DS(C) nº 388/7 del 14/9/2009

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Buenas tardes. Se abre la sesión de la Comisión de Interior y Justicia. Y antes de pasar al Orden del Día, los dos Portavoces ruego comuniquen a esta Presidencia las sustituciones. ¿Por el Grupo Socialista?

EL SEÑOR VELASCO RODRÍGUEZ:

Gracias, Presidente. Por el Grupo Socialista, no tiene prevista ninguna sustitución. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Bien, muchas gracias. Y por el Grupo Popular, me consta que tampoco.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Muchas gracias, Presidente. Buenas tardes. Nada, están todos presentes.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Por lo que doy la palabra a la Vicepresidenta de la Comisión para dar lectura al primer punto del Orden del Día.

PNL 811

LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA MALLO ÁLVAREZ):

Buenas tardes. Primer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, PNL 811-I, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a poner en marcha programas de cooperación técnica, en especial países en vía de desarrollo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 183, de veintidós de abril de dos mil nueve".

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Muchas gracias. Para la exposición de la misma, tiene la palabra doña Paloma Sanz Jerónimo.

LA SEÑORA SANZ JERÓNIMO:

Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías. La cooperación técnica pretende mejorar las capacidades de las personas, las organizaciones y los marcos institucionales en los países empobrecidos, mediante acciones, programas y proyectos, tanto de educación y formación como de investigación y desarrollo tecnológico; de intercambio de expertos; de información-documentación; intercambio, asesoramiento, consultoría y estudios; y cualquier otro que contribuya a dicha finalidad.

A través de los programas de cooperación técnica, se pone asimismo a disposición de los Gobiernos asesorías técnicas que apoyen aspectos esenciales de la reforma de los países en desarrollo y la modernización de sus mecanismos de gestión. De esta manera, Señorías, se cumple una función integradora y multiplicadora.

Cada vez más, la cooperación técnica internacional está ocupando un lugar importante como instrumento de apoyo y complemento a los esfuerzos internos de los países empobrecidos, siendo uno de sus... una de sus estrategias de desarrollo. Y en este sentido, se pronunció la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 48/172, de veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, subrayando que la cooperación técnica entre los países en desarrollo es un elemento clave de la cooperación técnica internacional, cuyo objeto final es promover el desarrollo económico y desarrollo de los recursos humanos, utilizando la capacidad de los países en desarrollo.

La cooperación técnica es una de las modalidades de la cooperación al desarrollo de Castilla y León, prevista ya tanto en la Ley 9/2006, de diez de octubre, de Cooperación al Desarrollo de Castilla-León, como en el futuro Plan Director de Castilla y León para la Cooperación al Desarrollo 2009-2012, que hemos tenido ya oportunidad de debatir en esta misma Comisión.

Por tanto, la Ley establece que la cooperación técnica tendrá por finalidad el apoyo al esfuerzo de los países empobrecidos para mejorar las capacidades de las personas, las organizaciones y los marcos institucionales. E incluirá cualquier modalidad de asistencia dirigida a la formación de recursos humanos en el país receptor, mejorando sus niveles de instrucción, adiestramiento, cualificación y capacidades técnicas y productivas.

Por lo tanto, la cooperación técnica se llevará a cabo mediante acciones, programas y proyectos de educación y formación, investigación y desarrollo tecnológico, intercambio de expedientes, etcétera, etcétera, que ya hemos descrito.

Las orientaciones de la cooperación técnica también están claras en el proyecto que decimos, de Plan Director de Castilla y León 2009-2012, apoyando el esfuerzo de los países empobrecidos para mejorar las capacidades de las personas, las organizaciones y los marcos institucionales. También, fomentar el uso de la asistencia técnica y la cooperación directa, dirigida a la formación de recursos humanos en el país receptor, mejorando sus niveles de instrucción, cualificación y capacidades técnicas y productivas. Poner un especial acento en el uso de las tecnologías específicas más adecuadas a la contraparte que se trate es uno de estos objetivos; promover el uso de estas modalidades, en combinación con otras modalidades de cooperación, como pueden ser la cooperación económica o la acción humanitaria; y explorar las posibilidades de estas combinaciones.

Dicha cooperación con los pueblos más desa... más desfavorecidos debe desarrollarse en colaboración con las universidades, las empresas especializadas en determinados campos de actuación, fundaciones u otras instituciones encargadas de la educación, impulsando acciones formativas de recursos humanos, la transferencia de tecnologías y todas las actuaciones encaminadas al logro de un esfuerzo y un refuerzo institucional, al objeto último de eliminar de forma sostenida la pobreza y promover el desarrollo de dichos pueblos.

Por lo tanto, y por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular, planteamos la siguiente propuesta de resolución:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que continúe y ponga en marcha nuevas líneas de actuación que incorporen programas de cooperación técnica, especialmente con las instituciones de enseñanza superior de los países en vías de desarrollo, al objeto de que estos puedan desarrollar sus capacidades de investigación, de innovación o de adaptación tecnológica a sus condiciones locales, así como de capacitación y desarrollo de sus recursos humanos".

Esperamos desde el Grupo Parlamentario Popular que apoyen esta propuesta. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Para un turno de fijación de posición, tiene la palabra doña María Ángela Marques Sánchez... Marqués. (Lo he leído como si fuera portugués. Disculpe).

LA SEÑORA MARQUÉS SÁNCHEZ:

Buenas tardes a todos y a todas, Señorías. Gracias, señor Presidente. Pues nos presenta hoy el... el Grupo Parlamentario Popular una proposición no de ley a la que anuncio ya el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista. Y es que esta proposición no de ley se podría decir que es copia literal de un artículo de la Ley 9/2006, de diez de octubre, de Cooperación al Desarrollo, que, como todos sabemos, se votó por unanimidad en las Cortes de Castilla y León. Así, pues, por... por coherencia, es lógico anunciar este voto favorable de nuestro Grupo.

Sí que queremos resaltar algo que para nosotros es chocante y que figura en los propios antecedentes de la proposición no de ley presentada, y que, desde nuestro punto de vista, es un error que figure así en los antecedentes porque le quita fuerza a la proposición y deslegitima hasta cierto punto su presentación. Y es que esta propuesta, registrada el catorce de abril de dos mil nueve, antes de que se apruebe el Plan Director de Castilla y León para la Cooperación al Desarrollo, asegurando el propio redactor de la... de la propuesta que debe ser este Plan el que defina la política de actuación y las líneas estratégicas que permitan articular la cooperación técnica. Nos parece, pues -como digo-, algo chocante que se presente esta... esta proposición antes de que se apruebe ese Plan Director. Da la sensación de que lo que el redactor propone es que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León a actuar al margen de lo que se acuerde en ese Plan Director.

Sin embargo, reitero nuestro... nuestro apoyo a esta iniciativa, porque, sinceramente, Señorías, es tan descafeinada que no compromete a nada, con lo que es absolutamente imposible que contradiga cualquier línea de actuación que se establezca en ese Plan Director.

Sí queremos aprovechar esta ocasión para hacer algunas reflexiones, y puesto que su proposición no de ley hace referencia a la cooperación técnica con... con instituciones de enseñanza superior de los países en vías de desarrollo, queremos aprovechar este momento para resaltar el papel de nuestras Universidades como agentes de cooperación.

La Universidad es un ámbito privilegiado para la cooperación al desarrollo porque tiene los recursos técnicos y humanos muy cualificados que abarcan todos los campos del conocimiento; porque es un espacio muy adecuado para la sensibilización, la educación y la difusión de valores solidarios entre los jóvenes, que deberán ser los que tomen el testigo, sean protagonistas en... en ese momento ya, pero también en un futuro, de futuras actuaciones de cooperación al desarrollo; y porque las Universidades tienen una alta capacidad técnica, que pueden redundar en beneficio de otros actores de cooperación, mediante colaboración con ONGD o con la empresas, con la iniciativa privada, que están acercándose cada vez más a... a realizar acciones de cooperación al desarrollo, participando de una forma más o menos directa en proyectos muy concretos y en su financiación.

Sin embargo, también queremos advertir una cuestión, y es que no todas las actividades internacionales que desarrollen las Universidades tienen el carácter de cooperación al desarrollo, por lo que, desde nuestro punto de vista, es necesario delimitar la diferencia entre cooperación al desarrollo y cooperación internacional fruto de la creciente proyección hacia el exterior que están teniendo nuestras Universidades, y que vemos como algo muy positivo. Esto nos parece fundamental –como digo- para garantizar un correcto uso del dinero público, y que no se desvíen fondos que deben ir dirigidos, de forma exclusiva, a cooperación técnica en países elegidos con criterios establecidos en nuestra Ley de Cooperación.

Y en este sentido, decir que sí sería interesante conocer la postura del Partido Popular respecto a los criterios que entiende que se deberían utilizar para decidir los países beneficiarios, ya que las prioridades establecidas por la Ley, por nuestra Ley, en este momento no se están cumpliendo. Esperamos, pues, que el Plan Director defina estas dos cuestiones a las que he hecho referencia con anterioridad.

Al hablar del papel de las... de la Universidad en el ámbito de la cooperación, hemos resaltado, de alguna manera, su... su alta cualificación, su profesionalidad. Y en este sentido, también, queremos pedirle al Gobierno Autonómico, al Gobierno del Partido Popular en Castilla y León, que colabore y lidere el proceso de profesionalización de todos los agentes implicados en la cooperación al desarrollo en nuestra Comunidad Autónoma.

En Castilla y León hay una necesidad de profesionalizar la ayuda al desarrollo para optimizar los recursos; para evitar que se dupliquen procedimientos y organismos de participación, que sin una buena coordinación se desvirtúan, al no tener incidencia real en la planificación.

La dispersión y la duplicidad tienen como resultado, Señorías, una atomización de la ayuda. Es más difícil poder definir programas y proyectos ambiciosos y eficaces, porque es más difícil, si no hay una coordinación y una buena planificación, definir proyectos a largo plazo y aumentar los recursos.

Las ONGD en estos momentos están dedicando demasiado tiempo y recursos a la gestión y a los procedimientos administrativos. En conclusión, su eficacia en su propio trabajo se está viendo deteriorada, porque están dedicando menos tiempo, pues, a programas de sensibilización o a formación de sus propios recursos humanos, tanto voluntarios como trabajadores de plantilla.

Animamos, pues, a la Junta de Castilla y León, con la ley en la mano, con el propio Estatuto de Autonomía respaldando su actuación, con ese Plan Director, a mejorar y a fortalecer también los procesos de participación social, porque las funciones asignadas, en concreto, al Consejo de... de Cooperación al Desarrollo Castilla y León son unas funciones muy trascendentes. Y estoy segura de que los allí representados podrán opinar sobre las líneas de actuación que desde la Junta se vaya a seguir en cuanto a la cooperación técnica, incluso de una forma mucho más concreta de lo que hoy estamos haciendo aquí. Y es que, a pesar de esa importancia de este consejo, de las funciones asignadas por la Ley, hemos visto a lo largo de estos meses quejas por parte de los miembros del Consejo respecto a la dificultad que la forma de actuar de la Junta de Castilla y León les está suponiendo a la hora de poder realizar sus funciones.

Para poder cumplir las tareas encomendadas por el Decreto 267/2000, de catorce de diciembre, por el que se crea este Consejo, es necesario un funcionamiento regular. Y el Consejo de Cooperación, que debe reunirse en sesión ordinaria al menos una vez al semestre, está viendo como esa periodicidad se está incumpliendo, y la falta de continuidad del trabajo hace inviable un plan de actuación en sentido estricto.

Este mal funcionamiento está generando problemas, como que la información no es adecuadamente compartida. Entendemos que esto es algo imperdonable, con la inmediatez y la universalidad que permiten, hoy en día, las nuevas tecnologías. Se quejan de que están tomando decisiones sin tiempo para reflexionar, y que se está asumiendo como propia la información presentada por la Administración Autonómica. Estas son críticas, son reflexiones y conclusiones que han vertido en el informe sobre Cooperación Internacional de Desarrollo en Castilla y León elaborado por el Observatorio Interuniversitario de la Cooperación Internacional de Desarrollo en Castilla y León.

En consecuencia, los agentes de cooperación lo que están poniendo de manifiesto es que no están cómodos ni quieren estar cómodos con un papel de meras comparsas en lo que es la planificación de la cooperación en nuestra Comunidad Autónoma, y nosotros le pedimos a la Junta de Castilla y León que no sea ese el papel que les asigne a estos agentes; que la participación, la planificación, pues, sea real.

El carácter descentralizado del modelo administrativo español confiere un espacio propio a las Comunidades Autónomas en la cooperación al desarrollo. Castilla y León lo está ocupando, agrupando esfuerzos de distintas administraciones, instituciones, asociaciones y todo tipo de organizaciones. Pero no debemos engañarnos: junto a lo políticamente correcto y a esa... a esa... a esa apuesta decidida por parte de Administraciones y de la sociedad en general, también se está originando en nuestra sociedad una realidad que nos sonroja. Ignorar los sentimientos de xenofobia y de racismo que subyacen en nuestra sociedad, no los va a hacer desaparecer. Y hay que reconocer que entre nuestros vecinos y vecinas hay personas que rechazan la ayuda al extranjero que convive con nosotros, pero también rechazan la ayuda a las personas que viven en la más absoluta pobreza más allá de nuestras fronteras.

Por eso, la presentación de iniciativas relacionadas con la cooperación al desarrollo, como la que ustedes hoy traen a esta Comisión, nos permite hacer cierta pedagogía y recordar que no es una cuestión de paternalismo o de caridad, sino que es solidaridad, es justicia y es corresponsabilidad ayudar a cambiar de raíz la situación de quienes menos recursos materiales tienen para vivir cada día; que suelen ser también las personas que menos derechos tienen.

Quiero, finalmente, recordar que en estas situaciones siempre sufren más carencias, y a quien menos... y a quienes se les niega casi todos los derechos propios de una persona son, precisamente, las mujeres. Por lo que siempre, cuando hablamos de estos temas, animo a incluir la perspectiva de género en todas las reflexiones y decisiones que se tomen en relación con la cooperación, también con la cooperación técnica al desarrollo.

Y, para terminar, permítanme felicitar a los miembros del Partido Popular en esta Comisión por su alto nivel de actividad a la hora de presentar iniciativas; cuestión muy llamativa, si la comparamos con la actividad que manifiestan en otras Comisiones. Entendemos que es debido al interés de los Procuradores y Procuradoras de esta Comisión en los temas que caen dentro del ámbito de... de esta Consejería, de la que es espejo esta... esta Comisión de Justicia e Interior; aunque, ciertamente, deja... deja un poco mal a sus compañeros en Comisiones como Educación o en Familia, donde una o ninguna son las iniciativas que han presentado. Y... y decir que, si fuéramos mal pensados, quizás nos inclinaríamos a pensar que esta hiperactividad se debe a la falta de contenido de la Consejería mencionada, lo que no dificulta el control, pero sí la presentación de propuestas. De todas formas, como no es mi estilo ser mal pensada, a pesar del refrán, reitero mi felicitación a los compañeros del Partido Popular en esta Comisión, y les animo... les animo a tener la misma actividad y el mismo interés en el resto de Comisiones. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Pues muy bien. Finalizada el punto... finalizada la posición del Grupo Socialita, de nuevo tiene la palabra doña Paloma Sanz Jerónimo para, definitivamente, adoptar la posición final respecto a la proposición no de ley. Tiene la palabra.

LA SEÑORA SANZ JERÓNIMO:

Muchas gracias, señor Presidente. Pues vaya de antemano las gracias y... por parte de este Grupo por su apoyo a esta proposición no de ley, por el tono empleado y por todos los agradecimientos que nos ha manifestado, y que, bueno, pues de alguna manera, recojo en nombre de mi Grupo.

Quiero hacer antes de nada una... una puntualización sobre la redacción de la proposición no de ley en cuanto a la... al Plan Director, donde se decía que estaba en fase de elaboración. Por consiguiente, ya se partía de que este Plan estaba en fase de elaboración, no era un plan que todavía se había aprobado. Sí que he dicho en primera intervención que ya se había traído a debate a esta Comisión recientemente, pero antes de que se trajera a debate a esta Comisión, fue cuando se planteó la proposición no de ley por parte de este Grupo por escrito.

En cualquier... en cualquier caso, señora Marqués, la quiero decir que, después de, por supuesto, los agradecimientos, como la digo, que la Junta de Castilla y León ha trabajado y seguirá trabajando de una manera óptima y eficiente en esta línea. Y le voy a decir que desde el año dos mil siete, y hasta el dos mil once, en colaboración con la institución pública de República Dominicana, por ejemplo, está desarrollando un proyecto en materia de protección a la infancia a través de acciones formativas y captación de profesionales y responsables. A la infancia, y también dedicado a mujer. Va a ver usted que la perspectiva de género está incluida en... en casi todas las... las actuaciones.

En el año dos mil ocho, concretamente en el marco de la convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo, se subvencionaron doce proyectos educativos, por un total de un millón y medio de euros. No obstante, también se han financiado programas educativos y de alfabetización más globales, pero principalmente para mujeres; y plurianuales, como el que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura está desarrollando en la región de Enriquillo, que es una zona especialmente desfavorecida en la República Dominicana. O como el Proyecto Integral de Formación en la Amazonia de Ecuador, dirigido a mujeres, niños y adolescentes víctimas o en riesgo de exclusión social.

También, desde la Fundación para la Ciudadanía Castellano y Leonesa, y en la cooperación al desarrollo, en este año dos mil nueve se desarrolla un proyecto en Corriente, en Argentina, dirigido a la ampliación de las infraestructuras escolares en el barrio Yungay, con una dotación de 250.000 euros. Pero también le quiero decir, Señoría, que los actores de la cooperación técnica no pueden ser solamente las instituciones gubernamentales, y, cada vez más, son otros actores, como las Organizaciones No Gubernamentales. Y en esta línea, también la Junta de Castilla y León ha concedido subvenciones para el año dos mil siete-dos mil once a favor del Centro Kreser, en Perú; o actuaciones en el continente africra... africano, en concreto en Kenia y Tanzania.

Pero, por otro lado, en el marco de las convocatorias anuales de proyectos de cooperación para el desarrollo, se contempla como un sector prioritario el de intervención en el exterior, la gobernabilidad democrática. Y, en este sentido, podemos destacar dos proyectos importantes: uno en Tanzania y otro en Chile, entre otros.

Pero uno de los agentes de cooperación al desarrollo con los que, tradicionalmente, la Junta de Castilla y León ha venido trabajando, y al que usted ha mencionado, son las Universidades. Desde el año dos mil seis, se ha llevado a cabo proyectos de cooperación técnica por medio de los convenios de colaboración suscritos con la Fundación General de la Universidad de Salamanca, y también con la Fundación General de la Universidad de Valladolid, con una dotación en torno a los 240.000 euros.

Y siguiendo con este tema, y tomando como base el Programa Marco de Actuación de treinta de enero de dos mil nueve, la Junta de Castilla y León ha suscrito cuatro convenios más, específicos de colaboración, con Universidades de esta Comunidad: con la Universidad de Salamanca, con la Universidad de León, con la Universidad de Burgos y, también, con la Fundación General de la Universidad de Valladolid, con una dotación global de 475.000 euros. Y le digo que estos han sido suscritos, ampliando los que ya existían, el treinta de enero del dos mil nueve. Son cuatro convenios más con Universidades de Castilla y León. Por eso apunto a lo que usted refería, que, efectivamente, se está trabajando y se va a seguir trabajando en esta línea, porque es a partir de ahora cuando se han suscrito los convenios. Y, de esta manera, pues, articulan sus actuaciones a través de programas de intervención.

Pero también la tengo que decir, Señoría, que con el horizonte de llegar al 0% de los recursos propios en dos Legislaturas y, también, por supuesto, de seguir progresando, mejorando y poniendo en marcha nuevas líneas de actuación.

Y con este sentido, apunto sus críticas, que son constructivas, por supuesto, y las he apuntado con el fin de mejorar y transmitirlas, además. Y agradezco una vez más el apoyo a esta proposición no de ley. Muchísimas gracias.

Votación PNL 811

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Concluido el debate, entiendo que hay unanimidad en la proposición no de ley, con la que queda aprobada por unanimidad de los presentes.

Y pasaríamos al segundo punto del Orden del Día. La Vicepresidenta tiene la palabra para dar lectura a la misma.

PNL 823

LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA MALLO ÁLVAREZ):

Gracias, señor Presidente. Segundo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 823-I, presentada por los Procuradores don Ángel Velasco Rodríguez y don David Rubio Mayor, relativa a comarcas en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 185, de veintiocho de abril de dos mil nueve".

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Muchas gracias. Para exponer la proposición no de ley, tiene la palabra don Ángel Velasco Rodríguez.

EL SEÑOR VELASCO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, Presidente. Y buenas tardes, Señorías. Bien, debemos partir de que el vigente Estatuto de Autonomía, el aprobado por Ley Orgánica 14/2007, que acometió la actualización de la norma institucional básica de la Comunidad, contempla en su Título III, titulado "De la Organización Territorial", las comarcas, dentro del Capítulo I de ese Título III, dedicado a los entes locales, como entidad local.

Se configura, dice el... establece literalmente el Apartado 1 de ese Artículo 46, dedicado a la comarca, dice: "se configura como la agrupación voluntaria de municipios limítrofes con características geográficas, económicas, sociales e históricas afines. Podrá ser también circunscripción administrativa de la Junta de Castilla y León para el cumplimiento de sus fines". Reconoce, por tanto, el hecho comarcal como agrupación voluntaria de municipios y como circunscripción administrativa de la Junta de Castilla y León, esto es, como ámbito para la desce... desconcentración de servicios de la Administración Autonómica.

Este hecho es, por tanto, no solo una vinculación que espontáneamente sienten sus poblaciones, como una aspiración que se impone por la necesidad de identificar intereses comunes y estrategias compartidas para el desarrollo.

Desde el punto de vista de la Administración Autonómica, la identificación del mapa comarcal se impone como una necesidad para el conocimiento de la heterogénea realidad que esconde el ámbito provincial, sin cuyo análisis es imposible implementar políticas certeras y eficaces pegadas a las características y necesidades de cada territorio.

La dimensión provincial, que podía juzgarse suficiente para la gestión del Estado centralista, no lo es, a todas luces, para la proximidad que exige el Estado de las Autonomías, tanto desde el plano de la información estadística como desde la aplicación en el territorio de las políticas públicas sectoriales, que en el ámbito comarcal pueden encontrar su adecauda... adecuada integración.

Desde la Administración Local, el minifundismo del mapa local en nuestra Comunidad Autónoma impone la necesidad de buscar dimensiones adecuadas para la prestación eficiente de servicios de calidad. Todo ello de acuerdo con las exigencias de este tiempo, y manteniendo la pervivencia institucional, democrática y representativa de los pequeños municipios, cuya subsistencia encuentra poco sentido como Administraciones Públicas de competencias generales.

Es cierto que, de los dos mil doscientos cuarenta y ocho municipios de Castilla y León, quinientos quince cuentan hoy con cien o menos habitantes, con un tamaño medio de sesenta y un vecinos. Por debajo de los quinientos habitantes, tenemos mil setecientos tres municipios. Este es el panorama general de nuestro municipalismo.

La dinámica de la comarcalización de las competencias locales ha de ser un proceso flexible y voluntario, impulsado desde el territorio, para lo que es preciso que quien tiene la posibilidad de hacerlo proporcione un marco normativo claro, estable y ajustado a las características geográficas, económicas, demográficas e institucionales de la Comunidad.

Con carácter general, la falta de un modelo territorial y sus negativos efectos en el desarrollo y en la población de la Comunidad, así como la necesidad de un reconocimiento normativo expreso del hecho comarcal, son valoraciones compartidas por amplios sectores de la sociedad de Castilla y León, por los agentes económicos y sociales, y por expertos en ciencias sociales y políticas públicas.

Recogemos solo algunas de ellas, las más significativas, entre las que destaca, desde luego, en primer lugar, el Informe del Consejo Económico y Social de dos mil dos, el que se publicó en el Informe, a iniciativa propia, sobre la Ordenación del Territorio de Castilla y León.

En segundo lugar, hemos recogido también algunas expresiones en este sentido, pues, de expertos como Valentín Cabero Diéguez, que precisamente en publicación de las Cortes de Castilla y León, y dentro de la Comisión para el Estudio de la Evolución de la Población, que se publicó en dos mil cuatro, establece que la comarcalización aparece en el horizonte inmediato de la ordenación del territorio regional como una respuesta a los problemas de despoblación y común alternativa a la dispersión municipal.

En los últimos años, la escala comarcal, como ente intermedio de intervención, figura en todos los programas de desarrollo local y rural, aunque sin un reconocimiento explícito de parte de la Administración Regional. Estamos hablando antes, por supuesto, de la publicación y aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía, a la que me he referido en el encabezamiento de esta propo... de la exposición de esta proposición no de ley.

Finalmente, varias de las medidas de estrategia de lucha contra la despoblación, aprobadas en el Pleno de las Cortes no hace tanto, concretamente la número 54, la 55 y la 60, hacen igualmente referencia a este hecho comarcal.

Y finalmente, en el Informe 1/2006 del Foro Burgos, relativo a "La población y poblamiento de Castilla y León. Orientación de... Orientaciones de Futuro", se establece que el establecimiento también es causa y efecto de una estructura organizativa del territorio ineficaz, de incierta viabilidad futura.

Desde el punto de vista territorial, Castilla y León es una Región extensa y diversa, sujeta a dinámicas y procesos complejos. Los centros comarcales y subcomarcales, debido a su significativo tamaño demográfico en el contexto rural castellano y leonés, las funciones históricas desempeñadas (actividades económicas, equipamientos y servicios públicos) y su posición estratégica en las comunicaciones locales son elementos claves en la articulación, el desarrollo económico y, como consecuencia final, en la fijación de población al territorio.

Por ello, es necesario –concluían- combatir su actual decadencia reforzando sus funciones a través de políticas sectoriales específicas y la creación de estructuras administrativas intermedias entre los municipios y las provincias, comarcas o áreas funcionales, que consigan los umbrales de eficiencia económica y territorial.

Por todo ello, Señorías, formulamos la propuesta de resolución siguiente:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

Primero. Regular con carácter general la organización y el régimen jurídico de las comarcas de Castilla y León, de acuerdo con el Artículo 46.4 del Estatuto de Autonomía, en su doble dimensión de nivel intermedio de la Administración Local y de circunscripción administrativa, para el cumplimiento de los fines de la Junta de Castilla y León, con independencia de que se considere o no viable la implantación inmediata y generalizada de la comarca en cualquiera de sus dimensiones. El correspondiente proyecto de ley se presentará en estas Cortes a lo largo del próximo periodo de sesiones.

Y en segundo lugar, definir el mapa comarcal de Castilla y León e incorporar este nivel territorial al proceso de producción estadística de la Comunidad, dando prioridad a los aspectos económicos, demográficos y sociales, cuyo conocimiento es imprescindible para una ampliación... aplicación -perdón- certera y detallada de los instrumentos de cohesión territorial contemplados en el Estatuto de Autonomía, que hacen referencia no solo a las provincias sino también a los territorios de la Comunidad, así como para la evaluación de su efi... de su eficacia".

Creo que, con la fundamentación del texto básico institucional que es nuestro Estatuto de Autonomía y las fundamentaciones teórico-científicas a las que me he referido, sabrán dar el aporte de su voto positivo y sacar adelante lo que no es otra cosa que el desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, que yo creo que, más pronto o más tarde, merecerá una visión detenida sobre este... esta entidad local que es la comarca, que yo creo que tiene mucho papel que jugar en nuestro ámbito municipal. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Para la fijación de posición, por el Grupo Popular, tiene la palabra la Procuradora doña Rosa Cuesta Cófreces.

LA SEÑORA CUESTA CÓFRECES:

Sí, buenas tardes, Señorías. Gracias, Presidente. Señor Velasco, créame que escucho con verdadero interés y respeto su intervención, y quiero pensar que lo hace y lo sigue haciendo con convicción.

Sin embargo, debo decirle que, en aras a ese interés general, y sobre todo a la eficacia real de lo que usted propone aquí, no siendo esta la primera vez –y usted lo sabe- que ustedes plantean a debate la comercia... la comarcalización como fórmula idónea de vertebración territorial, pues usted debe saber que el firme criterio del Gobierno Regional y de todo el Grupo Parlamentario es de no aceptar en este momento este planteamiento.

Yo no sé si voy a poder ser más o menos convincente que lo que ha sido mis compañeros que, anteriormente, en otras sesiones, le han dado a usted respuesta a esta misma propuesta. Lo que sí le aseguro es que voy a ser menos convincente que el propio Consejero, que le dio a usted y a su Grupo argumentos más que solventes para justificar la no aceptación de este planteamiento. Le podría leer o repetir cualquiera de las respuestas que a esta misma cuestión le han ofrecido ya en sede parlamentaria, pero estoy segura de que no es una cuestión de que yo les quiera convencer o les pueda convencer, porque no es cuestión de convencimiento, sino de simple estrategia y posicionamiento político.

Ustedes se han posicionado en este postulado, y llevan aquí, ciertamente, un tiempo, pero no siempre, porque yo les quiero recordar que uste... ustedes en otro tiempo defendieron otras posturas, defendieron otros modelos de vertebración territorial, lo cual nos lleva a pensar que tampoco este es el modelo territorial que ustedes van a defender en el futuro; puede ser que tampoco sea el definitivo.

Nuestro Grupo está seguro de que al final de este proceso, después de tantas propuestas suyas en aras a la comarcalización como forma de vertebración territorial, y en aras a esa insistencia, va a ser nuestro Grupo quienes, al final de este proceso, les va a convencer a ustedes para que apoyen con convencimiento las medidas de vertebración administrativa que se incorporan dentro del marco legal del Estatuto de Autonomía y que se incorporan en el Acuerdo del Pacto Local, que consisten, esencialmente y de forma breve, en utilizar las instancias administrativas que ya existen, y que en este momento han aportado tantos beneficios a la Comunidad de Castilla y León, y mejorar aquellos aspectos de su organización o funcionamiento que sean susceptibles de mejora, por supuesto -mejorar en lo que se pueda-, reforzando aquellas estructuras intermedias, existentes ya, y fomentar otras instancias, que -ustedes conocen perfectamente- se están mostrando en este momento ya de forma bastante eficaz para el desarrollo y para la cohesión territorial de nuestra Comunidad Autónoma.

Que el Estatuto de Autonomía, en su Artículo 46.4, como usted ha dicho, recoja la posibilidad de que, mediante ley de las Cortes, se puedan regular con carácter general la organización y el régimen jurídico de las comarcas de Castilla y León no quiere decir... que esto sea recogido en nuestro Esta... Estatuto de Autonomía, tanto en el anterior como en el nuevo, no quiere decir ni debe de ser interpretado que sea un mandato legal. Es una previsión legal, no un mandato legal. Por lo tanto, necesita un estudio futuro, que en este momento... en este momento no hay posibilidad de que se lleve a efecto porque no existe la necesidad de llevar a cabo... esa necesidad de llevar a cabo esa previsión legal.

Para este Grupo Parlamentario y para el Gobierno Regional, por lo tanto, no existe ni la necesidad de crear una nueva instancia administrativa, ni tampoco existe demanda social o ciudadana, ni tan siquiera una demanda de los interlocutores directamente implicados, que son los municipios. Usted debe saber que estos son, los municipios, los que tienen que, por requisito legal, establecido en el propio Estatuto de Autonomía, deben de ser los que demanden la creación de las propias comarcas, y ellos, en... en este momento, no lo han hecho.

Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, deben saber que el Artículo 46.1, también, del Estatuto de Autonomía configura la comarca "como la agrupación voluntaria de municipios limítrofes, con características geográficas, económicas, sociales e históricas afines". Por tanto, ¿cómo se va a definir un mapa comarcal, si ni tan siquiera existe voluntariedad para poder llevar a cabo esa agrupación? ¿O pretende usted imponer desde el Partido Socialista su propio mapa comarcal? ¿Cómo pretende que se den los municipios... cómo pretende que se formen esas comarcas, si ellos mismos, que son los entes e instituciones que deben de... de exigirlo, que deben, de alguna manera, de, a través del marco legal, deben de pedirlo a través de esa unión de municipios afines, no lo han requerido? Esa voluntad no se ha dado. ¿Son ustedes los que van a imponer ese mapa comarcal a esos municipios?

No hemos cambiado de criterio el Grupo Parlamentario Popular, no ha cambiado de criterio el Gobierno Regional. Somos coherentes con las instancias administrativas que siempre hemos defendido, y en las que hemos venido participando activamente. Hemos defendido en las instancias en las que políticamente hemos participado activamente, trabajando políticamente para que esta Comunidad Autónoma, a través de esas instancias, sea lo más eficaz para los servicios óptimos, de calidad, en esta Comunidad Autónoma de Castilla y León.

No tenemos ningún problema para defender las Diputaciones Provinciales, la existencia de las Diputaciones Provinciales, como estructura administrativa, consolidada ya, para reforzar institucionalmente el concepto de provincia, que para nosotros sigue siendo un instrumento fundamental del municipalismo.

Tampoco tenemos ninguna duda en este momento en compartir que se potencien los consorcios como organizaciones flexibles y versátiles en sus fines y en la participación de otras Administraciones Públicas.

Y tampoco estamos en contra -al contrario, a favor- de que se impulsen activamente las mancomunidades, más amplias en el territorio, en cuanto a población y en cuanto a competencias, todas ellas necesarias para ofrecer una prestación cada vez más eficaz en los servicios de interés supramunicipal.

Y también compartimos el desarrollo de esa previsión legal que existe en este momento sobre regímenes muni... de municipios especiales... municipales especiales. En concreto, los municipios prestadores de servicios generales y los municipios singulares por su especialidad.

Todo lo que le acabo de plantear es en consonancia con nuestra postura coherente, que no ha cambiado de criterio, y con la finalidad del Gobierno Regional de impulsar y potenciar fórmulas supramunicipales más respetuosas con nuestra identidad histórica, y de las que se tiene una eficacia, en este momento, ya probada.

Pues bien, Señoría, yo creo que estamos en la línea de seguir confirmándole que el modelo que funciona es el que acabamos de plantearle, y al que estamos dispuestos a apoyar desde el Grupo Parlamentario Popular para que cada vez sea mejor y más eficaz.

Lo que sí, si me permite, para finalizar, me gustaría que me respondiera a varias cuestiones que me parecen de vital importancia en este momento, y que creo que no pueden quedar en duda, al menos en este... en este debate.

¿Lo que plantean ustedes -quiere aclararme, señor Velasco- es sumar a lo que acabo de plantearle yo como un modelo de vertebración territorial y que defiende nuestro propio Grupo Parlamentario, lo que quiere plantearme es que a ese modelo van a sumar ustedes el suyo? ¿O me pretenden plantear suprimir algunas instancias de las que acabo de mencionar, para hacer de su modelo de comarca un modelo, al menos, presentable, mínimamente, desde un punto de vista económico?

Hoy, yo creo que conviene que sean ustedes claros en su defensa y aclaren el modelo de comarca que plantean, porque, de alguna manera, si consiste en suprimir Mancomunidades, Diputaciones Provinciales, algunos pequeños municipios, inframunicipal, Delegaciones Territoriales. O ¿qué consiste, en esto?, ¿o consiste en inyectar a la Comunidad Autónoma una carga económica de más de 70 millones de euros, de más de 70 millones de euros, en ese posible... en esa posible creación de sesenta y dos comarcas en toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León? O una cosa o la otra. O trans... o se transfieren funciones y personal, suprimiendo instancias que le acabo yo de mencionar, que hoy, en la actualidad, y a lo largo del tiempo, se han demostrado ya eficaces, o defiende la imposición de un modelo que supone un incremento desproporcionado del gasto público, para que persistan dos estructuras o dos modelos territoriales.

Esperamos su respuesta para que nos aclare, de una manera decidida y de una manera totalmente transparente, cuál es su modelo de creación de comarca, si es un modelo de incremento del gasto público o es un modelo que se va a apoyar en la disminución de otras instancias o en la desaparición de otras instancias. Esperamos su respuesta, porque de lo que estamos convencidos es que a ustedes lo que menos les preocupa es el gasto público; y a la vista está en este momento en la situación económica por la que atraviesa el país. No hace falta decir más que contrastar el incremento excesivo del gasto público; además, la propugnación que hacen ustedes y la defensa a ultranza del incremento impositivo como un modelo de izquierdas, aunque con ello todo lo que sirva sea para atacar la actividad económica del país y, de alguna manera, generar empleo.

Por lo tanto, estamos a la espera de que nos aclare qué modelo de comarca es el que defiende usted, en un momento en el que, por este momento, está pasando la situación económica de la comarca... de la Comunidad de Castilla y León y de España.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Bien. Para la fijación del texto definitivo, tiene de nuevo la palabra don Ángel Velasco Rodríguez.

EL SEÑOR VELASCO RODRÍGUEZ:

Sí, con toda brevedad, señor Presidente. Mire, no me he sentado aquí para ser examinado, pero, vamos, con sumo gusto voy a responder a la cuestión política que usted lanza.

No, mire, no hay dos modelos; aquí no estamos hablando, para nada, de dos modelos contrapuestos. Hay uno solo, el que establece el Estatuto de Autonomía, en el que no distingue; de tal manera que, dentro del capítulo relativo a los entes locales, empieza: Artículo 44, El municipio; Artículo 46, La comarca; Artículo 47, La provincia. Por tanto, aquí nadie quiere suprimir ni municipios, ni entidades locales menores, ni otros entes locales interpuestos ni la provincia, sino que, sencillamente, decimos: desarróllese la ley orgánica en lo referente a la comarca. No es contrapuesto, no estamos propugnando la desaparición de ninguna entidad de ningún género, no somos contrarios a la desaparición, sino, muy al contrario, a la pervivencia necesaria de la provincia, plena... figura plenamente constitucional, recogida también en nuestro Estatuto, y que la tarea que está haciendo es impagable, sobre todo en la situación de... prácticamente de desertización que sufren la gran parte de los municipios de muchas de las comarcas de Castilla y León –esto es algo innegable-.

Por lo tanto, no es esa la cuestión –créame-, no me va a llevar a esa aporía porque es algo incierto, algo... un supuesto imposible; no estamos en esa tesitura. Y, por lo tanto, yo creo que ustedes, sencillamente, no le quieren dar paso con su voto a esta... a esta propuesta de resolución, que no supone –ya digo- sino... contraposición a otras figuras, sino, sencillamente, el desarrollo de lo que el Estatuto de Autonomía ha recogido. Y esa es la ley, esa es la ley.

Mire, decía al principio que, como no es la primera vez que planteamos la comarcalización... ya en otras ocasiones se nos ha dicho que no, y usted no iba a hacer más que repetir los argumentos, con mejor o peor fortuna, que en otras ocasiones se han dado para rebatir la propuesta. Bueno, el problema es que ¿hay un proyecto de ley? No hay; sin embargo, hay una ley orgánica que desarrollar. Y esto es lo que estamos proponiendo: que, a través del correspondiente proyecto de ley, se desarrolle, y nos digan el procedimiento, quiénes pueden adherirse, de qué... En fin, con las condiciones que se prevén en la ley, y desarrolladas. Pues... ¿Limítrofes? Por supuesto. ¿Con cuánta... círculo concéntrico? Pues eso es lo que tenemos que establecer. ¿Qué características deben reunir? Etcétera, etcétera.

Por lo tanto, no es como... como nos preguntaba, que estemos proponiendo un nuevo modelo territorial y el problema que le preocupe a usted sea el de si este es el modelo territorial del PSOE de forma definitiva o es uno más de los que parece que, como mariposas, vamos revoloteando de una en una, como las mariposas de flor en flor. No. Este no es el modelo territorial del PSOE -olvídese de esta cuestión-, es el modelo territorial que ha recogido nuestro Estatuto de Autonomía que supongo que es la norma básica institucional por la que nos regimos, como si fuera nuestra Constitución para el territorio que ocupa y en el que se despliega la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, no me lleve a esa diatriba, porque ahí no voy a entrar.

Lo que estamos exigiendo no es la implantación de nuestro modelo territorial, sino que lo que recoge nuestro Estatuto se desarrolle a través del proyecto de ley correspondiente, el que instamos en el punto primero de nuestra propuesta de resolución, para que se desarrolle de la forma en que se acuerde –que aquí no lo imponemos-, de la mejor manera posible.

Por lo tanto, no es contraria –insisto- a los municipios, a otras entidades locales -ya recogidos-; tampoco apoyan –supongo que por la misma razón- las áreas metropolitanas, que están recogidas en la ley que desarrolla el régimen local de Castilla y León; sin embargo, tampoco lo apoyan; ignoro por qué razón, aquí no hemos entrado a discutirlo.

Por lo tanto, si lo que me quiere decir finalmente, que es algo obvio, porque así lo establece la norma a la que me he referido como fundante de esta... de esta proposición, que es el Artículo 46.1, que, al ser voluntaria, deben demandarlo -y así se establece expresamente- en los municipios, claro que sí; efectivamente, deben demandarlo. Pero, para eso, debemos desarrollar esa norma tan básica y decir cómo se demanda, quién sea el que representa al municipio, de qué forma, con qué mayoría... En fin, lo que es una norma de procedimiento de cómo se desarrolla esa demanda o se expresa esa voluntad.

Por lo tanto, nosotros no queremos imponer –como se nos ha dicho- ningún modelo, sino que lo que hacemos es proponer, y quien lo impone, efectivamente, es quien puede hacerlo, que es la ley. Por cierto, con rango de ley orgánica; por cierto, con rango constitucionalmente atribuido a nuestro Estatuto, que yo creo que no podemos hacer argumentos de este tipo, sino, sencillamente, acatarlo y desarrollarlo, o, si no se quiere, decir expresamente, lisa y llanamente, que no es el momento –como se ha dicho a posteriori-, que era un problema de oportunidad. Bueno, no será de oportunidad, pero habrá una oportunidad en que lo sea, y esa no está lejana; nada más hay que hacer un vistazo por cómo... cómo está el panorama de nuestro municipalismo y veremos si, efectivamente, se pueden prestar servicios, en pie de igualdad, a todos los ciudadanos en todo el territorio.

Yo, sencillamente, creo que, por mucho esfuerzo que hagan organismos como las Diputaciones Provinciales, no se puede llegar a todo el mundo, y, sobre todo, también, porque algunos... algunos municipios exigen, a veces, prestación de servicios de imposible cumplimiento en el tiempo. En fin, no hablemos ya de piscinas en municipios de sesenta habitantes –que las hay, que las hay, y con apoyo de Administraciones intermedias-, sino, sencillamente, reforzar servicios en una comarca que, por razones de afinidad, de cercanía, de geografía, de historia o de valores del tipo que sean, pues, puede prestarlos reforzándolos, si tuviéramos desarrollado ese proyecto de ley al que me refiero.

Por lo tanto –insisto-, aquí no hay dos modelos contrapuestos, sino uno, el de la ley; y tiene que haber –o no- una voluntad de que se desarrolle a través del proyecto de ley correspondiente. Esta es la cuestión, y no lo que usted ha querido hacer ver aquí como un problema del PSOE de falta de modelo territorial; nosotros le tenemos, y, de hecho, se ha plasmado -y estamos muy a gusto en él- en el Estatuto de Autonomía, al que me he referido.

Y, finalmente, no quiera llevarme a ese huerto del tema económico, porque, aparte de no atenerse a la cuestión, habría mucho que discutir sobre si, efectivamente, los poderes públicos deben endeudarse en una situación así con medidas contracíclicas; y luego, pues hablar de lo que usted quiera. Pero esta no es la cuestión, y, desde luego, no la comparto en absoluto, ni siquiera a efectos meramente dialécticos, como ha querido usted hacer. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Pues bien, una vez terminado el debate, sometemos la proposición no de ley a votación.

Votación PNL 823

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada por diez votos en contra frente a seis a favor.

Y pasaríamos, previa lectura por parte de la Secretaria, al último punto del Orden del Día. Señora Secretaria.

PNL 826

LA SECRETARIA (SEÑORA MARQUÉS SÁNCHEZ):

Gracias, señor Presidente. "Proposición No de Ley, iniciativa 826, presentada por los Procuradores doña Consuelo Villar Irazábal, doña Natalia López-Molina López, don Ildefonso Sanz Velázquez y don Fernando Benito Muñoz, instando a la Junta de Castilla y León a cumplir el compromiso de firmar un convenio de colaboración económica con la asociación AMEPAX para la presen... la prestación del servicio de mediación penal, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 185, de veintiocho de abril de dos mil nueve".

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Bien. Muchas gracias. Para la exposición de esta proposición no de ley, tiene la palabra la Procuradora doña Consuelo Villar Irazábal.

LA SEÑORA VILLAR IRAZÁBAL:

Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías. La sociedad actual, con frecuencia, pretende solucionar los conflictos acudiendo al derecho penal. Existe una creencia generalizada de que por esta vía se va a conseguir una solución más satisfactoria, y a pesar de que con frecuencia suele revelarse como un cauce poco idóneo, es el único medio que los ciudadanos encuentran para resolver sus conflictos y satisfacer la demanda de respuesta ante la comisión de un hecho delictivo.

Sin embargo, y a pesar del endurecimiento de las penas, la realidad muestra una tal... una alta tasa de reincidencia. Esta inflación del derecho penal no viene acompañada de una disminución efectiva de la criminalidad ni de un sentimiento de mayor segurai... seguridad subjetiva por parte del ciudadano.

Además, la víctima ha sido, durante años, el personaje olvidado en los sistemas jurídicos penales. Las necesidades que expresan las víctimas de los delitos que acaban en los tribunales no tienen tanto que ver con la dureza del castigo que se impone al agresor como con el restablecimiento de todas las seguridades que estas personas han perdido por el delito. Las necesidades reales de las víctimas no suelen coincidir con las pretensiones durante el juicio, lo que explica la frecuente desilusión con el sistema judicial. Además, el proceso penal supone en muchas ocasiones una experiencia dolorosa para las víctimas. La víctima, en el proceso penal, es una especie de víctima por partida doble: primero, por parte del infractor; y luego, frente al Estado, ya que queda excluida de cualquier participación en su propio conflicto. Si me lo permiten, la expresión, "el Estado le roba su conflicto".

Podemos decir, por lo tanto, que en un sistema de justicia penal en lo... en el que solo se imparten castigos al delincuente y se excluye a la víctima, es un sistema que no encara las necesidades emocionales y relacionales de aquellas personas que se vieron afectadas por el delito.

Para paliar estas carencias del sistema penal surge la llamada "mediación penal". Un proceso que provee una oportunidad a víctima y a delincuente de reunirse en un escenario seguro y estructurado, enfrentándose en una discusión del delito, con la asistencia de un tercero imparcial, llamado mediador. Es un procedimiento de diálogo y comunicación voluntario, que tiene por objeto la reparación y compensación de las consecuencias del hecho delictivo, mediante una prestación voluntaria del autor a favor del ofendido o la víctima. De los beneficios de la mediación penal se han hecho eco diversos organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea, que en la Decisión Marco del Consejo de fecha de quince de marzo de dos mil uno, en su Artículo 10, establece que "los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en causas penales para los infractores que, a su juicio, se presten a esta medida". También las Naciones Unidas abogaron por su implantación en su Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de abril de dos mil dos.

En nuestro país, aunque no contamos con un marco legislativo específico, de moment... en este momento, que regule lo que es la mediación penal, el código penal sí que recoge entre las circunstancias atenuantes el que sea procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos en cualquier momento del procedimiento, y con anterioridad a la celebración del juicio oral. Asimismo, en todo caso, la mediación penal quedaría enmarcada en el principio constitucional recogido en el Artículo 25.2: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la reeducación y reinserción social".

Pues bien, en este contexto, en nuestra Comunidad, han surgido iniciativas; en concreto, surge una en Burgos en el año dos mil seis, a través de la asociación AMEPAX, Asociación de Mediación para la Pacificación de Conflictos, una asociación de ámbito autonómico que –como decía- se crea en el año dos mil seis, y que viene trabajando en materia de mediación penal, gracias a un acuerdo de colaboración con el Fiscal Superior de Castilla y León.

Tras una reunión con el Consejero de Interior y Justicia, este se compromete a firmar un convenio de colaboración con esta asociación, a fin de dotarles de una aportación económica que posibilite el desarrollo de sus actividades. A pesar de este compromiso del Consejero de Interior y Justicia, y tras algunas cartas remitidas por la asociación ante el incumplimiento de este compromiso, a día de hoy, dicho convenio de colaboración no se ha materializado, y este es el motivo por el que el Partido Socialista presenta hoy esta propuesta de resolución, que no viene sino a solicitar a la Junta de Castilla y León a que se cumpla ese compromiso del Consejero de Interior y Justicia, y que se firme un convenio de colaboración económico que permita la prestación de este servicio de mediación penal en nuestra Comunidad Autónoma. Muchas gracias.

LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA MALLO ÁLVAREZ):

Gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor don Procurador Francisco Javier Aguilar Cañedo.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Muchas gracias. Señorías, lo primero que agradece este Portavoz es al Grupo Parlamentario Socialista, pues, lo que ha manifestado a través de su Portavoz, en un caso concreto, doña Ángela Marqués, relativo al trabajo. Yo creo que todos estamos aquí para trabajar, también ustedes, y, por supuesto, nos sentimos orgullosos también de su trabajo, en la medida que corresponde a un partido de la oposición, en la medida que corresponde también a un partido que sustenta al Gobierno.

Y dicho esto, quiero expresar aquí también, ¿cómo no?, el hecho cierto, sin duda cierto, de que es la primera vez que en el Parlamento Autonómico se va a hablar de algo tan interesante como es la justicia restaurativa. Justicia restaurativa que corresponde a la Comisión de Justicia e Interior, o Interior y Justicia -llamémoslo así-, aquella que prevé, o quiere, o busca o trata de conseguir la reparación del daño de la víctima. Estos son, evidentemente, las circunstancias que se dan en ese modelo de justicia incipiente, una justicia recién nacida -aunque digamos que existe en otros países, podríamos concretar que verdaderamente es incipiente-. Pero esa justicia restaurativa, esa justicia de mediación, efectivamente, trata del mayor apoyo posible a la... a la víctima y de reeducar –como no puede ser meno- al autor del delito; con lo cual, creo que resumimos prácticamente en estas mis primeras palabras la intervención que ha hecho la Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Pero como todo servicio de mediación, Señorías, el penal, ciertamente, trata que la víctima y delincuente puedan solucionar las dificultades en un conflicto existente, con ayuda de ese tercero, mediador, ¿eh? y que, en este caso, ¿qué es lo que pretende el mediador? Pues pretende otorgar un papel protagonista a la víctima -evidentemente, opina, y dice y pide cuándo y cómo debe de ser reparada la víctima-; trata de complementar, por supuesto, el sistema de justicia tradicional, especialmente aplicable -lo es la mediación- solamente en delitos menores y de faltas –esto es importante, para que no creamos que se puede mediar en cualquier conflicto penal-; y evidentemente, también, es eficaz frente a pequeñas falta de vecindad, de pérdida de amistad. Y, ciertamente, no deja de ser novedoso el hecho de que se trate en un Parlamento, como he dicho al comienzo de mi intervención.

Tratar en el Derecho, tratar en la aplicación de la justicia, tratar en que los profesionales del Derecho, tratar en que jueces, y magistrados y fiscales traten de que se entiendan las partes, dialogando y con ayuda de un tercero, es algo ciertamente encomiable, y es algo del siglo XXI. Y en esa... contexto es en el que hay que moverse.

Pero, no obstante, hay que matizar algunas cuestiones. La mediación penal, Señorías, figura en España en la hoja de ruta, o en el programa -o llamémoslo como queramos- del Consejo General del Poder Judicial –no lo podemos olvidar, está ahí-. El Consejo General del Poder Judicial pretende y quiere, efectivamente, reducir la litigiosidad al máximo posible, como lo quieren los tribunales, como lo quiere la Fiscalía, y es un efecto necesario el que se produzca una regulación de la mediación penal, que no está, ni existe, implantada institucionalmente en España. Estamos hablando de asociaciones que se están dedicando, ciertamente -y no una sola-, a mediar en estos pequeños problemas, pero que para muchos ciudadanos es su problema o su gran problema, porque así es como hay que examinar las preocupaciones de los ciudadanos en el ámbito penal, bien sea por un delito menor, bien por una falta.

Les puedo decir a ustedes, como dato, que hay cuarenta y cuatro juzgados en España, que corresponden a Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, y Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, donde se está implantando la mediación.

En el ordenamiento jurídico español no existe, salvo en algunos casos concretos. Ha existido en el Derecho Civil, los actos de conciliación también existen, aunque no sea la figura exacta de la justicia de reparación, la justicia restaurativa. Existe también en la... en la jurisdicción social, de trabajo, en la mercantil y en la familiar, pero en el derecho penal hay que reconocer que no está regulada. No existe esa regulación.

Por lo tanto, hay que tener también presente que habrá siempre algunos casos en los que esa mediación va a ser muy difícil; y, por ejemplo, está proscrita expresamente en el Artículo 44 de la Ley Orgánica 1/2004, de Violencia de Género; ahí no puede haber mediación, lo cual, evidentemente, lleva consigo un plus de eficacia en las resoluciones judiciales.

Cuenta, en cambio, con regulación más completa y más compleja en lo que se refiere a la justicia de los menores, en nuestro ordenamiento, y concretamente en el reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, con la asistencia de psicólogos, de educadores y de trabajadores sociales, necesario también, cierto, necesario también.

Por último, señalarles a ustedes, dentro de este, bueno, pequeño... pequeña exposición o introducción, que existe también Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, del día quince de marzo del año dos mil uno. La creación de este servicio se enmarca, por supuesto, en lo que se pretende ser, o lo que quiere ser la justicia... mejor dicho, la política criminal de la Unión Europea, que anima a los Estados miembros a impulsar la mediación de... en las causas penales.

En todo caso, aquí tenemos un problema, como no puede obviarse ni se puede ignorar, y es que en esta Comunidad no tenemos asumidas las competencias en materia de Justicia. Y, ciertamente, convendrán ustedes conmigo, en buena lid, que no se puede establecer ningún convenio regular, ningún convenio periódico, ningún convenio estable cuando esa competencia no la tienes. Y, además, también habrá que señalar que, de producirse el hecho contrario, que es el que ustedes piden respecto a que a una asociación determinada el Consejero prometió -que no es cierto- una subvención o una ayuda, evidentemente, evidentemente, llevaría a que otras asociaciones similares pudiesen encontrarse con el mismo derecho, en igualdad de condiciones, y las peticiones no duden ustedes que iban a llover.

AMEPAX, concretamente, es digna de tenerse en cuenta, ¿por qué no? AMEPAX es una asociación que pretende mediar en temas penales menores, pero que, hoy por hoy, hoy por hoy, tenemos que reconocer, en honor a la verdad, que en el año dos mil siete han resuelto catorce asuntos, ¿eh?, y en el año dos mil ocho han resuelto diecisiete; todos ellos relativos a juicios de faltas, ninguno a delitos menores.

¿Qué... qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, y muy fácil de entender, a mi juicio, o al juicio del Grupo Parlamentario que estoy representando: si estamos en un momento en los que las... señalamientos, los juicios por faltas y los juicios por delitos menores son por cientos, son por miles, son por cientos de miles -me atrevería a decir-, poco representa, desde luego, aunque la voluntad haya que reconocerla, la actuación de AMEPAX.

Y no pierdan ustedes de vista que todo lo que se ha producido por AMEPAX –comunicaciones, de las que tengo conocimiento y de las que, evidentemente, no voy a hablar aquí por respeto- no merece más que la consideración de futuro que pueda tener, de acuerdo con los resultados que pueda obtener en el ámbito de su actuación. Me van ustedes enseguida a replicar: pero es que para eso hace falta dinero. Cierto. Pero es que no hay ningún compromiso, ninguno, créamelo, ninguno del Consejero –que yo conozca, que yo tenga noticia- que, evidentemente, se haya tratado seria y formalmente de dotar a AMEPAX de una cantidad, de un recurso económico con carácter fijo y permanente. Que haya, o se pueda o se consiga apoyo en determinadas actuaciones o en asuntos concretos es otra cuestión totalmente diferente.

Sé que ha habido reuniones de AMEPAX -me consta-, y sé que en esas reuniones se ha expuesto el mismo criterio: nadie ha prometido nada, nadie se ha comprometido a nada, aunque a usted le hayan contado otra cosa. Y, por supuesto, nosotros tenemos que velar por que los dineros públicos se gestionen, se tramiten adecuadamente, se cumpla con los requisitos esenciales de que haya una concurrencia. Solamente estamos hablando de una asociación incipiente de mediación penal de muy pocos años de experiencia, aunque ya exista constituida otra, que ni entro ni salgo ni por quién está constituida, ni por cómo, ni si tienen conflicto o dejan de tenerlo -como han demostrado comunicaciones que obran en mi poder, y que, sin duda, espero que usted nos lo va a decir-, pero ya le anticipo, pero ya le anticipo que existe esa conflictividad entre dos asociaciones de mediación penal, que no viene al caso en estos momentos; pero sí viene al caso tener en cuenta el hecho... el hecho concreto, el hecho concreto de que pueden ser importantes esas actuaciones en esa materia penal menor; pero esa materia penal menor habrá, como no puede ser de otra manera tampoco, que tenerla en cuenta en el momento que las transferencias de Justicia, actualmente en negociación entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno de la Nación, se produzcan, se consagre el principio de cómo, y cuándo y de qué manera se van a poder ayudar a estas asociaciones que tienen su relevancia en el ámbito en el que se desarrolla o en el que pretenden desarrollarse.

Y, por lo tanto, anticipar ahora convenios, llevar a cabo ahora acuerdos, señalar cantidades y cifras, no dejaríamos de hacer una excepción en lo que debe ser el planteamiento de cómo han de administrarse los recursos públicos. Y los recursos públicos deben ser con rigor, deben ser basados en la ley y, en consecuencia, no vale el andar diciendo "voy a darte", o "quiero darte", o "conviene darte", o "es posible darte", que alguno de ustedes, y concretamente el Presidente del Gobierno, lo hace con cierta frecuencia, con cierta frecuencia. Nosotros no, de ninguna manera.

Por lo tanto, Señoría, por lo tanto, Señoría, le digo que es novedosa... es novedoso, es agradable poder discutir de estas cuestiones -interesantes, sin duda-, pero, ciertamente, ahora no podemos, ni debemos ni tenemos por qué, ¿eh?, cumplir compromisos que no han sido adquiridos formalmente. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Muy bien. Para cerrar el debate definitivamente, tiene la palabra de nuevo la Procuradora doña Consuela... doña Consuelo Villar Irazábal.

LA SEÑORA VILLAR IRAZÁBAL:

Gracias, señor Presidente. Señoría, no voy a insistir en los beneficios que tiene esta justicia retributiva, en los beneficios de la mediación penal, porque yo creo que en eso estamos de acuerdo, y usted en su intervención ha hecho referencia a los beneficios que, tanto para víctima como para infractor, tiene esta justicia retributiva; beneficios que así se han visto también... restaurativa, perdón, que... beneficios que así se han visto también por parte de la Fiscalía Superior de Castilla y León y por parte del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Por lo tanto, esos beneficios han hecho que en Burgos se instaurara este servicio, gracias –como decía- a esta asociación.

Usted ponía en duda la... la escasez de asuntos que habían podido tramitarse por mediación penal. Usted sabe –y así lo ha puesto también de referencia en su intervención- que no todo tipo de delitos pueden llevarse a cabo por la mediación penal y que en el caso concreto de Burgos hay unos fiscales que realizan una valoración técnica para determinar si es posible la resolución del conflicto mediante mediación penal. Por lo tanto, la responsabilidad de que sea mayor o menor el número de conflictos que se resuelven mediante mediación penal no es, en ningún caso, responsabilidad de la asociación que está trabajando en estos momentos para la que... para que la mediación penal sea una realidad en los juzgados de Castilla y León.

Me decía usted: "No tenemos las competencias de Justicia". Y yo le pregunto: en el momento en que se comprometió el Consejero, allá por... en mayo de dos mil ocho –creo recordar-, tampoco tenía las competencias en materia de Justicia. Usted me dice: "Ese compromiso no existió nunca". Yo le animo a que lea los medios de comunicación de la provincia de Burgos de aquellos momentos, en los que se decía: "El apoyo de la Junta, cada vez más cerca", "De la reunión salió un compromiso de colaboración", "Fernández Mañueco ofrece su colaboración a la asociación AMEPAX", "La Junta apoyará la mediación penal en Burgos con la firma de un convenio de colaboración". Le digo más: hable con su compañero Fernando Rodríguez Porres, que asistió a aquella reunión, y que sabe perfectamente que hubo un compromiso económico, con una cuantía determinada por parte del Consejero de Interior y Justicia para apoyar esta asociación, para que la mediación penal siguiese siendo una realidad y se extendiese desde Burgos, que es donde se había iniciado, a otros juzgados de la Comunidad Autónoma.

Le diré más: si no existen competencias en materia de Justicia, y usted alega eso para que no haya convenio con esta asociación, tampoco podría la Junta de Castilla y León, en ese sentido, fomentar la mediación familiar; y usted sabe que lo está haciendo, como un medio para evitar conflictos en el ámbito familiar, como medio de resolver situaciones conflictivas en procesos de separación y divorcio, con las mismas competencias en materia de Justicia; con las mismas competencias en materia de Justicia, la Junta de Castilla y León está apostando por la mediación penal. Le digo más: ¿tiene competencias en materia de Justicia la Universidad de Valladolid, el Ayuntamiento o la Diputación de Valladolid? Creo que no tiene competencias en materia de Justicia. Pues sabrá usted que estas tres instituciones han firmado un convenio de colaboración con la asociación que presta este servicio de mediación penal en Valladolid para favorecer la mediación penal en los juzgados de Valladolid. Por lo tanto, no me diga que es un problema de competencia, es un problema de voluntad política.

Aquí no hay un problema de "como no tengo competencias en materia de Justicia, no puedo firmar el convenio de colaboración". La falta de competencias no impide la firma del convenio de colaboración, como demuestra que la Universidad de Valladolid, el Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid hayan firmado ese convenio con la asociación que presta este servicio de mediación penal en Valladolid, y como demuestra el hecho -que aunque usted me lo niegue- de que el Consejero de Interior y Justicia se comprometiera en el dos mil ocho a esa colaboración con la asociación AMESPAX... AMEPAX.

Me dice usted que el problema está en la conflictividad de dos asociaciones. Mire usted, yo creo que la Junta de Castilla y León no puede entrar en si hay un conflicto entre dos asociaciones, y por eso dejar de colaborar y de financiar un servicio que -usted me ha reconocido- es bien visto, es necesario, y todos tenemos que tender a que se implante progresivamente en los... en los juzgados de nuestra Comunidad Autónoma.

Yo creo que la Junta de Castilla y León no tiene que entrar a valorar ese conflicto entre asociaciones, si existe; la Junta de Castilla y León tendrá que ver si el servicio de mediación penal es positivo para víctimas e infractores, como así parecía que lo había visto, y, en función de eso y de las asociaciones que presten ese servicio en la Comunidad Autónoma, prestar la colaboración económica necesaria a esas asociaciones para que sigan... estas puedan seguir realizando ese servicio necesario.

Por lo tanto, si hay conflictividad entre dos asociaciones -a la que usted ha hecho referencia, no yo-, la Junta no tiene que entrar a valorarlo, y creo que el problema ha sido ese. Para evitar un conflicto entre dos asociaciones, dice: no firmamos convenio de colaboración con ninguna de las dos. Mire, no. Si el convenio de colaboración es necesario, si la aportación económica es necesaria para que estas asociaciones sigan prestando un servicio que nos parece necesario y que consideramos que debe seguir implementándose en la Comunidad Autónoma, firme usted el convenio de colaboración, como así se comprometió en ese momento.

Por lo tanto, insisto, esta no es una cuestión de falta de competencias, porque, sin tener las competencias en materia de Justicia, el Consejero perfectamente podría firmar este convenio de colaboración. No estamos pidiendo una determinada duración en el tiempo para que este convenio de colaboración se firme, no estamos limitando a una determinada asociación la firma del convenio de colaboración -con lo cual, se podría firmar con todas las asociaciones que en este momento estén prestando servicio de mediación penal en la Comunidad Autónoma-, sino que estamos ante un problema de falta de voluntad política por parte de la Junta de Castilla y León de apostar claramente por la mediación penal. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Finalizado el debate, procedemos a la votación de la proposición no de ley.

Votación PNL 826

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada por diez votos en contra frente a seis a favor.

Como no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las diecisiete horas cincuenta minutos].