DS(P) nº 109/7 del 28/9/2010

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Buenas tardes. Señorías, buenas tardes. Por favor, ocupen sus escaños. Muchas gracias. Se abre la sesión. Ruego a la señora Secretaria proceda a dar lectura al primer punto del Orden del Día.

Informe del Procurador del Común

LA SECRETARIA (SEÑORA COLOMA PESQUERA):

Gracias, Presidente. Primer punto del Orden del Día: "Informe Anual del Procurador del Común correspondiente al año dos mil nueve, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 320, de doce de mayo de dos mil diez".

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias. Para la presentación de su Informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor don Javier Amoedo Conde, Procurador del Común de Castilla y León. Puede empezar.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMOEDO CONDE):

Con la venia, señor Presidente.

Excelentísimo señor Presidente de las Cortes, Excelentísimo señor Presidente de la Junta, miembros de la Mesa de las Cortes, Consejeras, Consejeros, Procuradoras, Procuradores, señoras y señores, la presentación de este Informe da cumplimiento al Artículo 32 de la Ley del Procurador del Común.

Voy a iniciar mi intervención con datos estadísticos, que yo creo que va a dar una idea del trabajo que se ha desarrollado en la Institución durante el año dos mil nueve.

Se presentaron dos mil cuatrocientas ochenta y cuatro quejas -ciento cincuenta más que el pasado año-, y de oficio iniciamos cincuenta y un expedientes; lo que suponen en total dos mil quinientas treinta y cinco actuaciones en el pasado año. Contra la Administración Local se presentaron mil nueve; contra la Administración Autonómica, mil; las restantes, contra la Administración Estatal, contra la Administración de Justicia y contra particulares.

Como siempre, León es la provincia que más quejas ha presentado, seiscientas ocho; Valladolid, trescientas setenta y ocho; y Burgos, trescientos cuarenta y tres. Ávila y Soria las que menos, ciento treinta y sesenta y tres. Salamanca, Segovia, Zamora y Palencia, doscientas treinta, ciento noventa y cuatro, ciento cincuenta y ciento cuarenta y siete, respectivamente.

Por las áreas a que se refieren las quejas, destacamos las siguientes: referente al régimen jurídico de las Corporaciones Locales, bienes y servicios municipales, cuatrocientas cincuenta y dos; en Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud, trescientas ochenta y ocho; en Fomento, trescientas diez; en Función Pública, doscientas cuarenta y siete; y en Medio Ambiente, ciento ochenta y seis. Quedan algunas a las que no hago referencia por tener un número de quejas bastante más reducido.

Hemos dictado seiscientas ochenta y seis resoluciones, todas ellas debidamente motivadas, en expedientes incoados a instancia de parte y de oficio. Expedientes en los que se estimó, según nuestro criterio, irregularidades en la actuación de la Administración.

A fecha treinta y uno de diciembre del dos mil nueve, cuando se cerró el Informe, se habían contestado cuatrocientas veintitrés quejas... perdón, resoluciones. Fueron aceptadas totalmente doscientas noventa y siete, parcialmente treinta y ocho, y no aceptadas ochenta y ocho. En esta fecha, treinta y uno de diciembre, quedaban sin contestar doscientas una resoluciones. A efectos puramente informativos, les diré que, a fecha treinta y uno de agosto del dos mil diez, se habían contestado ciento cuarenta y ocho, se habían aceptado totalmente noventa y seis, parcialmente seis y no aceptadas cuarenta y seis.

Además, hemos dictado ciento ochenta y tres resoluciones en las que se acordó el archivo, resoluciones también fundamentadas y, una vez concluida la tramitación del expediente, por inexistencia de irregularidad en la actuación de la Administración.

Durante la tramitación de los expedientes hemos solicitado a la Administración Autonómica seiscientos veintidós informes, se recibieron seiscientos cinco; a la Local, mil ciento cincuenta y ocho informes, y se recibieron mil ochenta y ocho. Es cierto que, en varias ocasiones, hemos tenido que hacer hasta tres requerimientos para que las Administraciones contestaran a nuestra petición de información.

¿Cuál ha sido la colaboración de las Administraciones con la labor del Procurador? Yo voy a dar solamente unos datos. Y yo no voy a hacer, o a dar mi opinión, porque mi opinión sería siempre negativa, porque para que fuera positiva sería necesario que se nos hubiera contestado a todas las peticiones de informe y a todas las resoluciones; pero ello no ha sido así. Hemos tenido que archivar por falta de información veinticuatro expedientes; y por falta de respuesta a la resolución se archivaron cincuenta y cuatro expedientes. Señorías, examinando ustedes esos datos, podrán ustedes valorar si efectivamente la colaboración de la Administración que representa a los ciudadanos ha sido la correcta con la Institución del Procurador del Común.

Sí quiero destacar que nosotros hemos desarrollado nuestra función con absoluta y total independencia, objetividad e imparcialidad. Estos principios sustentan nuestra Institución, y, evidentemente, dan credibilidad a nuestro trabajo, y dan confianza a los ciudadanos en el trabajo que desarrolla la Institución del Procurador del Común. Yo creo que ello se acredita porque durante el pasado año hemos mantenido mil ciento cuarenta y siete entrevistas, en las que han participado cerca de mil setecientas personas. Setecientas setenta y tres de estas entrevistas las hemos celebrado con ocasión de los desplazamientos periódicos que hemos realizado por nuestra Comunidad, facilitando, de esta manera, la proximidad de la Institución a los ciudadanos y la accesibilidad de los ciudadanos a la Institución.

Durante el pasado año, la Institución del Procurador del Común ha participado en numerosas reuniones, actos y jornadas desarrolladas en nuestra Comunidad y fuera de ella. Hemos continuado la campaña de difusión de la Institución en los centros escolares, públicos y privados, que habíamos iniciado ya en el año dos mil ocho. Hemos preparado las jornadas de coordinación de Defensores del Pueblo sobre el impacto de la crisis económica en el ejercicio de los derechos de las personas, jornadas que se están celebrando en la actualidad en la ciudad de Logroño, en las que tuve el honor de participar en el día de ayer en un debate celebrado sobre la evaluación de las medidas económicas y sociales, en las que se ha hecho referencia por parte del Procurador a la Ley de la Renta Garantizada de la Ciudadanía, de treinta de agosto del dos mil diez, de nuestra Comunidad de Castilla y León.

A continuación, voy a hacer referencia a las quejas o expedientes más significativos que hemos iniciado, o quejas que se han tramitado en nuestra Institución.

En materia de Función Pública se han presentado doscientas cuarenta y siete quejas; la mayoría se refieren a procedimientos de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo. Se denunciaron por los particulares vulneración del principio de especialización de los tribunales de oposición; vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad de los opositores; tráfico de influencias; filtración de ejercicios; graves errores de los tribunales calificadores en la determinación de las respuestas correctas; ilegalidad de la valoración de las titulaciones académicas de los aspirantes en la fase de concurso; predeterminación del número de aspirantes que deberían de superar la fase de oposición; baremo de méritos específicos en la convocatoria que respondían al perfil del aspirante que aprobó el proceso selectivo; ausencia de publicidad en los criterios de evaluación de los aspirantes, etcétera, etcétera.

Las resoluciones dictadas por la Institución no fueron aceptadas por la Administración correspondiente, lo que motivó que los opositores acudieran a la vía judicial (concretamente, a la vía penal y contencioso-administrativo) en defensa de sus derechos; procedimientos que, en la actualidad, están en tramitación.

En educación, se han presentado quejas relativas a los servicios de transporte y comedor escolar, en lo que respecta al modo de ser prestados y a las... y a la supresión de los mismos en determinados supuestos. La dotación y el estado de los edificios e instalaciones educativas también ha sido objeto de preocupación de los ciudadanos, en la medida que un servicio educativo de calidad precisa de la construcción de los centros demandados por la población escolarizada, así como la ejecución de obras de conservación y mantenimiento que requieren los edificios e instalaciones ya existentes. Se ha reproducido la demanda del debido rigor en el contenido de los libros de historia y geografía, y también, ante los riesgos que implica el uso de las nuevas tecnologías para los menores inmersos en el sistema educativo, se solicitó, en expediente de oficio a la Consejería de Educación, que se mantuvieran e incrementaran las líneas de actuación dirigidas a evitar dichos riesgos, inquietud que la propia Consejería ha demostrado al elaborar una web temática sobre el Plan de Prevención del Ciberacoso y la promoción de la navegación segura en centros escolares, dentro de los contenidos del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León.

Son habituales las quejas que tienen que ver con la titularidad pública o privada de determinados espacios; problemas que se acrecientan por la incertidumbre de los registros públicos y la inactividad de las autoridades locales. Nuestras resoluciones se han dirigido a recordar a la Administración Local la obligatoriedad de ejercitar las acciones en defensa de sus bienes. Se repiten las quejas relacionadas con la ocupación de espacios públicos con elementos de titularidad privada -terrazas, jardineras, maceteros, etcétera-, tanto en las ciudades como en los núcleos rurales; situaciones que, en ocasiones, generan una gran conflictividad, al entender los ciudadanos que se producen agravios comparativos, tratos de favor en perjuicio de derechos a usar... del derecho a usar libremente las vías y espacios públicos.

La falta de alumbrado público, las deficiencias de la limpieza viaria, la carencia de pavimentación, las irregularidades en el servicio de recogida de residuos urbanos y el abastecimiento de agua potable centraron el mayor número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos.

La actuación de nuestra Institución en estos casos se dirige a intentar un esfuerzo mayor de todas las Administraciones para conseguir una prestación digna de los servicios locales, de manera que se llegue a una equiparación en los mínimos prestacionales en todas las localidades de Castilla y León.

Las ocupaciones de terrenos por vías de hecho para la realización de algunas obras públicas municipales han continuado presentándose por los ciudadanos que se han visto privados de su propiedad sin su consentimiento y sin haber tramitado procedimiento de expropiación forzosa. En algún caso, también se ha denunciado la demora en el pago del justiprecio una vez concluido el procedimiento.

En materia de inmigración, se procedió a la apertura de cinco actuaciones de oficio. Hemos recomendado a la Administración Autonómica medidas relacionadas con la atención sanitaria, la educación, la protección de menores no acompañados y el acceso a los servicios públicos de empleo.

La agilización de determinados expedientes de declaración de Bienes de Interés Cultural sigue siendo una demanda de los ciudadanos, que garantizará la seguridad de determinados bienes y de su entorno.

También hemos solicitado, a instancia de los ciudadanos, que se adopten las medidas necesarias para proteger determinados bienes integrantes del patrimonio cultural de Castilla y León, todo ello como respuesta a acciones contrarias a la protección prevista en la normativa vigente.

Hemos valorado, en expediente incoado de oficio, las posibilidades con las que cuentan las personas con discapacidad física o sensorial para acceder a los medios de entretenimiento, como el cine, el teatro, etcétera. Tras dicha valoración, hemos sugerido a las Consejerías de Cultura y Turismo y de Igualdad de Oportunidades a que se desarrollen programas específicos con el objetivo de facilitar de forma gradual a toda persona que tenga cualquier tipo de discapacidad el acceso a las producciones audiovisuales y escénicas que existan en cada momento, propuesta a la que ha sido receptiva la Administración Autonómica.

Las instalaciones de producción y transporte de energía eléctrica dan lugar a una inquietud de los ciudadanos, que solicitan que, a través de los procedimientos de autorización de dicho tipo de instalaciones, se hagan las debidas inspecciones y se garantice la regularidad y la inocuidad de dichas instalaciones.

En el área de comercio, la eliminación de venta ambulante irregular y la ubicación de los mercados populares para que su actividad cause las menores molestias han sido peticiones formuladas y que ha dado lugar a solicitar, en especial a los Ayuntamientos implicados, las medidas adecuadas para conciliar los intereses en conflicto.

El consumo de alcohol entre la población menor de edad en nuestra Comunidad, teniendo en cuenta que el alcohol sigue siendo una de las drogas más consumidas por los jóvenes entre los catorce y los dieciocho años, sigue siendo una preocupación de la sociedad castellano y leonesa. Las acciones administrativas desarrolladas para hacer frente a este problema no han sido suficientes. El alcohol, a pesar de la prohibición legal de su venta, es la droga a la que los jóvenes de esta Comunidad declaran tener una mayor accesibilidad. Hemos formulado una resolución de oficio a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y a los Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes recomendando potenciar el esfuerzo para avanzar en la progresiva erradicación de este problema, mediante la adopción de medidas como el incremento y mejora de las campañas de información y concienciación sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol, de los programas de prevención familiar, escolar y extraescolar, desarrollo de nuevas estrategias que dificulten la oferta y disminuyan la disponibilidad de alcohol por los menores de edad, la realización de campañas de prevención, el fomento de ocio alternativo entre los jóvenes para mejorar de modo progresivo los patrones de conducta e inducir en la práctica a un ocio más saludable.

En el área de sanidad, en el año dos mil nueve se han presentado setenta y cinco quejas. Entre las presentadas, citaremos: la falta de pediatras en las zonas rurales, cuyos menores son atendidos por médicos de Atención Primaria; expedientes relativos a la fibromialgia; reproducción asistida; tratamiento médico incorrecto o inadecuado; y deficiencias en el transporte sanitario.

En estos dos últimos supuestos, hemos solicitado la incoación de los correspondientes expedientes de responsabilidad patrimonial, al haber fallecido el paciente, para determinar si ha existido relación de causalidad entre los fallecimientos y el retraso en la atención médica. La Institución del Procurador del Común, en este momento, desconoce cuál ha sido el resultado de esos expedientes.

Las listas de espera han sido objeto de numerosas quejas, y hemos iniciado también un expediente de oficio con el fin de verificar la incidencia del Decreto 68 del dos mil ocho, por el que se crea el Registro de pacientes en lista de espera y se regulan las garantías de espera máxima en intervención quirúrgica.

Hemos también iniciado un expediente de oficio sobre la atención a los enfermos terminales en los centros concertados por partes... por parte de especialistas en oncología; sobre la problemática del transporte único para enfermos dializados en Salamanca; y sobre las presuntas deficiencias en el servicio de radioterapia en Soria, por la necesidad de desplazamiento de los enfermos de cáncer de esta provincia a Burgos y Logroño.

Debido a las importantes carencias asistenciales que padece el colectivo de personas afectadas por trastornos del espectro autista, y a pesar de mejorar la colaboración prestada por la Administración Autonómica, hemos incoado un expediente de oficio, y se formuló una resolución dirigida a las Consejerías de Familia, Sanidad y Educación recomendando la adopción de las medidas oportunas dirigidas a eliminar el retraso en el diagnóstico, promover la atención temprana en condiciones de calidad, adaptar y flexibilizar el sistema educativo, favorecer el acceso al sistema sanitario, apoyo a las familias, actividades deportivas, culturales y de ocio; resolución que ha tenido una buena acogida entre las Administraciones.

En medio ambiente, las quejas se refieren a las molestias causadas por la contaminación acústica, especialmente en horario nocturno -y el primero que lo sufre soy yo, evidentemente-, que se agrava cuando los bares musicales se concentran en una misma calle (incumplimiento de los horarios de cierre, salidas de humo, etcétera).

Las relativas a las explotaciones ganaderas, en el año dos mil nueve destaca la problemática referida al incumplimiento de las medidas correctoras impuestas por los Ayuntamientos en el procedimiento de regularización de dichas explotaciones situadas en el interior del casco urbano de las localidades.

En relación al derecho de una vivienda digna y adecuada debe tenerse en cuenta la aprobación, en agosto del dos mil diez, de la Ley del Derecho a la Vivienda, en donde se recogen la aplicación de los principios de igualdad y transparencia en los procedimientos de... de selección, la especial consideración de determinados colectivos tales como las víctimas de violencia de género, la regulación de las condiciones de habitabilidad, la exigencia del cumplimiento de los requisitos para ser adjudicataria en el momento del visado del contrato, el establecimiento de un régimen sancionador y específico, y, en fin, la tipificación como infracción en la demora del... en la demora en la finalización y entrega de las viviendas. Precisamente, uno de los efectos de la demora aludida es la elevación injustificada del precio. Hemos dirigido dos resoluciones, una a la Consejería de Fomento y otra al Ayuntamiento de Valladolid, en la que se solicitó que el precio máximo de venta que debía de aplicarse era el correspondiente al año del dos mil siete, referente a la... a las promociones del Plan Parcial Santos-Pilarica, con independencia de que no se hubieran cumplido los plazos previstos para su entrega. Ambas resoluciones fueron aceptadas por las dos... por la Consejería de Fomento y por el Ayuntamiento, lográndose que se rebajara el precio final de las viviendas.

La situación de Castilla y León en la protección de los derechos de las personas en situación de dependencia ha ido mejorando. Tenemos que reconocer el esfuerzo administrativo y los avances experimentados en la superación de los retrasos en los plazos de gestión de las solicitudes presentadas. La persistencia en el año del dos mil nueve de reclamaciones de los ciudadanos ante la Procuraduría por las dificultades para acceder a las prestaciones derivadas del reconocimiento de las situaciones de dependencia determinó la necesidad de seguir recomendando a la Consejería de Familia, a través de diferentes resoluciones, la adopción de nuevas medidas para continuar avanzando en su protección y atención; entre ellas, la agilización de la tramitación en los correspondientes procedimientos, la modificación del régimen de incompatibilidades entre prestaciones y servicios establecidos en esta Comunidad Autónoma, posibilitando... posibilitando la compatibilidad entre el servicio de ayuda a domicilio y la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.

Es justo reconocer, Señorías, las mejoras claramente percibidas en el ámbito procedimental, aumentando las solicitudes resueltas y las personas que han accedido a las prestaciones o servicios reconocidos. En abril del año dos mil ocho, el porcentaje de resoluciones respecto a las solicitudes presentadas eran del 39%, pasando a ser el 88% en abril del dos mil nueve, y alcanzando en abril del dos mil diez el noventa... 90,58%.

Lo anteriormente expuesto ha hecho que Castilla y León sea la Comunidad Autónoma que parece ofrecer una mayor agilidad en la resolución de los expedientes. Además, según la última información estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de uno de agosto de dos mil diez, el porcentaje de resoluciones o dictámenes es superior a la media nacional, y es la Comunidad Autónoma con mayor porcentaje de beneficia... de beneficiarios que perciben ya sus prestaciones.

En materia de urbanismo, el contenido de las quejas... –y termino ya- el contenido de las quejas presentadas, como de los expedientes iniciados de oficio, es un claro exponente de la situación económica por la que atraviesa el Estado español y, dentro de él, nuestra Comunidad Autónoma. Se ha reducido la actividad urbanística de las Administraciones Municipales a instancia de parte, fundamentalmente en materia de gestión urbanística y de licencia, hecho que se refleja en el número de expedientes que hemos tramitado.

No obstante lo anterior, seguimos constatando que las Administraciones Municipales, en lo que se refiere a la ejecución material de las obras de urbanización en sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable, no ejercitan de modo correcto sus prerrogativas como órgano urbanístico de control, en perjuicio de los adquirientes de viviendas y residentes de las urbanizaciones. Por este motivo, la labor desarrollada por la Institución se ha encaminado de modo esencial a concienciar a las Administraciones Públicas que han sido supervisadas de la necesidad de que ejerciten con la debida diligencia las competencias que la normativa urbanística les atribuye, sin olvidar que, en muchos casos, dicha falta de diligencia es el resultado de la escasa capacidad económica y de gestión de las Administraciones Públicas.

En relación con dicha labor de concienciación, y en lo que se refiere a la protección de la legalidad urbanística, en el año dos mil nueve hemos organizado una jornada, celebrada en marzo del dos mil diez, en la que han participado todas las Administraciones de esta Comunidad, a fin de estudiar el problema de la colaboración de las... de las Diputaciones y su asistencia a los Ayuntamientos en esta materia. Hemos llegado a la conclusión que, en la mayor parte de los supuestos, la falta de capacidad económica de los Ayuntamientos hace que no puedan ejercitar de modo debido esa función de vigilancia.

Termino ya, pero no sin antes agradecer a la Junta de Castilla y León, a los Ayuntamientos, a las Diputaciones Provinciales y a las Juntas Vecinales la atención que, con carácter general, han prestado a nuestras peticiones y recomendaciones. ¿Cómo no?, mi agradecimiento a todos mis compañeros, a todos mis colaboradores, por el trabajo que han desarrollado, no solamente en este año dos mil nueve, sino en los años anteriores; y también a los medios de comunicación, siempre atentos a nuestras actuaciones. Y, ¿cómo no?, mi agradecimiento también a Sus Señorías por la atención que se ha prestado a mis palabras. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, señor Amoedo. Para un turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, el Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, don Joaquín Otero Pereira. Puede empezar.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías. Señor Procurador del Común, don Javier Amoedo, bienvenido, una vez más, y un año más, a esta que es su casa (o a lo mejor no, pero es la casa amiga; luego lo veremos si sigue siendo usted un órgano dependiente de las Cortes o ya no... no lo es; luego hablaremos de este tema; pero en todo caso, sea o no, es la casa amiga). Bienvenidos también a quienes le han acompañado en la Institución, y también a los Presidentes que veo del Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social que están presentes en el hemiciclo.

Señor Amoedo, mire, en primer lugar, yo debo... –y no es, desde luego, por quedar bien- debo felicitarle. Hay varios motivos para felicitarle por su... por su Informe... por su trabajo, mejor dicho, más que por el Informe, el Informe es el reflejo del trabajo. Los expedientes tramitados siguen aumentando -en un 6%- con respecto al año pasado. Hemos observado un esfuerzo de aproximación física a los ciudadanos -eso es muy importante, que sientan la Institución como cercana-.

Mire, los desplazamientos han aumentado con respecto al año pasado un 50%, un 50% con respecto al año pasado; lo cual quiere decir que, doscientos veintiséis desplazamientos, supone que prácticamente todos los días laborables del año alguien de la Institución se desplaza a algún punto de esta Comunidad Autónoma para atender las quejas de los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma. Del mismo modo, se han incrementado también las entrevistas personales, con una media de cuatro entrevistas personales diarias, lo cual es un dato relevante e importante. Y las actuaciones de oficio se mantienen en la línea de otros años: treinta y una en el dos mil siete, cincuenta y nueve dos mil ocho, cincuenta y una ahora, en el dos mil nueve. Por tanto, creemos que esto refleja el trabajo intenso y bien hecho por parte de la Administración... de la Institución a la que usted representa.

Lo que siempre nos hemos preguntado, lo que nos preocupaba al principio, cuando se puso en marcha la Institución, era si los ciudadanos iba a tener... iban a tener la percepción de que el Procurador del Común era una institución útil. Y los años, los distintos Informes, la distinta actividad del Procurador, nos ha hecho pensar que sí: no solo es útil, sino que cada vez es más útil. Y esto no es una opinión, esto no es un criterio subjetivo; esta afirmación de que la Institución es útil para los ciudadanos que ven privados, o se ven privados de... de... de sus derechos, esta afirmación está basada en datos, en números, en la pura matemática sobre la base de sus propios datos que constan en el Informe.

Habla usted de que las resoluciones aceptadas por parte de las Administraciones, las resoluciones que emite el Procurador del Común, son aceptadas en un 70%, y parcialmente aceptadas en un 9%. Estamos hablando de un 79% de éxito.

Habla usted también de que las resoluciones a favor de la Administración son un 41%, y que las resoluciones a favor del administrado son un 59%. Por cierto -un paréntesis-, sigue siendo preocupante que, de cada cien quejas, en sesenta la Administración no tenga la razón. Y es preocupante porque las relaciones Administración-administrado siempre se han regido por un principio no escrito de inferioridad del administrado con respecto a la Administración. La propia Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas establece la presunción de validez y ejecutividad inmediata de los actos administrativos, lo cual quiere decir que siempre el ciudadano está en una situación de inferioridad. Bueno, pues el hecho de que más de la mitad de las quejas se resuelvan a favor del administrado quiere decir que la Administración tendrá que trabajar para que esto no ocurra y para ser más justa en sus decisiones.

Pero, en cualquier caso, y a modo de conclusión, es una... es una clara operación matemática: si usted admite, más o menos, el 80% de las quejas, como consta en el Informe -si un ciudadano... de cada cien ciudadanos, ochenta, su queja es admitida-; si, además, de esas admitidas le da la razón al 70%; y si, además, en el 70% también de los casos la Administración admite su resolución, quiere decir que, más o menos, el 50% de los ciudadanos que acuden a la Institución acaban viendo satisfecha su queja, su demanda, su reclamación. Y que uno de cada dos ciudadanos resuelva extrajudicialmente en un órgano como la Institución del Procurador del Común, sin ningún tipo de gasto ni costa... ni costas, que resuelvan –insisto- pacíficamente su reclamación es todo un éxito. De ahí que el Procurador del Común tenemos, y cada año más, la percepción de que es eficaz y, sobre todo, de que es útil para los ciudadanos. Y yo creo, además, que es la percepción que tienen los propios ciudadanos de la Institución del Procurador del Común.

Otro tema importante que yo quería abordar es la no colaboración de las Administraciones. Usted lo decía, y además era exigente en este sentido. Dijo, más o menos: no estaré satisfecho hasta que las Administraciones no atiendan al Procurador del Común en el 100% de los casos. Es verdad que ahora mismo son minoría las que no atienden las reclamaciones o las resoluciones del Procurador del Común, pero no puede quedar ninguna Administración.

En este sentido, llama la atención que haya Administraciones importantes, como la propia Administración Autonómica, que aunque admiten prácticamente en un 96%... atienden prácticamente y colaboran prácticamente en un 96% con el Procurador del Común, muchas veces, en la mitad de las ocasiones, tenga que ser a partir de un segundo recordatorio, o incluso un tercer recordatorio. Ahí cabría exigir más diligencia para atender al Procurador del Común.

Pero, en todo caso, es la excepción aquellas Administraciones que no atienden esa exigencia. Y tiene usted ahí dos instrumentos. Uno, que con mucho éxito se ha puesto... con mucho acierto -mejor dicho- se ha puesto en vigor hace bien poco tiempo, y es el Registro de Entidades No Colaboradoras con el Procurador del Común; dar publicidad a quiénes son los que no colaboran con la Institución del Procurador del Común. Y, por otra parte, también tiene usted algo que ha sido siempre muy prudente en utilizar, que es el Código Penal. Está tipificado el no colaborar con el Procurador del Común, pero también es verdad que, en la medida de lo posible, y en base al principio de intervención mínima del Derecho Penal, si no es imprescindible acudir a esa vía, mucho mejor. Yo sé que usted siempre ha sido y seguirá siendo prudente en este aspecto de acudir al Código Penal. Pero, en cualquier caso, sin necesidad de ello, el Registro de Entidades No Colaboradoras probablemente le saque los colores a aquellas Administraciones que no quieren o que no colaboran con usted.

¿Cómo no? Tendremos que hablar de sede. Hace ya unos años que se está hablando de la nueva sede, del nuevo edificio del Procurador del Común. Yo he de recordar y reconocer que siempre abogué por un edificio de nueva planta, moderno, funcional; que, al final, la sede va a ser la reforma de un edificio en el centro de León con solera. Y debo reconocer que hoy, viendo cómo va a quedar la nueva sede, intuyendo cómo va a quedar la nueva sede, puedo reconocer que va a ser un acierto el nuevo edificio, y, por tanto, dejamos y olvidamos el edificio de nueva planta, más con los tiempos que están corriendo.

Yo no sé si usted conoce los plazos para poder... o para que la nueva sede esté lista. Me gustaría que en su próxima intervención nos diera algún... alguna fecha, si es que usted la conoce, o nos diga al menos en qué situación se encuentran las obras, qué previsiones hay y qué obras se están ejecutando en la nueva sede del Procurador del Común.

Y mire, como hecho novedoso, este año, con relación a otros años, y aunque sea ajeno al Informe -usted no lo ha mencionado en su intervención, probablemente porque crea que le corresponde ya a los Grupos Parlamentarios hablar de este tema-, yo quisiera referirme a la necesidad de modificar la actual Ley, la Ley en vigor que regula la Institución del Procurador del Común.

Ha mantenido usted en el último año, al menos... usted o la Institución, al menos dos reuniones con los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios comentando o proponiendo la reforma de la Ley. Y aunque, efectivamente, yo lo que hago ahí... aquí es trasladar sus propias... sus propias palabras, hay motivos importantes y sustanciales para que esa Ley se modifique lo antes posible. Luego veremos si es urgente o no es urgente, pero lo antes posible.

En primer lugar, la modificación del Estatuto de Autonomía en el año dos mil siete, la nueva regulación en el Artículo 18 supone un nuevo soporte institucional al Procurador del Común, y, además, introduce modificaciones muy sustanciales en la regulación del Procurador del Común.

Prácticamente, lo que sigue siendo es un Alto Comisionado de las Cortes para la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos, pero cambia en muchas cuestiones. Haciendo suyo su propio Informe y el texto articulado que se nos remitió a continuación, me gustaría decir: hay un cambio de ubicación sistemática en el Estatuto de Autonomía; lo que antes... lo que la ley ahora mismo recoge... perdón, lo que el antiguo Estatuto de Autonomía recogía en el Título III, Capítulo I, bajo el epígrafe de "Las Cortes de Castilla y León", y afirmaba que era un órgano especializado de las Cortes. Hoy no. Hoy se recoge en el Título I, Capítulo V, dentro de las Garantías de los Derechos y Principios Estatutarios; y ahora la recoge como una institución de autogobierno no dependiente de las Cortes de Castilla y León y asimilado en rango y en autonomía, más o menos, al Consejo Económico y Social, al Consejo Consultivo o al Consejo de Cuentas; aproximadamente, o más o menos, en esa situación o en ese rango se debería de encontrar (que es, más o menos, lo que han hecho muchos estatutos de autonomía en la reforma de los estatutos de autonomía, como el catalán o como el andaluz).

Pero hay más motivos para reformar la Ley: el Artículo 18 del Estatuto de Autonomía, que regula la Institución, deja sin contenido todo el Título III de la actual Ley del Procurador del Común. El Título III atribuye al Procurador del Común las competencias en materia de tutela del ordenamiento jurídico de Castilla y León y la defensa del Estatuto de Autonomía. Con acierto, no es el Procurador del Común el que debe tutelar el ordenamiento jurídico de Castilla y León ni defender el Estatuto de Autonomía, sino que a quien debe defender es a los administrados. Por tanto, ha quedado sin efecto todo un título de la vigente Ley del Procurador del Común.

Además, el Estatuto de Autonomía nuevo cambia también en cuanto a que el... el Procurador del Común ya no solo es garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Castilla y León, es garante de todos los derechos reconocidos expresamente en el Estatuto de Autonomía.

Otro aspecto importante que cambia el Estatuto de Autonomía y que aconseja la modificación de la Ley es el hecho de que el Estatuto abre la posibilidad de que los destinatarios de la supervisión del Procurador del Común, que hasta ahora eran la Administración Autonómica, las Administraciones Locales y los Organismos Públicos o Privados dependientes de esta, se pueda extender a las empresas privadas. Empresas privadas en determinadas circunstancias, lógicamente; empresas privadas que gestionen servicios públicos esenciales o realicen funciones de interés general. Es otro aspecto importante acogido también en otras leyes del Procurador del Común, como pueda ser la de Cataluña.

También, el Estatuto de Autonomía consagra la reserva de ley para regular la organización y el funcionamiento, incluso presupuestariamente hablando, de la Institución. Hoy se regula por un acuerdo de la Mesa de las Cortes.

Y también la Ley de Derechos de los Ciudadanos, que se aprobó en esta misma Cámara el pasado mes de febrero, establece o encomienda al Procurador del Común el control de la buena administración y, por ende, le faculta para actuar en casos de mala administración. También ello debería recogerse en la nueva Ley del Procurador del Común.

Ahora, la pregunta es evidente: ¿es necesaria la reforma? Sí. ¿Es urgente la reforma? Pues, si pudiera hacerse en esta Legislatura, mejor; si no puede hacerse en esta Legislatura, por las razones que sea, no va a pasar nada, la Institución va a funcionar, los ciudadanos no lo van a notar, probablemente, que acudan a la Institución. Pero ¿por qué no hacerlo en esta Legislatura? Yo estoy convencido de que los Grupos Parlamentarios no tendrían dificultades para llegar a un acuerdo en la reforma del... en la reforma de la Ley sobre la base del texto articulado que usted ha remitido a todos los Grupos Parlamentarios. Eso facilitaría los trámites, eso acortaría los... los plazos, podría acudirse perfectamente al trámite de urgencia -no de lectura única, pero sí de urgencia- para tramitar la Ley; y, con voluntad política, podríamos reformar todavía en lo que queda, lo poco que queda de Legislatura, la Ley del Procurador del Común. Si no, sería uno de los deberes para la próxima Legislatura, para el comienzo de la próxima Legislatura. Pero, siendo conveniente, siendo necesario y relativamente urgente, si lo hiciéramos ahora, mejor que mejor. Pero, en todo caso, eso corresponderá ahora a los Grupos Parlamentarios tomar la decisión, que, sea cual sea, no va a ser una decisión traumática, porque, como digo, la Institución, con la reforma o sin la reforma, va a seguir funcionando con eficacia y siendo útil a los ciudadanos, como dije anteriormente.

Y, mire, para terminar, señor Amoedo, una última... una última cuestión. Hay una sugerencia que yo le hice en el año pasado -yo creo que en algún otro informe anterior también-: viendo el trabajo del resto de los Procuradores o Defensores de las Comunidades Autónomas, algunos de ellos hacen anualmente una encuesta sobre nivel de conocimiento y de satisfacción de los usuarios, donde a los que utilizan la institución le preguntan por la valoración, por la disposición a volver a utilizarlo, por si volverían a recomendarlo a otras personas, por la accesibilidad, por la utilidad, etcétera. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría iba a mostrar su satisfacción, incluso su gratitud con el trabajo del Procurador del Común.

Antes justifiqué con números y con datos la utilidad de la Institución, pero a lo mejor en estos tiempos de austeridad, y en una institución como la suya, especialmente austera –que me consta-, no es el momento de hacer encuestas, por evitar... por evitar gastos no imprescindibles –no digo "innecesarios", digo "no imprescindibles"-, pero, en cualquier caso, y si fuera posible, este tipo de consultas a los usuarios o a los ciudadanos nunca están de más.

En definitiva –termino porque se termina el tiempo-, señor Amoedo, muchas gracias. Claro, entrar en el fondo del Informe sería complicado, nos llevaría mucho... mucho tiempo, y, efectivamente, eso, bueno, pues lo conocemos porque lo hemos leído y le hemos estudiado.

Siga usted trabajando hasta ahora, siga usted acercándose a los ciudadanos como hasta ahora, y ojalá, si hoy he dicho uno de cada dos ciudadanos que presentan una queja al Procurador del Común acaba solucionando su problema, ojalá que en poco tiempo podamos decir: todos los que se acercan al Procurador del Común buscando soluciones a sus problemas, la encuentran. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, señor Otero. Para fijar ahora su posición, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su Portavoz, doña Ana María Redondo. Puede empezar.

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

Gracias, Presidente. Señor Amoedo, gracias por el excelente trabajo realizado durante este año. Señoras, señores, el debate de hoy, aunque no tenga la trascendencia mediática de otros debates, como el de Política General o el de Presupuestos, es, en mi opinión el debate más próximo a la realidad, el que refleja con más sinceridad la situación que viven los hombres y mujeres de la Comunidad, el que nos muestra las rendijas de la gestión política por donde se escapan los derechos de los ciudadanos. Por eso, precisamente, esta sesión es una de las más importantes y necesarias del año. Estas Cortes ponen hoy voz y rostro a los problemas endémicos que sufre Castilla y León: a la falta de empleo, a la lentitud de la Administración, a los desequilibrios territoriales o a la falta de equidad en el acceso a los bienes y servicios públicos.

Hoy los ciudadanos, a través del Procurador, vuelven a dar un toque de atención a sus representantes para que no descuidemos nuestra principal tarea, aquella para la que hemos sido elegidos, aquella para la que debemos levantarnos con energía cada mañana, y que no es otra que servir de la mejor manera posible a las personas, y tratar de resolver sus problemas desde la perspectiva del bien común. En eso consiste, principalmente, el Informe que hoy nos traslada el señor Amoedo; al que quiero felicitar y agradecer, un año más, su buen hacer, su acierto en la selección de materias objeto de las actuaciones de oficio –cada año más numerosas- y sus desvelos por solucionar las quejas de los ciudadanos.

Me consta que ninguna de las demandas formuladas por los castellanos y leoneses deja de ser atendida por el Procurador y su equipo, y que las conclusiones y recomendaciones de sus Informes constituyen un referente muy útil, tanto para quienes ejercemos la labor de oposición como para quienes tienen encomendada la tarea de gobernar y pueden propiciar los cambios y reformas necesarias para corregir las carencias y disfunciones que los ciudadanos denuncian año tras año.

Dicho esto, y entrando ya en el análisis del Informe 2009, quisiera con mi intervención reflexionar básicamente sobre dos cuestiones:

La primera, acerca de la realidad que muestra este documento. Creo que es imprescindible reflexionar sobre la fotografía de la sociedad castellanoleonesa que ofrece el Informe. Necesitamos mirar la realidad con los ojos de los ciudadanos; y estos nos muestran un paisaje de la Comunidad con claroscuros, donde las zonas de penumbra se repiten insistentemente año tras año.

El segundo aspecto que pretendo abordar tiene que ver con la eficacia de la Institución. Creo que es oportuno, tras quince años de funcionamiento de esta defensoría, que valoremos el trabajo realizado y reflexionemos sobre la conveniencia de acometer una reforma de la Ley del Procurador que incida en su autonomía y permita mejorar la importante labor que el Procurador desempeña.

Pues bien, comenzando por la primera cuestión, el Informe 2009 muestra con bastante rotundidad la radiografía de una Comunidad a dos velocidades que se distancian cada año más. Junto con ciudadanos que van en quinta marcha y denuncian carencias propias de una sociedad desarrollada -en general, en el entorno de las grandes ciudades-, muchos otros, sin embargo, van en segunda y con el freno echado, fundamentalmente en el ámbito rural, y especialmente en las pequeñas poblaciones. Para ellos, los problemas no son de mejora de infraestructuras, sino, simple y llanamente, de inexistencia de las mismas, de carencia, por ejemplo, de transporte para desplazarse a recibir asistencia sanitaria, o de falta de agua potable, o de imposibilidad de acceso a las nuevas tecnologías, porque, y a pesar del bombardeo de anuncios, la Consejería de Fomento sigue sin elaborar un mapa de banda ancha.

Indudablemente, en nuestra Comunidad, vivir en un pequeño pueblo, en el entorno rural, tiene un importante coste en derechos, como la sanidad, la educación o la atención a las personas mayores. Es cierto que la Administración Autonómica se esfuerza... [murmullos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Silencio, por favor.

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

... por parchear las carencias con soluciones que, a priori, podrían considerarse aceptables, como la firma de convenios de colaboración con Comunidades limítrofes. Pero, en muchas ocasiones, tras la foto de la firma, se esconde la indolencia y la desidia que hacen inviable el cumplimiento de lo pactado. Y es que el simple documento, Señorías, no resuelve los problemas. En ocasiones, la falta de transporte público hace simplemente imposible el ejercicio de derechos sanitarios o educativos; la falta de transporte público, como denuncian los ciudadanos, impide que en pequeños municipios las personas mayores o con discapacidad puedan asistir habitualmente a centros de día, o que las familias puedan normalizar la conciliación entre su vida laboral y personal, o que los escolares puedan asistir a la actividad deportiva de su elección.

No voy a negar que a lo largo de los años se han movilizado importantes cantidades de recursos económicos con el objeto de corregir las desigualdades y desequilibrios entre territorios, pero lo cierto es que ese gran esfuerzo social no ha ido acompañado de una planificación lógica ni de una ordenación racional del territorio que pudiera permitir a los ciudadanos disfrutar de unos servicios públicos adecuados, especialmente en el ámbito rural. El Informe pone de manifiesto, una vez más, que ser castellano y leonés en los pueblos pequeños de la Comunidad es una verdadera hazaña.

Señorías, cuando estamos a punto de iniciar la segunda década del siglo XXI, el Gobierno Autonómico no puede permitir que una parte importante de la población viva en las postrimerías del siglo XX. Porque la voluntad política ha de tener como prioridad la accesibilidad de todos a los bienes y servicios públicos en condiciones de equidad. Y esta afirmación tiene mucho que ver con el incremento, un año más, del número de quejas por deficiencias en la prestación de los servicios municipales.

En efecto, el Informe, en su página novecientos veintitrés, es contundente al afirmar que las deficiencias detectadas se extienden a barrios enteros, a pedanías o a anejos de población, donde prácticamente todos los servicios públicos se prestan de manera deficitaria. Esto lleva al Procurador a pedir un mayor compromiso de las Administraciones para conseguir unas prestaciones mínimas y dignas con las que equiparar, al menos en los servicios básicos, a todos los ciudadanos de Castilla y León.

El problema de fondo, Señorías, reside en el hecho cierto de que las Administraciones Locales no cuentan con los recursos suficientes para mantener el nivel mínimo de los servicios que prestan, lo que impide el progreso de determinadas zonas, al tiempo que acelera su proceso de despoblación.

La financiación local sigue siendo una asignatura pendiente en España, que se agrava en Castilla y León por el modelo condicionado del gasto que encorseta a los Ayuntamientos y les resta autonomía para adaptar los siempre escasos recursos a las crecientes necesidades de los vecinos. Los políticos de la Comunidad no podemos seguir aplazando sine díe una reflexión seria y rigurosa en torno a la necesidad de racionalizar los entes territoriales y su financiación. Un acuerdo político básico en esta materia es imprescindible para garantizar la calidad de vida que, legítimamente, los ciudadanos exigen, y, con ello, evitar también la sangría demográfica que sufren importantes áreas de Castilla y León.

Junto con la foto fija del desequilibrio territorial y el abandono de los pequeños pueblos, el Informe muestra un doble escenario, que ha propiciado el incremento de quejas, y que confirma la tendencia al alza del número de reclamaciones en los últimos años. El primer escenario es la crisis económica, que repercute en distintos aspectos de la vida de las personas, siendo, indudablemente, el acceso al empleo la principal preocupación de los castellanos y leoneses. Pues bien, en este difícil contexto, el acceso a la Función Pública se convierte para muchos individuos en su máxima aspiración laboral. Por eso, precisamente, los procesos de selección de personal deben cuidarse escrupulosamente y someterse con diligencia a los principios de publicidad y transparencia, de mérito y capacidad. Un año más, la Defensoría constata irregularidades, opacidad y demoras injustificadas en los procesos de selección y promoción de funcionarios, que han llevado al Procurador a remitir varias resoluciones a la Consejería de Administración Autonómica, recordándole su deber de cumplimiento de la normativa vigente. Tampoco son un ejemplo de transparencia y equidad en los procesos de selección las Consejerías de Educación y de Sanidad, así como determinados Ayuntamientos importantes y Diputaciones Provinciales.

Señorías, en un Estado de Derecho, la arbitrariedad está absolutamente prohibida, y el hecho de que el Procurador denuncie falta de transparencia debe hacernos reflexionar sobre la calidad de nuestro Estado de Derecho y sobre la necesidad de intensificar los controles para que estas prácticas no se reproduzcan año tras año; más aún, especialmente, en una coyuntura de crisis económica, donde la escasez de empleo exige un respeto absoluto a la legalidad como garantía de equidad y de justicia.

En este contexto de crisis económica y falta de empleo, también son singularmente relevantes las denuncias sobre irregularidades por falta de motivación en las entrevistas hechas a los candidatos para el Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo. La formación para el empleo es hoy, más que nunca, una opción atractiva, cuando no la única opción de inserción laboral para muchos jóvenes de la Comunidad. De ahí que resulte muy preocupante que las actas no reflejen los motivos que dan lugar a las distintas puntuaciones en las entrevistas personales, y que las sospechas de arbitrariedad en la adjudicación de las ayudas planee también sobre estos procesos. Señorías, la motivación de las resoluciones administrativas es la auténtica garantía de la interdicción de la arbitrariedad y del derecho a la defensa del administrado. Por eso, en momentos de crisis económica, cuando está en juego el empleo y la formación para ese empleo, el Gobierno de la Comunidad ha de ser extremadamente riguroso en su obligación de actuar con transparencia y equidad; lo que, por desgracia, en los casos denunciados no ha ocurrido. De ahí la relevancia que adquiere la resolución que el Procurador dirige a la Consejería de Economía y Empleo pidiendo que en estos procesos de selección se especifique con el mayor detalle posible el resultado de la puntuación atribuida a cada candidato.

Pues bien, conectado con la crisis económica, el Informe desvela, además, los problemas que sufren los ciudadanos en el acceso a una vivienda digna. Hasta nueve resoluciones ha formulado el Procurador en los dos últimos años relacionadas con la promoción y adjudicación de viviendas de protección oficial. Los retrasos en las adjudicaciones, el precio abusivo, el incumplimiento de la normativa aplicable o la insuficiencia de controles de promo... sobre la promoción urbanística lleva al Procurador a solicitar de las Administraciones un mayor celo en el ejercicio de sus funciones en materia de vivienda.

Este asunto enlaza con otra cuestión muy preocupante que se analiza con casos concretos en el Informe: la complicidad de las Administraciones en el ensanchamiento de la burbuja inmobiliaria. De la actuación de oficio relativa a la clasificación como suelo urbanizable de terrenos en el término de Maello, en Ávila, se deduce claramente la contribución de la Administración a la cultura del pelotazo y de la especulación urbanística. El caso Maello recuerda mucho a los de Villanueva de Gómez o Las Navas del Marqués, donde la Administración Autonómica no tuvo reparos en favorecer la urbanización de importantes zonas de indudable valor ecológico. Con una delicadeza exquisita, la Defensoría recuerda la obligación que tiene la Junta de garantizar la gestión de los recursos naturales para beneficiar a las generaciones presentes, sin olvidar las necesidades e intereses de las generaciones futuras. Y es que la ponderación y el equilibrio razonable entre la política urbanística y la protección del medio ambiente no ha sido, en muchas ocasiones, la prioridad perseguida por la admi... por la Administración Autonómica.

Pasando ya al segundo aspecto que pretendo analizar, el Informe muestra un estado de bienestar que no llega equitativamente a todas las personas de la Comunidad. En efecto, las dificultades que tienen los ciudadanos para ejercer sus derechos sociales son objeto de numerosas quejas, que van desde la falta de médicos especialistas, hasta la carencia de recursos adecuados para atender las necesidades de los niños con necesidades educativas especiales.

Por su relevancia social, me detendré en dos aspectos que tienen que ver con las personas en las fases inicial y final de la vida. Las personas mayores –especialmente, en una Comunidad tan envejecida como Castilla y León- deben ser objeto de una especial protección; no obstante, el documento recoge un aumento significativo del número de quejas, motivadas principalmente por el retraso en la resolución de soluciones de dependencia. Aunque se ha mejorado algo la tramitación, en la página seiscientos cincuenta y dos, el Informe reconoce la necesidad de aplicar nuevas estrategias que garanticen la eficacia de la Ley; por ejemplo, permitiendo la compatibilidad de prestaciones, para hacernos así equili... comparables con otros ciudadanos en otras Comunidades Autónomas. Estas recomendaciones tan razonables, sin embargo, no fueron aceptadas por la Consejería de Familia.

En el otro extremo, también los niños y sus familias –precisamente, por la penuria demográfica que padece la Comunidad- deben ser objeto de una atención especial. La Junta tiene que garantizar las condiciones que hagan posible la conciliación de la vida laboral y familiar, lo que requiere un importante esfuerzo en dotación de plazas y en escuelas infantiles. Lamentablemente, una de las consecuencias de la política de transferencias puesta en marcha por el Gobierno Herrera ha sido el incremento de reclamaciones en este ámbito, por el descontento que produce la doble red, asistencial y educativa, en la atención a los más pequeños.

Como otros problemas, los derivados de la conciliación se agravan para las familias que optan por vivir en el ámbito rural. Especialmente sensible con estas situaciones, el Defensor insiste en la necesidad de ofrecer una respuesta integral a la conciliación, especialmente en las zonas rurales. En esta ocasión, la Consejería de Familia condicionó su actuación a un... a un lacónico "según la disponibilidad organizativa y presupuestaria". Indudablemente, la frase llama a la esperanza, ya que, con el nuevo instrumento de lucha contra la despoblación, la famosa Agenda, los problemas que sufren los individuos y las familias en el mundo rural seguramente serán historia este mismo año. Mi Grupo Parlamentario va a estar muy atento a este asunto y nos vamos a erigir en auténticos guardianes de la Agenda, y, en concreto, en vigilantes de la red de transporte rural, porque la ampliación de esta red tiene mucho que ver con la fijación de población en el ámbito rural y, por tanto, con el éxito de la propia Agenda.

Bien, por último, quisiera, muy brevemente, Señorías, dar respuesta a la segunda cuestión que planteaba al inicio de mi intervención acerca de la conveniencia de potenciar la labor del Procurador.

Es cierto que el debate de hoy tiene una consecuencia inmediata y supone un potente altavoz del descontento de los ciudadanos. También es cierto que las Administraciones se ven obligadas a tomar buena nota y a responder al requerimiento del Procurador, aunque no siempre lo hagan con la diligencia debida.

Pero, aparte de esto, ¿puede el defensor de las personas ser un instrumento de transformación de las Administraciones? Sinceramente, señor Amoedo, yo creo que sí. La creación del Registro de Entidades No Colaboradoras es un paso importante en este sentido, al que deben seguir otros más, encaminados a hacer efectivas las recomendaciones del Procurador del Común. Creo que sus resoluciones deben impulsar las transformaciones normativas, administrativas y presupuestarias necesarias para que las personas vivan mejor en Castilla y León. Y es responsabilidad de estas Cortes propiciar cuanto antes los cambios de la Ley del Procurador, para que este impulso transformador sea más eficaz todavía.

Creo que, en este sentido, tenemos que considerar la propuesta de reforma de la Ley que el equipo del Procurador del Común ha trasladado a los Grupos Parlamentarios. Considero que el texto va en la línea de mejorar el funcionamiento de la Institución y hacerla más eficaz en la defensa de las personas. Por eso, parece oportuno, y según he escuchado al representante del Grupo Mixto, se puede llegar a un consenso sobre el texto que el Procurador nos ha transmitido. Creo que es posible que hagamos de este texto una proposición de ley de consenso y animemos a esta Cámara a aprobar en esta misma Legislatura esa propuesta. Este es el compromiso que hago público hoy, y que quiere ser una aportación a la defensa de los derechos de los ciudadanos, que con tanto rigor y esmero lleva a cabo esta Institución.

Sinceramente, considero que estas Cortes no pueden dejar pasar la oportunidad de acelerar una reforma legislativa que reforzará la autonomía de la Institución y garantizará una mejor defensa de los derechos de las personas. Gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias. Para fijar ahora su posición, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Carlos Fernández Carriedo. Puede empezar.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ CARRIEDO:

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, sean mis primeras palabras de reconocimiento al trabajo y al esfuerzo realizado por la Institución del Procurador del Común, en la persona del Procurador, don Javier Amoedo, aquí presente, y de su equipo -una parte relevante del mismo hoy nos acompaña-. Felicitaciones por la calidad del trabajo efectuado y por el reflejo de esa calidad del trabajo en el Informe que hoy se nos presenta y que es objeto del debate ante esta Cámara. De esta forma, el Procurador del Común se ha configurado como una institución de referencia, no solamente en Castilla y León, sino -yo diría- un ejemplo entre las instituciones similares dentro del conjunto de España, por su dedicación y por sus resultados.

Nos encontramos hoy, Señorías, ante una importante sesión parlamentaria. Se trata de escuchar las demandas de los ciudadanos y tratar de solucionar sus problemas. Son éstas dos vocaciones de nuestro Grupo Parlamentario que abordamos con verdadero entusiasmo: escuchar a los ciudadanos y solucionar sus problemas.

Señorías, este es el último debate sobre el Informe del Procurador del Común de la presente Legislatura. Podemos, pues, comparar entre aquel primer debate de esta Legislatura, correspondiente al año dos mil seis, y el que hoy nos ocupa. Podemos analizar aquel primer Informe y este último Informe, y podemos comparar, por tanto, cómo empezó la Legislatura y cómo esta acaba. Y en este análisis podemos bien responder a tres preguntas: ¿cuánto se quejan los ciudadanos?, ¿de quién se quejan los ciudadanos?, y ¿de qué se quejan los ciudadanos?

La primera de ellas: ¿cuánto se quejan los ciudadanos? Inicialmente, podíamos pensar que a lo largo de la presente Legislatura podrían haber aumentado las quejas, teniendo en cuenta las dificultades tan importantes a las que se enfrentan muchas familias como consecuencia de la situación de crisis y de paro, pero la situación es bien distinta: en aquel primer Informe analizado al principio de la Legislatura, el número de quejas presentadas fue de dos mil seiscientos diecisiete; en este que hoy nos ocupa, el número de quejas asciende a dos mil cuatrocientas ochenta y siete. Por tanto, en esta Legislatura no solo no han aumentado las quejas, sino que se han reducido. Son ciento treinta quejas menos, lo que supone un 5% menos respecto de aquel momento.

Incluso si analizamos los datos correspondientes a este ejercicio, que ya figuran en la página web del Procurador del Común -y aprovecho para felicitar el trabajo de actualización de esa información, por cuanto la que figura a día de hoy corresponde al quince de septiembre de este año dos mil diez-, se habrán presentado este año un total de mil trescientas ochenta y ocho quejas a esta... a esta fecha; esto supone que el número se sigue reduciendo. Si en aquel principio de Legislatura estábamos a un ritmo de doscientas dieciocho quejas mensuales, en el Informe del año pasado se redujo la cifra a doscientas siete quejas al mes; y en lo que llevamos del año dos mil diez, hasta el día quince del presente mes, estamos hablando de ciento cuarenta y seis quejas cada mes. Son setenta y dos quejas menos al mes, lo que supone un 30% de reducción entre el año dos mil seis y el año dos mil diez.

La segunda de las cuestiones es de quién se quejan los ciudadanos. Se ha dicho aquí por el Procurador del Común que el mayor número de quejas corresponde a la Administración Local, que ocupa, y ha pasado a ocupar, del segundo puesto al primer puesto en número de quejas. El hecho de que el número de quejas de la Administración Autonómica sea porcentualmente menor podría pensarse que se debe, en parte, a que algunas de estas se derivan a la figura del Defensor del Pueblo, en el ejercicio de la libertad que los ciudadanos tienen de acudir también a esa Institución. Una libertad que, hay que decirlo, es limitada por parte de algunas Comunidades Autónomas. Baste aquí señalar, por ejemplo, que el Artículo 78 del Estatuto de Autonomía de Cataluña decía que el Síndic de Greuges tiene la función de supervisar con carácter exclusivo la actividad de la Administración de la Generalitat, y, por tanto, se impedía acudir a la... la figura del Defensor del Pueblo; artículo que fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, que señaló muy claramente en su fallo que, en consecuencia, debemos declarar que el inciso "con carácter exclusivo", contenido en el Artículo 78, es inconstitucional y nulo.

Por tanto, nosotros, que siempre somos partidarios de la libertad, que somos partidarios de que los ciudadanos puedan elegir, y no nos da miedo este hecho, queríamos examinar si una parte de estas quejas se hubieran derivado hacia el Defensor del Pueblo. Pues bien, el año pasado, en el Defensor del Pueblo, el número de quejas que afectaban a las Administraciones en Castilla y León era de mil sesenta y una. De ellas, correspondían a la Junta exclusivamente sesenta y ocho, lo que significa que solo el 6,4% de las quejas que se dirigían a las Administraciones Públicas en Castilla y León ante el Procurador del Común eran a la Junta de Castilla y León, y el resto, el 93,6% restante, fundamentalmente a la Administración Local y a la Administración Central.

Esto demuestra dos cosas: primero, que los ciudadanos, a la hora de recurrir ante la Administración Autonómica, valoran la figura y el cauce del Procurador del Común; y, segundo, que el hecho de que la Junta de Castilla y León no sea la primera Administración en número de quejas en Castilla y León, como no lo es, no se debe en modo alguno en que una parte sustancial de estas se deriven ante el Defensor del Pueblo.

La tercera de las cuestiones que nos corresponde examinar es de qué se quejan los ciudadanos, cuáles son las materias ante las que presentan el mayor número de quejas. Aquí, podemos examinar cuatro grupos, esencialmente, por orden de importancia y de relevancia en el número de quejas:

El primero, los servicios municipales. El número de quejas por deficiente gestión de servicios municipales absorbe el 18% del total de las formuladas el año pasado ante el Procurador del Común; el mayor número de las registradas en el ejercicio precedente. Y hay que decir que aumentó su participación en relación con el momento inicial de la Legislatura; en aquel momento inicial, las quejas por servicios municipales representaban el 13%, hoy son el 18, y pasaron de trescientas treinta y nueve quejas a un total de cuatrocientas cincuenta y dos. Esto se debe, sin lugar a dudas, fundamentalmente a la crisis, que afecta de una forma muy fundamental a las Corporaciones Locales, desde el punto de vista de una mayor demanda de estos servicios, pero también por una sustancial disminución de sus ingresos (disminución de ingresos propios, plusvalía, recaudación de impuestos); pero también por no haberse abordado, como se comprometió, una renovación de la financiación local a la vez que se hizo con la financiación autonómica; por la improvisación permanente, idas y venidas, en cuanto al número y nivel de endeudamiento al que pueden acudir las Corporaciones Locales, a través de sucesivas correcciones de errores en los boletines; y, así mismo, por las devoluciones de ingresos que tienen que efectuar estas Administraciones este año y el futuro a la Administración del Estado.

Desde aquí, reafirmamos nuestro compromiso con las Corporaciones Locales en estos momentos de dificultad.

La segunda de la materia por número de quejas históricamente es la de Función Pública. Este es tema que al principio de esta Legislatura absorbió el mayor número de quejas por parte de los ciudadanos; ya no es así. La reducción ha sido muy fundamental y muy esencial en esta Legislatura: del 31% de aquel primer Informe del presente... de la presente Legislatura, a solo el 10% de quejas en la actual; de ochocientas doce quejas del año dos mil seis, a doscientas cuarenta y siete en el presente Informe.

Me permitirán siquiera que lea tres párrafos del Informe del Procurador del Común en torno a esta materia. Dice, textualmente, en la página novecientas catorce y novecientas quince:

"En lo concerniente a quejas de carácter individual, la gran mayoría de las actuaciones han finalizado con resoluciones de archivo de actuaciones por no poder acreditarse la existencia de irregularidades. Sin embargo, en ocasiones puntuales, sobre todo en la gestión de las bolsas de trabajo, se han advertido irregularidades que generaron la emisión de resoluciones a la Universidad de Salamanca y a los Ayuntamientos de San Andrés de Rabanedo, de Briviesca y de Béjar; estos dos últimos, en reiteración de resoluciones anteriores.

Para finalizar lo relativo a la selección de personal, debemos subrayar -dice el Procurador del Común- que la política de personal desarrollada por el Ayuntamiento de León, a tenor de la documentación obrante en nuestro poder, y con la premisa de la deficiente colaboración del citado Ayuntamiento a no responder a nuestros reiterados requerimientos de información, dio lugar a una resolución del Procurador del Común".

Y finaliza: "En cuanto al apartado de provisión de puestos de trabajo, esta Procuraduría ha constatado a lo largo del año dos mil nueve una considerable mejora en la Administración Autonómica por lo que se refiere a la gestión de las convocatorias de recursos... de concursos a fin de lograr tanto su periodicidad anual como el cumplimiento del plazo máximo de resolución de ocho meses".

Aquí se refleja, por tanto, no solo la reducción muy notable en el número de quejas, sino el avance muy importante en el número y calidad de la gestión en este área, sin perjuicio de las deficiencias que se han registrado en algunos Ayuntamientos.

El tercer ámbito son los servicios públicos esenciales. Esta es una vocación de trabajo esencial, tanto de la Junta de Castilla y León como de nuestro Grupo político: la sanidad, los servicios sociales, la educación, la cultura, en fin, son verdaderas pasiones de la acción de gobierno regional.

En sanidad solo se presentaron el 4% de las quejas del total. En esta Legislatura, ese número se redujo desde el 5 al 4%, y pasaron de ciento dieciocho a ciento quince. Una función a la que se destina un tercio del Presupuesto de Castilla y León solo absorbe el 4% de las quejas totales. Esto es plenamente coherente con los informes del barómetro del Ministerio de Sanidad, que, sin duda, sitúa a nuestra Comunidad como la primera en calidad en la prestación de los servicios y en satisfacción de los usuarios por parte de la valoración de los mismos. Pero también con los informes de la Asociación de la Defensa de la Sanidad Pública, que califica la sanidad de las Comunidades Autónomas en cuatro categorías: buena, aceptable, regular y deficiente; ubicando a cinco Comunidades Autónomas en cada una de ellas, y siendo Castilla y León... ocupar el puesto entre las del primer grupo, entre las de buena gestión, según esta asociación.

A educación... educación absorbió solo el 6% de las quejas totales. Hay que decir que esta cifra se redujo desde el momento de la transferencia, desde el 7% que existía cuando esta Comunidad asumió el compromiso de gestionar con calidad la educación, al 6% del Informe actual. Datos coherentes no solamente con el Informe PISA, sino con los datos del fracaso escolar que luce esta Comunidad Autónoma.

En familia las quejas representan una de cada siete del total. Es esto plenamente coherente con el esfuerzo realizado en esta materia, y que ha recogido en su informe el propio Procurador del Común, y de cuyas palabras poco más cabe añadir. Quizá señalar, en el apartado de familia, que en la página novecientos sesenta y dos se reconoce expresamente que se descarta el incumplimiento de los mandatos contenidos en las normas reguladoras de convocatorias de ayudas y, asimismo, se ha confirmado –añade el Procurador- el desarrollo de una intervención social adecuada para solventar la realidad social y económica de las familias sometidas a situaciones de marginación.

Y especialmente importante para nosotros es la referencia, en el área de dependencia, donde se señala expresamente que... en la página novecientas cincuenta y seis: "No cabe duda –dice el Procurador del Común en su Informe- que durante dos mil nueve se ha experimentado y se ha mejorado la situación de Castilla y León en la protección de los derechos de las personas dependientes, debiendo reconocerse el esfuerzo administrativo y los avances experimentados". Es algo plenamente coherente con los datos nacionales y con los propios informes de los profesionales. Y yo creo que aquí nuestro Grupo también debe reafirmar su compromiso con las personas dependientes y con los mayores, en un momento en que se recortan los fondos nacionales y en que se congelan las pensiones.

En el apartado de cultura se absorben únicamente el 1% del total de las quejas. Teniendo en cuenta que tenemos la Comunidad con el mayor número de bienes inmuebles de España, de interés cultural, esta cifra es ciertamente reducida, y significa bien a las claras la calidad apreciada por el conjunto de los ciudadanos.

El cuarto y último aspecto al que me referiré es la economía, aspecto esencial en este momento. Pues bien, en todas las áreas el volumen total de quejas se sitúa siempre por debajo del 6%: en industria –incluido el empleo-, el 6%; en hacienda, el 5%; en agricultura, el 2%. Son estos datos, sin duda, que nos animan a seguir trabajando, a seguir la senda iniciada en una Comunidad Autónoma que fue de las primeras en reconocer la crisis, que fue la primera en aprobar medidas contra la situación de crisis, y que trabaja desde el diálogo por avanzar en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos; diálogo que reiteramos hoy, en la víspera del día veintinueve de septiembre.

En el área de justicia las quejas alcanzaron el 7% del total. Esto es algo preocupante porque, Señorías, se recibieron más quejas en justicia, por ejemplo, que en sanidad, más quejas en justicia que en educación, más quejas en justicia que en industria o en empleo, más quejas en justicia que en hacienda –incluida la recaudación de tributos-, más quejas en justicia que en agricultura o más quejas en justicia que en cultura. Y además estas quejas crecieron en la Legislatura desde el 4% hasta el 7% del momento presente, lo cual nos preocupa en los momentos previos a que esta Comunidad Autónoma pueda llegar a asumir las competencias en esta materia.

Finalizo, Señorías. En esta Legislatura, por concluir, se han disminuido las quejas en un 5% respecto del inicio de la misma. Si comparamos los datos hasta el quince de septiembre del dos mil diez, la reducción mensual es de un 30%. La Administración Local es, hoy por hoy, la que recibe mayor número de quejas, y de ahí nuestro compromiso en reafirmar la línea de trabajo con estas Administraciones Públicas. Las quejas en servicios públicos reflejan la adecuada gestión de los mismos, en coherencia con los datos internacionales y nacionales en esta materia. Y, finalmente, las quejas de carácter económico manifiestan que nuestra Comunidad Autónoma está abordando la situación de crisis en mejores condiciones que el conjunto nacional, tal y como refleja nuestra menor tasa de paro.

Señorías, estamos ante un buen Informe, del cual hay que... hay que felicitar al Procurador del Común, al señor Amoedo, y a su equipo. Un Informe que refleja los verdaderos problemas de los ciudadanos, que nos dicen en qué acertamos y en qué debemos mejorar; un Informe que nos ayudará a continuar con los aciertos y a corregir los errores allí donde los hay; un Informe que refleja nuestro compromiso de estudiarlo para construir una Comunidad mejor, y a ello, sin duda, va a seguir contribuyendo el trabajo, todos los días, del Procurador del Común y de su equipo. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra de nuevo el Procurador del Común de Castilla y León, don Javier Amoedo Conde.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMOEDO CONDE):

Con la venia, señor Presidente. Muy brevemente, en primer lugar, agradecer a todos los Portavoces que hoy han hablado sobre el Informe del Procurador del Común los elogios que se nos ha dirigido, no solamente a mi persona, sino también a todo mi equipo.

Sí quiero decir... contestar a algunas cosas. En primer lugar, al señor Otero. Como siempre, gracias Joaquín por tus elogios hacia mi persona, nos conocemos hace muchos años. El edificio va como un tiro. El otro día yo he hablado con un representante de Dragados, hará cinco o seis días, o siete días, y me hablaba... -Pilar, la Consejera, a lo mejor lo sabe mejor que yo-, me hablaba sobre el mes de marzo, en que ese edificio podría estar terminado. Yo vivo muy cerquita del edificio, paso por allí todos los días, puedo decir que se está trabajando a fondo en... hasta altas... hasta... horas de la noche, hasta las nueve o nueve y media de la noche, incluso los sábados por la mañana. Y bueno, son las... lo que yo les podría decir o le podría decir al señor Otero sobre la marcha de ese edificio, que creo que... el Procurador solamente puede tener un agradecimiento a la Consejería, a la Junta de Castilla y León, por la adjudicación de este... de este edificio para el servicio del Procurador del Común.

En cuanto a lo que me decía también el señor Otero -empiezo con él porque fue el primero que ha hablado-, en la posibilidad de hacer una consulta sobre la... la eficacia del Procurador del Común, señor Otero, yo ya la sé, yo ya la sé. Yo no tengo que hacer ninguna consulta, porque, evidentemente, sí lo tenemos proyectado, que va a empezar a funcionar a partir del uno de octubre, pero yo tengo ya... tengo ya la respuesta por las cartas que se dirigen al Procurador de los ciudadanos. El Procurador solamente es criticado cuando la Administración no le contesta ni a sus informes ni a su resolución. En ese momento somos totalmente criticados. La pregunta siempre es ¿por qué o de qué servimos si la Administración no nos contesta a nuestras peticiones?

Personalmente he recibido agradecimientos de ciudadanos de esta Comunidad por el trato recibido, por el desarrollo de nuestro trabajo, aunque la resolución del Procurador del Común hubiera hecho constar que no había ninguna irregularidad por la... en la actuación de la Administración; es decir, que se valoraba nuestro trabajo.

También hemos tenido alguna queja. El otro día leía en los periódicos que una... no recuerdo, una asociación -Fauba, me parece que es, ¿eh?- que rompía las relaciones con el Procurador del Común. Yo no sé a qué tipo de relaciones se podría referir. Y, efectivamente, era porque habíamos archivado una... una queja porque el Alcalde del Ayuntamiento pedía a los que entraban en los Plenos que se identificaran y presentaran el carné de identidad. Evidentemente, nosotros entendíamos que ahí no había ninguna irregularidad, y este Ayuntamiento se molestó con la actuación del Procurador.

En cuanto al proyecto de modificación, yo creo que es necesario, hay que adaptar la Ley del Procurador del Común al nuevo Estatuto de Autonomía, se nos han limitado o eliminado algunas competencias, y, por lo tanto, la asociación... perdón, la Institución ha trabajado, se ha puesto en contacto con todos los partidos, con los representantes de los partidos, en los cuales hemos hecho ya un estudio de la necesidad, e incluso un proyecto de modificación.

Con relación... muchas gracias, Ana, por los elogios también recibidos por parte del Grupo al trabajo de la Institución del Procurador. Evidentemente, nosotros no hacemos más que cumplir con nuestra obligación. Es claro que, efectivamente, ustedes han estudiado muy a fondo el Informe del Procurador, por todos los datos que aquí han puesto en evidencia. Evidentemente, el Procurador del Común no puede hacer referencia a todo ello, porque, si no, menuda... estaríamos aquí, pues, un montón de días hablando de todas las quejas que aquí... que aquí se han presentado.

Evidentemente, el mismo agradecimiento al Portavoz del Partido Popular. También ha estudiado a fondo su... el Informe que nosotros hemos aportado. Evidentemente, ha habido alguna disminución con relación a las quejas desde el primer año de mi... de mi... de mi mandato como Procurador del Común; pero sí, también tenemos que decir y tenemos que ser objetivos, señor Portavoz, que han aumentado con relación al año pasado, en un número de ciento cincuenta y cuatro.

Por otro lado, también le tengo que decir... también tengo que decir que, claro, el Informe del Procurador del Común solamente se refiere a las quejas, a las quejas que han dado lugar a la tramitación de un expediente, al abrir un expediente en donde el Procurador ha considerado que había una actuación irregular de la Administración.

Yo creo que he dejado bien claro que se han dictado seiscientas ochenta y seis resoluciones, en donde, efectivamente, se comprobó, con arreglo a nuestro criterio... -que, como ustedes comprenderán, no es el único criterio; en Derecho, ya saben ustedes que todo es opinable-, por lo tanto, que pensábamos que efectivamente había una irregularidad administrativa; y de esas resoluciones que nosotros hemos citado, se habían afectado doscientas cuarenta y tres o doscientas cuarenta y cuatro totalmente, y treinta y ocho se habían afectado parcialmente de las que se habían contestado, que, si la memoria no me falla, estaríamos alrededor de las cuatrocientas veintidós, cuatrocientas veintitrés, aproximadamente.

Pero, señor Portavoz, también hemos dicho –y yo creo que ha quedado muy clara... muy claro- que ha habido muchas quejas que, una vez tramitado el expediente, recibida la información por parte de las Administraciones, nosotros hemos advertido que no había ninguna irregularidad en la Administración, y que, por lo tanto, archivábamos esa queja, ¿eh? Me parece que el número eran ciento ochenta y tres, exactamente. O sea, que ha habido ciento ochenta y tres quejas del ciudadano, en donde el ciudadano se ha quejado de la Administración, entonces, nosotros hemos tramitado el expediente; una vez tramitado el expediente, recibida la información, hemos acordado el archivo por entender que no había ninguna actuación irregular de la Administración. Yo creo que es un dato palpable, que está ahí, en nuestro Informe.

Y, por otro lado, hay ochenta y tantas resoluciones que nosotros entendíamos que había irregularidad, y que, efectivamente la Administración consideró que no había irregularidad, y que, por lo tanto, no aceptaba nuestra resolución. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque nuestra opinión no puede ser lo... la opinión que tenga que predominar. Nosotros, cuando hacemos una resolución y dictamos una resolución, pensamos, lo hacemos con... bien meditada, bien motivada, y, efectivamente, si entendemos que hay irregularidad, hacemos la correspondiente recomendación o sugerencia a la Administración. La Administración nos contesta y nos motiva que no existe ningún tipo de irregularidad, y nosotros lo aceptamos perfectamente, porque nosotros no sabemos si los que estamos en posesión de la verdad somos nosotros, o es la Consejería, o la Administración o el Ayuntamiento correspondiente. Eso... y ahí hay ciento ochenta y tres resoluciones que, efectivamente, se han archivado porque no había irregularidad por parte de la Administración, a pesar de las quejas de los ciudadanos.

Aquí solamente nosotros hacemos referencia a aquellas quejas... –y estas las... de verdad, y yo quiero que eso quede bien claro- a las quejas en donde nosotros entendemos que hay irregularidad por parte de la Administración. En las que nosotros archivamos, claro que habrá muchas de función pública, de medio ambiente, de fomento, de sanidad, evidentemente que sí, pero claro, no podemos aquí hacer... enumerar todas las quejas de cada una de las áreas en donde nosotros hemos archivado por ausencia de irregularidad; nos limitamos a hacer... a hacer constar el número: ciento ochenta y tres quejas del ciudadano que han... se han quejado indebidamente –voy a decir-, indebidamente, de la actuación de la Administración porque no había tal irregularidad.

Vuelvo a reiterar, Señorías, muchas gracias, y perdonen, ahora, por este suplemento en mi Informe contestando a los Portavoces. Nada más. Muchas gracias. [Aplausos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO):

Muchas gracias, señor Procurador del Común de Castilla y León. Señorías, no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las dieciocho horas cuarenta minutos].