DS(C) nº 350/7 del 19/5/2009

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Buenos días. Se abre la sesión de esta Comisión de Hacienda, hoy, diecinueve de mayo. Antes de abrirla, quisiera desear de parte de toda esta Comisión de Hacienda la pronta recuperación del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pascual Fernández, que tiene problemas de salud en este momento. Antes de dar la palabra al señor... al Excelentísimo señor don Pedro Martín, quiero preguntar a los Grupos Parlamentarios si tienen alguna sustitución que comunicar a esta Mesa ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista?

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Sí, Presidenta. Muchas gracias. Señorías, buenos días. En mi caso, yo misma sustituyo a Pascual Fernández, y Pedro Nieto Bello a Manuel Fuentes.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Gracias, señora Portavoz. ¿Por el Grupo Parlamentario Popular?

EL SEÑOR ENCABO TERRY:

Sí. Gracias, Presidenta. Don Juan Dúo Torrado sustituye a don Óscar Reguera Acevedo.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Gracias, señor Portavoz. Ahora sí, doy otra vez la bienvenida a esta Comisión a don Pedro Martín Fernández, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, y a todo el equipo de Consejeros y personal que nos acompaña en el día de hoy, dándoles las gracias por su comparecencia, de antemano. Y comparece para presentar diversos informes de fiscalización remitidos a estas Cortes por el Consejo de Cuentas. La tramitación de los mismos se desarrollará como lo hemos hecho la anterior vez, de conformidad con lo previsto en la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León del siete de abril del dos mil nueve.

Informe

Primer punto del Orden del Día "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe Anual del Sector Público Local de Castilla y León en el ejercicio 2005".

Para la presentación de este Informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor don Pedro Martín. Tiene la palabra.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR MARTÍN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señora Presidenta. Pues, de acuerdo con el Orden del Día, voy a empezar por presentar a esta Comisión el Informe Anual del Sector Público Local de Castilla y León correspondiente al ejercicio 2005.

Este Informe se emite con la finalidad de dar cumplimiento a los preceptos de la Ley 2/2002, que es la reguladora del Consejo de Cuentas, y del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que contempla, dentro del contenido de la función fiscalizadora del Consejo, el examen y comprobación de las cuentas de las entidades locales. En el Informe se ha verificado el grado de cumplimiento de la obligación legal de rendir la Cuenta General del ejercicio 2005 por parte de cada una de las entidades locales de Castilla y León, comprobando al mismo tiempo la observancia de las normas que regulan su estructura, su contenido y las circunstancias de su aprobación, así como la coherencia interna de los distintos estados contables que la integran. Asimismo, se ha realizado un amplio y completo análisis de la situación económico-financiera del sector público local de Castilla y León.

Al finalizar el año dos mil cinco, nuestro sector público local estaba integrado por cuatro mil setecientas treinta y ocho entidades locales, ciento dieciséis entes instrumentales dependientes de las mismas y cincuenta y seis consorcios, que, atendiendo a la estructura decidida en la Ley de Régimen Local de Castilla y León, se pueden desglosar en nueve Diputaciones Provinciales, dos mil doscientos cuarenta y ocho Ayuntamientos, dos mil doscientas veinticuatro entidades locales menores, un Consejo Comarcal, doscientas cincuenta y seis mancomunidades, sesenta y un organismos autónomos, cincuenta y cuatro sociedades mercantiles y una entidad pública empresarial. Estos datos ponen de manifiesto el elevado número de entidades locales existentes en la Comunidad, que representa más del 35% del total nacional, y, por el contrario, la relativamente baja presencia de la Administración Institucional.

Como consecuencia, el análisis realizado por el Consejo se ha centrado en las cuentas rendidas por todas las Diputaciones Provinciales, por el Consejo Comarcal del Bierzo, por los Ayuntamientos mayores de dos mil habitantes, las mancomunidades y por una muestra aleatoria de ciento cuarenta y un Ayuntamientos con población inferior a la indicada. En total, se han examinado las cuentas de trescientas entidades locales y de sesenta y tres organismos autónomos y sociedades mercantiles dependientes de estas.

Aunque el plazo de rendición de las cuentas del ejercicio 2005 terminó el día treinta y uno de octubre de dos mil seis, el análisis del grado de cumplimiento se ha extendido a las recibidas en el Consejo hasta el día treinta y uno de mayo de dos mil siete.

Por su parte, el examen del contenido de las cuentas y el análisis de la situación económico-financiera se ha realizado sobre las recibidas hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, salvo para las Diputaciones Provinciales, el Consejo Comarcal y los Ayuntamientos mayores de veinte mil habitantes, que se ha ampliado también hasta el treinta y uno de mayo de dos mil siete. Todo ello, por motivos operativos y de mayor eficiencia en la realización de los trabajos.

Las limitaciones más importantes que han afectado al desarrollo de estos trabajos han sido el incumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas anuales por parte de un 27,6 de las entidades de los grupos objeto de análisis y la rendición fuera del plazo del 36%. Además, de las cuentas examinadas, el 94% estaban incompletas o presentaban deficiencias no subsanadas.

Si examinamos la efectiva rendición de cuentas por tramos de población, en términos generales, los municipios de mayor tamaño son los que presentan los porcentajes más elevados de cumplimiento, disminuyendo estos a medida que se reducen el tamaño de los municipios. Por provincias, y excluyendo del cómputo a las entidades locales menores, podemos destacar a Palencia y Valladolid con niveles de rendición ligeramente por encima del 80%, mientras que las provincias con menor porcentaje de cumplimiento son Segovia y Soria, con un 59,5 y un 65,2 respectivamente, notablemente inferior a la media regional, que se sitúa en un 71,4%, aunque la rendición dentro del plazo legal se reduce a la mitad, a un 35,8%.

Por su parte, todas las Diputaciones han rendido sus cuentas en plazo, salvo la Diputación de Zamora. El Consejo Comarcal del Bierzo también ha rendido sus cuentas, aunque fuera del plazo legalmente establecido. En el ámbito de las mancomunidades y otras entidades asociativas, el grado de cumplimiento ha sido de algo más del 50%.

En este apartado de la rendición de cuentas, me gustaría detenerme brevemente, porque constituye un objetivo prioritario para el Consejo, y es que la rendición de cuentas no es una opción que se pueda aceptar o rechazar por las entidades locales según convenga en cada caso, sino una obligación legal a cumplir puntualmente. Y así como las causas por las que no rinden sus cuentas las entidades de menor dimensión están a menudo relacionadas con la precariedad de sus medios personales y materiales, en el caso de las más importantes coinciden en gran medida las que desean ocultar la gestión desarrollada y las que camuflan su déficit real y no quieren hacer frente a las restricciones que supone la aplicación de un plan de saneamiento. A este respecto, resulta interesante recordar que la reciente modificación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León atribuye a la misma la tutela financiera de los entes locales, competencia que ya ejerce por medio de su Consejería de Hacienda a partir de la información presupuestaria contenida en sus cuentas generales.

En el examen de estas cuentas generales, el Consejo ha comprobado que en torno al 80% de las cuentas fiscalizadas han sido aprobadas dentro del plazo establecido, y que, en la mayoría, la tramitación del expediente de aprobación se ajustó a lo establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La aprobación definitiva de los presupuestos generales de las entidades locales se ha producido fuera del plazo legalmente establecido o no se ha acreditado su aprobación en ciento noventa y dos de las trescientas setenta y... sesenta y tres entidades analizadas.

Entrando en el contenido de las Cuentas Generales, las incidencias más significativas y frecuentes, desde el punto de vista formal, que se han detectado han sido la carencia de firmas originales que autentiquen la documentación presentada -que se produce de forma más elevada en los Ayuntamientos de menor tamaño-, así como la falta de presentación de algunos estados sin justificantes. Además, la cuenta de resultados no se ha ajustado reiteradamente a la estructura prevista en las instrucciones de contabilidad.

Desde el punto de vista sustancial, las incidencias se refieren principalmente a la amortización de la movi... del inmovilizado y a la provisión de insolvencias.

El grado de respuesta a los requerimientos realizados por el Consejo ha sido del 77,1%, inferior en 5,2 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. Como resultado de este proceso, solo han quedado corregidas el 29,5% de las incidencias encontradas.

En cuanto a los estados y cuentas que legalmente integran la Cuenta General, los que han... los que se han omitido con más frecuencia han sido el estado de gastos con financiación afectada, el estado de compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros, el estado de situación y movimiento de valores, y algunos de los estados integrantes tanto de la liquidación de presupuesto de gastos y de ingresos como de la liquidación de presupuestos de ejercicios cerrados.

Respecto a los justificantes que deben acompañarse a la Cuenta General y que no se han presentado, cabe destacar las certificaciones de las entidades financieras sobre los saldos a fin de ejercicio de las cuentas de las que es titular la entidad local, las relaciones nominales de deudores y acreedores, la relación autorizada por el interventor de las modificaciones de crédito y la relación de las rectificaciones y anulaciones de los derechos y obligaciones de presupuestos cerrados.

En relación con las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales, estas han sido las entidades que han presentado un menor porcentaje de cuentas con incidencias, tanto inicialmente como una vez corregida la documentación correspondiente. En este sentido, el Consejo ha detectado que, en ocasiones, las cuentas anuales no han venido firmadas por la totalidad de los administradores ni se han señalado las causas de esta irregularidad. Además, algunas sociedades presentaron pérdidas que dejaron reducido su patrimonio por debajo de los límites legales, sin que se hubieren adoptado las medidas previstas para el caso en la Ley de Sociedades Anónimas.

Pasando al resultado del trabajo sobre la coherencia interna de la información contenida en los distintos estados contables, cabe destacar que en veintidós entidades locales, de las trescientas sesenta y tres analizadas, no se ha dotado provisión para insolvencias; en dieciocho no se ha realizado la amortización del inmovilizado; en noventa y dos no se han estimado los saldos de dudoso cobro en el cálculo del remanente de Tesorería; y en sesenta no existe coherencia entre los gastos por operaciones corrientes de la cuenta de resultados corrientes y los que derivan de la liquidación del presupuesto de gastos.

Pasando al análisis de la situación económico-financiera del sector público local de Castilla y León, el Consejo ha realizado un ingente trabajo, elaborando, a partir de las cuentas rendidas, estados agregados por tipos de entidad, estratos de población y provincias, y se han aplicado una serie de indicadores de la actividad presupuestaria y financiera adoptados con carácter general por los órganos de control externo autonómicos, cuyos resultados, referidos a cada una de las entidades que han sido objeto de análisis, se recogen en el Anexo VI de este Informe.

El Consejo entiende que el conocimiento de tal cantidad de información pormenorizada acerca del destino y de la gestión de los fondos públicos de las Administraciones más cercanas a los ciudadanos puede resultar de gran utilidad no solo a las entidades cuentadantes y a esta Cámara, sino también a los propios vecinos, contribuyendo a una adecuada formación de la opinión pública.

Con el fin de no aturdir a Sus Señorías con la cantidad de datos que figuran en esta parte del Informe, haré un breve recorrido, partiendo de la ejecución presupuestaria, donde el Consejo ha constatado que las modificaciones del presupuesto inicial, tanto en el de gastos como en el de ingresos, han supuesto incrementos en torno al 24% en el caso de los Ayuntamientos, el 58% en las Diputaciones y algo más del 8% en las mancomunidades. La ejecución presupuestaria de los ingresos de las Diputaciones en su conjunto se situó en el 61,4% y la de los gastos en torno al 59%, mientras que en los Ayuntamientos ha sido del 74,6 y del 70% respectivamente, y en las mancomunidades del 64% y del 60%.

En cuanto a la recaudación neta efectuada, el grado de realización de los cobros de las Diputaciones alcanza el 84,4% y el de los pagos el 89,6%, en los Ayuntamientos los cobros llegan al 85% y los pagos al 86,6, y en las mancomunidades al 79 y al 72% respectivamente.

Analizada la estructura de la liquidación presupuestaria de los ingresos, se observa que las Diputaciones obtienen su financiación -por este orden- de las transferencias, en un 65% de media, y de las operaciones financieras, en un 15,8%; mientras que los Ayuntamientos la mayor parte de sus ingresos provienen de los ingresos tributarios y precios públicos, en un 53%, y de las transferencias, en un 30%. En las comunidades y otras entidades asociativas, el mayor peso de los ingresos liquidados lo ostentan las transferencias y los ingresos tributarios y precios públicos, que suponen de media el 58 y el 35% respectivamente.

Por lo que se refiere a la estructura de los gastos, en todos los grupos de entidades locales analizados las partidas con mayor importe son las correspondientes a los gastos de funcionamiento, seguidos por los gastos de inversión.

Siguiendo con las conclusiones más significativas obtenidas del análisis de la situación económica-financiera del sector público local de Castilla y León, el Consejo ha constatado que el resultado presupuestario ajustado fue positivo en el conjunto de todos los Ayuntamientos analizados, al igual que en todas las Diputaciones Provinciales, excepto en las de Segovia y Soria, y en todas las mancomunidades y otras entidades asociativas, salvo en las de las provincias de Salamanca y Zamora. Igualmente, los Ayuntamientos analizados presentan a nivel agregado cifras positivas en todos los estratos de población, de forma que los ingresos presupuestarios del ejercicio han sido suficientes para cubrir los gastos del ejercicio.

Por su parte, el remanente de Tesorería libre para gastos generales y los resultados netos del ejercicio han sido positivos en todos los grupos de entidades locales examinados. Estos resultados positivos se generan a partir de unos resultados corrientes y extraordinarios positivos que compensan los resultados negativos procedentes de la modificación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados.

El Informe pone de manifiesto que los organismos autónomos dependientes de las entidades locales han gestionado un presupuesto que en el caso de las Diputaciones representa el 3,2 del presupuesto gestionado por estas; en los Ayuntamientos mayores de cincuenta mil habitantes, del 4,7%; y el 1% en los Ayuntamientos menores de cincuenta mil. En cuanto a la actividad que desarrollan se centra principalmente en los sectores de la enseñanza, la cultura y el deporte. Por su parte, las sociedades mercantiles y entidades públicas y empresariales concentran su actividad en el sector inmobiliario y en la promoción económica y el turismo.

Para finalizar el Informe, y a la vista del resultado de los trabajos realizados, el Consejo, además de advertir que debe cumplirse la normativa aplicable, recomienda que las Diputaciones y el Consejo Comarcal intensifiquen sus actuaciones de cooperación y asistencia a municipios, con el fin de mejorar la gestión de la contabilidad y la rendición de la Cuenta General por parte de las entidades locales, prestando especial atención a aquellas entidades que tienen menor capacidad de gestión, como los Ayuntamientos de pequeño tamaño y las entidades locales menores.

Asimismo, el Consejo estima oportuno que, por parte de las instituciones autonómicas competentes, se adopten medidas que contribuyan a mejorar el nivel de cumplimiento por las entidades locales de la obligación de rendir sus cuentas.

Por otro lado, se aconseja a las entidades locales que refuercen las medidas y los servicios de control interno, con el fin de garantizar la adecuada contabilización de las operaciones y la detección de posibles errores.

El Consejo también señala que el resultado presupuestario debe ajustarse en función de los gastos que sean financiados con remanentes de Tesorería y en función de las desviaciones que se han producido en el ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada, y que en el remanente de sector... de Tesorería se cuantifiquen los derechos pendientes de cobro considerados de difícil o imposible recaudación.

Finalmente, el Informe indica que aquellas entidades que presentan saldo negativo en el remanente de Tesorería libre para gastos generales deberán adoptar las medidas establecidas en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con objeto de compensar el déficit. Con esto, doy por terminada esta exposición.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Muchas gracias, señor Presidente del Consejo de Cuentas, don Pedro Martín. Ahora llega el turno de los Portavoces de los dos Grupos Parlamentarios presentes en el día de hoy en esta Comisión de Hacienda. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su Portavoz en esta Comisión, doña Ana María Muñoz de la Peña.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, Presidenta. Quisiera, en primer lugar, desde esta Comisión, en nombre de todos, transmitirle un abrazo, con todo nuestro cariño, respaldo y mejores deseos para su pronta recuperación, a nuestro Portavoz Pascual Fernández, deseando que su incorporación se produzca en breve y sea él quién pueda dar la bienvenida al Presidente; bienvenida que hago hoy en su nombre y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a usted y a los miembros de su equipo aquí presentes.

Somos conscientes de las dificultades que... y de las limitaciones con las que se encuentra el Consejo de Cuentas para realizar su trabajo, a pesar de las cuales demuestran cada año su eficacia. Dificultades por la propia estructura municipal de Castilla y León y por su complejidad. Usted ha hecho referencia y ha detallado mucho más de lo que yo voy a hacer la... la complejidad que presenta dos mil doscientos cuarenta y ocho municipios, dos mil doscientas veinticuatro entidades locales menores, el 87,7% de los municipios con menos de mil habitantes; en ellos solamente vive el 20% de la población; nueve municipios superan los cincuenta mil habitantes, y agrupan, sin embargo, al 44,3% de la población. Esta situación se mantiene año tras año, con pequeñas variaciones, pero sustanciales para el futuro de nuestra Comunidad. El número de municipios se mantiene y, sin embargo, la población no aumenta, pero sí se traslada: se produce una pérdida de población en municipios menores de mil habitantes y una ligera subida en municipios mayores, dinámica que es necesario invertir, de manera que no condicione el desarrollo equilibrado de la Comunidad. Con esta dinámica los municipios pequeños cada vez tendrán mayores dificultades, como es evidente, para mantener su Ayuntamiento, dando lugar a la agrupación y, con ello, a cierta pérdida de capacidad y decisión propia que conlleva esa situación.

Reconocemos que el trabajo que realiza el Consejo es fundamental para garantizar la transparencia, independencia y madurez del sistema democrático, y respetamos profundamente su trabajo. Y nos gustaría, como estoy segura de que le gustaría también al Grupo Parlamentario Popular, facilitarles, en la medida de lo posible, sus tareas y sus quehaceres, objetivo que creo será fácil de alcanzar en aras al buen entendimiento que ha existido siempre entre los dos Grupos con respecto a todo lo relacionado con el Consejo.

La actividad económica-financiera del sector público, para ser una buena gestión, ha de someterse a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia; y esto, como bien sabe el Consejo, no siempre ocurre, y así lo demuestra su Informe. Desde el sector público local se vulneran -no digo en todos los casos, pero sí en más de los que se debería- alguno de estos principios, y esto hace que en muchos casos su trabajo no tenga la efectividad que debería. No se puede fiscalizar a quien está incumpliendo los preceptos legales que le impone la dación de cuentas al Consejo, bien por no presentarse o por presentarse fuera de los plazos establecidos; es evidente que no se puede trabajar con quien no quiere que se trabaje.

Y enlazando con los comentarios anteriores respecto a la peculiaridad y a... o a la peculiar estructura municipal que presenta Castilla y León, evidencia que las entidades del sector público local que rinden cuentas no alcanzan ni la mitad de las mismas, solo un 41,8%, destacando que son las entidades locales menores las que rompen el porcentaje, ya que el 5,9% presenta sus cuentas anuales, y los consorcios, que deja el porcentaje en un 25%, así como Ayuntamientos de municipios menores de quinientos habitantes, que son casi la totalidad, el 25%, que no presenta sus cuentas anuales. Así es como el incumplimiento es directamente proporcional al tamaño de los municipios: a menor tamaño, menor cumplimiento; y, en cierta manera, puede entenderse, conociendo las dificultades y carencias técnicas, organizativas y de gestión que presentan muchos o la mayoría de estos municipios pequeños.

De ahí que suscribamos plenamente su recomendación de intensificar la cooperación y asistencia a municipios por parte de las Diputaciones Comarca... de las Diputaciones, que les ayude a mejorar su gestión contable y facilite la rendición de la Cuenta General; así como que se articulen, por parte de las instituciones autonómicas, los medios que incentiven y colaboren a mejorar el nivel de cumplimiento de las entidades locales con respecto al Consejo de Cuentas. Es importante tratar de solventar las limitaciones con las que se encuentra el Consejo, fundamentalmente en el cumplimiento de la rendición de los estados de las cuentas, para que el Consejo pueda hacer su trabajo.

De dos mil seiscientos treinta... dos mil seiscientas treinta entidades incluidas en el grupo de análisis, entre Diputaciones -usted lo ha dicho-, Consejo Comarcal, Ayuntamientos, mancomunidades y otras entidades asociativas y sus entes dependientes, setecientas veinticinco no habían rendido sus cuentas en el ejercicio 2005; el 36,1% -es decir, novecientos cincuenta- lo hicieron fuera de plazo.

Significativo también el alto porcentaje de incidencias en la documentación que ha detectado el Consejo, pero positivo el hecho de que los requerimientos sean atendidos en un elevado porcentaje, aunque la inmensa mayoría de los casos no lo subsanen, no subsanen las incidencias formales o las sustanciales detectadas. Las limitaciones que se encuentran al analizar cuentas, cuentas que no... que no presentan una situación real, por presentarse incompletas o con deficiencias que impiden que el Consejo pueda hacer su trabajo y pueda someterlas a análisis.

En cuanto a la gestión económica-financiera, sorprenden las modificaciones del presupuesto, que en algún caso -que no citaré- alcanza el 118% de activos financieros; o las modificaciones del estado de gastos, concentradas en el capítulo de inversiones, reales que tendría un bonito análisis político, que, desde luego, me gustaría hacer, pero que en estos momentos no... no voy a entrar.

Tras el análisis formal y sustancial de los estados de cuentas realizados por el Consejo, resulta preocupante la facilidad con la que el sector público vulnera la Ley Reguladora de Haciendas Locales en cuanto a los plazos establecidos para la elaboración, tramitación y aprobación del presupuesto -usted lo ha dicho, ha hecho referencia expresa a ello-; el tratamiento y composición de los remanentes de Tesorería, tanto positivos como negativos; o la falta de amortización del inmovilizado y la ausencia de dotación de provisiones para insolvencia de deudores de dudoso cobro, que impiden que las cuentas afectadas, tanto del inmovilizado como de circulante, tengan un reflejo fiel y real del valor que albergan cada una de ellas.

Y por último, para finalizar, desde el Grupo Parlamentario Socialista, al Grupo le preocupa -como seguro que también preocupa, sin ninguna duda, al Grupo Parlamentario Popular- como, con respecto al año dos mil cuatro, han sido menos los Ayuntamientos de la Comunidad que han rendido cuentas y menos también la población que representa. Esto, como bien ha recordado el Presidente, es una obligación legal, un impositivo legal que creo que debemos incentivar; y -está la obligatoriedad de cumplir la ley-, por lo tanto, instar a los Ayuntamientos a que así sea.

Aunque en el análisis provincial, en algunos puede haber mejorado ligeramente, en otros ha empeorado, de manera que el cómputo global hace que se rindieran menos cuentas en el dos mil cinco que se rindieron en el dos mil cuatro; lo que en términos generales es preocupante y, añadido a los incumplimientos formales y documentales, hace que al menos pensemos en articular, entre todos, posibles fórmulas para solventar esta situación.

Reiterando el agradecimiento por su comparecencia, y aprovechando para felicitarles por la fiscalización eficaz y transparente que realizan, nada más, Presidenta.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Muchas gracias, señora Portavoz, doña Ana María Muñoz de la Peña. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su Portavoz, don Jesús Encabo Terry.

EL SEÑOR ENCABO TERRY:

Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, señoras y señores Procuradores. Bienvenido, señor Presidente del Consejo de Cuentas, así como al resto de los Consejeros y al conjunto del personal que hoy tiene la oportunidad de acompañarle a usted en esta comparecencia sobre el sector público local.

Sean también mis primeras palabras para desear el pronto restablecimiento de don Pascual Fernández en sus tareas de portavoz parlamentario en esta Comisión de Hacienda, y, por supuesto, desear que se pueda producir su recuperación con la máxima rapidez y de la mejor manera.

Bueno, dicho esto, sean mis primeras palabras, don Pedro, para expresar el reconocimiento por parte del Grupo Parlamentario Popular por la exposición que ha hecho usted en la mañana de hoy, porque somos conscientes que no es fácil sintetizar un extenso Informe sobre el conjunto de esas cuatro mil novecientas diez entidades locales que han de prestar y rendir cuentas ante el Consejo de Cuentas, y, desde luego, sintetizarlo en los términos que ha hecho usted. Pero -ya voy anticipando un poco el contenido de mi intervención-, desde luego, no es para sentirse ni dichoso ni orgulloso ninguno de los representantes políticos que estamos aquí en la mañana de hoy, exponiendo nuestras respectivas opiniones. Porque recordaremos, no hace mucho, pues en el pasado mes de marzo, cuando usted comparecía y estábamos analizando, pues la Cuenta General de la Junta de Castilla y León y otra serie de fiscalizaciones especiales, como se ponía de manifiesto que la intervención del Consejo de Cuentas está estimulando, pues una mejora en la gestión económica-financiera de la Junta de Castilla y León, y vamos observando como, de año en año, pues esas recomendaciones, esas propuestas que se hacen por el Consejo de Cuentas respecto a lo que es la gestión económica-financiera de la Junta de Castilla y León y del resto de organismos dependiente de ellas, pues van disminuyendo; e, incluso, esas recomendaciones u observaciones, pues tienen cada vez menor importancia.

En cambio, yo me he tomado la molestia, Señorías, de efectuar un comparativo entre lo que ha sido el Informe del sector público local del pasado mes de marzo -que usted expuso aquí, si no recuerdo mal, el pasado treinta de marzo, veintisiete o treinta de marzo- comparándolo con este del año dos mil cinco; es decir, comparando las fechas del año dos mil cuatro y dos mil cinco, pues a mí no me cabe la expresión más que decir que es frustrante. Frustrante en tanto en cuanto no se va mejorando, pues el cumplimiento de las obligaciones por parte del conjunto de las entidades locales y organismos que tienen la obligación de presentar y rendir cuentas, sino que, objetivamente, se ha empeorado.

Por lo tanto, yo anticipo que el criterio del Grupo Parlamentario Popular es que todos, absolutamente todos, debemos implicarnos de una manera efectiva y seria para conseguir una auténtica concienciación del mundo local en el cumplimiento de las obligaciones legales. Yo creo que lo primero es concienciarles de que han de cumplir con la ley; y puede parecer hasta burda la afirmación que estoy haciendo en estos momentos, pero creo que debemos de... de empezar por esa toma de conciencia que debemos de trasladar al conjunto del mundo local de Castilla y León, y, a partir de ahí, pues conseguir que, evidentemente, esa rendición de cuentas se traduzca también en una buena gestión económica y financiera de lo que son los recursos, de lo que son los caudales públicos.

Si analizamos comparativamente lo que ha sido la rendición de cuentas entre los años dos mil cuatro y dos mil cinco, podemos observar lo siguiente: que mientras en el año dos mil cuatro se rindieron cuentas por un total de dos mil cuarenta y cuatro de esos cuatro mil novecientos diez entidades que están sometidas a la obligación, se ha pasado a dos mil cincuenta. Pero cuando entramos ya en detalle, observamos que ha disminuido el número de Ayuntamientos, pasando de mil setecientos veintinueve a mil seiscientos veintinueve; es decir, estamos hablando de que hay decenas de Ayuntamientos que han dejado de cumplir cuentas. Que el conjunto de las Diputaciones Provinciales es cierto que lo han presentado, así como el único Consejo Comarcal existente en nuestra Comunidad Autónoma. Y solamente hay un aspecto positivo cuando analizamos las distintas entidades, que es el importante incremento de las mancomunidades, que han pasado de ciento ocho a ciento treinta y uno. Yo creo que es el único aspecto positivo que podemos, en estos momentos, deducir del conjunto de las entidades locales que han rendido cuentas.

Pero también resulta bastante sorprendente que han empeorado los resultados -y en eso no es una cuestión de discrepar con la Portavoz del Grupo Socialista, pero han empeorado los resultados- en todos los sectores de los Ayuntamientos: en los de menos de quinientos habitantes, en los de más de quinientos habitantes y en los de más de cincuenta mil habitantes; es decir, curiosamente, han empeorado los resultados cuando estamos hablando de Ayuntamientos. Han mejorado en entidades locales menores de una manera auténticamente marginal; han mejorado -como decía antes- cuando estamos hablando de mancomunidades, pero incluso Palencia, que era la provincia que tenía un mayor grado de cumplimiento, también ha descendido el porcentaje de cumplimiento, también ha descendido Valladolid, que son las dos provincias que siempre han destacado por tener un mayor índice de cumplimiento en lo que es la rendición de cuentas; y ha entrado ya, desde el punto de vista negativo, como una provincia que ha disminuido su grado de cumplimiento en la rendición de cuentas Soria, que se ha quedado con un porcentaje del 65,2; y Segovia presenta el nada boyante número de 59,5 de porcentaje en la rendición de cuentas.

Pero si nos adentramos en lo que es propiamente los Ayuntamientos, observaríamos que han disminuido, pero han disminuido de una manera importante, también los municipios de más de quinientos habitantes, cuestión que no se compadece, pues con la falta de estructura administrativa. Yo no voy en ningún caso a decir que la capacidad de gestión de un Ayuntamiento entre quinientos y mil habitantes pueda ser óptima, pero, desde luego, lo que sí resulta un poco preocupante, y sobre todo si analizamos el listado de Ayuntamientos, como hay Ayuntamientos que jamás han rendido cuentas. Es decir, si uno hacemos la historia de muchos Ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma, lo habitual es no rendir cuentas; es decir, ellos, por norma, no rinden cuentas; no es que las rindan mal, que eso no voy a decir que sea bueno, pero no tienen ni la consciencia de que tienen que cumplir con esa obligación legal. Y para mí, en estos instantes, Señorías, es realmente lo más grave.

Con independencia de eso, y, desde luego, y sin marginarlo, pero también distinguiendo lo que es el cumplimiento, lo que son las incidencias, me resulta también un poco sorprendente que estemos hablando de que hay incidencias en el 97,5% de los casos. Es cierto que no todas las incidencias tienen el mismo calibre ni la misma relevancia, pero, desde luego, nosotros creemos que también es un aspecto que nos tiene que llamar a la reflexión y que, consiguientemente, esas recomendaciones que hace el Consejo de Cuentas en este año, cuando se refiere al dos mil cinco, son exactamente las mismas, las mismas, por el mismo orden, la misma redacción que las que se efectuó para el sector público local el año dos mil cuatro. Se puede hacer una traslación literal.

Por lo tanto, Señorías, yo creo que no hemos de permanecer impávidos ni inermes ante una situación como la que se nos plantea, porque todos debemos de ser conscientes de que estas cifras no deben de repetirse en lo sucesivo. Porque si siempre la gestión de los recursos públicos ha de estar presidida por el rigor, la transparencia y la eficiencia, en los actuales tiempos está aún más fundamentada por la disminución de ingresos que se está produciendo en todos los ámbitos de las Administraciones Públicas, que nos obligará a todos, sin excepción, a ser mucho más estrictos en la gestión de los recursos públicos. Por lo tanto, si siempre tiene que estar justificado un auténtico rigor, transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, en los tiempos que estamos, y con la patente disminución de ingresos que se están produciendo en todas las Administraciones, de una manera fundamental en los Ayuntamientos, cuando tenían una parte importante de sus ingresos vinculados a lo que es la actividad inmobiliaria, debemos en estos instantes todos, absolutamente todos, de trasladar esa necesaria toma de conciencia al conjunto del mundo local de nuestra Comunidad Autónoma.

Por eso, nosotros suscribimos íntegramente las diez recomendaciones que se formulan. Creo que la segunda recomendación, cuando se alude a la necesidad de la intervención de las Diputaciones Provinciales y el Consejo Comarcal para que intensifiquen las actuaciones de cooperación y asistencia a los pequeños municipios con el objeto de mejorar la gestión de la contabilidad y la rendición de la Cuenta General, creo que es poner el dedo en la llaga, y estamos absolutamente de acuerdo, pero nosotros también seríamos partidarios de implicar a la Federación Regional de Municipios y Provincias, Señorías; ahí están representados todos y cada uno de los Ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma, y creo que se podría hacer una importante labor desde la Federación Regional de Municipios y Provincias para trasladar al conjunto del mundo local de nuestra Comunidad Autónoma el cumplimiento de esta rendición de cuentas ante el Consejo de Cuentas.

Y también lo que resulta un poco chocante, cuando vemos en el análisis que se efectúa desde el Consejo de Cuentas sobre el incumplimiento habitual de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; es decir, los artículos 168 y siguientes de la Ley Reguladora, que hacen referencia a la elaboración, tramitación y aprobación del presupuesto, son sistemáticamente vulnerados, sistemáticamente vulnerados. Vemos como se están aprobando los presupuestos de muchos municipios en los meses de septiembre, octubre, con un ejercicio sin hacer ni siquiera prórroga de presupuesto; es decir, sin hacer ningún tipo de los requisitos que establece nuestra Ley Reguladora.

En consecuencia, y ya voy concluyendo mi intervención, don Pedro, significarle que nosotros respetamos y enaltecemos el trabajo que se ha hecho desde el Consejo de Cuentas en relación a este sector público local; que nosotros estamos sinceramente preocupados porque los datos son poco esperanzadores desde el punto de vista de lo que es esa responsabilidad que debe presidir siempre la gestión de los recursos de los caudales públicos; y que, desde luego, desde el Partido Popular también se está en la idea de poner en marcha, pues una auténtica concienciación hacia todos los municipios y entidades locales de nuestra Comunidad Autónoma para que se observe el cumplimiento de la Ley con el rigor que todos y cada uno de los responsables públicos debemos de efectuar.

En definitiva, y ya concluyo mi intervención significándole el agradecimiento y anunciando que no vamos a tener un segundo turno en relación al sector público local. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Muchas gracias, señor Portavoz, don Jesús Encabo Terry. Para contestar a las intervenciones de los dos Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR MARTÍN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señora Presidenta. Y también muchas gracias a ambos Portavoces de los Grupos Parlamentarios por sus palabras. Y, en cierto modo, pues el Consejo y el Presidente en estos momentos no tiene más que congratularse, porque creo que el mensaje que se manda a... se ha mandado a esta Cámara y a los ciudadanos a través de los seis tochos, grandes tochos que tiene nuestro Informe, ha calado. Quiero decir que tanto... tanto se ha percibido las dificultades que se tienen para realizar este Informe -y eso se traduce en que hay un largo proceso de elaboración-, por ejemplo, en el tema de la rendición, si nada más que actuáramos sobre las cuentas que se rinden dentro de plazo -que sería lo más lógico- con el fin de acortar esa rendición luego; que nuestro Informe, que la rendición de nuestro Informe no se retrasara más de lo necesario. Pero, sin embargo, sería una... tener unos datos muy reducidos, puesto que si aún alargamos desde el último... desde el treinta y uno de octubre hasta mayo del año siguiente para ver cuál es el nivel de rendición, las cifras, como ambos... ambos Portavoces han constatado, son relativamente bajas.

Pues, realmente, yo les agradezco esa... ese propósito de apoyar estas recomendaciones, porque yo creo que sí que en eso está precisamente el que los Ayuntamientos se den cuenta de que están metidos, están inmersos en un sistema democrático en el que se les exige que sus cuentas estén; simplemente, que las cuentas estén para conocimiento de los ciudadanos. Y ese es el motivo por el que el Consejo también, dentro de las posibilidades que tiene, haga esta... esta –digamos- exposición de las cuentas; lógicamente de las cuentas que se rinden, de las cuentas que se rinden, aunque también aparecen los Ayuntamientos que no han rendido cuentas, con el fin de que, dentro de la propia ciudadanía, pero sobre todo -lo que ambos Portavoces han puesto de manifiesto- de los órganos superiores de la Administración, de las Diputaciones, se procure, pues hacer un seguimiento más cercano.

Nosotros, cuando empezamos nuestra... nuestra andadura en el Consejo, lo primero que hicimos fue ir precisamente por todas y cada una de las Diputaciones explicando qué es lo que íbamos a hacer, cuál era nuestro cometido, pero también para conocer cuáles eran las... las condiciones en las que se prestaba este... este servicio de asesoramiento, que es algo más que asesoramiento, realmente, en temas contables, el simple asesoramiento nos sirve en Ayuntamientos muy pequeños, en Ayuntamientos muy pequeños, a veces lo que es necesario es hacerle las cuentas, hacerle las cuentas. Y eso, cada día, dados los avances informáticos de que se dispone actualmente, yo creo que es más sencillo el que alguien de ese servicio esté en un contacto más cercano con cada uno de los municipios, sobre todo de los que no rinden -que son conocidos puesto que, lógicamente, nosotros lo ponemos de manifiesto aquí en nuestro Informe-, para que les pueda ayudar a realizar la operación realmente. Hoy día, ya en otras... otras Comunidades Autónomas y, lógicamente, yo... en algunas Diputaciones, pues ya existen unos modelos en los que simplemente hay que rellenar unos cuestionarios, y eso son las cuentas; después existe el proceso de su aprobación reglamentaria, que también hemos visto que es relativamente deficiente. Pero simplemente con el hecho de que se rindan las cuentas, ya habremos dado un paso importante adelante.

Yo les quiero agradecer esta buena disposición, y el Consejo siempre estará dispuesto, como lo ha estado en nuestra sede en Palencia, de apoyar cualquier iniciativa. Estamos el... en este proceso de rendición telemática con el Tribunal de Cuentas, proceso que, efectivamente, pues está resultando un poco complicado, precisamente, pues porque la... digamos que esa plataforma que se ha diseñado con el Tribunal de Cuentas está resultando un poco pesada para sustentar tal cantidad de información, pero estamos en ello y lo sacaremos adelante. Pero eso sería... ese es... eso, digamos, no tiene una relación tan directa como esa primera colaboración que deben de tener las Corporaciones Locales. Y, lógicamente, desde la Junta de Castilla y León, pues también es interesante que se vaya, pues siguiendo un camino que lleve a que aquellos Ayuntamientos que dan cuenta de cómo han invertido las subvenciones, los fondos que reciben de la... de la Junta, pues sean los que después puedan ser acreedores a merecer unas subvenciones de mayor tipo. O sea, que aquí hay una... también habría que fomentar esa cohesión social que está representada por la capacidad que tienen los Ayuntamientos de dar cuenta de su gestión. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Muchas gracias, señor Presidente. Habiendo comunicado a esta Mesa los dos Grupos Parlamentarios que renuncian al turno de réplica, finalizado este debate, de conformidad con lo establecido con la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León del siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al Informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo lunes, día veinticinco.

Informe

Por lo tanto, pasamos al segundo punto del Orden del Día, que es la "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe de Fiscalización de la gestión de sistemas municipales de abastecimiento de agua potable en los Ayuntamientos de capitales de provincias, todo ello en el ejercicio 2003".

Tiene la palabra el Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas, don Pedro Martín.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR MARTÍN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señora Presidenta. En el presente Informe de Fiscalización, lo que realizamos es un análisis horizontal de los sistemas de abastecimiento de agua potable en los Ayuntamientos de las capitales de provincia de la Comunidad Autónoma desde una doble perspectiva: la conformidad, por una parte, con la normativa aplicable de la gestión que los Ayuntamientos están realizando, y la comparación de la actividad desarrollada y los resultados obtenidos en cada uno de ellos, con objeto de evaluar la eficacia en el cumplimiento de sus funciones.

La principal dificultad que se ha presentado en la realización de este trabajo ha sido la disponibilidad de la información requerida a los Ayuntamientos, dado que el Ayuntamiento de Zamora no la ha proporcionado -por lo que no ha podido ser analizado- y el Ayuntamiento de Soria, que gestiona indirectamente el servicio a través de una concesión administrativa, solo ha remitido la información relativa a la contratación. En el resto de los Ayuntamientos la información facilitada ha presentado algunas carencias.

Comenzando por el examen de la regulación de este servicio, los únicos Ayuntamientos que cuentan con el reglamento exigido legalmente son los de Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid; los demás no han acreditado que dispongan de la normativa específica en la que se establezcan las condiciones de prestación del servicio.

Por otro lado, la forma mayoritariamente utilizada por seis Ayuntamientos, que representan el 66,4% de la población contemplada, ha sido la indirecta, mediante la formalización de un contrato de concesión en la modalidad de explotación del servicio con las instalaciones ya establecidas. Su objeto comprende, además del abastecimiento de aguas, el saneamiento, que engloba también su depuración, salvo en el caso de Valladolid, donde fue asumida posteriormente.

Por lo que se refiere a los tres Ayuntamientos con gestión directa -que son Burgos, León y Segovia-, la prestación del servicio se realizó por la propia Corporación. En los dos primeros Ayuntamientos se encomendó a un órgano especial de administración, es decir, a un servicio municipalizado, y en el otro se prestó a través de los órganos ordinarios sin diferenciación respecto al resto de actividades del Consistorio. Ninguno de estos Ayuntamientos ha facilitado las normas de procedimiento aplicables a la gestión del servicio.

En el análisis del procedimiento de gestión indirecta, el Consejo ha comprobado que la empresa concesionaria paga un canon al Ayuntamiento y percibe como retribución el rendimiento de las tarifas vigentes en cada momento, conforme a la ordenanza fiscal aprobada al efecto, excepto en el caso de Palencia, donde no se ha establecido previamente un canon, sino que la retribución del concesionario consiste en un precio por metro cúbico facturado, abonado por el Ayuntamiento, siendo este el que percibe el importe de las tarifas que pagan los usuarios del servicio.

Además de estas prestaciones típicas de una concesión, se han establecido otras complementarias, que el Consejo considera contrarias a la normativa aplicable, como ha sido la financiación de obras de la infraestructura del servicio y el anticipo del canon previsto para ejercicios futuros, que en realidad suponen operaciones de financiación, que deberían de ser tratadas como tales, tanto a efectos de su contabilización como del endeudamiento de la entidad, la realización de obras por parte de la empresa concesionaria con pago aplazado y la financiación de obras de interés social, actividades culturales o colaboraciones económicas con la Universidad y el Ayuntamiento, que no estaban vinculadas al servicio objeto de concesión.

Respecto al expediente de contratación del servicio, el Consejo ha comprobado que ninguno de los Ayuntamientos con gestión indirecta ha presentado completo el expediente, que los pliegos de cláusulas administrativas particulares no contenían todas las cláusulas exigidas ni los criterios de adjudicación y sus puntuaciones máximas, y que las circunstancias producidas para la modificación de los contratos no han sido las previstas legalmente.

Se ha verificado que todos los Ayuntamientos cumplieron con la publicación del anuncio de licitación en los boletines oficiales correspondientes y que, con carácter general, la adjudicación del contrato se aprobó por el órgano competente.

Del examen de las actuaciones de seguimiento y control de la gestión del servicio por los Ayuntamientos titulares, en los casos de prestación indirecta, el Consejo ha constatado que, salvo en Salamanca, la actividad controladora no estaba centralizada en una única unidad administrativa y que no existían, excepto en Palencia, procedimientos de control normalizados ni planificación de las actuaciones. Tampoco se disponía de un libro de inspecciones en el que se reflejaran los resultados obtenidos.

En Salamanca y Valladolid, el concesionario elabora una memora anual de actividades, que eleva al Ayuntamiento, en la que se refleja tanto la información financiera como sobre la producción y la calidad.

Por otro lado, aunque en todos los casos están previstos procedimientos de reclamación por los usuarios, únicamente en el caso de Palencia el Ayuntamiento interviene de forma directa en su control y resolución.

Antes de entrar en el análisis de los resultados económicos, hay que señalar que la información presupuestaria disponible presentaba varios problemas a la hora de determinar los gastos e ingresos relacionados con la prestación del servicio de abastecimiento de aguas, debido a que en la mayor parte de los casos se han contabilizado conjuntamente con los correspondientes al servicio de saneamiento. Algunos gastos se han incluido en otros programas presupuestarios distintos al específico. No se ha realizado una imputación económica de las inversiones ni de los ingresos correspondientes a varios ejercicios, y no se ha repercutido al servicio ningún porcentaje de los costes indirectos.

En la estructura presupuestaria de gastos de los Ayuntamientos con gestión directa se observa que el peso más elevado lo tienen los gastos de personal, en el caso de León, o los gastos en bienes corrientes y de servicios, en el caso de Burgos y Segovia. Por su parte, los ingresos tienen un marcado carácter tributario al estar constituidos principalmente por las tasas liquidadas por la prestación del servicio o por ingresos complementarios a estos, como los reintegros, los recargos de apremio o los intereses de demora.

Por su parte, en los Ayuntamientos con gestión indirecta del servicio, la estructura de los ingresos presupuestarios se encuentra condicionada por el modo en que se define la concesión, de modo que en Ávila, Salamanca y Valladolid, al percibirse los ingresos en forma de canon, tienen carácter patrimonial, mientras que en Palencia se trata de ingresos de carácter tributario, dado -como hemos dicho- que es el Ayuntamiento el que percibe las tasas.

El Informe contiene un análisis comparativo de los datos económicos, elaborado a partir de distintas ratios que relacionan los ingresos y gastos presupuestarios con la población atendida y el volumen de agua a gestionar. La información se ha tomado sobre los ingresos y gastos corrientes con objeto de evitar el efecto que las inversiones pueden tener en un año determinado. Aplicando este criterio, los resultados obtenidos han resultado positivos en todos los Ayuntamientos.

En cuanto a resultados corrientes por habitante y los resultados corrientes por metro cúbico facturado, los valores más elevados se alcanzan en Segovia, seguido de Salamanca y Valladolid, en una situación intermedia estaría Burgos, y con valores notablemente inferiores Palencia, León y Ávila.

Analizadas las tarifas establecidas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, el Consejo ha comprobado que fueron reguladas mediante las correspondientes ordenanzas municipales, que estas se publicaron en sus respectivos boletines provinciales, y que, con carácter general, su contenido se ajusta al señalado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Asimismo, se ha comprobado que en dichas ordenanzas las tarifas tienen la consideración de tasas, tal y como establece la normativa aplicable, salvo en los Ayuntamientos de Ávila y Salamanca que las han considerado como precios. En la gestión y recaudación de estas tarifas, únicamente en León y Palencia se ha podido comprobar que se cumple el procedimiento establecido en la normativa tributaria. Las tarifas establecidas por la prestación del servicio diferencian, en general, entre los distintos usos del agua y tienen carácter progresivo en función del consumo, salvo en algunos casos. El establecimiento en Burgos y Segovia de cuotas de cuantía fija por unidad de consumo incumple los criterios previstos en la directiva... en la Directiva Marco del Agua 2060 de la Comisión Europea, ya que no promueve un uso eficiente del agua.

Entrando en el análisis de la prestación del servicio, el Informe señala que la relación entre el agua suministrada y la captada presenta un valor medio para los Ayuntamientos analizados del 94%, lo que supone que se producen unas mermas del 6%, derivadas de las fugas por instalaciones y redes en mal estado y de los propios procesos de tratamiento de aguas. Estos valores suponen un rendimiento superior en aproximadamente diez puntos con respecto a la media regional y nacional, lo que implica un mejor estado de conservación de las redes e instalaciones de las capitales de provincia de Castilla y León. La facturación alcanza de media en estos municipios el 64% del total suministrado, el volumen no facturado abarca las fugas en las redes de distribución, los consumos ilegales y los propios consumos municipales.

Respecto a la distribución del consumo por usos, de media, el 69% corresponde a usos domésticos, el 28% a usos industriales y de servicios y el 3% restante a otros usos.

El consumo medio por habitante y día es de doscientos treinta y seis litros, siendo los Ayuntamientos de Burgos y Salamanca los que alcanzan un mayor consumo, mientras que León, Palencia y Valladolid son los que tienen los valores más bajos.

En relación a la distribución por usos, el consumo doméstico es de ciento sesenta y tres litros por habitante y día; el de los sectores económicos, sesenta y seis litros; y el de otros usos, de siete litros.

Los precios medios del agua presentan variaciones importantes entre los municipios analizados, especialmente en los correspondientes al uso doméstico, llegando en el caso de Burgos, que tiene los valores más elevados, a doblar los de Ávila, que son los más bajos.

A la vista de lo expuesto, el Consejo, además de advertir que deben corregirse las deficiencias detectadas para que la actuación de los Ayuntamientos examinados se ajuste a la normativa vigente, recomienda que se establezcan sistemas de control interno del servicio de abastecimiento de agua potable, y que se fijen procedimientos que definan la forma de llevarlos a cabo, y que, en los casos de gestión indirecta, se incrementen los instrumentos de control sobre las empresas concesionarias con el fin de garantizar su adecuada prestación y el cumplimiento de las condiciones pactadas.

Asimismo, el Consejo aconseja que se midan los consumos municipales de agua, con el fin de que puedan ser controlados, evitando gastos excesivos y de que sean objeto de favoración... de facturación, de modo que su coste no acabe repercutiéndose al resto de los usuarios del servicio. Es conveniente implantar sistemas de registro e imputación de costes derivados del servicio de abastecimiento, de forma que sea posible obtenerlos con suficiente nivel de desagregación y diferenciarlos respecto de los correspondientes al servicio de saneamiento.

Por último, en el Informe se hace la recomendación de que se establezcan indicadores de gestión que permitan efectuar evaluaciones sobre la eficacia y calidad en la prestación del servicio, y que se implante un sistema de información fiable que permita obtener los datos más relevantes del servicio de forma sencilla y homogénea. Con esto doy por concluida esta intervención. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Muchas gracias, señor Presidente. Se abre ahora un turno para los distintos portavoces de los dos Grupos Parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su Portavoz en el día de hoy, doña Ana María Muñoz de la Peña.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, Presidenta. Señor Presidente, el Informe, como bien ha dicho, hace un análisis horizontal con un doble sentido: en cuanto al cumplimiento de las obligaciones normativas aplicables a la gestión, por un lado, y, por otro, la evaluación de la eficacia en la actividad tanto en la gestión como en la calidad del servicio. Informe bien elaborado, bien planteados... bien planteado, que creemos que podrá ayudar plenamente al cumplimiento de su objetivo, que no es otro que el de proporcionar a los Ayuntamientos la información necesaria que les permita mejorar la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a sus ciudadanos.

Todo ello sin entrar en que, al no haberse fiscalizado los datos proporcionados por los diferentes Ayuntamientos, como usted también recoge en el Informe, se presume la exactitud de los datos aportados, la validez y la certeza de los datos que ha recibido el Consejo, así como la dificultad que ha tenido para informar en cuanto a que algún Ayuntamiento no ha proporcionado la información solicitada, o esta ha sido escasa o insuficientemente detallada, a lo que añade la dificultad -que usted también reconoce- de homogeneizar los datos, que dificulta de manera importante el trabajo de fiscalización del Consejo. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades y del condicionante en cuanto a la calidad de la información disponible, consideramos que el Consejo, pues, ha hecho un buen trabajo, muy clarificante y eficaz, transparente, incluso, en la advertencia del propio Consejo de tomar con cautela los... los datos y los resultados del propio Informe.

Partiendo de que tanto la titularidad de la gestión del servicio de abastecimiento de agua es una competencia de los Ayuntamientos, como así lo establece la Ley de Bases de Régimen Local, configurado, además, como un servicio esencial y de prestación obligatoria, el modelo de gestión mayoritario elegido por los Ayuntamientos es... al menos en el 66,4%, han optado por dejar en manos de empresas especializadas, mediante la formalización de contratos de concesión, la prestación del servicio tanto de abastecimiento como también de saneamiento.

Nos parece preocupante el hecho de que algunos Ayuntamientos carezcan de reglamento regulador o normativa específica para la prestación del servicio, así como es preocupante también el que, en los casos de prestación indirecta, los Ayuntamientos no dispongan de mecanismos de control interno normalizados de la actividad de la empresa concesionaria del servicio o se dispongan de ligeros controles, a la vista del Informe no muy efectivos, que la Administración no tenga acceso ni conocimientos sobre la información económico-financiera y los resultados de las propias empresas adjudicatarias, que no se tengan fijadas ni definidas claramente las competencias que derivan a la empresa adjudicataria, lo que da lugar, en muchos casos, a lagunas que producen indefensión en los ciudadanos a la hora de realizar reclamaciones, de las que nadie se quiere hacer responsable, ni el Ayuntamiento ni la empresa adjudicataria.

Sí me gustaría hacer mención a la situación especial que presenta el Ayuntamiento de Palencia, considerando que es una buena... un buen modelo la gestión indirecta, pero con control absoluto en tarifas, precios y tasas municipal, y sí me gustaría que se pudiera extrapolar este modelo como bueno a otras... a otros municipios.

La falta de información de los Ayuntamientos deriva en dificultades presupuestarias, como pone de manifiesto su Informe; dificultades presupuestarias traducidas en la opacidad en la información de los datos que disponen, de la falta de reflejo fiel en las cuentas; de imputaciones entre cuentas incorrectas; de falta de repercusión de costes indirectos al servicio, evidenciados desde el momento en que las cuentas recogen solamente los gastos asumidos directamente por el Ayuntamiento, pero no los costes totales de la... de la prestación del servicio; computación de ingresos con carácter patrimonial derivados del canon y no tributarios derivados de la tasa, como debería... debería de ser y de producirse; datos erróneos que inducen a errores presupuestarios en el capítulo de ingresos, de errores genéricos en la imputación de las cuentas y de cuantiosas irregularidades que, al final, terminan, y finalmente, en manos del Consejo, con sus informes de fiscalización anuales, y que vuelven a dificultar de nuevo el trabajo en la elaboración del Informe del Consejo.

Compartimos, por lo tanto, la recomendación del Consejo en lo que se refiere a la determinación de los costes del servicio, que comprendan la totalidad de los costes directos y de los indirectos atribuibles al servicio.

Y compartimos también no solo la importancia, también el imperativo legal de la necesidad de establecer un estudio técnico, económico detallado, exhaustivo y ajustado a los costes reales para establecer la tarifación, de manera que se ingrese el coste real del servicio y no se pueda derivar beneficios de la prestación de un servicio esencial que, además, por ley está absolutamente prohibido.

El hecho de la prestación indirecta de un servicio no puede eximir y solapar las competencias municipales y mucho menos no imputar la responsabilidad a la Administración que externaliza el servicio, por lo que la Administración debería realizar un control más exhaustivo de la empresa que tiene... de la empresa en la que tiene delegada y la empresa que presta de manera subsidiaria el servicio, sobre todo cuando hablamos de servicios básicos y esenciales para los ciudadanos como es el caso del abastecimiento de agua potable o del saneamiento de agua.

Respecto a la regulación y gestión de las tarifas por prestación del servicio, señalar la importancia de que se ajusten todas a la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y se consideren las tarifas como lo que son, una tasa, y, por lo tanto, sujeta a la normativa tributaria y a las de la ley y también se ajusten y se sujeten a la Directiva Marco del Agua del año 2000 para uso eficiente, de manera que la tarifación sea adecuada al consumo y al uso y contribuir de esta manera, además de al cumplimiento de la Directiva europea, a impulsar el uso eficiente, racional y sostenible del agua. En todo caso, resulta muy difícil homogeneizar los criterios en las tarifas, ya que el consumo, la facturación y los costes de prestación de servicio difieren mucho entre unas capitales y otras, como... como es lógico y como evidencia en su... en su Informe.

No me resisto a dejar constancia de las dificultades que atraviesan los pequeños municipios, si ya los grandes, objetos del Informe que nos ocupa, tienen dificultades, como hemos podido ver en el Informe, imaginemos los pequeños sin la infraestructura necesaria para la prestación del servicio de manera directa y sin interesar, por cuestiones de rentabilidad, a ninguna empresa para la prestación indirecta del servicio.

Sí quiero dejar constancia de que, aunque la ley atribuye a los Ayuntamientos la responsabilidad de ejecutar y explotar la infraestructura de abastecimiento de agua y de saneamiento de los núcleos urbanos, la complejidad técnica y el elevado coste que con frecuencia caracterizan estas inversiones hacen precisa la colaboración de la Junta de Castilla y León en el marco de las competencias asumidas, tanto en el Estatuto de Autonomía como por el Real Decreto 1022 del año 84, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad, y que establecen claramente como competencias las de auxilio técnico y económico a las Corporaciones Locales de nuestra Comunidad para la realización de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y encauzamiento en zonas urbanas.

Muchos de los pequeños Ayuntamientos necesitan el ejercicio de este auxilio económico y técnico, no ya para las obras de infraestructura, que por supuesto lo necesitan, pero también para el día a día, para los controles técnicos de calidad de las aguas que le suponen gastos en muchos casos... que en muchos casos no pueden asumir. Dejar constancia simplemente de esta situación de los municipios pequeños, que sé que no son objeto, no han sido objeto de este Informe, pero sí me gustaría dejar constancia de estas dificultades que vienen atravesando.

Y también quiero compartir plenamente una frase que dice una buena Alcaldesa, Concha, Alcaldesa de un pequeño municipio, que dice que no por ser pocos, somos menos.

Y reiterar al Presidente, de nuevo, nuestro agradecimiento, felicitarle por el Informe que ha elaborado, que, sin duda, si los Ayuntamientos saben aprovecharlo, será muy clarificador para que pongan sus cuentas al día, sus situaciones al día, sus gestiones indirectas con las empresas también las regulen, y espero sepan aprovechar este Informe, que les clarifique su situación.

Le comento, Presidenta, que no voy a utilizar el segundo turno. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Muchas gracias, señora Portavoz, doña Ana María Muñoz de la Peña. Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular; en su representación, tiene la palabra el Portavoz, don Jesús Encabo Terry.

EL SEÑOR ENCABO TERRY:

Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señor Presidente, por el Informe que ha elaborado en relación a la gestión municipal del abastecimiento de agua potable de los Ayuntamientos capitales de provincia relativo al año dos mil tres.

Yo he examinado, pues, con... con detalle el Informe que han elaborado en relación al conjunto de los Ayuntamientos, y yo, desde luego, lo que sí me gustaría resaltar, pues, que creo que el objeto del Informe, que se marca con esas tres finalidades: en primer lugar, verificar y analizar la existencia de normas de procedimiento para el desarrollo de la actividad objeto de fiscalización en los sistemas de seguimiento y control, analizar el precio del agua para uso urbano en cada uno de los Ayuntamientos y analizar la calidad del servicio y abastecimiento de agua, yo creo que se han cumplido esas tres finalidades que se buscaban en el Informe.

Yo tengo especial, quizás, sensibilización sobre este asunto porque recuerdo, pues, lo conflictivo que es siempre -cuando se habla de la gestión del agua, es un asunto que preocupa a todos los ciudadanos de una manera muy especial- en sus dos vertientes: en lo que es la calidad y en lo que es el precio.

Y, en ese sentido, yo empezaría casi, pues, por una conclusión: de que la calidad en el suministro, el control y el precio del agua es irrelevante con la gestión; es decir, lo que... si uno llega a la conclusión, después de leerse su riguroso y extenso Informe, es que la gestión directa o la gestión indirecta no determina que haya un mejor servicio o que haya un peor servicio ni que haya un precio más elevado o que haya un precio inferior, porque si observamos como, dentro de los distintos análisis, de los distintos exámenes que hace al conjunto de las capitales de provincia, hay capitales de provincia que tienen gestión directa, y es el precio más caro, y viceversa; hay, en algunas que tienen gestión indirecta, hay un mayor control de lo que es la gestión del servicio de aguas, y hay un reglamento en cuanto cómo se tiene que prestar el servicio de aguas. Por lo tanto, yo creo que una de esas soflamas que hemos oído en muchas ocasiones de que la gestión indirecta supone dejar en manos de la iniciativa privada un servicio público esencial, con lo cual se va a perturbar la calidad y la naturaleza del servicio, pues yo creo que de la lectura de su Informe se observa claramente que no tiene nada que ver lo que es una buena gestión con si es gestión directa o indirecta.

Y con lo que sí tiene que ver realmente es con aspectos que ustedes ponen de relieve en su Informe. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, pues que en su día se hiciese una buena contratación, que hubiese un bien... un buen pliego de cláusulas administrativas, que se marcase de una manera rigurosa cuál era el campo de juego, en su caso, de esa gestión indirecta, y que al mismo tiempo hubiese una plena transparencia en la gestión integral del ciclo del agua. Eso es como reflexión previa.

También significar que yo creo que han encontrado dificultades desde el punto de vista de la contratación. Porque, claro, estamos hablando de contratación, que, por ejemplo, en el caso concreto de Palencia, se remonta al año mil novecientos setenta y cinco, yo entiendo que no será fácil, pues, rehacer un expediente de contratación después de casi treinta años, después de veintiocho, veintinueve años no es fácil. E, inclusive, yo creo que la contratación más reciente que se ha hecho, que es la de Valladolid, la de mil novecientos noventa y siete, pues quizás se hayan omitido aspectos importantes en todo lo que es el expediente de contratación, pero yo apunto -y lo digo desde el conocimiento- que han sido y son expedientes hechos desde Ayuntamientos pues que, desde el punto de vista de lo que es la gestión administrativa, de lo que es la gestión económica de los Ayuntamientos, pues me merecen absolutamente el respeto de todas las capitales de provincia. Es decir, yo creo que una cuestión pueda ser criterios interpretativos, como es el caso concreto al que se refiere usted de una manera extensa en el Informe, que es la discrepancia que existe con los Ayuntamientos de Salamanca y Ávila en relación a considerar que debe de tratarse de tasa y no de precio público, yo ahí, desde luego, no es mi intención hacer ningún tipo de diatriba jurídica. Es cierto, y yo he leído con mucha atención las argumentaciones que se esgrimen desde el Consejo de Cuentas invocando, por supuesto, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, la Ley General Tributaria, la Ley de Haciendas Locales, cuando se dice, y citándose en particular la Ley General Tributaria, que establece que tiene la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por la prestación de los servicios públicos de competencia local que no sean de solicitud o de recepción voluntaria para los administrados o que no se presten por el sector privado.

Pero yo, al mismo tiempo, me gustaría poner de manifiesto dos cuestiones, sin entrar en otro tipo de interpretaciones jurídicas: que, en cualquier caso, se está cumpliendo el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, que establece que las tarifas por abastecimiento de agua a las poblaciones tiene la consideración de precios autorizados en el ámbito autonómico, y que, por supuesto, interviene en las tarifas del precio del agua de los municipios de Castilla y León. En consecuencia, lo que quiero decir, y quiero resaltar y enfatizar es que todos, absolutamente todos, los precios, las tarifas de agua de nuestra Comunidad Autónoma están sometidas a este decreto y, por lo tanto, la interpretación de tasa o de precio público no tiene relevancia desde el punto de vista del ciudadano.

Y, al mismo tiempo, yo también incidiría, pues, en un informe, en un dictamen que he estado leyendo -yo creo que concienzudo desde el punto de vista de lo que es el análisis del concepto de tasa y de precio público-, elaborado por don Francisco José Villar Rojas a raíz de la entrada en vigor de la vigente Ley General Tributaria, que hace, pues, yo creo que disquisiciones jurídicas importantes, cuando establece que su interpretación sobre la Ley General Tributaria es que no ha sido voluntad del legislador convertir en tasa la prestación de servicios públicos, y afirma que de ser tasa el que gestiona el servicio público, se convertiría en un mero colaborador de la Administración, y debería de hacer llegar a la Administración la recaudación y no recaudaría al concesionario, y no estaría afectado por el principio de riego y ventura y se rompería el vínculo pago/suministro.

En definitiva, yo insisto, sin entrar en mayores cuestiones jurídicas, sin entrar en mayores polémicas jurídicas, lo que sí me gustaría resaltar es que la configuración como precio público no tiene ningún perjuicio para el ciudadano, supone un beneficio para la Administración, para el Ayuntamiento, en tanto en cuanto el riesgo y ventura lo tiene que asumir la empresa concesionaria, y, por lo tanto, no es un riesgo y ventura que tenga que asumir el Ayuntamiento, y, por lo tanto, desde el punto de vista de lo que son los ingresos públicos, la tasa o precio público, esa configuración no supone, insisto, ningún quebranto económico para los ciudadanos, porque el precio, insisto, siempre tiene que ser supervisado, tiene que ser autorizado por la Comunidad Autónoma en función del Real Decreto Ley 7/1996.

Pero yo también me gustaría incidir en... en otra cuestión importante, y es que debemos de ser también sinceramente optimistas sobre la gestión del servicio municipal de aguas del conjunto de las capitales de provincia; es decir, tenemos aspectos enormemente positivos como... me gustaría resaltar, estamos, pues quizás, en la... a la cabeza de España en lo que se denomina el rendimiento técnico de la red entre agua captada y suministrada. Y eso es producto de algo muy elemental que supone de inversión; es decir, eso lo que pone de manifiesto y a las claras que es que el conjunto de los Ayuntamientos capitales de provincia de nuestra Comunidad Autónoma han invertido, porque, para evitar esas fugas, para evitar esas pérdidas de agua, para conseguir un buen rendimiento técnico de la red, no es algo que se haga en los papeles, se tiene que hacer mediante importantes obras de infraestructura. Y, en ese sentido, quiero resaltar que nos encontramos, pues, muy por encima de lo que es la media nacional y la media regional cuando estamos hablando de suministro de agua al conjunto de las poblaciones capitales de provincia de nuestra Comunidad Autónoma. Y en ese sentido también notable.

Y también me gustaría destacar, pues, el buen índice que hay entre facturado y cobrado. Es decir, tengamos presente que el porcentaje más bajo es el del Ayuntamiento de Salamanca con el 96%. Eso, desde el punto de vista empresarial, sería un récord; es decir, entre cobrar y facturar, estar hablando que el Ayuntamiento que tiene el porcentaje más bajo es el 96%, yo creo que también es un dato realmente importante.

Yo creo que algo se ha de mejorar, como se pone de manifiesto en su Informe, como se indica en la necesidad de cumplir la Directiva Marco del Agua 2060 de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, en tanto en cuanto de que es necesario esa discriminación de tarifas, esa discriminación de tarifas, que yo creo que se tomará buena nota por los Ayuntamientos, y en particular, quizás, por el Ayuntamiento de Burgos, que no establece esa discriminación para los consumos de agua; el resto de los municipios, creo que con la excepción también de Segovia, no tiene esas tarifas discriminatorias. Pero eso es una normativa de carácter comunitario que todos están obligados a cumplir.

También creo que estamos, desde el punto de vista de lo que es la gestión y el control del agua, dentro de lo que son los parámetros del resto de España, incluso, pues, con una mayor eficiencia en lo que es la gestión y control de lo que suele darse en el resto de España. E insistir en que nosotros creemos también acertada la observación que se hace desde el Consejo de Cuentas sobre la conveniencia de establecer también control sobre los consumos de agua públicos. Creo que en estos momentos, si estamos hablando de que hay que ser eficaces en la gestión de los recursos públicos, también todas y cada una de las Administraciones han de tener en cuenta los consumos que realizan.

Pero aquí también me gustaría hacer la siguiente reflexión, y que quizás no se haya observado a la hora de analizar algunos de los pliegos de cláusulas administrativas, porque también en los pliegos se establecía, en alguno de los pliegos -y lo digo con... con conocimiento-, que la... el suministro gratuito a las entidades públicas como uno de los criterios que ellos presentaban para mejorar la oferta. Y, en ese sentido, pues en algunos casos, pues estamos hablando de que eso supone, pues, ni más ni menos que de un millón setecientos mil metros cúbicos de suministro gratuito a las Administraciones Públicas. Pero eso no obsta para que nosotros respaldemos el criterio del Consejo de Cuentas de que se establezcan los contadores, pues, para controlar, evidentemente, ese consumo.

Y por nuestra parte, nada más. Significar que creemos que del análisis que se efectúa por el Consejo de Cuentas disponemos de un buen servicio de aguas en el conjunto de las capitales de provincia, con precios dispares, y que, desde luego, yo creo que este Informe puede contribuir a mejorar la gestión del servicio integral del agua. Nada más y muchísimas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Gracias, señor Portavoz. Para contestar a las intervenciones de los dos Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR MARTÍN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señora Presidenta. Efectivamente, y coincidiendo con lo que acaba de decir el Portavoz del Grupo Popular, realmente la intención... la intención que ha tenido el Consejo al realizar este Informe ha sido sencillamente poner de manifiesto una situación que se da en todas las capitales de provincia de manera que pueda ser comparable, y que cada uno se fije en los datos que, como ha dicho la Portavoz del Grupo Socialista, no han sido unos datos fiscalizados. Si hubiéramos tenido que fiscalizar las cuentas, este Informe todavía se estaría haciendo, lógicamente. Tenemos que confiar en que la información que se nos ha dado es la correcta. En algún caso, pues se han podido detectar incongruencias internas en la información, y eso se ha podido depurar, pero es la información de la que disponemos.

Y tampoco la pretensión del Informe ha ido a ser, ha ido o ha querido ser más amplia, sino sencillamente el poner de manifiesto, el comparar, porque sin que esto suponga que estemos hablando de eficiencia puramente determinada, puesto que no se han marcado unos objetivos previos con los que se pueda comparar, pero, sin embargo, el mero hecho de que... en los datos aparezcan y se conozcan sí se puede pensar en que... o por lo menos poner encima de la mesa de las Administraciones que tienen a su cargo la prestación de estos servicios que existen otras posibilidades, que tienen otros resultados y simplemente que se pueden tener en cuenta.

Efectivamente, del Informe, y yo creo que eso es una cosa positiva, pues no se pone un especial énfasis en que un tipo de gestión sea mejor que otra, las dos son legales, están al alcance y a disposición de... de cada una de las Administraciones; y lo que, efectivamente -como han dicho ambos Portavoces-, lo que importa siempre es la calidad de la gestión; o sea, cómo se ha realizado esa gestión. Y eso también se pone un poco de manifiesto en el Informe. De manera que si la gestión es buena y el control que se hace de la... tanto de una forma u otra de prestación del servicio, yo creo que eso va siempre en beneficio de que los costes sean los menos posibles, de que en las situaciones actuales, en las que las normas de medio ambiente imperan en toda... en toda la Comunidad Europea, pues el desperdicio del agua sea lo menos posible. Y si las Corporaciones a las que se ha remitido este Informe, que efectivamente, este se ha hecho como un informe de fiscalización que se ha mandado a... a alegaciones, y también las Corporaciones, en general, y salvo un pequeño detalle, pues han estado conformes con ello, con lo que nosotros nos damos por satisfechos escuchando, sobre todo, que esta Comisión parece que también lo está. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Muchas gracias, señor Presidente. Habiendo comunicado los Grupos, como en el anterior punto, su renuncia a la réplica, damos por finalizado este debate.

Y de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León del siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante esta Mesa de esta Comisión propuestas de resolución relativas al Informe de Fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo termina el lunes, el próximo lunes, día veinticinco de mayo.

Informe

Pasamos, por tanto, al tercer y último punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe de Fiscalización de la organización, rendición de cuentas y llevanza de la contabilidad del Ayuntamiento de Cigales, de Valladolid, en el ejercicio 2005".

Para su presentación, de este Informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor don Pedro Martín Fernández.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR MARTÍN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señora Presidenta. El propósito de este trabajo que ahora tenemos encima de la mesa ha sido analizar la organización, la rendición de cuentas y la llevanza de la contabilidad por parte del Ayuntamiento de Cigales mediante la realización de una auditoría de cumplimiento.

En concreto, se ha examinado la composición, organización y funcionamiento de los servicios de la Corporación; se ha verificado el cumplimiento de la normativa aplicable respecto a la elaboración, tramitación y aprobación, tanto de los presupuestos como de la Cuenta General; y se ha comprobado la rendición y coherencia interna de los distintos estados que integran dicha cuenta y la adecuada contabilización de las operaciones realizadas.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Cuentas, se remitió el informe provisional al Ayuntamiento de Cigales para que formulara las alegaciones que estimara oportunas, y, transcurrido el plazo establecido al efecto, la Corporación no efectuó alegación alguna al respecto.

Las limitaciones que han afectado a la realización de este trabajo han sido que no se ha facilitado al Consejo el expediente completo de la aprobación del presupuesto, y que el Ayuntamiento no realizó un seguimiento de los gastos con financiación afectada, por lo que no se han podido cuantificar las desviaciones de financiación derivadas de tales gastos, que hubieran permitido la determinación de resultado presupuestario ajustado y del remanente de Tesorería para gastos generales.

La opinión del Consejo es que la elaboración, tramitación y aprobación, tanto del presupuesto como de la Cuenta General, se realizaron fuera de los plazos legales, al igual que la rendición de dicha cuenta al Consejo; que esta cuenta rendida incluye todos los estados, cuentas y demás documentación complementaria establecidos legalmente, excepto el estado de los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros y el estado de gastos con financiación afectada; que el Ayuntamiento lleva todos los libros de contabilidad obligatorios, menos el de inventarios y balances; y que, con carácter general, la anotación de las operaciones se ajusta a lo establecido legalmente, salvo por algunos incumplimientos, siendo los más importantes los que a continuación paso a exponer.

La forma de contabilizar los ingresos gestionados por el Ayuntamiento, mediante padrones de contribuyentes, presenta múltiples deficiencias, que impiden conocer de forma clara la situación en la que se encuentran las liquidaciones practicadas.

En cuanto a las obligaciones derivadas de obras incluidas en los Planes Provinciales de Cooperación, el Consejo ha comprobado que el Ayuntamiento las ha reconocido únicamente con la formalización del contrato, sin que se hubiera realizado el gasto correspondiente, y las subvenciones para dichos planes se han reconocido sin que haya surgido el derecho a su cobro por la Corporación.

Los compromisos de gastos de gestión futuros no se contabilizan como tales, puesto que se aplican al presupuesto corriente por su importe total, y en la anotación de ingresos con contraído previo se advierten casos en los que no se ha seguido el principio del devengo, imputándose al ejercicio corriente ingresos correspondientes a ejercicios anteriores.

Las operaciones de Tesorería, en lugar de reflejar las disposiciones realizadas, se han contabilizado por el límite disponible.

Asimismo, se ha observado que el saldo de las cuentas de préstamo a largo plazo que figuraba en el balance de situación no reflejaba adecuadamente las deudas que mantenía el Ayuntamiento con las entidades financieras.

El Informe también pone de manifiesto que el Ayuntamiento no ha efectuado una adecuada estimación de los deudores de dudoso cobro, y no ha dotado a la correspondiente provisión para la insolvencia. Tampoco ha realizado la amortización de los bienes del inmovilizado material.

Con carácter general, la estructura presupuestaria se adapta a la aprobada para las entidades locales por Orden de veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, y las modificaciones presupuestarias se han tramitado conforme a lo legalmente establecido. No obstante, el Consejo ha constatado que no se incluye, como anexo al presupuesto, plan de inversiones y financiación plurianuales, que las bases de ejecución del presupuesto no contemplan la regulación de los compromisos de gastos cuatrienales y que la plantilla de personal que se aprueba en el presupuesto no está valorada.

Respecto a la organización del Ayuntamiento, el Consejo ha comprobado que se han constituido los órganos de gobierno municipal establecidos en el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, y que las funciones de Secretaría y las de Tesorería han sido desempeñadas según lo establecido legalmente.

Dicha Secretaría ha sido clasificada en clase tercera, en la que las funciones de control y fiscalización interna propias de la Intervención forman parte del contenido del puesto de Secretario, lo que supone que la propia normativa no contempla una adecuada segregación de funciones, elemento fundamental de cualquier sistema de control interno. No obstante, a partir del ejercicio dos mil seis, el Ayuntamiento cuenta en su plantilla con un puesto de Vicesecretario-Interventor, lo que permitiría establecer esta necesaria separación de funciones.

El Ayuntamiento, de acuerdo con su población de derecho, presta todos los servicios obligatorios recogidos en la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, salvo el de control de alimentos y bebidas, que es prestado por la Junta de Castilla y León.

Para finalizar el Informe, el Consejo, además de advertir que se corrijan las incidencias detectadas en la contabilización de las operaciones, recomienda que el Ayuntamiento realice de forma sistemática revisiones y conciliaciones de los registros contables, que permitan garantizar la fiabilidad de los mismos y la representatividad de las cuentas; y que elabore, tramite y apruebe el Presupuesto y la Cuenta General en los plazos legalmente establecidos.

Por otra parte, aconseja al Ayuntamiento que elabore un procedimiento escrito y detallado del proceso de gestión económico financiero, en el que se establezcan, de forma precisa, sus fases y las personas para llevarlas a cabo, la distribución de funciones y responsabilidades, la documentación soporte de las operaciones, el procedimiento de control de las facturas recibidas, así como la regulación de la Caja de la Corporación. En este sentido, en el Informe se aconseja al Ayuntamiento que limite la utilización de la Caja de la Corporación para los pagos en que no sea posible u operativo realizar a través de las cuentas bancarias y que todos los cobros se realicen a través de dichas cuentas con el fin de mejorar el control sobre los mismos y la protección de los caudales públicos.

Asimismo, y para finalizar, la Corporación debe calcular convenientemente sus necesidades de financiación, con el fin de limitar la concertación de operaciones de Tesorería para cubrir las necesidades transitorias de Tesorería, y el resto financiarlo con operaciones a largo plazo. Nada más, señora Presidenta.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Muchas gracias, señor Presidente. Abrimos ahora el turno de intervención de los distintos Portavoces. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su Portavoz en el día de hoy, doña Ana María Muñoz de la Peña.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, Presidenta. Señor Presidente, el Ayuntamiento de Cigales no es una excepción, y marca la línea y la tónica general de todos los Ayuntamientos o de muchos de ellos; está dentro de los parámetros que hemos podido ver en el Informe de Fiscalización del Sector Público Local en el primer punto.

No es, por lo tanto, una excepción y está dentro de la tónica general de muchos de los Ayuntamientos. Con esto no quiero justificar la gestión económica financiera y presupuestaria del Ayuntamiento de Cigales; no tiene justificación ni en el caso del Ayuntamiento de Cigales ni en ninguno de los Ayuntamientos, porque no se puede justificar el incumplimiento de la ley, que debe de imperar en cualquier Administración Pública y en cualquier entidad. Sí puede ser comprensible, no admisible; pero, bueno, hasta cierto punto podemos... puede ser comprensible.

Todos conocemos y somos conscientes de las dificultades que tienen los Ayuntamientos medianos y, sobre todo, los pequeños, por la falta de recursos humanos y de recursos económicos para su gestión. Así lo evidencia el Informe del Consejo. No es, por lo tanto, una excepción, pero hay que corregir las deficiencias una vez conocidas. El mantener a lo largo de los años las deficiencias, una detrás de otras, durante todos los años, sin que se ponga remedio para solucionarlo, bueno, pues en algún punto tenemos que ser capaces de que los Ayuntamientos cumplan al menos con la ley.

Si partimos de la base de que ya, de entrada, aun disponiendo de dos plazas de habilitación nacional, no tiene segregación funcional, les lleva a provocar, esta misma situación, muchas de las anomalías que han sido detectadas. No tienen, por lo tanto, un buen sistema de control interno de funciones y de fiscalización, como también pone de manifiesto en su Informe.

Ajustar la categoría de la institución a la plaza debe de ser fundamental. El ajuste en Cigales no está bien realizado, y no lo está en muchos de nuestros Ayuntamientos. Nos encontramos versiones para todos, ¿no?, plazas con categoría de tercera que deben de ser de segunda, plazas con categoría de primera con sueldo de tercera; en fin, aquí hay modalidades y versiones en todo, en todos los sentidos.

El no tener bien ajustadas las plazas, pues nos lleva muchas veces a opacidad en la información, a llevanza de los libros con anomalías, a irregularidades en la gestión económico-financiera y presupuestaria del propio Ayuntamiento.

No hay constancia de las autorizaciones necesarias del órgano competente ni de los informes o propuestas exigidos por la ley, o de los documentos contables que deben reflejar el reconocimiento de la obligación, los conocidos todos como... como ADO. La falta de inscripción en el Registro General de las facturas, o la ausencia de instrucciones por escrito para el funcionamiento de la Caja, o el no realizar el seguimiento adecuado de los préstamos suscritos, o el no realizar un control de gastos e ingresos con financiación afectada ni de compromisos de gastos futuros es consecuencia de la ausencia también de un buen control interno.

La gestión del Ayuntamiento de Cigales es opaca en cuanto al control interno, que presenta -como hemos podido ver- deficiencias e irregularidades al presupuesto, con importantes incumplimientos legales en toda la tramitación del presupuesto; o la llevanza de la contabilidad pública, que aplica la requerida a municipios menores de cinco mil habitantes, pero no completa, de manera que sus cuentas al final, pues, no reflejan una situación fiel y real de lo que ocurre en sus... en sus arcas; y anomalías en la situación económica-financiera que refleja la Cuenta General, presentada además con incumplimiento de plazos.

El más interesado en que las cuentas sean transparentes, reales, presenten una imagen fiel de la situación económica financiera del propio Ayuntamiento, entendemos que debe de ser el propio Ayuntamiento y la propia Corporación, los mayores interesados en que su situación se ajuste lo más posible... si no es posible en su totalidad, se ajuste lo más posible a la situación real; no se entiende que pueda ser de otro modo.

Sin embargo, el presupuesto no refleja la programación de la actividad económica de la Corporación, falta parte de la documentación, la que legal... documentación que legalmente debe de acompañar al presupuesto, como es el Plan de Inversiones y Financiación, o como es la valoración de la plantilla de personal, o como son los compromisos de los gastos plurianuales.

Se incumplen los plazos para la tramitación y aprobación del presupuesto general, entrando en vigor medio año después, tal y como establece en el Informe las fechas; medio año después, sin haberse prorrogado el presupuesto del año anterior, como debería haber sido la situación al no entrar en vigor el uno de enero; situación que implica consecuencias directas para los ciudadanos, que es evidente que luego no se aplican. La Cuenta General tampoco refleja la gestión económica-financiera y presupuestaria realizada.

En cuanto al trabajo anual que supone el movimiento de las cuentas y de los libros de contabilidad, pues no existe o, al menos, no se tiene constancia del libro de inventarios y balances; presentan imputaciones presupuestarias incorrectas de derechos y obligaciones, lo que impide calcular posibles desviaciones de financiación, dato este fundamental para una buena previsión contable y financiera de las cuentas del Ayuntamiento.

No se cumplen los requisitos necesarios en el reconocimiento de las subvenciones y de las obligaciones de las obras afectadas; en defectos, en el padrón municipal, que impiden transparencia y conocimiento de la realidad en las liquidaciones que se practican.

Mal contabilizados los préstamos a largo plazo, las operaciones de Tesorería, compromisos de gasto... de gastos de ejercicios futuros, imputaciones inadecuadas de cuentas de gastos y de ingresos. Y como la mayoría de los Ayuntamientos, en esto coincide el de Cigales, no se amortiza el inmovilizado material ni se dota de provisión para insolvencias de crédito de dudoso cobro, aun conocidos los derechos de los dudosos cobros existentes.

Como positivo, podemos entender el alto grado de ejecución en cuanto a ingresos y gastos, 86% y 83%; pero con un bajo grado de recaudación en ingresos y gastos, evidentemente que, sin duda, como resultado de la falta de depuración en sus padrones.

Con esta situación, es evidente que los datos reflejados, tanto en el resultado presupuestario ajustado como en el remanente de Tesorería y el ahorro neto resultante, pues es evidente que no pueden ser fiables, ya que vienen condicionados por las anomalías detectadas en la llevanza de los libros por su incorrecta contabilización y porque los datos contemplados en el presupuesto... de manera que no pueden reflejar en ningún caso la situación real, resultados... resultando estos datos viciados de fondo.

Suponemos que el propio Ayuntamiento de Cigales, repito, el mayor interesado en aprovechar bien los datos y anomalías detectadas en el Informe del Consejo, así como aplicar las recomen... aplicar las recomendaciones que desde el propio Consejo les están sugiriendo, para poder paliar, por un lado, todas estas irregularidades, ilegalidades y deficiencias detectadas, que le ayuden en sus cuentas a reflejar fielmente la situación económica financiera real, y pueda establecer con ello previsiones futuras y actuaciones futuras con la seguridad y el respaldo de hacer las cuentas bien y de llevar sus cuentas en orden.

A pesar de las limitaciones que, de nuevo, ha tenido el Consejo -como bien ha reconocido el Presidente en su intervención- respecto a que no se les ha facilitado el expediente a fiscalizar completo de la aprobación del presupuesto, o que no se ha efectuado un seguimiento de los gastos con financiación afectada, que hubiera permitido determinar el resultado presupuestario ajustado y el remanente de Tesorería para los gastos generales.

El Consejo ha vuelto a hacer un buen trabajo, y le felicitamos por ello. Buen trabajo que suponemos comparte también el Ayuntamiento de Cigales, en cuanto a que no ha presentado ninguna alegación al Informe.

Reitero el agradecimiento por su trabajo, por su transparencia en los Informes, su imparcialidad. Y reiterar de nuevo las gracias, en nombre del Grupo Parlamentario, por su comparecencia a usted y su equipo. Y comunicándole que renunciaré al segundo turno, muchas gracias, Presidente.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Muchas gracias, señora Portavoz doña Ana María Muñoz de la Peña. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su Portavoz, don Jesús Encabo Terry.

EL SEÑOR ENCABO TERRY:

Sí, gracias, Presidenta. En primer lugar y como una cuestión de orden, y para que quede constancia en el Diario de Sesiones, significar que doña Arenales Serrano Argüello sustituye a doña Mar González Pereda.

Entrando ya en lo que es al análisis del Informe emitido por el Consejo de Cuentas en relación al Ayuntamiento de Cigales, pues manifestar desde el Grupo Parlamentario Popular el reconocimiento por el buen trabajo que se ha realizado en el análisis de la gestión económica y financiera del Ayuntamiento de Cigales. Y, desde luego, pues al mismo tiempo, si me lo permiten todos ustedes, Señorías, pues decir que no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, aquí de lo que estamos hablando es del caso concreto de lo que es la teoría general de lo que ha sido la conclusión del Informe del Sector Público Local del año 2005. Es decir, curiosamente, aquí ya, al analizar de una manera particularizada la situación del Ayuntamiento de Cigales, bueno, pues se ve ya con lupa, pues, todos los múltiples incumplimientos que se han realizado desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de lo que es la gestión económica-financiera. Pero es poner la lupa sobre un caso concreto, pero si tuviésemos que resumir cuál es la opinión del Consejo de Cuentas en relación al Ayuntamiento de Cigales es la misma que tiene sobre el sector público local de nuestra Comunidad Autónoma.

Y este Informe, pues yo creo que es también la consecuencia de ese reiterado incumplimiento que se ha mantenido por el Ayuntamiento de Cigales en la presentación... en la no presentación de las cuentas anuales. Es decir, como se hace hincapié en su Informe, ni se presentó en los años dos mil tres, ni en dos mil cuatro ni en dos mil cinco, y estamos hablando de un Ayuntamiento, pues, que tiene más de tres mil seiscientos habitantes, que tiene veinticuatro empleados públicos a su cargo, que tiene un presupuesto de más de 3.000.000 de euros, y que, en definitiva, estamos hablando de un Ayuntamiento que no participa, pues, de ese criterio que podemos compartir el Partido Socialista y el Partido Popular respecto a abandono o carácter periférico de algunos Ayuntamientos. Nos encontramos con un Ayuntamiento que se encuentra a once kilómetros de Valladolid y, por tanto, es un Ayuntamiento con ingresos importantes.

Y, si analizado... analizamos las características de este Ayuntamiento, pues nos damos cuenta, pues, que prácticamente gestiona directamente la totalidad de los servicios municipales, a excepción de lo que es el servicio de recogida de residuos, que está integrado en la mancomunidad Bajo Pisuerga.

Y también hay aspectos singulares de este municipio, que el grado de ejecución de ingresos y gastos es superior al que registran la media de los municipios de Castilla y León, que también son superiores a la media los ingresos por habitante y de gastos por habitante. La inversión representa el 49%, también muy superior a la media de los municipios de Castilla y León, que está cifrado en el 36%.

También el indicador del resultado presupuestario ajustado que representa el superávit o déficit presupuestario del 12,5%, por encima también en 4 puntos sobre la media; y el endeudamiento, además que es algo que no se ha hecho referencia, pero tampoco es elevado, es decir, estamos hablando de un endeudamiento bajo en relación a un presupuesto: estamos hablando de 211.000 euros de endeudamiento cuando se tiene un presupuesto de 3.000.000 de euros. Es decir, ya tuviesen todos los municipios un endeudamiento tan bajo desde el punto de vista de lo que es la comparación de sus ingresos.

Yo he intuido en sus palabras, señor Presidente, pues un... un cierto optimismo por el hecho de la incorporación de ese Vicesecretario, que va a permitir desglosar las actividades o funciones a partir del año dos mil seis. Esperemos que eso sea así, y que, desde luego, esa opinión que se vierte en su Informe, opinión dura, pero evidentemente no por ello menos rigurosa, pues no se vuelva a repetir, porque aquí estamos hablando de cuestiones que realmente son de claro incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Cigales, cuando se ha omitido, de una manera reiterada, lo establecido en la Ley reguladora de las Haciendas Locales en lo que se refiere a la tramitación del presupuesto. Es decir, aquí el presupuesto, cuando uno analiza el Informe que ustedes han emitido, pues, la verdad, no tiene nada que ver con lo que es la tramitación establecida en la Ley reguladora, y se aprueba meses después, pero sin ningún tipo de salvedad.

También, yo creo que es plenamente acertada la opinión que se expresa por el Consejo de Cuentas de que tienen que mejorar necesariamente el control interno. Esa... ese desglose de funciones entre Secretario y Vicesecretario, yo creo que va a permitir ese desglose una mayor eficacia y control interno de toda la gestión económica y financiera.

Y también aspectos que yo creo que a veces se producen con frecuencia en los Ayuntamientos y que hay que evitar, que es confundir lo que son operaciones de Tesorería con operaciones de auténtico endeudamiento, y que aquí se denota de una manera clara, tal como ustedes expresan en el Informe.

En definitiva, nosotros tenemos que reconocer el magnífico trabajo que también se ha hecho en relación al análisis de la situación del Ayuntamiento de Cigales, que yo creo que lo más palpable es que el mismo Ayuntamiento no ha realizado ninguna clase de alegación, y, por lo tanto, aquí podríamos aplicar el criterio de que "el que calla otorga", y que hay un reconocimiento expreso por el Ayuntamiento de Cigales en las apreciaciones que se hacen, valoraciones que se hacen desde el Consejo de Cuentas. Y también marcar, en ese sentido, pues una cierta esperanza de que este Ayuntamiento, pues con la incorporación de un nuevo funcionario, de un nuevo empleado público con habilitación nacional, pues pueda mejorar, de una manera más que notable y sobre todo cumpliendo lo que establece la ley, la gestión económica-financiera.

En definitiva, renunciando -como también ha expresado la Portavoz del Grupo Socialista- al segundo turno, no queda más, por parte de este Grupo Parlamentario, que felicitar al Consejo de Cuentas también en relación al Informe evacuado sobre el Ayuntamiento de Cigales y su gestión económica-financiera. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Gracias, señor Portavoz, don Jesús Encabo. Para contestar a las intervenciones de los dos Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR MARTÍN FERNÁNDEZ):

Muchas gracias, señora Presidenta. En este caso, creo que las intervenciones de los dos Portavoces son incontestables. Y lo que sí, en relación con ese optimismo -que intuye el Portavoz del Grupo Popular- de este Presidente sobre la incorporación de un Viceinterventor -que también ha puesto de manifiesto la Portavoz del PSOE-, yo creo que más que un optimismo es la expresión de un deseo; y sobre todo de que, como la ley es la que es y no se puede quitar ese carácter doble de Interventor y de Secretario que ejerce la misma persona, este sería un buen ejemplo a seguir para conseguir lo que la ley no exige directamente, pero un procedimiento indirecto para que siempre haya esa segregación de funciones que garantizaría lo que es un verdadero control interno.

Y dicho esto, y con el agradecimiento a Sus Señorías por la paciencia que han tenido de escuchar mis exposiciones, que siempre resultan un poco pesadas, y fundamentalmente expresando mis deseos de que en una próxima ocasión podamos contar, además con la presencia de la que hoy es la Portavoz, del Portavoz titular, y deseándole una pronta recuperación, pues les doy las gracias a todos, y quedo a su disposición.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):

Muchas gracias, señor Presidente. Habiendo renunciado los dos Grupos Parlamentarios a su turno de réplica, damos por finalizado el debate.

Y, como en anteriores ocasiones, de conformidad con lo establecido en la Norma Cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León del siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar, ante la Mesa de la Comisión, propuestas de resolución relativas al Informe de Fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo lunes veinticinco de mayo.

Y concluido ya este Orden del Día de esta Comisión, agradecemos de nuevo la presencia y el trabajo del Presidente del Consejo de Cuentas, así como todos sus Consejeros y el personal que nos acompaña, dándoles las gracias por haber acudido; y esperamos que siga acudiendo en próximos días. Muchas gracias. Se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos].