DS(C) nº 320/7 del 14/4/2009

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Buenas días. Vamos a proceder hoy a... en esta Comisión de Hacienda dando la bienvenida al Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas don Pedro Martín Fernández, en primer lugar. Y abrimos la sesión.

Tengo que preguntar, en primer lugar, si algún Grupo Parlamentario tiene que comunicar a esta Mesa alguna sustitución. ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista?

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SUÁREZ:

Gracias, señora Presidenta. Buenos días. Alfredo Villaverde sustituye a Manuel Fuentes y Pedro Nieto a Victorina Alonso.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Gracias, señor Portavoz ¿Por el Grupo Parlamentario Popular?

EL SEÑOR ENCABO TERRY:

Sí. Gracias, Presidenta. Don Crescencio Martín Pascual sustituye a don Óscar Reguera Acevedo, doña Mercedes Coloma Pesquera sustituye a don Luis Domingo González Núñez, doña María del Carmen Luis Heras sustituye a don José Antonio Miguel Nieto y don Fernando Rodríguez Porres sustituye a don Raúl de la Hoz Quintano.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Gracias, señor Portavoz. Damos otra vez la bienvenida a esta Comisión, catorce de abril, a don Pedro Martín Fernández, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que comparece ante esta Comisión para presentar diversos informes de fiscalización remitidos a estas Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas. La tramitación de los mismos se desarrollará de conformidad con lo previsto en la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León del siete de abril de dos mil nueve.

Primer punto del Orden del Día. Por la señora Secretaria se dará lectura del mismo.

LA SECRETARIA (SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA):

Buenos días. Gracias, señora Presidenta.

Informe

Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad, en el ejercicio 2005".

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Gracias, señora Secretaria. Para la presentación de este Informe, damos la palabra al Excelentísimo señor don Pedro Martín Fernández, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Tiene la palabra.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR MARTÍN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señora Presidenta. Permítame que, en primer lugar, comience mi intervención saludando muy cordialmente a Su Señoría, a los miembros de esta mesa, a los portavoces de los Grupos Parlamentarios y a los Procuradores aquí presentes.

De igual manera que mi comparecencia de hace unos días, cuando presenté a esta Comisión la Memoria Anual del ejercicio dos mil siete, comprensiva de todos y cada uno de los informes de fiscalización aprobados por el Consejo de Cuentas durante aquel año, era la última ajustada al formato previsto en la primitiva ley reguladora de esta institución, hoy comparezco con satisfacción ante Sus Señorías para presentar por primera vez, conforme al nuevo procedimiento aprobado por el Presidente de las Cortes hace apenas una semana, al amparo de la Ley reformada, tres informes de fiscalización concretos. Uno de ellos, el de la contratación de la Comunidad Autónoma ejercicio dos mil cuatro, fue aprobado por el Pleno del Consejo el día veintitrés de junio de dos mil ocho, y los otros dos, el de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma ejercicio dos mil cinco, y el del Fondo de Compensación Interterritorial ejercicio dos mil cinco por el Pleno del Consejo de veintidós de diciembre de dos mil ocho, muestra palpable tanto de la oportunidad de la reforma de la Ley como de la eficacia en su aplicación, que va a proporcionar un conocimiento por la Cámara más próximo a su fecha de emisión y un examen más singularizado.

Conforme al Orden del Día, empezaré por exponer el informe sobre la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma ejercicio dos mil cinco. El ejercicio dos mil cinco es el último en el que rige el contenido de la Cuenta General establecido por la Ley de la Hacienda de la Comunidad, que, según la redacción dada por la Ley 21/2002, comprendía tres cuentas, a saber: la cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma, la cuenta de los organismos autónomos y la cuenta de las restantes entidades del sector público. A estas habrá de unirse la cuenta de las Cortes de Castilla y León y un estado del movimiento y situación de los avales concedidos por la Administración de la Comunidad y sus entidades institucionales.

El objetivo de esta fiscalización ha consistido en comprobar si la Cuenta General se ha rendido respetando las normas que le son de aplicación en cuanto a plazo, estructura y contenido. Si la Cuenta de la Administración General ha respetado los principios y normas contables públicos y si las operaciones que la sustentan cumplen la legalidad vigente. Además, respecto a los entes que forman parte de la Administración Institucional, el Informe ha constatado la situación presupuestaria y financiera que deriva de la información contenida en la Cuenta General, y ha analizado si los importes reflejados en las cuentas de dichos entes como consecuencia de las transferencias y subvenciones realizadas por la Administración General coinciden con los registrados en la contabilidad de esta.

La opinión del Consejo es que, con carácter general, la Cuenta de la Administración General de la Comunidad del ejercicio dos mil cinco se ha presentado de acuerdo con los principios y normas contables públicos, y muestra de forma fiable su actividad económico-financiera y su situación patrimonial, salvo por la limitación que ha supuesto el hecho de que la Comunidad no tuviera un registro de inventario de sus bienes de inmovilizado debidamente valorado y de que la amortización de los mismos se determinara... se determinara con independencia de su situación individual.

A este respecto, cabe señalar que, durante el desarrollo de los trabajos de fiscalización, el Consejo tuvo conocimiento de que en el mes de julio de dos mil seis se puso en marcha por la Administración Autonómica la aplicación informática de gestión del inventario de bienes y derechos de la Comunidad, inicialmente referido únicamente a los bienes inmuebles y derechos patrimoniales. Ha habido otras limitaciones con las que se ha encontrado el Consejo en la realización de este trabajo, como han sido la no inclusión dentro de la cuenta rendida de las cuentas anuales del ente público de derecho privado, Consejo de la Juventud, lo que ha imposibilitado el conocimiento de su patrimonio y su situación económico-financiera. También, la falta de aportación de los documentos soporte de algunas operaciones contables pertenecientes al área patrimonial de la cuenta de la Administración General, por lo que no se ha podido determinar su adecuación a la normativa vigente ni la corrección de sus importes.

Respecto al examen de la Cuenta General del ejercicio dos mil cinco, el informe señala que se ha rendido en plazo, pero que no respeta la estructura establecida en la Ley de la Hacienda de la Comunidad que he citado al comienzo de mi exposición, puesto que no incluye una cuenta de los organismos autónomos ni una cuenta de las restantes entidades del sector público, sino cuentas anuales individualizadas de cada uno de esos organismos y entidades. Entre estas, no figuran las cuentas del Consejo Consultivo, del Consejo de la Juventud, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, de la Fundación Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León, de la Fundación para la Enseñanza de las Artes en Castilla y León y de la Fundación de la Investigación del Cáncer.

Los estados y documentos comprensivos de las cuentas rendidas son conformes con los previstos en la normativa contable, habiéndose observado, no obstante, carencias respecto al contenido de las memorias presentadas y deficiencias respecto a algunos modelos establecidos. No se ha unido a la Cuenta General un estado en el que se refleje el movimiento y situación de los avales concedidos por la Administración General y sus entidades institucionales, si bien en la Memoria de la Cuenta de la Administración General aparece tal información, limitada a su propio ámbito competencial.

Si entramos en la... en la Cuenta de la Administración General podemos decir, en primer lugar, que la liquidación del presupuesto de gastos del ejercicio dos mil cinco ha presentado un grado de ejecución de los créditos del 98,53%, situándose las obligaciones reconocidas en... en 8.167.595.572,96 euros, un 0,90% superior al ejercicio anterior, destacando en el ámbito orgánico el gasto de las Consejerías de Sanidad y de Educación, que, habiendo gestionado respectivamente un 31,99% y un 21,87% del gasto total, han alcanzado porcentajes de ejecución del 99,93 por ciento y 99,56%. La liquidación del presupuesto de ingresos presentó un grado de realización de las previsiones finales del 100,97%, alcanzando los derechos reconocidos un montante de 8.370.253.767,20 euros, con un incremento interanual del 11,24%.

Se ha constatado con carácter general su coherencia interna; sin embargo, se han advertido incoherencias entre los datos recogidos en los estados rendidos y los registrados en el sistema de información de... contable de Castilla y León relativos a los ingresos, relativos también a las cuentas presupuestarias y a los saldos contables de la cuenta de Tesorería.

Siguiendo con alguna de las conclusiones más... más importantes extraídas del análisis de esta cuenta, se ha verificado que todas las modificaciones presupuestarias examinadas se han financiado adecuadamente, y que, con carácter general, se han tramitado cumpliendo con la legalidad vigente. No obstante, cabe señalar que la Junta de Castilla y León, después de aprobar la cifra del remanente genérico de Tesorería, ha delegado en la Consejería de Hacienda la autorización de sus concretas incorporaciones, incumpliendo lo establecido en el Artículo 109.4 de la Ley de la Hacienda y en el Artículo 48 de la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad. Además, varios expedientes de ampliación de crédito financiados con cargo a otros créditos disponibles se podían haber tramitado como simples transparencias de crédito, al no ser de aplicación en este caso los límites legalmente establecidos.

Del examen de las cuentas del Grupo 0 del Sistema de Información Contable relativas al presupuesto de gastos, se ha comprobado que su funcionamiento no se ajusta a lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León y, como consecuencia, no cumplen con su finalidad de control presupuestario.

En cuanto a la contabilización de los acreedores presupuestarios, el Consejo ha constatado que no responde a lo previsto en las normas contables públicas, habiéndose realizado ajustes mediante documentos carentes de regulación normativa para cuantificar el importe total de las obligaciones reconocidas netas de los pagos realizados y de los pendientes de aplicación. En el mismo sentido, tampoco las cuentas de los deudores presupuestarios se han ajustado a lo dispuesto en dichas normas para el registro contable de los derechos reconocidos netos del ejercicio y su recaudación.

En el informe, ha quedado acreditada la correcta contabilización y aplicación al presupuesto de las entregas a cuenta recibidas de la Administración del Estado, en aplicación del sistema de financiación territorial y de su liquidación definitiva.

Como ya se puso de manifiesto en anteriores informes, una parte de los derechos presupuestarios reconocidos en el ejercicio se han imputado incorrectamente, ya que no se ha seguido el criterio contable de reconocerlos cuando se produce el incremento de activo o con anterioridad, si se constata que el ente concedente ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación. Este hecho, al igual que otros similares detectados en el Informe, han dado lugar a una serie de ajustes propuestos por el Consejo.

Se ha realizado correctamente la contabilización de las transferencias realizadas por la Administración General a los organismos autónomos, al Consejo Económico y Social y a los entes públicos de derecho privado que han rendido sus cuentas. Sin embargo, respecto de las transferencias a las Universidades Públicas, los importes que figuran en el sistema de información contable son superiores a los reflejados en las cuentas rendidas por cada una de las Universidades.

En cuanto a las inversiones societarias a largo plazo, se ha comprobado el adecuado registro contable de los valores que componen estas inversiones.

El análisis efectuado a los procedimientos de concesión y reembolso de los créditos al personal a largo plazo y de los créditos fuera del sector público, tales como los préstamos a la vivienda rural y los anticipos de renta derivados de contratos para la repoblación forestal, han puesto de manifiesto que, con carácter general, no se contabilizan de forma separada los intereses pactados ni se realiza una adecuada clasificación de los créditos a largo y a corto plazo.

Los deudores presupuestarios contabilizados correspondientes a las deudas más antiguas no representan, en algunos casos, la realidad de tales deudas, apareciendo algunas ya ingresadas o que deberían haberse declarado incobrables, así como deudas registradas por un importe inferior, al no incorporar, en su caso, el recargo de apremio. La Administración de la Comunidad no ha dotado provisión para insolvencias por los deudores presupuestarios ni por los extrapresupuestarios.

No se ha podido determinar la razonabilidad de los saldos ni su adecuación a los principios contables públicos de algunas cuentas de deudores no presupuestarios, debido a que la Administración General no ha aportado toda la documentación soporte de una muestra seleccionada por el Consejo de operaciones de ajustes y reclasificaciones realizadas a fin de ejercicio.

Por otro lado, el Informe pone de manifiesto que la Administración General de la Comunidad no realiza una adecuada contabilización del Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que supone que las cuentas del impuesto no representen la posición financiera real con la Hacienda Pública por estas operaciones tributarias.

En este mismo orden de cosas, no se ha podido analizar la contabilización del gasto de Seguridad Social, debido a que la información aportada al efecto no contiene la expresión separada de los asientos relativos a las retenciones de las cuotas a cargo del trabajador.

Asimismo, se ha observado que existen cuentas con saldo contrario a su naturaleza, tales como las de créditos al personal a corto plazo y créditos a largo plazo fuera del sector.

El Informe también pone de manifiesto que en la cuenta de Tesorería recogida en el Balance de Situación no se han incluido los saldos de algunas cuentas que figuraban inscritas en el Registro Central de Cuentas de la Comunidad a treinta y uno de diciembre de dos mil cinco.

En lo que respecta a las operaciones de endeudamiento, la Comunidad ha respetado las condiciones y límites establecidos legalmente y ha cumplido las previsiones acordadas en el Plan Anual de Endeudamiento, respetando lo acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En cuanto al riesgo vivo de los avales, este corresponde casi en su totalidad a garantías prestadas en operaciones de crédito formalizadas por la empresa pública, Gestión de Infraestructuras de Castilla y León, Gical, actualmente denominada Promoción de Viviendas e Infraestructuras y Logística, Provil.

El Consejo no tiene constancia de que la Comunidad haya realizado durante la vigencia del aval actuaciones de control para exigir, en su caso, la presentación de garantías complementarias con el fin de asegurar una eventual obligación de reembolso.

Para finalizar con el examen de la cuenta de la Administración General de la Comunidad, el Consejo ha comprobado que la contabilización de los fondos a justificar no se adapta a lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León.

Paso, entonces, a exponer las principales conclusiones del Informe que hacen referencia al análisis de las cuentas de los entes que componen la Administración Institucional.

En primer lugar, se ha observado que los organismos autónomos no utilizan el criterio de valorar al precio de adquisición o coste de producción los bienes comprendidos en el inmovilizado material.

Por otro lado, tanto en los entes públicos de derecho privado como en los organismos autónomos se ha comprobado la consistencia de la información rendida con la que figuran en el Sistema de Información Contable, menos respecto al funcionamiento de las cuentas de control presupuestario y en algunas cuentas de acreedores y deudores presupuestarios.

Asimismo, el Consejo ha constatado que, con carácter general, las cuentas de acreedores no financieros no presupuestarios son coherentes con la información que figura en la memoria y en el balance de situación de la Cuenta General rendida; además, en la Gerencia Regional de Salud existe una cuenta con saldo contrario a su naturaleza, la de Seguridad Social, cuota patronal; y en el Ente Regional de la Energía existen cinco cuentas cuyos saldos iniciales de dos mil cinco no coinciden con los saldos finales de dos mil cuatro.

Respecto al riesgo vivo de los avales correspondientes a la Administración Institucional, la información suministrada por los entes que la componen, con excepción del Instituto Tecnológico Agrario, del que no se ha obtenido respuesta, pone de manifiesto que la mayor parte de ellos no han concedido avales durante dos mil cinco, o bien que ya no existían al cierre del ejercicio.

Por lo que se refiere a las empresas públicas, fundaciones, consorcios y universidades, se ha constatado, con carácter general, la coherencia interna de sus cuentas. No obstante, en las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, y en el consorcio Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León se han observado diferencias entre los datos de la Memoria y los de la cuenta de resultado económico patrimonial relativos al importe de las subvenciones y transferencias corrientes y de capital, tanto concedidas como recibidas.

Además de las recomendaciones ya formuladas en el Informe de la Cuenta General del ejercicio dos mil cuatro, recientemente expuesto ante esta Comisión, el Consejo sugiere en el presente Informe que se elaboren normas o instrucciones precisas para que la información que cada Consejería de la Administración General y que cada ente de la Administración Institucional utiliza en su propio inventario sea homogénea, y sea también la mínima exigible a un inventario, con el fin de facilitar la agregación de los datos y la obtención de una imagen fiel del inmovilizado no financiero del sector público autonómico.

Asimismo, el Consejo recomienda, en relación con los fondos a justificar, que el funcionamiento del Sistema de Información Contable se adapte a lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León, con objeto de que tanto los reintegros como el importe de los libramientos pendientes de justificar reflejen la situación real.

Para finalizar con la exposición de este primer Informe, me gustaría aclarar que aunque no se hayan... que, aunque se hayan repetido muchas de las deficiencias puestas de manifiesto en los Informes de años anteriores y, por lo tanto, el Consejo mantenga las oportunas recomendaciones, esto no significa que los gestores no les hayan querido atender, puesto que han conocido los resultados de las fiscalizaciones con posterioridad a la elaboración de esta cuenta. Por lo tanto, para comprobar si realmente se han corregido las deficiencias puestas de manifiesto por el Consejo, habrá que esperar a que finalicen los trabajos de fiscalización de la Cuenta General del ejercicio dos mil seis. Y con esto concluyo este primer Informe, señora Presidenta.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Muchas gracias, señor Presidente del Consejo de Cuentas. Se abre ahora un turno para que los Grupos Parlamentarios expongan las intervenciones que tengan a bien efectuar. En ausencia del Grupo Parlamentario Mixto, damos la palabra al Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Pascual Fernández Suárez.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SUÁREZ:

Muchas gracias, señora Presidenta. Ante todo, quiero agradecer, por supuesto, la presencia del Presidente del Consejo de Cuentas en estas... en esta Comisión, también la exposición que acaba de hacernos, al igual que también quiero agradecer la presencia de los demás Consejeros que están presentes y otro personal del propio Consejo.

El Presidente acaba de exponer la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad del año dos mil cinco. Vamos a conocer esta fiscalización, por supuesto ya -como indiqué en otras ocasiones-, pues, cuatro años después de su... de su ejecución; es decir, que en el dos mil cinco se ejecuta un presupuesto, y en el dos mil nueve vamos a conocerlo, las consecuencias de esa gestión.

Puesto que iniciamos el tratamiento en las Cortes de estos temas en base ya a la modificación... a las modificaciones últimas que se han producido, normativas, respecto al funcionamiento del Consejo, del tratamiento de los informes del Consejo en estas Cortes, nosotros presentaremos mociones respecto a estos informes en base, por supuesto, al análisis que ha realizado el Consejo y también a las recomendaciones, que, por supuesto, en general, hacemos nuestras.

Espero que las Administraciones fiscalizades... fiscalizadas tomen nota de estas recomendaciones y de estas observaciones, pues, hasta... hasta estos, hasta el informe de hoy, no parece que lo hagan, si tenemos en cuenta que las irregularidades, deficiencias, etcétera, detectadas en este Informe que hoy se nos presentan son prácticamente una copia repetitiva de las fiscalizaciones de años anteriores. Se reproducen numerosas irregularidades o deficiencias financieras económicas y contables, y también, en otros, en las contrataciones, que luego veremos.

Sobre el Informe de Fiscalización de la Cuenta General del año dos mil cinco, el Informe yo creo que es bastante contundente. Al igual que en el Informe del año anterior, detecta numerosas irregularidades en las cuentas de la Comunidad y, consecuencia de ello -a nuestro juicio-, ineficacia y despilfarro económico. Estas conclusiones del Consejo no son nuevas, es la repetición de... como decía antes, de un comportamiento que se viene produciendo año tras año. Como muy bien dice el Presidente, habrá que esperar si estas cuestiones, el año siguiente, se corrigen o no; lo cierto es que, yo, desde que estoy aquí, ningún año se ha corregido; es decir, todos los años se repiten, antes el Tribunal de Cuentas y luego el Consejo de Cuentas repite todos los años numerosas cuestiones. Son iguales, idénticas; hay algún matiz que en este Informe ya no... no aparece respecto a anteriores -luego señalaré-, pero, en general, las cosas fundamentales se reproducen año tras año. Por lo tanto, siempre estaremos con la esperanza de que algún año estas cosas se corrijan, pero, de momento, todavía no lo hemos visto.

Las conclusiones que yo he sacado sobre el tema de las cuentas... evidentemente las ha reflejado muy bien el Presidente del Consejo en cuanto a... a varias observaciones que incumplen normativas... normativas establecidas. En fin, la primera conclusión que saco es que es que se han rendido, evidentemente -lo ha dicho el Presidente-, en tiempo... en tiempo... en el tiempo establecido ante el Consejo. La verdad es que es una novedad, porque en años anteriores no se había reflejado esto; en fin, es un cambio; por lo menos, llegan a tiempo al Consejo.

No se ajusta, de nuevo, a lo exigido legalmente en el Artículo 154 de la Ley de Hacienda. Esto, lógicamente, ahora está corregido, y la... y que se refiere que no se incluyen cuentas... vamos, que se incluyen cuentas anualizadas de los distintos organismos y entidades, individualizados pero no refundidos en tres cuentas. La verdad que la nueva ley ha modificado un poco eso también, y, por tanto, en cuanto llegue la nueva ley, aunque también habla de tres cuentas, son tres cuentas formuladas de manera distinta a como se formulan aquí. Por lo tanto, esta es una recomendación que me da la impresión de que lo que hay que esperar es si se va a cumplir ahora, con la nueva ley, los nuevos criterios, porque esto ya no se va a cumplir, es decir, esto ya no va a dar tiempo a que... a que se cumpla, porque la Junta, sistemáticamente, se ha negado a hacer este tipo de cuentas en base a la normativa que existía.

No incluye cuentas de todos los entes, como ha reflejado muy bien el Presidente: cuentas del Consejo de la Juventud, por tercer año ya sucesivo; y de varias fundaciones, como la de la Universidad de Salamanca, así como la Fundación Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León, la Fundación para la Enseñanza de las Artes; y tampoco una relación de los avales otorgados por las Administraciones Institucionales. Esto es una limitación porque, obviamente, es una carencia de la que ha constado el Consejo.

Las memorias siguen siendo muy deficientes. La Memoria demostrativa del cumplimiento de los objetivos programados no está completa, ya que solo se refiere a algunos programas, y no están bien definidos, en muchos casos, los objetivos indicadores de la actividad. Esto lo detalla el Consejo, también es repetitivo.

No se adaptan al Plan General Contable. Es otra repetición, también, del Consejo... del Consejo de Cuentas. Y a este respecto, nosotros seguimos echando una falta de un análisis más pormenorizado y cualitativo del Consejo sobre cumplimiento de objetivos de la Junta. Al fin y al cabo, las memorias deben contener una memoria justificativa de los costes y rendimiento de los servicios públicos, que al parecer no existe.

Sin duda, las deficiencias importantes que señala el Consejo impiden hacer una valoración más concreta sobre el asunto. Esto ya lo ha dicho en el Informe del año anterior y se repite también en este mismo.

Respecto a la ejecución presupuestaria de las cuentas, se revela que hay un alto nivel de ejecución presupuestaria, tanto en gastos como en ingresos, incluso, en este caso, ha sido superior a la del año anterior: casi un punto en gastos y casi dos puntos en ingresos.

Las modificaciones presupuestarias, este año, son superiores a las del año pasado. Ascienden, en conjunto, a 1.028 millones de euros -el año pasado eran 702 millones-, y representan un 12,2% sobre el presupuesto inicial, es decir, tres puntos más que el año pasado.

Es de destacar los aumentos en 150 millones en sanidad. Nosotros siempre hemos reflejado que la sanidad, en términos generales, nunca va reflejando bien los costes reales que tiene, y año a año vemos que se tienen que producir modificaciones y aumentos en esta Consejería. Cincuenta y tres millones en Agricultura. Y un aumento en Hacienda, que solo lo reflejo para que no se me repita aquí la austeridad de este Consejería, que, siempre que el Consejero formula los presupuestos, se pone como ejemplo de austeridad, y cada vez que llegamos aquí a ver las liquidaciones, consta siempre que aumenta el presupuesto sobre el año anterior, y además el presupuesto de gastos corrientes.

Las modificaciones de crédito es otra constante que se revela en este Informe. Las modificaciones de crédito en gasto corriente, Capítulo II, aumentaron un 14,19%, cifra muy similar a la del año pasado, mientras que la inversión disminuye un 9,5%, tres puntos más que el año anterior. Esto es una constante todos los años también; lo he repetido en el informe anterior, y es una constante en todos los informes. Es decir, cuando se formulan los presupuestos, la Junta siempre presenta unos presupuestos disminuidos en el gasto corriente y aumentados en los gastos de inversión, que luego rectifica en ejecución presupuestaria, de tal manera que al final ajusta siempre a la baja la inversión y al alza el gasto corriente. Esto por sistema, es decir, ocurre todos los años y ocurre en todos los informes de fiscalización que yo he conocido en este... en estas Cortes.

Dejan de ejecutar inversiones, en este caso, por ciento de la Administración General... por 104 millones -el año pasado fueron 149- sobre las programadas inicialmente. Los once expedientes de incorporación de crédito se aprueban genéricamente por la Junta -ha reflejado muy bien el... el Presidente-, delegando en la Consejería de Hacienda su incorporación individualizada contra lo dispuesto legalmente, que debería de aprobarse cada una de estas incorporaciones y no genéricamente.

Corrige también, en este caso, al igual que ocurre en otros años, las cuantías en las liquidaciones del gasto, una cuantía insignificante en este caso, son 732.000 euros menos que el año anterior. Pero en ingresos hay una fuerte corrección, que afecta, en conjunto, a 504 millones de euros, 221 millones imputados a este ejercicio, y son de otro ejercicio, y 273 imputados a otros ejercicios, y que deberían imputarse a este del año dos mil cinco.

En consecuencia, ni el resultado presupuestario de la Administración General tendría en realidad un déficit, como se refleja en las cuentas presentadas, de 101 millones... perdón, el resultado presupuestario tendría un déficit, realmente, de 101 millones de... de euros, en vez de 164 que reflejan las cuentas; y el superávit de la Administración General sería de 358 millones, en vez de 294. Por lo tanto, digamos que, el resultado presupuestario, del Consejo corrige el resultado, en términos generales, de la liquidación de los presupuestos del año dos mil cinco. El ejercicio se liquida, por lo tanto, con un superávit, repito, de 358 millones en la Administración General, al que hay que añadir los superávit de 99,4 millones de los organismos autónomos y 28,5 de los entes públicos de derecho privado. En total, 487,9 millones de superávit es con lo que se cierra el ejercicio del conjunto de las Administraciones Públicas de la Comunidad.

En fin, parece que en este ocasión existe una mayor concordancia entre las cuentas rendidas y las reflejadas en el sistema informático Sical, que es una crítica muy continuada también en años anteriores -parece que ha mejorado algo-. Y bueno, y no existe un inventario debidamente valorado de bienes, si bien se expresa por la Junta, y recoge el Consejo, que se ha realizado en el año dos mil seis; esto ya lo sabemos, ya lo hemos detectado aquí; en cualquier caso, ya veremos cómo, cuando se realice la ..... año dos mil seis este inventario, señalando el Consejo ya advirtiendo en cierta manera, que solo se incluyen los bienes inmuebles y derechos patrimoniales, dejando para más tarde el resto de los bienes. Esto es lo que comunica en la propia Junta, y, por lo tanto, me imagino que, cuando el Consejo analice esto, analizará el inventario de otra manera. De todas maneras, en el año dos mil cinco sigue la tónica, ha continuado la tónica de no realizar un inventario en condiciones.

Gestiona, a nuestro juicio, mal el dinero público, es lo que he querido decir. Se han observado numerosas deficiencias en la contabilización de los valores que componen las inversiones financieras permanentes de la Administración General, dice el Consejo. El Consejo, en esta ocasión, en este informe, realiza un análisis mucho más exhaustivo de las cuentas de deudores y acreedores que en informes anteriores, detectando, en cualquier caso, que existen deudas que no se corresponden con la realidad; y siguen con la práctica de no proveer insolvencias de deudores, no se ajusta en términos generales a lo establecido en el Plan General de Contabilidad. Esto sobre estas cuentas, lo acaba de decir el Presidente del Consejo, y también es una tónica que se repite. En este caso, el análisis más exhaustivo del Consejo lleva a determinar muchas mayores irregularidades en la detección de estas cuentas.

En fin, yo indico aquí el hecho de que no coincide la ejecución del presupuesto de las Cortes con lo aprobado por la Mesa de las mismas; lo he señalado ahora, pero lo señala el informe, y lo... lo anoto como tal.

En fin, el resultado económico patrimonial del conjunto de las cuentas prevé un ahorro, en este caso, de 345 millones, que es inferior al del año anterior, que era de 763, como resultado global económico patrimonial.

Yo sigo echando -y acabo ya con mi intervención-, en esta... al igual que dije en el... en la intervención del informe de la cuenta del año anterior, del año dos mil cuatro, un informe o una relación más detallada de los reconocimientos de crédito por parte de la Junta, que se producen casi todos los años. Y yo echo en falta, un poquito, alguna indicación sobre este tema, puesto que -vuelvo a insistir- los reconocimientos de crédito son debidos casi siempre a que alguien gasta sin el presupuesto y sin autorizaciones debidas, y, por lo tanto, hay previsibles exigencias de responsabilidades en la gestión, y por lo tanto del gasto; y por tanto, yo echo en falta un poco en este informe este tema. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Gracias, señor Portavoz. Ahora, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su Portavoz, don Jesús Encabo Terry.

EL SEÑOR ENCABO TERRY:

Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días, don Pedro, así como al conjunto de los miembros integrantes del Consejo de Cuentas de Castilla y León, así como también al resto del personal que tiene esta mañana la ocasión de estar aquí presentes en esta Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León.

Quizás el pasado día veintisiete de marzo, pues, asistimos a lo que -como decía yo en mi intervención- era el epílogo de una tramitación parlamentaria de los informes del Consejo de Cuentas, y hoy, pues, iniciamos, pues, un nuevo recorrido, de acuerdo con la modificación que consensuamos el pasado año en estas Cortes de Castilla y León en relación a la modificación de la Ley del Consejo de Cuentas y, consiguientemente, su correspondiente tramitación reglamentaria.

Yo creo que, como ya hemos indicado en distintas ocasiones, pues, una de las finalidades fundamentales del Consejo de Cuentas, y tal como lo establece así su Ley, es que se consiga una mejora en la gestión económica y financiera del conjunto del sector público de Castilla y León. Yo creo que, por eso, nosotros, lo que debemos de ser es rigurosos, objetivos, y no dejarnos llevar, pues, por criterios sectarios o partidistas, que con frecuencia se oyen en estas Cortes; porque, evidentemente, yo creo que la manera más objetiva de ver si se está produciendo una mejora en la gestión económica financiera es analizar rigurosamente lo que son las recomendaciones expresadas por el Consejo de Cuentas, y si se aceptan, si se están corrigiendo esas deficiencias, en su caso esas irregularidades, para, en definitiva, obtener lo que todos los ciudadanos de Castilla y León deben de requerir de las Administraciones Públicas, deben de requerir del sector público de nuestra Comunidad Autónoma, que es, en definitiva, esa mejora en la gestión económica y financiera.

Y yo ya anticipo que el criterio del Grupo Parlamentario Popular es que se está produciendo esa mejora de una manera clara, de una manera notable, pero, evidentemente -como ha expresado usted en su exposición al final-, estamos asistiendo, pues, a la presentación de informes que todavía no pueden... evidentemente, al haberse aprobado en este caso concreto muy recientemente, no han podido ser, en su caso, rectificados en tiempo y forma por la Junta de Castilla y León. Pero sí voy, por lo tanto, a analizar cómo son las ocho recomendaciones que han sido formuladas en el Informe sobre la Cuenta General, y si la Junta de Castilla y León está en estos momentos tomando medidas para resolver esas deficiencias o esas irregularidades expresadas por usted.

Antes que nada, lo que sí me gustaría expresar es que, tal como usted señala en la página ciento setenta y dos, el Consejo de Cuentas da la opinión en relación a lo que es la Cuenta General, y dice de una manera clara que, teniendo en cuenta los parámetros de importancia relativa recogidos en el apartado 2.2 de este Informe, se puede concluir que, con carácter general, la cuenta de la Administración General de la Comunidad del ejercicio dos mil cinco se ha presentado de acuerdo con los principios y normas contables definidos en el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad, y refleja de forma fiable la actividad económica financiera de la misma, así como su situación patrimonial, salvo por la limitación referida al inmovilizado material, recogido en el apartado 2.3 de este Informe.

En definitiva, esto solamente tiene una interpretación, y no pongamos otras valoraciones que lo que es un aprobado por parte del Consejo de Cuentas a lo que es la Cuenta General de nuestra Comunidad Autónoma. Por lo tanto, primera cuestión que hay que dejar claro que no hay ninguna enmienda, ninguna salvedad de importancia dentro del Informe sobre la Cuenta General. Informes que, evidentemente, también emite sobre otras Administraciones, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, y seguramente esta mañana veremos como también el Tribunal de Cuentas, pues, pega auténticos tirones de orejas a la Administración General del Estado, cuando estamos hablando, a lo mejor, de contrataciones; pero eso lo dejaremos para más adelante, no vamos ahora a entrar en ello. Yo, desde luego, lo que sí digo que veremos las mociones que en su día, las propuestas que en su día se presenten por el Grupo Parlamentario Socialista, pero que en estos momentos, en estos momentos, nosotros no tenemos valorado presentar ningún tipo de proposición en relación a la Cuenta General.

Como decía yo al principio de mi exposición, se presentan un conjunto de ocho recomendaciones. La primera, se cuestionan las memorias presentadas, y, desde luego, nosotros hemos de señalar que nosotros estamos de acuerdo con esa recomendación expresada por el Consejo de Cuentas; y hay que señalar que se está mejorando la Memoria desde la entrada en vigor de la Ley de Hacienda, y yo creo que esta es una recomendación con matices, pero yo creo que podrá ser ya superada en las próximas Cuentas Generales en los términos en que acabo de señalar.

En el... La segunda recomendación también expresada por el Consejo de Cuentas se refiere a que se debe mejorar el sistema de información contable para que se ajuste a lo prevenido en el Plan General de... de Contabilidad Pública. Es cierto lo que señala el Consejo de Cuentas. Con el actual sistema informático, no se puede contabilizar el Grupo 0, pero este es un asunto que, desde el punto de vista de lo que es la gestión pública, está en vías de resolverse. Y sí puedo anticipar que, o bien la nueva versión podrá incorporar el Grupo 0 para resolver esta... esta deficiencia que ha sido detectada acertadamente por el Consejo de Cuentas, y que, incluso, si no se resuelve por el nuevo sistema de información contable, sí se tomará la decisión para que haya una plena identidad entre el Plan General Contable y la Cuenta General, que se modificará el Plan General Contable mediante la orden de la Consejería correspondiente, y, en definitiva, superar también esta recomendación.

También hay una tercera recomendación, que se refiere a que se desarrollen las normas reguladoras del sistema de información contable. Puedo decir que en este momento ya se está estudiando, se está elaborando por la Consejería de Hacienda el correspondiente reglamento de control interno, en desarrollo a la Ley de Hacienda; por lo cual, la futura Cuenta General, seguro, en la del año que nos ocupa, es otro asunto que quedará claramente superado.

En relación a lo que es el registro de inventario de bienes, como se ha señalado por usted, como se ha presentado también en las alegaciones por la Consejería de Hacienda, como se reconoce inclusive por el mismo Portavoz de la Oposición, ya está realizado el inventario de bienes inmuebles desde hace ya... prácticamente va para tres años la realización del inventario de bienes inmuebles. Se formalizó -si no me engaña la memoria- en el mes de julio del año dos mil seis; en estos momentos se está procediendo al inventario de bienes muebles, y se va a iniciar dicho inventario por los vehículos.

También, la recomendación de depurar y regularizar aquellos saldos de cuenta que son contrarios a su naturaleza, le puedo también señalar, don Pedro, que ya es un asunto que queda resuelto una vez que se ha tomado buena cuenta de esta recomendación emitida por ustedes.

En relación a las cuentas bancarias que son titulares de la Junta de Castilla y León, sobre esta cuestión hay que significar que, propiamente, no es un problema de celo de la Junta de Castilla y León. Es decir, como ya hemos expresado, pues, el pasado veintisiete de marzo -y yo querría reiterarlo en el día de hoy- la Tesorería afirma solemnemente la veracidad de los datos que figuran en el Informe; y que, desde luego, yo creo que el problema no es imputable tanto a la Junta de Castilla y León como a las mismas entidades financieras, que no confirman esos datos al Consejo de Cuentas. Pero en ningún caso, insisto, puede ser imputable a la Junta de Castilla y León.

Y por último, en relación a la... a la recomendación octava, que se refiere a los gastos liberados a justificar, el funcionamiento del sistema contable -señalan ustedes- debe adaptarse a la normativa del Plan General de Contabilidad. Hay que señalar que es cierto que se han detectado dos errores en... en la ejecución, y en ese sentido, pues, poderle significar que ya están resueltos los errores en los términos en que han sido puestos de manifiesto por el Consejo de Cuentas.

En definitiva, como resumen de lo que han sido estas recomendaciones, significar que, de las ocho recomendaciones, se aceptan y están en fase de subsanación cuatro -exactamente, la una, dos, tres y cuatro-. Se han resuelto las recomendaciones sexta y octava. Y respecto a lo que es la... el problema relativo a las... a lo que son las cuentas con las entidades financieras, significar -las cuentas bancarias- que es un problema de difícil resolución en el ámbito de la Junta de Castilla y León, en el ámbito de la Tesorería, y que se requiere una más puntual colaboración por parte de las entidades financieras que tienen dichas... en las que están abiertas dichas cuentas bancarias.

Sí me gustaría ya entrar, como colofón de mi intervención, y en la línea de lo que se ha expresado aquí ya esta mañana, el alto grado de ejecución del presupuesto del año dos mil cinco. Estamos hablando ni más ni menos que del 98,53%, que supone un incremento respecto al año 2004 del 0,90; es decir, se ha pasado del 97,63 al 98,53%, con elevadísimas tasas de ejecución en sanidad, que estamos hablando de un 99,93%, y en educación, de un 99,56%. Es decir, que, entre ambos presupuestos, podríamos denominar que es auténticamente de carácter ejemplar. Por eso uno no acierta a comprender cuando, con frecuencia, cuando -y eso nos tocará muy posiblemente en el próximo mes de septiembre-, desde algunos Grupos Parlamentarios se empezará a cuestionar el grado, bajo grado de ejecución presupuestario, eso es algo que, evidentemente, yo creo que no es forma de analizar un presupuesto a treinta de septiembre, porque, como vemos, como vemos -y esta es una ocasión magnífica para enfatizarlo y ponerlo de manifiesto-, llegamos a unos niveles de ejecución realmente altos, y muy distintos de lo que sucede en otras Comunidades Autónomas, de todos conocidas, y que están en la mente de todos.

En definitiva, Señorías, concluyo ya expresando nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento al Presidente del Consejo de Cuentas por la exposición que ha hecho en relación a la Cuenta General, e indicando que, por parte de este Grupo Parlamentario, no se va a presentar ninguna propuesta en relación a dicha Cuenta General. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Gracias, señor Portavoz. Para contestar a las intervenciones de los dos Grupos Parlamentarios presentes, tiene la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR MARTÍN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias señora Presidenta. Procuraré dar respuesta a alguna de las anotaciones que tengo aquí realizadas.

En relación con el formato de la cuenta, efectivamente, no hemos hecho una recomendación específica en este caso, pero el... la razón es evidente: como todos sabemos, es la última cuenta que se rendía con este formato, y, por lo tanto, lo que tenemos que recomendar, o tendríamos que recomendar, es que en la próxima rendición de cuentas, pues, veamos que ya responde a lo que dice la Ley de... la Ley de la Hacienda.

En cuanto a la falta de un análisis sobre el cumplimiento de objetivos, ese sería entrar en un tema, en un informe distinto del que realmente hemos hecho, y que se... se expone en lo que es el alcance que figura en el informe que... que hemos... que hemos realizado. El cumplimiento de objetivos tendría que hacerse respecto a un informe de eficacia o de eficiencia, que no podría en ningún caso, dada su amplitud, comprender todo lo que es una Cuenta General de la Administración de la Comunidad, sino que, en su caso, habrá que hacer... y yo estoy seguro que en el futuro se harán este tipo de informes sobre cuestiones concretas que haya dentro de cada... de cada cuenta.

La Memoria sobre los costes y rendimiento de los servicios públicos, esto... a la que no... tampoco hacemos referencia, pero no hacemos referencia porque este Presidente, que ha sido antes Interventor durante muchísimos años, siempre ha recibido del Tribunal de Cuentas en aquellos tiempos la misma indicación; pero esa indicación se viene repitiendo toda la vida, porque no ha habido una Administración que haya respondido a hacer esta Memoria sobre el coste y rendimiento de los servicios públicos. Es como un fósil que aparece en la vieja Ley de... General Presupuestaria, y hasta en la reformada. Entonces, sería, quizá, una recomendación inútil, y, en su caso, a lo mejor, exponerla nos llevaría, como dijo algún filósofo, a la melancolía.

Respecto al presupuesto de las Cortes, el presupuesto de las Cortes todos sabemos cuál... cuál es... cómo se hace el presupuesto y qué es lo que se refleja en la Cuenta General. Evidentemente el Informe no entra dentro del... no ha analizado el presupuesto o la Cuenta de las Cortes, la Cuenta General de las Cortes no la ha analizado. Lo que se analiza es la Cuenta General; y en la Cuenta General, se lleva un sistema desde el principio, un sistema de contabilización que, en principio, entendemos que no responde a la realidad de... financiera y económica de las operaciones que se hacen, puesto que cada vez que se envía una transferencia de crédito se da como ejecutada esa transferencia de crédito que se hace desde el... la sección de las Cortes en el presupuesto general. Si en vez de estar en el presupuesto de las Cortes, estuviera en un capítulo de transferencias, pues podría hacerse otro tipo de análisis.

Al final, creo que... Sí, vuelve... vuelve a referirse una vez más a que falta una relación detallada de los reconocimientos de crédito que se han realizado a lo largo del ejercicio, porque eso sería una muestra de responsabilidad o unos indicios de responsabilidad. Entiendo que el mero hecho de que haya reconocimientos de crédito en una... durante un ejercicio por la Junta, quiere decir que existe un funcionamiento acorde y... y adecuado del control interno que los ha puesto de manifiesto y ha llevado a la Junta o ha conseguido que la Junta pase por ese reconocimiento de crédito, con unas deudas que en un principio podrían no haber sido convenientemente convalidadas y que lo han sido.

Y creo que en relación con lo... las observaciones que me ha hecho Su Señoría, no queda nada en el tintero. Y en relación con las que me ha hecho el representante... Portavoz del Partido Popular, pues entiendo que no... ninguna de ellas necesita una aclaración, puesto que las aclaraciones las ha ido haciendo él, por lo que le estoy muy agradecido. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Gracias señor Presidente. Por acuerdo de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, se renuncia al turno de dúplica. Por lo tanto, damos por finalizado el debate. Y de conformidad con lo establecido en la Norma Cuarta de la Resolución de la Presidencia de Castilla y León del siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al Informe de Fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo lunes, veinte de abril.

Segundo punto, por lo tanto, del Orden del Día. Por la señora Secretaria se dará lectura al segundo punto del Orden del Día.

Informe

LA SECRETARIA (SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA):

Segundo punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe de Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial durante dos mil cinco".

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Gracias, señora Secretaria. Para la presentación de este Informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor don Pedro Martín Fernández, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR MARTÍN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señora Presidenta. Procederé brevemente a presentar esta fiscalización.

El trabajo realizado en este caso ha consistido en una auditoría de regularidad, con el objetivo de verificar el grado de ejecución de los proyectos de los Fondos de Compensación Interterritorial y su adecuada contabilización, así como verificar si la naturaleza económica de los gastos incluidos en las certificaciones base de las peticiones de fondos responden a las especificaciones exigidas por la Ley 22/2001, reguladora de estos fondos. No han existido limitaciones que hayan afectado al trabajo de fiscalización realizada.

No obstante, cabe señalar que parte de la información solicitada reiteradamente a la Comunidad se ha recibido con casi cuatro meses de retraso, una vez concluido el trabajo de campo, y estando este Informe en fase de redacción, por lo que no se han podido tener en cuenta en la elaboración del mismo.

Del resultado de los trabajos realizados se puede concluir que la dotación inicial de los Fondos de Compensación Interterritorial para la Comunidad de Castilla y León del ejercicio dos mil cinto... dos mil cinco se incrementó un 4,27% respecto del ejercicio anterior, alcanzando los 73 millones de euros, lo que supuso el 6,88 del total nacional. Los superproyectos financiados con los Fondos de Compensación Interterritorial de dicho ejercicio han sido ejecutados en su totalidad.

En opinión del Consejo, las actuaciones realizadas por los gestores de los Fondos de Compensación Interterritorial han cumplido razonablemente con la legalidad respecto a la ejecución de los proyectos en cuanto a la naturaleza de los gastos realizados. Con carácter general, la contabilización de los derechos ha sido correcta, excepto la de los derechos pendientes de cobro a treinta y uno de diciembre, con un importe de 22.439.040 euros, que deberían haber reconocido y contabilizado en el ejercicio dos mil seis, al tiempo en que se realizó la correspondiente petición de fondos al Ministerio de Economía y Hacienda, tal y como se contempla en los principios contables públicos. No se ha contabilizado separadamente la ejecución de cada superproyecto FCI, conforme preceptúa su ley, aun cuando de cada proyecto individual integrante de los superproyectos puede obtenerse a través del sistema contable el detalle de las fuentes de financiación que le afecta.

Por todo ello, el Consejo recomienda a la Junta de Castilla y León que adopte las medidas oportunas para que la contabilidad proporcione una información pormenorizada de cada proyecto incluido en el Anexo a la Sección 33 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado a nivel de superproyecto FCI. También que elabore un manual de procedimiento en el que se detallen las actuaciones de control que permitan detectar los gastos certificados contrarios a la ley, y que se establezcan mecanismos de alerta sobre el grado de ejecución de los proyectos, que favorezcan una rápida petición de los fondos y el ingreso de los mismos en la Comunidad. Nada más, señora Presidenta.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Muchas gracias, señor Presidente. Ahora abrimos un turno de intervenciones para los Grupos Parlamentarios presentes. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su Portavoz, don Pascual Fernández Suárez.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SUÁREZ:

Sí. Muy breve sobre este tema, puesto que es un tema que vie... que venimos tratando exactamente igual todos los años, a mi juicio no tiene grandes cosas tampoco que decir. Estoy de acuerdo con las recomendaciones que dice... dicta el Consejo en esta materia.

Y evidentemente tiene un... este fondo se ejecuta con un alto grado de ejecución, entre otras cosas, porque no puede ser de otra manera, por la forma y la formulación que tiene, debido a que el volumen de dinero que se asigna a este fondo en el gasto de la Comunidad es muy inferior al que se define en los grandes subproyectos a los cuales... en los cuales se acopla el fondo, el fondo se acopla a un gasto predeterminado de la Comunidad en su conjunto, pues evidentemente el grado de ejecución siempre es elevado, como además los proyectos concretos que se financian con este fondo se van... se van eligiendo definitivamente al final del proceso de ejecución, pues evidentemente se ejecuta no al cien por cien, más del cien por cien, puesto que esos subproyectos tienen, digo, mu... una cantidad de gasto muy superior a la que se asigna a este fondo. Por lo tanto, yo no tengo mucha... nada más que decir en esto.

Sí me choca que por primera vez en este fondo, bueno, aparte de que en este caso los subproyectos, o los subprogramas, o subgrandes grupos de proyectos que van, en este caso son cuatro en vez de tres como otras veces, porque se divide uno en el caso de Infraestructuras de Transporte -Infraestructuras Ferroviarias y Aeroportuarias, que antes iban en un único subprograma, ahora son dos distintos-, pero al margen de esas novedades que no tienen mayor trascendencia, sí me choca un aspecto, y es que en este Informe vemos un poco la distribución del fondo por provincias. La verdad que tampoco tiene... yo creo que, si analizamos el fondo por provincias cada año, no tiene un baremo, algo que... que pueda decir que un fondo que es... está destinado a la cohesión territorial, a los desequilibrios territoriales, desde luego, en su aplicación interna dentro de la Comunidad Autónoma no responde a ningún parámetro de estos, puesto que en la ejecución de este año, por ejemplo, aparece Burgos con un 22%, siendo una de las provincias de mayor, digamos, nivel económico dentro de la Comunidad, aparece como la más destacada en cuanto a proyectos que se financian por este fondo; pero yo estoy seguro que si cogemos el del año anterior o el del año siguiente, igual esto cambia radicalmente, puesto que no obedece a ningún criterio de su distribución, digamos, del tema. Pero, bueno, es una anécdota, simplemente que lo pongo ahí.

Por tanto, no tengo nada más que decir. Simplemente, aceptamos las recomendaciones, nos parece lógico, natural, y esperemos que la Junta lo siga. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Gracias, señor Portavoz, don Pascual Fernández. Ahora damos la palabra al Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Jesús Encabo Terry.

EL SEÑOR ENCABO TERRY:

Gracias, Presidenta. También muy brevemente, pues, para hacer una serie de consideraciones o reflexiones en relación a... a la cuenta del Fondo de Compensación Interterritorial. Pues significar, tal como ha indicado usted en su intervención, pues que se ha ejecutado una vez más el 100%. Y yo creo que esa es la primera reflexión que debemos de hacer; es decir, se trata de un fondo que el año pasado estaba dotado con algo más de 73 millones de euros, que supuso un incremento respecto al año dos mil cuatro del 4,27%, y se ha conseguido, pues, una vez más esa ejecución del 100%.

Ustedes hacen esa observación, esa recomendación, entendiendo que se deberían adoptar las medidas necesarias para que la contabilidad que refleja la ejecución de los proyectos financiados con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial proporciona una información pormenorizada de cada proyecto incluido en al Anexo de la Sección 33 de los Presupuestos.

Yo creo que, tal como ya indicaba el pasado veintisiete de marzo, cada uno de los proyectos va imputado a los tres o cuatro superproyectos que componen el Fondo de Compensación Interterritorial. Esto es lo que permite -y yo creo que eso está dando buenos resultados-, pues, una auténtica maniobrabilidad. Y hay que también enfatizar que siempre todos los gastos que se han efectuados son elegibles a lo largo de estos años, y que tiene una mecánica muy similar en su elaboración, en su tratamiento a lo que son los fondos europeos cuando, incluso, se ha llegado a permitir certificación por encima de lo asignado.

Es cierto que hasta el año dos mil uno había una partida separada para el Fondo de Compensación Interterritorial -si no recuerdo mal, creo que era hasta el año dos mil uno-, pero nosotros entendemos que, tal como se pone de manifiesto en su Informe, que se cumple razonablemente la legalidad respecto a la ejecución de los proyectos FCI en el ejercicio dos mil cinco, y que está dando unos muy buenos resultados en cuanto a ejecución, y que en esa medida nosotros consideramos un... un tema menor las observaciones, las recomendaciones que se efectúen. Y hay -¿por qué no decirlo?-, pues, pues un cierto temor que eso pudiese dificultar, posiblemente, la tramitación o la ejecución del Fondo de Compensación Interterritorial. Y, en ese sentido, pues, quizás, el criterio de la Junta de Castilla y León, y habida cuenta que hay una sección -y eso me gustaría insistir aquí, formalmente, ante esta Comisión de Hacienda-, que hay una sección específica dentro de la Consejería de Hacienda que se encarga con carácter exclusivo de llevar la contabilidad y el control de todos los proyectos imputables al Fondo de Compensación Interterritorial. Por eso, entendemos que el rigor con el que se lleva por parte de la Consejería de Hacienda es auténticamente ejemplar.

Por lo tanto, tampoco querría dejar de hacer la consideración de que no se piensa presentar ninguna proposición en relación al Informe correspondiente al Fondo de Compensación Interterritorial. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Gracias, señor Portavoz. Para contestar a las distintas intervenciones de los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR MARTÍN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señora Presidenta. A la vista de las intervenciones habidas, creo que no es preciso mi intervención.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Muchas gracias, señor Presidente. Habiendo comunicado también a esta Mesa la renuncia al turno de réplica y dúplica, damos por concluido el debate. Y de conformidad con lo establecido en la Norma Cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León del siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al Informe de Fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará, asimismo, el próximo lunes, día veinte de abril.

Por lo tanto, pasamos al tercer y último punto del Orden del Día, y por la señora Secretaria se dará lectura del mismo.

Informe

LA SECRETARIA (SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA):

Tercer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe de Fiscalización de la contratación, ámbito Comunidad Autónoma, ejercicio 2004".

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Gracias, señora Secretaria, doña María Mar González Pereda. Para la presentación de este informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor don Pedro Martín Fernández, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR MARTÍN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señora Presidenta. Vamos a entrar, entonces... exponer el Informe de Fiscalización de la contratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma en el ejercicio dos mil cuatro.

La actuación llevada a cabo en este caso es una auditoria de regularidad con el objetivo de comprobar la observancia de las prescripciones que rigen la contratación administrativa tanto en el ámbito de la Administración General como en el de la Institucional. Sin embargo, se han excluido del análisis... se ha excluido el análisis de la contratación de las Consejerías de Fomento, Medio Ambiente y Educación, y el organismo autónomo Gerencia Regional de Salud, dado que, sobre estos, el Consejo ya ha realizado fiscalizaciones específicas referidas al mismo ámbito temporal y material.

El trabajo realizado ha permitido determinar que el total de contratos adjudicados por la Comunidad en este año dos mil cuatro fue de ochocientos ochenta, por un importe total de 131 millones de euros.

Distinguiendo por tipos de contrato, un 44,15% corresponden a obras, un 21,15% a suministros, un 5,29% a consultoría y asistencia, un 22,45% a servicios y un 6,97% a contratos administrativos especiales. En cuanto a su forma de adjudicación, un 4,95% lo fueron por subasta, un 79,01% por concurso y un 16,04% por procedimiento negociado.

De todos ellos, se seleccionó, en función de las áreas de riesgo, una muestra aleatoria de quinientos cuatro contratos.

En particular, los trabajos realizados han consistido en la revisión de las fases de preparación, adjudicación, ejecución, modificación, concesión de prórrogas y extinción de los contratos. Además, en el procedimiento abierto, el alcance se ha extendido a comprobar el cumplimiento de los principios de la contratación pública, y, en el procedimiento negociado, a verificar su adecuada utilización.

Asimismo, se analizó si en la contratación de los gastos promocionales existía fraccionamiento, si los contratos administrativos especiales han sido adecuadamente clasificados, si en la tramitación de urgencia se respetaron los plazos y los motivos establecidos legalmente y si en los convenios suscritos se ha aplicado correctamente el artículo 3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Al mismo tiempo, se ha revisado el cumplimiento, por parte de la Comunidad Autónoma, de la comunicación al Registro Público de Contratos de Castilla y León de los contratos adjudicados, y se ha comprobado el funcionamiento de los mecanismos de control interno establecidos.

Antes de entrar en la exposición de las principales conclusiones de este Informe, me parece conveniente señalar que, enviado a la Junta el informe provisional para la formulación de alegaciones, estas se han recibido de cada uno de los órganos de contratación afectados, conjuntamente, observándose que una misma cuestión ha sido objeto de diversas interpretaciones y criterios de aplicación de las normas según el centro directivo del que procedieran; lo que, en principio, evidencia una falta de coordinación dentro de la misma Administración.

La opinión del Consejo es que la Administración de la Comunidad cumple la legalidad que le es aplicable a la actividad contractual desarrollada, salvo por los incumplimientos que a continuación se van a exponer. En la realización de los trabajos de esta fiscalización, no han existido limitaciones a su alcance.

Comenzando por el grado de cumplimiento de la obligación de comunicar los contratos al Registro Público de Contratos de Castilla y León, el Consejo ha comprobado que esta se ha incumplido en contratos cuyo importe representa algo más del 5% del total adjudicado en dos mil cuatro. En las Consejerías de Hacienda, Familia e Igualdad de Oportunidades, Economía y Empleo, y Sanidad, los incumplimientos representan más del 10% de su contratación adjudicada en dicho ejercicio, mientras por el Ente Regional de la Energía no se ha comunicado ningún contrato.

La información aportada por este Registro presenta errores e inconsistencias respecto a la fecha de la contratación, a los contratos modificados, a la concesión de prórrogas y a la forma de adjudicación. Analizado el sistema de control interno, se ha verificado que la ausencia de vinculación entre la información que ofrece el Registro Público de Contratos y la del sistema contable origina una falta de eficacia del sistema en el seguimiento de la ejecución de los contratos.

Respecto a la revisión de los contratos tramitados por el procedimiento abierto, en el Informe se ha constatado que, frecuentemente, los pliegos de cláusulas administrativas particulares no establecen métodos de reparto de la ponderación atribuida a algunos criterios de adjudicación. Asimismo, el método utilizado en la valoración de la oferta económica da lugar a que, en algunos casos, no se dé la mejor puntuación a la oferta más baja. Además, en ocasiones los pliegos incluyen, como criterio para valorar las ofertas, la prestación de un servicio cuya realización efectiva queda al arbitrio de la Administración contratante; e incorpora como criterios de adjudicación aspectos que, en su caso, debieron requerirse como acreditativos de la solvencia técnica de los licitadores.

Por otra parte, el Consejo ha comprobado que, con frecuencia, el informe de valoración, al evaluar las ofertas respecto a un determinado criterio de adjudicación, no puntúa a la mejor oferta con la máxima puntuación establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares, por lo que el reparto de puntos reales no coincide con lo señalado en el pliego.

Otros incumplimientos puestos de manifiesto en el Informe con relación a este procedimiento de contratación han sido que la resolución de adjudicación no incorpora los criterios de adjudicación que se han tenido en cuenta; y, concretamente, en las Consejerías de Agricultura y Ganadería, y de Cultura y Turismo y en el Instituto Tecnológico Agrario, no se realiza la retención de crédito suplementaria del 10% del importe de la adjudicación en el momento de la formalización del contrato, como establece la normativa vigente.

Continuando con la revisión del procedimiento abierto, el Informe indica que el pago por la inserción de los anuncios de licitación en el Boletín Oficial de Castilla y León se realiza directamente por el adjudicatario, incumpliéndose el Decreto que regula la organización y funcionamiento de aquel, según el cual su importe debe satisfacerse por la Administración contratante y, posteriormente, reintegrarse por el adjudicatario. Además, el reembolso de los gastos de publicidad por el adjudicatario a una empresa de publicidad evidencia una contratación verbal entre la Administración y la agencia de publicidad, lo que infringe lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Por otro lado, en algunos expedientes de contratación de la Consejería de Agricultura y Ganadería y del Instituto Tecnológico Agrario, se ha excluido a empresas incursas en temeridad, sin respetar el procedimiento previsto en la Ley de Contratos.

Pasando al examen de la contratación realizada mediante el procedimiento negociado, el Consejo ha comprobado que, en contratos que suponen el 85% del importe de los fiscalizados, no se ha justificado adecuadamente su elección. En la mayoría de los casos, se argumentaron razones de exclusividad, pero no quedó suficientemente acreditado que el adjudicatario fuera el único que pudiera realizar la prestación. También se ha puesto de manifiesto que los gastos promocionales aparecen fraccionados en múltiples contratos, para cuya adjudicación se ha utilizado, en unos casos, el procedimiento negociado y, en otros, la figura del contrato menor.

Por lo que se refiere a los contratos administrativos especiales, en algo más de la mitad de los adjudicados en el ejercicio la calificación ha sido errónea, puesto que las distintas prestaciones que se recogen en el pliego de prescripciones técnicas son prestaciones propias de otro tipo de contratos.

Con carácter general, la tramitación de la modificación de los contratos se ha realizado sin que exista formalización por escrito de la misma; y la concesión de las prórrogas fiscalizadas, sin la adecuada justificación de la existencia de razones no imputables al contratista.

En cuanto a la tramitación de urgencia, el Consejo no considera adecuadamente motivada la declaración de urgencia en expedientes cuyo importe representa el 74% del importe fiscalizado.

Respecto a los convenios suscritos con los distintos órganos de la Comunidad, casi el 20% de los fiscalizados tienen un objeto que se enmarca dentro del ámbito de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que deberían haberse tramitado conforme a esta Ley.

Para finalizar el Informe, el Consejo, además de señalar que se corrijan las incidencias detectadas en la fiscalización para que la actuación de la Administración de la Comunidad se ajuste a la normativa vigente, recomienda que se fomente la coordinación en materia de coordina... de contratación para evitar la aplicación de criterios distintos según el órgano de contratación; igualmente, que se enlace adecuadamente la información contable con la generada por el Registro Público de Contratos, lo que mejoraría el control sobre la contratación.

Y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Muchas gracias, señor Presidente. Se abre ahora un turno para los distintos Grupos Parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su Portavoz, don Pascual Fernández Suárez.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ SUÁREZ:

Muchas gracias, señora Presidenta. Bien, respecto a la contratación de la Junta del año dos mil cuatro, pues hay que empezar diciendo, en primer lugar, que, bueno, no es una fiscalización, digamos, absolutamente sobre todo -es imposible que un Consejo aborde absolutamente toda la contratación y los sistemas de contratación de la Junta-, pero acota el tema a cinco objetivos generales en la fiscalización, lo acota a siete Consejerías, a dos organismos autónomos y a tres entes públicos de derecho privado.

Yendo por los objetivos que se plantea, el primer objetivo que se plantea el Consejo es comprobar las obligaciones de comunicación de los contratos. Y aquí ya ha señalado el Presidente, correctamente, que, por cuantía, en un cinco y pico por ciento de los contratos, no se comunican al Consejo; concretamente, son treinta y ocho casos de contratos no comunicados.

Por otro lado, hay contratos que se comunican que no pertenecen al año dos mil cuatro, y en este caso el importe es mucho más elevado, porque afecta al 35% del importe total. En fin, esto para mí tiene... es la comprobación pura y dura de esto, y no tiene mayor trascendencia, desde mi punto de vista.

El segundo objetivo es analizar la atribución de competencias de los órganos de contratación. Y parece -o yo deduzco de este Informe, si no... si lo he podido leer bien- que este punto ya ha sido corregido respecto a informes anteriores. Creo haber entendido esto, y, por lo tanto, tampoco hay mucho más que decir.

El tercer objetivo, control interno del gasto. El Consejo observa los mismos incumplimientos de fiscalización previa que... dicho Informe del año dos mil tres, aunque apunta aquí que parece que da por corregido en adelante este tema, o será satisfecho por las normas dictadas posteriormente por la Consejería de Hacienda sobre control de la disposición del gasto. Por lo tanto, tampoco este tercer objetivo tiene para mí mayor importancia.

El cuarto objetivo -para mí este sí es importante- es verificar la efectiva aplicación de los principios de la contratación pública: igualdad, no discriminación, publicidad y concurrencia; en definitiva, la observancia del artículo 11 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Bien, se detecta aquí lo mismo que es habitual ya, que el concurso prima –y, a mi juicio, abusivamente- sobre la subasta -y es tradicional-. El Consejo analiza los diferentes procedimientos de contratación, abierto, negociado, gastos promocionales, contratos especiales, los modificados, las prórrogas y los tramitados por urgencia; es decir, el alcance de su... del análisis se refiere a estos procedimientos de contratación.

Yo, de ello, destacaría lo siguiente. En el procedimiento abierto. Las conclusiones en este apartado son tan contundentes, a mi juicio, como en informes anteriores: no se respetan los principios de la contratación con carácter general; hay treinta y tres objeciones generales a los procedimientos de selección. Dice el Consejo textualmente que "En la totalidad de los contratos adjudicados por concurso, los pliegos de cláusulas administrativas particulares no establecen métodos de reparto de la ponderación atribuida a los criterios que ha de servir de base a la adjudicación, lo que podría afectar a los principios de publicidad y transparencia"; esto es textual. "La ausencia de métodos de valoración de las ofertas y los pliegos, y su posterior definición por los informes técnicos, con el establecimiento de sus criterios, en muchos casos, que no aparecen en los pliegos es una práctica contraria al derecho"; no cumple lo establecido, por supuesto, en el artículo 11 del Texto Refundido a que me refería antes. "Los métodos de reparto de las puntuaciones provocan puntuaciones iguales en ofertas distintas, debido al establecimiento de tramos o topes en la valoración", va contra el principio de igualdad de trato. "Se excluyen, a partir de un umbral, ofertas, infringiendo la regulación sobre las bajes... las bajas temerarias", tal como se dispone en la Ley de Contrataciones. "Se utilizan con cri... como criterios de adjudicación en muchas ocasiones lo que son criterios de selección"; por ejemplo, se dan puntuaciones por la solvencia técnica, cuando debían ser criterios de selección y no criterios de su adjudicación. "La asunción -y esto es repetitivo, porque es de todos los años; no sé si algún día, algún año, lo corregirán-, la asunción de los gastos de publicidad de la licitación por el adjudicatario se realiza con infracción total y absoluta de la legislación vigente en materia de contratación, puesto que es un servicio, prestado por una agencia, que se hace a las Consejerías, y no puede ser abonado por un tercero". Esto lo dice el Consejo así.

En definitiva, en base a estas cuestiones, los procedimientos de concurso y los procedimientos abiertos, la conclusión que yo saco es que los informes de valoración que proponen las adjudicaciones son susceptibles de ponderaciones y puntuaciones que no coinciden con los principios establecidos en los pliegos; y uno tiene que creer, por supuesto, en la honradez personal de los que valoran las ofertas, y no tanto en el ajuste a las condiciones que se establecen en los pliegos. Esto puede producir trato desigual a las empresas. No digo que lo hagan, digo que es susceptible de que esto se pueda producir, por los métodos de valoración.

En el procedimiento negociado... En fin, este es un tema que yo he reflejado muchísimas veces aquí y, desde luego, aquí es bastante contundente las afirmaciones del Consejo, y aparte de que a mí no me resulta de ninguna novedad. De los cientos sesenta y cinco expedientes negociados analizados por el Consejo, ciento cinco incumplen la restricción de la publicidad y concurrencia que exige la Ley. Esto afecta a todas las campañas institucionales y publicitarias que realiza la Junta... que realiza la Junta, en todos los casos, por el mismo procedimiento.

Todos los contratos negociados como gastos promocionales, yo detecto que son absolutamente irregulares. En gastos promocionales, además de que vulneran los principios de publicidad y concurrencia, se observa un fraccionamiento sistemático de contratos, llegando el caso máximo a ciento veintitrés en Presidencia; y también, generalmente, por considerar que existe un proveedor sin que se acredite tal circunstancia en el expediente. A mi juicio, son totalmente irregulares; por lo tanto, aquí no detecta nada que yo particularmente no... en principio, no supiera.

Yo creo que estos contratos deben ser revisados en su totalidad en cuanto a los procedimientos que utiliza la Junta. Los gastos promocionales, los gastos de publicidad, los gastos de campañas institucionales, en general, a mi juicio, por lo que se detecta en este Informe y por lo que sabemos de informes también anteriores, son absolutamente irregulares.

Contratos administrativos especiales. Es errónea la calificación como tal en dieciocho de los treinta y cinco contratos señalados. Si es errónea la calificación como tal, está ya mal todo el resto del procedimiento; en dieciocho de los treinta y cinco contratos señalados.

Respecto al quinto objetivo, análisis de los convenios realizados, se analizan una serie de convenios realizados. El 11,5% de los convenios tienen contraprestaciones económicas y, por lo tanto, se deberían haber sacado a licitación, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia. En este caso, hay adquisición, por ejemplo, de derechos de divulgación de trabajos estadísticos, hay asesoramiento sobre desarrollo de normas a cambio de una remuneración; y convenios con diversas entidades sociales, fundamentalmente, muchas de ellas, a los que se... conviene con ellas alguna prestación de algún servicio remunerado.

Existen convenios que han infringido los principios de... básicos, básicos de publicidad, transparencia y concurrencia. Vamos, contratos, convenios también a dedo. Muchas gracias. Esto es lo que tenía que decir sobre este tema. Por supuesto, presentaremos alguna propuesta de resolución respecto a estos temas.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Muchas gracias, señor Portavoz. Ahora tiene el turno el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Jesús Encabo Terry.

EL SEÑOR ENCABO TERRY:

Sí, gracias, Presidenta. Sí, vamos a... también a analizar lo que es el Informe del Consejo de Cuentas en relación a la contratación administrativa del año dos mil cuatro.

Y lo primero que a uno se le viene a la mente a la hora de analizar, pues, todas estas cuestiones, y, sobre todo, después de oír a quien me ha precedido en el uso de la palabra, es aquel refrán que dice, el adagio castellano, "consejos vendo que para mí no tengo", porque es curioso como desde el Grupo Parlamentario Socialista se analiza de una manera sesgada lo que es el informe de la contratación administrativa, cuando la conclusión también es favorable, en materia de legalidad a lo que es la contratación administrativa del año dos mil cuatro.

Yo creo que -como he dicho al principio de mi intervención, cuando estábamos hablando de lo que era la Cuenta General- lo importante y lo significativo es ver si se está produciendo, pues, una rectificación, una subsanación de los aspectos que hayan sido detectados por el Consejo de Cuentas, en este caso concreto, en materia de contratación administrativa; y hacer las reflexiones correspondientes si, en este caso concreto, la Consejería de Hacienda ha tomado medidas, ha tomado decisiones para resolver aquellas cuestiones que deban de ser subsanadas.

Lo primero que quiero enfatizar es, cuando estamos hablando del sistema COAD, es decir, la aplicación informática para la gestión del Registro de Contratos de la Administración de Castilla y León, hay que significar que se implantó en el año dos mil cuatro, y eso viene a justificar el hecho de que muchas Consejerías, y, en particular, la Empresa Regional de la Energía, pues, no hubiese cumplimentado en los términos en que se estableció a partir del año dos mil cuatro; pero no es menos cierto que hubo la comunicación convencional, aunque haya habido disparidad de interpretaciones entre el Consejo de Cuentas y los organismos en cuanto a la firma o no firma de las certificaciones correspondientes. Pero sí me gustaría enfatizar que ese Registro de Contratos se ha cumplimentado en la medida de lo posible por las Administraciones, y que el año dos mil cuatro es cuando se puso en marcha el sistema COAD.

También me gustaría incidir en materia de lo que es el procedimiento de contratación de que ya se ha tomado la determinación de eliminar las puntuaciones al tipo; es decir, eso es algo que, evidentemente, se ha detectado como una irregularidad, y se ha tomado ya la decisión de suprimir las puntuaciones al tipo. También hay que señalar que se han eliminado, también, la puntuación a la solvencia; y eso es algo que también sería conveniente dejar aquí constancia de esa decisión. Y que, por ejemplo, también se han modificado los criterios de valoración, para que no coincidan los criterios de valoración para el conjunto de las obras y se ha estimado esa modificación según se trate, por ejemplo, de obras referentes a la ejecución de depuradoras, o cuando estamos hablando de edificios o de ejecuciones viarias.

Me voy a hacer, también, una especial incidencia o reflexión en lo que se refiere a los convenios. Es cierto que el artículo 3.1.c) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, su Texto Refundido, establece que, si la parte con la que se establece el convenio es de naturaleza pública, queda excluida de la aplicación de la Ley. Así, en su contrario, pues cuando no estemos en presencia de una de las partes que sea de naturaleza pública, se aplica directamente la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Pero -y hábilmente, y aquí se ha silenciado por el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- ¿quiénes son las partes con las que se ha convenido? Y cuando yo, a ustedes, pues, les dé lectura, no voy a hacer una declaración exhaustiva de todos con los que se ha convenido, pero aquí todos coincidiremos que el ánimo de la Administración ha sido mejorar la gestión pública, y no ha habido en ningún caso una intención de eludir el cumplimiento legal.

Porque, miren, por ejemplo, se ha hecho convenios con la Asociación de Salvamento y Rescate, en materia de protección civil; con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en materia de Hacienda; con la Entidad Financiera para el descuento de certificaciones, para facilitar a los contratistas el cobro de certificaciones; por ejemplo, con el Colegio de Ingenieros de Agrónomos de Castilla y León, en materia de agricultura; con el Laboratorio Interprofesional Lácteo, pues para cuestiones muy concretas en materia de productos lácteos; con el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León; con el Comité de Ciudadano Antisida de Zamora. Por ejemplo, en materia de Sanidad, con la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca, con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León.

En definitiva, Señorías, cuando estamos hablando de convenios, yo estoy totalmente de acuerdo con lo expresado aquí por el Presidente del Consejo de Cuentas de que es de aplicación el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y se va a intentar -en la medida de lo posible, evidentemente- cumplir lo que... lo que marca este Texto Refundido. Pero quiero señalar y enfatizar que aquí no ha habido, en ninguno de los convenios que acabo de señalar, y en los otros muchos que he silenciado, pero que siempre el destinatario son los mismos; estamos hablando que son entidades o colegios profesionales que, evidentemente, nunca van buscando un afán de lucro. ¿Que, evidentemente, puede haber una contraprestación económica? Por supuesto que sí. Que ya decíamos, el pasado veintisiete de marzo, cuando estábamos analizando también situaciones similares en materia de convenios, que ya se había tomado la decisión, por ejemplo, por la Consejería de Sanidad para sustituir los convenios por contratos, y, evidentemente, dar... dar un matiz diferente en esas contrataciones, dando una mayor puntuación a aquellas entidades como... se trata las que acabo de mencionar, para que pudieran ser, en su caso, ser adjudicatarias.

Y yo comparto la valoración jurídica de los argumentos, pero también hay una valoración que no puede en estos momentos soslayarse, cuando estamos hablando de entidades que, evidentemente, no van buscando el ánimo de lucro. Yo creo que ninguno de los aquí presentes pensarán que, por ejemplo, el Comité de Ciudadanos Antisida de Zamora tiene un afán de lucro; evidentemente no. Bueno, pues eso es algo que sí creo que es conveniente significarle.

También es curioso, porque aquí hay, de una manera machacona a veces se oye, pues, por algún... de algún Portavoz de la Oposición su reprobación a la contratación mediante concurso. Mire, la contratación mediante concurso, como establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es una más de las contrataciones; y que, como señala la misma Ley de Contratos, ha quedado delimitada por la propia Ley, y que incluso, cuando estamos hablando de garantizar el interés general, no es aplicable como norma general la subasta a los contratos de gestión de servicios públicos en los contratos de suministro, de consultoría y de... y de asistencia. Y eso es algo que siempre hay que tener muy en cuenta. Y, por lo tanto, sorprende cuando vemos, pues, como el mismo Tribunal de Cuentas, recientemente, pues hemos conocido como ha puesto de manifiesto que una contratación hecha por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en particular, las distintas contrataciones de edificaciones y, muy en especial, lo que ha sido el Centro de Alzheimer de Salamanca, se ha contratado por concurso, y da una seria reprimenda al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, porque critica cómo han sido los criterios de contratación en materia de concurso, y dice que la tramitación urgente tampoco ha quedado justificada cuando se ha ejecutado con un gran retraso; como se hizo el milagro en tres días, entre el veintiocho y el treinta y uno de diciembre, de cumplimentar diez trámites de actuaciones materiales; o como, cuando estaba la obra, a finales del año dos mil seis, ya en ejecución, se certificaron acopios de materiales por el 37% de la obra, cuando tan solamente había sido ejecutado el 23%. En definitiva, si me permiten la expresión castellana, "en todos los lugares cuecen habas", pero si es en el Gobierno de España "a caldeiradas".

Y con eso, es algo que sería conveniente ponerlo muy de manifiesto. Yo creo que en estos momentos la Junta de Castilla y León ha tomado importantes medidas para mejorar la contratación administrativa, como hemos tenido ocasión de ver, pues, muy recientemente.

Miren, el pasado veinticinco de marzo, ya, como ustedes conocerán perfectamente, se publicó por el Boletín Oficial de Castilla y León unos cuantos aspectos -que yo creo que es necesario remarcar- para mejorar la contratación administrativa en nuestra Comunidad Autónoma. Se establece -como sabrán todos ustedes- que la Secretaría General de Hacienda adoptará las medidas oportunas para desarrollar un nuevo sistema de información para la gestión de la contratación administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Se establece, y con vistas a subsanar esa coordinación que usted ha puesto de manifiesto, don Pedro Martín, la colaboración de todos los órganos de contratación de la Junta de Castilla y León. También se manifiesta de que el nuevo sistema de contratación será obligatorio para toda la Administración de Castilla y León, excepto la Gerencia Regional de Salud. Pero aquí hay que hacer una reconsideración, es decir, no quiere decir que la Gerencia Regional de Salud vaya a ir por libre, sino que va a tener un sistema específico de contratación, y que, por supuesto, va a participar de los mismos criterios que se van a aplicar con carácter general al conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma. También se establece en dicho acuerdo de que la definición funcional del sistema corresponderá a la Consejería de Hacienda, y que se utilizará la infraestructura corporativa de la Administración electrónica.

Pero esto no ha quedado en papel mojado, porque si tenemos en cuenta que ya ha salido a contratación en el BOCyL 67, de ocho de abril, la contratación para el servicio de desarrollo e implantación de un sistema integral para la gestión de la contratación pública de la Administración de Castilla y León, cuyo importe asciende a 6 millones y medio de euros, como habrán tenido ocasión de ver, y su plazo de ejecución de treinta y seis meses.

En definitiva, con ello, Señorías, lo que quiero remachar y poner en valor es que, en estos instantes, la Junta de Castilla y León se ha tomado muy en serio lo que es la mejora de la contratación administrativa, que ha adoptado los acuerdos oportunos para que esa modernización y esa informatización de la contratación administrativa sea una realidad a partir, inclusive, de este año dos mil nueve; y que se vayan recogiendo los frutos -como se ha puesto de manifiesto recientemente por la misma Consejería de Hacienda- ya en el próximo año dos mil diez.

Con lo cual, yo creo que, en buena parte de las recomendaciones que se ponen de manifiesto por parte del Presidente del Consejo de Cuentas, pues, son asumidas y rectificadas muy de inmediato por la Junta de Castilla y León, y muy en particular por la Consejería de Hacienda.

En definitiva, Señorías, ya concluyo mi intervención, para expresar que por parte de este Grupo Parlamentario no se va a presentar ninguna propuesta en relación al informe relativo a la contratación del año dos mil cuatro. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Gracias, señor Portavoz. Para contestar a las intervenciones de los dos Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR MARTÍN FERNÁNDEZ):

Gracias, señora Presidenta. Estimo que, igual que en el caso anterior, las intervenciones de los Portavoces no necesitan ninguna aclaración -que es lo que correspondería hacer en este momento al Presidente-, salvo el hecho de que si los informes se han entendido, eso es una satisfacción para el Consejo de Cuentas, porque lo que resulta muchas veces más complicado es precisamente expresar cuestiones técnicas con palabras entendibles. Sé que siempre no es posible, pero si Sus Señorías no han planteado ninguna duda especial, pues debo reconocer y agradecer a los funcionarios que realizan estos informes y a las Consejeros que los dirigen su trabajo, que creo que ha sido bien realizado. Muchas gracias, señora Presidenta.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Gracias, señor Presidente. También en este tercer punto del Orden del Día se renuncia al turno de rúplica... de... perdón, de réplica por parte de los dos Grupos Parlamentarios. Por lo tanto, damos por concluido este debate.

Y finalizado tal debate, de conformidad con lo establecido en la Norma Cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León del 7 de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de esta Comisión propuestas de resolución relativas al Informe de Fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo lunes, día veinte de abril.

Por lo tanto, hemos concluido el Orden del Día de esta Comisión. Y agradecemos otra vez, de nuevo, la presencia del Presidente del Consejo de Cuentas, así como sus Consejeros y personal que le acompaña.

Damos, por lo tanto, concluida esta Comisión, y se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas quince minutos].