DS(C) nº 226/8 del 21/12/2012

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Buenos días. Se abre la sesión. ¿Los Grupos Parlamentarios desean comunicar a esta Mesa alguna sustitución? ¿Por parte del Grupo Parlamentario Socialista?

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Buenos días. Muchas gracias. Jorge Félix Alonso sustituye a doña Leonisa Ull y don Miguel Ángel Fernández Cardo sustituye a doña Ana María da Silva.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. ¿Por parte del Grupo Parlamentario Mixto?

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Alejandro Valderas sustituye a José María González.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. ¿Por parte del Grupo Parlamentario Popular?

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, Presidente. Buenos días. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, Ignacio Soria sustituye a Emilia Villanueva Suárez, Arturo Pascual Madina a Alfonso José García Vicente, y Sonia Palomar Moreno a Francisco Javier García-Prieto Gómez.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Doy la bienvenida a esta Comisión a don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que comparece ante esta Comisión para presentar diversos informes de fiscalización remitidos a las Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas. La tramitación de los mismos se desarrollará de conformidad con lo previsto en la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve.

Primer punto del Orden del Día. Por la señora Secretaria se dará lectura del primer punto del Orden del Día.

Informe

LA SECRETARIA (SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ):

Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe de Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2009".

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para la presentación de este informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Gracias, Presidente. Buenos días, señoras y señores Procuradores. El presente informe de fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio de dos mil once y resultó aprobado por el Pleno del Consejo de Cuentas con fecha treinta de mayo de dos mil doce. La publicación en la página web, tanto del texto íntegro del informe como de la nota resumen del mismo, tuvo lugar el veintinueve de junio de dos mil doce.

Se trata de una fiscalización a realizar por mandato legal, recogida en el Artículo 10.2 de la Ley 22/2001, de los Fondos de Compensación Interterritorial, cuyo objetivo ha consistido en verificar tanto el grado de ejecución de los proyectos financiados con estos fondos y su adecuada contabilización en dos mil nueve como la legalidad de las actuaciones realizadas por los gestores de los fondos en lo que respecta a la naturaleza de los gastos incluidos en las certificaciones base de la última petición de fondos y a las modificaciones de los proyectos inicialmente aprobados.

No han existido limitaciones que hayan afectado al trabajo de fiscalización realizado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 25.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, el informe provisional se remitió al responsable del ente fiscalizado para que, en el plazo concedido, formulara las correspondientes alegaciones. Estas alegaciones fueron firmadas y remitidas dentro del plazo establecido a este Consejo de Cuentas por el Interventor General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, habiendo sido objeto de análisis pormenorizado y emitiendo el correspondiente informe motivado, que ha servido de base para la estimación o desestimación de las mismas.

A la vista de los resultados de los trabajos, la opinión del Consejo es que, con carácter general, se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos FCI en el ejercicio dos mil nueve en lo referente a la naturaleza de los gastos realizados, salvo en dos casos, relativos a sendos gastos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta por importe de 22.620 euros y 8.282 euros, que no eran elegibles.

La Comunidad lleva una contabilidad separada de los proyectos individuales susceptibles de financiarse con los Fondos de Compensación Interterritorial, pero no a nivel de superproyectos, como exige su ley reguladora. Y respecto a la contabilización de los derechos de cobro, esta ha sido adecuada, excepto por las incidencias detectadas relativas al momento de su reconocimiento, que más adelante expondré.

La dotación inicial del FCI del ejercicio dos mil nueve para la Comunidad Autónoma de Castilla y León ascendió a 83.902.540 euros, lo que supone un decremento del 1,36 % respecto del ejercicio anterior, no habiendo existido modificaciones en los superproyectos FCI, ni en el Fondo de Compensación ni en el fondo complementario.

Del total de la asignación, el 30 % se destina a la financiación de proyectos de infraestructuras agrarias, a cargo de la Consejería de Agricultura y Ganadería; el 29,80 % a proyectos de infraestructuras viarias, gestionados por la Consejería de Fomento; el 17,16 % a proyectos de infraestructuras sanitarias, a cargo de la Consejería de Sanidad; el 16,88 % a proyectos de infraestructuras para educación, a cargo de la Consejería de Educación; y, por último, el 6,16 % restante a proyectos de saneamiento integral de aguas, a ejecutar por la Consejería de Medio Ambiente. Por tanto, se observa que el peso relativo de los superproyectos se ha visto afectado por la inclusión en este ejercicio de dos nuevos (infraestructuras sanitarias e infraestructuras para la educación); a pesar de lo cual, el correspondiente a infraestructuras agrarias y al saneamiento integral de las aguas han aumentado en un 35,30 % y el 1,92 % respectivamente; mientras que infraestructuras viarias ha sufrido un descenso de casi el 60 %.

El grado de ejecución de los superproyectos financiados con la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial del ejercicio dos mil nueve alcanzó el 100 % a treinta y uno de diciembre del citado año.

La Comunidad no ha utilizado la posibilidad prevista en el Artículo 6.2 de la Ley 22/2001 de destinar total o parcialmente, previa solicitud, las dotaciones del fondo complementario para financiar gastos necesarios para la puesta en funcionamiento de las inversiones sufragadas con cargo al Fondo de Compensación o al propio fondo complementario durante un periodo máximo de dos años, a contar desde el momento en el que haya concluido la ejecución del proyecto.

En la distribución territorial de la inversión efectuada con la financiación del FCI puede observarse que las provincias cuyas inversiones han sido financiadas en mayor medida con dichos fondos han sido Burgos y León, con el 19,25 % y el 16,04 %, siendo Soria, con un 3,71 %, y Segovia y Zamora, con el 5,15 % y 5,66 % respectivamente, las que se han financiado en menor medida con dichos fondos.

Para comprobar la elegibilidad de los gastos se ha seleccionado una muestra de 61 proyectos de los 161 certificados, lo que supone un 43,66 % sobre el total del importe del FCI asignado y certificado por la Comunidad Autónoma, correspondiendo al Fondo de Compensación un 68,01 % y al fondo complementario el 31,99 %. Examinada la muestra seleccionada, se ha comprobado que los gastos certificados son elegibles para su financiación por el FCI al tratarse de gastos de inversión, tal como establece la Ley 22/2001, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, salvo en dos casos, relativos a sendos gastos de la Consejería de Agricultura y Ganadería, uno relativo a la publicación del Libro de Desarrollo Local en Castilla y León 2000-2006, con un coste de 22.620 euros, y otro de 8.282 euros referentes a gastos de conservación y mantenimiento de jardines, de la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural. Este tipo de gastos no incrementan ni crean renta o riqueza, tal como se define en el Artículo 2.2 de la Ley 22/2001, ni se encuentra incluido en el campo del Artículo 6.2 del mismo texto legal, por lo que no pueden ser considerados elegibles para ser financiados por estos fondos.

La Comunidad Autónoma solicitó de la Administración del Estado la totalidad del FCI correspondiente al año dos mil nueve, es decir, 83.902.540 euros. No obstante, en el mes de enero de dos mil diez se instó la certificación, con fecha treinta y uno de diciembre, por importe de 969.810 euros.

Los derechos reconocidos en el ejercicio dos mil nueve en concepto de FCI ascendieron a 83.902.540 euros; de estos derechos, 969.810 euros, que estaban pendientes de cobro a treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, deberían de haberse reconocido y contabilizado en el ejercicio de dos mil diez en el momento de realizar la correspondiente petición de fondos al Ministerio de Economía y Hacienda, tal y como establecen los principios contables públicos. Por otra parte, deberían de haberse reconocido en el ejercicio dos mil nueve derechos en concepto de FCI dos mil ocho, por importe de 13.529.942 euros, que fueron indebidamente imputados al ejercicio dos mil ocho.

Realizada la comprobación del intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de remisión de las peticiones y la fecha de ingreso de los fondos en la Comunidad se deduce que el tiempo máximo transcurrido entre la fecha del registro de salida de las certificaciones y la fecha de ingreso de los fondos en la Comunidad Autónoma ha oscilado entre sesenta y seis y dieciséis días, resultando un plazo medio de 35,2 días. Este plazo, aun siendo superior al del ejercicio dos mil ocho, que fueron 29,4 días, se considera razonable.

Aun cuando el detalle de las fuentes de financiación de cada proyecto individual integrante de los proyectos FCI pueda obtenerse del Sistema de Información Contable de Castilla y León, se sigue sin contabilizar separadamente la ejecución de cada superproyecto FCI, conforme exige la Ley 22/2001. Este incumplimiento se viene señalando en cada uno de los informes de fiscalización de ejercicios anteriores.

En cuanto a las debilidades del control interno relacionadas con la gestión de los FCI detectadas en las fiscalizaciones de ejercicios anteriores, se ha constatado que estas subsisten en el ejercicio dos mil nueve, ya que siguen sin existir rúbricas presupuestarias específicas en el estado de gastos de presupuestos que recogen los proyectos FCI.

No se ha elaborado un manual de procedimientos que regule la gestión y control de los proyectos financiados por el FCI ni se han establecido en el SICCAL mecanismos de alerta que indiquen el momento en el que el grado de ejecución de los proyectos alcanzan los porcentajes exigidos para realizar las correspondientes peticiones de fondos, y tampoco se ha implantado un sistema que recoja la contabilización separada de la ejecución de los proyectos financiados. Además, la Comunidad no efectúa actuaciones de seguimiento desde que se producen las peticiones de fondo hasta que tiene lugar el ingreso correspondiente.

También se ha comprobado que, al igual en el ejercicio dos mil ocho, en dos mil nueve se sigue imputando el gasto de conservación y mantenimiento de jardines del Capítulo 2 del presupuesto de gastos de la Consejería de Agricultura y Ganadería, considerado no elegible para este tipo de fondo.

A la vista de los resultados expuestos, el Consejo vuelve a recomendar a la Comunidad que adopte las medidas necesarias para que la contabilidad proporcione una información pormenorizada de cada proyecto incluido en el anexo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado a nivel de superproyectos FCI.

También se recomienda extremar precauciones para que no se incluyan proyectos de inversión cuya elegibilidad sea dudosa al no tener el carácter de inversión requerido para ser financiado por el FCI.

Asimismo, se insta a la Comunidad a que elabore un manual de procedimiento en el que se regule la gestión y el control de los proyectos a financiar con estos fondos. Ha de establecer mecanismos de alerta en el sistema contable que indiquen el momento en el que el grado de ejecución de los proyectos alcanzan los porcentajes exigidos para la realización de las correspondientes peticiones de fondos, con el fin de que estas se realicen lo antes posible, y que se recojan las actuaciones de seguimiento a realizar desde la petición de fondos hasta el efectivo ingreso de los mismos en la Comunidad, de forma que dicho lapso de tiempo se reduzca al mínimo posible. Nada más, y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Se abre un turno ahora de intervenciones de los Grupos Parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Valderas Alonso.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Sí. Muchas gracias. Bueno, como es documentación que acabamos de recibir y es bastante técnica, no voy a hacer comentarios sobre ella. Creo que tenemos un plazo posteriormente para presentar recomendaciones o algo parecido, y, bueno, pues lo vamos a utilizar en su momento.

Lo que sí me parece sorprendente es que se... se aluda –creo que en tres ocasiones- a que lo que dicen ya lo dijeron el año pasado y el anterior. Bueno, pues sospecho que lo que le falta es decir que hay que multar a alguien o hay que pedir responsabilidades a alguien. Es decir, no sería muy razonable pedir por tercera vez lo mismo; yo creo que ya es suficiente, ¿no?, para una institución que lleva veintitantos años instalada y... y casi los veintitantos con el mismo Partido y el mismo procedimiento. O hacen caso o sustituimos este procedimiento que estamos empleando para... para reclamarles que lo hagan. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín Benito.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Gracias, Presidente. Buenos días, Señorías. Bienvenido, señor Presidente del Consejo de Cuentas, así como los miembros que le acompañan esta mañana. La Comisión de Hacienda de las Cortes aprobó el diecisiete de febrero de dos mil diez el Plan Anual de Fiscalización del Consejo de Cuentas, y, entre las actuaciones previstas, estaba el asunto que hoy nos atañe: la fiscalización de los expedientes justificados del Fondo de Compensación Interterritorial durante dos mil nueve.

Como es sabido, los proyectos de inversión de estos fondos son acordados entre la Administración General del Estado y las respectivas Comunidades Autónomas. En el caso de Castilla y León, los fondos corresponden a diversos subprogramas, que incluyen como gasto elegible los gastos de inversión o funcionamiento necesarios para la puesta en marcha de las inversiones durante un plazo máximo de dos años. Subprogramas que han sido gestionados por cuatro Consejerías –concretamente, Agricultura y Ganadería, Fomento, Sanidad y Educación-. Conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dos mil nueve, a Castilla y León le correspondieron ese año un total de 83.000.902 euros.

Del total de la asignación de estos casi 84 millones, el 30 % se destinó a la financiación de proyectos de la Consejería de Agricultura y Ganadería, el 29,80 para la de Fomento, el 17,16 para la de Sanidad, el 16,88 para la de Educación y el 6,16 % restante a proyectos de saneamiento integral de aguas, de la Consejería de Medio Ambiente, hoy integrada en la de Fomento.

Las provincias cuyas inversiones han sido financiadas en mayor medida fueron Burgos y León –con el 19,85 y el 16,04 respectivamente-, y las que menos, Soria, con el 3,71, Segovia, con el 5,15, y Zamora, con el 5,66. Bien. La distribución de fondos es otro debate que algún día tendremos en esta Comisión y que ahora no... no compete.

El Consejo de Cuentas –y vamos ya al nudo gordiano-, tras realizar una selección de los proyectos, ha podido determinar que los gastos certificados, en líneas generales, se corresponden a los gastos de inversión contemplados en la ley; pero, no obstante, como bien ha indicado el Presidente, hay algunos casos donde no se corresponden ni se ajustan a dicha ley. En el caso, como se ha dicho... es el caso de un gasto de 22.620 euros de la Consejería de Agricultura y Ganadería para la publicación de un libro; un gasto que no incrementa ni... ni crea renta o riqueza, como se contempla en la citada ley, como tampoco lo genera esos 8.282 euros referentes al gasto de conservación y mantenimiento de los jardines de la Dirección General de Infraestructura y Diversificación Rural.

Y esto ocurre un año más: la Junta tropieza dos veces en la misma piedra, y habrá, por tanto, que preguntarle directamente a la Junta por qué hace caso omiso de las recomendaciones y de las advertencias del Consejo de Cuentas. Institución que, por otra parte, detecta que se imputaron indebidamente al ejercicio dos mil ocho derechos de fondos por importe de 13.529.942 euros; fondos que debieron haberse reconocido en el ejercicio dos mil nueve, pues la petición se hizo el veintiocho de enero de dos mil nueve, y de ello, además, ya se había advertido en el Informe de Fiscalización de dos mil ocho. Por lo tanto, tampoco aquí, en la contabilidad, está la Junta arrepentida, porque vuelve a incurrir en el mismo error del pasado.

Asimismo, 969.810 euros pendientes de cobro a treinta y uno de diciembre de dos mil diez deberían haberse reconocido y contabilizado en el ejercicio dos mil diez.

Advierte también el Consejo que no se contabiliza separadamente la ejecución de cada subproyecto de los Fondos de Compensación Interterritorial, y que se mantienen las debilidades de control interno detectadas en los ejercicios anteriores. Diríase, por lo tanto, Señorías, que la Junta, que administra estos fondos, persiste en no corregirse. Como se dice vulgarmente, sigue erre que erre, y no hace caso de las recomendaciones del Consejo de Cuentas, que ya ha advertido de ello en anteriores ejercicios.

Por todo ello, el Consejo, una vez más, recomienda que la Comunidad debería adoptar las medidas necesarias para que la contabilidad proporcione una información pormenorizada de cada proyecto. Y, entonces, la pregunta es –y la hago en voz alta-: ¿y por qué la Junta no las ha adoptado, cuando ya ha sido advertida en ejercicios anteriores? Parece que no tiene propósito de la enmienda. Bueno, pues habrá que preguntárselo directamente a la Junta. Ya sé que este... esta Comisión no es para esto, pero anunciamos que tendremos que preguntárselo a la Junta por qué hace caso omiso de las recomendaciones del Consejo de Cuentas; porque un año se le puede haber olvidado, pero cuando se le recomienda una vez y otra, y la Junta mira para otro lado, pues está persistiendo en el error; por eso digo que no parece que tenga intención de enmendarse.

Asimismo, la Junta debería ser cuidadosa para que no se incluyan proyectos de dudosa inversión, que no deben ni pueden ser financiados por el Fondo de Compensación Interterritorial.

En virtud de esto, Señorías, la Junta deberá tener un control adecuado para que los gastos y los proyectos a financiar por el Fondo de Compensación Interterritorial respondan a lo que exige la Ley 22/2001, que regula estos fondos; y, a la vez, como bien indica el Consejo de Cuentas, establecer los correspondientes mecanismos de control para saber el grado de ejecución de los proyectos a financiar por el Fondo de Compensación Interterritorial. Muchas gracias, y nosotros insistiremos en ello, naturalmente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Martín Benito. Para concluir este primer turno de intervenciones, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, dar la bienvenida al Presidente del Consejo de Cuentas, así como a los miembros del... que le acompañan, del Pleno del Consejo, y todo el personal técnico del Consejo de Cuentas, y agradecerle de nuevo su presencia hoy aquí, en la mañana, para ver tres informes importantes respecto lo que es la gestión de la Cuenta General del Fondo de Compensación Interterritorial y la fiscalización de la Orden de la Consejería de Hacienda 7/2006.

Estamos tratando ahora el Fondo de Compensación Interterritorial, y, en primer lugar, yo quiero poner de manifiesto una aseveración que se ha... se ha puesto en la mañana de hoy aquí: que la documentación se nos acaba de entregar. La documentación obra a disposición de todos los Grupos Parlamentarios desde su entrada en las Cortes, desde que se cuelga en la página web; o sea, la documentación no se entrega, lo que se entrega aquí es la comparecencia del Presidente. O sea, por lo tanto, creo que he de matizar esa aserción: hoy se entrega la comparecencia del Presidente, pero toda la documentación obrante está puesta a disposición de los Grupos Parlamentarios desde hace bastante tiempo.

Vaya por delante, en todo caso, que el Informe de Fiscalización que se ha planteado plantea la fiscalización de la compensación... del Fondo de Compensación Interterritorial del ejercicio dos mil nueve, que, como se ha puesto de manifiesto ya por parte de los Portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, contaba con una dotación de 83,9 millones de euros; que supone una minoración respecto al ejercicio anterior del dos mil ocho, donde el... el conjunto del Fondo supuso un total de 85 millones de euros; y llama poderosamente la atención que para ninguno de los Portavoces que me han precedido no haya sido significativo el hecho de que, cuando el Fondo de Compensación Estatal subía en el conjunto de las Comunidades Autónomas en más de un 1,16 %, era Castilla y León una de las Comunidades Autónomas donde bajó en el ejercicio dos mil nueve, siendo la segunda Comunidad Autónoma donde más bajó el Fondo de Compensación Interterritorial, solo superada por Galicia, en el que, en el caso de Castilla y León, la cuantía de la rebaja supuso un 1,36 %, y en el caso de Galicia –que fue la que más bajó-, un 2,99 %, cuando en la media de las Comunidades Autónomas el Fondo de Compensación subía en un 1,18 %.

Vaya por delante que lo que pone de manifiesto también el Informe que se ha presentado en la mañana de hoy es que, en general, se cumple la legalidad respecto a la ejecución de los Fondos de Compensación, y es necesario destacar que en los proyectos el grado de ejecución que alcanza el 100 %. Efectivamente, se han analizado 160... de los 161 proyectos certificados, se han analizado 61, y, efectivamente, se han detectado 2 en los que, como se ha puesto de manifiesto, el gasto tiene una dudosa elegibilidad, y, efectivamente, la Junta tiene que hacer esfuerzos para corregir esas circunstancias; si bien también es cierto que la cuantía de los 2 proyectos que se plantean de dudosa elegibilidad, pues son ciertamente pequeñas en el cómputo de los más de 83 millones de euros que se están fiscalizando en la gestión por parte del... del Consejo de Cuentas.

Se reiteran, efectivamente, por parte del Consejo, aspectos similares a los que han sido la tramitación del Fondo de Compensación de ejercicios anteriores, y se plantea, como se ha puesto de manifiesto, que se adopten las medidas para que en la contabilidad se... se refleje la ejecución de los fondos y proyectos del Fondo de Compensación, que se proporcione una información detallada de cada uno de los proyectos incluidos en la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado, dado que, como se ha puesto también de manifiesto por parte del Portavoz del Grupo Socialista, efectivamente, estos fondos se pactan entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

No voy a entrar en el tema de la distribución territorial, porque ya se ha puesto de manifiesto de la misma, y creo que no es el objeto del debate. Efectivamente, hay alguna cuestión que se podría hacer alguna matización al respecto. El reparto de los fondos se plantea un 30 % para infraestructuras agrarias, un 29,80 para las viarias, un 17,6 para infraestructuras sanitarias, y el 16,88 para las infraestructuras de educación.

Y, para finalizar, lo que he puesto de manifiesto: destacar el grado alto de ejecución –del 100 %-; que, efectivamente, se certificó y se ingresó en el ejercicio dos mil nueve un 86,59 %; el resto fue certificado en... en el dos mil nueve y no ingresado -un 12,26-; y solo el 1,16 % se... fue certificado y cobrado en el ejercicio dos mil diez, lo que pone de manifiesto como una situación contable defectuosa también por parte del Consejo de Cuentas.

Por mi parte, nada más. Creo que, en definitiva, lo que plantea el Informe es que, en reglas generales, se cumple la legalidad. Se reiteran la problemática que viene acudiendo respecto al... al planteamiento contable puntualmente. Y resaltar lo que ya puse de manifiesto, que llama poderosamente la atención que por parte de ninguno de los Grupos se haya puesto de manifiesto la minoración de los recursos del Fondo de Compensación en un año en el que en el conjunto de las Comunidades Autónomas crecían, y en el que Castilla y León fue la segunda peor dotada con el Fondo de Compensación en el dos mil nueve. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para contestar a las intervenciones de los distintos Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Gracias, Presidente. Pues, la verdad, mi intervención no... no va a ser de contestación, sino, en su caso, de... de aclaración. Y fundamentalmente va en dos líneas.

Por un lado, pues para expresar que, a nuestro juicio, el... el asunto analizado... el expediente del Fondo de Compensación Interterritorial que nos debe llamar una mayor atención son esos gastos indebidamente elegidos; es decir, esos 22.000 y 8.000 euros que por parte de la Consejería de Agricultura optaron como fondos de... proyectos, mejor dicho, del Fondo de Compensación Interterritorial, y que no eran gastos elegibles, que para... a nuestro modo de ver, es lo más grave.

Y, después, también reiterar que, a lo largo de todos estos años, se ha ido expresando por parte del Consejo de Cuentas –y este año nuevamente- la necesidad de adoptar las recomendaciones que se han expresado también en el presente Informe de Fiscalización correspondiente al FCI del año dos mil nueve. Y eso va, fundamentalmente, con una apoyatura legal, que es lo que establece, de una manera clara y contundente, el 10.3 de la Ley Reguladora del Fondo de Compensación Interterritorial, cuando dice, de una manera, la verdad, que no admite réplica: "Con objeto de permitir el control parlamentario, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía contabilizarán adecuada y separadamente la ejecución de cada proyecto de inversión financiado con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial". Eso es lo que dice, de una manera absolutamente clara.

Es cierto que el Fondo de Compensación Interterritorial está... está perdiendo protagonismo dentro de lo que son las inversiones públicas. Seamos conscientes que ha pasado al... recientemente, nosotros, en el... en el Pleno del Consejo de Cuentas, hemos aprobado las directrices para el FCI correspondiente al año dos mil once, y es de... del orden de 36,7 millones de euros. Evidentemente, seamos conscientes que es uno de los Informes de Fiscalización que hacemos por mandato legal, pero que, al mismo tiempo, nuestro propósito es intentar abreviar al máximo la elaboración de este Informe, con vistas a que los recursos y los medios humanos que tenemos en el Consejo de Cuentas se puedan destinar también a otros asuntos que concitan mucho más el interés y la preocupación de los ciudadanos. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Valderas Alonso.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Muchas gracias. Únicamente, para... para mencionar que estamos haciendo una revisión de cuentas del año dos mil nueve, cuando estamos a punto de entrar ya en el trece –y con el Presupuesto del trece aprobado-, y, realmente, lo único para lo que nos sirve revisar estas cuentas es para ver si hay algún error que podamos reformar. No vale para nada más. Por lo tanto, me sumo a las peticiones de... del Presidente de que lo que aquí se recomienda se cumpla; porque es que, si no, no sirve para nada revisar cuentas y hacer Comisiones como esta; ni siquiera tener un Tribunal de Cuentas. Porque, si hubiese habido algún problema penal, ya se habría resuelto. Si hubiese algún problema de que faltase dinero de un año y se pasa para otro, pues hace ya tres años que acabaron estos ejercicios, de modo que, o... o la Junta se toma en serio para qué sirve esto, o, ya que están ahorrando gastos, pues podemos ahorrarnos un montón de gastos más: el... el propio... la propia Comisión de Hacienda, parte del Parlamento -que... que no hace más que revisar cuentas atrasadas- y el propio Tribunal de Cuentas. Es decir, o le damos valor a estos documentos o nos ponemos a ahorrar de otros sitios. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para consumir un turno de réplica, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín Benito.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Gracias, Presidente. Muy breve. Simplemente, para decir que parece mentira que el Portavoz del Grupo Popular, en este caso, desconozca que una minoración del Fondo de Compensación Interterritorial en relación con las Comunidades Autónomas significa una mejor evolución en las variables de distribución; pero no se lo vamos a explicar. Ahí lo dejo. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. En representación del Grupo Parlamentario Popular, y en un turno de réplica, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Simplemente, esa evolución, efectivamente, lo que demuestra –por eso lo han pasado ustedes- es que la buena gestión del Gobierno del Partido Popular lleva a la minoración de los fondos. Por eso he dicho que Galicia y Castilla han sido dos de las... donde más se minora. Me habrán interpretado ustedes mal.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Tiene de nuevo la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Gracias, Presidente. Solamente una serie de aclaraciones. Este Informe de Fiscalización fue aprobado –como ya he expresado yo en mi intervención- el treinta de mayo de dos mil doce. Le puedo informar también que este mismo miércoles hemos aprobado ya el FCI correspondiente al año dos mil diez. Y también hemos aprobado las directrices técnicas del expediente correspondiente al FCI dos mil once. Y podemos anticipar que la finalización de este expediente de fiscalización estará en los primeros meses del año dos mil trece. Es decir, el expediente correspondiente al FCI dos mil once lo podrá examinar presumiblemente esta Cámara en los primeros meses del próximo año; creo que dentro del primer semestre del próximo año. He tenido... y constar, como saben todos los miembros de esta Comisión de Hacienda, que ha sido el propósito, el interés del Consejo de Cuentas en poder comparecer con la mayor prontitud para rendir cuentas ante este... ante esta Comisión de Hacienda, en relación también a este FCI. Y, como ya he dejado constancia, está insertado en la página web desde el pasado veintinueve de junio.

Si hubiesen existido –y eso me gusta, una vez más, aclararlo en la Comisión de Hacienda-, del estudio y del Informe de Fiscalización... se hubiesen detectado responsabilidades, o cuando se detectan responsabilidades contables o penales, actúa el Consejo de Cuentas; y eso es algo que ya he expresado en alguna otra Comisión, cuando he comparecido, y... pero no está de más manifestarlo en la mañana de hoy.

Y ya hemos expresado también en distintas ocasiones que, si detectamos... detectamos eso, se comunica, por supuesto, de acuerdo con lo que marca nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento; y, cuando se traiga el expediente de fiscalización correspondiente, se informará ante esta Comisión de Hacienda. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al Informe de Fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo sábado, día veintinueve de diciembre.

Segundo punto del Orden del Día. Por la señora Secretaria se dará lectura del segundo punto del Orden del Día.

Informe

LA SECRETARIA (SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ):

Segundo punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe de Fiscalización de la aplicación de la Orden de once de julio de dos mil seis, de la Consejería de Hacienda, por la que se autoriza la revalorización contable de determinados bienes inmuebles que conforman el inmovilizado de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León".

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para la presentación de este Informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Gracias, Presidente. El presente Informe de Fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil once, y resultó aprobado por el Pleno del Consejo de Cuentas con fecha treinta de mayo de dos mil doce. La publicación en la página web, tanto del texto íntegro del Informe como de la nota de prensa, tuvo lugar el veintinueve de junio de dos mil doce.

Los antecedentes de este informe se retrotraen al Informe de Fiscalización de las Cuentas del Inmovilizado Material de la Administración General de la Comunidad Autónoma del ejercicio dos mil tres, en el que el Consejo de Cuentas puso de manifiesto que, a treinta y uno de diciembre de dos mil tres, la Comunidad no había elaborado el inventario general de bienes y derechos previsto en la Ley 6/1987, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.

En el transcurso de la fiscalización, la Comunidad manifestó que, tras la carga manual de todos los datos del inventario antiguo en el desarrollo inicial del módulo de activos fijos, se estaba trabajando, por un lado, en el desarrollo de una aplicación informática dentro del Sistema de Información Contable de Castilla y León que permitiera el registro pormenorizado individual de los bienes que conforman el activo de la Comunidad, y, por otro, la actualización y valoración de los datos existentes para poder proceder a su enganche contable. De este proceso quedaron fuera los montes de utilidad pública, las carreteras y las vías pecuarias, cuyo inventario corresponde a las Consejerías competentes, así como los contratos de arrendamiento. Este enlace con la contabilidad tuvo lugar en los ejercicios dos mil cinco y dos mil seis.

Con fecha once de julio de dos mil seis, la Consejería de Hacienda aprueba la Orden por la que se autoriza la revalorización contable de determinados bienes inmuebles que conforman el inmovilizado de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, en la que se recoge que la Consejería ha procedido a la actualización del inventario, habiendo concluido su valoración y autorizando la revalorización contable, la cual deberá efectuarse al tiempo de realizar la formación de las cuentas anuales del ejercicio dos mil cinco. Dicha orden no fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de dicha fiscalización ha sido conocer la situación a treinta y uno de diciembre de dos mil nueve de la revalorización contable, verificando la adecuada contabilización del procedimiento de revalorización y comprobando si la valoración de los bienes incluidos en el inventario general de bienes y derechos coincide con la derivada del procedimiento de actualización del inventario.

Las actuaciones fiscalizadoras se han referido a los ejercicios dos mil cinco-dos mil nueve, ambos inclusive, y no han existido limitaciones que hayan afectado al alcance del trabajo de fiscalización realizado.

En cumplimiento de lo establecido en la normativa del Consejo de Cuentas de Castilla y León, se remitió el informe provisional al responsable del ente fiscalizado para que formulara las alegaciones que estimara oportunas. Dentro del plazo prorrogado, el Interventor General de la Administración de la Comunidad remitió al Consejo de Cuentas las alegaciones formuladas, habiendo sido estas objeto de análisis y emitiéndose informe motivado, que sirvió para la estimación o desestimación de las mismas.

A la vista de los resultados de los trabajos, la opinión del Consejo es que la revalorización contable no se ha producido debido a que, o bien se ha efectuado el alta contable de elementos que no estaban previamente contabilizados, como es el caso de los activos que figuran recibidos por transferencia del Estado y los recibidos en cesión, o bien no ha existido incremento en el valor contable, como sucede en los bienes construidos o adquiridos a título oneroso por la Comunidad.

En cuanto a los importes de los bienes afectados por la Orden once de julio de dos mil seis de la Consejería de Hacienda, reflejados en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad, estos son coincidentes con los datos que figuran en los informes de tasación correspondientes.

Comenzamos la exposición de los resultados del trabajo analizando el módulo de activos fijos del SICCAL, aplicación informática dentro del propio Sistema de Información Contable, diseñada para clasificar de forma individualizada todos los bienes y derechos que forman parte del inmovilizado material e inmaterial de la Comunidad Autónoma, permitiendo identificar las circunstancias físicas, jurídicas y contables de cada uno de ellos. No obstante, por el momento quedan excluidos de registro en esta herramienta los bienes muebles, montes, vías pecuarias y carreteras.

A treinta y uno de diciembre de dos mil nueve este módulo de activos fijos estaba implantado en la Administración General y en el Instituto Tecnológico Agrario, en dos mil diez se implantó en el Instituto de la Juventud y en la Gerencia de Servicios Sociales, y en el dos mil once en el Servicio Público de Empleo. No obstante, a la fecha de elaboración del presente informe el enganche contable del módulo únicamente se ha producido en la Administración General y en el Instituto Tecnológico Agrario.

Para el análisis de las actuaciones contables llevadas a cabo en relación con el módulo de activos fijos en los años dos mil cinco a dos mil nueve se procedió a un estudio cronológico de las mismas, concluyéndose que la contabilización de la carga inicial de los activos correspondientes a los terrenos y bienes naturales y a las construcciones se realizó en el ejercicio dos mil cinco de forma global, no quedando registrados en las cuentas financieras de forma individual cada uno de los bienes.

Además, debería procederse a depurar el saldo de las siguientes cuentas del inmovilizado: infraestructuras y bienes destinados al uso general, carreteras, bienes del patrimonio histórico-artístico y cultural, inventarios especiales y construcciones en curso e inventarios especiales. Dichas cuentas no han tenido movimiento desde el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, siendo actualmente contabilizados este tipo de gastos en otras cuentas.

Tomada una muestra de documentos con reflejo en el módulo de activos fijos, se ha puesto de manifiesto que las altas contables de activos realizadas de forma individual en los ejercicios dos mil cinco a dos mil nueve han sido en general correctas, con excepción de algunas deficiencias puestas de manifiesto en el informe. La más común fue la incorrecta contabilización de altas cuando se trata de bienes recibidos por transferencias del Estado o por aceptación de cesiones o adscripciones, ya que para realizar el alta contable del bien se abona a la cuenta de inmovilizado transitoria, cuando debería haberse abonado a una cuenta del grupo 7 para el primer caso, y en la cuenta 103, patrimonio recibido en cesión, en el segundo.

También de la muestra de documentos analizada se concluyó que alguna de las operaciones que inicialmente fueron incorrectamente contabilizadas han sido corregidas con posterioridad.

En cuanto a la aplicabilidad de la Orden de revalorización, debemos destacar que las actuaciones contables llevadas a cabo por la Intervención General al amparo de dicha Orden no han puesto de manifiesto la existencia de un incremento en el valor de los activos contabilizados; por tanto, podemos deducir que la revalorización autorizada en el Artículo 1 de la citada Orden no se ha producido: en unos casos, por no existir contabilización previa de los bienes objeto de tasación (activos que figuran como recibidos por transferencias del Estado y los recibidos por cesión), no habiéndose llevado a cabo una revalorización, sino un alta contable; y en otros, por darse de alta en el módulo de activos fijos por el mismo importe por el que estaban contabilizados antes de la implantación de dicho módulo (bienes construidos o adquiridos de forma onerosa por la Comunidad).

Únicamente se podría haber aplicado una revalorización contable a los activos construidos o adquiridos de forma onerosa por la Comunidad y que, estando contabilizados en cuentas de inmovilizado, hubieran sido valorados en virtud del procedimiento de actualización del inventario llevado a cabo por la Consejería de Hacienda por un importe superior al que estaba contabilizado. En estos casos se debería de haber dotado la correspondiente reserva de revalorización.

La Comunidad no dotó la reserva de revalorización correspondiente a los bienes cuyo valor se había actualizado en virtud de la citada Orden al considerar que resultaba imposible calcular de manera individualizada el importe de la revalorización de cada bien, por lo que optó por calcular el importe total de la misma cuando concluyera dicho proceso, momento en el cual se dotaría la correspondiente reserva. Mientras tanto, las revalorizaciones se abonan en la cuenta inmovilizado transitoria.

Del análisis de la cuenta inmovilizado transitoria a treinta y uno de diciembre de dos mil nueve se desprende que esta presenta un saldo de 4.822.321.791 euros. Para conocer el origen de dicho saldo se han analizado todos los cargos y abonos realizados en esta cuenta en los ejercicios dos mil cinco a dos mil nueve, concluyéndose que en el debe están contabilizados gastos de inversión que en la actualidad se registran en cuentas específicas, y en el haber se han descargado indebidamente importes correspondientes a bienes que no estaban previamente contabilizados (activos que figuran como recibidos por transferencia del Estado y los recibidos en cesión). Por tanto, al haber concluido el proceso de valoración, y dado que no se ha producido revalorización contable alguno, no procede mantener el saldo de dicha cuenta, debiendo ser objeto de depuración.

En cuanto al contenido del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad a treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, este incluía los bienes inmuebles y derechos patrimoniales sobre los mismos de la Administración General y del Instituto Tecnológico Agrario, con excepción de los bienes incluidos en inventarios especiales (carreteras, montes y vías pecuarias), quedando también pendientes sin incluir, tanto en el módulo de activos fijos del SICCAL como en el Inventario General, los bienes muebles y el inmovilizado inmaterial y financiero propiedad de la Comunidad.

Por lo tanto, podemos concluir que la Comunidad sigue sin dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 11/2006, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, al no disponer de un inventario general que incluya la totalidad de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Comunidad.

Para la comprobación del adecuado registro de los bienes en el Inventario General se procedió a la selección de una muestra de 81 expedientes, en las que, tras su examen, se concluyó que, en general, los expedientes analizados se encuentran correctamente dados en el inventario... dados de alta en el Inventario General. En todos ellos existe información de tasación coincidente con los datos reflejados en la ficha del inventario con respecto al importe y fecha de tasación, fecha de alta patrimonial, modo de adquisición y estado jurídico actual. No obstante, se detectaron algunas incidencias en ocho códigos de activo, algunas de las cuales ponen de manifiesto que no ha existido coordinación entre el Servicio de Patrimonio y el Servicio de Contabilidad, al existir actuaciones que no figuran recogidas en contabilidad.

A la vista de los resultados expuestos, el Consejo recomienda a la Consejería de Hacienda que proceda a la depuración de las cuentas inmovilizado transitoria, infraestructuras y bienes destinados al uso general, carreteras, bienes del patrimonio histórico-artístico y cultural, inventarios especiales y construcciones en curso, inventarios especiales.

Por otro lado, también debe de agilizar los trabajos para la elaboración del Inventario General, de forma que incluya la totalidad de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Comunidad, así como establecer un procedimiento que garantice la adecuada coordinación entre los Servicios de Patrimonio y de Contabilidad, de forma que queden registradas en la contabilidad todas las actuaciones recogidas en el Inventario General. Nada más, y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones de los Grupos Parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, en... en representación del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Valderas Alonso.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Sí. Muchas gracias. Lo primero que tengo que decir sobre este informe es que me suena muchísimo de otro que hay en el Registro en la oficina; supongo que es que se parece al del año pasado, porque de esto ya hemos hablado más veces en este Parlamento.

Bien. Para nosotros, el tema del... del inventario de bienes de la Junta es algo muy importante. El inventario de bienes tiene dos... dos motivos principales: primero, saber de qué se dispone, y, segundo, saber cuál es su valoración económica.

La valoración económica realmente es importante, pero a efectos contables; es decir, este montón de millones que se dice aquí que valen los bienes de la Junta realmente no nos sirve para nada en este momento que... que, si lo pudiéramos vender, nos vendría muy bien, pero es que no se pueden vender. Por lo tanto, es quizá la parte menos preocupante para nosotros.

Lo preocupante es que la Orden es del año dos mil tres. Yo creo que le falta un antecedente a este Informe que nos presenta, y es que todas las Administraciones Públicas, todas, desde el momento de su creación, tienen obligación de tener inventario de bienes; todas. Es decir, la Junta lo tiene desde mil novecientos ochenta y tres. Ya hacía 10 años, cuando se hizo este Informe, que la Junta no cumplía... veinte años, perdón, que no cumplía. Sigue sin cumplir.

Es difícil. Yo he participado personalmente en 2 inventarios de bienes –en 3, perdón-: de un Ayuntamiento, de una Diputación y de una Universidad, y es algo horroroso; horroroso incluso en entidades que solo tienen veintitantos años.

Debe ponerse al día. Es cierto que hay un inventario antiguo –aquí se nos menciona-. Es cierto que en torno al dos mil cinco-dos mil seis, a partir del Tribunal de Cuentas, se le espoleó a la Junta para que lo pusiera un poco al día. Bien. Pero es que el inventario de bienes de una entidad de este volumen tiene muchísimos cambios. Yo no sé si la Junta se da cuenta del lío en el que se mete continuamente. Y les voy a dar un ejemplo que ocurrió este verano. Este verano, en el Ayuntamiento de León hubo un incendio gordísimo; y cuando se dijo "bueno, pues se habrán quemado los muebles; habrá que reclamar a la empresa... a la empresa que ha hecho el seguro", la primera pregunta es: Y el inventario de bienes ¿dónde está?, ¿quién lo hizo?, ¿está puesto al día?, ¿tiene fotos de los objetos? En fin, que no les pase nunca una cosa así.

La Junta, claramente, por lo que dice aquí, no sabe lo que tiene. Esto ya lo sabemos en los Ayuntamientos –lo sabemos todos-. Hay una cosa que se llama el Pacto Local, que se firmó en el año dos mil cinco –precisamente cuando se empezó esta lista-; un Pacto Local, que se publicó en los boletines, en el cual la Junta distribuyó entre un montón de Ayuntamientos de Castilla y León un montón de bienes que no eran suyos, que los tenía en un listado –supongo que este que aquí se denomina inventario antiguo-, y que, cuando fuimos a tomar posesión de ellos, nos encontramos que no eran de la Junta, que no sabía por qué razón tenía la llave, que no sabía qué tipo de contrato de arrendamiento tenía, que no sabía si era cesión definitiva, temporal... Nos encontramos con bienes en León a nombre de la Falange, a nombre de la Falange –y la Junta nos entregó la llave-. Y entonces, cuando quisimos tomar posesión, nos encontramos que no solo la Falange ya no existía, sino que estaba reclamado por el anterior al que se lo quitó la Falange en el año treinta y seis.

Bien. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el inventario es urgentísimo.

La Junta tiene problemas para hacer el inventario –ya lo sabemos-. Bueno, pues tiene que crear una sección o contratarlo. Yo no soy partidario de contratarlo fuera, porque ya viví uno de este tipo, y fue un poco terrible. Pero, bueno, la Junta tiene archiveros, tiene archivos, tiene un montón de instituciones, y puede hacerlo. Y, por si no lo recuerdan, hemos aprobado un... un Presupuesto, en el que la Junta se gasta una cantidad de millones en informática tal que hablamos de miles de millones de pesetas al año en informática. Hombre, alguno de esos dineros se podían destinar a... a poner al día el inventario.

Bien. Cosas originales de este Informe.

Resulta que los informes... el Informe nos dice que muchos de estos inventarios se hacen en paquete, en paquete. Es decir, "heredé la casa de mi abuela con el contenido". Sí, hombre, eso se ponía en los... en los antiguos testamentos, pero ahora no se hace así -ahora el contenido va relacionado-.

¿Cómo es eso de que no están los bienes, de uno en uno, apuntados? Se dice hasta tres veces en el Informe que hay una serie de bienes, una serie de cosas, que tienen que estar apuntadas, y que están casi como de forma global. ¿Cómo se calcula el precio de algo global, si no se tiene pormenorizada cuántas piezas contiene? O sea, ¿cómo se sabe el... el contenido, el valor de los cuadros de este edificio, si no se tiene la lista de cuántos cuadros hay y de qué época son? ¿Se hace a ojo?, ¿se hace por metros cuadrados? O sea, los Sorollas a millón el metro, los... los corrientes a 50.000. Esto es realmente... es ridículo, es ridículo que una institución de ese tamaño tenga estos problemas.

Que no se cumplen las normas. Bueno, creo que lo dice tantas veces, que al final lo recoge la recomendación. Me parece estupendo. La recomendación es muy clara, y creo que todos deberíamos apoyarla; pero apoyarla incluso recordándole a la Junta que la Junta tiene la extraña cuestión de que multa a otros por no hacer estas cosas. A ver si vamos a tener un problema por eso.

¿Por qué tenemos que tener el inventario al día? Pues porque la Junta continuamente está haciendo cesiones de bienes -a Ayuntamientos, a instituciones privadas-, incluso está vendiéndolos; algunas veces tiene que desclasificarlos, algunas veces se encuentra con que están dentro de una operación urbanística. Y, en esos casos, la Junta –no sé si lo han visto- aporta unos documentos verdaderamente fantasiosos, en los que se dice por qué fin, por qué motivo, tiene la Junta ese bien. Y es que no lo sabe. O sea, yo me he encontrado documentos de la Junta que ha habido que devolver –del Ayuntamiento de León a la Junta- para decirle: "Oiga, no le puedo recibir esto, porque es que hay que empapelar a alguien. Lo que aquí se dice no es cierto".

Aquí se menciona que no es mala intención, que es, sencillamente, que en el inventario hay cosas que debían estar en un listado y pasan a otro, pues porque no se encuentra el momento adecuado o el lugar adecuado; o porque, sencillamente, no se tienen datos, cosa que es también muy frecuente.

Bueno, pues esto yo creo que merece no solamente una recomendación, sino una decisión política de la Junta de Castilla y León de poner al día su inventario y de gastarse un dinero en ello. Porque, además, no le va a costar nada disfrutar luego del beneficio. Es decir, tenemos una Ley de Urbanismo a punto de salir, que va a modificar otra vez todas las inmensas promociones que hay en toda Castilla y León.

No sé si la Junta se ha dado cuenta de que va a ser la principal perjudicada. Si de repente resulta que hay que revisar todas las promociones urbanísticas, en las cuales la Junta tiene unos tantos por ciento que no sabe si tiene apuntados o no tiene apuntados –como se nos dice en uno de los puntos-, es que, a lo mejor, la Junta pierde millones de hectáreas con un decreto, sin querer. No sé si se han dado cuenta de ese detalle. Yo les diría dos o tres casos en León en los que va a pasarle; va a pasarle eso: la Junta no puso a su nombre los bienes, y ahora no se sabe de quién son, ¿y si vuelven a ser rústicos?

Que los bienes en construcción no están apuntados. Claro. Claro, eso lo sabemos en todos los Ayuntamientos. Cuando un Ayuntamiento se encuentra con que no... tiene que hacer una obra pública, y le pide a la Junta que le ayude, la Junta ayuda, colabora, y luego, al final, el más listo va al notario y pone a su nombre los bienes. Yo me he encontrado Juntas Vecinales que han puesto a su nombre un puente, pues porque habían colaborado económicamente, y dijeron que, bueno, que iban al notario, se lo dejaron y punto. Hay colegios que ha construido la Junta y que están a nombre de la Caja de Ahorros. Es decir, el inventario es importante, ¿eh?, es muy importante.

Cuando se habla de... de los bienes que no están anotados uno por uno (los bienes de patrimonio histórico-artístico y cultural, inventarios especiales), es fantástico. La Junta, desde el año mil novecientos ochenta y cinco, multa a instituciones locales, a... a entidades privadas, a particulares -ahora, nosotros mismos hemos propuesto que multe a las Cajas- por no tener al día su inventario de bienes artísticos, que desde el año ochenta y cinco es obligatorio; y la Junta es la primera que no lo tiene. En realidad, no lo tiene tal como se dice aquí. Sí lo tienen; es decir, todos sabemos que los... los museos públicos y las instituciones tienen sus pequeños listados. En realidad, lo que falta es darles seguridad jurídica: anotar todos esos inventarios que denominamos "antiguos" –que todo el mundo tiene, que cada vez que un secretario marcha se lo entrega al siguiente, todo el mundo sabe que cualquier cuadro propiedad de la Junta le das la vuelta y hay una chapita que pone "inventario"; otra cosa es que no esté apuntado en el SICCAL-. Realmente yo no creo que sea tan dantesco como que la Junta no tiene noticia de esos bienes; lo que tiene es un pequeño desparrame en el control; debe controlarlos mucho mejor, y puede hacerlo.

El tema de la transferencia. La Junta ha recibido muchos bienes por transferencia, y con condiciones. Y las condiciones en las que la Junta ha recibido muchos bienes a veces se cumplen y a veces no se cumplen. Nos podemos encontrar con... nos encontramos... la Junta tiene... la Junta debería tener un... un departamento jurídico del tamaño de una Consejería por la cantidad de juicios que tiene todos los días. La Junta tiene continuamente problemas con sus bienes, porque los cede; les doy dos ejemplos: el Procurador del Común tiene en León dos asuntos abiertos; tenía un edificio prestado, que era del Ayuntamiento, que no hay manera ahora de devolvérselo al Ayuntamiento, porque hay un a valori jurídico, y, a su vez, se ha ido a parar a otro –al nuevo edificio del Procurador del Común- que viene de la Consejería de Cultura, que lo adquirió de no sé qué Ministerio, que vino de la Falange, que fue expropiado en el año treinta y dos. O sea, el a valori jurídico es impresionante. El Procurador del Común no es que tenga mala suerte, es que va a edificios prestados, y se le presta lo que no quieren otros. Bueno, pues por ahí rueda el problema. Hay que poner al día todo esto.

Es muy interesante el apartado -el quinto empezando por el final- donde se dice: "La Orden no ha puesto de manifiesto la existencia", "la Orden no se ha producido", "no haciéndose caso", "no, no, no...". Creo que está clarísimo, de este informe –que debería publicarse incluso en los periódicos-, que la Junta no tiene control de sus bienes, o, por lo menos, no como legalmente debería tenerlos.

Termino. No solamente la Junta tiene que poner al día todo esto –que obviamente tiene intención de hacerlo, pero es complejo-, sino que además debe destinar tiempo y dinero. ¿Por qué? Pues porque de la crisis se sale; en uno o dos años salimos de la crisis; en uno o dos años la situación legal de muchos de los entes que aquí se citan... –el Instituto de la Juventud, el Itacyl...- pero si están a punto de desaparecer, si alguno ya ha desaparecido. Pero ¿cómo vamos a eliminar el Instituto de la Juventud –que creo que ya tiene el decreto firmado- si ni siquiera tiene inventario de bienes? ¿A quién se le van a adscribir? ¿Lo hacemos de forma genérica, lo de la abuela pasa al nieto? Eso... eso se hacía antes, ya no se puede. Es decir, a ver si vamos a tener que coger un equipo de catalogadores de fondos y de bienes para todos los entes que la Junta está eliminando estos días. Es decir, ¿cómo vas a eliminar un ente que no sabes qué bienes y qué derechos tiene, porque no está apuntado en la lista? Estamos hablando de situaciones comprometidas.

Esto es muy urgente; considero que es una de las cosas más urgentes que hemos visto hoy. Y esto no es revisar cuentas de atrás para decir: hombre, hay que hacerlas mejor. Esto es un problemón que tenemos entre manos y que hay que resolver lo antes posible. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Gómez del Pulgar.

LA SEÑORA GÓMEZ DEL PULGAR MÚÑEZ:

Gracias, Presidente. En primer lugar, para agradecer la presencia del Presidente y miembros del Consejo, así como el resto del equipo. Y bueno, en primer lugar, poner en valor el contenido de informes como el que ahora nos ocupa, porque la verdad es que nos dota a los Grupos de información valiosa del estado de las cosas, y, por el sistema de publicidad del propio Consejo, también a los... a los propios ciudadanos.

Para referirme concretamente al informe, bueno, simplificando mucho, las conclusiones son muy malas, y, en cierto modo, increíbles. Se habla de que no existe a día de hoy un inventario de la totalidad de los bienes y derechos sobre los bienes de la Junta de Castilla y León, y bueno, esto nos preocupa por todas las implicaciones y problemas que puede... que puede conllevar; y también que no se ha procedido a... a la revalorización.

Para entrar a hablar del contenido del informe de fiscalización, me quiero referir, en primer lugar, un poco a los antecedentes, porque me parece importante saber de dónde venimos, dónde deberíamos estar y en qué situación nos encontramos. Lo que se está viendo del contenido de este informe de fiscalización es que no se está cumpliendo la Ley de Patrimonio de la Comunidad, en la cual se dice que el patrimonio debería estar integrado... o sea, debe estar integrado por el patrimonio de las Cortes de Castilla y León, el de cada una de las instituciones propias de la Comunidad, el de la Administración General y los de las entidades de la Administración Institucional. Y también se dice en la propia ley que el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad incluirá la totalidad de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Comunidad.

Referido a esto, ya hubo un informe de fiscalización en el año dos mil tres del propio Consejo, en el que se sacó de conclusión lo mismo que sacamos hoy: que no se había elaborado el Inventario General de Bienes y Derechos previstos en la Ley de Patrimonio. Hablamos de un informe de fiscalización del año dos mil tres; nos encontramos en... a finales del año dos mil doce. Entonces, bueno, pues preocupa que la Junta de Castilla y León, a pesar de los informes y las recomendaciones del Consejo, haga caso omiso y sea nulamente diligente a la hora de cumplir las recomendaciones.

Respecto al actual informe –bueno, ya lo ha puesto de manifiesto el... el Presidente del Consejo-, lo que se saca en claro es que entre los años dos mil tres y dos mil cinco sí que se ha procedido a los trabajos de actualización y valoración de los bienes inmuebles y derechos patrimoniales, pero que sí que han quedado fuera de esta valoración montes de utilidad pública, carreteras, vías pecuarias.

Y en este periodo también se ha procedido a desarrollar, a implementar, una aplicación informática dentro del Sistema de Información Contable de Castilla y León, que permite el registro pormenorizado e individual de los bienes. A lo largo del informe se hace un estudio exhaustivo de... de cómo funciona esta aplicación informática; y bueno, pues a mí me da lo mismo la aplicación informática de la que se dote la Junta, lo que sí que me gustaría es que, si la Administración se dota de una aplicación informática que le va a favorecer el poner al día los bienes de... con los que cuenta, que esto no se haya hecho en su totalidad.

Porque, además, del informe actual también se desprende que, a día de hoy, solo está implementado esta aplicación informática el modo... el modelo de activos... activos fijos en la Administración General y en el Instituto Tecnológico Agrario. Toda la Administración Institucional quedaría fuera, y sabemos que en los últimos tiempos ha adquirido muchas competencias y... y un peso muy importante dentro de... de la Comunidad.

Me quiero referir a la Orden que se valora dentro de esta fiscalización, que es la Orden de once de julio de dos mil seis, de la Consejería de Hacienda, por la que se autoriza la revalorización contable de determinados bienes inmuebles que conforman el inmovilizado de la Administración General de la Comunidad. Esta Orden -que son dos folios- me parece que es clara y concisa; y lo digo porque, luego, alegaciones que ha habido por parte de la Intervención... de la Intervención de la Consejería de Hacienda, pues no se entienden algunas cuestiones. Básicamente lo que la Orden plantea es: se refiere a la norma de valoración segunda del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad, y... y dice que "en cuanto a la posible revalorización de los bienes que componen el inmovilizado, si bien con carácter general no es admisible, la propia norma de valoración anteriormente citada permite que se lleve a cabo con carácter excepcional siempre que una norma con rango suficiente así lo autorice y en los términos en que la misma se establezca". De hecho, esta propia orden, pues procede a autorizar esta revalo... –bueno, perdonad- revalorización de los bienes.

Lo que se dice en la propia Orden es: "La Consejería de Hacienda ha procedido a la actualización de inventario de los bienes inmuebles y derechos patrimoniales sobre los mismos de la Administración General de la Comunidad, realizándose el trabajo de forma separada en cada una de las provincias, habiendo concluido su valoración". Entonces, la Orden es suficientemente clara; sin embargo, una Orden de la propia Consejería, la propia Consejería se ha dedicado a incumplirla de forma flagrante, como manifiesta el informe.

El propio informe en sus conclusiones, pues habla de que la contabilidad, al principio... –como os he mencionado en... en la primera intervención- al principio, en el ejercicio dos mil cinco, contabilizaba bienes de manera global en... en vez de forma individual; pero sí que se dice también que las altas contables entre los años dos mil cinco y dos mil nueve, en general, han sido de manera correcta.

Respecto al tema principal de este informe de fiscalización, que es ver si se ha procedido a la revalorización contable de la Orden once de julio de dos mil seis, el informe dice que no se ha procedido por dos causas: primero, porque no existía una contabilización preva... previa de los bienes objeto de tasación; o porque se ha procedido a dar de alta bienes en el módulo de activos fijos por el mismo importe por el que estaban contabilizados antes de la implantación de dicho módulo.

Respecto a este... a esta conclusión y a este punto, decir que sorprende que ha habido una alegación por parte de la Intervención que prácticamente lo que venía a decir es... es que es una revalorización global de todo el inmovilizado relativo a los bienes inmuebles. Es decir, que no está cumpliendo las propias normas que figuran en la propia... en la propia Orden. (Un segundito). En la contestación de la alegación por parte del Consejo se dice que esto no es cierto, porque se ha puesto de manifiesto en el informe, al amparo del... del artículo que figura en la Orden, que únicamente se podrían haber revalorizado contablemente aquellos bienes inmuebles que, formando parte del Inventario General de la Comunidad y estando contabilizados en cuentas de inmovilizado, hubieran sido valorados en virtud del procedimiento de actualización del inventario llevado a cabo por la Consejería de Hacienda por un importe superior al que estaba contabilizado; revalorización que debía haberse realizado de forma individualizada para cada bien. Es decir, que si no se ha cumplido es porque desde la propia Intervención de la Consejería de Hacienda se está haciendo, desde nuestro punto de vista, una interpretación bastante libre de las propias normas que figuran en la Orden –que es una Orden, recordemos, de la propia... de la propia Consejería-.

Y luego hay más conclusiones en el informe, pues que... es sobre la cuenta de inmovilizado transitoria, que por parte del Consejo se dice que esta cuenta se debe depurar porque no se ha procedido a la valoración, y, sin embargo, en la alegación planteada por la Intervención lo que se viene a decir es lo mismo que en la... lo que he dicho anteriormente, que se sigue un procedimiento abierto y global y que todavía no se ha concluido la valoración completa.

Y, bueno, pues nosotros compartimos la... el punto de vista de... del tratamiento de la orden que se ha hecho en la contestación a las alegaciones por parte del Consejo de Cuentas, y nos preocupa la disparidad que hay entre los criterios del Consejo de Cuentas y los criterios manifestados por la Intervención en sus alegaciones. Es decir, resulta chocante que una propia Orden de la Consejería de Hacienda, luego, en las alegaciones al informe de fiscalización, la Intervención de la Consejería, pues haga una interpretación muy libre, cuando nos parece que la Orden es clara, clara y concisa, como manifiesta... manifiesta la contestación de las alegaciones... de las alegaciones del Consejo de Cuentas.

Y, respecto al Inventario General, pues creo que se ha dicho suficientemente por parte del Presidente y también en mi intervención anterior, que no se incluye la totalidad de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la misma. Estamos hablando de que no se está respetando la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, que puede suscitar muchísimos problemas jurídicos a la Comunidad. Y, bueno, poniendo un ejemplo normal, cualquier... la lógica de cualquier familia normal, qué menos que saber de qué dispones, en qué condiciones, para... a la hora de desarrollar tus planificaciones y tus políticas, etcétera, etcétera, etcétera.

Asumimos todas las recomendaciones del Consejo de Cuentas. La primera dice que debe proceder a la depuración de las cuentas... de determinadas cuentas que figuran en el Informe; que se deben agilizar los trabajos para la elaboración del Inventario General; nos parece urgentísimo, urgentísimo, para evitar problemas mayores de cara a... a la titularidad, etcétera, y cuestiones de... de no saber la situación actual de muchos de los bienes de la Comunidad.

Y también poner de manifiesto que el Informe dice que determinadas cuestiones han dejado claro que ahí no hay una suficiente coordinación entre el Servicio de Patrimonio y el Servicio de Contabilidad. Entendemos, pues que la Junta debería hacer caso y ser diligente respecto a estas recomendaciones.

Y, ya para ir finalizando, pues el Informe concluye con una opinión del Consejo de Cuentas, que más que una opinión es una constatación de... de hechos... de... el por qué no se ha llevado a cabo la revalorización contable de los bienes en nuestra Comunidad. Porque lo que viene a decir, lo que se ha visto a lo largo de todo el Informe es que empezamos la casa por el tejado. Hablo... no... hablo de la Junta de Castilla y León. Es decir, se dota de una Orden que da la autorización para una revalorización y, a la hora de proceder a llevar a cabo esta tarea de la propia Orden, lo que se ve es que no se puede hacer una revalorización en el sentido de que no hay... primero, no están en el inventario todos los bienes y derechos de... patrimoniales de la Comunidad, y, segundo, que hay muchos que no figuran en el módulo de activos fijos, y que lo que se ha procedido a hacer en este periodo es: los datos contables ya existentes pasarlos al sistema... al sistema de contabilidad de la Junta.

Conclusión: empezamos la casa por el tejado. Estamos mal en este sentido, no se ha cumplido... seguimos... en el tema del inventario seguimos en el mismo... bueno, en un punto...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Debe de ir acabando.

LA SEÑORA GÓMEZ DEL PULGAR MÚÑEZ:

(Sí, voy concluyendo). ... en un punto similar al año dos mil tres, cuando se puso de manifiesto ya, en un informe de fiscalización, que no había un inventario.

Y sí que me gustaría, pues, eso, ya que la opinión del Consejo al finalizar el Informe, desde mi punto de vista, es simplemente la constatación de unos hechos, pues a ver qué opina la Junta... el Consejo de Cuentas, perdón, si a la hora de... de desarrollar este Informe ha visto cómo está la situación en otras Comunidades Autónomas –no sé si... no sé si se ha hecho-, y, bueno, pues, en un... en una Comunidad Autónoma, ya, que tiene una mayoría de edad, que tiene una importante carga competencial, pues saber la opinión del Consejo de Cuentas, como... como órgano fiscalizador externo, de qué supone que, a día de hoy, no dispongamos de... de un inventario.

Y, bueno, respecto a la revalorización, ya nada más, porque el hecho de no tener un inventario se hace muy complicado; se hace muy complicado el poder proceder a dar cumplimiento a la Orden que es objeto de... de este... de este Informe de Fiscalización. Y, de momento, nada más. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para concluir el primer turno de intervenciones, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, el señor Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, señor Presidente. Efectivamente, estamos ahora con el Informe de Fiscalización de la Orden del once de julio de dos mil seis, de la Consejería de Hacienda, en la que se plantea la revalorización contable de los bienes incluidos en el Inventario General de Bienes y Derechos que forman parte del inmovilizado. El Informe concreto se refiere a la actualización de los ejercicios dos mil cinco a dos mil nueve, y quiero destacar, en primer lugar, que, bueno, como pone de manifiesto el Informe, no ha existido ningún tipo de limitación –como suele ser habitual- para la realización de los trabajos de fiscalización por parte del Consejo de Cuentas.

Destacar que el proceso de revalorización es una revalorización global, de todo el inmovilizado relativo a los bienes inmuebles de la Comunidad. Y se ha procedido a dar de alta los bienes, con excepción... –y quiero dejarlo bien claro: excepción- todos los bienes están dados de alta, con excepción de las carreteras, los montes y las vías pecuarias de la Comunidad. Y digo esto porque, si no se ha dado de alta esos bienes, obviamente –y con ello no estoy justificando el que no se haya avanzado en los trabajos-, no se ha hecho por el elevado coste que supondría la actualización y la valoración, tanto de los montes públicos como de las carreteras, como de las vías pecuarias de la Comunidad; trabajos muy costosos, que hasta el momento han impedido la posibilidad de culminar el proceso de revalorización de la Orden de la Consejería de Hacienda.

Por tanto, hay que matizar que sí se conoce cuáles son los bienes que forman parte del inventario. Puede haber diferencias, como se ha puesto de manifiesto por parte del Portavoz del Grupo Mixto, respecto a los asientos en los que deben de figurar, pero, efectivamente, no se han culminado los trabajos porque la excepción son los montes de utilidad pública, las carreteras y las vías pecuarias.

A fecha –como pone de manifiesto el Informe- de treinta y uno de diciembre, el módulo de activos fijos del SICCAL ya había vinculado a la Administración General y al Instituto Tecnológico Agrario. En el dos mil diez, como se ha puesto de manifiesto también, se implantó en el Instituto de la Juventud y en la Gerencia de Servicios Sociales, y en el dos mil once se vinculó al Servicio Público de Empleo, si bien, como pone de manifiesto el Informe, estos últimos no se han producido al enganche contable del módulo.

Destacar que los expedientes analizados, como pone de manifiesto el Informe, están, con carácter general –y cito textualmente-, "correctamente dados de alta en el Inventario General en todos los expedientes analizados, existe informe de tasación, coincidiendo los datos que figuran en este con los reflejados en la ficha del inventario con respecto al importe de tasación, fecha de alta patrimonial, modo de adquisición y estatus jurídico actual de los inmuebles".

El proceso de valorización no ha concluido –como he puesto de manifiesto- por la falta de la valoración de las carreteras y los montes, y por el elevado coste que supone para la Administración Autonómica el culminar esa valorización. Y, si no se ha producido, es por... por ese momento de crisis en el que nos encontramos y en el que es necesario priorizar los gastos.

Pero yo quiero lanzar un mensaje de... pues de tranquilidad, ¿no?, porque se ha puesto un panorama desolador respecto a la situación del inventario de la Junta. Creo que ese panorama no se ajusta a lo que se ha manifestado por parte de los Portavoces; es cierto... que me han precedido en el uso de la palabra. Es cierto que hay que avanzar en ese sentido, y que ha habido un proceso de paralización, pero que viene motivado por la no contabilización, como se ha puesto de manifiesto, de esas tres excepciones, que son las vías pecuarias, los montes de utilidad pública y las carreteras de la Comunidad, cuyo coste, para acabar el proceso de valorización, sería muy elevado, y por lo que la Junta, hasta el momento actual, no ha podido llevarlo a cabo. Pero sí matizar que, a diferencia de lo que se ha planteado aquí, sí se conoce perfectamente cuál es el inventario –excluidos esos bienes-, están tasados perfectamente, y puede haber algunas cuestiones, como pone de manifiesto el Informe, respecto a lo que son los asientos y a su incorporación a través del sistema de información contable de la Comunidad. Por mi parte, nada más, y muchas gracias, Presidente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para contestar a las intervenciones de los distintos Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Gracias, Presidente. Una intervención que va a ser breve, porque yo creo que, en líneas generales, pues se... se ha comprendido, de una manera cierta, lo que manifiesta este Informe de Fiscalización sobre la revalorización de los bienes de la Junta de Castilla y León.

Lo primero que sí, quizás, sería conveniente en relación... para hacer alguna aclaración sobre alguna de las intervenciones que ha habido aquí, es ver lo que son los objetivos de esta fiscalización. Y me ciño a lo que viene en el Informe de Fiscalización, en particular en su página cuatro, cuando dice que el objetivo es ni más ni menos que verificar la adecuada contabilización de los procedimientos de revalorización al que hace referencia la Orden de once de julio de dos mil seis, y, en segundo lugar, comprobar si la valoración de los bienes incluidos en el Inventario General de Bienes y Derechos registrados en el módulo de activos fijos del SICCAL coincide para aquellos bienes afectados por la Orden del once de julio de dos mil seis.

Y, en cuanto al alcance, y respecto a lo que es la Orden de revalorización, establece: "Verificar la aplicabilidad de la misma, de acuerdo con el marco jurídico existente, respecto del reflejo contable de la revalorización efectuada; verificar la adecuada contabilización del procedimiento de revalorización al que hace referencia la Orden once de julio de dos mil seis, de la Consejería de Hacienda; y analizar la justificación de los saldos existentes a treinta y uno de diciembre de dos mil nueve en las cuentas transitorias del inmovilizado".

Y después, también, tiene otro apartado respecto al Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad. En definitiva, comprobar el tipo de bienes incluidos en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad registrado en el módulo de activos fijos del SICCAL, y comprobar, a través de una muestra, si la valoración de los bienes incluidos en dicho módulo coincide para aquellos bienes afectados por la Orden once de julio de dos mil seis.

En definitiva, de lo que se está hablando: que el objetivo de esta fiscalización es la contabilización de la revalorización; y lo que se llega a la conclusión es que no se ha producido. Es decir, podemos decir, de una manera clara, de que esta Orden de la Consejería de Hacienda es una Orden fallida. Es decir, no se ha hecho la revalorización. Eso es lo que yo creo que ha quedado claro. Es decir, no quiere decir, no quiere decir de que, por ejemplo, el inventario –como se expresa en el Informe- no hace referencia a montes, carreteras y vías pecuarias, como se ha dicho claramente en el Informe. Estamos hablando de lo que es el objetivo de este Informe de Fiscalización. Y, si nos referimos, en el caso concreto de lo que son los bienes históricos, lo que se manifiesta en el Informe no es que no figuren en el inventario, sino que no... deben depurarse de una manera adecuada las cuentas contables en las que están registradas. Esa es la diferencia, que es importante poner de manifiesto.

Y, al mismo tiempo, yo también les invito a ustedes... –alguno lo ha hecho, de los que me han precedido en el uso de la palabra- es examinar lo que son las alegaciones y la contestación a las alegaciones.

En definitiva, cuando se hace la argumentación por parte de la Intervención de que se hubiese hecho una revalorización global; bueno, pues no se ha hecho esa revalorización global, porque la misma Orden establece cuál es el sistema de revalorización. Y lo que se dice claramente en la contestación es que se ha producido un alta contable para aquellos casos que vienen los... los bienes inmuebles de lo que son las cesiones o transferencias del Estado, y, en el caso de los bienes que sean productos de las inversiones, se ha producido el alta en el módulo de activos fijos por el mismo importe, pero agrupados por activos.

Eso es lo que se ha hecho, pero, en definitiva, lo que deja perfectamente claro el Informe es que no se ha dado, en ninguno de los supuestos que se ha analizado –en ninguno- un incremento de valor contable; y eso era el objeto de la orden. ¿Me explico? Es decir, nosotros, evidentemente, entendemos que es una necesidad legal la... tener el inventario del conjunto de los bienes y derechos, de acuerdo con lo que establece la Ley de Patrimonio –es una necesidad legal-, pero eso no quiere decir que el objeto de la fiscalización haya sido el inventario, sino la revalorización de una serie de bienes, que no lo han sido, de acuerdo... como se ha podido averiguar producto de este Informe.

En definitiva, nosotros lo que sí podemos expresar es que se trata de una Orden fallida, en tanto en cuanto el objeto de la Orden de la Consejería de Hacienda –que era la revalorización- no se ha efectuado. ¿De acuerdo? Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para consumir un turno de réplica, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Valderas Alonso.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Muchas gracias. Sí, lo que nos acaba de decir el Presidente es muy claro, efectivamente. El... el objetivo de este documento era averiguar si se habían revalorizado los bienes. Claro, ¿cómo se van a revalorizar, si ni siquiera están apuntados algunos, o están mal apuntados? Pues, efectivamente, no, no se ha cumplido la norma.

Sí quería decir un par de cosas con respecto a los bienes de... de la Junta. Sigo insistiendo en que es urgentísimo no solo revalorizarlos, sino además hacerlos bien. Sí les voy a plantear una cosa: no sé si saben cómo los funcionarios de Archivos, Bibliotecas y Museos... –lo digo porque es el cuerpo al que yo pertenezco- cómo calculamos el valor de los bienes. Lo calculamos como simples funcionarios: ¿cuánto costó este libro? 32 pesetas; 32 pesetas del año mil novecientos sesenta y tantos. ¡Ah!, pues, hombre, esto es un incunable, muy bonito, no sé qué, pues esto debe valer unos 6.000 euros; y lo ponemos debajo. Eso es lo que solemos hacer los funcionarios. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún índice de valor, no sabemos cuánto vale en el mercado.

¿Qué pasa cuando la Junta contrata esa misma valoración a una empresa? Que lo mira con respecto a un índice de subastas, al que tiene acceso –que nosotros no solemos tenerlo-, y, de repente, eso vale 30 millones de euros; y la Junta se encuentra con un problemón: tengo que prestarlo a no sé qué universidad, y esto hay que hacer un seguro. ¿Y qué hace? 32 pesetas, eso es lo que pone el papel. Se lo digo porque se sorprenderán de saber con qué valor están puestos algunos edificios históricos, algunos palacios; pues con valores ridículos, valores de... relacionados con la época de la... de la compra. ¿Por qué? Pues porque la Junta muchas veces se limita –como nos ha dicho- a poner asientos contables, que es transcribir documentos que salen de un archivo, y no se ponen al día.

La revalorización que nos propone -y que nos pide la... la normativa que hagamos- no solo es carísima, sino que además es bastante fallida, porque hoy vale mucho, el año que viene puede valer menos, el que viene no vale nada, el siguiente ya no está ese bien en nuestra lista... es decir, esto es un problemón tremendo.

Sigo pensando que el principal problema no es solamente revalorizarlo –puesto que muchas de estas cosas no se van a vender, ni se van a subastar, ni se van a... no hace falta una valoración exacta-; el mayor problema, para mí, es tener la lista.

Y les comento un caso que se nos dio en... en la provincia de León. Había un político que duró, pues como 20 o 30 años en el Gobierno –empezó con Franco y se murió hace un par de años-, Julio César Rodrigo de Santiago; fue desde Director General hasta Concejal de pueblo –de todo-, y siempre nos decía que a él se le iba a recordar en la historia de León por una sola cosa: por haber hecho el inventario de bienes de la Diputación Provincial de León. Efectivamente, un libro enorme, que ahora está ya pasado a ordenador, en el que están todos los bienes de la Diputación, y que le resolvió infinitos pleitos en los últimos 30 años.

El inventario hay que hacerlo; hay que hacerlo bien, hay que tenerlo accesible y hay que ponerlo al día continuamente. Ponerlo al día continuamente significa una legión de gente trabajando para él. Y les doy un ejemplo que nos puede pasar en cuestión de meses. Saben que hay un problema con el Parador de San Marcos. El Parador de San Marcos está metido en un ere, o sea, un tema de actualidad, no del año dos mil cinco. Si el Parador de San Marcos tuviese que privatizarse, habría que hacer una lista de lo que el Ministerio le cede al paisano que lo coja. ¿De quién es el Parador de San Marcos? Pues se sorprenderían de saber que la Consejería del señor Silván es copropietaria de una parte del Parador, porque la valla exterior y el aparcamiento se lo chingaron a una promoción urbanística -de la cual parte está sin pasar por la Notaría- a la que pertenece una cosa que se llama el Musac; que este año, al hablar de la discusión del... del Presupuesto, volvimos a decir que, exactamente, ¿de quién es el Musac? Porque ahí pone que es de la Fundación Siglo, pero que le debe un dinero a una tal Gical, que le debía, a su vez... que es una institución que ya desapareció, que le debía a otra que... que había en León... Hasta cuatro cesiones de ese solar están sin apuntar. Bien. Pues cuidadín, porque, al final, el dueño, que... el único que lo tiene registrado es el Obispo de León, que lo tiene apuntado desde hace tiempo.

Entonces, hay que hacer los inventarios, hay que ponerlos al día; cuesta muchísimo. Bueno, pues quizá no haya que hacer todos a la vez. Efectivamente, el tema de los montes en estos momentos, valorar los montes es complicadísimo. Pero le comento una cosa, señor Cruz, ¿y los que se queman? Porque se han quemado, se han quemado varios montes, y ahora alguien ha pedido cuál es el valor de ese monte; solamente para una cosa, para un tema de exenciones fiscales de una entidad que se llama Cofer Madera, que va a meter ahí dinero. Pues, fíjese, nos ha pillado otra vez la... el toro. En ese monte que se quemó necesitábamos tener el papel al día; y no lo hay. Está puesto la propiedad del monte, y no toda, porque hay proyecto solo de una parte.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Tiene que ir acabando, señor Valderas.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Finalizo. Los informes de... de tasación son urgentes. Habría que tener una fórmula, o un departamento, dedicado a la tasación constante. Deberíamos tener un departamento solamente para el inventario de bienes, que es de los principales de todas las entidades locales; y deberíamos de tenerlo puesto al día. Porque, si el inventario no existe, o sencillamente no es accesible, o no está el día que lo necesitamos, pues no puede pasar como nos ocurrió hace un par de meses, en el Pleno, cuando un servidor preguntó por un solar de la provincia de León, que estaba en poder de la Junta, y entonces, muy efectivamente, funcionó todo: la Consejera, por primera vez en muchos años, sacó y dijo: "Aquí tengo el registro del solar". Bien, no hubo... no hubo réplica en aquella pregunta; estaba clarísimo. Eso deberíamos de tenerlo siempre en la mano, un inventario con una tasación, y saber... un acceso inmediato a él.

¡Ah!, y, por cierto, les recuerdo que los inventarios son de uso público, con lo cual, si la Junta tiene problemas para encontrarlo –sus bienes y cuánto valen-, imagínese como alguien se ponga pesado en que quiere ver esa hojita y que la quiere tener encima de la mesa. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Valderas. Para acabar este turno de intervenciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cruz. Perdón. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Gómez del Pulgar.

LA SEÑORA GÓMEZ DEL PULGAR MÚÑEZ:

Gracias, Presidente. Nada, muy brevemente. Porque hemos escuchado en alguna de las intervenciones de algún Portavoz que se justificaba... que la ausencia de inventario solo afectaba a montes, vías pecuarias, carreteras, y... pues a nosotros no nos parece poco, porque, de hecho, se puede estar dando algún incumplimiento, como es la prometida Ley de Vías Pecuarias en... en nuestra Comunidad.

Y ya dije mi preocupación antes, entre las discrepancias entre las alegaciones presentadas por la Intervención General de la Consejería y la contestación a esas alegaciones, porque también he escuchado esta mañana, por parte de algún Portavoz en esta Comisión, pues la... o sea, intervención en la misma línea de las alegaciones: una era que la revalorización era de manera global, y otra que seguía sin concluir. Y nos preocupa que eso sea... sea la postura del Grupo que soporta a la Junta de Castilla y León, porque si entendemos que ese es el criterio a seguir y la lectura que hacemos de la Orden, el tema del inventario y la posible revalorización puede estar abierto por tiempo indefinido si asumimos esos... esos dos criterios. Y, bueno, pues... pues lo que se ha comentado por parte del Presidente, que leamos la contestación a las... a las alegaciones, que creo que viene bastante claro el por qué no es un procedimiento de manera global de todos los bienes, ni abierto en el tiempo. Que la propia Orden da un plazo muy concreto, que es... la Disposición Transitoria tiene un plazo de vigencia que es claro y contundente, que es la formación de las cuentas del ejercicio dos mil cinco, que, como ya sabemos, ese plazo está concluido. Entonces, debería ya estar hecho este proceso.

Y ya, para concluir, pues, respecto a la intervención del Presidente, que se refería a los objetivos del Informe, es cierto lo que ha comentado respecto a los objetivos del Informe; pero también es cierto que el objetivo de los Grupos, conociendo las conclusiones del Informe, pues es razonable que... que pongamos de manifiesto nuestra preocupación por... por el tema de que no haya, a día de hoy, un inventario completo en nuestra... en nuestra Comunidad. Y, bueno, pues ya veremos la... la fórmula de... de instar a la Junta de Castilla y León en su responsabilidad de agilizar esos... esos trabajos, como ya dice la recomendación del propio Consejo. Y nada más, muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Ahora sí, para finalizar, y en un turno de réplica, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, Presidente, y con absoluta brevedad. Yo he reconocido que no se ha cumplido el objeto de fiscalización del Informe de revalorización; porque he dicho que ni siquiera se ha concluido la elaboración del inventario en tres aspectos. Con eso creo que queda todo claro. No se ha cumplido la valoración de los montes de utilidad pública, de las vías pecuarias y de las carreteras, y, por lo tanto, al no haber cumplido la primera parte, no se ha podido revalorizar. Lo que sí es cierto es que el valor se actualiza, como se ha puesto de manifiesto, aunque hay una diferencia de criterio entre la Junta de Castilla y León y el Consejo de Cuentas en una partida que cuenta el inmovilizado transitorio, y que sufre valoraciones de incrementos o detracción, en función de si se van contabilizando bienes inmuebles de forma individualizada, se detrae ese valor de la partida de inmovilizado transitorio. Pero he reconocido, efectivamente, que la Orden de revalorización no se ha cumplido, porque, entre otras cosas, falta por valorar una parte fundamental del patrimonio de la Junta de Castilla y León, como son los montes de utilidad pública, las vías pecuarias y las carreteras. Y que si no se ha hecho es por el elevado coste que supondría finalizar esa valoración en esos tres apartados. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Cruz. Tiene de nuevo la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí, gracias. Brevísimamente. Solamente, pues para abundar en lo que han expresado los distintos Portavoces, y que todos creemos que es absolutamente necesario tener un inventario permanentemente actualizado; y eso, desde luego, redundará en una mejora de lo que es la gestión pública del conjunto de los bienes de nuestra Comunidad Autónoma.

Y, al mismo tiempo, reiterarnos en lo que hemos expresado ya en nuestra anterior intervención, en la primera intervención, también en lo que son las recomendaciones. En... en definitiva, que haya una adecuada colaboración y... y coordinación entre los Servicios de Patrimonio y de Contabilidad, y que, al mismo tiempo, pues se efectúe ya, de una manera cierta, esa elaboración del inventario general del conjunto de los bienes y derechos que integran la Comunidad.

Y, dese luego, sí sería en estos momentos deseable o conveniente, pues efectuar esa revalorización del conjunto de los bienes de nuestra Comunidad en los términos en que en su día había propuesto esta Orden de julio del año dos mil seis. Nada más, y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de 5 días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al Informe de Fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo sábado, día veintinueve de diciembre.

Tercer punto del Orden del Día. Por la señora Secretaria se dará lectura del tercer punto del Orden del Día.

Informe

LA SECRETARIA (SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ):

Gracias, señor Presidente. Tercer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad, correspondiente al ejercicio dos mil nueve, del Consejo de Cuentas de Castilla y León".

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para la presentación de este Informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Gracias, Presidente. El presente Informe de Fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil once, y resultó aprobado por el Pleno del Consejo de Cuentas con fecha veinte de septiembre de dos mil doce. La publicación en la página web, tanto del texto íntegro del Informe como de la nota resumen del mismo, tuvo lugar el veintisiete de septiembre de dos mil doce.

El contenido del Informe se ha estructurado en 5 tomos, con el siguiente detalle: tomo 1, parte general; tomo 2, resultado del examen de la Cuenta General de la Comunidad y de la Cuenta General de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas a contabilidad pública; tomo 3, resultado del examen de las operaciones de la Administración General de la Comunidad; tomo 4, resultado del examen de las operaciones del resto de entidades que integran la Cuenta General de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas a contabilidad pública; y tomo 5, resultado del examen de la Cuenta General de las empresas públicas de la Comunidad y de la Cuenta General de las fundaciones públicas de la Comunidad.

El objetivo de este informe ha sido la emisión de una opinión sobre la fiabilidad y exactitud de la Cuenta General de la Comunidad del ejercicio dos mil nueve. Para ello, se ha realizado un examen exhaustivo de la misma, con el fin de verificar, por un lado, si la Cuenta General de la Comunidad se ha rendido respetando las normas que le son de aplicación respecto a plazo, estructura, contenido, así como los criterios de agregación o consolidación; y, por otro, si la Cuenta General de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública se presenta de acuerdo con los principios y normas contables definidos en el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad, así como la sujeción a las normas económico-presupuestarias de las operaciones que la sustentan.

Además, y dada su menor importancia, se ha analizado la consistencia de determinada información financiera de las cuentas generales de las fundaciones y empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León.

El alcance de las actuaciones fiscalizadoras se ha referido al ejercicio dos mil nueve, no han existido limitaciones que hayan afectado al alcance de los trabajos de fiscalización realizado, excepto algunas deficiencias en la documentación justificativa aportada relativa a tres expedientes de la muestra de ingresos tributarios y un expediente de la muestra de otros ingresos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, el informe provisional se remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara las alegaciones que estimara oportunas. Transcurrido el plazo establecido al efecto, la Consejera de Hacienda remitió escrito por el que dio traslado al Consejo de Cuentas de las alegaciones formuladas por el Interventor General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como las formuladas por otras entidades del sector público de la Comunidad. Dichas alegaciones se incorporaron como anexo al Informe, habiendo sido objeto de análisis pormenorizado, dando lugar las admitidas a la modificación del informe provisional.

La opinión del Consejo es que la Cuenta General de la Comunidad correspondiente al ejercicio dos mil nueve se ha presentado, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación, y refleja de forma fiable su actividad económica-financiera, excepto por los incumplimientos recogidos en el Informe y por las siguientes salvedades, que detallaré a lo largo de esta exposición, como son: la consolidación solo parcial realizada en el estado de liquidación del Presupuesto; los derechos y obligaciones indebidamente reconocidos, por importe de 254.476.245 euros y 2.858.328 euros, en el ámbito de la Administración General; deficiencias en la documentación aportada e incidencias en la gestión de algunos expedientes del Presupuesto; omisión, en la Cuenta General, de las opiniones manifestadas en los informes de la auditoría de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al Régimen de Contabilidad Pública, al no haberse emitido a la fecha de edición de la misma; la agregación o consolidación de cuentas sin considerar las limitaciones, salvedades o incertidumbres contenidas en la opinión de los informes de auditoría de las cuentas anuales de siete entidades sujetas al Régimen de Contabilidad Pública; y la existencia de obligaciones pendientes de imputar e indebidamente imputadas al Presupuesto de dos mil nueve en la Gerencia Regional de Salud.

La Cuenta General de la Comunidad correspondiente al ejercicio dos mil nueve se ha rendido dentro del plazo legalmente establecido, respetando la estructura prevista por la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, y recogiendo la información establecida en el Artículo 228 de la citada ley. Sin embargo, sigue sin incluir las cuentas de todas las entidades que deberían de estar integradas en la misma, ya que no se han incluido las cuentas del Consejo de la Juventud ni las del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León. Tampoco figuran en la memoria explicativa las salvedades puestas de manifiesto en los preceptivos informes de auditoría realizados sobre las cuentas anuales de dos empresas públicas de la Comunidad, según previene la Ley de Hacienda de la Comunidad -Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, S. A., y Sociedad Pública del Medio Ambiente de Castilla y León, S. A.-, y en tres fundaciones -Fundación General de la Universidad de Salamanca, Fundación Hospital Clínico Veterinario y Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca-.

También se han puesto de manifiesto limitaciones, salvedades e incertidumbres en las opiniones de los informes de auditoría correspondientes a siete entidades integradas en la Cuenta General de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al Régimen de Contabilidad Pública -Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, Ente Regional de la Energía de Castilla y León y las cuatro universidades públicas-; opiniones que no han sido tenidas en cuenta por la Intervención General, ya que la agregación o consolidación de la Cuenta General se ha realizado con anterioridad a la emisión de dichos informes.

El contenido de la memoria de la Cuenta General de la Comunidad se ajusta, en general, a lo establecido en la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008, pero sería necesario que fuese más completa y amplia, y de este modo permitir una mejor comprensión de los documentos que integran dicha Cuenta General.

El estado agregado de cambios en el patrimonio neto y el estado agregado de flujos de efectivo de la Cuenta General de las empresas públicas de la Comunidad no refleja adecuadamente la realidad económica y financiera, al no incluir los datos de todos los entes que integran la Cuenta.

Al igual que en ejercicios anteriores, los criterios utilizados para la formación de la Cuenta General de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública no son compatibles con los utilizados por el Estado para la formación de la Cuenta General del sector público administrativo, ya que se ha formado mediante agregación, que no consolidación, del balance y la cuenta de resultado económico patrimonial. Esta práctica tiene como consecuencia que tampoco exista coherencia interna entre los distintos estados que conforman la Cuenta General.

No obstante, los criterios utilizados para la formación de la Cuenta General de las empresas y fundaciones públicas de la Comunidad sí son compatibles con los utilizados por el Estado para la formación de dichas cuentas.

Respecto al examen de la coherencia con el sistema de información contable, las diferencias encontradas se deben a la distinta ubicación de determinadas cuentas en los balances que figuran en las cuentas anuales de las entidades y en los balances extraídos del SICCAL y a la incorrecta agrupación de las transferencias y subvenciones en el resultado económico patrimonial de la Agencia de Inversiones y Servicios. La agregación realizada en el balance y en la cuenta del resultado económico patrimonial no da información adecuada sobre el patrimonio y la situación económico-patrimonial y financiera del sector público de la Comunidad, sujeto al régimen de contabilidad pública, al producir duplicidades, y, por tanto, sobrevaloraciones en las magnitudes contables que reflejan las operaciones internas realizadas entre las diversas entidades; concretamente, en transferencias corrientes y de capital, y en la cesión y adscripción de bienes.

La consolidación efectuada en el estado de liquidación del Presupuesto es una consolidación parcial -al no haberse eliminado todas las operaciones internas entre las distintas entidades que integran esta Cuenta General- y no responde a las bases de presentación recogidas en la memoria ni a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008. Por tanto, el estado de liquidación del Presupuesto consolidado no representa fielmente la ejecución del Presupuesto y el resultado presupuestario de las entidades que integran dicha Cuenta globalmente consideradas.

Centrándonos ahora en las cuentas de la Administración General, se ha verificado la adecuada financiación de las modificaciones presupuestarias examinadas, así como el cumplimiento general de la legalidad vigente, con algunas excepciones, entre las que destaca la incorrecta tramitación de los expedientes de generación de crédito.

Durante el ejercicio fiscalizado se han constituido dos avales, por un importe de 36 millones de euros, habiéndose cancelado uno, por importe de 1.335.582 euros. El riesgo vivo, a treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, de los avales concedidos por la Administración General de la Comunidad ascendió a 43.262.150 euros, de los que 295.917 euros se corresponden con tres avales vencidos, que han resultado fallidos sin que por parte de la Comunidad se solicitaran garantías adicionales a ninguna de las tres entidades cuyos avales resultaron fallidos.

Por lo que se refiere a las operaciones del endeudamiento de la Administración General, durante el ejercicio dos mil nueve se ha emitido deuda pública por importe de 450 millones de euros, y se han concertado préstamos a largo plazo por importe de 924.091.898 euros. El importe amortizado ascendió a 104.866.000 euros, y, al final del ejercicio fiscalizado, el saldo vivo del endeudamiento a corto plazo fue de 175 millones de euros, y el de largo plazo de 2.664.148.188 euros, siendo este último un 90,99 % superior respecto del existente al cierre del ejercicio anterior.

Se ha comprobado que se cumplen los límites del endeudamiento para la Administración General establecidos en la normativa de la Comunidad.

En la tramitación económico-presupuestaria se ha verificado que, en general, se cumplen los requisitos básicos, aunque se han detectado algunas deficiencias en la documentación aportada, especialmente con referencia al reconocimiento de derechos, en los que no se aportan los justificantes que acreditan el hecho que lo ha motivado en un número significativo de documentos, y no se acredita correctamente la toma de razón en contabilidad ni la autorización para su contabilización.

Se ha comprobado que, en general, las operaciones se han registrado de acuerdo con los principios y normas contables, salvo por los derechos y obligaciones indebidamente reconocidos, por importe de 254.476.245 euros y 2.858.328 euros.

En el examen de las cuentas correspondientes al resto de las entidades del sector público sujetas al régimen de contabilidad pública se ha verificado la adecuación de la financiación de las modificaciones presupuestarias, así como el cumplimiento general de la legalidad vigente en la tramitación de los expedientes de modificación, salvo por algunas deficiencias detectadas, entre las que destaca la ausencia del documento de ingreso o documento de la oficina de contabilidad que acredite la obtención de recursos superiores a los estimados en el Presupuesto inicial en los expedientes de generación de crédito.

Además, se comprobó que la información relativa a las modificaciones que figura en los resúmenes generales de la Memoria de la Cuenta General es coincidente con la información obtenida de los sistemas de información contable de la Comunidad, excepto por un error material en la información referida a las transferencias de crédito. Esta comparación no pudo llevarse a efecto en el caso de las universidades ni en la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario, al no estar integrado su sistema de información contable en el sistema de la Comunidad Autónoma.

En el análisis de las obligaciones reconocidas y derechos liquidados durante el ejercicio se ha comprobado que, en general, se cumplen los requisitos básicos de la tramitación económico-presupuestaria, aunque se han detectado algunas deficiencias en la documentación aportada y algunas incidencias en la gestión de los expedientes del Presupuesto.

Así, en la contabilidad del Servicio Público de Empleo se han reconocido indebidamente derechos por importe de 958.903 euros, y en la contabilidad de la Gerencia Regional de Salud existen derechos reconocidos por importe de 6.235.886 euros, que fueron transferidos por el Estado a la Junta el treinta y uno de agosto de dos mil nueve y que, a fecha treinta y uno de diciembre de dicho año, esta aún no lo había transferido a la Gerencia Regional de Salud.

El endeudamiento agregado de las entidades del sector público sujetas al régimen de contabilidad pública, a excepción de la Administración General, considerando los criterios utilizados para el cálculo de los límites del programa de endeudamiento, aumentó en dos mil nueve, con respecto al ejercicio anterior, en un 5,62 %, siendo su saldo, al final del ejercicio, 50.677.155 euros. Las únicas entidades endeudadas son las universidades autonómicas, a excepción de la Universidad de Valladolid, y dentro de ellas destaca la Universidad de Salamanca, con un endeudamiento que supone el 65,93 % del total. Se ha constatado que todas las entidades, con carácter previo a la formalización de la operación de endeudamiento, han obtenido la autorización de la Tesorería General.

En el ejercicio dos mil nueve solamente se ha concedido un aval por parte de las entidades públicas. Dicho aval, por importe de 600.000 euros, fue formalizado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León en favor de la sociedad mercantil Inversiones Milanillos, S. L., habiéndose verificado que no se ha realizado conforme al procedimiento legalmente establecido, al no haber facultado la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año dos mil nueve al ITA para que pueda avalar ninguna clase de operaciones de crédito, ni haber sido aprobada ninguna ley autorizando la prestación del aval. Sin embargo, sí se ha constatado la comunicación de la formalización de dicho aval a la Consejería de Hacienda.

La Administración General financia a la Administración Institucional y a las universidades de la Comunidad en un alto porcentaje, tal como se deduce de los datos de la liquidación de los presupuestos de ingresos de cada entidad, en los que se muestra que el 79,66 % de los ingresos totales de dichas entidades provienen de transferencias recibidas del sector público de la Comunidad, siendo dicho porcentaje ligeramente inferior al del ejercicio anterior.

En cuanto a los informes de auditoría de cuentas y de control financiero permanente de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, sus opiniones no han sido recogidas en la Cuenta General, al no haberse emitido a la fecha de cierre de la edición de dicha Cuenta.

Además, los informes de control financiero permanente realizados en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud han puesto de manifiesto que en el ejercicio dos mil nueve la gestión económica-financiera llevada a cabo por esta Gerencia no se ha ajustado a las normas, disposiciones y directrices que le son de aplicación.

Así, a la vista de las principales incidencias detectadas en los estados de la cuenta rendida por la Gerencia Regional de Salud ha sido necesario efectuar un ajuste neto positivo de las obligaciones reconocidas por dicha Gerencia por un importe de 397.058.014 euros, lo que va a repercutir en la Cuenta General de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública.

Este incremento en el importe de las obligaciones reconocidas ha supuesto un 11,65 % sobre el total de las mismas, lo que significa que los estados rendidos no reflejen adecuadamente la situación presupuestaria de la Gerencia Regional de Salud.

Por otra parte, se hace necesario señalar que el importe de los créditos definitivos asignados a las distintas Gerencias de la Gerencia Regional de Salud en el ejercicio dos mil nueve resultó insuficiente para atender el gasto de las mismas, por lo que el importe de las obligaciones no reconocidas en cada ejercicio por falta de crédito en los presupuestos de la Gerencia Regional de Salud, sobre todo en el Capítulo 2 (Gastos Corrientes en Bienes y Servicios) aumenta cada año, debiendo este importe ser asumido por el organismo en el ejercicio o ejercicios siguientes.

Esta insuficiencia presupuestaria ocasiona a la Gerencia Regional de Salud unos gastos por intereses de demora, que en dos mil nueve se contabilizaron en 2.248.000 euros, si bien se han dejado de imputar gastos por este mismo concepto por importe de 995.252 euros, siendo la cuantía considerablemente inferior a la del ejercicio precedente.

Realizado el seguimiento de debilidades puestas de manifiesto en anteriores informes de fiscalización, se ha constatado que la gran mayoría se mantienen, tanto por la Administración General como por el resto de entidades sujetas al régimen de contabilidad pública.

Como consecuencia de los resultados del trabajo realizado, el Consejo de Cuentas ha propuesto una serie de ajustes respecto de la Cuenta General de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, que han supuesto una disminución, tanto en el activo como en el pasivo del balance agregado, de 130.347.719 euros; una disminución del saldo de la cuenta de resultado económico patrimonial de 13.754.187 euros; y una disminución en el resultado presupuestario consolidado de 694.634.836 euros, lo que supone que el resultado presupuestario consolidado ajustado sería negativo por un importe de 1.282.524.799 euros.

Pasando al examen de la Cuenta General de las empresas públicas de la Comunidad, se ha comprobado que esta comprende los estados previstos en la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008, pero no suministra la información sobre la ejecución de los presupuestos de explotación y capital exigida por la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad. La agregación, en términos generales, se ha realizado de forma correcta; las diferencias existentes se deben a la elaboración de los estados agregados a partir de los estados remitidos a la Intervención General en formato de hoja de cálculo.

La memoria se ajusta, en general, a lo establecido en la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008, pero no completa, amplía y comenta la información contenida de los estados agregados.

En el análisis de la importancia relativa de las empresas públicas de la Cuenta General se ha puesto de manifiesto que ADE Parques es la que cuenta con mayor porcentaje de los gastos de explotación, con un 52,89 % del total de los gastos, seguida de Sotur, con un 22,53 %.

Respecto a la representatividad en el balance agregado, las empresas con mayor peso son ADE Parques y Provilsa, y, respecto al resultado, la empresa ADE Parques, con un resultado negativo de 4.112.784 euros, que ha contribuido en un 88 % al resultado agregado negativo final de 4.673.380 euros.

Las operaciones de endeudamiento con las entidades de crédito de las empresas públicas han alcanzado un importe de 401.725.077 euros, lo que supone un incremento del 39,87 % con respecto al ejercicio anterior. Seis empresas tienen formalizadas operaciones de endeudamiento, siendo ADE Parques y Provilsa quienes presentan mayores índices de endeudamiento, con un 60,29 % y un 34,27 % respectivamente del total. De entre todas las empresas públicas de la Comunidad, solamente ADE Financiación ha formalizado avales durante el ejercicio dos mil nueve, por importe de 37 millones de euros.

Las empresas públicas han percibido subvenciones por un importe de 55.264.673 euros, proviniendo en el 99,62 % de los casos de la Administración Autonómica y suponiendo un 32,22 % de sus ingresos totales. Por beneficiarias, destacan Sotur, que ha recibido el 59,78 % del total, y ADE Financiación, con un 34,77 %, constituyendo estas subvenciones prácticamente su única fuente de financiación.

Las opiniones plasmadas en los informes de auditoría de cuentas anuales del ejercicio dos mil nueve de todas las empresas, excepto por los efectos de una salvedad y de dos incertidumbres en el informe de Ciusal y de una incertidumbre en el de Somacyl, indican que en el citado ejercicio dichas cuentas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de sus operaciones y de los cambios en el patrimonio neto.

Del análisis de la Cuenta General de las fundaciones públicas de la Comunidad se deduce que esta comprende los estados exigidos en la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008, si bien no constan los estados de ejecución de los presupuestos de explotación y capital. La estructura de dichos estados agregados no coincide con la rendida por las fundaciones públicas a nivel individual, habiendo realizado correctamente la Intervención General las reclasificaciones oportunas.

La agregación de los estados que conforman la Cuenta General de las fundaciones públicas se ha realizado de forma correcta y la memoria se ajusta, en general, a lo establecido en la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008, si bien no completa, amplía y comenta la información contenida en los estados agregados.

La fundación que ha presentado mayor peso específico en la Cuenta General, en términos de importancia relativa –casi con un 25 % del total de los gastos-, ha sido la Fundación Siglo, seguida de la Fundación General de la Universidad de Valladolid, con un 19,26 %. Con respecto a la representatividad en el balance agregado, las fundaciones de mayor peso son Siglo y Patrimonio Natural. Y respecto al resultado destaca la Fundación Hemoterapia y Hemodonación, que ha contribuido con un 32,17 % al resultado agregado final.

Las únicas fundaciones que, a treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, mantienen una deuda viva con entidades de crédito son la Fundación Centro Supercomputación de Castilla y León, con un importe de 2.760.760 euros, y la Fundación Serla, con un importe de 109.546 euros. Respecto a dos mil ocho, el endeudamiento total del sector público fundacional ha disminuido el 37,94 %. Ninguna de las fundaciones ha concedido avales, según se desprende de las cuentas y de la información facilitada.

Las fundaciones públicas han percibido subvenciones por importe de 88.084.563 euros, procediendo el 81,72 % de este importe de la Administración Autonómica. Para 8 de las 17 fundaciones las subvenciones constituyen prácticamente su única fuente de financiación, siendo la Fundación Siglo la que ha percibido un mayor importe de subvenciones, con un 33,99 % del total, seguida de la Fundación Patrimonio Natural, con un 17,93 %.

Las opiniones plasmadas en los informes de auditoría de cuentas anuales del ejercicio dos mil nueve de casi todas las fundaciones, excepto por los efectos de la incertidumbre puesta de manifiesto en el informe de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, la salvedad en el informe de la Fundación Hospital Clínico Universitario y la denegación de opinión en el informe de la Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca, indican que en el citado ejercicio dichas cuentas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de sus operaciones y de los cambios en el patrimonio neto.

Y, por último, en el análisis efectuado del Programa Anual de Endeudamiento de la Comunidad se ha puesto de manifiesto que el endeudamiento del conjunto del sector público de la Comunidad, a treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, ha sido de 3.227.047.547 euros, importe que supera en 173.563.547 euros el límite aprobado en el Programa Anual de Endeudamiento para dos mil nueve, lo que supone un exceso del 5,68 %.

Los tres grupos de entidades contemplados en el programa –Administración General y organismos autónomos, universidades y resto de entidades del sector de Administración Pública, según definición SEC 95- superaron individualmente el endeudamiento máximo previsto para dos mil nueve.

A la vista de los resultados expuestos, y dado que la mayoría de las recomendaciones efectuadas en informes de ejercicios anteriores no han sido tenidas en cuenta, el Consejo vuelve a recomendar a la Comunidad que implante el Sistema de Información Contable en las universidades públicas, en la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, en el Consejo de la Juventud y en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León, y que impulse las mejoras necesarias en dicho sistema para que tanto el funcionamiento de las cuentas como el registro de los gastos librados a justificar se adapte a la normativa contable. Además, se recomienda desarrollar normas reguladoras de dicho sistema con el fin de clarificar los ajustes realizados y delimitar el uso de los documentos contables relacionados con dichos ajustes.

También se sigue instando a la Comunidad para que aumente la información contenida en la memoria, en especial la relativa al detalle de las operaciones realizadas para la elaboración de los estados consolidados agregados, para que continúe con la depuración y regularización de los saldos de las cuentas contrarios a su naturaleza, de lo que no se ajuste a la normativa reguladora de las operaciones que lo sustentan y de la cuenta de inmovilizado transitoria, y para que en el balance de situación de la Administración General se incluyan todas las existencias en metálico de saldos en cuentas bancarias titularidad de las mismas.

La Comunidad debe agilizar los procesos para la elaboración del Inventario General, de forma que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, y elaborar normas que homogeneicen los criterios de registro y amortización de los bienes.

También deberá completar la documentación justificativa a incorporar en los expedientes de reconocimiento de derechos incluidos en la liquidación del presupuesto de ingresos, así como realizar un seguimiento de los derechos pendientes de cobro, de forma que se lleven a cabo las gestiones necesarias para evitar su prescripción, y la depuración de aquellos que hubieran prescrito a treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.

Por su parte, la Gerencia Regional de Salud debería tener en cuenta, a la hora de dotar los créditos, que debe de atender los gastos que ha dejado pendientes de imputar en este ejercicio, así como estimar en su contabilidad la cuantía de los intereses que pudieran devengarse como consecuencia de los retrasos en los pagos a los acreedores.

En cuanto a las empresas y fundaciones públicas, se recomienda que la memoria presente información complementaria a las cuentas anuales y que la Cuenta General, tanto del sector público empresarial como del fundacional, proporcione información en materia de liquidación y ejecución de los presupuestos de explotación y capital, así como de las desviaciones presupuestarias y sus causas. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones de los Grupos Parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Valderas Alonso.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Sí, muchas gracias. Es un informe muy completo, que le agradecemos mucho, porque los 5 tomos deben ser algo bastante más farragoso.

Bien. Lo primero que se descubre en todo este informe –y es algo que nosotros hemos planteado muchas veces en... en las Cortes- es que la Administración paralela –lo que llamamos entes dependientes de la Junta-, pues, efectivamente, son paralelos. Es que la Junta reconoce en sus propios documentos que no les controla. Es que aquí no sé si se da cuenta del volumen de... de datos que está dando. Hay entidades que se han equivocado al poner los apuntes en 250 millones. Bueno, eso... eso normalmente pasa por un cese de Director General hasta abajo, pero unos cuantos, solamente por el error contable, ¿no? Que luego no es que hayan robado, ni hayan quitado nada; es que sencillamente se ha colocado en mal sitio.

Pero es que creo que hay hasta siete párrafos donde se dice que los entes son incontrolables, que se equivocan en los datos, que proporcionan los datos erróneamente, que tienen cuentas que no se ajustan a la realidad; hay uno, incluso, que da avales sin tener permiso -el famoso ITA-. Espero que lo hayan arreglado, porque cuando aquí dice que el ITA da unos millones de avales en el año dos mil nueve, y que no tenía permiso... espero que ahora los tenga, porque uno de los problemas que nos hemos planteado al hacer las cuentas de este año es los avales del ITA, ¿qué iba a pasar con ellos?, porque no han pagado, ha habido que renovarlos.

Ha mencionado incluso el problema de los bienes, los bienes adscritos a los entes, que, efectivamente, tienen problemas. Bueno, pues volvemos a... al apartado anterior, cuando hablábamos del inventario de bienes, pues claro que tienen problemas.

Se menciona que las universidades tienen unos datos que no están correctamente aplicados en el año dos mil nueve. Hombre, las universidades en el año dos mil nueve ya estaban intervenidas por la Junta. La Junta de Castilla y León, de una manera bastante precoz, intervino las universidades mucho antes de que hoy nos interviniese a todos, ¿no? La crisis no había empezado como la tenemos actualmente, los recortes no eran como actualmente, y esa generalidad de que la Junta se mete en todas partes, pues no era normal entonces. Pero sí lo era ya en las universidades; las universidades ya entonces no gastaban un paquete de folios sin llamar a la Junta.

Por lo tanto, entiendo que lo que ha ocurrido es que las... ha habido una desconexión entre el papeleo que hacen las universidades y el que hace la Junta a la hora de su control.

No es lo mismo que dice con respecto a los demás entes. Se mencionan hasta quince entes que proporcionan datos incorrectos o que no tienen métodos de cálculo correctos. Bueno, pues hay... hay varias fórmulas: se pueden corregir, se pueden arreglar los entes o los podemos fulminar. Porque es que cuando encima nos dicen con toda claridad de dónde viene el dinero de los entes... si el dinero sale de la Junta, muchos de ellos realmente no estarían justificados al margen de la Junta, cuando además ese margen les sirve para hacer las cosas mal y, especialmente, para algo que hemos recalcado muchísimas veces: para estar al margen del control parlamentario.

La situación que nos encontramos es que estamos ahora revisando cuentas del dos mil nueve, pero es que si queremos revisar las cuentas de Sotur, o de cualquier fundación universitaria, o de lo que queramos, se nos dice: no, las del dos mil once no están disponibles; tienen que ser las del dos mil diez, que ya las entregaron a no sé dónde. Pídalas. ¿Cómo que pídalas? O sea, hemos tenido verdaderos espectáculos en el Pleno pidiendo cuentas de una factura que circula por un ente y decir la Junta que no sabe dónde está, que es que no existe. ¿Cómo que no existe? La tiene Sotur; otra cosa es que a lo mejor hasta dentro de tres años no procede traerla aquí, pero ustedes tienen acceso a ella.

Es decir, el acceso a las informaciones de los entes es difícil; es difícil para la Junta, a la hora de hacer sus cuentas, y es prácticamente imposible para la Oposición. Y eso que hablamos de cuentas del dos mil nueve; como para hablar de las del dos mil doce, que está recién terminado.

Hay, por tanto, una falta de transparencia, que se resuelve, pues devolviendo los entes a su sitio o haciéndoles un... imponiéndoles unas obligaciones, que, por lo que veo, desde el dos mil nueve hasta el dos mil trece todavía no se han hecho demasiado.

Se menciona los avales. Los avales, en nuestra opinión, deberían ser mucho más controlados. Pues, porque hemos visto cosas en el Boletín absolutamente increíbles: se da una cifra para los avales que luego se cambia durante el año. ¡Como que pudiera hacerse un cambio de... de normativa tan... tan sencillo, que, a su vez, supone un cambio en el presupuesto! Se cambia la normativa, se dan de repente a una sola empresa dos días antes de acabar el papeleo -esto ocurrió en el dos mil once con la empresa Renault-, se dan por parte del ITA, se prorrogan por parte del ITA, y no hemos visto en el Boletín esa prórroga.

Hace unos días nos ha sorprendido en un Consejo de Gobierno hablando de unos avales que han dado la semana pasada, con respecto a un presupuesto de este año dos mil doce que no incluía avales. Es decir, ¿qué pasa con los avales? Ya lo reclaman aquí.

El año dos mil nueve los avales tenían un cierto descontrol. Bueno, pues confío en que del dos mil nueve al dos mil trece se haya mejorado y que se mejore para siempre. Es decir, que... que, o los quitamos o los damos con unas ciertas condiciones. Pero es muy importante que este informe diga que los avales dan problemas.

También es muy importante que diga que las modificaciones presupuestarias se hacen un poquitín alegremente. Un servidor lo ha dicho varias veces en el Pleno y me han dicho que no. ¿Cómo que no? Se hacen como les da la gana. La cuenta del año dos mil once dice con toda claridad que la empresa Junta de Castilla y León varió el 10 % de su presupuesto anual, por el curioso sistema de modificaciones presupuestarias. Aquí vemos que ya lo hacía en el año dos mil nueve.

Y está muy bien que lo recoja, porque sobre un ejemplo que ustedes encuentran, nos permite a nosotros decir que las modificaciones presupuestarias deben seguir un procedimiento serio y público, y que no se debe saltar nunca. Y se lo digo porque tenemos un problema político –a ustedes no les afecta, como Consejo, pero a nosotros sí-: la nueva ley que tenemos de... de déficit presupuestario facilita el que se diga: esta parte del presupuesto no la cumplo porque no tengo ingresos suficientes; la ley lo dice.

Pero bueno, falta la segunda parte: hay que hacer un expediente. Nos estamos encontrando con multitud de juicios, porque la Junta ofrece ciertas cantidades, hace ciertos documentos –como, por ejemplo, subvenciones-, y luego no los paga, o no los quiere pagar, o los quiere anular. Bueno, pues todo eso deriva en modificaciones presupuestarias bastante irregulares. Debería haber una norma sobre eso.

Entiendo que todo lo que nos está contando referido al del año dos mil nueve y entiendo que alguna de estas cosas se habrán reformado desde el dos mil nueve hasta hoy, y que ni a ustedes ni a nosotros nos corresponde en este momento revisarlo. Si ya estos problemas no van a volver a pasar, porque ya se han resuelto, que es realmente lo que nos importa; es decir, estamos fiscalizando el dos mil nueve, pero nos importa mucho más si estos problemas siguen en cartel.

Bueno, pues entiendo que con eso, pues, tenemos el Grupo de Oposición una buena lista de cosas para preguntar a los diversos Consejeros y al Grupo Popular durante los próximos... los próximos meses. Y, por ejemplo, hay un tema muy serio, el de educación –que se menciona aquí-, hay varios temas de hacienda muy importantes... Bien, no corresponden a la situación de hoy, pero, evidentemente, todo lo que aquí se señala hay que saber: primero, si se va a resolver –con respecto al año dos mil nueve- con estas recomendaciones, y, segundo, si es que alguna de ellas todavía sigue sin resolverse al 100 %. Que eso es un tema que tenemos aquí... problema de proceso; el Consejo de Cuentas no tiene por qué saber si esto ya se resolvió en el dos mil trece, en la iniciativa que se aprobó ayer, por ejemplo, en el Pleno de... de presupuestos, pero nosotros sí, nos interesaremos por ello.

Finalizo –como es una de las últimas intervenciones ya- en decirle que me parecen muy interesantes los tres informes que nos han presentado; los tres son bastante duros con respecto a la Junta; los tres recogen ejemplos donde, sin hacer demasiada sangre con respecto a la Junta, sí que se dice esto está mal, esto está mal y esto también; en los tres se les dice cómo se podría arreglar. Y eso es exactamente para lo que se hizo el Consejo de Cuentas y para lo que se renovó hace muy poco. Había una duda de si podríamos prescindir de esta entidad, porque no era necesaria, había ya una en Madrid... Bueno, pues la duda está resuelta: nos urge que esta entidad siga trabajando y dando mucha guerra, porque es la que aporta una información de tipo independiente –o bastante independiente- con respecto a cómo hace la Junta las cosas. Eso, para los que estamos en el lado político... y concretamente en la Oposición, es importantísimo, porque, claro, nuestra opinión al leer un informe jurídico o... o económico en veinte minutos, pues puede ser una auténtica barbaridad, pero si tenemos en qué apoyarnos y si hay antecedentes y hay documentos oficiales de entidades que son independientes, pues nos ayuda mucho; y nos ayuda a presionar a la Junta a que haga las cosas mejor, que es lo único que se le pide. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín Martínez.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Gracias. Buenos días. Intentaré ser lo más breve posible. En primer lugar, por supuesto, reiterar la bienvenida al Presidente, Consejeros y... y resto de personal del Consejo de Cuentas, a este que -a mi juicio- es el debate sobre el informe de fiscalización más importante del año; normalmente, aquel en el que se analiza el... el debate... la fiscalización de la Cuenta General.

El problema es que estamos a... a veintiuno de diciembre del dos mil doce viendo la Cuenta General del dos mil nueve, con lo cual este... este debate ahora mismo yo creo que no le importa absolutamente a nadie por este desfase tan exagerado de... entre... entre el año que se analiza y... y el momento actual.

Estamos en un proceso de reforma, de reforma de... de la legislación, también de... del funcionamiento del Consejo de Cuentas, y deberíamos estar... -creo que... que en las reformas se... se incluye- deberíamos estar viendo, como mínimo, el del dos mil diez, y tener ya muy adelantadas las directrices de... del del dos mil... del del dos mil once. Es una necesidad, a nuestro juicio, imperiosa este... esta agilización de la... de la labor del Consejo de Cuentas, sobre todo cuando se conocen las conclusiones y recomendaciones de... de este informe del año dos mil nueve, que son las mismas que en las de años anteriores, y que siguen poniendo los pelos como escarpias, evidentemente, a la vista de... de lo que está... de lo que está sucediendo.

El problema... el problema es que, además, además de este retraso que lleva a que el informe, esta fiscalización, a estas alturas, ya no le interese a nadie, además, hay... hay otro efecto fundamental, que es que no pasa nada; no pasa nada por lo que diga el informe, no pasa nada por cuáles sean las conclusiones, por cuáles sean las recomendaciones, no pasa nada... Yo estoy en contra de lo que dijo mi compañero José Ignacio Martín Benito: aquí no es que la Junta tropiece en... en los... en las mismas actitudes, que tropiece dos veces en la misma piedra; no, no, es que la Junta tira la pedrada exactamente igual, año tras año, porque sabe que no pasa nada. Y eso es lo que desvirtúa también totalmente este... este debate.

Y... y le voy a hacer una propuesta, señor Presidente: ahora que estamos en pleno proceso de... de reforma de la legislación de funcionamiento del Consejo de Cuentas y que –como he podido ver ayer en el anteproyecto presentado- se recogen, como... como proponía el Consejo de Cuentas, las multas coercitivas para aplicar a aquella... a aquellos entes –incluso personas físicas- que incumplieran la... con la obligación de la remisión de cuentas, igual había que estudiar... igual había que estudiar la adopción de determinadas medidas para aquellas instituciones -y personas físicas también- que incumplieran reiteradamente las recomendaciones de... del Consejo de Cuentas, sobre todo cuando ese incumplimiento supusiera... -como vamos a ver- supusiera un menoscabo también para las arcas de la Comunidad; a fin de cuentas, para... para el dinero que pagamos todos los ciudadanos de... de Castilla y León.

Y solo... solo un dato del año dos mil nueve, reiterado de años anteriores –y posteriores, ya se lo adelanto, para... para que trabajen menos cuando les llegue el... la Cuenta del dos mil once-, pero... efectivamente, por ejemplo, lo que usted ha dicho, las obligaciones de la Gerencia Regional de Salud del año dos mil nueve pendientes de imputar a treinta y uno de diciembre del dos mil nueve. Por si no ha quedado claro cuando usted lo ha dicho, son 719.978.937,28 euros, correspondientes a facturas escondidas en los cajones de la Gerencia Regional de Sanidad en el año dos mil nueve; exactamente igual que lo vimos en años anteriores, y que ya le adelanto que en el año dos mil once ha aumentado esas facturas escondidas en los cajones a mil sese... -en el caso de la Gerencia Regional de... de Salud- a 1.116 millones de euros escondidos en los cajones.

Como consecuencia de... de esta práctica tan novedosa -que se viene repitiendo año tras año, como... como hemos conocido en los informes anteriores-, resulta que los ajustes que propone el Consejo de Cuentas en el resultado presupuestario, con... con el ajuste de estas cantidades de la Gerencia Regional de Salud y de... y otro... y otra serie de ajustes, resulta que hay un incremento del déficit –que usted también lo ha dicho, pero por si acaso a alguien se le ha escapado- de 649.634.836 euros. Esto supone que para los apóstoles del déficit en que... en que se han convertido la Junta de Castilla y León -que es su único objetivo y su sanctasanctórum-, cuando decían que el déficit del año dos mil nueve era de 639 millones de euros, pues resulta que no; resulta que no, y que, como en años anteriores, el déficit real era el doble, exactamente el doble, 649 millones más, hasta llegar a 1.282 millones.

Yo creo que esto son los datos que quería avanzar en el inicio de... de la intervención, por si acaso alguien no... no ha reparado en ellos -por la lectura tan rápida de... del Presidente de... de la fiscalización del Informe General-, para que, de una manera más reposada, seamos todos conscientes de lo que... de lo que esto significa, el volumen de facturas escondidas en los cajones y el incremento del déficit que ha... que ha descubierto y... y aflorado el Consejo de Cuentas en relación al que decían los apóstoles del déficit.

Y, hombre, yo lo único que espero también es que en próximos informes, cuando ustedes se reúnan para analizar si... si, en base a las conclusiones que han obtenido de estos informes, existe o no responsabilidad contable y se cumplen los cinco criterios que conocemos para que... para que se entienda que... que existe responsabilidad contable, yo lo que espero es que, en... en el informe del... del dos mil diez, y sobre todo en el dos mil once, tengan en cuenta lo establecido en la... en la Ley 15/2010 en relación al pago a proveedores; y ya le adelanto que en el dos mil once se van a encontrar con lo siguiente –digo para... para... para... para ver si existe responsabilidad contable o no-: se van a encontrar con un volumen total de facturas en los cajones de 1.062 millones, financiados con cargo al plan de proveedores, que nos va a costar, por la negligencia de la Junta de Castilla y León, nada más y nada menos que 485 millones de euros en intereses durante la vigencia del préstamo del Plan de Pago a Proveedores. Digo para que se vayan haciendo a la idea de lo que se van a encontrar a la hora de determinar si hay... si ha habido responsabilidad contable en el año dos mil once o no.

En rela... estos son los datos que quería destacar. A partir de aquí, el análisis de la Cuenta General, bueno, pues hay que decir que, como en los años anteriores, la Cuenta General no la aprueba nadie –no la aprueba nadie en la Junta-, no... no se responsabiliza nadie de ella; la Consejera la remite, y en las Cortes tampoco se aprueba, incumpliendo así el Artículo 234 de la Ley de Hacienda, por la cual la Cuenta debe ser aprobada por las Cortes de Castilla y León. Y la Consejera, como en años anteriores –y... y el señor Núñez Encabo es experto en... en esto-, la Consejera de Hacienda tampoco asume las alegaciones al Informe del Consejo, porque se limita a remitir las alegaciones de otros, en concreto de... del Interventor General. Parece que la Consejera, como el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, no quiere saber nada... –no me extraña, además- no quiere saber nada de la Cuenta General de la Comunidad.

¿Conclusiones relevantes? Usted ha dicho algunas de ellas: existen entidades –esto es importante, claro, a mí me parece vital- cuyos informes de auditoría de cuentas anuales han denegado la opinión, expresado salvedades o manifestado incertidumbres, y, en concreto, ni más ni menos que en la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, que ahora absorbe ni más ni menos que a Provilsa.

También se han puesto de manifiesto limitaciones, salvedades e incertidumbres en las opiniones de los informes de auditoría correspondientes... nada, solo a siete entidades integradas en la Cuenta General de las entidades del sector público de la Comunidad; nada, solo el... el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León –una cosa pequeña-; otra cosa pequeña, la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, el Ente Regional de la Energía de Castilla y León y las cuatro universidades.

La Memoria de la Cuenta General de la Comunidad no incluye la opinión manifestada por los auditores en los correspondientes informes de auditoría de cada una de las entidades cuyas cuentas se integran en la Cuenta General de las entidades del sector público de la Comunidad. Esto muy normal no es, ¿no? Esto de que... de que analice... nos remita al Consejo de Cuentas la Cuenta General y no le remitan la auditoría realizada a cualquiera... a cualquiera de estos entes, hombre, es normal, porque lo han hecho todos los años, pero, desde luego, no debería ser normal; y, es más, debería ser, a mi juicio, hasta punible.

En cuanto a la Cuenta General de las entidades del sector público sujetas a contabilidad, el estado de liquidación del presupuesto rendido no es coherente con la información financiera del balance y de la cuenta de resultado económico patrimonial. El estado de liquidación del presupuesto consolidado no representa fielmente la ejecución del presupuesto y el resultado presupuestario de las entidades que integran dicha cuenta globalmente consideradas.

En cuanto al resto de entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, en la contabilidad de la Gerencia Regional de Salud, además de lo que... de lo que hemos dicho de los 720 millones, existen derechos reconocidos por importe de más de 6.000.000, que fueron transferidos por el Estado a la Junta el treinta y uno de agosto del dos mil nueve, y que, a fecha de treinta y uno de diciembre de dicho año, todavía no lo había transferido a su destinatario, que es la propia Gerencia de Salud.

Los datos de la liquidación de los presupuestos de ingresos de cada entidad muestran que el 80 % -el 79,7- de los ingresos totales de dichas entidades provienen de transferencias recibidas del sector público de la Comunidad.

Esto me parece muy interesante: la Intervención ha realizado la agregación o consolidación de las cuentas de estas entidades sin considerar las limitaciones, salvedades e incertidumbres puestas de manifiesto en los informes de auditoría de siete de ellos; es decir, donde conocemos, las hay donde no se remite el informe de auditoría, y, donde se remite el informe de auditoría, vemos –ven ustedes, en el Consejo de Cuentas- que la Intervención lo ha remitido porque se le habrá escapado, pero, desde luego, no ha hecho ningún caso en relación a las observaciones y salvedades recogidas en esos informes de auditorías.

Volvemos a repetir: las obligaciones pendientes de imputar al presupuesto del dos mil nueve, por importe de 720 millones de euros, de los cuales... –fíjese hasta dónde... hasta dónde llega la broma- de ellos, 170 millones, 170, corresponden a obligaciones generadas en el ejercicio dos mil ocho y anteriores; o sea, todavía, a treinta y uno de diciembre del dos mil nueve, todavía había facturas en los cajones por 170 millones de euros, no del año dos mil nueve, del dos mil... del dos mil ocho y de años anteriores. Es... yo, para que se vaya preparando para el dos mil once, a ver si hay responsabilidad contable en esta actuación...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Vaya acabando, señor Martín.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... que... que se ha mantenido, o no.

El importe de los créditos definitivos, asignados a las distintas Gerencias de la Gerencia Regional de Salud en el dos mil nueve, resultó insuficiente para atender el gasto de las mismas.

Las conclusiones del... del Tomo 4 son absolutamente contundentes del endeudamiento con las entidades de crédito de las empresas públicas ya ha hablado usted, y por falta de tiempo no voy a repetirlo, pero... pero está bien conocerlo, porque extraña un poco que... que por los apóstoles del déficit y no de... y del no endeudamiento se haya llegado al nivel de... de endeudamiento que ahora conocemos realmente, porque es la primera información que tenemos gracias a la Cuenta General.

Y, en concreto, por ejemplo, el endeudamiento de Sotur, que ahora refunden con la Fundación Siglo, en la operación cosmética que todos conocemos. Simplemente, simplemente, por si usted lo leyó demasiado rápido, el endeudamiento del conjunto... y alguien no se enteró, yo voy a repetir que el endeudamiento del conjunto del sector público de la Comunidad a treinta y uno de diciembre del dos mil nueve... –del dos mil nueve, ¿eh?, no estamos hablando de ahora; lo de ahora, imagínense- ya en el dos mil nueve era de 3.227 millones de euros, 3.227 millones de euros para los apóstoles del no endeudamiento -mire dónde... mire dónde estaba escondido el de verdad-; importe que supera en 174 millones de euros... –para los apóstoles del déficit; estos que contienen el gasto, el endeudamiento, etcétera- supera en 174 millones de euros el límite aprobado en el programa anual de... de endeudamiento; es decir, más de un 6 %. En fin, podíamos seguir así... Hay... hay temas, como, efectivamente, el aval del ITA, donde no se ha respetado para nada el procedimiento legalmente establecido, y otra... otra serie de conclusiones que demuestran... demuestran cómo se gestiona realmente por estos maravillosos gestores -que es la Comunidad Autónoma en su conjunto-, por estos apóstoles del déficit y del no endeudamiento, cómo se gestiona realmente.

Pero el problema, don Jesús, usted... usted y yo lo sabemos, el problema no es esto, y el problema no es lo que ustedes han aflorado en el... en el informe del año dos mil nueve, el problema es que esto es anterior, y anterior y anterior; y siguen haciendo exactamente lo mismo en el dos mil nueve –por mi experiencia se lo puedo decir- que en el noventa y nueve. Y mientras no pase nada, mientras no pase nada, esto va a seguir así.

Por eso, yo le invito a que, dentro de las posibilidades que tiene el Consejo de Cuentas, se promuevan aquellas modificaciones... -algunas ya se han promovido- y, en concreto, lo que establece la Ley de Estabilidad ya le... les va a dar que pensar a estos magníficos gestores la forma de actuar, pero incluso desde el Consejo de Cuentas que se promuevan, igual que las multas coercitivas para aquellos que no cumplen con la obligación de... de remisión, algún otro tipo de medida que ponga un poco más en serio...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... la... la seriedad que ya tiene este... este informe. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, Presidente. En primer lugar, quiero hacer unas consideraciones sobre lo que se ha planteado, que es el retraso en dar la cuenta.

Yo creo que todos los Grupos Parlamentarios hemos hecho un esfuerzo por ver la cuenta y agilizar los trámites de lo que son los informes de fiscalización del Consejo de Cuentas ante esta Comisión y creo que hemos dado buena muestra de ello a lo largo de este último trimestre. Por tanto, no creo que sea achacable al Grupo Parlamentario Popular y a la Junta el momento en que se ve la Cuenta General.

Desde luego, creo, y quiero poner de manifiesto, que todos hemos hecho un esfuerzo para agilizar la tramitación de los informes de fiscalización ante la Comisión de Hacienda.

Mis primeras palabras quieren ser –al igual que han sido las del Grupo Mixto- de agradecimiento al Consejo de Cuentas por la labor que desarrolla y para darle el respaldo, como Grupo Parlamentario, como un órgano fundamental para conocer, efectivamente, la situación de fiscalización no solo de las cuentas de la Comunidad que hoy estamos viendo, sino del conjunto del sector público autonómico, como sucede con todos los OCE que están en el ámbito autonómico. Y, desde el punto de vista político, creo que es fundamental respaldar la posición y la necesidad de esta institución en el seno de la Comunidad, porque la labor que podría desarrollar el Tribunal de Cuentas, dado el volumen de trabajo, estaríamos hablando –como se ha puesto aquí de manifiesto- de retrasos muchísimo mayores.

En segundo lugar, hace referencia a lo que ha sido... fue objeto del debate en la tramitación de la Cuenta General del dos mil ocho, respecto a la posibilidad de quién, o no, podía plantear alegaciones a los informes provisionales. Ya ha quedado claramente puesto de manifiesto, a raíz del acuerdo que se ha adoptado en el Pleno del Consejo de Cuentas el pasado mes de abril, que el Interventor de la Comunidad está perfectamente habilitado para presentar... es competente para presentar alegaciones al informe provisional, tanto a la Cuenta General como a los aspectos relativos al fondo de... los trámites previos del Fondo de Compensación Interterritorial, y también a la Orden de la Consejería de Hacienda, a raíz de ese acuerdo. Lo que ya eleva la polémica... quita la polémica que fue objeto de debate durante mucho tiempo en esta Comisión –y que hoy ha puesto de manifiesto también el Portavoz del Grupo Socialista- de que el Interventor está perfectamente... es una persona perfectamente competente para presentar las alegaciones.

A diferencia de lo que hemos escuchado aquí respecto a la Cuenta General de dos mil nueve, lo primero que quiero poner de manifiesto es que la Junta cumple, en primer lugar, rindiendo la cuenta dentro del plazo establecido, respetando la estructura establecida por la Ley de Hacienda y recogiendo la información establecida por ello.

De hecho, la opinión que emite el Consejo –cito textualmente- es que "la cuenta responde, con carácter general, a los principios y normas contables que le son de aplicación y reflejo de forma fiable a la actividad económico-financiera de la Comunidad".

Y aquí se ha puesto de manifiesto, especialmente por parte del Portavoz del Grupo Socialista, el aspecto de la falta de transparencia, se ha hablado del déficit oculto, de las facturas de los cajones.

Yo creo que la Junta puede hacer gala de la transparencia económico-financiera; y lo hace, porque además hay una organización no gubernamental que recientemente ha dado la máxima calificación a esa transparencia de la Junta de Castilla y León en la gestión económico-financiera. Y hoy buen ejemplo de ello es esta tramitación de la Cuenta General, con todo el rigor del Consejo de Cuentas, ante la Comisión de Hacienda.

Pero se ha hablado de un déficit oculto, y ha sido el Portavoz del... del Grupo Socialista el que hablaba de facturas escondidas en los cajones. Yo, simplemente, quiero hacer un llamamiento a que se lea con detenimiento el Informe del Consejo de Cuentas y a plantear que el que pone de manifiesto esa situación de la Gerencia Regional de Salud es el propio Interventor de la Administración Autonómica; y lo dice textualmente en la página cuarenta y cuatro del Tomo 4. Y, si quiere, le puedo leer textualmente lo que dice esa página cuarenta y cuatro, en la que -leo textualmente- dice: "Auditoría de regularidad del ámbito de la gestión. Los informes emitidos en el ámbito del control financiero permanente por la Intervención General, respecto a las auditorías reguladas... de... perdón, de regularidad, realizadas en las Gerencias de Atención Especializada, Atención Primaria y Emergencias Sanitarias ponen de manifiesto que en dos mil nueve la gestión económico-financiera llevada a cabo por la Gerencia Regional de Salud no se ha ajustado a las normas, disposiciones y directrices que le son de aplicación. Las principales incidencias detectadas son... –y las correlaciona en la página cuarenta y cinco".

Por tanto, difícilmente se puede hablar aquí de ocultismo y de facturas en los cajones cuando ha sido el propio Interventor de la Junta de Castilla y León quien lo ha puesto de manifiesto y lo recoge textualmente el Informe del Consejo de Cuentas en su página cuarenta y cuatro.

El Consejo propone, efectivamente, un ajuste de 649,6 millones, que corresponderían a una minoración, por una parte, de derechos liquidados, y, por otra parte, de obligaciones reconocidas. Todas las obligaciones reconocidas que se plantean en el Informe vienen motivadas de facturas de la Gerencia Regional de Salud; facturas que estaban reconocidas, que eran... que estaban contabilizadas pero que no tenían un asiento presupuestario para poder hacer frente al pago.

Y, obviamente, eso es conocido y lo ha hecho público –como he puesto de manifiesto- el propio Interventor de la Junta de Castilla y León. El hecho de que esa... de que estos... contabilización, este importe de la contabilidad financiera, no esté vinculada, no se puede considerar como déficit oculto porque sí lo ha tenido en cuenta la Administración General del Estado al calcular el cómputo del déficit. No, por lo tanto, se puede computar como el déficit oculto.

Se ha puesto de manifiesto también un aspecto importante, que es el volumen de la deuda pública de la Comunidad en ese momento por parte de los Portavoces que me han precedido.

Me resulta curioso que se alarme el Grupo Socialista del volumen de deuda pública que tiene la Comunidad al finalizar el ejercicio de dos mil nueve, cuando históricamente ha sido el Grupo Socialista el que estaba planteando siempre el que se plantee... [murmullos] ... se plantee ese volumen de endeudamiento.

La deuda, en todo caso, no... [murmullos] ... la deuda no superó el...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Perdone. Perdone un momentín. ¿Perdón? [Murmullos]. ¿De orden o de llamada al Reglamento? [Murmullos]. ¿A qué artículo hace mención? [Murmullos].

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Simple... simplemente, señor Presidente...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Silencio, por favor.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... me gustaría... me gustaría recordar a la Mesa –al Presidente y a la Mesa, y espero que la Letrada encuentre inmediatamente el... el punto del Reglamento- que en este debate, en este debate, lo que se está debatiendo es el Informe de... de Fiscalización presentado por el Consejo de Cuentas, por lo cual... por lo cual, no hay posibilidad... no hay posibilidad a... a réplica ni dúplica en relación a la intervención de los Portavoces del resto de los Grupos. Es... yo... yo... yo... yo le pediría... le pediría al Presidente que llamara... [murmullos] ...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Silencio, por favor.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... al Portavoz del Grupo Popular...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Yo creo que no hace...

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... a hablar... a hablar...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

... que no conviene ponerse nerviosos.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... del... del informe que está sujeto... que está sujeto al debate (Artículo 74, me dicen ahora mismo).

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

No... no ha lugar a debate entre los Grupos.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Muchas gracias. Continúe con la exposición, señor Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

(Continúo. Gracias, señor Presidente). Estaba comentando que, en todo caso, ese... esa deuda a la Comunidad no es una deuda alarmante, porque Castilla y León es una de las Comunidades –a día de hoy, y lo era en el año dos mil nueve- menos endeudadas del conjunto de las Comunidades Autónomas; y lo ponen de manifiesto continuamente los informes del Ministerio de Hacienda al respecto, que nos sitúa como la cuarta Comunidad menos endeudada del conjunto de la Administración Pública... de la Administración Autonómica.

En todo caso, la deuda no superó el 6 %, sino el 5,6; y había... la deuda se cumplió en el ámbito de los límites de la Administración General, si bien no se cumplió en el resto de las empresas públicas, donde se produjo ese incremento sobre la estimación del 5,6.

En todo caso, el Informe quiero decir que verifica la adecuada financiación, así como el cumplimiento de la legalidad vigente en un aspecto también relativo a lo que son las modificaciones presupuestarias tanto de la Administración General como de la del resto de las entidades, destacando únicamente la incorrecta tramitación de algunas generaciones de crédito.

En lo relativo a las empresas públicas y fundaciones, el Consejo considera que "la Cuenta General –y cito textualmente- de las fundaciones públicas de la Comunidad comprenden los estados exigidos normativamente, pero sin contar con los estados de ejecución de los presupuestos de explotación". Y, del mismo modo, en las empresas públicas el Informe comprueba que la Cuenta General de las entidades públicas de la Comunidad comprende los estados previstos normativamente, y entiende que la agrupación, en términos generales, se ha realizado de forma correcta.

Por tanto, el resumen que podemos hacer, efectivamente, es que ni se puede hablar de déficit oculto, y entendemos que esos 646 millones de euros que se han puesto de manifiesto se han puesto de manifiesto claramente y previamente en el informe de la Intervención General al... al... a la Gerencia... a la auditoría a la Gerencia Regional de Salud, tanto en la parte que comprendía la Atención Primaria y la Atención Especializada como en lo relativo a las emergencias sanitarias.

Y quiero recordar que ese es un problema que es un problema histórico, y que viene derivado del denominado "déficit sanitario"; ese déficit sanitario que impide que el conjunto de la Administración Pública Autonómica haga frente a todo el gasto sanitario, y que motivó, entre otras cosas, que hubiese una... un déficit sanitario de más de 15.000 millones de euros en el conjunto de las Comunidades Autónomas del país, y que motivó la necesidad de plantear un Plan de Pago a Proveedores para corregir esas deficiencias, motivado por un sistema de financiación que no cubre las necesidades básicas de financiación de los... que supone el gasto social -el gasto sanitario, el gasto educativo- en el conjunto de las Comunidades Autónomas.

Pero ni podemos hablar de déficit oculto –porque era conocido por la Intervención y también por la Administración General del Estado, y, por lo tanto, lo que estamos planteando es que el propio Interventor conocía y puso de manifiesto esas circunstancias-, y hay que poner de manifiesto el cumplimiento general de la legalidad de la Junta de Castilla y León en tanto en la rendición de la Cuenta como en los principales aspectos del Informe. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para contestar a las intervenciones, tiene la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Gracias, Presidente. Yo creo que contestar, poco. En su caso, pues aclarar o comentar alguna de las intervenciones que ha habido a lo largo de... de esta mañana.

En primer lugar, sí me gustaría expresar públicamente el reconocimiento y el agradecimiento a los tres Portavoces de los Grupos Parlamentarios por el apoyo expreso a la institución del Consejo de Cuentas. Como todos ustedes saben, estamos inmersos en un proceso de remodelación, de... de modificación de nuestra normativa, y, en ese sentido, pues yo creo que es tremendamente oportuna, pues las manifestaciones que han hecho los tres Portavoces; y, en ese sentido, lo que sí les puedo decir es que todos los integrantes del Consejo de Cuentas –empezando por todos y cada uno de los empleados-, pues hoy se encuentran, en ese sentido, amparados, respaldados y reforzados en su quehacer y en la brillante y extenuante labor de... de trabajo que están haciendo a lo largo de todos estos años los integrantes del Consejo de Cuentas –y me refiero, evidentemente, a los empleados de esta institución-.

Entrando ya en algunas de las apreciaciones que se han hecho por los intervinientes, yo, sinceramente, creo que, cuando se habla del tema de los avales, don Alejandro, hay una regulación muy específica y muy explícita, y que todos los Parlamentarios tienen la posibilidad de conocer de una manera exhaustiva, porque el mismo Artículo 211, el Artículo 211 establece la posibilidad, establece la obligación de que cada dos meses se remitirá a la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León una relación de los avales autorizados; y, a partir de ahí, evidentemente, pues no se conocerán otros aspectos de los avales, pero sí en lo que se refiere esas obligaciones que asume la Junta de Castilla y León. Seamos conscientes que eso viene regulado en la Ley de Hacienda.

Otra cuestión distinta es que se pretenda o se desee por los Grupos Parlamentarios tener un conocimiento más exhaustivo y específico de cada uno de los avales. Pero, en cuanto a lo que es la concesión de avales, existe esa obligación desde el punto de vista de lo que es el cumplimiento de la Ley de Hacienda.

En relación a... a lo que se ha comentado sobre ese desfase por parte del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, entre la formalización del Informe y su rendición y su exposición ante esta Comisión, pues decirle que ya lo expusimos nosotros el pasado cuatro de octubre, cuando comparecimos ante esta Comisión de Hacienda, que era nuestro propósito y deseo intentar agilizar y abreviar los trámites para que la Cuenta General se pudiese emitir el Informe de Fiscalización en el plazo de un año. Esa era... el propósito nuestro, ese es nuestro deseo; pero, desde luego, también es necesario, para que eso se pueda formalizar, pues que el Consejo de Cuentas, pues disponga, pues de la capacidad para realizar dichos informes, y que al mismo tiempo todos seamos conscientes de la extensión que supone el análisis de lo que es la Cuenta General.

En ese sentido, les indico que... que a veces, con frecuencia, pues el envío en papel de toda la documentación pues supone ingentes problemas a la hora de la comprobación de si toda y cada una de la documentación que ha recibido se corresponde con la necesaria para la formalización del estudio de fiscalización de la Cuenta General.

Por eso, juntamente con lo que estoy diciendo, pues es necesario instrumentar lo que es la remisión telemática de la información para, de esa manera, conseguir agilizar los plazos en beneficio de todos; porque coincidimos, desde el Consejo de Cuentas, de que esa agilidad tiene que estar presente en todos y cada uno de nuestros informes; y que, desde luego, el ciudadano tiene derecho a saber –como hemos dicho en multitud de ocasiones-, cuanto antes, cuanto antes, cómo se ha gestionado económica y financieramente cualquier ámbito económico de nuestra Comunidad Autónoma.

Y, en ese sentido, el Consejo de Cuentas es plenamente consciente de que esa es una demanda social, y que tenemos la obligación y el deber de atender a esa demanda social.

En cuanto a esa posibilidad, nosotros, evidentemente, ahora examinaremos esa modificación, ese anteproyecto que se ha elaborado por la Junta de Castilla y León, y estableceremos cuál es el criterio del Consejo de Cuentas respecto a dicho proyecto. Hoy por hoy, lo que sí le puedo es que no podemos, evidentemente, avanzar nada.

No obstante, sí le anticipo que el concepto de multas coercitivas, en los términos en que fue planteado por el Consejo de Cuentas, es claramente distinto del que suscita usted, claramente distinto. Entonces, en ese sentido, sí sería bueno y oportuno tenerlo en consideración en la mañana de hoy, que son aspectos punibles totalmente diferentes lo que usted propugna de lo que en su día se expresó públicamente por el Consejo de Cuentas, y que así se dio traslado a la Junta de Castilla y León, así como a los Grupos Parlamentarios, que tienen conocimiento de cuál era nuestra postura sobre el particular.

Respecto a lo que es también el Informe, pues yo creo que, como todos ustedes han puesto de manifiesto, pues ponen de relieve dificultades y deficiencias importantes a la hora de lo que es la gestión económica por parte de la Junta de Castilla y León. Y yo, me gustaría incidir fundamentalmente en lo que es la opinión. Y la opinión, si bien expresa de una manera clara que cumple, de una manera general, los principios y normas contables, hay seis observaciones que viene a establecer la opinión, y que son las conclusiones once, veintitrés, cuarenta y dos, cuarenta y siete, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve. Y solamente me gustaría incidir que, de estas seis conclusiones –si no me he confundido-, única y exclusivamente se han alegado a la conclusión número once; es decir, las otras -veintitrés, cuarenta y dos, cuarenta y siete, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve- serán... y no se han objetado, en absoluto, por la Junta de Castilla y León.

En ese sentido, hay -si ustedes me aceptan la expresión- pues un reconocimiento implícito de la rectitud a la hora de hacer esas apreciaciones. La única que ha sido discutida es la número once, que hace referencia a que la consolidación ha sido parcial, en lo que se refiere al estado de liquidación de presupuestos. Pero si estamos hablando de lo que es la conclusión número veintitrés, respecto a lo que son derechos y obligaciones indebidamente reconocidos, pues, evidentemente, hay un reconocimiento expreso por parte de la Intervención en lo que son esos 254 millones y esos 2.858.000 euros. Así como también hay un reconocimiento de la inadecuada contabilidad, en el caso concreto del Servicio Público de Empleo, o de los derechos reconocidos de la Gerencia Regional de Salud. O también en lo que se refiere a las conclusiones cuarenta y siete, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve, que gravitan de manera fundamental sobre la Gerencia Regional de Salud y sobre las limitaciones, salvedades e incertidumbres que se han puesto de manifiesto en las distintas auditorías -exactamente la del Instituto Tecnológico Agrario, la Agencia de Inversiones de Castilla y León, el Ente Regional de la Energía, etcétera, etcétera-.

En definitiva, yo lo que sí me gustaría dejar constancia en la mañana de hoy de que desde el Consejo de Cuentas se considera necesario, oportuno y... y más que conveniente, inclusive, pues que por la Junta de Castilla y León se adoptasen el conjunto de las recomendaciones que se han expresado en este Informe de Fiscalización de la Cuenta General del año dos mil nueve, y que, desde luego, ello contribuiría de una manera cierta a tener una Cuenta General que sería mucho más transparente desde el punto de vista de un perfecto conocimiento por parte de todos los ciudadanos de cuál es la situación económica-financiera de nuestra Comunidad Autónoma. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para consumir un turno de réplica, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Valderas.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Muchas gracias. Únicamente, concluir con lo que acaba de decir el Presidente. A nosotros también nos gustaría una cuenta más transparente; mucho más transparente, puesto que las informaciones que nos proporcionan son escasas, y además son verdaderamente extrañas, porque no hay un teléfono de urgencias de a quién preguntar. Como usted dice, ni viene firmado, ni sabemos de dónde viene ese documento; simplemente se aparece encima de nuestras mesas de vez en cuando –no sabemos si en tiempo y forma o cuando les parece-, y, bueno, pues es una forma bastante extraña de controlar a la Junta, porque no sabemos bien ni... ni qué derechos tenemos de consulta.

Y con respecto a la falta de documentación que se nos proporciona, le diré que lo de los avales –se lo voy a decir con toda la propiedad- es un escándalo, es un escándalo. Yo tengo unas carpetitas de documentación que recojo de las... de los presupuestos, documentación que recojo de las... de las preguntas parlamentarias, documentación que recojo de la prensa, y ahí se habla de una serie de avales dados a ciertas empresas de diversas provincias y de unas prolongaciones de avales anteriores de los que luego el disquete que nos envía Hacienda... –y he revisado en el archivo de esta casa el dos mil once y el dos mil doce completos- no hay nada. O los avales los da otra entidad que no consta en el disquete o son algún tipo de información que no tienen por qué enviarnos y por eso no nos la envían.

Pero la palabra "aval" encontrada en un periódico o en un boletín no se corresponde con el disquete que Hacienda nos envía. Es un problema de información; o sea, no digo que lo hagan mal, digo que no nos lo cuentan. Entonces, sí reitero: necesitamos más información que la simple Cuenta General que se nos envía.

Y con respecto a las propuestas que hace, pues le apoyo en todas esas y en muchas más que haga, y cuanto antes las tengamos en un boletín diciendo: y el que no haga esto, se va al Itacyl, a Tudela de Duero. Vale. Pues sería una fórmula, ¿no? Igual las multas no se puede, pero un traslado a un sitio interesante, entre alcachofas, pues podría ser también muy útil. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Valderas. En un turno de réplica, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Gracias. Antes que nada, a efectos del Diario de Sesiones, quiero que conste que la interrupción en... en el turno anterior la realicé en base a los Artículos 75 y 76 de... del Reglamento, no exactamente el 74.

A partir de ahí, volviendo a la Cuenta... a la Cuenta General del año dos mil nueve, yo, señor Presidente del Consejo, le... le voy a hacer una... una pregunta para que me conteste de manera yo diría personal, en representación de... del Consejo, si han tenido oportunidad de... de debatirlo entre ustedes, pero, por lo menos... Usted, ¿qué piensa... cuál... cuál es la causa por la que cree usted que no aprueban la Cuenta General las Cortes de Castilla y León? ¿Por qué estamos incumpliendo la Ley de Hacienda -el Artículo 234-? Se lo pido que conteste. Si entre ustedes han debatido... pues es que no quieren aprobarla. Desde luego, ya le digo que el Grupo Parlamentario Socialista –como hemos mantenido siempre- queremos, exigimos, pedimos -y además es lo establecido legalmente- que se apruebe la Cuenta General por las Cortes de Castilla y León. Y no entendemos... y no quiero entrar en debate, por supuesto, con el Grupo Popular, por eso se lo pregunto a usted: usted, ¿cuál cree que es la causa de que no se quiera aprobar la... la Cuenta General? Igual es para que se conozca mucho menos, para que se haga hoy una Comisión como la que hacemos y luego nos vayamos todos deprisa y corriendo a... a nuestras obligaciones o... o a nuestro ocio. Igual es por eso, igual es que alguien quiere que no se conozca cómo realmente se está gestionando en la Comunidad Autónoma, ¿no?

Digo, si... si usted puede contestarme. Su... su opinión personal, ¿eh? Porque, efectivamente, la... la Cuenta... la Cuenta General, efectivamente, responde, con carácter general, a la realidad de... de los hechos en términos de auditoría contable y... y responde, con carácter general, a las prescripciones en relación a la gestión adecuada y... y a la rendición de la misma. El problema es que lo hay... luego hay cinco tomos de salvedades. Pero bueno, con carácter general sí, pero es que hay cinco tomos que están plagados de salvedades y de... y de cuestiones donde está claro... donde está claro que el Consejo de Cuentas dice que, aunque responde con carácter general, aquí tenemos cinco tomos de cuestiones que podrían y que deberían mejorarse.

Y, efectivamente, yo iba a hacer antes lectura, y... y lo he dejado, de las... de las seis observaciones que se mantienen por parte del Consejo de Cuentas en el apartado de opinión, y en lo que no había caído es que... en el reconocimiento implícito de cinco de ellas, y solamente la alegación en relación a una, lo cual me preocupa más, señor Presidente. Me preocupa más, porque cuando... cuando el Consejo de Cuentas hace esas... en el apartado de opinión, esas... esa opinión en relación a las conclusiones once, veintitrés, cuarenta y dos, cuarenta y siete, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve, el problema es que se queden tan panchos. Porque no les importa, alguien, por prurito personal y profesional, hace una alegación a una, pero el resto es el problema. Es el problema que tenemos nosotros y que tiene el Consejo de Cuentas, en general, que ha llegado un punto en que a los gestores, sometidos a la fiscalización del Consejo de Cuentas, no les importa; y no les importa porque no tiene absolutamente ninguna repercusión más que la mínima repercusión política que obtengamos después de la reunión de... de esta Comisión. El resto no tienen ningún problema, no tienen ningún problema.

Y es lo que le pido... Evidentemente, ya se lo he dicho desde el principio: no tiene nada que ver y no se puede establecer penas coercitivas, como se... como se recoge en el anteproyecto de ley, por la... por el no cumplimiento de las obligaciones de presentación de documentación, pero... pero hay otras posibilidades; hay otras posibilidades. Y yo le llamo a que, desde la propuesta que se haga del Consejo de Cuentas, se estudien otras posibilidades para que, efectivamente, estos gestores, que han gestionado de esta manera, estén preocupados de verdad por el informe que realice el Consejo de Cuentas.

Y le he dado una pista, que se la vuelvo a repetir: estudie lo que... lo que se recoge en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, recientemente aprobada, en relación a aquellos gestores que no gestionan de manera correcta presupuestariamente.

Yo creo que se puede... se puede estudiar alguna posibilidad que de verdad dé contenido a un informe como... como este de... del Consejo de Cuentas en relación a la Cuenta General.

Y mire, yo... yo, por terminar, pues... pues, a veces es que hay que hacerlo, y sobre todo, claro, cuando... como se ha leído el informe tan deprisa, pues igual hay que hacer un poco de reflexión, o, por lo menos, de lectura comprensiva –un curso rapidito de lectura comprensiva, que es simplemente volver a leer despacio-, para comprobar dónde se dicen las cosas y qué cosas no se dicen.

Y, entonces, yo leo en la paja... en la página veintinueve del tomo 1: "Ajustes en... –en el cuadro número 2- Ajustes en obligaciones reconocidas"; y, hacia la mitad del cuadro, pone: "Obligaciones GRS dos mil nueve –que ya digo que es Gerencia Regional de Salud, dos mil nueve- pendientes de imputar a treinta y uno del doce del dos mil nueve. Ajustes positivos –es decir, incremento de obligaciones-: setecientos diecinueve millones novecientos... –lo que dije al principio- novecientos setenta y ocho mil novecientos treinta y siete con veintiocho". Y esto no lo dice el Interventor, lo... es un ajuste positivo que incorpora el Consejo de Cuentas.

Y en la página treinta –leo, no solamente no lo dice el Interventor, sino todo lo contrario-, al final, los dos últimos renglones, pone: "El Resultado Presupuestario Consolidado ajustado, que es inferior en 649.634.836,30 euros al rendido, quedaría como sigue". Y, entonces, ¿quién lo rindió?, ¿el Interventor? Pero si el Interventor no está de acuerdo. En fin, lectura... lectura comprensiva.

Y, para acabar el cursillo de lectura comprensiva, en la página cuarenta y dos –para saber lo que... lo que leemos, simplemente-: "Como consecuencia de los resultados del trabajo realizado, se han propuesto los ajustes que se señalan a continuación:

En el Resultado Presupuestario Consolidado un ajuste negativo de 649 millones –lo que habíamos dicho antes-, lo que supone que el Resultado Presupuestario Consolidado ajustado sería negativo por un importe de 1.282.524.799,42"; es decir, el doble, el doble, del Resultado Presupuestario rendido por el Interventor en la Cuenta... en la Cuenta General.

Después de este... de este cursillo, yo, simplemente, volver a pedir a... al Presidente... aparte de volver a... a agradecer al Presidente de... del Consejo de Cuentas y sus compañeros la... la presencia en esta Comisión, volver a instarles a que hagamos algo; aprovechemos, quizá, el... el último autobús –por lo menos, en varios años- de modificación de la norma reguladora de... de la actividad del Consejo de Cuentas para que estos gestores que hoy... –es que hoy no saben ni que estamos hablando de... de su gestión- que hoy no les importa nada lo que diga el Informe del Consejo de Cuentas ni lo que digamos nosotros, porque no les pasa nada, dentro de poco, con esa modificación, estén, por lo menos, un poco más preocupados. Porque, si están un poco más preocupados por lo que pase aquí y por lo que digan ustedes, estarán un poco más preocupados por gestionar mejor; y eso será lo mejor que hayamos podido conseguir, ustedes y nosotros, para todos los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Muchas gracias, Presidente. Reiterar el argumento que ya di en el primer momento –y lo cito textualmente, página cuarenta y cuatro, tomo 4, Auditoría de regularidad del ámbito de la Gerencia Regional de Salud-: "Los Informes emitidos en el ámbito del control financiero permanente por la Intervención General respecto de las auditorías de regularidad realizadas de la Gerencia de Atención Especializada, de Atención Primaria y de Emergencias Sanitarias, ponen de manifiesto que en el 2009, la gestión económico financiera llevada a cabo por la Gerencia Regional de Salud no se ha ajustado a las normas, disposiciones y directrices que le son de aplicación". Es decir, el propio Interventor General de la Junta de Castilla y León ya está poniendo de manifiesto esa situación que usted denuncia y que denuncia el propio Consejo en su Informe. De hecho, de hecho –y lo he dicho antes, y lo reitero-, están... esa contabilización del importe está en la contabilidad financiera, y, por lo... por lo tanto, no se puede considerar como déficit oculto en ningún caso.

Y, en el supuesto... yo quiero hacer una reflexión: es cierto que hay cuestiones en el ámbito de la contabilidad que son fundamentales, y hay cuestiones que son mejorables; pero quiero recordar lo que ha puesto de manifiesto en la mañana de hoy el Consejo de Cuentas, cuando plantea que la Junta de Castilla y León, en su opinión, cumple y responde, con carácter general, los principios y normas contables que le son de aplicación y refleja de forma fiable la actividad económica financiera de la Comunidad. Eso es lo que dice el Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Y la reflexión que quiero dejar en el aire es que es cierto que la contabilidad es fundamental, que hay que respetar las normas presupuestarias, pero de lo que estamos hablando aquí es de un gasto sanitario; de un gasto sanitario, que es un problema de déficit sanitario del conjunto de la Administración Autonómica; que, efectivamente, se generó y no tuvo soporte presupuestario para hacerle frente, pero creo que está por delante el derecho a la salud que la contabilidad. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Tiene de nuevo la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí, muchas gracias. Brevemente, pero, al mismo tiempo, quiero expresarme con toda claridad. Es decir, reiterar, por supuesto, el agradecimiento a los tres Portavoces, pues, por esta segunda intervención, en la que el Consejo se ve todavía mucho más apoyado y respaldado. Y también hacer algún tipo de... de apreciación sobre alguna intervención, y, en particular, la del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en relación a la Cuenta General.

Mire, como usted sabe perfectamente, yo aquí me abstengo de dar opiniones de carácter personal. Eso... eso es algo que usted creo que conoce e intuía perfectamente. Yo aquí hablo como Presidente de una institución, y de una institución que tiene un Pleno a través del cual se aprueban todos y cada uno de sus Informes de Fiscalización que se remiten aquí.

Evidentemente, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que en esta nueva etapa que... del Consejo de Cuentas, desde el pasado doce de marzo, se ha caracterizado, pues por fomentar, incrementar e impulsar la transparencia en todos y cada uno de los Informes de Fiscalización. Por eso hemos adoptado medidas que yo me atrevería a enfatizar que son auténticamente innovadoras. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, haciendo más asequibles estos informes a todos los ciudadanos, haciendo esas notas resumen para que cualquier persona, con independencia de sus conocimientos en materia de contabilidad o en materia económica financiera, pueda conocer de una manera cierta qué es lo que sucede con las cuentas públicas de nuestra Comunidad Autónoma o de cualquier otro informe de fiscalización; y eso ha sido un empeño de este Pleno, que se ha puesto en práctica también a través de esa página web, que permite un conocimiento mucho más –insisto- cierto y... y asequible para todos y cada uno de los ciudadanos.

Por eso, el compromiso de esta institución con la transparencia y, por supuesto, con la difusión y la... conocimiento –facilitar el conocimiento- de los Informes de Fiscalización en favor de todos los ciudadanos ahí está; y eso yo creo que es justo reconocerlo. Pero al Consejo de Cuentas no le corresponde entrar en cómo se tiene que tramitar la Cuenta General en el ámbito parlamentario. Ahí hay la Ley de Hacienda; en el Artículo 234 dice expresamente: "La Cuenta General de la Comunidad Autónoma deberá ser aprobada por las Cortes de Castilla y León". Eso es lo que dice la Ley de Hacienda, y yo es a lo único que me remito, es decir. Pero nosotros, evidentemente, no forma parte del Consejo de Cuentas decir cuál debe ser el trámite parlamentario que haya, en su caso, de tener la Cuenta General.

Sobre esa posibilidad que apuntaba usted, en la reforma de nuestra institución, sobre el establecimiento de responsabilidades a aquellos gestores públicos que no lo hiciesen de acuerdo con la normativa aplicable, solamente decirle al Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que ha puesto, quizás, un poco el dedo en la llaga. Desde hace muchísimos años, en todo el ámbito de lo que son las instituciones de control externo, siempre se ha discutido sobre el alcance de las recomendaciones y la exigibilidad de las recomendaciones. Eso es un problema, desde luego, que no está resuelto –le puedo decir-, no ya en el ámbito de los órganos de control externo españoles, sino incluso en el ámbito de otros órganos de control externo de carácter europeo, es decir, la obligatoriedad de las recomendaciones a las instituciones. Eso que usted apunta, ya le digo que, en el ámbito de nuestra normativa –y me refiero expresamente a lo que es la normativa nacional-, yo no tengo conocimiento de que sean de carácter obligatorio.

Otra cuestión distinta, como usted sabe también perfectamente, es que, cuando hemos hecho esa propuesta para la mejora del funcionamiento de esta institución, apuntábamos a lo que era el seguimiento de las recomendaciones, con vistas a que todos los años hubiese un informe específico en el que se recogiesen todas las recomendaciones que se han emitido a lo largo del año, y comprobar si por las Administraciones o por las entidades destinatarias se habían seguido o no se habían seguido. Nosotros creemos que esa es una muy buena medida para, de una manera periódica y constante, poner de manifiesto el grado de seguimiento de esas recomendaciones, pues por todos los destinatarios. Eso es lo que le puedo decir.

Y lo que sí he tomado buena nota es que el próximo día leeré más despacio. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios... [murmullos] ... para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al Informe de Fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo sábado, día veintinueve de diciembre.

Concluido el Orden del Día de esta Comisión, y agradeciendo de nuevo la presencia del señor Presidente del Consejo de Cuentas y de todo su equipo, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas treinta minutos].