DS(C) nº 490/7 del 29/3/2010

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Buenas tardes. Se abre la sesión, no sin antes dar la bienvenida a la misma al Director General de Administración Territorial y, en este caso también, Gerente de Justicia, que es por la razón por la que está aquí, don Clemente Pita. Muchas gracias por venir una vez más a la Comisión de Interior y Justicia y atender a los requerimientos de esta Comisión. Y sin más, damos la palabra a los Portavoces para comunicar las sustituciones, si las hubiere.

EL SEÑOR VELASCO RODRÍGUEZ:

Gracias, Presidente. Buenas tardes. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, no hay ninguna sustitución prevista.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Muchas gracias. ¿Por el Grupo Popular?

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Buenas tardes, señor Presidente. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, don Juan Dúo Torrados sustituye a doña Josefa García Cirac.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Muchas gracias. Y ya, sin más, se procede a la lectura, por parte de la señora Secretaria, del primer punto del Orden del Día.

SC 118

LA SECRETARIA (SEÑORA MARQUÉS SÁNCHEZ):

Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías. "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Interior y Justicia, Iniciativa 118, a solicitud Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre: voluntad real de la Junta de Castilla y León en relación con la asunción de competencias de Justicia y el estado actual de la negociación con el Ministerio de Justicia sobre esta materia".

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Muchas gracias. Para la exposición de la comparecencia requerida, tiene la palabra el señor Gerente de Justicia, don Clemente Pita.

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y GERENTE REGIONAL DE JUSTICIA (SEÑOR PITA GARRIDO):

Muchas gracias, señor Presidente. Comparezco en esta Comisión de Interior y Justicia para atender la solicitud que el Grupo Socialista ha realizado en torno a la voluntad de la Junta de Castilla y León en asumir las transferencias de Justicia.

Me permitirán, antes de nada, entrar... antes de entrar en el contenido de la comparecencia, que les exprese mi satisfacción más sincera por acudir a esta Cámara e informar a Sus Señorías como Gerente Regional de Justicia. Aunque ya he tenido la oportunidad, como muy bien conocen Sus Señorías, de poder acudir a esta Comisión como Director General de Administración Territorial, es esta, sin embargo, la primera vez, como he dicho, que lo hago en mi condición de Gerente Regional de Justicia.

Me pongo, por tanto, a la disposición de todos... de todas Sus Señorías, tanto del Grupo Popular como del Grupo Socialista. Les ofrezco con toda lealtad mi colaboración, y espero también contar con la suya para el mejor ejercicio de las funciones que me han sido encomendadas.

Pero entremos ya en materia. La cuestión de si la Junta de Castilla y León tiene voluntad real de asumir las competencias de Justicia se responde de manera rápida y contundente, breve y tajante: la Junta de Castilla y León tiene voluntad clara y definida de asumir las transferencias de Justicia. Por lo tanto, la Junta tiene verdadera voluntad política de asumir –y lo digo enfáticamente- las competencias en materia de Justicia. Esto no es una novedad. Se ha repetido hasta la saciedad por los máximos responsables del Gobierno Regional, y también se ha manifestado en este sentido, y vuelve a hacerlo hoy, este Gerente Regional. Existe, por lo tanto, una voluntad clara, definida e inequívoca de asumir las competencias en materia de Justicia.

Pero aquí hay una segunda parte, y esta segunda parte es que las competencias solo se asumirán si se transfieren en las debidas condiciones, suficientemente dotadas. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que no se aprecia por parte del Gobierno de la Nación una voluntad real de hacer estas transferencias. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay una oferta seria del Gobierno Central para realizar las inversiones que necesita la Justicia en Castilla y León, que son muchas –repito, muchas- y porque muchas son las carencias de la... que la Justicia tiene en Castilla y León. Carencias que, por la condición personal y profesional de algunos, de bastantes, de los Procuradores, conocen perfectamente y conocen in situ la realidad de la Justicia y de los medios de la Justicia en Castilla y León.

Ustedes tienen sus representantes en la Comisión de Transferencia y están bien informados sobre este punto, tanto la bancada popular como la bancada socialista. Podrá desde su Grupo Parlamentario, Señoría, discutirse sobre la voluntad de la Junta: sí es lícito... es lícito en el juego político. ¿Pero puede alguno de ustedes, Procuradores de los... del Grupo Socialista, discutir que la Justicia en Castilla y León tiene muchas necesidades y que no están siendo satisfechas? Hace tres días lo veíamos claramente: representantes de los Grupos Socialistas, en alguna provincia de nuestra Comunidad, cómo se solicitaban, se establecían mociones, tanto en el Ayuntamiento de Medina del Campo como en la Diputación de Valladolid, para que estén bien dotadas, tanto económicamente como la determinación de determinados juzgados al respecto.

Lo que cualquiera de nosotros teníamos que presentarnos, Señoría, a la hora de plantear la asunción de competencias, es saber qué es lo que nos piden los ciudadanos para la Justicia. Y los ciudadanos nos piden que la Justicia... -y no solamente nos lo piden al Gobierno de la Región, sino también a los representantes políticos y a los que, en definitiva, representan la soberanía popular en Castilla y León- y lo que necesitan y quieren nuestros ciudadanos es una Justicia rápida, una Justicia eficaz y una Justicia de calidad. No nos engañemos. No nos engañemos, porque conocemos con exactitud cuál es la situación de la Justicia en España y la situación de la Justicia en Castilla y León. Estoy hablando de medios materiales. Los ciudadanos en Castilla y León, o en cualquier otro punto de España, desean, sin ninguna controversia, que esta Justicia tenga esas características.

Una Justicia que, para que sea más rápida, tiene que tener nuevos órganos jurisdiccionales; órganos jurisdiccionales que han sido solicitados y pedidos por la... por la... por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: la Sala de Gobierno, y en la Memoria del propio Tribunal Superior de Justicia. La eficacia de la Justicia se potencia facilitando a su personal unas condiciones laborales aceptables, una buena organización y unos edificios dignos. Y, por último, una Justicia de calidad requiere la implantación de nuevas tecnologías, con aplicaciones informáticas comunes que interconecten todos los juzgados de Castilla y León, todos los juzgados de España, y las oficinas del Estado y de la Administración que tengan relación con la Administración de Justicia; unos archivos dignos, tema que hace poco la Cámara lo ha conocido.

Y no... no parece que la situación actual de la Justicia en Castilla y León sea en ninguno de estos tres casos la adecuada: ni es rápida, ni puede ser eficaz, y puede ser de más calidad en lo que respecta a determinadas actuaciones. No porque le sea la calidad referida a los titulares del órgano jurisdiccional, porque de todos es conocido el trabajo, el esfuerzo, la dedicación constante y permanente que nuestros jueces y magistrados, fiscales, secretarios, etcétera, incluso abogados, realizan para tener una Justicia de calidad.

Todos convenimos que el número de órganos jurisdiccionales judiciales en Castilla y León es insuficiente. En Castilla y León tenemos doscientas veinticuatro unidades jurisdiccionales, y dos mil doscientos siete Juzgados de Paz, ciento cincuenta y dos asociaciones... ciento cincuenta y dos agrupaciones de Juzgados de Paz. Por lo tanto, es... es necesario y es imperioso que estos números de órganos jurisdiccionales sean mayores que los que hay en la actualidad y se incremente. ¿Por qué? Porque la ratio de jueces que tenemos en la Unión Europea no llega, Señorías, ni a la... en Castilla y León no llegamos a la mitad de la ratio de la Unión Europea. En la Unión Europea está sobre veinte jueces por cada cien mil habitantes, y en Castilla y León tenemos sobre diez jueces por cada cien mil habitantes. No digo que nos pongamos a la altura de Alemania, que tiene veinticuatro jueces o magistrados por cada cien mil habitantes, pero, por lo menos, qué menos que la media de la Unión Europea.

No existen unas condiciones laborales aceptables para los diversos colectivos de la Administración de Justicia; y eso nos lo han recordado en huelgas y en manifestaciones que se han puesto de manifiesto hace poco... pocos meses.

No se ha mejorado tampoco la organización, porque tras más de seis años sigue sin implantarse la nueva oficina judicial. Y no existe la certeza en cuanto a los costes que esta ocasionaría, tanto en cuanto medios personales como en material. Por lo tanto, indudablemente, se dijo que en España se iba a realizar una experiencia piloto con nueve ciudades –Burgos, en Castilla y León-; parece ser que esto se iba a hacer en el año dos mil seis. Dos mil seis, ad calendas graecas: estamos en el año dos mil diez. En el dos mil diez la nueva oficina judicial, de acuerdo con las leyes... Ley Orgánica y leyes procesales modificadas, las veintidós leyes procesales, tendría que entrar en vigor el cuatro de mayo, si mal no recuerdo; y, por lo tanto, el funcionamiento de la nueva oficina judicial tenía que ser una realidad. Mas no es así, y está pendiente determinadas actuaciones, está pendiente la relación de puestos de trabajo, está pendiente la resolución del concurso, etcétera. Están pendientes una serie de actuaciones que parece que no llegaremos a mayo, ni mucho menos, para el establecimiento de la nueva oficina judicial.

Las infraestructuras judiciales requieren, por otra parte, obras urgentes. Muchos edificios se encuentran en condiciones no adecuadas. Y no se ha resuelto el grave problema de la dispersión de las sedes judiciales, particularmente importante y acuciante en Palencia, en Segovia y en Valladolid; si bien es cierto que en Segovia, recientemente, ha salido en el Boletín Oficial del Estado la licitación del proyecto del... de la sede de los juzgados al respecto. Pero, indudablemente, la licitación del proyecto, igualmente, en cuanto a su ejecución, vuelvo a decir, ad calendas graecas. La previsión presupuestaria para el dos mil diez de la Ciudad de la Justicia de Valladolid es de solo 30.000 euros, una parte insignificante del coste total que figura en presupuestos.

Finalmente, tampoco los requerimientos de una Justicia de calidad están presentes en el día a día de la Justicia en Castilla y León. Hay una demanda de implantación de nuevas tecnologías que permiten, como he dicho, la interconexión de los juzgados, y facilitan los trámites de los ciudadanos, abogados, procuradores, graduados sociales, que no está siendo satisfecha. Y no vamos a recordar casos sangrantes como los que se han producido en España por estas carencias.

Las cuantías destinadas a subvencionar el servicio de justicia gratuita se deben actualizar e incrementar hasta lograr una equiparación con la media, Señorías. No pedimos más ni menos: la media que las destinadas por las Comunidades Autónomas con competencia de esta... en esta materia. El abogado es un elemento esencial en el mundo judicial: así lo establece el Artículo 24 de la Constitución, que establece que no cabe una Justicia sin... si existe en ella una indefensión. La función primordial, esencial, del juez... del abogado en todos los temas judiciales es esencial: es el primer juez del pleito, en definitiva, el que desbroza la situación conflictiva entre las partes; y es un elemento, como digo, esencial, que hay que cuidar, yo diría que mimar.

Y no se ha puesto en marcha el nuevo sistema de archivos judiciales, como he manifestado anteriormente.

Ante esta situación, Señorías, es necesario poner en marcha sin más un proceso de modernización de la Justicia, que seguimos echando en falta, como echarán en falta también los propios Procuradores aquí presentes.

Desde mi responsabilidad como Gerente Regional de Justicia, reitero, una vez más, la oferta de colaboración de este Gobierno Regional, y la voluntad inequívoca, definida, de impulsar este proceso. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Muchas gracias al Gerente de Justicia. Para un turno de Portavoces, en primer lugar, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, don Ángel Velasco Rodríguez.

EL SEÑOR VELASCO RODRÍGUEZ:

Gracias, Presidente. Bien, decía el compareciente que sentía una enorme satisfacción en comparecer también como Gerente Regional de Justicia; satisfacción que es mutua, como él muy bien sabe, y quiero aquí expresárselo, como también aprovecho la circunstancia para darle mi más cordial enhorabuena por el nombramiento en ese nuevo cargo, que suma al anterior, así como manifestarle igualmente, el deseo de éxito en esa encomienda, para lo que, desde luego, puede contar con la colaboración total de este Grupo. Pero a continuación he de decirle, con todos los respetos, que no fue su comparecencia la que este Grupo solicitó. Creo que en el Orden del Día -recién leído su enunciado- sigue apareciendo la comparecencia del señor Consejero. Como quiera que no ha habido ni siquiera la deferencia de anunciar previamente esa sustitución, nosotros estaríamos ahora mismo perfectamente habilitados para decir que hasta aquí hemos llegado, pero, hombre, yo comprendo que hay que aprovechar la circunstancia ya que estamos aquí reunidos, que no es nada agradable, para continuarla. No sin advertir que esto va a ser objeto de una queja formal, porque esto no es así. Si hubiéramos pedido la comparecencia del señor Gerente de Justicia, lo hubiéramos hecho en su momento, en la persona de su antecesora, sin ninguna dificultad, porque eso está previsto, para los cargos de la Junta, no solo los Consejeros; pero también la de los Consejeros, y esta era la solicitada. En ese supuesto, en el caso de que, en fin, tenga que acudir a una procesión muy importante, qué sé yo, lo que fuere, cualquier cosa, pero es que no se nos ha dicho nada. Y elevo mi queja, desde luego, a la Presidencia de la Mesa, porque esto es absolutamente intolerable.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Si me permite, muy escuetamente, quisiera, en primer lugar, enumerarle el Artículo 159 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, en el que su punto 2, el último párrafo, habla de que podrán comparecer para responder los Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios Generales, Directores Generales y... o altos cargos asimilados. En cualquier caso, tiene usted razón, le debo disculpas porque siempre hago una llamada telefónica, y, precisamente, en esta... en esta Comisión –lo suelo hacer por cortesía, además creo que debe ser así- no lo hice. Por lo tanto, le pido disculpas, independientemente de que es obligación de esta Presidencia ponerse en contacto con el Gobierno Regional. Y es el Gobierno Regional quien determina en función de, en fin, la disponibilidad de los altos cargos y de las respon... de los altos responsables, en este caso de la Consejería de Interior y Justicia, quién puede venir a responder a la Comisión a estos asuntos, que pueden hacerlo de acuerdo con el Reglamento de las Cortes de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR VELASCO RODRÍGUEZ:

Bien. No le estaba diciendo nada más que lo que estaba diciendo, y espero poder seguir diciéndolo. Nada que ver...

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Está en su derecho.

EL SEÑOR VELASCO RODRÍGUEZ:

... nada que ver su disculpa, que no...

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Está usted en su derecho.

EL SEÑOR VELASCO RODRÍGUEZ:

... que no arregla, en absoluto. No es un problema de simple cortesía, esto es algo bastante más serio, bastante más serio.

Pero bien, dicho esto, he de decir con carácter previo también que me voy a centrar, desde luego, en el objeto de la comparecencia, en el que se fijó en su día, no en otro. Porque es que aquí a veces venimos a hablar de cosas completamente diversas de lo que era el objeto de la comparecencia.

Y, con carácter previo, quisiera dejar a salvo, y meridianamente claro, que ni la comparecencia solicitada, ni mi intervención en este acto han pretendido, o pretenden, dirigirse al titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, cuyas palabras dieron pie a la solicitud de la misma, ni quieren suponer la más mínima intención de censurar con ni siquiera la más ligera crítica a sus manifestaciones de entonces –estamos hablando de finales de julio de dos mil ocho-, ni de más tarde, o de hace solo unos días. Y ello no solo porque su independencia y libertad me merecen el más absoluto respeto institucional, sino porque estaríamos sobrepasando las atribuciones que la Ley nos otorga a estas Cortes, más concretamente la de controlar la acción política y de Gobierno de la Junta, por nuestro Estatuto de Autonomía.

Lo que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia manifestó el veintiocho de julio de dos mil ocho, él, no yo ni el compareciente, tal y como recogieron los medios de comunicación, y a este Grupo Parlamentario le preocupó hasta el punto de que solicitó... solicitara la comparecencia que ahora se celebra, fue aquella expresión de que: "Cada vez soy más pesimista sobre la transferencia de Justicia. Es un tema -seguía diciendo- que está ahí desde hace tres o cuatro años, pero no acaban de llegar. Esta... esta pasada semana, -decía- leía unas declaraciones del Portavoz de la Junta diciendo que antes de asumir unas competencias, prefieren desarrollar las que tienen. Esto es una afirmación contundente -sigo citando las palabras del Presidente del TSJ- que indica que no quieren asumir ninguna otra, y, desde luego, las de Justicia. Soy cada vez más pesimista". Aquí termina la cita. Más adelante, dentro de la misma entrevista, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia afirmaba que el Ministerio tiene una voluntad tajante de transferirlas a todas las Comunidades. Así que nosotros fijábamos el objeto de la comparecencia en que se informara sobre los motivos en que pudiera haberse fundado el Presidente del Tribunal para realizar tales manifestaciones, y sobre la voluntad real de la Junta de Castilla y León de asumir las competencias de Justicia, con lo que pudiera desmentirse aquella afirmación de que "no quieren asumir ninguna otra competencia, y, desde luego, las de Justicia".

Porque es verdad que han seguido apareciendo manifestaciones públicas –en los medios de comunicación, quiero decir- sobre el tema, a lo largo de estos casi dos años que han pasado desde la solicitud de esta comparecencia y su celebración hoy. Y ello nos obliga a –por decirlo de algún modo- contextualizar el objeto de la comparecencia y aquellas declaraciones del veintiocho de julio de dos mil ocho. Quiero decir con ello que, quizás, hoy la celebración de esta comparecencia carezca de oportunidad, es posible. Ha transcurrido demasiado tiempo, durante el cual las cosas, y hasta las opiniones, han ido cambiando. Ya sé que la dudosa oportunidad a la que me acabo de referir no le es imputable al... al señor compareciente, ni al Consejero, sino al mal funcionamiento, por falta de agilidad, de las Cortes, o al menos de esta Comisión, dicho sea con todo el respeto, pero con la mayor claridad.

Dentro de aquel contexto en que quisimos fijar el objeto de la comparecencia, en cuanto al momento en que se hicieron las manifestaciones del Tribunal Superior de Justicia, y en el que se solicitó la comparecencia, que no es otro, puede entenderse nuestra preocupación por la claridad y contundencia de las declaraciones, por la autoridad de quien las hacía y hasta por el momento en que se hacían. Y no solo no fueron rectificadas, sino más bien ratificadas poco más tarde, concretamente tres meses más tarde, el veintiuno de octubre de dos mil ocho, en un diario de Valladolid, que titulaba en su página seis, a cuatro columnas: "El Presidente del TSJ le reprocha a la Junta su clara voluntad de no asumir Justicia" -yo no lo escribí- explicitando en el texto la información en los siguientes términos, decía: "El Presidente del TSJ de Castilla y León abogó ayer por la transferencia del área de Justicia a la Comunidad Autónoma, una competencia que, en su opinión, el Gobierno Regional no tiene voluntad de asumir. Y sé que hay una voluntad clara de no asumirlas –las competencias, sigue diciendo- en Castilla y León. Concepción –seguía la información- recordó como al tomar posesión del cargo insistió en la necesidad de la transferencia, y no se ha producido nunca una conducta clara en orden a la asunción de transferencias", literal. "Espero –sigue la cita- que en un plazo medio esto se solucione, pero yo creo que la voluntad de la Junta de Castilla y León no va por esa línea"; lo creía él, y por eso nos preocupó y pedimos la comparecencia explicatoria de las declaraciones, en la medida que pudiera ser factible.

Por eso, precisamente, nos interesó conocer de forma oficial cuál es la voluntad real de la Junta en relación con las asunción de las competencias de Justicia. Porque nos consta que los Grupos de Trabajo, en contra de lo que se haya dicho, de la Comisión Mixta de Transferencias siguen siendo informados. Y precisamente a raíz de la entrega de... de nuevos datos –o, si se quiere, de la actuación... actualización, perdón-, de datos relativos a los costes de cada uno de los capítulos del llamado coste efectivo del servicio, se producen, como es lógico, discrepancias y reivindicaciones, que en un proceso de negociación todos podemos entender como lógicas en esa dinámica negociadora. Concretamente, en los últimos días hemos podido escuchar del propio Presidente de la Junta, de la Consejera de Hacienda, o también del propio Consejero al que usted dice representar, algunas de estas: concretamente, hay discrepancias –y ahora se han manifestado de forma explícita- en lo tocante a Justicia gratuita, a los... a los famosos acuerdos sindicales o mejoras retributivas pactadas con los sindicatos tras la huelga de dos mil ocho, al coste de la nueva oficina judicial, a la incorporación de nuevas tecnologías o a la falta de concreción de inversiones de reposición. Esto son las que yo he recogido a lo largo de este tiempo en las declaraciones públicas que se han hecho por las distintas autoridades de la Junta.

Y porque, como ya le hemos manifestado en más de una ocasión, volvemos a expresar nuestra actitud política de compartir el objetivo de obtener para nuestra Comunidad las transferencias de Justicia, de los medios materiales y personales, y de acompañarles a ustedes en su obtención en las mejores condiciones; creo que de eso no puede caber duda, porque no la hemos mostrado nunca, a pesar de que a veces nos han puesto en el disparadero, pero hemos mantenido esa actitud y la vamos a seguir manteniendo, con la mayor lealtad, con el máximo rigor y con la más estricta exigencia de lo... de la mejor de las transferencias posibles. Ya sé que aquí nos ha expresado, al principio, que sí, en cuanto a la pregunta concreta, sí tienen una voluntad creo recordar que ha dicho clara y definida; una verdadera voluntad de asumir las competencias. Pero claro, a continuación nos ha pintado un cuadro que no sé si viene a cuento, porque este sí que no era el objeto de la comparecencia.

Pero bueno, en todo caso, quede clara nuestra voluntad, y creo que, a pesar de esas discrepancias, lo que hay en el fondo, después de esa respuesta, es, desde luego, una coincidencia de las partes en la negociación como para llegar a un buen fin, y dentro del término temporal que se preveía –es decir, dentro de este mandato-, para llegar a una buena consecución de que se transfieran, por una parte, y se asuman, por otra, las competencias de Justicia, que es lo que, desde luego, nosotros deseamos; y no entrar en polémicas, que me parece que no ha lugar a entrar, porque eso puede entorpecer más la negociación, a mi modo de ver. Pero bueno, doctores tiene la santa Justicia o la Madre Iglesia para opinar de diverso modo. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Muchas gracias. Para fijar la posición y hacer las preguntas que estime oportuno, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Popular, don Francisco Aguilar Cañedo.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Muchas gracias, señor Presidente. En primer término, y como no puede ser menos, nuestro Grupo Parlamentario felicita la presencia del Gerente Regional de Justicia por su nombramiento para este cargo, y le deseamos, por supuesto, toda clase de éxitos. Y también, como no puede ser de otra manera, agradecerle el ofrecimiento que ha hecho al Grupo de trabajar y colaborar con el Grupo, como nosotros lo hacemos con respecto a usted. Por lo tanto, mis mejores deseos en el ejercicio de su mandato, no solamente a nivel personal, sino también, por supuesto, la del Grupo Parlamentario al que represento. Reconocemos su experiencia en altos cargos, y... y reconocemos, por supuesto, también, una experiencia dilatada en lo que a la Administración de Justicia se refiere. Por lo tanto, yo creo que esto son cuestiones que le avalan a usted, gozando, por supuesto, de un reconocimiento generial... general de los profesionales que nos dedicamos a la labor de la Justicia día a día.

Pero entrando ya en la cuestión, aparte de agradecimientos, yo le quiero a usted expresar su voluntad de decir las cosas muy claras, y usted las ha dicho, y le felicito también por ello. Habla usted de que hay una voluntad clara, hay una voluntad definida y hay una voluntad inequívoca de que la Junta de Castilla y León asuma cuanto antes las transferencias de Justicia. Pero hay una voluntad no clara, hay una voluntad indefinida y hay una voluntad, por supuesto, que no puede admitirse, que es que el Gobierno de la Nación quiera transferirnos déficit. No, eso nunca. Transferir déficit con una competencia, eso nunca. El Gobierno de la Nación lo primero que tiene que hacer es transferir algo que sea viable, algo que pueda asumir la Comunidad de Castilla y León como viable, como cierto, como necesario, como suficiente para poder desarrollar la labor correspondiente una vez asumida la transferencia. Y no es una labor menor, sino una labor ingente, de poner en manos de los ciudadanos, en el más breve plazo posible, una Justicia eficaz, una Justicia rápida y una Justicia garantista de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

Pero eso, el Gobierno, que yo sepa, no lo hace. Pero es que no lo hace de una forma absolutamente torticera, porque de los cuatro Grupos de Trabajo precisamente no convoca prácticamente a ninguno, pero no existe información sobre cuál es el coste efectivo. Y aquí estamos hablando, y dejémonos de coger los pájaros con las manos, de voluntad de transferencia. ¿Cómo se va a coger una transferencia sin un... conocer un coste efectivo de lo que te transfieren? Y ha habido muchos requerimientos al respecto, Señorías. Y se lo comunico, y se lo digo también. Sin duda lo conocerá el señor Gerente Regional de Justicia.

Y dicho esto, el planteamiento hecho por el Grupo Socialista entiendo que es absolutamente erróneo; es un planteamiento... un planteamiento el que se ha hecho de pasar de puntillas, simplemente, sobre este asunto. Y por eso le tengo que preguntar a usted algunas cosas que quiero que nos las aclare, y sin duda van a consolidar lo que usted ya nos ha expuesto.

Aquí, por supuesto, no creo que quepa discusión; siempre que se venga a estas Cortes Regionales, a los Plenos y a la Comisión de Justicia e Interior, y se oiga al Presidente de la Junta, y por supuesto se esté atento a lo que esta Comisión delibera, no puede discutirse, por supuesto, la voluntad de Castilla y León de asumir las transferencias de Justicia. ¿Pero cree usted, señor compareciente, que es posible asumir unas transferencias sin conocimiento del coste real, como he dicho, sin conocimiento de cuál va a ser el coste de una oficina judicial que no está puesta en práctica? Que, además, dentro de muy breves días o semanas va a entrar en vigor la ley que la autoriza, y, en consecuencia, no sabemos qué va a suceder, cuando no existe todavía ni nombramiento de quién pueda ser responsable del complejo que supone la oficina judicial. ¿Cómo es posible, señor compareciente, que no resaltemos, de manera más importante todavía, que con 30.000 euros de nada, de nada, se pretenda iniciar la resolución del problema de dispersión de sedes judiciales, concretamente en Valladolid? treinta mil euros, como la entrada de un piso, poco más o poco menos. Yo creo que esos 30.000 euros no dan ni para quitar la broza que tiene el solar donde se pretende ubicar la nueva sede... la nueva sede... mejor dicho, la Ciudad de la Justicia, en Valladolid.

Me parece muy lícito que se acuda, como no puede ser menos, y se respete, por supuesto, como no puede ser menos, el planteamiento que hace el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el ejercicio de su máxima libertad, y que pueda haber manifestado, en un momento determinado, que evidentemente él no detecta esa voluntad posible de asunción de una competencia. Pero claro, acabar con la dispersión de las sedes judiciales, eso cuesta dinero. Transmitir una transferencia que no sea deficitaria cuesta mucho dinero. En el capítulo de coste ordinario hay unos gastos extraordinarios asimilados que determinan que esta Comunidad Autónoma no dará ningún paso adelante hasta que no pueda verdaderamente comprometerse con dar un mejor servicio. Y estoy citando textualmente las palabras del Presidente Herrera en uno de los últimos Plenos a pregunta de una respuesta oral que se le hacía por el Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Otero.

Transferir, como he dicho, déficit, nunca, nunca. ¿Que es urgente la transferencia? Indiscutido o indiscutible. ¿Que el Gobierno tiene voluntad? No le quepa la menor duda. ¿Que se ha hablado de cifras? Pocas, y pocas veces. Y que, por supuesto, están simplemente paralizadas las cuestiones porque el Gobierno no pone sobre la mesa algo tan sencillo como las inversiones que sean necesarias para la modernización de la Justicia, porque en la modernización también está, Señorías, la despolitización. Y si no hay modernización, y si no existen planteamientos económicos importantes, luego nos rasgamos las vestiduras porque ciertamente hablamos de la politización.

Yo creo que, señor compareciente, no hay voluntad de mejorar, sin duda, ni hay un compromiso auténtico de mejorar, tampoco, la Administración de Justicia en esta Comunidad. Si el Gobierno del señor Zapatero quiere trasferirla, quiere realmente que Castilla y León las asuma, por supuesto en las condiciones que demanden los ciudadanos y que sean necesarias para los ciudadanos. Aquí no se puede quitar la patata caliente y decir se la quito a otro y la cojo yo, porque en una situación de crisis económica como la que estamos viviendo se imponen, por supuesto, restricciones presupuestarias, pero lo que no se puede es caer en el olvido presupuestario, que es donde ha caído el Gobierno de la Nación.

Por lo tanto, yo creo que sería... hubiera sido mucho más coherente –y así lo digo, y quiero que conste en el Diario de Sesiones- que el Portavoz del Grupo Socialista y el Grupo Socialista hubiesen reclamado al Ministerio de Justicia que ejerza responsablemente con su deber de actuar en las transferencias de Justicia con evidente, con evidente generosidad para la Comunidad Autónoma que las asume.

Yo quiero hacerle un ruego, no obstante, al señor Gerente de Justicia: reclame usted, en la medida que le sea posible, un compromiso serio por parte del Gobierno de la Nación con el Gobierno de esta Comunidad a efectos de avanzar –como no puede ser menos- en la transferencia de Justicia.

Usted, señor compareciente, ha hecho un repaso a lo que son las necesidades de la Justicia en Castilla y León, pero, ante ese repaso, le pregunto: ¿no es cierto también que -la Memoria del Tribunal Superior de Justicia última- en la Sala... en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se determinaba las necesidades de órganos, las de edificios, las de informatización, las de mejorar la justicia gratuita, la de desarrollar sistemas de archivos, la de resolver el problema de la dispersión de las sedes judiciales e implantar de una vez –se decía- la oficina judicial? Sobre esto, simplemente nuestro Grupo lo que quiere es transmitirle a usted, como lo hace a través mío, la mayor diligencia para que, efectivamente, todas estas cuestiones consigan conjuntar, evidentemente, una transferencia de la Justicia digna, un proyecto de transferencia sin telarañas, un proyecto de transferencia sin oscuridades, un proyecto de transferencia sin déficit, señor Gerente de Justicia en Castilla y León.

Los ciudadanos necesitan, cada vez más, una Justicia de mayor calidad. Bien ha dicho usted que en nuestro ratio de jueces por cada cien mil habitantes, en esta Comunidad, no llega tampoco al 10%. Quiero significarle a usted que no llegamos al 10%. ¡Ojalá llegáramos al 10%! No llegamos al 10%. Y únicamente lo que puedo decirle es que, de alguna manera -en la medida que nuestro Grupo pueda ayudarle, nos tiene usted a su completa disposición- lo que deseamos es que esa voluntad real de la que usted ha hablado se concrete, pero para concretarse no puede ser menos tampoco, ni podemos dejar de pensar que efectivamente se necesitan medios, se necesitan actuaciones por parte del Gobierno de la Nación que no se producen. Por lo tanto, nuestro planteamiento final -después veremos si tengo que replicar o profundizar mi intervención primera- es como el de usted, como el del Presidente de la Junta, como el de todo el Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma, que la transferencia de Justicia la deseamos, cuanto antes, en las mejores condiciones para esta Comunidad. Como yo no dudo que desea también el Grupo Socialista de que así sea, porque si deseara lo contrario, y deseáramos que cogiéramos esa patata caliente, flaco favor estarían haciendo a los ciudadanos de esta Comunidad.

La voluntad, por lo tanto, es evidente, pero otra cosa, por supuesto, es que esa voluntad no se traduzca en hechos y que, en consecuencia, estén paralizadas las negociaciones, como consecuencia de la insuficiencia de financiación, entre otras muchas cuestiones. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Muchas gracias. Para la contestación a ambas intervenciones, tiene la palabra de nuevo el Gerente Regional de Justicia.

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y GERENTE REGIONAL DE JUSTICIA (SEÑOR PITA GARRIDO):

Muchas gracias, señor Presidente. Quiero, en primer lugar, y además no es cortesía hueca, huera, sino todo lo contrario, sentida, y agradezco las amables palabras iniciales que tanto el Portavoz Socialista como el Portavoz del Partido Popular han hecho sobre mi persona, inmerecidas, por otra parte; pero son, como ya nos conocemos de otras lides, pues actuaciones, o actividades, o sentimientos que nacen de habernos visto muchas veces por los juzgados, por los tribunales, y que, pues, se lo agradezco de... de todo corazón. Como yo, igualmente, hago... hago fe aquí -nunca mejor dicho- de las actuaciones y del buen hacer de los Portavoces –que les conozco perfectamente- como letrados y como juristas en los juzgados y tribunales de Valladolid.

Yo quisiera dejar algo claro y meridianamente diáfano, que es la primera parte, si la Junta de Castilla y León asume las transferencias de Justicia. Yo creo que ha quedado claro de la primera exposición –a ella me remito- y, por lo tanto, no cabe ni el más mínimo asomo de duda o de incertidumbre al respecto.

Lo que también quiero y pongo de manifiesto es que la colaboración que desde las... desde la Comisión de Transferencia, los representantes tanto del Partido Popular como del Partido Socialista es una colaboración leal, sincera, y que, por lo tanto, nadie pone en duda, ni mucho menos. Creemos que están desarrollando una labor, la labor importante de negociar. No olvidemos la referencia principal y esencial: que las transferencias se deciden en la Comisión Mixta de Transferencias, y la Comisión Mixta de Transferencias tiene, en esta Legislatura, sus propios representantes y está presidida por la Consejera de Hacienda.

Dicho esto, también he de decir que, bueno, yo no... en ningún momento he dicho que represento al Consejero de Interior y Justicia. Entiendo que vengo en base a lo dispuesto en el Artículo 129 del Reglamento, 150... digo, perdón, cincuenta y nue... 159 del Reglamento, al respecto. Yo creo que la mejor interpretación es la mía, claris non fit interpretatio, por lo tanto, está claro y meridiana... y nítido.

Bueno, dicho esto, también he de decirle al señor Portavoz del Partido Socialista, quiero decirle que es cierto que en las declaraciones... hubo unas declaraciones del Presidente al respecto, y que el Consejero de Interior y Justicia el mismo día veintiocho dejó también claro que reitera que la Junta está en plena disposición de recibir las transferencias de Justicia, pero con los recursos necesarios.

¿O Su Señoría desconoce las declaraciones del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, o a qué declaraciones hace referencia, si a las declaraciones que decía "las competencias en materia de Justicia están sin transferir por falta de acuerdo económico"? ¿O se refiere a otras declaraciones en las cuales que criti... critica el escaso apoyo del Ministerio en la demandas de Castilla y León, y la falta de voluntad del Gobierno para resolver el colapso de la Justicia en la Región? ¿O a lo mejor se refiere a otras declaraciones del Presidente del Tribunal que denuncia la alarmante falta de personal judicial? ¿O a lo mejor a otras, cuando pide la Gerencia al Ministerio de Justicia un ordenador -que cuando pides un ordenador, te mandan un modelo que lleva dando tumbos por la Administración quince años-? ¿O cuando reclama medios del siglo XXI a disposición de magistrados y jueces? ¿O, señor Procurador, cuando el traspaso de Justicia de Castilla y León es casi imposible con el nuevo modelo de financiación, que hacían referencia el veintisiete de julio de dos mil nueve? Porque el Presidente del Tribunal Superior de Justicia así puso de manifiesto, ¿eh?

Por lo tanto, yo creo que, al margen de estas controversias que se pueden dar y de estas declaraciones más o menos afortunadas, según criterio o según se mire otro criterio, bueno, pues he de decir y dejando clara y nítidamente establecido la situación de que la Junta de Castilla y León quiere asumir las transferencias en materia de Justicia.

Pero estará usted conmigo, como está el Portavoz del Grupo Popular, que no se puede hacer a cualquier coste. Aquí llegó en visita la Ministra de Agricultura, la señora Ministra de Agricultura, la señora Vicepresidenta del Gobierno, y hablaban de 119, 120 millones, cuando ese año están establecidas en más de 132 millones de euros. Pero no me quiero yo meter en temas de a cuánto asciende, porque, indudablemente, estamos muy separados en la cuantía.

Y también quería hacerle referencia a que lo que queremos –como muy bien ha dicho el Portavoz del Grupo Popular- es la transferencia de Justicia, pero no la transferencia de déficit. Y esto se ha dicho en el Pleno de estas Cortes varias veces: que no queremos transferencias de déficit. Estamos en una situación muy preocupante en materia de Justicia en España.

Daros... dese cuente Su Señoría que estamos en un momento crítico en la historia de la Justicia española. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el solemnis ordo iudiciario, ni estamos en las decretales de Inocencio III; como consecuencia de una ley, la Ley Orgánica del Poder Judicial del dos mil tres, de diciembre del dos mil tres -que, por cierto, fue aprobada con los votos del Partido Popular y al cual el Grupo Socialista se abstuvo-, gracias a esa Ley estamos entrando en una nueva Justicia, en una Justicia con muchos cambios, con muchas modificaciones; en una Justicia que va a ver cambios importantísimos, cambios con los servicios comunes, servicios comunes de ordenación, de ejecución, servicio común general, unidades de apoyo administrativo, que esos servicios comunes se van a hacer algunas... se van a establecer secciones, en esas secciones se van a establecer equipos. Un poder de ejecución que va a estar establecido en órganos comunes. Entonces, el cambio es tan grande, es tan... tan... cambiando el sistema antiguo que, indudablemente, las competencias que se asuman... con la reforma de las veintidós leyes procesales que hemos tenido, ese cambio nunca le ha habido en España en ningún momento de su historia como hasta ahora. Por lo tanto, estamos en un momento clave en la historia del Sistema Judicial Español.

Esto, ¿qué lleva consigo? Pues lleva consigo, indudablemente, medios: medios personales, medios económicos y materiales. Y se necesitan más juzgados; y el Tribunal Superior de Justicia habla de treinta y nueve juzgados, pero la Comisión de Asistencia... digo, la Comisión de... Asesora de Justicia establece más del doble de los juzgados que teníamos que tener.

La situación en Castilla y León, y si a esto añadimos la Justicia de Paz, con los dos mil doscientos siete Juzgados de Paz, pues díganme en qué situación económica vamos a coger unas competencias si no están bien dotadas. Órganos jurisdiccionales que son necesarios establecer al respecto, como son los juzgados... digo, la Ciudad de la Justicia de Valladolid, la sede de los juzgados de Segovia, la sede de los juzgados de Palencia. Imposible crear una Ciudad de la Justicia en Valladolid con 22 millones de euros o 25 ó 30 millones de euros. Si tenemos el caso de la sede de los juzgados de Murcia, tenemos el caso de la sede de los juzgados de Málaga; miren ustedes qué cuesta una sede de los juzgados de esa naturaleza, y obremos en consecuencia. Tenemos todo el problema de informática en los juzgados; tenemos, indudablemente, las reivindicaciones de carácter personal que se tienen de los funcionarios de la Administración de Justicia. Indudablemente, todo esto hace un cómputo que hay que valorarlo en su conjunto.

Y yo creo que teníamos que tener el valor y el coraje político de pedir y de solicitar al Gobierno de la Nación -pero constantemente y con voz seria y firme- que las transferencias de Justicia tienen que venir bien dotadas; que queremos y exigimos lealtad al Gobierno de la Nación; que Castilla y León no es una Comunidad Autónoma de una provincia, que somos nueve provincias con... Mire, en materia de Justicia de Paz tenemos dos mil doscientos siete, no hay ninguna Comunidad Autónoma que tenga la mitad de los Juzgados de Paz que Castilla y León, con doscientos veinticuatro... doscientos ochenta magistrados, doscientos cuarenta secretarios judiciales, ciento veinticuatro fiscales, cinco mil abogados, tres mil funcionarios que van a ser transferidos; son cantidades que hay que tenerlas en cuenta, que es... que es una...

Yo quiero hacer estas apreciaciones para ver, en definitiva, el montante económico que vamos a tener que asumir cuando la Junta de Castilla y León admita las transferencias de Justicia. Que tenemos todo el tema -que lo he esbozado inicialmente- de la justicia gratuita. Indudablemente, la aplicación informática: tenemos que tener una aplicación informática buena, adecuada para la interrelación con todos los juzgados de Castilla y León, con todos los juzgados de España, con las notarías, con los registros, con Hacienda, con la Seguridad Social. Tenemos que llevar a cabo actuaciones muy importantes en todos estos temas para poder tener una Justicia del siglo XXI, porque –y vuelvo a retomar lo que inicialmente hable- lo que los ciudadanos nos demandan -y eso es lo que yo detecto en los ciudadanos de la calle- en los jueces, en los fiscales, en los secretarios, en los letrados, en los abogados, lo que quieren es una Justicia rápida, eficaz, y esa Justicia rápida y eficaz se hace con personas. Las tenemos, y muy buenas, muy bien cualificadas, porque yo los conozco y he hecho de mi vida un trabajo permanente en los juzgados y en los tribunales, y les conozco; pero lo que no tenemos son instalaciones adecuadas, y lo que no tenemos es las garantías económicas suficientes para que esa Justicia que nos demandan los ciudadanos sea una realidad. Y, por lo tanto, Señorías, yo creo que tenemos que hacer frente común -yo no dudo que lo vamos a hacer- para que las transferencias de Justicia vengan bien dotadas, y así servir a nuestros ciudadanos.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra de nuevo don Ángel Velasco Rodríguez.

EL SEÑOR VELASCO RODRÍGUEZ:

Gracias, Presidente, y con la máxima brevedad. En primer lugar, por aclarar una cuestión que parece que le preocupaba al compareciente e insistía haciendo preguntas concretas de a qué declaraciones me refería. A las que le he leído textualmente, fechadas y citadas de forma literal, en cuanto era literal su dicción; y en forma literal, en cuanto era dicción del propio periódico o diario o medio de comunicación. No cabe ninguna duda. Ahora, si queremos extendernos en el tema, pues nos extendemos. Ahí están. Si no las recuerda bien, no se preocupe que la transcripción de la sesión se... le refrescará la memoria.

Por cierto, a esas, y no a otras, se refería la solicitud de comparecencia, y, por lo tanto, me interesaba sobremanera en el inicio de mi exposición en fijarlas como objeto de la comparecencia; no otras cosas. Si usted quiere, hablamos de otras cosas.

Segunda cuestión a aclarar. Me alegro mucho de que su lectura del artículo ciento no sé cuántos del Reglamento de la Cámara le haga concluir que in claris non fit interpretatio, porque claris será para el compareciente, pero no lo es en absoluto porque no es así de claro. Si, efectivamente, quién va a decir, cómo nos vamos a oponer nosotros a que usted le faculte el tal artículo para comparecer. Por supuesto que sí, si sabemos leer; lo que no le faculta ese artículo es para sustituir, sin haberlo dicho, al que ha sido objeto de una petición de comparecencia. Eso, en absoluto; si se lo he dicho al principio. Yo no he dicho "hasta aquí hemos llegado y nos vamos", podía haberlo hecho. No sé por qué nos hemos metido en este jardín interpretativo, será la Presidencia o quien sea, allá él. Nada que ver, nada que ver, usted puede comparecer y será bienvenido cuantas veces quiera, de mil amores, si se lo he dicho al principio. Yo, en el quid pro quo, me quedo con usted, vamos, sin ningún problema; pero, claro, tengo un problema, porque usted no puede representar la opinión del Gobierno de la Junta; eso sí lo puede hacer el Consejero. ¿Me comprende por qué... por qué manifiesto...? Bien, es mi opinión y es mi turno, señor Presidente, usted cuando ejerza de Portavoz pues lo podrá hacer, o llamarme al orden, pero creo que estoy en mi derecho de decir lo que digo. Y, además de estar en mi derecho, creo que es una opinión fundada.

Bien, dicho esto, que son meras aclaraciones, yo creo que me interesa, sobre todo, lo de rebatir, mejor dicho, aclarar, el hecho de si no hay una oferta seria del Gobierno Central y por eso no podemos tirar para adelante. Bueno, esto hay que aclararlo, hay que aclararlo, porque más allá de las discrepancias a las que me he referido, hasta cierto punto lógicas -como les decía- en todo proceso de negociación, y propias de esa dinámica de negociación, lo que es más cierto es que el coste no es lo que uno quiera meter en ese coste, el coste del servicio, aquí podemos hablar de lo que se quiera, como se ha hecho de... en realidad; pero esto no es así, es decir, no estamos hablando de lo que reivindique una tabla contenida en la Memoria Anual del TSJ o de cualquiera de los tribunales de nuestra Comunidad Autónoma, esa no es la cuestión, de lo que hay que hablar y en lo que hay que estar detrás es del coste efectivo del servicio. Y esto, aun... aun a sabiendas de que usted lo sabe, yo creo que nos hemos deslizado por una senda que no es la correcta, a mi modo de ver.

Pero bueno, como existe -se ha dicho- esa voluntad de transferir, desde luego, porque está clara y se ha manifestado igualmente con la misma rotundidad por parte del Ministerio, pero también de asumirlas, como se acaba de decir, el proceso yo creo que debe continuar, y es lo que interesa, debiendo ser impulsado tanto por esa voluntad real que se ha manifestado, y nosotros aplaudimos, no solo de palabras, que uno puede decir lo que se quiera, pero es que eso no es lo que vale; y sabiendo, como sabemos, que eso está sometido a un proceso que ha de discurrir acomodándose a una normativa que regula ese procedimiento, y concretamente es el establecido en la Ley 12/1983, de transferencias... que regula el proceso de transferencias, es el... el de Proceso Autonómico, que determina la fijación del coste efectivo, y a él tenemos que sujetarnos -no yo, sino los que tienen que estar en la Comisión negociadora-, los costes directos, establece cómo: capítulos de personal, gastos corrientes, transferencias, gasto de inversión; y los indirectos de los servicios a transferir. Esta norma establece una metodología clara, común, pormenorizada, aplicable a todas las transferencias de todas las Comunidades Autónomas. Y no es: "Es que a mí me gustaría", ¡y a mí también!; "es que nos van a producir... nos van a transferir un déficit"; pero ¿quién ha dicho esto?, pero ¿cómo... pero cómo podemos decir eso en serio?, pero ¿cómo nosotros vamos a estar de acuerdo en que se transfiera un déficit? Al contrario, queremos que se haga conforme al método, conforme a ley, pero de la mejor manera posible, de la manera más favorable; porque, en fin, siempre acaben interpretaciones, aunque en los números caben pocas.

Y, además, a la Resolución de veinte de noviembre del noventa y cinco, de la Dirección General de Coordinación de las Haciendas Territoriales, por la que se publicó el Acuerdo 1/1995, de quince de... de marzo, del Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, y que modificó el método para el cálculo del coste de los servicios a transferir a las Comunidades Autónomas.

Bien, pues siguiendo esa normativa, yo creo que se puede llegar a un buen resultado siempre que haya voluntad real de asumir; y, bueno, con rigor, y no vengamos aquí a hablar de... en fin, se pueden permitir ciertos chascarrillos, como lo de "¡hombre!, con 30.000 euros no se... ni siquiera se quita la maleza, que es lo que está previsto". Por favor, que se ha hablado de bastante más, aunque no esté figurando todavía, porque eso es una inversión nueva, que está comprometida; por cierto, lo mismo que los 300 millones que se han comprometido de inversión para estos años. ¡Hombre!, hay que dar crédito al tema, ¿no?, creo yo, y tengo toda la esperanza de que así sea. ¿Alguien va a dudar de que nos va a dejar empantanado el Campus de la Justicia de aquí cerca porque pongan 30.000 euros ahora mismo en los Presupuestos? ¿Pero qué tiene que ver eso con el coste efectivo del... del servicio? ¡Hombre, todos lo sabemos! Hoy, actualizados los datos... -no se puede decir tampoco que, en fin, que no... es que no hay reunión, es que no...- se han actualizado los datos al... a la última fecha, al treinta y uno de diciembre pasado, es decir, hace dos meses y pico; en fin, estamos hablando de más de 133 millones, ¿eh? Pero no se puede decir que es que se nos han olvidado los temas que... los temas que... no los que vengan en la memoria anual de no sé qué tribunal, sino los que, efectivamente, el Presidente decía en su... en su respuesta a la pregunta del otro día -como se ha citado hace un momento- de justicia gratuita, de las mejoras retributivas pactadas con los sindicatos, la incorporación de nuevas tecnologías; todo eso viene, ¡hombre!, o yo... o yo soy un especialista tal que solo lo sé leer yo, o yo creo que viene bien claro, viene bien claro. Ahora, otra cosa es que se quieran decir, eso, como acabo de decir antes, chascarrillos, que creo que en sede parlamentaria no debemos de estar de broma para esas cosas, ¿eh? Porque ni siquiera en materia de dispersión de sedes se aguanta la más mínima comparación -si se quieren hacer comparaciones históricas- de lo que ha ocurrido en Valladolid en los años con Gobierno Socialista y en los otros, cuando se quiera lo hacemos.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Le ruego, señor Velasco Rodríguez, vaya concluyendo.

EL SEÑOR VELASCO RODRÍGUEZ:

(Voy a ir concluyendo). Por lo tanto, me quedo con la declaración del veinticuatro de marzo del señor Herrera en... en la respuesta a la que se ha hecho referencia antes a una pregunta parlamentaria, cuando decía: "Vamos a instar al Gobierno de la Nación a que convoque con carácter inmediato el grupo de trabajo de coste efectivo". Declaración que, por cierto, venía a confirmar la que unos días antes había formalizado la Consejera de Hacienda, que, a la sazón, es la que preside la Comisión negociadora. Urge la convocatoria del grupo de trabajo que evalúa el coste efectivo, de acuerdo.

Me consta que esto va a llevarse a cabo, dado que existe -me consta-, realmente existía ya en esa fecha, convocatoria al respecto para el próximo día quince de abril; como me consta a mí, supongo que le constará al señor Gerente aquí compareciente.

Así que, tratándose de un tema de este calado, para mí una cuestión de Estado, no lo dude usted, de la estructura y del funcionamiento de uno de los servicios públicos básicos o esenciales de la Comunidad, que, como es lógico, nos preocupa, el asunto debe seguir siendo tratado con el máximo rigor, y siguiendo el procedimiento establecido al que me acabo de referir, eso sí, utilizando las alternativas más favorables y provechosas a la Comunidad Autónoma, todo ello bajo los principios de lealtad -se ha dicho-, buena fe y confianza, cooperación y colaboración, que yo creo que son los que han de inspirar las relaciones entre Administraciones Públicas; y, desde luego, en el deseo de que, al final, la transferencia sea la mejor y no la que, como en el caso de Sanidad, se haya impuesto sin atenerse siquiera al coste efectivo que regula la normativa a la que me acabo de referir. Rigor, rigor en la utilización de la ley, que hay que cumplirla, acatarla y propiciar su cumplimiento, y, además, rigor en su aplicación cuando trabajamos de un lado o de otro.

Detrás de la transferencia a la Justicia, estamos detrás de ambos lados, porque la Administración no puede defraudarnos, sea de un color u otro. Cuando ha sido del mismo color, ya vimos lo que ocurrió, como en el caso de Sanidad, que no queremos que se repita. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Muchas gracias. Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Francisco Aguilar Cañedo.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Muchas gracias. Señor Presidente, yo creo que la intervención que usted ha hecho ha sido muy coherente para aclarar lo que estaba manifestando el Grupo... el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y, en consecuencia, nosotros mostramos nuestro apoyo a esa aclaración.

Lo que sucede es que cuando los argumentos son puramente reglamentistas o son puramente pobres o son prácticamente vacíos, pues nos agarramos a lo que diga el Presidente del TSJ, que es muy legítimo lo que dice, pero que no gobierna -que yo sepa- en esta Comunidad, aunque tenga sus responsabilidades, evidentemente, en materia de Justicia; o se acude a interpretaciones reglamentarias para que se desvíe la atención y, en consecuencia, se invoca luego legislación del año ochenta y tres o del año noventa y cinco, cuando muy bien sabe, sin duda, el Portavoz del Grupo Socialista -y lo cito expresamente, y lo digo expresamente- que ha sufrido numerosísimas modificaciones.

Pero no me queda más remedio que acudir al Diario de Sesiones, no me queda más remedio que acudir al Diario de Sesiones y decir lo que dijo el Presidente Herrera, pero decir todo lo que dijo; no lo que usted ha cercenado, y entonces resulta otra cosa, sino todo lo que dijo. Y, claro, lo que dijo, entre otras cosas, es que la información no existía, en materia de transferencias, porque de los cuatro grupos formados, ¿eh?, el grupo de coste efectivo, en su día creado, no se reunía, y, en consecuencia, no se podía tener información del coste efectivo -lo tengo aquí, a disposición de quien quiera leerlo, pero no de quien quiera mutilarlo-. Y dijo también nuestro Presidente que en Castilla y León estaríamos hablando, puesto que se ha citado por el Portavoz del Grupo Socialista y me obliga a desdecirle, 132 millones de euros; pero -decía el Presidente- que eso no concretaba nada, ¿eh?, y eso dejaba grandes partidas, ¿eh?, como las que hacía referencia el Portavoz del Grupo Mixto, referida a algunas de las más importantes que hay que cubrir. Y las cosas, por su sitio; y la verdad, por delante; y luego cercenar y mutilar las cosas cuando nos convenga, pero aquí no.

Y de... desde luego, no puedo por menos, señor Gerente, de recordar lo siguiente: decía el Presidente Herrera que reiteraba nuestra voluntad, y, desde luego, vamos a instar al Gobierno de la Nación -como ha dicho el Portavoz del Grupo Socialista- a que convoque con carácter inmediato el grupo de trabajo de coste efectivo; evidencia de que no estaba convocado, ¿eh? "O hablamos con las cartas encima de la mesa -decía el Presidente Herrera- o estamos mintiendo a la opinión pública, y, desde luego, lo que no va hacer este Gobierno -decía su Presidente-, al menos mientras yo lo presida, es aceptar una transferencia que suponga no solamente no ya la transferencia de una competencia o de un servicio, ¿eh?, sino la transferencia de un nuevo déficit". Son palabras que he dicho al comienzo de mi intervención y que reitero ahora, pero en su conjunto, no quitemos de los párrafos lo que nos interesa diciendo que ya se iba convocar, por supuesto, ¿eh?, la reunión del grupo de trabajo de coste efectivo. Todo esto es lo que dijo el Presidente Herrera; lo demás lo habrá dicho el Portavoz del Grupo Socialista, pero, desde luego, lo... lo ha leído en los términos que le ha parecido conveniente.

Pero ya que nos ponemos a hablar aquí y a citar aquí las cuestiones relativas a cómo debía de producirse la transferencia de Justicia, pues yo tengo que decir algo, y lo que tengo que decir es lo siguiente: señor Gerente de Justicia, usted, que se incorpora a esta Comisión, prácticamente, a lo mejor ahora con mayor frecuencia, cuando se hablen de temas de Justicia, le quiero significar que usted conozca -sin duda lo conocerá, pero quiero recordarle- que el Grupo Parlamentario Socialista ha votado en contra en esta VII Legislatura a las siguientes proposiciones no de ley, ¿eh?, del Grupo Parlamentario Popular respecto a los siguientes temas:

La Proposición No de Ley 111, para la mejora de las sedes judiciales e incremento de las partidas presupuestarias para las infraestructuras inmobiliarias; votada por ustedes en contra.

La Proposición No de Ley 144, para acabar con la dispersión de sedes judiciales en Palencia; votada por ustedes en contra.

La Proposición de Ley 225, para que se impulse el proceso de transferencias en el que se contemple financiación suficiente e inversiones adecuadas hasta la transferencia; votada, también, en contra.

Proposición de Ley 325... No de Ley, perdón, solicitándose al Gobierno de la Nación la resolución de los conflictos con los empleados de Justicia, y un plan para regularizar los atrasos provocados; votada también en contra. Vaya usted teniendo nota y vaya usted teniendo constancia.

Proposición No de Ley 565, para la implantación de la nueva oficina judicial; votada en contra.

Proposición No de Ley 813, sobre la reorganización de jueces y magistrados que contemple la creación de órganos mediada y la reordenación de la planta judicial de refuerzo judicial para los órganos con sobrecarga de trabajo; votada en contra.

Proposición de Ley número 795, para el incremento de las cuantías destinadas a la justicia gratuita, que también se ha tocado aquí hoy por todos los intervinientes; votada en contra.

Y, por supuesto, una resolución para el desarrollo del sistema de archivos judiciales, que ha sido la última, la última, de hace escasísimas semanas, donde se planteó por este Grupo la necesidad de poner en marcha los archivos, y se dieron en cifras kilométricas de los pasillos que había... de los archivos que había en los pasillos de los juzgados; bueno, pues también votada en contra.

Yo creo que todo esto habrá llegado a la Moncloa, pero la Moncloa no debe oír, está absolutamente sorda, está pensando en otras cosas... [murmullos] ... está pensando en otras cosas, es decir, piensa en otras cuestiones; no piensa, por supuesto, en esto, ni le importa para nada. Esto... esto es lo triste. Tal vez por eso, tal vez por eso, o por similares causas, resulta que las transferencias en Comunidades en las que tienen... de las que ustedes gobiernan -léase Extremadura, léase Castilla-La Mancha-, evidentemente, tampoco las quieren, porque no quieren déficit, porque no quieren... [Murmullos]. No, no, sin déficit... Tampoco, claramente; con déficit, nunca; con déficit, nunca. No interprete usted de otra manera, señor Portavoz; con déficit, nunca. [Murmullos].

Yo... en este... en este Parlamento tengo años suficientes para saber lo que tengo que hacer...

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Por favor, un poco de silencio.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

... por lo tanto, ruego a Su Señoría que no me interrumpa como yo no he interrumpido, aunque le duela lo que oiga, pero, amigo, hay que aguantarse algunas veces. [Murmullos].

Por lo tanto, señor Portavoz, todo esto es labor de Grupo... señor Gerente, todo esto es labor del Grupo Parlamentario Popular. Pero aquí, cuando nos conviene, nos agarramos al Reglamento; cuando no, a las declaraciones del Presidente del Tribunal Superior de Justicia; cuando no, no hacemos caso a lo que presenta el Grupo Popular para una mejor transferencia de la Justicia a nuestra Comunidad; y cuando no, le dirán a usted otras cosas.

Nosotros solamente decimos la verdad, lo que hemos hecho. Y, por lo tanto, ese ruego que le hacía a usted de colaboración con el Grupo Parlamentario Popular lo tiene usted. Pero, como no puede ser de otra manera, con la verdad por delante; que nos metan gato por liebre, nunca, nunca. Y, por supuesto, hagan ustedes, por... por ejemplo, un análisis de cualquier punto, de cualquier cuestión, de cómo actúan ustedes en Cataluña, o cómo actúan ustedes en Extremadura, o cómo actúan ustedes en Andalucía... [Murmullos]. Mire, mire, me da igual, en Baleares también, ¿eh? Pero, oiga usted: ustedes solo actúan con miras a obtener votos, a ganar elecciones, pero los ciudadanos a ustedes le importan un rábano.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Gracias. Para cerrar el debate, en turno de dúplica, tiene de nuevo la palabra el Gerente Regional de Justicia, don Clemente Pita.

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y GERENTE REGIONAL DE JUSTICIA (SEÑOR PITA GARRIDO):

Muy buenas. En contestación a... a los dos Portavoces, pues seré... decir que, indudablemente, como ya he dejado claro en las distintas exposiciones anteriores, la voluntad es clara, nítida e impensable que se pueda pensar de otra manera que no sea el asumir las competencias en materia de Justicia.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Sí. Ruego silencio, por favor.

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL Y GERENTE REGIONAL DE JUSTICIA (SEÑOR PITA GARRIDO):

Dicho esto, el siguiente punto, no lo es menos cierto que tenemos que ser reivindicativos, muy reivindicativos, muy reivindicativos con asumir unas transferencias bien dotadas económicamente. ¿Por qué? Porque los retos que tenemos pendientes en materia de Justicia son muy grandes. Son retos muy importantes. Hay un margen de mejora muy importante en la Administración de Justicia que la Junta quiere asumir. Pero para asumir esa Justicia de calidad, esa Justicia rápida y esa Justicia eficaz, se necesitan bienes económicos suficiente bien dotados. Bien dotados. Y estamos en una época que la dotación de esos bienes económicos tienen que hacerse más fuertes, indudablemente, porque los fines, las actuaciones y esa Justicia que yo he tratado de dar un bosquejo al principio es la que vamos a implantar en Castilla y León. Y por lo tanto, necesitamos apoyo económico suficiente. Yo no dudo que ninguno de los dos Grupos va a apoyar de manera consistente y constante, con lealtad y con la... y con colaboración, las transferencias en materia de Justicia. No lo dudo. Todo lo contrario.

De las PNL a la que ha dado referencia el Portavoz del Grupo Popular, yo sí que le puedo decir con total seguridad que, dando el... cumpliendo el mandato de las Cortes de Castilla y León, de las mismas se da cumplida... cumplido trámite, y cumplico... cumplido conocimiento a la señora Vicepresidente del Gobierno de la Nación. Por lo tanto, esas PNL, indudablemente, las conoce el Gobierno de España.

Es cierto que una transferencia lleva consigo momentos duros, momentos de negociación, momentos que se requiere un esfuerzo y una unidad muy grande de todos los Grupos para asumir las transferencias. Pero no nos engañemos, y es cierto lo que ponía de manifiesto el Portavoz Popular, hay Comunidades Autónomas que no asumen las transferencias en materia de Justicia por las mismas... por los mismos motivos que no las asumimos en Castilla y León: porque la valoración económica no es la adecuada. Yo creo que este es un punto que tenemos que tenerlo claro todos. Tenemos claro el primer apartado: voluntad política indudable de asumir las transferencias. Y lo que tenemos que tener claro es hacer frente común a que esa asunción de transferencias sea con la cantidad, con el montante económico suficiente para hacer frente a una Justicia de calidad. Yo creo que son puntos esenciales, importantes, que tenemos que asumirles como tal al respecto.

Yo en este ánimo de colaboración y de lealtad, y es la forma de actuar y de trabajar la Consejería de Interior y Justicia, y del Consejero Alfonso Fernández Mañueco, que, indudablemente, tendremos la respuesta positiva de los dos Grupos y del... y del Grupo Mixto -que no se encuentra aquí- de las Cortes de Castilla y León. Muchas gracias por haberme permitido explicarme y expresarme en estos términos. Y, a vuestra entera disposición. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Muchas gracias. Y terminado el turno de Portavoces, procedemos a la apertura de un turno para el resto de los Procuradores que no hayan intervenido por si quieren, escuetamente, formular alguna aclaración o alguna pregunta concreta.

Bueno, pues no habiendo ningún Procurador que desee utilizar este turno, agradecemos enormemente, una vez más, a don Clemente Pita, Gerente Regional de Justicia de Castilla-León, el que haya comparecido hoy en esta Comisión, y le deseamos lo mejor en la nueva responsabilidad que tiene.

Pasamos, por parte de la señora Secretaria, a la lectura del segundo punto del Orden del Día.

PNL 1107

LA SECRETARIA (SEÑORA MARQUÉS SÁNCHEZ):

Segundo Punto: "Proposición No de Ley, Iniciativa 1107, presentada por los Procuradores doña Ana María Muñoz de la Peña González y don Ángel Velasco Rodríguez, instando a la Junta de Castilla y León a la creación de la Escuela Regional de Protección Ciudadana, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 280, de cuatro de febrero de dos mil diez".

LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA MALLO ÁLVAREZ):

Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores Procuradores Proponentes, doña Ana María Muñoz de la Peña, por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, Presidenta. Señorías, Buenas tardes. La Comunidad de Castilla y León, en desarrollo de sus competencias en materia de seguridad, protección de las personas, medio ambiente y de los bienes, es la Administración que determina cómo ha de organizarse la protección a los ciudadanos, su asistencia, los mecanismos de prevención y la dotación de herramientas y metodologías que permita cumplir con el objetivo de establecer un marco de protección ciudadana para la Comunidad.

La Junta, en el ejercicio de sus competencias, primero creó la Agencia de Protección Civil; más tarde, el Plan de Protección Civil (PLANCAL); y, por último, la Ley de Protección Ciudadana, que vino a cubrir un vacío legal que no se podía mantener por mucho más tiempo en la Comunidad. El BOCYL de once de abril del año dos mil siete y el BOE número 107, de cuatro de mayo de dos mil siete, publicaron la Ley 4/2007, de veintiocho de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.

La Ley recoge y regula la ordenación de la estructura y organización de los servicios de prevención, extinción y salvamento, así como las medidas necesarias para que se preste un servicio homogéneo a los ciudadanos de Castilla y León. La Ley pretende, además del desarrollo competencial, promover la seguridad integral de las personas, regular las medidas para evitar y controlar las situaciones de riesgo, y mejorar la prestación de asistencia a los ciudadanos cuando sufran o perciban que existe un peligro. La Ley, en su Disposición Final Segunda, establece que la Junta de Castilla y León creará la Escuela Regional de Protección Ciudadana, adscrita orgánicamente a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial. La propia Ley regula la Escuela de Protección Ciudadana, que tendrá funciones de planificación, programación, gestión y control de las acciones formativas en materia de protección ciudadana, dirigidas a los miembros de los centros y de los equipos de asistencia ciudadana, al personal de servicios públicos relacionados con la seguridad y a los miembros de organizaciones auxiliares. La Escuela se encargará del estudio, propuesta e impartición de actividades formativas, así como será la encargada de la acreditación de los profesionales y colaboradores del sistema de protección ciudadana.

Dentro de su estructura, la Escuela de Protección Ciudadana contará con una escuela de formación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en la Comunidad de Castilla y León, especializada en materia de formación profesional de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento; con funciones de ordenación, programación y ejecución de cursos selectivos, de formación para los profesionales de nuevo ingreso, o de promoción interna; prácticas, cursos de perfeccionamiento, especialización y reciclaje para los cuerpos de bomberos; escuelas de formación, que podrán organizar jornadas y seminarios técnicos, elaborar estudios y trabajos, así como ser el canal de asesoramiento y apoyo a las Corporaciones Locales en los procesos selectivos y de formación de bomberos.

Además de la referida, dentro de la Escuela Regional de Protección Ciudadana, tal y como lo establece la Ley, se podrán incluir otras escuelas específicas de especialización y formación del personal vinculado o implicado en la protección ciudadana. La Escuela podrá establecer los convenios de colaboración en materia de formación con las instituciones públicas o privadas que considere, así como colaborar con centros universitarios interesados en cursos específicos de prevención, extinción de incendios y salvamento.

Dada la importancia que tiene la Escuela Regional de Protección Ciudadana, se presenta la siguiente propuesta de resolución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a la creación de la Escuela Regional de Protección Ciudadana". Esperando poder contar con el respaldo del Partido Popular, y, de esta manera, dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 4/2007, de veintiocho de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, que establece la creación de la Escuela, pues, por el momento, Presidenta... o Vicepresidenta, nada más. Gracias.

LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA MALLO ÁLVAREZ):

Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor Procurador don Óscar Reguera Acevedo.

EL SEÑOR REGUERA ACEVEDO:

Sí, muchas gracias, señora Presidenta en funciones, en estos momentos, de la Comisión. Yo voy a intentar ser breve. No es cosa fácil, pero... No es cosa fácil, pero... sí les voy a decir dos cuestiones. Una previa, que me gustaría, porque guarda relación con la proposición no de ley de hoy, que hubiera un acuerdo en esta Cámara, al menos desde el punto de vista que voy a decir, que es la felicitación al Grupo de Rescatadores Profesionales, por la concesión del Premio Castilla y León, en la modalidad que corresponde, precisamente por su buen hacer al respecto. Yo creo que esto... insto un poco al Grupo Socialista y a la propia Mesa para que se tome alguna razón al respecto, porque me parece que la Comisión tiene que estar ahí cuando nos podamos sentir orgullosos de premios concedidos, con todos los méritos, a grupos valientes y abnegados de profesionales en esta materia.

Lamento comunicarle, señora Procuradora, y ya entrando en la con... en la... en la... en el meollo de la... de la proposición, que no la vamos a aceptar. Y no la vamos a aceptar por varias razones.

La primera, mire, el hecho de que no aceptemos esta propuesta que ustedes formulan no determina que se incumple... que se incumpla la Ley, en modo alguno. Si se fija en el tenor literal, el tiempo verbal que utiliza la Ley es "creará", y, como futuro imperfecto, determina que esa concreción de creación, al menos a la que ustedes aluden, entendida como soporte físico o como realidad tangible material (he querido interpretar que es más ladrillo que función), pues no provoca que se incumpla por el mero hecho de hacerlo mañana, pasado mañana, este año o el año siguiente, cuando las circunstancias sean las pertinentes que convengan al caso.

En segundo lugar, le voy a decir que eso... eso no empece, en modo alguno, que las funciones, lo verdaderamente interesante de una escuela, que es enseñar, formar, fomentar ese aprendizaje y ese adiestramiento, se están ya desarrollando; se están desarrollando esas funciones en lo que es un anticipo de lo que será la futura Escuela.

¿Y por qué digo estos dos argumentos? Porque sobreviene el tercero. Creemos, desde el Grupo Parlamentario Popular, que tiene más sentido crear la Escuela en el sentido infraestructural del término -al que in... intuyo ustedes aluden- cuando las condiciones económicas y presupuestarias sean mejores, y cueste, por ejemplo –por decir un ejemplo-, menos IVA construirlo; sobre todo, el IVA futuro. Y mientras, estimamos que es más razonable pensar en atender el coste directo de la formación que utilizar ese mismo dinero, que es muy bien utilizado para formar a los que luego obtienen premios, que hacer un edificio con el dinero necesario para que esa gente funcione con auténtica dignidad, profesionalidad y operatividad.

En definitiva, Señorías, es cuestión de prioridades: preferimos invertir en educación y en formación directa, y esperar a hacer los edificios, o no, o no, o infraestructuras necesarias para la Escuela futura cuando en España se salga de la gravísima crisis en la que ustedes nos han metido. [Murmullos]. Esto es muy similar a lo... a la... a la tontería mayúscula que supone crear en estos momentos... [murmullos] ... un órgano como el que ustedes proponen crear, de estadística, ahora mismo, para asumir más gasto innecesario, cuando verdaderamente la prioridad... –y yo le rogaría un poco de... un poco de atención, porque, lógicamente, cuando se comunican mensajes hay que hacer un cierto esfuerzo mental para entenderlos, ¿verdad?-. Entonces, cuando... cuando se argumenta de esta manera, lo que le es... lo que le estoy diciendo es que, gastar por gastar, a nosotros, sinceramente, nos parece tontería cuando en un momento crítico, como el que está pasando España, es necesario optar, tomar decisiones y priorizar ese gasto.

¿Por qué le estoy diciendo esto? Pues porque se lo voy a demostrar. Mire, en estos momentos, aunque esa infraestructura por ustedes aludida implícitamente en su proposición no existe, se están desarrollando labores de planificación y programación de acciones formativas en las materias de protección ciudadana, que incluyen atención de urgencias, análisis de prevención de riesgos naturales y tecnológicos, etcétera; se están desarrollando labores de gestión y control de la formación en esas materias dirigidas a miembros de los centros y de los equipos de asistencia ciudadana; además, se están estudiando, analizando, proponiendo y, en su caso, impartiendo actividades formativas en materias de contenidos tecnológicos, incluso las de desarrollo e innovación relacionadas con los sistemas de información y comunicaciones que tengan aplicación en la gestión de urgencias.

Es decir, pese a que no contamos, digamos, con los ladrillos de la Escuela –que, quizás, pudiera ser esa su mera pretensión-, las actividades funcionales de lo que es verdaderamente una escuela, en el sentido de formación, aprendizaje y didáctica, se vienen impartiendo desde el mismo momento de creación y aplicación de la propia Ley.

¿Y cómo? Pues, mire, se han desarrollado por la propia Agencia de Protección Civil y sus servicios y con la concurrencia de otros servicios especializados existentes, como la Escuela Regional de Policía Local en Ávila, la Escuela Regional de Bomberos en Salamanca, el Centro del Fuego en León, la Mina-Escuela en León, el Centro de Prevención de Riesgos en Actividades al Aire Libre de Palencia y en la Escuela... y, también, en la Escuela de Urgencias y Emergencias de Soria, coordinándose todas esas actividades formativas en relación con las situaciones de urgencia y emergencia, que es el leitmotiv fundamental que justifica todo este tipo de actividades formativas.

Para darle concreción. Para bomberos urbanos se han hecho acciones formativas, para policías locales, para voluntarios de protección civil, para operadores de emergencia y para rescatadores profesionales; abarcando un extenso y especializado campo formativo, que trata de cubrir las situaciones más diversas y más pari... variopintas que se puedan afrontar.

No voy a cansarles con los datos y los detalles. Pero, mire, aquí tengo varias... varios folios en donde se concretan una serie de cursos orientados a la formación de bomberos: por ejemplo, los básicos, que son necesarios inicialmente, cuando pasan a pertenecer a este prestigioso cuerpo; la formación especializada para bomberos profesionales, en distintos años (por ejemplo, en el año dos mil siete, ocho cursos de especialización; en el año dos mil ocho, quince; y en el año dos mil nueve, catorce). Para darles una idea. No les voy a relatar los pormenores, pero aquí están si tienen ustedes interés. En el caso de la formación de este prestigioso grupo, también –yo diría- emblemático para Castilla y León y para lo que es el propio desarrollo de esta Ley, que es el Grupo de Rescatadores Profesionales, que usted se... sabe que se eligen dentro de un elenco de bomberos profesionales, fundamentalmente, pues le puedo dar un montón de información de cursos específicos en materia de rescate en terreno invernal –si quieren ver las fotografías, aquí están-: cursos de escalada y autorrescate, cursos relacionados con la certificación de manejo de disfibli... desfibriladores automáticos o semiautomáticos para la atención de emergencias, cursos especializados en rescate invernal nuevamente, incluso... cursos de soporte vital básico para intervinientes primeros en emergencias, formación continua de prácticas en maniobras desde medios helitransportados, prácticas diarias, etcétera, etcétera. En definitiva, estamos hablando de un grupo de rescate que tiene, evidentemente, todos los medi... merecimientos por sus cualidades humanas y su valentía y arrojo en el desarrollo de este tipo de actividades de rescate y de protección ciudadana, pero que no cabe duda que contamos con un cuerpo –yo diría- superespecializado, precisamente porque están bien preparados y bien formados. Luego estamos haciendo labores de escuela al mismo tiempo que estamos caminando en el desarrollo de la Ley.

Lo mismo le podría decir en el caso de policías locales y en formación básica, relacionados con cursos de ascenso, sistemas informáticos de gestión EuroCop, etcétera, etcétera; en materia de ruidos, en materia de violencia de género, etcétera, etcétera. No le voy a cansar a Sus Señorías, pero sí decirles que, evidentemente, por todas estas razones, y por razón de prioridad en la función, nos importa mucho más lo que es formación directa que esa pretensión suya, que sí, nos interesará probablemente en su día apoyarla, cuando las circunstancias económicas –entiendo que con su esfuerzo y el del Gobierno de la Nación-, pues, hagan propicio poder no necesariamente priorizar lo priorizable; y para nosotros, en estos momentos, lo esencial es la formación verdaderamente útil y funcional antes que la construcción de casetos. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la proposición no de ley, tiene de nuevo la palabra la Procuradora Proponente doña Ana Muñoz de la Peña.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, Presidente. Debo confesarle, Señoría, que para mí no es ninguna sorpresa que, cuando el Partido Popular no tiene argumentos sólidos de peso, pues, simplemente se dedique a mamporrear; soltamos al mamporrero y pum, pa'quí, pa'llí, en el otro lado... [murmullos] ... y repartimos, venga al asunto o no venga al asunto, da lo mismo. Pero yo no he venido hoy aquí de mamporrero ni de mamporrera, yo hoy he venido aquí a hacer que se cumpla la Ley, y a pedir al Partido Popular que cumpla la Ley. [Murmullos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Sí. Por favor. Sí, le ruego, por favor... le ruego, por favor, mantenga la calma. Y sí que pediría, en cualquier caso, a todos los intervinientes que, desde el punto de vista verbal, se ciñeran pues a lo razonable... (Por favor, le ruego silencio). ... se ciñeran a la utilización razonable de la lengua española, que es muy rica en... en cualquier tipo de sinónimos, que pueden emplearse sin crear este tipo de situaciones. Muchas gracias.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, Presidente. Mamporrero es una palabra castellana, muy castellana, recogida por el Real Diccionario de la Lengua Castellana. En cualquier caso, si el Portavoz del Partido Popular se siente ofendido por ella, no tengo ningún inconveniente en retirarla y sustituirla por agitador...

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Muchas gracias.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

... simplemente, sin ningún problema. De manera que yo no he venido aquí a agitar a la Comisión, a los compañeros, al Grupo Parlamentario Popular. No, he venido, simplemente, a pedir que se cumpla la Ley, a pedir que se cumpla lo establecido en la Ley 4 del año dos mil siete, de Protección Ciudadana de Castilla y León. Esto es lo único que pretendo. Y esta Ley, en su Disposición Final Segunda, decía: "La Junta de Castilla y León creará la Escuela Regional de Protección Ciudadana, adscrita orgánicamente a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, que asumirá, entre otras, las funciones de...", pu-pu-pu... y detalla, una detrás de otras, todas y cada una de las funciones de la Escuela Regional de Protección Ciudadana.

De manera que esto es lo que pedimos. La Ley es del año dos mil siete, estamos en el año dos mil diez y aquí no se ha creado la Escuela. Y no hablo de un edificio, no hablo de un edificio; no venimos aquí a pedir que se haga un edificio. Si tienen espacio suficiente en el edificio de Arroyo de la Encomienda, que puede compartir, seguramente, con toda la generosidad del mundo, la Consejería de Economía y Empleo. Estoy segura de que compartiría con la Agencia de Protección Civil, con la Consejería de Presidencia, algún rinconcito en el edificio de Arroyo de la Encomienda para crear la Escuela Regional de Protección Ciudadana. Sin ninguna duda. No hablo de edificios. No tienen por qué hacer un edificio nuevo, generar más gasto, crear más gasto. No tienen... no tienen razón, no tiene por qué. De manera que no se confunda, para nosotros es más importante la función que el ladrillo, bastante más importante la función que el ladrillo. De manera que lo que le pedimos es que se cree la Escuela, que se cumpla la Ley, que se cumpla lo que establece la Ley.

Mire, si la Ley contó con el respaldo y el apoyo de este Grupo, si la Ley contó con el respaldo y el apoyo de este Grupo. Pero la falta de desarrollo de la Ley, en estos momentos, lo que está haciendo es entorpecer la protección ciudadana; su incumplimiento lo único que está generando y lo único que está ocasionando son problemas a esta Comunidad, y problemas, y vacíos normativos... vacíos normativos, que fue, precisamente, lo que motivó la existencia de esta Ley. De manera que el no desarrollo reglamentario, no está desarrollada reglamentariamente, la no... el no cumplimiento de los compromisos que con esta Ley se adquirieron de cumplir, y no se han cumplido, lo único que está creando son disfunciones y problemas.

Pero, mire, hay una reivindicación histórica, que sin duda usted conocerá -imagino que habrá... habrá decidido informarse de lo que supone esta Ley y las consecuencias que tiene esta Ley-, una reivindicación histórica por parte de todos los sindicatos con representación en esta Comunidad, y una de ellas es la Escuela, es la Escuela de Protección Ciudadana. Esta es... es una de las reivindicaciones históricas. Porque la Escuela no son solo cursos, Señoría, no se confunda, la Escuela no son solo cursos; la Escuela acoge, y recoge, y se encargará también de otra... de otra serie de asuntos y de funciones que hay determinados cuerpos especialistas de esta Comunidad que están reivindicando desde años que es una necesidad que tienen, pero tanto el organigrama y la estructura de estos cuerpos como los propios Ayuntamientos de los que dependen. Y estoy hablando de la homologación, de la homogeneización salarial con otros cuerpos, de la competencia, de la funcionalidad, de la profesionalidad de estos cuerpos, de la equiparación y homologación con otros cuerpos, por ejemplo, con el cuerpo de bomberos, con el cuerpo de policías locales. Estamos hablando de esto, y para esto es la Escuela también.

Se supeditó, también, a la creación de un observatorio que estudiaría las consecuencias de la homogeneización (consecuencias salariales, consecuencias funcionales, costes). Se dio un año, un año, para que este observatorio estudiara las consecuencias, elaborara un informe, se incorporara posteriormente a la Escuela. Bueno, Disposición... Disposición Adicional Tercera: "Homologación". Tampoco. Un año, ya llevan tres; hace tres años que aprobamos esta Ley. Tampoco se ha cumplido.

Entonces, la Escuela es mucho... mucho más que los cursos que se puedan implantar en ella.

Mire, no hay una regulación de la carrera profesional de los bomberos, por ejemplo, del cuerpo de bomberos. No hay reorganización de escalas y categorías para los bomberos -como si la hay para las policías locales, no la hay para los bomberos-. No hay un estatuto de bomberos que regule de manera específica este cuerpo. No se simplifican y se racionaliza su estructura con la de otros cuerpos de la Comunidad. No hay una base jurídica para los Ayuntamientos. Los Ayuntamientos no saben a qué atenerse... aquellos Ayuntamientos que tienen cuerpos de bomberos y tienen estructura creada no saben a qué atenerse con ellos, con la homologación o no homologación de las policías locales. No se regula la titulación de la formación, la convalidación de los cursos o de las categorías profesionales, o de los estudios que se puedan implantar en la Escuela o impartir en la Escuela.

Todo esto es lo que tiene que reorganizar la Escuela, lo que tiene que asumir la Escuela. Igual el problema es ese, simplemente: el votar en contra quiera camuflarlo con lo que quiera camuflarlo, y quiera revestirlo y disfrazarlo con el argumento que quiera disfrazarlo -de ladrillos, de funciones, de cursos y de todo lo que quiera, y puede contarme de los cursos, bueno, los que hace cada una de las Consejerías-, puede revestirlo como quiera, pero, a lo mejor, simplemente, es que el Partido Popular no quiere asumir la regulación, la homogeneización, y por eso no quiere crear la Escuela. A lo mejor es eso, pero sea valiente y dígalo y afírmelo; no trate de buscar razones donde no lo hay.

Y por último, y para terminar, pues quiero sumarme a la felicitación por el premio recibido al Grupo de Rescate... de Rescatadores Profesionales. Pero, mire, la Junta de Castilla y León se hace las fotos con el Grupo de Rescatadores Profesionales, con especialistas maravillosos y estupendos que tenemos en esta Comunidad, que han demostrado sobradamente su capacidad, su esfuerzo, su dedicación, su sacrificio, y su voluntariedad y su solidaridad. Pero, mire, los Ayuntamientos los pagan, los Ayuntamientos los forman y la Junta se hace la foto con ellos. Esto, precisamente, también es lo que la Escuela trata de evitar, que tengan un amparo, una cobertura donde puedan formarse, de manera homologada, donde se les equipare con otros cuerpos, también operantes y especialistas en servicios de rescate y de protección ciudadana en esta Comunidad, y que se les equipare. Esto es lo que pretende la Escuela, y esto a lo que ustedes se están negando.

Y mire, sin Escuela no habrá formación específica para los cuerpos de bomberos, para que estos cada vez estén mejor dotados, mejor dotados, mejor preparados, y, desde luego, no va a ser así gracias a la Junta de Castilla y León, que se niega a crear una Escuela de formación que les ampare, y que les proteja, les regule, les equipare profesionalmente, les equipare en titulación y les ampare en su estatuto.

Reiterar, de nuevo, la felicitación a los grupos de rescate de... cuerpos especialistas de... en materia de protección ciudadana de esta Comunidad, y esperar que la Junta de Castilla y León, además de hacerse la foto con ellos, alguna vez se comprometa de manera seria, asuma lo que tiene que asumir para que no tengan el desamparo que tienen por parte de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, Presidente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR IGLESIAS GARCÍA):

Muchas gracias. Y concluido el debate, procedemos a la votación.

Votación PNL 1107

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Quedaría rechazada por ocho votos en contra frente a seis a favor.

Se levanta la sesión, no habiendo más asuntos que tratar.

[Se levanta la sesión a las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos].