explicarlo, sinceramente?, ¿es usted capaz de decirme por qué se contrataba al hijo de don Felipe González y al hijo del Director del CIEMAT?, ¿por qué la... [murmullos] ... por qué el Director...? Yo, si quieren, me voy, Señorías, pero salgamos de aquí todos absolutamente convencidos que su Gobierno no es corrupto, porque no lo es –y yo lo... y yo pongo la palabra, empeño mi palabra- y porque los funcionarios, yo no sé si han incurrido –fíjese- en alguna irregularidad administrativa; le corresponde... deje usted que trabaje la investigación administrativa; pero lo que sí que garantizo es que estos funcionarios no han cometido irregularidades en los expedientes que constan en los Servicios Territoriales que dependen funcionalmente de mi de... bajo mi dirección, ¿entiende? No hay ninguna irregularidad. Porque le voy a dar los tiempos de tramitación. Aquí se podían cometer dos irregularidades: una, celeridad. Parto de que, a estas horas, ya saben ustedes lo que es una autorización administrativa; parto de esa base. Y, por lo tanto, una –la celeridad- y, otra, la capacidad en la evacuación. Y es... entonces, pregunten ustedes lo que... puede sembrar dudas, que yo lo comprendo porque esto es complejo, la normativa.

Por lo tanto, mire -para centrar el tema-, no... han sembrado una... una sombra de duda, que yo voy a salir de aquí... tengo la conciencia tranquila desde el día uno de agosto, pero voy a salir de aquí mucho más tranquilo. Ahora, les pido por favor: díganselo a la opinión de la sociedad de Castilla y León, y a los empresarios; y no mezclen tantas... tantas cosas raras, ¿eh? Y además, mire, si tiene usted duda, pregunte en su Grupo Parlamentario, que alguno sabe de esto mucho, ¿entendido? Y no nos hemos dedicado a investigar al PSOE, ¿entendido? No los hemos investigado, cosa que yo dudo que no se esté investigando, porque ya han hablado que tienen hasta conversaciones privadas, ¿eh? Pues ya veremos a ver, el día que salgan las conversaciones privadas, ya veremos a ver si no nos estaban investigando a miembros del Gobierno, o a altos cargos de la Junta. Vamos a verlo, que eso se habla en los corrillos, Señorías; alguien lo está atizando, pero algún día, sobre este tema, vamos a aclarar muchas cosas.

Mire, centrado el tema, ¿eh?, no se puede hablar, Señorías –como se está hablando alegremente-, de temas tan importantes, de actos administrativos reglados, debidos, de autorizaciones. Ahora les voy a decir lo que es una autorización administrativa, de nuevo. Entonces, no se puede sembrar las dudas.

Han hecho daño al sector sus frivolidades, sus frívolas declaraciones. Han hecho daño al sector. Fíjese el extremo de la... del colmo de... del absurdo, ¿no? Un día por la mañana, preocupado, como está el Gobierno, oiga, dedicado... yo no he tenido vacaciones, he estado preocupado por este problema, he estado encima de este problema. Me ha permitido, a mi Gobierno, despejarle cualquier duda que pudiera tener sobre el mismo, y me ha permitido venir a este Parlamento cuando... cuando era razonable venir, después del disparate de estrategia que ustedes han desarrollado. Me dice que pone en duda la comisión de investigación... hágala. Pero, mire usted, vaya usted a la Comisión Nacional de la Energía, pregúnteles, interésese, pregúnteles dónde están las irregularidades. Pero si nos fiscalizan, si saben lo que hacemos. Hable con el Ministerio. ¿Por qué paga la... la tarifa, la prima, a las empresas que estamos hablando, si están formadas por corruptos? Pero ¿por qué...? Yo no sé, se hacen algunas preguntas que las veo fuera de lugar en el contexto en el que estamos debatiendo. Yo lo que pido es que centren el debate en lo que hay.

Y ya le digo: en... en su Grupo conocen perfectamente cómo se tramita esto, y no creo que nosotros hayamos intervenido, con corruptelas o irregularidades, para darles ventaja... Mire, don Jorge Félix Alonso, le desmiento rotundamente, inequívoca: no tenga usted ninguna duda que no estamos perjudicando a ningún administrado de esta Región. Todo aquel que ha querido desarrollar estas energías renovables, ha seguido el procedimiento, ha cumplido los requisitos, antes del veintinueve de septiembre, tiene todas las bendiciones administrativas, suficiente tiempo para poderlo haber desarrollado. No le quepa a usted ninguna duda. Pero no tenga ninguna duda, se lo digo yo: el que lo ha cumplido lo tiene. Si es que... y, además, es la distribuidora la que nos dice al Gobierno. Ya me gustaría saber qué hacen desde otros Gobiernos Autónomos. Pregunten ustedes a los distribuidores, no vayan preguntando por ahí, por la calle; yo les digo a quién tienen que preguntar para saber si este asunto lo hemos hecho bien o mal. Pregunten a los distribuidores -a Iberdrola, a Unión-Fenosa, a Endesa- qué hemos hecho nosotros y qué han hecho en Extremadura y en Castilla-La Mancha. Pregúntenles cuántas veces el Consejero y el Director General hemos llamado para influenciar, dando el nombre de un particular para que le den la evacuación. Pregúntenselo, díganle si hemos hecho lo mismo nosotros que otros. Pregúntenselo, sé de qué estoy hablando, pregúntenselo.

Miren, han sembrado dudas sobre un sector. Es determinante, aunque creo que la fotovoltaica, después de lo que he oído ayer que ha declarado el Ministro don Miguel Sebastián en... en Santander, lo que nos dijo a nosotros está absolutamente desorientado, no lo centra, se lo dije allí. Pero miren ustedes, en Cistierna hay un gran proyecto empresarial, y alguien que hoy está sufriendo mucho. ¿Y sabes quién... ustedes saben quién se lo va a cargar -porque me lo ha dicho mí ante los féretros en estos días-?: la decisión que va a tomar, equivocadamente, el Gobierno de España. Y se lo va a cargar, se lo digo yo, porque han ido ustedes allí a anunciarlo, y yo voy a tener que ir a decir por qué no se hace.

Entonces, el sector es importante, tiene mucho empleo hoy en Castilla y León, estamos con muchos proyectos empresariales. ¿Qué quieren, que desaparezca el mercado español? Pues va a desaparecer, si se mantiene lo que ha dicho el Ministro. El Gobierno, ustedes le han puesto en duda, cosa que no permito, y sean ustedes prudentes en sus declaraciones. Altos cargos, ya le ha dicho la Consejera quiénes son. No son funcionarios, aunque hayan sido ex Senadores o ex miembros del Gobierno, no son altos cargos y ustedes debían de saberlo. Y han ido, intencionadamente, a confundir a la sociedad, torticera... eso sí que es torticera y ruin en la sociedad. Estar en la vida pública para hacer eso que han hecho ustedes en el mes de agosto no merece la pena, Señoría, se lo digo honestamente. Esa es mi opinión y, si les molesta -se lo digo públicamente aquí, porque constará en el Diario de Sesiones-, no merece la pena en la vida pública estar para decir que es ruin, cuando lo ruin es lo que han hecho ustedes, ¿eh?, no dejarnos trabajar... y el ruin.

Y miren ustedes, los funcionarios han merecido siempre nuestro respeto, y lo van a seguir mereciendo, aunque incurran en problemas administrativos, les afecte la compatibilidad o no les afecte, y van a tener derecho a defenderse. Y les pido, por favor, aunque sé que hacia nosotros no lo van a hacer, que les traten con prudencia, que les traten con respeto. Uno puede cometer una falta en la vida, puede ser un acto administrativo subsanable; pero lo que no puede hacer uno es colocarle y decir que vayamos al Fiscal, como dijeron ustedes. ¡Claro, qué curioso!, salió la Fiscalía a los dos días o al día siguiente. A mí me llamó la atención, por lo que oye uno a través de los medios. Habló usted, doña Ana Redondo, de la... que fuéramos a la Fiscalía. Y a continuación, al día siguiente, nos llama el Fiscal. Dijimos, ¡coño!, pues, aquí hay una "complicidad" –entre comillas- un tanto rara, ¿no? Pero bueno.

Nosotros estamos a disposición de la Fiscalía, de quien quiera, pero yo no mandaré ningún acto administrativo a la Fiscalía, salvo que los Servicios Jurídicos de la Junta, como siempre, me determinen que hay indicios de criminalidad, porque, si no, no van a la Fiscalía, vamos, aunque yo quede mal -y se lo digo, señor... señor Otero-, aunque el Gobierno quede mal. Yo no voy a cometer un error que haga daño a las personas, como otros los están cometiendo, por salir bien el Gobierno y porque eso fuera una prueba contundente.

Mire usted, no mandaré jamás... y he mandado, ¿eh?, he mandado expedientes a la Fiscalía, ¡claro que he mandado!, pero no mandaré ninguno sin conciencia y si previamente los Servicios Jurídicos no me determinan que hay indicios de penalidad en ese expediente o en el asunto que sea. Y aquí, todavía nadie ha dicho que haya indicios de criminalidad. Por lo tanto, si la Fiscalía quiere intervenir, que intervenga, no tiene que pedir permiso, que intervenga, y le ponemos a disposición todo.

Pero ¡ojo del que vaya a la Fiscalía imputando la comisión falsa de un delito!, porque eso está también penado en el Código Penal. ¡Ojo quien vaya a la Fiscalía imputando o denuncie en un Juzgado la comisión de un delito falsamente!, porque eso está tipificado en el Código Penal desde hace muchos años, ¿eh? Y, por lo tanto, ¡ojo! Que aquí ya una cosa es que tengamos que aceptar todo y asumir todo, y otra cosa es que nos señalen por la calle por la frivolidad en las declaraciones de alguna persona.

Y hacía referencia a una llamativa de una mañana que me levanto, leo los periódicos, había facilitado el día anterior el Instituto Nacional de Estadística los datos sobre la inversión extranjera, y hete aquí que se une esa... esa... esos datos sobre Castilla y León, diciendo que era mala inversión, como consecuencia de que la trama solar había impactado ya... eso lo ha dicho usted, Señoría, está escrito, que la trama solar había impactado y había deteriorado nuestra imagen en el exterior, y que no invertían aquí. [Murmullos]. Eso lo ha dicho usted, Señoría. ¡Hombre, por Dios!, de verdad.

Bien, señor Otero, mire, yo comparto con usted la calidad en la investigación. Efectivamente es lo... eso de calidad ..... es lo que estamos haciendo, intentando... Ante un problema que ha preocupado al Gobierno, que desconocíamos, que nos hemos enterado con esos datos por un medio de comunicación, lo que hicimos fue ponernos a trabajar coordinadamente dentro del Gobierno, varios departamentos, para esclarecer los hechos; no para ocultar nada, para esclarecer hechos.

Yo he dicho que el procedimiento es muy complejo, y creo que es bueno que... que se conozca, y por eso me he permitido el detallarlo. Es muy complejo porque es un procedimiento que intervienen muchas Administraciones, muchos servicios. ¿Pero ustedes se creen que...? Mire, le voy a dar un dato, por... por dar alguna cosa nueva, algún dato nuevo, les voy a dar un dato.

Mire, en Mota del Marqués, en Valladolid, la media de... de tramitación de estos expedientes en Valladolid es de siete meses. Que, por cierto, en el Servicio Territorial de Valladolid... -y tengo un escrito muy serio que me remite el Jefe del Servicio-, en el Servicio Territorial de Valladolid no hay absolutamente ninguna irregularidad en los expedientes y no hay ningún funcionario implicado en participaciones de estas características, ¿eh?, ninguno. Y me dice a mí, en el mes de agosto -le voy a decir qué día- el Jefe del Servicio, el diez de agosto, el diez de agosto, Señorías, me dice el Jefe del Servicio que, con todos estos datos que me facilita antes, se puede afirmar que las suposiciones que apuntaba el periódico de trato de favor son totalmente falsas, y que de alguna forma se debería informar a la opinión pública para salvaguardar la imagen de la Junta de Castilla y León en general, y la profesionalidad de los funcionarios del Servicio Territorial de Industria de Valladolid en particular. Eso me escribe a mí don Marceliano Herrero Sinovas, el Jefe del Servicio Territorial. Que me duele que me tenga que decir esto a mí un Jefe de Servicio, que me duele.

Pero, miren ustedes, lo que les decía, la tramitación en Mota... en... en Valladolid, el expediente -son nueve provincias-, oscila entre alrededor de siete meses. El de Mota tiene dos fases: la fase una, el expediente se tramita en siete meses y medio y la fase segunda en catorce meses. Pero ¿dónde está la celeridad, dónde está la ventaja? En Torrecilla, once meses. Y en León se tramita entre tres y siete meses -dado por los técnicos los datos-, y el de Mansilla de las Mulas en cinco meses y medio. La diferencia entre unos servicios y otros, a veces por... por la situación del personal, por razones absolutamente objetivas, ¿no? Se lo digo un poco como referencia, para que tengan ustedes alguna referencia.

Me decía usted, señor Otero, que... que, efectivamente, a mí el procedimiento me parece que no lo facilita, evidentemente. Yo no digo que determine que no haya irregularidades, digo que no lo facilita. Yo no puedo determinar la responsabilidad penal, así, aleatoriamente. Yo determinaré la responsabilidad; si hay indicios, la determinarán los Juzgados de lo Penal o la Fiscalía acusará... pero irá allí porque lo envíe la Junta, si encontramos indicios, si no, no irá allí.

Y mire, no se ha causado, se lo... se lo desmiento, ningún perjuicio a tercero, no hay ni una sola reclamación antes del uno de agosto, ni una sola reclamación, ni hoy, ni una sola. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un procedimiento de autorización administrativa; la autorización, Señoría, posee siempre un... un carácter declarativo, la autorización opera sobre un derecho preexistente, privado, del que sería titular el sujeto al que se autoriza, tendría naturaleza meramente declarativa del contenido del derecho. Y, por lo mismo, la intervención de la Administración es mucho más leve, limitándose a señalar externamente las condiciones del ejercicio del derecho y dejando al particular, una vez emitida la autorización, a ejercer libremente dicha actividad. Es una autorización, además, reglada, no discrecional, Señoría, por cuanto el poder de decisión de la Administración se encuentra vinculado por cuanto la ley determina los requisitos de ejercicio de la actividad intervenida que la Administración no puede hacer, sino comprobar estrictamente, ¿eh? Y la labor de la Administración se aproxima -dice otro autor de la doctrina- a la comprobación mecánica de los requisitos objetivos y detallados. Y esto es así.

Entonces, hablar de concesiones, como yo he oído esta mañana en un medio o en esta sala, por personas que se desenvuelven en la vida académica, de verdad, me da pánico, me da pavor. Tiene que haber alguna intencionalidad personal: desgastar al Gobierno. Pero, hombre, autoridad moral para hacer eso, después de lo que tienen ustedes dentro y que les ha costado aceptar el batiburrillo de... de la crisis económica, que ya hoy, ya tenemos la primera sanción a la política social más importante de las personas, al empleo, ya tenemos... y en un mes que históricamente se crea siempre empleo, veremos a ver octubre, noviembre. Esto es la antesala de la gravedad con la que viene la crisis, que esto no es que no haya tocado fondo, es que está por ver cómo va a terminar todo el asunto de la crisis económica.

Y hoy, por vez primera, ayer el Presidente del Gobierno de España pide, en una iniciativa parlamentaria estratégica, comparecer para hablar de la crisis. Lo vamos a escuchar, pero vamos... llevamos ya muchos meses de retraso en el tema económico.

Mire, yo no sé si se ha cumplido o no -no voy a entrar en ello- los temas de compatibilidad, que hará referencia la Consejera, pero respetemos el procedimiento y que esto continúe. No se van a hacer conclusiones provisionales, Señoría, no se van a hacer conclusiones. La investigación dice: ¿es suficiente?, ¿se van a quedar los ciudadanos por satisfechos? Claro, con las opiniones que se están vertiendo ante la opinión pública, difícilmente se puede quedar uno por satisfecho, ¿no?

Pero... pero hagamos un ejercicio de seriedad, ¿eh? -y yo se lo pido a todos los Parlamentarios de los Grupos-, para, sabiendo la verdad, contar la verdad. Y si no saben algo y tienen duda de algo, pregúntennoslo, que nosotros, si lo conocemos, se lo vamos a decir, y si no, no se lo diremos.

Bien. Don Jorge Félix Alonso nos decía que no hemos aportado nada nuevo, que se conocía. No se conocía, no lo conocen ustedes. Con lo que usted ha expresado, aquí no demuestra que conozca el procedimiento, con lo que usted ha dicho en su intervención -y creo que usted es una persona de buena fe, no me cabe ninguna duda-, usted no puede decir que lo conoce. No puede decirlo, se lo reitero.

El objetivo, ¿qué está pasando? Pero, vamos a ver, ¿no les hemos dicho con nombre... con pelos y señales lo que está pasando, lo que ha pasado y qué está pasando, qué irregularidades ha habido, dónde las hemos detectado, qué procedimiento hemos seguido, en qué momento nos encontramos? "Excusas, por que no venga el Presidente". Pero, vamos a ver... que llevo ya, como ustedes, muchos años en la vida parlamentaria. Pero si es que a ustedes no les queda iniciativa en el Reglamento de las Cortes. Han pedido la comparecencia del Presidente, la comparecencia de los Consejeros, invest... comisión de investigación, que intervenga el Consejo de Cuentas. Les parecía mal que viniéramos, que vengamos conjuntamente; pues es que hay que hablarlo coordinadamente, pero cómo vamos a hablar de estas cosas separadamente; si para nosotros es más cómodo venir individualmente. Si, además, vamos a... tendríamos más tiempo. Yo no entiendo, de verdad, cómo pueden...

Y, mire usted, la Diputación Permanente, y lo digo... Hombre, en este verano hemos conocido la reunión de la Diputación Permanente, y a España y a esta Comunidad Autónoma le ha costado dinero eso, ¿eh?; eso le ha costado dinero, el apoyo que ha tenido el Grupo catalán ha costado dinero. Y ya estamos sabiendo ahora, por escritos del Ministerio de Economía, mañana la Consejera, en un tema de... de más interés que esto, y más importante para la Región que esto, Señorías, bastante más.

Porque la sombra de la duda la han creado ustedes, porque al medio de comunicación le hemos informado puntualmente de lo que estaba pasando, y hemos actuado, y no hemos dicho que el Gobierno esté ocultando y que nos parezca bien lo que ha pasado, nos ha preocupado.

¿Hemos tenido algún fallo? Claro que ha fallado, si no lo tiene que decir don Tomás Machota, lo digo yo. Claro que ha fallado, claro que sí. ¿Cómo que no ha fallado, si no? Pero ¿qué falla? Que la persona que tiene la confianza en un puesto de libre designación de funcionario, esa persona, terminan en él los actos administrativos que dicta, y precisamente "participaba de ellos" -entre comillas-. La irregularidad la comenten ellos, que nos van a informar de... yo no sé, porque incluso alguno de ellos, yo, en mi opinión personal, creo que puede ser compatible. Lo que no entiendo es por qué no han hecho, como hacen los médicos, los profesores universitarios, como hace todo el mundo. Esas seis mil y pico... Lo que no entiendo es por qué no se hace eso.

En Valladolid -ya le he dicho mi opinión- ha aparecido el nombre del Jefe de la Tesorería y no hay más.

Si vamos a comparecer. Bueno, si hay que comparecer, comparecemos, evidentemente, si... el día que terminen todos los expedientes, pues se puede perfectamente comparecer a explicarlo, si son públicos, no hay ningún problema, lo haremos con mucho gusto.

No hemos investigado a personas del PSOE, pero que sepan que hay personas del PSOE desarrollando... con todo el derecho, que lo sepan; y con todo el derecho, y no lo cuestiono. También es verdad que en las otras Administraciones donde están yo no sé si son compatibles o incompatibles, no tengo ni idea. Pero lo que sí que le digo es que también las hay, ¿eh? Y... y hablen con ellos, porque no nos van a creer a nosotros, que les expliquen el procedimiento, que les expliquen todo. Hablen con ellos.

Esta es una actividad loable, sin ninguna duda, claro que es loable. Está creando en torno a cinco mil puestos de trabajo hoy en la Región. Vamos a ver qué pasa a partir del veintinueve de septiembre. Pero es loable, y tiene el apoyo del Gobierno. Hemos invertido en las empresas dinero público. ¿Hemos hecho mal apoyando a estas empresas con dinero público a través de subvenciones? En las energías renovables no hay subvenciones, Señorías, no se liquidan subvenciones. Por tanto, no confundan, no hay subvenciones. Utilicen con precisión los términos. Tienen una prima de la tarifa, así lo describe la normativa energética, una prima de la tarifa, no es tan complicado memorizar esto. No hablen de subvenciones porque no es cierto; es un concepto cuya naturaleza jurídica es distinta, completamente diferente. Hemos... garantizamos la igualdad de oportunidad de todo el mundo que quiera desarrollar las... las energías renovables, está garantizado. Pero sin ninguna duda; si van a tener autorización, si es que la tiene. Hay miles de personas con estas autorizaciones.

El CES. Yo creo que el CES comete un error en la imprecisión. Yo creo que el CES quiso decir que fuéramos transparentes, dice, en la regulación; pero si es que la regulación es básica, es del Estado. Es que no hay en Castilla y León más regulación que la del Estado, es básica. Por lo tanto, claro... Y los informes de la Comisión Nacional de la Energía, para nosotros, son una buena orientación. Las consultas que hemos solicitado a la Comisión Nacional de la Energía, que nos merece todo el respeto y que tienen prestigio ganado... porque otros no se dedican a desprestigiarles, claro; si empezamos a decir nosotros de aquí lo que dicen ustedes de nosotros, pues... pues dura la... el prestigio de la Comisión Nacional de la Energía lo que un pastel a la puerta de un colegio, claro.

Mire -disculpen que vaya lentamente, porque voy leyendo-, usted se hace unas preguntas, ¿no?, porque le parece un hecho grave. Y me decía: ¿por qué funcionarios que intervienen en... intervienen en la sociedad? Pues lo ha dicho muy bien don... señor Otero, y lo he dicho yo antes: porque, en el ejercicio de su función privada, privada, han tomado esa decisión. Su responsabilidad, si es que es administrativa o del orden que sea, será suya. Nosotros le dimos una confianza para que estuvieran en los puestos de libre designación, que ganaron en oposición, con su esfuerzo personal. Pero nos han quebrantado esa confianza, por eso les hemos invitado... Mire usted, a alguien que tienes de confianza, que te quiebra esa confianza por iniciativa suya, tengan vinculación o no con el PP, tengan o no vinculación con el PP... cosa que no hacen ustedes; ya me gustaría a mí saber la evolución del CIEMAT –y se lo digo a quien es de aquella zona-, ¿eh? El gran proyecto energético... Esto es como el Inteco, el gran proyecto energético y de altas tecnologías, habiendo pagado la parcela, y... que ofrecía gratis el Gobierno, la Comunidad, en el Parque Tecnológico, que hoy podríamos lucir allí ese gran proyecto todos, eso es lo que... lo que supone la coordinación y la lealtad entre gobiernos... Apoyado por los políticos de aquí, por ustedes, por los políticos de aquí. Esa es la explicación de que ustedes no gobiernen esta Comunidad Autónoma, Señorías.

¿Qué va a ocurrir a partir de este momento? Pues que vamos a seguir trabajando por el sector de las renovables, y cuando quieran ustedes que vengamos... Y yo he comparecido siempre que ustedes me lo han pedido; y, además, si no he comparecido yo, han comparecido los Viceconsejeros o los Directores Generales, y con toda transparencia. Yo no sé que acumulación tengo de comparecencias, pero creo que será pequeña, porque tratamos de dar respuesta lo antes posible a la demanda de sus pretensiones.

El día veintinueve... Si se lo hemos explicado, si lo dice la Comisión Nacional de la Energía: ¿por qué se ha producido la avalancha? Como consecuencia de errores. Que luego nos echaba en cara don Miguel Sebastián. Pero, vamos a ver, ¿por qué se compran hoy las placas en Alemania, cuando aquí hay fabricantes que están empezando su actividad? Hay proyectos de elaborar el silicio, de... de hacer placas. Hay muchos proyectos. Pero ¿sabe por qué se compra en Alemania? Porque han provocado la avalancha, porque han puesto una fecha límite, cosa que no ha hecho nadie. Y, además, incrementaron más la prima, cosa que no pedía el sector en esa cuantía. Entonces, eso ha sido hace dos años. Un incremento a 0,44 céntimos de euro el kilovatio y una fecha límite hizo que en la etapa financiera buena apareciera esto como un producto financiero, que ustedes habrán oído, que se llamaba como los planes de pensiones a largo plazo, inversiones. Eso se convirtió en un producto financiero, en un producto financiero. Claro, al poner una fecha límite. Haber dejado esto abierto, y se hubiera desarrollado el plan razonablemente; si hubiera que ajustar la prima, se puede ajustar. Ahora, van a pasar ahora a una regulación que va a parar en seco todo esto.

La normativa es básica, básica, del Estado, ahí está regulado. Y el Informe de la Comisión de Energía que tengo aquí, que les sugiero que lean, compara en la... en el... lo que es la evac... el momento de la conexión, la parte del procedimiento, que es único, pero la parte de conexión y de acceso a la red, pues es la que compara lo que hacen distintas Comunidades Autónomas. A Castilla y León nos asemeja bastante a... -porque es un procedimiento coordinado con los distribuidores- a Castilla-La Mancha. Por tanto, lo que ustedes están diciendo, nuestro, de nuestras irregularidades, se lo están diciendo ustedes del Gobierno del señor Barreda, o del señor –peor todavía, se lo digo, y lean el Informe- de Extremadura y de Galicia. Se lo están diciendo a esos gobiernos. Lo que ustedes acusan... la sombra de duda, se lo están diciendo ustedes de ellos. Pero fíjese aquí, a nosotros lo que dice el distribuidor es lo que hacemos. El distribuidor se lo comunica al promotor y se lo comunica a nuestros servicios, y eso es lo que nosotros aceptamos. Nosotros no le decimos al distribuidor "No, a este le quitas y a este le pones", que es lo que usted... lo que les dicen por ahí, por los bares, y se creen que eso es así. Claro, si es que nos acaba llegando en estos días que hay tanto anónimo, tanta historia en el camino, que... que ilustra bien, pero poco, técnicamente.

Hay que vivirlo para estar ahí. Yo... no, no es que me haya enterado por el periódico. Yo, hay de cosas que me he enterado a la vista de lo que he tenido que estudiar esto, ¿eh?, para comprenderlo. O sea, que comprendo que ustedes, pues, tampoco tengan un conocimiento muy profundo. Porque mi responsabilidad es política, efectivamente, y alguien que me defrauda en mi confianza no puede estar, aunque sea un funcionario, en lo que se le puede remover.

Bueno, yo voy terminando, Señorías. Creo que hemos dado más que suficiente información, pero, si es poca, pregunten en su próximo turno, que... que con mucho gusto se lo vamos a hacer.

No hay una trama de funcionarios, Señorías, no hay una trama de funcionarios ni una trama de lo solar. Quiten ese calificativo. Ustedes crearon una trama, siempre tienen el caso no sé qué, el caso tal. No creen, no generen tramas ni casos. Hablamos de las viviendas de protección oficial, vimos declaraciones, comentarios de todo tipo, ¿por qué se acabó de hablar aquello el día nueve de marzo de este año?, ¿por qué no siguieron hablando de las viviendas de protección? Porque se dieron cuenta, primero, que era legal, que quien las había adquirido las adquirieron legalmente, y porque también ustedes compran viviendas de protección oficial. ¿O las compran todos libres en el mercado? Pero no nos dedicamos a buscarlas; nos enteramos también por los medios de comunicación, y algún disgusto le ha costado a alguno, algún disgusto. Nosotros nos quedamos asustados de lo que vimos, asustados. Alguno se debiera haber sonrojado, ¿eh?, porque en el Pleno de este hemiciclo, en Fuensaldaña, fuimos también tachados de todo, creando una sombra de duda de irregularidades. ¡Caray!, luego, el jefe de todos la tenía igual que los demás. ¿Pero qué es eso, tienen más derecho los hijos de unos que de otros? ¡Pero, hombre, por Dios! Es que yo les hablo de estas cosas porque es que llega ya... que duele personalmente. [Murmullos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Silencio, Señorías. Señorías, respeten la intervención del Consejero, por favor.

EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA JUNTA Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ):

Convendría que los Parlamentarios leoneses explicaran en estas Cortes la inversión del CIMAT, convendría mucho; y que cuenten, que cuenten aquí los hijos, las hijas, los cuñados y todo lo que aparece allí. ¡Claro, que lo...! Que deben de seguir. Por lo menos, nosotros hemos depurado algo ... [risas] ... y nos están diciendo que hemos ido muy lejos. ¿Pero qué han hecho ustedes? Si siguen cobrando la nómina allí. ¿O les han despedido? Infórmennos.

Bueno, Señorías. Pues con esto termino, y cedo la palabra a mi compañera. Y si en algo he molestado, pido disculpas... [risas] ... pero, se lo digo honestamente, Señorías, velen por el buen nombre del Gobierno, que no está metido en ninguna irregularidad ni corruptela, ni estamos en ninguna trama, ni los propios funcionarios. Y eso sí que es ruin, haber tratado de dejar esa sombra de duda sobre personas que lo haremos mejor o peor, pero que somos dignas. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Muchas gracias, Consejero. Toma la palabra la señora Consejera de Administración Autonómica para, también, resolver y contestar las cuestiones planteadas.

LA CONSEJERA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (SEÑORA ALONSO SÁNCHEZ):

Muchas gracias, señora Presidenta. Vicepresidente Segundo. En primer lugar, quiero agradecer a los Portavoces de los tres Grupos la intervención. Y la verdad es que me sorprende que, estando en una misma sala, pues, realmente, las palabras cobren distinto significado, y, al final, hay que decir aquello de que "algunos escuchan y otros simplemente oyen". Pero como quiero agradecerles la intervención que ustedes han tenido, quizás el calificativo se lo debo poner a cada una de esas intervenciones.

Le quiero agradecer a usted, en primer lugar, el Portavoz del Grupo Popular, la intervención, una intervención –entiendo- constructiva, sobre todo de compartir una actuación de responsabilidad del Gobierno.

Al señor Otero quiero agradecerle también esa intervención de la prudencia, aunque luego me mojaré, le aclararé y le explicaré una serie de cuestiones en relación, bueno, pues con aquello que usted dice que he dicho pero que no podía decir. Le acabaré concluyendo yo y luego se lo explico.

Y a los representantes del Grupo Socialista, a don Jorge Félix y a doña Ana Redondo, les quiero agradecer también la intervención, porque es una intervención que me va a permitir nuevamente aclararles cuál es el actuar de la Consejería de Administración Autonómica; aclararles cuál es el actuar, también, del Gobierno Regional; y, sobre todo, bueno, pues, evidentemente, en esa parte que usted complementa, igual que complemento yo al Vicepresidente Segundo, que me comentaba el hecho de que la norma la conocían (pues yo, desde luego, no sé si la conocen, pero desconocen cómo hay que aplicar la norma, tanto la norma de incompatibilidades como el hecho de la norma de Función Pública); y también, como algunas otras cuestiones que son compartidas por el Grupo Mixto y por ustedes, en relación con el tema de la Fiscalía, y en eso me remitiré a algunas de las declaraciones que aparecen... que aparecen publicadas.

Lo que sí, desde luego, tengo que comenzar... yo no voy a reiterar ya palabras y valoraciones que ha hecho el propio Vicepresidente Segundo, pero sí, en primer lugar, tengo que reprobar -y, en este caso, quiero reprobarles a ustedes, que son los que han hecho las declaraciones- la alarma social que han generado hablando de tramas, hablando de escándalos que afectan a funcionarios, y, sobre todo, hasta que haya –y ahí me voy a la prudencia del señor Otero- una... un procedimiento administrativo o judicial al respecto. Porque, si no, lo que estamos conculcando es esa presunción de inocencia, y, por lo tanto, el daño que han causado a funcionarios públicos, a esos funcionarios públicos que han aparecido, sobre los que se han vertido calificativos que, desde luego, nada tiene que ver con una información simple en relación con los mismos.

Y también quiero decir que, en este caso, se ha generado... que yo no voy a hablar, que eso lo ha dicho el Portavoz del Partido Popular, de ridículo, pero sí daño al Gobierno, sobre todo cuando está en el ejercicio de sus responsabilidades, cuando está interviniendo y, sobre todo, cuando está aplicando los controles, los controles que han dado lugar a esa actuación rápida, transparente, coordinada de la Junta de Castilla y León. Que han dado lugar a que, por una parte, se hayan examinado todos los expedientes que ya ha comentado aquí el Vicepresidente Segundo, y que, por otra parte, hayamos abierto trece informaciones reservadas, a través de los medios, que, desde luego, tiene mi Consejería y que luego ya voy a explicar.

Pero, además, es que la propia garantía, el propio control que tenemos, que tenemos en el ámbito de la Administración, que tiene el Gobierno, es cumplir con un procedimiento; un procedimiento que es reglado. Y si lo quieren cambiar, pues no nos miren a nosotros, miren al Gobierno de la Nación, que es el que lo establece.

Y a partir de... de esto, pues voy a entrar en comentar, en comentar y en insistir en dos ámbitos que yo he querido dejar clarificados dentro de... de las explicaciones que he dado en mi comparecencia, pero que, evidentemente, me parece que no han debido quedar del todo claro. Me parece, por lo tanto, que no se conoce adecuadamente la norma en ese... en ese sentido.

Y, realmente, la primera de las cuestiones que tengo que seguir insistiendo es en diferenciar lo que es un funcionario público de un alto cargo. Y, bueno, yo creo que es que ya hay que decirlo clarísimamente –el Vicepresidente también lo ha dicho, pero yo quiero insistir, como responsable de la política de personal-: si no entendemos... -y es que, continuamente, en todas las comparecencias en las que yo intervengo, acabamos en la mismo... valoración demagógica- si no entendemos clarísimamente cómo se ocupan los puestos de trabajo en el ámbito de la Administración, pues, desde luego, es lógico que acabemos diciendo esta serie de cuestiones de altos cargos... altos cargos encubiertos. Bueno, pues, mire usted, aquí no hay altos cargos; hay altos cargos, que son ciento dos los que tiene este Gobierno, y hay funcionarios, que son ochenta y siete mil. Y, de esos funcionarios, solo el 1,1% es de libre designación; que, por cierto, la libre designación es también un procedimiento reglado para cubrir un puesto de trabajo, y requiere una serie de características, y se tiene que dar. Y, además, a mí no me importa repetir aquí también las palabras que en la Comunidad Andaluza dijo el Presidente de esa Comunidad: "Los que sean necesarios, se crearán"; que por cierto, la Comunidad Andaluza tiene cinco mil funcionarios de libre designación, frente a los ochocientos y pico que tenemos nosotros.

Pero bueno, este no es el... el quid de la cuestión, pero sí es el quid de la cuestión el que tengamos que aclararles a ustedes, y para que no sigan ya diciendo tampoco el de... el de altos cargos encubiertos a través de funcionarios, que, de las trece informaciones reservadas, de las trece informaciones reservadas, siete de los presuntos implicados, siete de los funcionarios que están en estos momentos afectados por esas informaciones reservadas tienen su puesto por concurso. Entonces, ¿de qué me están ustedes hablando, de qué es de lo que me están ustedes hablando? Yo no puedo compartir, y, desde luego, me parece que es querer confundir; esto es lo que metemos en una coctelera, queremos sacar una buena bebida pero, al final, sacamos algo que no podemos beber. No, lo mezclamos todo: mezclamos los altos cargos, mezclamos las responsabilidades, mezclamos lo que es un funcionario público, mezclamos lo que es la libre designación y, claro, mezclamos también el tema de la confianza.

Y mire, la palabra "confianza" la recoge el Estatuto Básico del Empleado Público; que nosotros, en nuestra Ley de Función Pública, para evitar, y pactado con los sindicatos, para evitar precisamente lo que usted quiere concluir, no hemos utilizado este término. Nos vamos a responsabilidad, nos vamos a lo que es el carácter directivo y nos vamos a lo que es una índole especial de ese puesto, de esas funciones que tiene ese puesto de trabajo.

Y, mire usted, yo no sé si la confianza que usted quiere poner aquí la entiende... o usted lo que ha manifestado es que esa confianza la entiende como estar vinculado a un determinado partido político. Pues mire usted, la confianza este Gobierno la entiende como responsabilidad, la entiende como experiencia, la entiende como profesionalidad. Y eso es lo que está trabajando en el ámbito de la negociación colectiva, y eso es lo que está trabajando en esta Consejería desde el ámbito de la Dirección General de Función Pública.

Por lo tanto, yo no sé si realmente, claro, en algunos otros Gobiernos sí que, efectivamente, la confianza se da en... en altos cargos; confianza, además, hasta de parentesco. Pero, realmente, aquí no se da esa confianza en relación con los funcionarios de libre designación, entendido como vinculado a un partido, y entendido como vinculado a una ideología política.

Y yo, de verdad, es que respeto profundamente la función pública, porque creo que, como algunos de los que estamos aquí, hemos... o tenemos ese carácter, y ahí volveremos. Y respeto profundamente la función pública, y, además, me admiran... me admiran mucho los empleados públicos; y yo, desde aquí, quiero volver a agradecer y reitero mis palabras de agradecimiento para el desarrollo de esas labores que vienen haciendo, que hacen que nuestra Administración realmente funcione, que la... que yo diría que realmente lo hacen con celo, lo hacen con dedicación, lo hacen con abnegación, y lo hacen sobre todo con profesionalidad.

Entonces, yo creo que, de una vez por todas, tenemos que concluir que, tanto los funcionarios estén en puestos de libre designación como que los funcionarios estén en puestos de concurso, merecen todo nuestro respeto y, realmente, pueden acceder –por los méritos que tienen- a cualquiera de esos puestos, estén como estén en las re... en las diferentes relaciones de puestos de trabajo.

Y, realmente, también les tengo que... que aclarar otro... otro de los puntos en los que entramos; y, bueno, pues yo creo que, aclarado suficientemente el que no podemos prejuzgar que el ocupar un puesto de una manera determinada da lugar a eso que ustedes quieren llamar de "tramas de corruptelas", pues vamos a hablar del quid de la cuestión, que, desde luego, yo creo que deberían ustedes rectificar, y deberían dejar de hablar del tema de tramas; deberían ustedes dejar de hablar del tema de corruptelas; deje... deberían ustedes dejar de hablar de que se han cometido delitos, porque, bueno, realmente lo que tenemos que hacer es aplicar una norma, y esta norma que tenemos que aplicar es la norma sobre incompatibilidades, que realmente se le aplican a los funcionarios públicos, en donde, desgraciadamente, aquí hemos visto que existe una vinculación en el ámbito de una actividad privada.

Y voy a insistir, y en este caso, pues, señor Otero, yo creo que lo dije de una manera bastante clara, y ahí lo quiero... lo quiero realmente repetir: yo creo que, en mi comparecencia –y lo voy a leer literalmente, porque quedará así claro-, la cuestión, Señoría, se centra, en el caso que nos ocupa, en la interpretación realizada por una serie de funcionarios que se encontraban en actividades privadas; por lo tanto, en la esfera privada de un sujeto que decide realizar una actividad, y... derivadas de la administración, decíamos, de un patrimonio personal o familiar, y, por tanto, ante un supuesto exceptuado del régimen de incompatibilidades.

Podríamos decir: "Estos señores hacen una interpretación de la norma que... -norma que tienen que conocer desde el primer momento que son funcionarios públicos- y consideran que ellos están haciendo una actividad que está fuera del ámbito de la Ley de Incompatibilidades, y, por lo tanto, que es una excepción. Pero, bueno, es que la Ley es una ley garantista, que, por cierto, es básica. No la hicimos nosotros, es una Ley de Incompatibilidades que tiene un carácter, sobre todo... de carácter preventista, que no represivo sino preventista. ¿Y eso qué implica? Implica que es que hay que valorar muchas más cosas; implica que hay que valorar muchas circunstancias, no solo el que yo esté gestionando un patrimonio, sino que además esa actividad no sea coincidente con una actividad que yo desarrollo; y esto lo he dicho claro en... lo he dicho bastante claro. Lo que no quiero en este momento decir es que ese es el resultado final de todo lo que estamos actuando. En principio, nosotros lo que hacemos es también cumplir otra norma, que es la que se refiere al ámbito de la potestad disciplinaria.

Por lo tanto, yo creo que en esto hay que concluir que, realmente, los funcionarios públicos saben y pueden pedir una compatibilidad, pueden elevar cualquier consulta a la Inspección General de Servicios, realmente. Lo pueden hacer y, por lo tanto, pueden tener la garantía de si están, o no, incurriendo en una infracción. En este caso no se ha hecho, por lo tanto hay una consecuencia.

Y, por otra parte, también tenemos que ser cautos en la aplicación de lo que es la potestad disciplinaria, y ahí es donde, pues, lamentablemente, yo puedo avanzar aquello que la prudencia –que yo también soy prudente- me permite que haga, que es en estos momentos decirles a ustedes que una información reservada ha concluido y que hay un expediente disciplinario, y que doce informaciones reservadas no han concluido. Y, como son reservadas, y además es un procedimiento sumario, yo no puedo entrar en informar de nada de lo que ahí acontezca.

Pero esto lo enlazo, y además reitero alguna de las afirmaciones que realmente ha hecho aquí también el Vicepresidente Segundo respecto de algunas preguntas y respecto de algunas propuestas que se han hecho... o sea, que se han querido hacer en el... en el seno de esta Comisión, que es el hecho de que vayamos más allá –que se decía-, de actuar en el ámbito de la... la Fiscalía, que acudamos. Y esto también es... es importante que lo aclaremos. Mire usted, en esa prudencia, yo no puedo ir a la Fiscalía, porque hay un procedimiento, que es la información reservada, en la que se concluye una acreditación... mediante la acreditación de datos, y hay un procedimiento, y ahí sí, el Instructor, cuando valore, puede valorar y puede acudir.

Esa es la primera cuestión, pero es que esto no quita para que la Fiscalía, de oficio –no que nosotros vayamos de oficio, señora Redondo, que de oficio nosotros a la Fiscalía no vamos, a la Fiscalía se va por otros cauces-, de oficio, la Fiscalía, que es lo que está haciendo... eso salen en declaraciones que he leído que ha dicho usted. Si no las ha dicho, pues lo siento. [Murmullos].

Realmente...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Señorías, por favor, respeten la intervención de la Consejera. Silencio, por favor.

LA CONSEJERA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (SEÑORA ALONSO SÁNCHEZ):

Realmente, la Fiscalía, lo que puede hacer es actuar de oficio, y, realmente, en declaraciones que también he leído -y probablemente, a lo mejor, como usted dice que no ha dicho, tampoco las haya dicho-, en este caso la Fiscal de León, pues, está recogiendo datos para determinar cuál es su actuar, y nos parece muy correcto, y nos hemos puesto... -en ese caso concreto, ante otra alarma que se ha querido crear en relación con la palabra "trama", con la palabra "corrupción"- pues nos hemos puesto a disposición para que sepa que todo lo que obra en nuestro poder y sea requerido por la Fiscalía, pues, lógicamente, lo hacemos.

Pero yo quiero insistir en el tema de lo que es nuestra responsabilidad. Y la verdad es que a mí me molesta horriblemente el tema de cuando hablan de incompetencias, y, sobre todo, porque... bueno, es que... claro, es un término... iba a decir yo jurídicamente determinado, pero, desde luego, no es... no es la valoración correcta; es un término que, desde luego, dependiendo del cristal con que se mire, así nos lo aplicamos los unos a los otros. Pues, mire usted, yo creo que este Gobierno de incompetente no tiene absolutamente nada; este Gobierno ha demostrado su rapidez, su eficacia, su transparencia en la actuación; ha inspeccionado cuando ha tenido conocimiento; porque, vuelvo a decir, nosotros no vamos a poner... –y, además, no son palabras mías, son palabras de la Presidenta de la Comisión de Seguridad Nuclear- yo no voy a poner un... un inspector detrás de cada trabajador.

Desde luego, creo y tengo toda la confianza en que los trabajadores de esta Administración -los trabajadores de la Junta de Castilla y León- son los mejores profesionales. Siempre lo he dicho, con ellos colaboro, con ellos son con los que estamos trabajando día a día, con ellos son los que elaboran las propuestas de mejora que tiene que hacer esta Administración. Hay un trabajo, yo vuelvo a decir, abnegado, callado, de responsabilidad, y, por lo tanto, no pienso ponerles a ningún inspector detrás de sus actuaciones.

Y, evidentemente, además un funcionario público, por esa relación especial que yo les comentaba en mi comparecencia, pues ese funcionario público tiene que conocer y firma su incompatibilidad desde el primer momento. Ahora, la norma –vuelvo a decir, norma básica que nosotros no hemos aprobado- permite unas excepciones, y esas excepciones son las que la Inspección General de Servicios -que luego le explicaré todo lo que hace la Inspección General de Servicios-, son lo que la Inspección General de Servicios tiene que autorizar, o no, dependiendo de muchas circunstancias, dependiendo de cinco elementos fundamentales, que no me voy a extender y que ya les he dicho en mi comparecencia.

Por lo tanto, el ámbito de actividad privada no se puede controlar a priori -y ahí utilizo mis elementos-, porque es ámbito de actividad privada y cada sujeto es el respeto de la libertad individual de cada uno. Y, por lo tanto, a partir de ahí, no voy a... no, no voy a actuar, porque no voy a poner un inspector de... detrás de cada trabajador, presumiendo o prejuzgando que todos los trabajadores me quieren engañar. Hay unos trabajadores que estoy segura que, además, fue de una interpretación de la norma, pero ahí está, esos trabajadores no han interpretado adecuadamente la norma; si cometen una infra... si se demuestra, al final –porque estamos todavía con doce informaciones reservadas abiertas-, si se demuestra al final que, efectivamente, han incumplido la norma, pues realmente tendremos que aplicarles una sanción.

Y esto es así, y realmente, si los expedientes –como ya bien ha dicho el Vicepresidente Segundo- han llevado su correcta tramitación, no ha habido trato de favor, no ha habido ninguna otra irregularidad, me quedo en este ámbito, le guste a usted o no. Porque, real... realmente, la realidad es... es obtusa y yo, en estos momentos, no la puedo cambiar. Me hubiera gustado que fuera de otra manera, me hubiera gustado venir aquí a comparecer, realmente, para explicarles los avances del Plan de Modernización –que estaré gustosa de hacerlo-, pero, bueno, en este caso concreto, sobre todo por esa alarma que se ha generado, por esa duda más que razonable que se ha puesto tanto para el Gobierno como para los empleados de esta Administración, estamos compareciendo hoy aquí el Vicepresidente Segundo y yo, para aclarar los temas.

Y, por lo tanto, nosotros estamos utilizando los instrumentos que están en nuestra mano, los instrumentos, por lo tanto, de control que tenemos, y estamos ejerciendo nuestras responsabilidades. Pero claro, es que ustedes entran continuamente en unas contradicciones: ejérzalas, no las ejerza, es que está usted yendo muy lenta, es que cuénteme más, es que me sé la norma pero me cuenta más... y voy lenta, pero, es que, al mismo tiempo, como usted no está actuando correctamente, pues no haga estas intervenciones; ¿es que solo va a hacer estas intervenciones? O sea, yo, al final, creo que me resulta muy difícil contestar. Pero voy a... voy a contestar, voy a contestar y voy a aclarar todas esas preguntas.

Mire, ha transcurrido un mes desde que empezaron estas... esta cuestión, ¿no? Ha pasado un mes desde que aparecen los primeros indicios de que hay un funcionamiento... o que hay un funcionario que tiene realmente... -porque no es el funcionamiento, sino el funcionario- que, realmente, parece que ha incurrido en irregularidades. Desde ese momento, hemos aplicado todos nuestros mecanismos; desde ese momento, hemos hecho todas las actuaciones. Y en estos momentos continuamos, y en estos momentos continuamos. Pero yo, ahí, sí que, desde luego, agradezco la intervención del señor Otero de la prudencia, de la prudencia. Porque, mire usted, hay que contrastar bien las cosas, hay que contrastar todo lo que tenemos, hay que contrastar lo que es la participación, la situación de cada uno de los funcionarios, si es una participación directa, si no lo es. Y, al final, concluiremos. Y en esto, pues yo irá al ritmo que tengo que ir, que me lo dice, me lo dice la norma. Lo haré con celeridad, lo haré con garantías y con economía procesal. Y por supuesto que así lo estamos y así lo está haciendo la Inspección.

Y entonces usted me dice que claro, que nosotros... bueno, aparte de si conocemos la norma y la aplicamos, que yo creo que ya le he demostrado que la aplicamos correctamente y la conocemos mejor, me pregunta sobre la Inspección General de Servicios. Y yo aquí, mire, pues le voy a decir: a mí me gustaría que fuera mucho más, también, y en ello estamos trabajando. Porque nosotros siempre pensamos, como Gobierno, que tenemos que mejorar; y yo, como Consejera de Administración Autonómica, también. Y, por eso, hemos elaborado un plan de modernización; y por eso, en mi comparecencia -que no sé si usted la conoce o no-, en mis compromisos, los compromisos que realmente he hecho como Consejera, queríamos y queremos seguir avanzando en lo que es la Inspección General de Servicios.

Pero es que la Inspección General de Servicios, aparte de resolver las incompatibilidades, aparte de resolverlas, que ya les hemos dicho que son más de seis mil, de ochenta y siete mil trabajadores... que, además, realmente –como usted bien sabe-, hay momentos en donde se producen avalanchas de petición, vinculadas al comienzo de los cursos, que es... estas son en relación con el ámbito no de la actividad privada, sino de la actividad pública.

Pero, aparte de eso, realmente tiene otras competencias; y, aparte de eso, lo que hemos hecho en este año es una evaluación de dieciséis servicios territoriales, los hemos auditado; hemos hecho ochocientos noventa y cinco cuestionarios para hacer esa auditoría, y hemos realizado más de ciento cuarenta y ocho entrevistas realizadas. Y estamos trabajando en un proyecto de mejora del ámbito de la Administración Periférica, y también en un proyecto de mejora del funcionamiento de los servicios.

Pero es que, además, le tengo que decir que a veces centramos el tema en la Inspección General de Servicios, pero es que, realmente, nosotros tenemos más inspectores. Esta Administración tiene muy claro que, realmente, tiene que controlar para mejorar; no controlar por controlar, sino controlar para mejorar. Y, realmente, tenemos más de doscientos nueve inspectores, con sus planes correspondientes, en el ámbito sanitario, en el ámbito de educación y en la propia Administración General. Y, en estos momentos, pues, realmente, estamos ya tramitando, en su trámite de audiencia, un decreto de modificación de lo que es la Inspección General de Servicios en relación con esas funciones que nos van a llevar a una mejora de la Administración Regional, evaluando lo que son los procedimientos y evaluando también lo que son las estructuras y evaluando lo que son la organización en... en definitiva.

Y yo, bueno, también quiero concluir, y quiero concluir también con una cuestión –espero que haya dado contestación a todas las cuestiones aquí planteadas-, quiero concluir con algo que también ha dicho el Vicepresidente Segundo pero a lo que yo también me sumo, que es el hecho de que, lógicamente –yo lo he dicho en mi comparecencia-, en la medida en que vayamos avanzando y en la medida en que sea necesario, yo daré en la Comisión correspondiente, la de Presidencia y Administración Autonómica, aquellas explicaciones que realmente se hayan hecho.

Pero, desde luego, creo que todos tenemos que hacer una enmienda en la valoración, en la valoración -que se están haciendo públicamente- en relación con este proceso, en relación con los empleados públicos, a los que vuelvo a reiterar el agradecimiento en su función, y, realmente, en trabajar y aplicar las normas, pero aplicarlas con la prudencia.

Y acabo un poco así refiriéndome a esa prudencia que estamos diciendo, o que decía el señor Otero en su intervención: vamos a dejar que la Administración, vamos a dejar que el Gobierno Regional utilice los instrumentos que... que tenemos. Y, desde luego, pues concluir sobre esas situaciones.

Y yo lamento que ustedes quieran vincular a que nosotros lo hemos querido vincular al ámbito de los funcionarios públicos, pero, realmente, la realidad está donde está, y hay un correcto tramitación de los expedientes; y, realmente, hay un ámbito de actividad privada que unos funcionarios públicos, pues, no han tenido la cautela de solucionar. Ya veremos el resultado de esas informaciones reservadas, y que están dando la actuación que a nosotros nos ofrece la legislación vigente. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Gracias, señora Consejera. Tras la intervención de ambos Consejeros para dar... contestar las diferentes cuestiones planteadas, se abre ahora un turno... turnos de réplica y dúplica por un tiempo máximo de cinco minutos. Yo les quiero recordar la hora que es, y, con la flexibilidad que esta Presidencia ha tenido durante las primeras intervenciones, les ruego a todos los que van a intervenir a partir de ahora, a todos, se adapten a ese tiempo establecido. Gracias.

Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor don Juan José Sanz Vitorio.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar, para agradecerle la flexibilidad que ha tenido con este Portavoz en el uso de la palabra en el anterior turno, y decirle que estoy encantado del trato de favor que ha dado al Grupo Parlamentario Socialista, también, en el reparto de estos tiempos, ¿eh?

En cualquiera de los casos, brevemente, porque, además, yo creo que todo ha quedado suficientemente claro. Pero sí que sería conveniente hacer alguna consideración, alguna cuestión que se ha dicho aquí.

Porque se ha dicho que somos una amenaza para la democracia y amordazamos a la Oposición. Mire, yo jamás en mi vida, jamás en mi vida he tratado de dar lecciones de democracia a nadie, pero, en cualquiera de los casos, siempre entendí que la democracia también es el respeto a la legalidad y el cumplimiento de las leyes. Y en ese respeto a la legalidad y cumplimiento de las leyes, se incluye incluso el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que dice claramente que en periodos extraordinarios, en periodos extraordinarios, se convocarán a través de la mayoría absoluta. Y mire, como, primero, ni me siento responsable de los fracasos de la ESO, las LOGSE, ni estas historias, para nada, la mayoría absoluta, con ochenta y tres Procuradores, no son treinta y tres; pero no es culpa mía. Y le aseguro que en ningún momento me siento responsable de la insolvencia mostrada por algunos ni del poco sentido del ridículo. Por lo tanto, que eso quede perfectamente, perfectamente claro.

Y también escucho con cierta preocupación que se reitere aquí términos como "tramas", "corruptelas". Mire, Señorías, alguien que aquí sigue hablando de corruptelas, de tramas, que dice en los medios de comunicación que hay un pastel millonario que se han repartido altos cargos de la Junta, que tienen conocimiento de tráfico de influencias, que tienen conocimiento de negociaciones prohibidas a los funcionarios –leo literalmente- en el Código Penal, yo digo... no de oficio, ¿eh?, con elementos de prueba, entiende modestamente este Procurador que lo que hay que hacer, y yo lo exijo, es que se vaya a la Fiscalía; con elementos de prueba. Si se hacen esas afirmaciones, están obligados a ir a la Fiscalía -pero me temo que irán a la Fiscalía como el famoso recurso de constitucionalidad, de amparo al Constitucional; me imagino que en los mismos términos-, porque, si no se hace, si no se hace, Señorías, hay que pedir perdón o exigir al medio que aclare lo que se ha publicado. Me temo que a varios medios, ¿eh?, porque lo han publicado varios medios. Y es cierto que, a veces, hay gente que tiene cierta costumbre de matar siempre al mensajero.

También se ha seguido insistiendo aquí en la opacidad, el oscurantismo de la tramitación de unos procedimientos. Yo creo que, con las explicaciones que se han dado por parte de los Consejeros, es que pensar que hay opocidad... opacidad en unos procedimientos tan increíblemente complejos, en los que participa tanta gente, es prácticamente imposible. Pero, mire, hablar de opacidad en unos procedimientos que tienen tres procesos de información pública... Y les voy a contar algo, por si ustedes no lo saben, es decir: esos expedientes, esos expedientes, todos, pueden ser conocidos también por los Procuradores de esta casa, porque esos expedientes, que se publican también en el BOCyL, resulta que los Procuradores de esta casa recibimos todos los días, todos los días, en el domicilio que indicamos, el BOCyL. Por lo tanto, no entiendo el oscurantismo; y, evidentemente, lo que... lo que denota es una falta de conocimiento del propio procedimiento que es preocupante cuando se está exigiendo responsabilidades a un Gobierno.

Y también estoy encantado de que aquí, al igual que el otro día en la Diputación Permanente, se vuelva a reiterar la exigencia de que en los procedimientos participen los que participan. El otro día hablábamos... hablaba en la primera intervención de que se pide la intervención del... -se pide sin pedir, porque no se pidió- la intervención del Tribunal de Cuentas en un procedimiento que no tiene cuentas. Pero, claro, es que además se dice que se quiere que participe en el procedimiento de autorización –no de concesión- los agentes económicos y sociales; si es que participan, si es que participan a través de las Comisiones Territoriales. Por lo tanto, no sé si lo que le piden es que los agentes económicos y sociales vayan dos veces –es una posibilidad- o, exactamente, tendrán que aclararlo. En cualquiera de los casos –repito-, este Grupo no se siente, en ningún caso, responsable del ridículo que puedan hacer otros. (He dicho que me iba a ajustar, y me ajustaré, señora Presidenta).

Reiteramos el rechazo a aquellas actuaciones que pudieran ser, como consecuencia de los expedientes abiertos o de cualquier otra acción, reprobables, pero reiteramos el respaldo al conjunto de los funcionarios de la Comunidad Autónoma. Conjunto de funcionarios, de cualquier ámbito de Administración, no solamente de la Administración Autonómica. Entendemos que la Junta ha actuado de manera impecable, como tenía que actuar en un caso como este, con celeridad, con rigor, con prudencia -y aquí se ha dicho; es que parece que es de sentido común, ¿eh?-, y, yo entiendo que, además, con contundencia también. Y, desde luego, llevando la iniciativa en todo momento, porque quien ha llevado la iniciativa en todo momento ha sido la Junta de Castilla y León, como consecuencia de una voluntad inequívoca de transparencia en todo este asunto.

Y yo creo que, en fin, reiterar nuevamente las explicaciones de la diferencia entre autorización y concesión es ocioso. Por lo tanto, no ha habido trato de favor, como ha quedado claramente expuesto. Y no podía haber perjuicios a terceros porque no hay concurrencia, en este caso no hay concurrencia, en las autorizaciones no hay concurrencia. Si ustedes... si nosotros las solicitamos, si cumplimos con el proyecto, cumplimos, nos lo dan a todos: esto es lo que hay. Se han sumado tarde y mal, solo les interesaba una foto en el mes de agosto. Realmente no sé cuál es la razón, pero han quedado al descubierto.

Señorías, señores, Vicepresidente, señora Consejera, tienen el respaldo inequívoco, en las actuaciones llevadas a cabo hasta este momento por este Grupo parlamentario. No tengan ninguna duda.

Permítanme que termine, en cualquiera de los casos -porque quizá es una buena parte de la explicación de todo lo que ha ocurrido-, con una reflexión en voz alta: yo creo -sinceramente, créame- debe ser muy difícil llegar a una tierra que no es la tuya, llegar impuesto, llegar sin equipos, y además querer ser el más listo de la clase en dos tardes; eso debe ser duro y difícil, créame. Pero debe ser tan difícil como eso demostrar tanta insolvencia y tan poco sentido del ridículo en tan poco tiempo. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Gracias, Señoría. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Otero Pereira.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Gracias de nuevo, Presidenta. La verdad es que ya no pensaba utilizar este turno, que no es un dere... no es una obligación, sino un derecho. Pero únicamente matizar una cuestión. Mire, a mí me ha quedado todo claro. La verdad es que, después de tantas horas, tengo las cosas bastante claras. La conclusión es que ahora toca esperar, por lo menos es la conclusión que yo tengo.

Lo único es que sí quisiera aclarar una cuestión relacionada con ese... con esa petición mía de que la Junta va... dé un... un paso más allá y haga una petición formal a la Fiscalía -insisto, ad cautelam- para que investiguen. Yo estaba buscando un ejemplo que creo que es sencillo. Mire, ya que estamos en Valladolid, ustedes imagínense que la Renault saca un modelo de coche y la Renault dice: "Hemos hecho pruebas de choque y en nuestras pruebas de choque que hemos hecho nos da cinco estrellas, el coche es muy seguro". Y la gente lo lee, y dice: "No, si seguro que... que es verdad, no vamos a dudar de la Renault, que es una empresa seria y solvente. Pero bueno, lo dicen ellos". Eso es distinto a si la Renault saca un informe en el que dice: "Nosotros hemos hecho unas pruebas de choque, nos da cinco estrellas, y además las ha hecho la empresa independiente europea que hace las pruebas de choque y coincide con nosotros porque a ellos también les dieron cinco estrellas"; eso te garantiza y te da tranquilidad. Lo que yo quiero es que los ciudadanos tengan la tranquilidad y la garantía de que, con el cien por cien de posibilidades, se ha hecho lo que había que hacer en este procedimiento. Por eso la Junta es la Renault y la Fiscalía es la empresa europea que certifica, además, que en el choque hay cinco estrellas.

¿Qué quiere decir con ello? Que no pasaría nada, que no pasaría absolutamente nada porque la Junta llegue a la conclusión de que no ve indicios de criminalidad por ningún sitio, y diga: "No obstante, a la Fiscalía le hago una petición formal para que investigue y corrobore y ratifique, por seguridad de los ciudadanos, nuestro criterio".

Hay una pequeña cuestión en la que discrepo con el señor Villanueva. Él decía: "No, si a nosotros los Servicios Jurídicos nos dicen que no hay indicios, nosotros no podemos ir a la Fiscalía". No, es que si los Servicios Jurídicos le dijeran que hay indicios, no es a la Fiscalía donde tienen que acudir ustedes, es al Juzgado; la Fiscalía es la que busca indicios. Es decir, si los indicios ya existen, al Juzgado; la Fiscalía investiga. Y si la... la Fiscalía no encuentra culpables, ni encuentra delitos, ni faltas, encuentra indicios. Y si es la Fiscalía, es la Fiscalía la que acude al Juzgado. Es un peso... es un paso previo extrajudicial; no es acudir a los Juzgados, es una cosa, simplemente, a los meros efectos de investigación.

Bueno. En fin, insisto, eso ad cautelam y para mayor garantía. Pero no quiero insistir en el tema, porque yo creo que el tema en este momento está centrado. La investigación de la Junta la conocemos, tenemos las ideas claras. Al criterio de la Junta, y nosotros no tenemos ningún argumento para contradecir ese criterio, al criterio de la Junta; el tema se delimita posibles responsabilidades del régimen de incompatibilidades de determinados funcionarios; bueno, pues vamos a... a esperar. Ahora, nosotros les creemos. Ahora, si además de ustedes nos lo dijera la Fiscalía, dormiríamos ya muy tranquilos y nos olvidaríamos del tema para siempre. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Gracias, señor Otero. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, quiero recordarles la duración del tiempo de intervención, y que tienen que compartir ese tiempo los dos Portavoces. Tiene la palabra el señor Jorge Félix Alonso Díez.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Gracias, señora Presidenta. Desde luego, el Partido Socialista, en este proceso, ha cumplido con su obligación. No sé por qué les molesta tanto que cuando conocemos irregularidades pedimos explicaciones y responsabilidades. Es decir, lo que no está tan claro es que quien ha cumplido con su obligación es la Junta de Castilla y León, aunque haya sido de forma inconsciente. Pero lo cierto es que, si hubieran cumplido con su obligación, hoy no estaríamos aquí reunidos, porque esto no hubiera sucedido.

Mire, dejen de manosear a los funcionarios, porque a quien le reivindican, quien están... con quien están soliviantados es con ustedes, los funcionarios: los médicos, los educadores, los trabajadores de los servicios de... contra incendios. Es decir, ustedes siempre están hablando aquí muy bien de los funcionarios, pero no les dan las condiciones de trabajo para que puedan hacer bien su trabajo, su... desempeñar su responsabilidad. O sea, en consecuencia, dejen ya de manosear a los funcionarios, porque cada vez que hablamos de los funcionarios parece que nosotros agredimos a los funcionarios. Nada más lejos de la realidad. Tienen todo nuestro reconocimiento, y lo que tienen que hacer ustedes es también cumplir ahí con su obligación, atender sus necesidades y sus demandas.

Miren, ustedes pierden credibilidad cada vez que en un debate lo mezclan con otras cosas. Es decir, ¿qué necesidad tienen, cuando estamos hablando de la trama fotovoltaica, hablar del empleo, de la financiación autonómica? Si son temas muy importantes, pero hablaremos en su momento, ¿eh?, y en otro sitio. Yo creo que, mezclarlo todo, lo que evidencia es que tienen pocos argumentos para hablar de lo que nos acontece en este asunto, que es estar en esta... en esta Comisión, ¿no?

Mire, usted, señor Consejero, me habla de rigor cuando utilicemos los términos. Usted aquí ha dado unos... unos plazos para resolver los expedientes o las concesiones. Y eso... ese dato que ha dado tampoco es riguroso; no es riguroso porque, ese plazo, ¿desde cuándo se está contabilizando? ¿Desde que se le reconoce la condición de instalación de producción eléctrica? ¿Desde que se pide el permiso de entronque? ¿Desde la solicitud de autorización administrativa? ¿Hasta que se da la resolución de autorización administrativa? ¿Hasta que se le da el acta de puesta en... de puesta en servicio, quiero decir... O sea, no intente sacar punta, a veces, a un lenguaje que se utiliza a lo mejor sin el suficiente rigor, pero que le utilizamos todos, incluido ustedes. En consecuencia, yo creo que intentar también distraer por ahí las cosas no conduce a ningún sitio.

Han intentado dar la vuelta a lo que dice el informe del Consejo Económico y Social, que habla de concesión. Pero si la cuestión de fondo no es concesión o autorización, porque ese es un... es un término para técnicos; la cuestión de fondo es transparencia, la cuestión de fondo es transparencia, la cuestión de fondo es transparencia, y eso es de lo que no quieren hablar. O sea, indudablemente, estamos hablando de autorizaciones, pero esa no es la cuestión de fondo, porque todos, cuando hemos leído el Informe del CES, entendíamos de qué estaba hablando el CES, que es, al final, autorizar la instalación de plantas de energías renovables. Pero lo que ustedes no quieren hablar es del otro... del otro término, que es el importante: las transparencias.

Usted está muy informado de lo que acontece en otras Comunidades Autónomas; nos ha hablado en su intervención bastante de ello. Yo le preguntaría que cuántas personas de esas Comunidades Autónomas han tenido que dimitir como en Castilla y León, puesto que está tan informado; yo, desde luego, lo desconozco. Pero me gustaría que si hay personas que en esas Comunidades Autónomas han tenido vinculación entre sus actividades profesionales con actividades personales y tal, pues, me gustaría que también nos lo contara.

Ha sacado aquí lo de la vivienda de protección oficial. Mire, es un mal ejemplo, porque, indudablemente, no es ilegal lo que ha ocurrido con la vivienda de protección oficial en Valladolid, no es ilegal. Pero, desde luego, lo que está claro, ¿eh?, es que ha sido un uso yo diría que abusivo de las responsabilidades públicas para beneficiarse de ello, aunque no sea ilegal, pero... Y eso es lo que en este momento está sucediendo; puede ser que, con las normas en la mano, lo que han hecho estas personas no sea ilegal, pero, desde luego, lo que está claro es que, ante la opinión pública, esto raya, desde luego, lo más próximo, pues, a una sinvergonzonería, y lo digo sinceramente.

Y, además, en las viviendas de protección oficial, aunque ustedes no quieran reconocerlo, ha supuesto ya algo positivo para los ciudadanos, que es que haya sorteo, que es que haya objetividad y transparencia, que es lo que veníamos pidiendo. Tuvimos que enterarnos que al hijo del Alcalde de Valladolid le habían dado una vivienda por la vía que se desconocía -desde luego, no por la vía del sorteo-, y ahora por lo menos hay un mecanismo para todos, que es lo que pedimos en este caso: garantícese para el futuro para que estas cosas no ocurran y se piense en el interés general, que es lo que para nosotros cuenta y no queda tan claro para ustedes.

Han estado permanentemente dirigiendo la responsabilidad al Gobierno de España diciendo que es quien regula, quien reglamenta los procedimientos. Mire, el Decreto 127/2003 es un decreto de la Junta de Castilla y León, está firmado por el Consejero de Economía y Empleo, el señor Villanueva, y por el Presidente de la Junta, o sea, y ese decreto regula. O sea, indudablemente, el Gobierno de España tiene una responsabilidad en la regulación, pero quien regula en el territorio, quien desciende al detalle es la Junta de Castilla y León. Dejen ya de eludir responsabilidades y empiecen en algún momento a asumir alguna.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Señor Portavoz...

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Yo le pregunto...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

... yo quiero recordarle que en este momento se acaba de agotar usted solo en su intervención los cinco minutos del turno.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Ha tenido más de cinco minutos el Portavoz del Partido Popular, ¿eh?

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Sí pero tiene todavía... hay una segunda intervención por parte de su compañera.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Brevemente, y termino. Mi compañera me deja...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Le pido y le ruego que vaya terminando.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Mi compañera me deja... me deja utilizar este turno, y yo se lo agradezco. Van a hacer públicos los... [Murmullos]. (Sí, por eso digo que se lo agradezco a mi compañera). ¿Van a hacer público los documentos... van a hacer públicos los documentos de la investigación? ¿Van a hacer públicos -no digo las conclusiones, porque las conclusiones pueden ser equis- los documentos de la investigación, que eso es lo que están esperando los ciudadanos? Y, desde luego, hay una cuestión que está clara: el Consejo de Cuentas puede intervenir, porque aquí se está primando con dinero de todos estas... estas instalaciones... o sea, la producción de energía que se vende está primada con dinero de todos, y, en consecuencia, el Consejo de Cuentas puede intervenir. Y confiemos que ustedes no obstaculicen la intervención del Consejo de Cuentas. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Muchas gracias, Señoría. Para dar contestación a todas las intervenciones que... que se han dado, y por un tiempo también de cinco minutos, en un turno...

Perdón, creía que había dicho él mismo que... Discúlpeme, yo le he entendido a él, como Portavoz, que había cedido su tiempo. Discúlpeme, ¿eh? No, no, le aseguro que le he interpretado así, por lo menos en la intervención que ha tenido. Perdóneme. Tiene la palabra doña Ana María Redondo García.

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

Muchas gracias, señora Presidenta, muchísimas gracias. A pesar de la reacción de su Grupo, muchas gracias por esa deferencia. Únicamente decir una cosa, y es que la... la desigualdad, la desigualdad de armas que se ha demostrado hoy en esta comparecencia, repito, la desigualdad de armas que se ha demostrado hoy aquí, en la que ustedes dicen tener todos los datos, en la que ustedes dicen tener toda la información, frente a un Parlamento al que se le hurta sistemáticamente esos datos, esa desigualdad de armas –repito- es la misma con la que se enfrenta el ciudadano que pide una licencia para montar un huerto solar, frente al cargo de libre designación que tiene toda la información, todos los contactos y todas las facilidades para obtener la misma licencia, todas las facilidades para obtener la misma licencia. [Murmullos].

Aquí quien ha mezclado los datos, Señorías, son ustedes...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Señorías, por favor, silencio. La ruego, Portavoz, se ajuste a los tiempos, sea lo más breve posible. El tiempo está consumido ya; por favor, termine lo antes posible.

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

Sí. Desde luego, reiterar que de desigualdad pura y dura estamos hablando en esta Comisión, no de otra cosa, de desigualdad de oportunidades, de las mismas que tenemos nosotros y de las que tiene el ciudadano de fuera frente al cargo de libre designación.

Y quien ha mezclado los datos, Señorías, han sido ustedes, trayendo a colación, pues, cuestiones del Gobierno de España, incluso de Gobiernos socialistas del siglo pasado. Si eso es no mezclar los datos, pues no lo sé qué es. Estamos aquí única y exclusivamente pidiendo investigación, que se nos facilite la información, que se depuren las responsabilidades políticas. El señor Villanueva decía que han depurado algo. Bueno, queremos que no solo se depure algo, sino que se depure todo, que se vaya al fondo. Aquí no se ha actuado con celeridad, sino a remolque de la prensa, no es una trama funcionarial, dado el perfil político de los dimisionarios; y no se puede dar carpetazo porque hay muchas preguntas en el aire que ustedes no nos han respondido. Y si quieren -lo que pasa es que no tengo tiempo- empiezo la retahíla de preguntas que aquí están en el aire.

Por lo tanto, o tenemos más tiempo y podemos explayarnos y podemos llegar hasta el fondo de este asunto, o, desde luego, será un cierre en falso; un cierre en falso nuevamente de cuestiones que afectan a los ciudadanos. Porque ese tercero que ustedes dicen que no está afectado, ese tercero, Señorías, es el interés general de todos los ciudadanos de esta Comunidad, y ese interés general ha de ser protegido, y en este caso no se ha hecho.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Gracias, Señoría. Para el turno de dúplica por parte de los Consejeros, también tienen cinco minutos en su intervención. Tiene la palabra el Viceconsejero... el Vicepresidente y Consejero de Economía y Empleo, don Tomás Villanueva.

EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA JUNTA Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ):

Pues muy rápidamente, Señoría. Pero termino o comienzo con las palabras que terminaba doña Ana Redondo: un cierre en falso. Ese es el titular que busca usted.

Mire, después de haber escuchado lo que aquí ha escuchado -y estamos dispuestos a hablar todo lo que haya que hablar de esto- y de lo que usted conoce de la regulación, de un sector regulado, de la regulación que hay, que siga todavía usted mencionando y utilizando términos que a estas alturas yo creo que todo el mundo comprende perfectamente significa lo que ha pasado, o representa lo que ha pasado este mes de agosto. Porque, a sensu contrario de lo que usted dice, dice: no sé, aquí, desigualdades no se pide la... no solo se pide la investigación, usted dice que depurar y tal... Bueno, déjennos llegar al final, si queda procedimiento administrativo. ¿Qué quiere usted, que le adelantemos acontecimientos? No se puede, no se puede.

Pero, a sensu contrario, ustedes han hablado sin saber nada. Y eso es grave, porque estaban sembrando la duda de personas con nombre y apellidos. ¿Que no? Pues salga públicamente a rectificar, no solo lo que usted hacía mención a la Vicepresidenta, salga usted y diga que, esas cosas que ha dicho, no tenía información, la que no tiene ahora, la que ahora dice que no le pasamos, la que ahora... después de cuatro horas aquí hablando, la que todavía carece de ella, que usted no distingue todavía entre una autorización administrativa, una concesión, una licencia y una adjudicación, y que...

No, mire, yo creo que el CES quiso decir "en la tramitación", le soy claro, que fuéramos transparentes en la tramitación. Porque ¿qué va a decirnos, que seamos transparentes en la regulación? No se puede ser transparentes en la regulación; se regula o no se regula, guste o no guste. Lo que va a regular don Miguel Sebastián a mí no me gusta, pero no le puedo decir que no sea transparente, si lo va a publicar en el Boletín. Vamos a ver si hablamos con propiedad. Es que dicen ustedes cosas que duelen. Y a ver si nos ajustamos a... a las cosas, ¿no?

Y yo, como tengo cinco minutos, simplemente les voy a dedicar mi agradecimiento por el apoyo al Partido Popular, mi reconocimiento al trabajo que han hecho los medios. Vamos a ver, yo no cuestiono que la información que han sacado de sociedades, que han hecho un trabajo mercantil... Pues ya está. Nosotros no lo habíamos hecho. Ya está, nos han facilitado ese trabajo. Lo hemos comprobado, evidentemente, pero nos hemos facilitado. ¿Y qué? Exacto, sí, es así. Y yo no estoy diciendo que los medios han dicho; han hecho sus valoraciones, sus opiniones, unas más acertadas, otras menos; faltan matices, muchos matices; los matices son muy importantes en estas cosas. Pero mire, lo que hemos tenido siempre ha sido respeto a todo: al procedimiento, a la situación y a los funcionarios y a todo el mundo. Respeto, porque no habrá oído de mi boca ni una palabra que distorsione la realidad.

En segundo lugar, hemos apoyado al sector, hemos estado y seguiremos apoyando al sector, a las empresas, a los inversores –sean del PP, socialistas o sea quien sea-, y, en la parte administrativa, la depuración que hay que hacer, o la que haya que hacer, eso se determinará en el procedimiento, en los cuales nosotros no intervenimos; precisamente, los que estamos aquí no vamos a intervenir, ¿eh? Por lo tanto, dejemos, ¿eh?, que eso se realice perfectamente y que no haya problemas.

Mire, don... señor Otero... no sé, no está en la sala, pero simplemente porque conste en el Diario de Sesiones, el ejemplo que val... que dice no me vale, ¿eh? Es verdad que una instalación eléctrica en Renault es lo mismo que una instalación eléctrica en cualquier municipio o en la solar. Lo mismo, si es un procedimiento parecido, idéntico. Pero miren ustedes, aquí estamos hablando de personas y, mientras haya personas, nosotros mandaremos... Cuando hay indicios, en el ámbito de la observación e investigación administrativa... no quiere decir que nosotros hayamos hecho una investigación judicial penal –esa es la que hace el Fiscal-; por lo tanto, cuando hay indicios –leves indicios, los que sean, pero que indican que puede haber la comisión de algún delito-, pues eso es cuando... el momento que lo remitiremos, si hay que remitirlo, si aparecen los indicios. Y al Fiscal le corresponde investigar.

Y, simplemente, decir que nosotros hoy no tenemos ningún indicio de orden penal, que no hay trato de favor, y se lo digo con toda claridad: en los expedientes examinados, que han sido miles, no hay trato de favor; y que no ha habido información privilegiada. Y que, simplemente, unas personas, en su función pública administrativa, resulta que tenían unas obligaciones –creemos- de pedir esa compatibilidad. Que, incluso, alguno la puede tener concedida, la podía haber obtenido, pero no la ha pedido; y eso es lo que se está investigando, y no hay más en esta historia, Señorías, lo crean o no lo quieran creer. Creo que tienen información suficiente, argumentos suficientes para llegar a esta conclusión.

Pero ya sabíamos, cuando veníamos, que íbamos a salir... que esto se cierra en falso, o no se cierra... Miren ustedes, aquí no venimos a cerrar nada, hemos venido a informar, ¿eh?, hemos venido a informar.

Mire, el PSOE ha cumplido con su obligación y se ha excedido frívolamente en sus manifestaciones públicas; eso es mi opinión.

En segundo lugar, dejar en manos... nosotros no estamos manejando... mareando a los funcionarios ni manipulándoles, ni estamos en compadreos, como el Portavoz de su Grupo, en estos momentos, le he escuchado a través de su emisora. Nosotros no estamos en ninguna componenda, Señorías, en ninguna. Y miren ustedes, yo les doy una vía para que se investigue nuestra actuación en las energías renovables, que es que, al tiempo, nos examinen a todas las Comunidades Autónomas, y que lo haga quien es el organismo que puede controlar esto, que es el que entiende de esto. Esto, no puede venir un auditor externo; pero ¿ustedes qué se creen?, ¿nosotros vamos a someter aquí, a la Administración Pública, a una auditoría externa? ¿De quién? ¿Pero de qué están hablando ustedes? Pero... pero, vamos a ver, ¿no se enteran ustedes de los órganos... de la Inspección de Servicios de la Administración Pública? Pero ¿de qué estamos hablando? Es que yo creo que, a veces, no se calcula lo que se dice y no se...

Nosotros hemos trabajado con rigor, con seriedad, con prudencia, con respeto, con agilidad, con reflejos, que eso es lo que a ustedes les ha molestado, porque mientras estaban diciendo sandeces ante la opinión pública, frívolamente, nos hemos dedicado a trabajar, y hoy... el día diecinueve, en el primer Consejo de Gobierno, yo pude informar al Gobierno con todo detalle; tenía el problema acotado, sabía dónde estaba el problema y sabía la dimensión de esta situación, ¿entendido? Entonces, esa es la realidad y eso es lo que a ustedes, sinceramente, les ha molestado: que yo, en lugar de estar en la playa, pues he estado aquí, en mi casa, trabajando, porque había un problema, Señoría, porque el Gobierno, ante los problemas... porque había un problema que había que intentar aclarar y resolver, y nosotros teníamos la obligación de explicárselo a ustedes y teníamos que venir, como hemos venido hoy, explicándoselo.

Bueno, y dicen ustedes al final, simplemente... pues oiga, es para llegar arriba, a la torre, y tirarse para abajo, porque, claro, el que vengan ustedes y que digan que es que no hemos dicho nada, no hemos aclarado nada, que hemos dejado todo cerrado en falso... Mire, yo no he venido a cerrar nada, yo he venido a contar la verdad, honestamente, rigurosamente, seriamente, ¿eh?, y con bastante humildad. Y si me he excedido en alguna de mis expresiones, la retiro; pero que sepan, Señoría, que duele verse uno señalado, porque ustedes han sembrado esa duda del Gobierno del que yo formo parte, y a mí me duele respecto a mis compañeros, y a mí me duele personalmente. Y me... y comprendan ustedes que no se puede tolerar, que hay que ser serios en la vida.

La política no admite cualquier actitud, la política admite actitudes serias, y si ustedes siguen así... Miren, yo comencé en la política con el caso Crystaloid, ¿entienden ustedes? Si quieren, miramos en la hemeroteca, y tal... y a mí nadie me ha señalado en esta vida, ni me va a señalar, ¿entendido? Y yo me podré equivocar, y me habré equivocado muchas veces, pero le aseguro que las energías renovables se están desarrollando en esta Región con seriedad. Protejan ese sector, que va a generar mucho empleo en el futuro, y poco... dentro de pocos días, verán ustedes en León otras nuevas inversiones en el sector de las energías renovables. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿entendido? Eso es lo que a mí me preocupa, no estas historias que nos vemos aquí a dedicar el tiempo y tal... y si alguien ha hecho algo mal, pues, mire usted, es que han llegado aquí a decir algo así como que, si estamos investigando, es porque... porque algo ha fallado. Pues claro, y para eso están las normas correctoras, para eso están los controles. Aquí estamos hablando de controles de legalidad, que ustedes están formados en Derecho y saben lo que es esto. Aquí no estamos hablando de controles, de que yo tenga... tengamos que poner un inspector. Controles de legalidad.

Y el otro control son los Tribunales de Justicia. No podemos excedernos en el ámbito de nuestras responsabilidades, es que también hay que acotar un poco las posibilidades que uno tiene. Yo tengo el control sobre los funcionarios que dependen de mí, sobre los que dirijo la actuación de... del Departamento que yo llevo, pero el control de legalidad, yo no puedo llegar y, si hay... y, si no, los tribunales. Si son los propios administrados. Pero ustedes, ¿por qué piensan que no hay ni una sola reclamación? A mí no me ha llamado nadie para esto. Nadie. Y llevo en estos temas cinco años. No me ha llamado nadie para interesarse por su expediente y tal. Nadie. Don Javier Lasarte, evidente, nunca me llamó, ni me informó. Pero ninguno de los promotores de los seis mil setecientos ochenta y seis expedientes que hay en la Región. No les conozco, y me encanta que han invertido, sea quien sea.

Digan ustedes eso a la sociedad, que sigan invirtiendo, que esta gente que ha invertido sus ahorros –que no lo habrán robado, que lo tendrán fruto de su trabajo-, esta gente, dentro de unos años, va a vivir mejor en el medio rural. ¿Saben ustedes?, esta gente, la mayoría de los promotores es gente del mundo rural. Entonces, esta gente va a tener una renta mayor.

Pues sí que estamos buenos, después de la buena negociación... dice usted que yo desvío, yo digo lo que se me ocurre en cada momento, pero me estoy acordando ahora de la negociación de los Fondos Europeos, del período transitorio de Castilla y León. Sí, sí, usted lo sabe, y usted sabe que hicieron el ridículo, el espantoso... un 30%, frente a Cantabria y otras regiones que tienen el 50%; un 20 de diferencia.

Y el otro día, los 400 euros del señor Zapatero –mañana se lo dirá el Consejero- lo van a pagar ustedes, esta Comunidad, doscientos y pico millones que no vienen. ¿Pero qué es esto? Pero si no es mezclar, es vivir la realidad; es que ten... estamos gobernando y tenemos estos problemas, que nos les crean su Gobierno.

Entonces, díganle al señor Miguel Sebastián –que falta todavía días- que no sea drástico en... tanto en la inversión, o la prima en techo y en suelo. Que esta tierra tiene suelo. Que, medioambientalmente y urbanísticamente, es posible desarrollar, y que las gentes de nuestro medio rural, si queremos que vivan y que se desarrollen sus actividades, no pueden solo con el turismo, y no pueden solo con la agricultura. Pueden, con las renovables y con la bioenergía, tener rentas para el futuro, y pagar los estudios de sus hijos. Déjenles, no deterioren la imagen de esto, que lo está haciendo Castilla-La Mancha y Extremadura, que somos regiones muy debilitadas. Entonces, no... Cataluña, a pesar de que el señor Montilla hizo trampas para darles... a pesar de que hizo trampas, intentó hacer trampas... y, mire, le puedo decir que el propio Consejero de Industria de... de... de su Gobierno me decía a mí que ellos no lo iban a desarrollar. Cataluña no desarrolla nada de esto. Esta tierra tiene en estas energías renovables una gran oportunidad. No deterioren la imagen.

Miren, gánennos las elecciones, pero cuando llegue el momento. Déjennos trabajar, que están haciendo daño, sinceramente, a personas y a la imagen de esta región, y tal. Hoy, una emisora nacional ha dicho algo... que lo habrán llamado ustedes ayer... anoche, para... "Oiga, que tal, que... mire, las... la concesi... las adjudicaciones de las concesiones de la solar...". Si hacemos lo mismo que Castilla-La Mancha, ¡hombre!, pregúntenselo ustedes allí. Y, mire, al Director de Castilla-La Mancha, de Energía le cesaron. Y hable usted de las distribuidoras en Extremadura.

Por lo tanto, a mí, transparencia, toda. A mí no me preocupa que investiguen, quien quiera, esto. Me encantaría que entrara a investigar, quien quiera. Yo respondo por lo que hay ahí. Pero lo digo una cosa: miren, no pongan en deterioro la imagen de esta Región, porque estamos haciendo lo mismo que otras Comunidades. Me parece muy bien que Castilla-La Mancha haya corrido y que tenga casi el doble que nosotros. Me encanta, porque esa tierra tiene problemas en el medio rural, y esto es una solución. Pero ¿qué quieren que hagamos?, ¿qué quieren que hagamos? Luego... es la cuestión, que no hagamos nada, para que nos ganen las elecciones. Hombre, gánenlas limpiamente, gánenlas.

Y, mire, las viviendas de protección oficial –se lo digo porque no me quedo a gusto si no lo digo-, mire, se lo digo sinceramente, fue un mal ejemplo lo que hicieron. Primero, porque era legal lo que estaba ocurriendo, y ustedes lo tacharon de... [Murmullos] ... no me cuente historias.

Y, luego, en segundo lugar, le voy a decir: el Portavoz de su Grupo, a cien metros de la... de La Castellana de este país –que tiene un valor, esa vivienda, muy superior al... en Villa del Prado-, el Portavoz de su Grupo tenía una vivienda en las mismas condiciones. Que tiene derecho a ella, que lo desveló un medio de comunicación, y que fue un mal ejemplo político de todos ustedes, porque era el Portavoz de su Grupo. [Murmullos] ¿Que es falso?

EL SEÑOR ..... : Sí, es falso, sí. Luego lo desmintió el mismo medio.

EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA JUNTA Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ):

Pero ¿cómo lo va a desmentir, si tengo la escritura registral? [Risas. Murmullos]. Y le digo... y le digo a quién se lo compró, Señoría: se lo compró, y me lo confirmó el constructor que se lo vendió, que fue don Fernando Martín, propietario de Fadesa. En las tablas. Y no mientan ustedes, porque se van a ir al infierno. Muchas gracias. [Risas].

Mire, y se me... se me olvidaba...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Señorías, por favor, silencio.

EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA JUNTA Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ):

... se me olvidaba un aspecto, un aspecto que le quiero responder: los plazos, no hacemos trampas, no hacemos trampas. Mire -no, no, que le voy a explicar, que estoy en el uso de la palabra-, desde que se solicita, en lo que afecta al régimen especial de autorización administrativa, lo estamos contando todo, el plazo, salvo cuando se les llama para subsanar defectos del expediente, que eso es lo que no se ha computado; pero desde que se solicita hasta el final, computamos el plazo de los meses que yo le he dicho. Y esa es la prueba más objetiva que no ha habido trato de favor.

Mire, no ha habido trato de favor, no ha habido información privilegiada. Ha habido –yo no lo voy a calificar- una actuación de unos funcionarios... pero vamos, ante ochenta y siete mil, estamos hablando de catorce personas, que, de estos catorce, más de uno y más de dos seguramente lo podían haber hecho perfectamente. Por lo tanto, respetemos su dignidad.

Y yo no digo que usted... es que ustedes hablan de esto, de la trama... ¿Qué quieren? Yo no tengo ningún huerto solar, no tengo nada en eso, ¿entendido? Pues no tengo nada, no hace... Si quieren ustedes que les mande mi declaración de bienes... está en estas Cortes. Lo puedo explicar perfectamente. Yo, el día que me vaya de aquí, trabajaré en el ejercicio de la profesión que me ha dado de comer toda mi vida, que es el Derecho. Por eso, me duele que, aquí, ustedes, que están formados bien en Derecho, hablen de las adjudicaciones y las... y todavía diga que tal.

Mire, no, no había caído yo en el detalle del Informe del CES, pero yo llamaré hoy al Presidente y que... que... y, a través de los responsables que tenemos allí, de los... de los asesores, se lo haremos llegar. No se puede cometer esos errores; no son concesiones administrativas. Y me he leído más de un tratado de Derecho Administrativo en estos días para ver si yo estaba confundido. He perdido el tiempo en eso, para que vean ustedes, Señoría, por respetar y poder venir aquí e informar al Gobierno del que formo parte de la seriedad con la que esta se ha tramitado.

Y, si tienen ustedes dudas, pregunten a personas en su Grupo y en su Partido que saben de esto. Y antes he mencionado una, a la cual yo respeto mucho, ¿eh?, que fue su nombre importante en esta Comunidad Autónoma en la política, un hombre trabajador y serio, socialista. Pregunte. Nosotros le consultamos a él, tanto el Director de Energía como yo, en alguna ocasión; le consultamos, claro que sí, le consultamos. Y nos merece toda credibilidad su opinión.

Pues miren las cosas con seriedad antes de haber generado una duda en el mes de agosto, que, por escasez de información, ha cogido mucho auge esa noticia y ha deteriorado gravemente la imagen de esta Región, gravemente. Y yo no me considero responsable. Yo puedo haber cometido el error de no haberme enterado antes, ¿eh?, lo asumo; pero, miren ustedes, yo no me considero responsable. Yo, a partir de ese día, me callé, me puse a trabajar, y hoy vengo aquí, ante el Parlamento, a decir, con cierta autoridad, lo que ha pasado, ¿entendido? Y eso es lo que hay. Eso es lo que me hubiera gustado.

Comprendo que la política obliga a tener reacciones, yo comprendo que se deban de manifestar, pero no ponga en duda los comportamientos de las personas, porque, miren, al final, errores comete todo el mundo, ¿entiende?, todo el mundo comete errores. Y hay que saber, una vez que se conocen, si se pueden disculpar o no. Y yo creo, sinceramente, que el Gobierno, el error que hayamos cometido, creo que hemos reaccionado correctamente. Y tienen la prueba ustedes que incluso hay personas afectadas que, efectivamente, que incluso comparto relación personal y amistad, y no puedo tolerar que ustedes me digan que he sido discrecional en esas actuaciones, porque a mí, personalmente, me ha dolido –y así quiero que se... que aparezca en el...-, me ha dolido personalmente tomar ciertas decisiones; pero las he tomado porque, antes de esa... interés mío o esa... esa parte que a mí me afectaba, está el Gobierno de esta Comunidad Autónoma, la Junta de Castilla y León, sus funcionarios y la sociedad de esta Comunidad Autónoma y este Parlamento. Y eso es así. Yo lo he aprendido de esta manera, y por encima de las cosas personales está el ejercicio adecuado de la función que yo, en este caso, tengo encomendada. Y la voy a ejercer hasta sus últimas consecuencias, se lo digo con toda claridad. Y a mí me ha dolido tomar algunas decisiones que en estos días he tomado. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Gracias, Consejero.

EL SEÑOR .....: [Intervención sin micrófono].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Vamos a ver, la persona aludida no está aquí, en la sesión, y sería ella la que tendría el turno de la palabra. [Murmullos]. También se ha hecho alusión a otras personas que no figuran aquí, en la sala, y tampoco va a tomar nadie la palabra para hacer una defensa de las mismas.

EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA JUNTA Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ):

Si me permite, señora Presidenta... [murmullos] ... si me... si me permite la señora Presidenta, yo retiro la referencia al señor Villalba, porque le tengo un gran aprecio y respeto personal. Pero lo que yo he dicho es verdad, Señorías. [Murmullos]. Pero vamos, Señoría, ¿cómo me puede decir a mí que no es verdad, si quien le ha vendido la vivienda me lo ha dicho? Bueno, pero yo lo retiro todo, Señoría. Me merece todo el respeto, mi consideración y el aprecio personal que le tengo. Por lo tanto, lo retiro.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Bien. Gracias, Consejero. Tiene también un turno de dúplica la Consejera de Administración Autonómica. Toma la palabra.

LA CONSEJERA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (SEÑORA ALONSO SÁNCHEZ):

Muchas gracias, señora Presidenta. La verdad es que, después del tiempo que llevamos en la Comisión, yo voy a ser breve, aunque, por obligación y por las últimas valoraciones que se han hecho en relación con los trabajadores en las intervenciones, pues, realmente tengo que volver a insistir y aclarar las cuestiones.

Lo primero que tengo que decirles es que hemos llevado la iniciativa, les guste o no; hemos llevado la iniciativa porque –como bien decía el Vicepresidente- podemos haber cometido el error de no saber algo que no podíamos saber, que es el ámbito de la actividad privada de unos funcionarios públicos; pero hemos cumplido con nuestras obligaciones. Y seguiremos llevando la iniciativa, la seguiremos llevando; porque ahora nos queda una parte que, la verdad, es una parte –como también esgrimía el Vicepresidente Segundo- que a uno, por el ámbito y por las repercusiones que puede tener para esos funcionarios que en estos momentos estamos en un trámite de información reservada o en el inicio de un expediente, pues, realmente, también entra dentro del ámbito de lo doloroso de la repercusión que tiene en el ámbito... en el ámbito público. Y, por lo tanto, vamos a seguir cumpliendo con nuestras actuaciones, vamos a seguir cumpliendo con la norma.

Pero yo también, aquí, lo que tengo que volver a pedirles es, fundamentalmente, un respeto para los funcionarios públicos; fundamentalmente un respeto porque, claro, por una parte, se adhieren a ese respeto y a ese agradecimiento a los funcionarios públicos, pero, por otra parte, hablamos de sinvergonzonerías y de manoseo de los funcionarios públicos. Pues bueno. Mire, son conceptos que yo, desde luego, no entiendo, y que lo que quiero aquí esgrimir es simplemente ese respeto, el respeto que tenemos a todos los trabajadores de nuestra Administración, que son unos profesionales excelentes. Y, por cierto, ese respeto lo extiendo también a la Inspección General de Servicios, que es la que tiene en estos momentos que llevar las actuaciones.

Y sigo insistiendo también en otra cuestión, en otra cuestión que aquí se continúa hablando, del perfil político de los funcionarios públicos. Vuelvo a insistir en que ese perfil político se dará en los Gobiernos donde ustedes están, pero que, desde luego, en este caso concreto... en el caso de la Administración Regional, estamos hablando de la ocupación de unos puestos de libre designación. Y le vuelvo a insistir en el dato, le vuelvo a insistir en el dato, que hay trece personas que en estos momentos se han visto implicadas, se han visto implicadas en esta actuación, de las cuales siete han optado a ese puesto por concurso. Entonces, no sé dónde está el perfil político, no sé cómo se pueden atrever a hacer esas aclaraciones y esas afirmaciones. Y, si lo tienen que hacer, pues yo, de verdad, les... les digo que lo demuestren.

Y, además, insistiendo también en un tema de la desigualdad de armas. Yo no sé cómo se puede hablar de desigualdad de armas, si realmente lo que hemos hecho como Gobierno es comparecer y dar toda la información que en estos momentos, y en el ámbito de la Consejería de Administración Autonómica, podemos ofrecer.

Y, claro, en relación con que si publicamos o dejamos de publicar, pues mire usted, a mí, la ley la cumplo con rigor y me impide publicar nada respecto de unas informaciones reservadas, respecto de las actuaciones que se están realizando con unos funcionarios públicos; y, evidentemente, no lo voy a publicar. Irán conociendo, yo daré las explicaciones que tenga que dar en el ámbito de... en el ámbito de estas Cortes, pero realmente tengo que cumplir la ley y no me pueden ustedes pedir que incumpla esa norma. Por lo tanto, en relación con esas trece informaciones que se han abierto, son procedimientos que afectan al ámbito de personas, que afectan al ámbito personal, por lo tanto, de estos trabajadores; que hay una norma que cumplir, que es la norma del ámbito disciplinario; y que, por lo tanto, no se pueden... no se pueden publicar.

Y lo que sí hacemos es como hemos hecho hoy aquí, el informar, el dar todos los detalles -tanto el Vicepresidente Segundo como yo- y el aclarar algo que, desgraciadamente, se ha exagerado en el ámbito de los medios públicos con valoraciones que vuelvo a decir que indican delitos, cuando, en estos momentos, y con las aclaraciones que hemos dado, estamos en el ámbito de la responsabilidad.

Pero también es que tengo que insistir, en este ámbito de la Función Pública, en decir algo que también ustedes continuamente están comentando que mezclamos todo, que mezclamos la financiación, que mezclamos la comparecencia de la Consejera de Hacienda con esta comparecencia para cerrar en falso esta situación. No hay nada que cerrar; hay que informar, que es lo que hemos hecho, eso... y yo creo que, además, lo hemos hecho de una manera extensa, de una manera con detalle.

Pero también tengo que decirles que es muy fácil en el ámbito de la función pública aprobar normas –como es el caso del Estatuto Básico del Empleado Público- y ahora decir que no se pueden desarrollar porque no hay dinero y no existe financiación, y, por lo tanto, dejarnos a las Comunidades Autónomas, a Comunidades de cualquier color... Bueno, pues, de alguna manera, para responderle a usted, señor... señor Alonso, en relación con el tema que comentaba de que no le damos las condiciones a nuestros trabajadores: pues, mire usted, es que hay condiciones que requieren financiación, nosotros cumplimos todos nuestros acuerdos, pero algunos acuerdos que adopta el Estado, pues, realmente van a ser difíciles de cumplir con la financiación que no... que nos están... que nos están dando.

Y, simplemente para... para concluir, y creo que... que hay una reflexión que tenemos todos que hacer, y esa reflexión es el tema de la ética en el servicio público, de la ética del funcionario público. Mire, yo en esto... yo creo que el Vicepresidente lo ha dejado claro, pero yo lo quiero dejar todavía más claro: al final, no solo hay que cumplir la legalidad, hay que tener también una conducta; y eso lo sabe cualquier funcionario desde el primer momento que es funcionario y desde que toma posesión. Por lo tanto, yo creo que se debe desvelar del pensamiento de muchos la opacidad, la falta de transparencia... la falta de opacidad, la falta de transparencia; por lo tanto, el tema de tramas, el tema de corruptelas, porque aquí lo que estamos hablando es de la aplicación de la norma y también de la exigencia que tienen los funcionarios públicos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Gracias, Consejera. Terminado el turno de Portavoces, todas Sus Señorías conocen que se abre en este momento un turno... una apertura de un turno para que el resto de los Procuradores que no hayan actuado como Portavoces de los Grupos puedan escuetamente formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información que se acaba de facilitar. ¿Alguna intervención? Empezamos, si le parece, por el Procurador don Óscar Sánchez.

EL SEÑOR SÁNCHEZ MUÑOZ:

Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Es una aclaración muy breve, un par de preguntas que pueden ser contestadas, creo, por cualquiera de los dos comparecientes.

Ustedes han dicho que se han examinado, se han revisado, los seis mil setecientos ochenta y seis expedientes, y que pueden ustedes asegurar con total seguridad que no hay ningún trato de favor, que no hay ningún uso de información privilegiada en ninguno de estos seis mil setecientos ochenta y seis expedientes. ¿Cómo pueden asegurar eso con tanta seguridad cuando existen los indicios que existen? Porque no estamos hablando... es decir, la... Ustedes dicen que nosotros introducimos la palabra "trama" cuando...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Le rogaría que hiciera la pregunta, que así está establecido, ¿eh?... pregunta.

EL SEÑOR SÁNCHEZ MUÑOZ:

... existe... cuando existe un número significativo de personas con un claro perfil político -no perfil político de los puestos que desempeñan, sino perfil político de las personas implicadas-, la idea de trama, el indicio de la existencia de una trama, desde luego, es importante. Yo, intentar decir que no existe, así, como han dicho, categóricamente, ningún trato de favor, ningún uso de información privilegiada, yo a eso lo llamaría un cierre en falso. Muchas gracias. [Murmullos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Les rogaría que en las sucesivas tomas de palabra se haga la pregunta que efectivamente se quiere realizar...

EL SEÑOR SÁNCHEZ MUÑOZ:

Señora Presidenta...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

... a los Consejeros.

EL SEÑOR SÁNCHEZ MUÑOZ:

... si tengo dos preguntas, ¿las realizo las dos conjuntamente o...?

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Pero... conoce perfectamente cuál es su...

EL SEÑOR SÁNCHEZ MUÑOZ:

Sí.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

... turno en este momento...

EL SEÑOR SÁNCHEZ MUÑOZ:

Bueno, pues entonces...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

... preguntar o pedir una aclaración. ¿De acuerdo?

EL SEÑOR SÁNCHEZ MUÑOZ:

Entonces voy a hacer la segunda pregunta, muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Perfectamente.

EL SEÑOR SÁNCHEZ MUÑOZ:

Segunda pregunta: después de haber examinado estos seis mil setecientos ochenta y seis expedientes, ¿pueden asegurar que no existe... pueden asegurar que no existe ningún otro caso, no de funcionarios –porque ustedes se empeñan en hablar de funcionarios, y de remitirlo todo única y exclusivamente a funcionarios y a incompatibilidades-, ningún otro caso de cargos públicos, altos cargos de la Administración, dirigentes políticos vinculados al Partido Popular, que no estén implicados en esta trama? Porque lo único que tienen en común todas estas personas implicadas...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Le rogaría que... ¿esa es la pregunta...?

EL SEÑOR SÁNCHEZ MUÑOZ:

... es su vinculación con el Partido Popular. Ese es el único elemento que tienen en común. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Señor Sánchez, ¿esa es la pregunta?

EL SEÑOR SÁNCHEZ MUÑOZ:

Sí.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

De acuerdo. Señor Fuentes, tiene la palabra.

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ:

Gracias, señora Presidenta. Buenos días, Señorías. Tres preguntas muy concretas: una referida a los dos Consejeros que han... que están compareciendo, y la última, específicamente, al Consejero de Economía, por su alto cargo en la Junta de Castilla y León.

En relación con la provincia de Zamora, lo que se preguntan ahora mismo muchos zamoranos es la siguiente pregunta, que algunos me han pedido que haga en estas Cortes: ¿pueden ustedes asegurar que ningún cargo público del Partido Popular, funcionario o no, Jefe de Servicio o sus cónyuges, tienen participación... participaciones en algún huerto solar con autorización administrativa?

La segunda pregunta es referida, sobre todo, a la Consejera de Administración Autonómica. Si un Delegado Te... o sea, ¿incurriría en incompatibilidad, Señoría, un Delegado Territorial de la Junta de una provincia, como responsable de todos los Servicios –también el de Industria-, si tuviera participación él o su cónyuge en alguna planta fotovoltaica, si no lo hubiera comunicado y, por tanto, no hubiera obtenido la autorización de su Consejería?

Y la tercera pregunta es: hemos hecho petición de documentación y preguntas, los Procuradores, porque tenemos derecho y para poder cumplir con nuestra obligación de control al Gobierno. La pregunta es la siguiente: ¿van a tardar ustedes dos meses, y van a coste... van a contestar realmente a las preguntas que hemos hecho y a la petición de documentación, o nos los van a dar rápidamente, en un plazo de diez o quince días? Muchas gracias. [Murmullos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Señorías, silencio, por favor. Gracias, señor Fuentes. Señor Martín Benito.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Sí, gracias, señora Presidenta. El señor Consejero, en su primera intervención, se ha referido a seis altos responsables de la Junta y su relación con empresas fotovoltaicas. Ha citado a tres en León, uno en Palencia, uno en Valladolid y uno en Zamora. Sin embargo, no se ha referido al caso del ex Jefe del Servicio Territorial de Industria y Comercio de Zamora, que el pasado dieciocho de agosto fue apartado por la Junta de su cargo de Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo en esta Provincia. Por ello le pregunto, señor Vicepresidente: ¿puede usted concretar o arrojar luz sobre este caso particular, al igual que se ha referido a los otros seis?

Y, por último, señor Vicepresidente. En su turno de réplica, usted ha declarado literalmente que "nosotros hemos depurado algo". Le pregunto: ¿cómo debemos interpretar esta afirmación? ¿Quiere decir el señor Vicepresidente que, en el caso que hoy nos ha ocupado, hay todavía más de fondo? Porque, mire, si lo hay, le ruego que lo explique y lo aclare antes de que se cierre esta Comisión. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Le concrete la pregunta... ¿Esa es la pregunta?

EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA JUNTA Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ):

Bueno, es igual, la he entendido.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Efectivamente. Bien. Gracias, Señoría. Tiene la palabra el que es Portavoz de la Comisión de Economía y Empleo, el señor José Miguel Sánchez Estévez.

EL SEÑOR SÁNCHEZ ESTÉVEZ:

Gracias, señora Presidenta. También unas preguntas breves.

La primera al señor Consejero y a la señora Consejera, que comparecen. ¿Podemos entender que existen ya garantías absolutas de que en seis provincias de Castilla y León no hay constancia de indicios, de irregularidades similares a las ahora denunciadas en tres?

Al señor Villanueva. Si en adelante surgieran otras evidencias que puedan relacionarse con quiebras de relaciones de confianza de algunos cargos públicos de la Junta de libre designación, le pregunto: ¿nos volverán a decir que estas actuaciones privadas de cargos políticos nombrados por la Junta no han gustado al Gobierno, pero que no las conocía porque no fue informado por quienes tenían que hacerlo, señor Villanueva? ¿Quién asumirá entonces las responsabilidades políticas? Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Gracias, señor Sánchez Estévez. ¿Ninguna pregunta más desean formular? Tienen la palabra, por el mismo orden que la han tenido durante la...

EL SEÑOR DÚO TORRADO:

Vamos a ver, tenía...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

¡hay, perdón!

EL SEÑOR DÚO TORRADO:

Había pedido... había pedido la palabra...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Perdón, perdón, perdón.

EL SEÑOR DÚO TORRADO:

... pero renuncio porque...

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Señoría, tiene... tiene la palabra.

EL SEÑOR DÚO TORRADO:

Bueno, bien. La decía que había pedido la palabra, pero que se han hecho preguntas similares por mis compañeros, por lo cual renuncio a la... a la pregunta.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Bien, pues muchas gracias en todo caso. Al principio, es cierto que yo le había visto. Después, como vi que los demás levantaban la mano, pensé que usted ya también no... no quería formular la pregunta. Tiene la palabra el Consejero de Economía y Empleo.

EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA JUNTA Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ):

Bien, Señorías. Yo creo que hay un conjunto de preguntas que van todas destinadas a la... a la... Yo sé lo que están buscando, ¿no?: que yo me pronuncie aquí exactamente sobre los seis mil setecientos ochenta y seis expedientes. Pero me voy a pronunciar con exactitud sobre ese tema y... y lo que yo conozco en estos momentos, ¿eh?

Mire, hago dos paquetes de provincias, ¿eh?: Valladolid, Zamora y León por un lado, y el resto por el otro. Ade... Y además les quiero expresar, una vez más, que estamos con un procedimiento reglado, donde no hay desigualdades como consecuencia de que los actos administrativos, autorizaciones que se dictan, únicamente exigen, dentro del procedimiento, que la Administración Pública valore, examine y compruebe el cumplimiento de unos requisitos, ¿eh?

Vamos a ver: en León, Zamora y Salamanca es... en Zamora, creo que hoy faltaban por la mañana un porcentaje pequeño de expedientes, que la nueva responsable del Servicio está personalmente examinando, y, de todos los que ha examinado, me manifiesta que no hay absolutamente ningún trato de favor, ninguna irregularidad, y que no hay más personas en cargos públicos, o en... o en... o funcionarios... funcionarios –que son funcionarios, a ver si dejamos de jugar aquí a hacer juegos de palabras- y cargos públicos, ¿eh? No lo hay.

Eso, por un lado. El resto de provincias, los Jefes de Servicio actualmente vigentes me dicen que no hay ninguna persona que... que esté en esto. Pero yo también les digo que... ninguna persona que... que tenga esta situación, como estos... de los que están directamente en la tramitación. Yo me estoy refiriendo a personas directamente en la tramitación, ¿eh?, que están directamente en la tramitación en... en... en los correspondientes Servicios. Que lo han comprobado y que, en consecuencia, no lo hay.

Y me dicen, también, que entienden que todos los expedientes están tramitados correctamente. Lo que sí que les digo yo también... –porque yo he examinado listados, no todos, pero algún listado- y yo les digo que hay cargos electos. ¿Quieren que les precise qué entiendo por un cargo electo?, ¿cargos electos? No, lo digo para que no queden dudas. Cargos electos –es decir, Alcaldes... cargos electos: Alcaldes, Concejales, Procuradores, Parlamentarios...-, cargo electo, no cargos públicos de un Gobierno, ¿eh?, que les digo que de Castilla y León no hay... no hay ninguno con participación. Pero cargos electos sí que hay, no solo del PP sino muchos del PSOE, ¿vale?

Y... y... y... y de... y si usted... [Murmullos]. Pues mire, en esta bancada hay uno que tiene [Risas]. Fíjese, en donde está usted sentado, hay uno que tiene. Entonces, mire, yo no voy a hacer ese trabajo, ¿entiende? [Murmullos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Señorías, guarden silencio para dar continuidad a la sesión.

EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA JUNTA Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ):

Entonces, mire... no, no, voy a terminar la... [Murmullos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

No entren en debate, que estaba respondiendo a las... Señorías, por favor, guarden silencio.

EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA JUNTA Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ):

Yo no voy a cometer el error que han cometido ustedes. A mí me parece muy bien quien invierta, sea cargo electo o no sea cargo electo, salvo que tenga otras obligaciones que no haya cumplido, que no las sé y no las he investigado, ¿eh? Yo, estos cargos electos no las he investigado, pero hay infinidad de ellos, ¿entendido?, hay infinidad de ellos.

Por lo tanto, si quieren ustedes, se van ustedes, y luego hacen una rueda de prensa y cuentan lo que quieran. Pero yo les digo: hay cargos electos que tienen inversiones en fotovoltaica, que a mí me parece muy bien, y no sé si tienen... están incursos en otro tipo de obligaciones... el mes de agosto no ha dado para más, ¿eh? Creo que ha dado bastante.

Bueno, eso es una explicación que le he dado. La otra me lo centran en Zamora, eh... en relación con el que fue Jefe de Servicio y con el que era Jefe de la... accidentalmente, en un puesto en la... en la Oficina Territorial de Trabajo.

En mi intervención antes... lo que ocurre es que no han entrado en detalle... yo he estado buscando ahora la página, pero ya, a estas horas, ni la encuentro. Yo hablé, por un lado, de seis más siete, y luego hablé... de seis más seis, y luego hablé de otro más, ¿eh? Hay dos personas más: una, me estaba refiriendo a esta persona... pues no lo sé, ahí estará; y otra, me estaba refiriendo a una... a otro funcionario que, en los últimos días –hemos estado informados, y nos hemos informado y, por lo tanto, hemos pasado la información-, había comprado una participación... había comprado –que no gestionado, ni tramitado, ¿eh?, sino que había comprado-, había tomado una participación en algún huerto solar. Una situación distinta. Esas dos personas han sido: por un lado, una –la... a la que ustedes se refieren- de Zamora; y, por otro lado, un funcionario que creo que es de León... creo que es de León, y hemos conocido que tuvo esta operación, porque lo ha dicho él, y, bueno, pues hemos... simplemente, para que ya, como se está examinando todo, pues que la Inspección General de Servicios, pues, examine esa situación, que yo no entro a calificar de nada.

Y yo creo que... yo creo que les puedo responder esto. Es decir, que los Jefes de Servicio me han transmitido esa opinión, que... que no hay trato de favor en los expedientes, que no hay... les he hablado de un Servicio, concretamente el de Valladolid, que incluso tuve algún escrito, y que, luego, los seis mil setecientos ochenta y seis expedientes pues entienden que se han tramitado correctamente, y que no más participaciones que las que conocemos hoy.

Claro, mire usted, si aparecen... yo no les... yo, lo que sí que les digo es que no he revisado ni un... ni un solo expediente, ¿eh?, personalmente; estoy transmitiendo la información, que me merece todo el respeto, que tengo en esta mañana sobre esa pregunta que ustedes me hacen. Y pueden poner ustedes el titular que hagan... que quieran. Ese es el riesgo que tiene. Ustedes pueden decir que esto está cerrado, o no está, que no hay garantías absolutas. Yo les garantizo lo que, a mí, gente absolutamente respetable me transmite, mientras no se demuestre lo contrario. Y eso es lo que les transmito. Y yo, por tanto, ofrezco a la sociedad de Castilla y León absoluta confianza y garantías de que esto se está gestionando correctamente, porque lo que no hay –ni incluso en las personas que han tomado participaciones, que hemos hablado de ellos- ninguna irregularidad en los expedientes... en los expedientes que se tramitan en los Servicios Territoriales de Industria para obtener la autorización administrativa correspondiente. ¿Me he explicado bien? ¿Queda alguna duda?

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Gracias. Gracias, señor Consejero. Señora Consejera, ¿desea tomar la palabra? Tiene la palabra la señora Consejera.

EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA JUNTA Y CONSEJERO DE ECONOMÍA Y EMPLEO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ):

Si me... si me permites, un segundo. Había... hacía usted expresión a la "depuración" de algo. Vamos a ver. Yo me he expresado, a lo mejor, no con excesivo rigor. Nosotros, cuando hemos realizado la investigación... no, si sé lo que he dicho, no lo estoy negando, digo que no me he... se lo voy a aclarar cuál ha sido el sentido de lo que he querido decir con "depurado algo". Yo he puesto ahí, en ese momento, creo, en... en... sobre la mesa, lo que he conocido a través de los medios de comunicación, y en el debate que hubo en el Parlamento Nacional, y les preguntaba a ustedes que qué había pasado con el CIEMAT, porque, claro, en el debate en el Senado –que no compareció... ustedes pedían ahora que viniera hasta el Presidente, pero allí compareció un Secretario de Estado, un buen salmantino, el señor Quintanilla-, pues... y me he leído... si me he pasado el verano... no he tenido tiempo para leer otra cosa. Y resulta que, poniendo en comparación esto, yo decía que nosotros, cuando hemos tomado conocimiento, iniciamos un proceso de investigación en dos líneas -básicamente las Consejerías que estamos representando doña Isabel Alonso y yo-, pues, vimos, nos encontramos, en primer lugar, con don Javier Lasarte, con el problema del Secretario General Técnico de la Delegación Territorial, y después con otro Jefe de Servicio –personas de... funcionarios en puestos de libre designación-, y nosotros... a esa depuración de esa responsabilidad me estaba yo refiriendo, ¿eh?, estrictamente; no hemos depurado más que la ra... la pérdida de confianza en personas, funcionarios de la Administración que ocupaban puestos de libre designación y que, en consecuencia, al no informarnos, y al carecer el Gobierno –sus superiores- de información, nos parecía que no correspondían a la confianza que en su día depositamos en ellos cuando les asignamos esos puestos de libre designación que, en consecuencia, ahora, en el mes de agosto, pues nos hemos quedado, pues absolutamente decepcionados.

Y esa es la cuestión... a la depuración. Porque las... resolución de los expedientes, como ha explicado muy bien doña Isabel Alonso, sigue su trámite, y no... y no he hecho ninguna otra referencia. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Gracias, señor Consejero. Tiene la palabra la Consejera de Administración Autonómica.

LA CONSEJERA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (SEÑORA ALONSO SÁNCHEZ):

Sí. Gracias, señora Presidenta. Bueno, también por agrupar y por intentar contestar lo que me vienen preguntando, y... la verdad es que lamento ver que, al final, pues, lo que a mí me parecía –vuelvo a decir- una prolija explicación, pues no ha quedado claro.

En relación con las preguntas que... la pregunta que realmente me está... se está usted refiriendo, y que también hay otra relativa al tema de las implicaciones de los altos cargos... de los altos cargos –usted habla del Delegado Territorial, entonces estamos hablando de un alto cargo-, tengo que decirles que el régimen de incompatibilidades es el que está previsto en la Ley 6, y, por lo tanto, en el régimen de... de incompatibilidades no hay una petición de compatibilidad. Al final, este... estas personas que tienen este carácter lo que tienen es que hacer la declara... su declaración, lógicamente, de sus actividades y de sus bienes, y están inscritas en el Registro de Intereses de Altos Cargos. Yo creo que con esto le doy la contestación. En todo caso, siempre habría un límite: que no podrá entrar en conflicto con las funciones que esté desarrollando, pero también cabe la pregunta de si alguien, por ser Delegado Territorial, no puede tener unas acciones de Telefónica o de Iberdrola –me pregunto yo-, pero eso lo dejo ahí.

Y, en relación con si vamos a tardar dos meses, y si vamos a contestar, mire: lo primero, nosotros –le vuelvo a decir- cumplimos siempre con la normativa vigente; contestaremos las preguntas. Yo espero que muchas de ellas ya hayan quedado contestadas en estos momentos, a través de esta Comisión. Y si utilizaremos los dos meses o no, pues nosotros cumplimos la norma y utilizaremos lo que nos marca la norma. Seremos todo lo rápidos, todo lo rápidos que podamos, derivados del procedimiento; pero le vuelvo a insistir que ya hay muchas informaciones que aquí se... ya se han realizado.

Y cuando antes decía el Vicepresidente –y simplemente un matiz-, insistiendo en la contestación a eso... a ese hecho de ocupar un cargo público, o ser altos funcionarios, o ser dirigentes políticos, pues le vuelvo otra vez a insistir –y con esto simplemente finalizo- que el régimen que se les aplica es distinto, igual que en el caso de que pudiéramos hablar de... dirigentes políticos vinculados a un Ayuntamiento, tienen sus propias normas, y por lo tanto saben lo que tienen que aportar... lo que tienen que declarar al principio del inicio de un mandato. Y, en el caso de los altos cargos, le vuelvo a insistir que se aplica esa Ley, donde hay una declaración, y hay un Registro. Una parte de ese Registro es público –nosotros también hemos dado información cuando se nos ha solicitado recientemente- y, además, está a su disposición esa parte del Registro público. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CUESTA CÓFRECES):

Muchas gracias, señora Consejera. Pues bien, agradecemos... agradezco, en nombre de todos los aquí presentes, a los dos Consejeros –al Vicepresidente y Consejero de Economía y Empleo, y a la Consejera de Administración Autonómica- su presencia y su aportación amplia y detallada para el caso para el que estaba convocada su comparecencia.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las quince horas diez minutos].