DS(C) nº 242/8 del 26/2/2013

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Buenos días, Señorías. En primer lugar, dar la bienvenida a doña Milagros Marcos, Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por asistir a esta Comisión, a comparecer en... a petición propia. ¿Y los Grupos Parlamentarios han comunicado a esta Presidencia alguna sustitución? ¿Por el Grupo Parlamentario Popular?

LA SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ:

No hay sustituciones, señor Vicepresidente. Puede que tengamos algún problema de tráfico y... pero no... hasta el momento no hay ninguna sustitución.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

¿Por el Grupo Parlamentario Socialista, hay alguna sustitución?

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Gracias, señor Presidente. Don Javier Campos sustituye a don... a doña Ana Agudíez.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Por el señor Secretario se dará lectura del primer punto del Orden del Día.

SC/000135

EL SECRETARIO (SEÑOR JURADO PAJARES):

Buenos días. Gracias, señor Vicepresidente. Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia de la Excelentísima señora Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, número 135, a petición propia, para informar a la Comisión sobre la evaluación de seis años de aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León".

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Tiene la palabra la Excelentísima señora Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (SEÑORA MARCOS ORTEGA):

Muchas gracias, Presidente. Permítanme, en primer lugar, dar mi más sentido pésame al compañero... al Procurador Socialista por la irreparable pérdida que ha sufrido tan recientemente y por, a pesar de ello, estar aquí luchando por la dependencia y por las personas que lo necesitan en nuestra Comunidad. Muchísimas gracias, de verdad, Jorge Félix.

Señora Presidenta, señoras y... señor Presidente –perdón-, señoras y señores Procuradores, comparezco ante esta Comisión de las Cortes de Castilla y León a petición propia para exponerles a todos ustedes el balance de la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León desde su entrada en vigor, es decir, desde el año dos mil siete hasta la fecha actual. Y lo hago porque creo que es relevante, después de seis años de aplicación de la ley, a lo largo de los cuales hemos llevado a cabo importantes cambios y mejoras en el sistema como consecuencia de las modificaciones que se han ido produciendo a nivel estatal; y por hacerlo también coincidir con la intención del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León de crear una nueva ley de dependencia, paralela a la del Estado, y con la difusión también de un informe provisional del Tribunal de Cuentas sobre fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de la Ley de Dependencia.

Respecto a la elaboración de esa nueva ley, y al margen de la estatal y de la propia Ley de Servicios Sociales de la Comunidad, que, como recordarán, fue aprobada con absoluto consenso social, debo anunciar que ni la Junta de Castilla y León ni esta Consejera aprobarán, en ningún caso, la celebración de debates estériles, que solo vengan a confundir a los ciudadanos, que planteen propuestas injustas o imposibles de alcanzar y sin respaldo presupuestario. Propuestas que pongan en riesgo los avances que durante años han conseguido los servicios sociales de la Comunidad, y que, lejos de garantizar la aplicación de la atención a las personas dependientes, tripliquen la normativa en la materia y lleven a Castilla y León al incumplimiento del necesario marco de estabilidad presupuestaria.

Además, hay que tener en cuenta que la atención a la dependencia está regulada en una normativa estatal de carácter básico, y, por tanto, de cumplimiento obligatorio, además de ser una norma cambiante -como se demostrará a continuación- y que requiere de regulaciones administrativas y adaptaciones rápidas por parte de la Comunidad Autónoma.

En veinticinco ocasiones Castilla y León ha tenido que modificar su normativa para introducir mejoras o adaptarlas a los acuerdos nacionales o a la regulación estatal. Veinticinco modificaciones en seis años, que hubieran sido imposibles si hubiera estado todo ello regulado en una norma con rango de ley.

Y respecto al anteproyecto de informe del Tribunal de Cuentas, es necesario recordar su carácter provisional, y, por lo tanto, sujeto a variaciones. Además, debo mencionar que nuestra Comunidad no fue visitada por el Tribunal, por lo que no hemos tenido la oportunidad de que conocieran nuestro sistema y obtuvieran información de primera mano, como sucedió en las Comunidades de Andalucía, Cataluña, Principado de Asturias, Canaria, Madrid y Valencia.

Pues bien, Señorías, son muy frecuentes las intervenciones referidas a dependencia que vengo efectuando ante las Cortes de Castilla y León, bien ante el Pleno, bien ante esta Comisión de Igualdad de Oportunidades... Familia e Igualdad de Oportunidades, pero tengan por seguro que lo haré cuantas veces sea preciso para aclarar todas las dudas que puedan surgir en relación con la aplicación de la norma estatal en esta Comunidad, cuyos resultados vienen siendo refrendados de manera constante por diversas entidades y organizaciones, como ustedes ya conocen.

En primer lugar, y antes de comenzar a hablar de las actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León en aplicación de la Ley de Dependencia, quiero recordarles que el sistema nace con importantes deficiencias. Estas deficiencias, que han sido puestas en evidencias... en evidencia desde diferentes foros, se refieren, por un lado, a la falta de desarrollo normativo previo para poder adaptar el sistema tradicional de servicios sociales, y, por lo tanto, la ausencia de instrumentos técnicos y tecnológicos, imprescindibles para su gestión; por otro, un modelo de gestión tremendamente complejo, muy alejado de otros sistemas generadores de derechos, y que, en ocasiones, requiere un gasto de gestión de cada expediente similar o incluso superior al que la norma prevé como aportación del Estado a las Comunidades Autónomas; y, finalmente, la más clara deficiencia se refiere a la insuficiente financiación para garantizar el desarrollo y aplicación del sistema.

Por lo tanto, se trata de una ley que, siendo necesaria y consensuada, se quiso implantar precipitadamente, obligando a la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas a una improvisación permanente.

A esto se suma el que, lamentablemente, fue trasladada propagandísticamente a los ciudadanos por el Gobierno correspondiente como una ley que proporcionaba ingresos a las familias en lugar de servicios profesionales, que era su verdadero objetivo.

Estas, Señorías, son las importantes rémoras que hemos arrastrado durante estos años.

Partiendo de esta situación, quiero también decirles que en mi exposición les iré poniendo de manifiesto las medidas que en Castilla y León se han ido adaptando y adoptando para mejorar la aplicación de la ley en beneficio de las personas dependientes, agilizando y simplificando procedimientos, cumpliendo con rigor las previsiones estatales, y que esto ha dado lugar a que los resultados alcanzados en Castilla y León en cada uno de los años haya sido positivo.

En diciembre de dos mil seis tuvo lugar la aprobación de la ley, cuya fecha de entrada en vigor fue el uno de enero de dos mil siete. Pero, aunque esta fuera la fecha de entrada en vigor de la ley, la aplicación definitiva de la misma fue muy posterior, ya que el real decreto que aprobaba el baremo de valoración se acordó cuatro meses después, por lo que las personas que presentaron solicitud antes de esa fecha tuvieron que esperar a ser valoradas. Y dos meses después -es decir, seis meses desde la aprobación de la ley- se publicó el real decreto que establecía los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas; es decir, se podían presentar solicitudes desde enero, que generaban derecho, pero seis meses después aún no se podían atender.

Es decir, que a pesar de que la ley entrara en vigor el uno de enero de dos mil siete, el insuficiente y lento desarrollo normativo impedía en la práctica su aplicación efectiva, generando realmente expectativas entre las personas que se encontraban en esa situación y que no eran atendidas; e incumpliendo, por tanto, las Comunidades Autónomas, el compromiso derivado de la propia ley por falta de esta regulación estatal.

Por otro lado, la ley prevé un complejo sistema de financiación, con una parte fija –nivel acordado- y otra variable, que solo tiene en cuenta el grado de dependencia de las personas y no el coste de los servicios que reciben, a pesar de existir claras diferencias en el coste de unas y otras prestaciones. La distribución del gasto se haría por partes iguales entre la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma, una vez descontada la aportación del usuario.

Señorías, en este punto de mi comparecencia es donde voy a destacar por primera vez –habrá más ocasiones- la responsabilidad de la Junta de Castilla y León en la aplicación de la ley, muy por delante de la actuación del Gobierno Central, que es quien la promovió. Y debo hacerlo porque pocos días después de la publicación por el Estado del real decreto por el que se aprueba el baremo, y el que establece el nivel mínimo de protección, Castilla y León ya contaba con una regulación del procedimiento para reconocer situaciones de dependencia y las prestaciones que pudieran corresponder. En poco más de veinte días ya habíamos adoptado las medidas necesarias y estaban publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León; imposible si lo hubiéramos tenido que hacer por ley, claro está.

Además, en ese momento ya se había consensuado con las Corporaciones Locales su papel en la aplicación de la ley, y se formaron e incorporaron inicialmente 491 profesionales para su puesta en marcha. Además, se habían desarrollado los elementos esenciales de la aplicación informática que iba a permitir la gestión desde el primer momento; tarea que el Imserso no había podido comenzar aún.

Por otra parte, la ley establece –como todos ustedes ya conocen- una implantación progresiva en el tiempo en función del grado y nivel, por lo que en dos mil siete solo se plantea la concesión de servicios o prestaciones a las personas con Grado III, niveles 1 y 2, extendiéndose el calendario de implantación inicialmente hasta el año dos mil trece.

Sin embargo, todas las personas podían solicitar ser valoradas, aunque hubiera que reconocerles derecho a prestaciones para seis años después. Saben bien los problemas que eso generó, tratándose de personas mayores. Incluso el Tribunal de Cuentas en ese anteproyecto de informe lo señala como un problema a la hora de conocer el cumplimiento de plazos para resolver, y dado que se puede producir el fallecimiento de personas incorporadas al sistema en espera de la prestación que reconoce la ley seis años después.

Partiendo de esa situación, en dos mil siete hubo en nuestra Comunidad, conforme a los datos publicados por el Imserso, 20.848 solicitudes. Y, a pesar de las dificultades mencionadas, se dictaron tres mil cuarenta y dos resoluciones de concesión de servicios.

En este lento desarrollo normativo, quizá la cuestión más grave fue que hasta diciembre de dos mil ocho, es decir, veinte meses desde la aprobación del baremo, no se publicó el acuerdo del Consejo Territorial, por el que se establecían los criterios para determinar la capacidad económica del beneficiario y la participación de este en las distintas prestaciones (el copago), dos cuestiones esenciales para resolver, y, sin embargo, las prestaciones que pudieran corresponder al beneficiario no se podían conceder. Y todo ello a pesar de que la propia normativa de aplicación establece que debía hacerse en el plazo de seis meses y mediante desarrollo reglamentario.

En consecuencia, el Estado actuó tarde, porque la publicación se produjo un año y medio después, con año y medio de retraso, y, además, como ya advirtió esta Comunidad Autónoma, no debía ser un acuerdo sino un real decreto, tal y como preveía la ley, hecho que posteriormente ha sido confirmado por la Audiencia Nacional, ante un recurso interpuesto por el CERMI, que ha anulado el acuerdo en lo relativo a los criterios para el cálculo de capacidad económica de los beneficiarios. A fecha de hoy, seis años después, se está tramitando tal regulación normativa, Señorías. Seis años después se está resolviendo algo tan fundamental como es fijar los criterios para el cálculo de la capacidad económica de los usuarios y su participación en el coste de los servicios.

Sin embargo, ya en diciembre de dos mil siete, la Junta de Castilla y León publicó una regulación provisional –estamos esperando a la estatal- de ambas cuestiones. Regulación que permitió que se pudiese comenzar a resolver prestaciones ya en ese momento. Y esto se hizo con un amplio consenso en el marco del Diálogo Social y con el CERMI. Mientras aún hay Comunidades Autónomas, como señala el Tribunal de Cuentas, que, al no aplicar criterios de renta ni patrimonio, están generando un elevadísimo coste al sistema, poniendo en riesgo su viabilidad, al conceder mayores cuantías de la que precisan muchos de los usuarios por tener medios propios.

En nuestra Comunidad se establecieron acuerdos con la Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior, la Dirección General del Catastro y el Instituto Nacional de Estadística para el acceso directo a la información automatizada, garantizando así que los criterios acordados se cumplieran de forma escrupulosa, y que la información se obtuviera de la forma más simple para el usuario, accediendo directamente a las bases de datos de todas estas instituciones.

En ese año, conforme al último informe publicado por el Imserso, conteniendo datos acumulados a uno de diciembre de dos mil ocho, 24.000 personas ya eran atendidas en Castilla y León, 21.910 más que en diciembre de dos mil siete.

Durante dos mil ocho la Comunidad Autónoma destinó 291,2 millones de euros a la atención a las personas dependientes, y recibió de la Administración General del Estado 61,2 millones de euros, es decir, 115 millones de euros menos de los previstos en la... los cálculos iniciales.

Señorías, estamos ante una gestión eficaz, ya que, a pesar de las dificultades existentes en el primer año de aplicación de la ley, entre abril de dos mil siete y abril de dos mil ocho, y de la ausencia de la normativa necesaria, en Castilla y León el plazo medio de resolución de todo el proceso era de diez u once meses, muy reducido en relación con la mayoría de las Comunidades Autónomas.

Como ya les comenté al iniciar mi exposición, la buena gestión de Castilla y León ha sido reconocida desde el primer momento por diversas entidades y organizaciones. Así, por ejemplo, el II Dictamen de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de España pone de manifiesto como en Castilla y León se está integrando el sistema de dependencia en el sistema de servicios sociales, al tiempo que se destaca el esfuerzo de la Comunidad, incrementando la financiación y las plantillas de las Corporaciones Locales para una mejor aplicación de la Ley de Dependencia.

Durante el año dos mil nueve, el reto esencial en la aplicación de la Ley de Dependencia fue acortar los plazos para conceder las prestaciones. En este sentido, al problema de la lentitud en el desarrollo normativo de la ley, hay que añadir que toda esta normativa es farragosa y de difícil aplicación, estableciendo un procedimiento de tramitación laborioso y consecuentemente lento.

En efecto, la ley establece un procedimiento según el cual podemos identificar hasta dieciséis trámites. Pues bien, en Castilla y León se ha trabajado desde el primer momento en la simplificación de la tramitación, y como resultado, ya en febrero de dos mil nueve, esos pasos fundamentales a los que me acabo de referir, y que establece la ley, fueron reducidos a tan solo cinco, e incluso en algunos casos a cuatro. Y, como consecuencia, este plazo medio se redujo en dos meses, es decir, se pasó de diez-once meses a reducirlo a ocho-nueve meses.

En cuanto al Sistema de Información de Atención a la Dependencia Estatal (SISAAD), hasta noviembre de dos mil nueve, es decir, tres años después de aprobada la ley, no se determinan los contenidos que las Comunidades Autónomas debemos aportar.

Hay que recordar que esta base de datos tiene dos objetivos principales, que son el pago mensual del Estado a las Comunidades Autónomas y la elaboración de estudios y datos estadísticos.

Este año la mayoría de las Comunidades Autónomas cedimos al Imserso la potestad de acceder a toda la información necesaria de cara a llevar a cabo la interconexión para intercambiar información referida a los expedientes de dependencia. Este hecho lo refleja el anteproyecto del informe del Tribunal de Cuentas, haciendo especial referencia a la autorización de las Comunidades Autónomas al Imserso para altas y bajas de personas fallecidas, entre otros datos.

Solo seis Comunidades Autónomas utilizan en la actualidad esta aplicación para la gestión completa de los expedientes. El resto aportamos los datos permanentemente desde nuestras aplicaciones al sistema estatal.

El control en Castilla y León no esperó tres años, se hizo desde el principio, cargando más de cien datos por cada usuario, con modificaciones permanentes de cada situación, nuevas valoraciones, cambio de grado de dependencia, cambio de prestación, fallecimiento, cambio en domicilio de dependiente, cambio de cuidador, cambio del domicilio financiero, cambio de tutor, etcétera. Miles de datos al mes, que son volcados al sistema por los profesionales de la Comunidad Autónoma y comprobados por el Imserso, y que son la base de las liquidaciones mensuales que el Estado hace a la Comunidad Autónoma. Una vez hechas las comprobaciones que efectúan... se efectúan las oportunas regularizaciones, si son necesarias, reclamando ambas Administraciones las cuantías que puedan considerar incorrectas en un flujo de trabajo permanente.

El SISAAD ha sido una fuente de problemas tanto para los usuarios, que la utilizan para su gestión, como para los que tenemos que transferir información. Las dificultades han provocado, desde el primer momento, quejas formales en el seno de la comisión delegada, fundamentalmente -es cierto- por las Comunidades Autónomas que utilizan el sistema estatal para la gestión de las prestaciones. Quejas que se refieren principalmente a la pérdida de documentos y datos de actualización, a la aparición de dificultades para introducir variaciones e incidencias en los datos de los expedientes, a la imposibilidad de transmisión de información y rechazo de datos, a la existencia de problemas de conectividad e interoperabilidad y un largo etcétera.

Es decir, siendo el SISAAD una herramienta fundamental para la elaboración de información y para la financiación del sistema, su contenido mínimo se determina tres años después de que las Comunidades Autónomas estuviéramos aplicando la ley, al tiempo que su funcionamiento defectuoso lo ha seguido siendo especialmente -hay que reconocerlo, y se corrigió- hasta el año dos mil once.

En abril de dos mil nueve se modificó el sistema de información del Imserso, dejando de publicar datos acumulados, para pasar a dar a conocer datos sin acumular. Teniendo en cuenta esto, a uno de diciembre de dos mil nueve, fueron 38.157 las prestaciones reconocidas en Castilla y León, un 58 % más que en el año dos mil ocho.

Durante este año, la Comunidad Autónoma destinó 311,4 millones de euros a las personas dependientes, y recibió de la Administración General del Estado 122,2 millones de euros, es decir, 94,6 millones de euros menos de los previstos.

Y nuevamente, a pesar de las dificultades, en este año dos mil nueve, los dos dictámenes que emite la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales valora el esfuerzo de Castilla y León, poniendo en valor el mérito de la Comunidad si se tiene en cuenta la elevadísima dispersión de la población en el territorio.

En el año dos mil diez se produjo un avance decisivo en Castilla y León en la integración de la dependencia en los servicios sociales, evitando diferentes puertas de entrada y unificando procedimientos para todas las Administraciones.

Efectivamente, el veintinueve de abril se publicó la resolución por la que se aprobaba un nuevo modelo de solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y de acceso a las prestaciones, que pasó a unificar y simplificar la petición de datos e información de carácter económico. También en este año se puso en marcha por la Comunidad Autónoma un sistema de ayuda para cumplimentar las solicitudes, mediante el servicio de apoyo telefónico y a través de un modelo de solicitud guiado por internet.

Pero la adaptación normativa y del procedimiento más importantes... más importante que se lleva a cabo en dos mil diez es la que se produce como consecuencia de la nueva regulación estatal, contenida en el Real Decreto-ley 8/2010, por la que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Entre estas medidas se encuentran la de suprimir para los nuevos solicitantes la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia, que hasta el momento se abonaba desde la... desde la presentación de la solicitud. Además, el real decreto-ley establece que las cuantías que se adeuden a esa fecha por efectos retroactivos ya adquiridos por el usuario hasta ese momento se demoren un máximo de cinco años en los pagos.

Y debo recordarles, Señorías, que Castilla y León es una de las pocas Comunidades Autónomas que no ha utilizado esta medida de aplazar los pagos retroactivos a las personas que lo tenían concedido. No ha tenido que aplazar los pagos aunque lo permitía la norma. Por otro lado, se establece un plazo máximo de reducción de seis meses para conceder las prestaciones. Se tardó casi tres años y medio en fijar el plazo para conceder estas prestaciones.

En nuestra Comunidad, después de seguir trabajando en simplificar trámites y reducir procedimientos, ya en dos mil diez la gran mayoría de las solicitudes se resolvían en menos de seis meses de promedio. Es decir, cuando a nivel estatal se determina que el plazo máximo de resolución de un expediente debía ser de seis meses, en Castilla y León ya se venía cumpliendo ese objetivo.

Y una vez más, de forma inmediata, se procede a adaptar la normativa autonómica al real decreto estatal mediante una nueva orden, mediando entre la publicación de ambas normas, la estatal y autonómica, unos diez días, imposible si hubiéramos tenido que modificar una ley.

El tema de los plazos de resolución en las Comunidades Autónomas ocupa una parte importante del anteproyecto del informe del Tribunal de Cuentas anteriormente mencionado. En él se destaca que el sistema de información estatal muestra una total incoherencia, ya que el tiempo transcurrido entre la fecha de presentación de solicitudes y la fecha de reconocimiento de la prestación no coincide con la suma de los periodos intermedios.

Además, el anteproyecto de informe concluye que la mayor parte de las Comunidades incumplen el plazo previsto de seis meses. No es de extrañar que el Tribunal de Cuentas no comprenda que, en primer lugar, el periodo... que en el periodo considerado muchos expedientes generaban derechos en meses o años posteriores a la valoración de dependencia, en función del calendario de aplicación y desarrollo de la ley.

En segundo lugar, que los expedientes de las personas fallecidas que generaban derechos retroactivos debían permanecer abiertos hasta que pudiese hacerse efectivo el abono de las prestaciones a los herederos, con procedimientos, en ocasiones, jurídicamente muy complejos.

Finalmente, cuando un usuario cambia de prestación, en el expediente de la segunda prestación aparece en el sistema la fecha de la primera solicitud que sirvió de base para el dictamen de grado de dependencia, dando la impresión de que ha estado todo el periodo intermedio esperando y no con otra prestación, como así había sido.

A pesar de todas estas complejas cuestiones, que llevaría incorrectamente a pensar en plazos muy dilatados, es relevante que el Tribunal de Cuentas, en una de las afirmaciones del informe, diga textualmente que "Castilla y León, a treinta y uno de diciembre de dos mil diez, era la Comunidad con el menor porcentaje de personas con derecho a prestación pendiente de serle concedida".

En todo caso, es cierto que los plazos han disminuido de forma importante desde dos mil siete a dos mil diez, una vez que han ido mejorando los procedimientos y que se ha contado con la normativa necesaria, por lo que utilizar el promedio de los cuatro años en su conjunto puede distorsionar la realidad de cada momento y no reflejar esta evolución positiva en todas las Comunidades Autónomas.

Los datos publicados por el Imserso, a uno de diciembre, indican que en Castilla y León eran 47.598 las personas que recibían prestación, un 37,6 % más que en el año anterior.

Durante este año, la Comunidad Autónoma destinó 370,7 millones de euros a la atención a las personas dependientes, y recibió de la Administración General del Estado 136,7 millones de euros, es decir, recibimos 117 millones de euros menos de los previstos.

En el año dos mil once hubo varios cambios en la normativa nacional. Se publicó el Real Decreto 174/2011, por el que se aprobó el nuevo baremo de valoración de la dependencia, con fecha de entrada en vigor dieciocho de febrero de dos mil doce. También se publicaron otros dos reales decretos sobre criterios para determinar las intensidades de protección y... de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas.

Y, como consecuencia, al objeto de adaptarnos a la nueva normativa estatal, en el mismo mes, en el ámbito autonómico, se publicó la Orden por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales. Esta orden... con esta orden, Castilla y León da un paso definitivo que la consolida como Administración eficaz y eficiente en la atención a las personas dependientes y en la atención profesionalizada.

Se establece la unificación de baremos para puntuar las solicitudes; se desarrolla la prestación de la promoción de autonomía personal; y se definen los requisitos y características de cada prestación. Además, regula la figura del coordinador de caso y establece el programa de seguimiento de las personas dependientes que reciben ayuda en su domicilio.

Con todo ello, en los datos publicados por el Imserso, a uno de diciembre, se refleja que fueron 60.090 las personas que recibieron prestación, un 26 % más que en el año dos mil diez. Durante este año la Comunidad Autónoma destinó 367,6 millones de euros a la atención a las personas dependientes, y recibió de la Administración General del Estado 107 millones de euros, es decir, 130,3 millones de euros menos de los previstos.

Al finalizar dos mil once, Castilla y León encabeza de forma absoluta el ranking de Comunidades establecidos por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En el año dos mil doce, en Castilla y León se unifican definitivamente prestaciones de dependencia y prestaciones sociales, una solicitud única y un único proceso para acceder a todas las prestaciones sociales. El sistema de Castilla y León, Señorías, se consolida, agiliza y simplifica.

En este momento, la Comunidad acumulaba una deuda de 457 millones de euros del Estado, toda vez que la propia norma, como he señalado anteriormente, preveía una financiación al 50 % entre las Administraciones Públicas, descontada la aportación del usuario.

La consecuencia inmediata del modelo de financiación por la cual la cuantía que recibía una Comunidad Autónoma era la misma con independencia del coste de la prestación que concede al usuario ha sido la causa de un importante problema a nivel estatal, y ha derivado en un inminente incumplimiento de la ley, consistente en el fuerte peso que tienen las ayudas económicas por cuidados en el entorno familiar, menos costosas que los servicios profesionales. En concreto, a fecha de hoy, las personas que reciben ayudas económicas por cuidados familiares superan a nivel estatal el 55,6 %, frente al 41,6 de Castilla y León, con 14 puntos menos.

Esta situación, unida a los problemas creados por la actual situación socioeconómica, hicieron que durante el año dos mil doce el Gobierno de la Nación, tras realizar una evaluación del sistema, cumpliendo la obligación que establecía la propia Ley de Dependencia, reformara el sistema de dependencia mediante el Real Decreto-ley 20/2012, de trece de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y Fomento de la Competitividad.

Con las medidas adoptadas para reducir el déficit público y generar ahorros se elimina el nivel acordado de protección, se reducen las cuantías máximas de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, se reducen las cuantías del nivel mínimo de financiación, se eliminan las cuantías mínimas que hasta ahora recibían todas las personas dependientes con independencia de su capacidad económica y se retrasa aún más la incorporación de personas dependientes de Grado I.

Si bien las medidas vienen a abundar aún más en el problema de financiación que ya acumulaba el sistema, no es menos cierto que por primera vez se atiende a una demanda reiterada de la Comunidad Autónoma, como es el que el modelo de financiación tenga en cuenta no solo el número de beneficiarios y el grado de dependencia, sino también el tipo de prestación reconocida y la diferencia de coste entre unas y otras. En Castilla y León prevalece la concesión de servicios respecto a las prestaciones económicas, lo que venía suponiendo, y sigue suponiendo, un importante coste para esta Comunidad que el Estado no tenía hasta ahora en consideración.

Para conseguir la mejor adaptación posible de esta normativa a las peculiaridades de nuestra Comunidad, y siempre sobre la base del cumplimiento del objetivo de déficit y estabilidad presupuestaria, y con un amplio consenso que existe en Castilla y León, se adoptaron los siguientes acuerdos:

El veintiséis de julio de dos mil doce, la Junta de Castilla y León, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT firmamos una declaración de compromisos en la que todas las partes apostamos por priorizar y garantizar a las personas dependientes un servicio profesional adecuado a sus necesidades, mediante el incremento del 20 % de las cuantías máximas establecidas por el Gobierno para la ayuda vinculada y el establecimiento de precios de referencia para facilitar el acceso a todos los usuarios en condiciones de igualdad, favoreciendo especialmente a las rentas más bajas.

Así mismo, el veintisiete de julio suscribimos un acuerdo para la adaptación del sistema de atención a la dependencia al real decreto estatal con la Federación Castellano y Leonesa de Residencias de la Tercera Edad, el Comité Autonómico de Entidades Representantes de Discapacidad de Castilla y León y la Asociación Castellano y Leonesa de Residencias de Servicios de Atención a los Mayores (Lares), en el que, además de incrementar las cuantías máximas que reciben las personas con menor capacidad económica y de fijar el coste máximo de los servicios que las entidades y empresas cobrarán a las personas dependientes, se acordó impulsar la profesionalización de la atención en el ámbito de las personas dependientes y ampliar el número de servicios que se ofrecen a las personas en su propio domicilio.

Para que ello fuera posible, en este último acuerdo también se consensuó disminuir las cuantías de la prestación de cuidados en el entorno familiar en un 15 % adicional, persiguiendo así que esta prestación sea realmente excepcional, pidiendo un esfuerzo adicional a las familias que atienden a las personas en el domicilio y ofreciendo a cambio un servicio profesional. Nuevamente, ante una modificación normativa del Estado, la respuesta de la Junta de Castilla y León fue inmediata, al publicarse la orden de adaptación al real decreto en tan solo quince días.

Los acuerdos a que me he referido anteriormente fueron completados con Lares, Acalerte y CERMI en el mes de diciembre, con el objetivo de incrementar aún más las cuantías de la ayuda para servicios profesionales de personas de Grado II de dependencia, y así facilitar el acceso a las personas de rentas más bajas y, especialmente, a aquellas con discapacidad.

Estas decisiones han sido totalmente coherentes con el planteamiento del Tribunal de Cuentas, que en su anteproyecto de informe destaca que en España no se ha cumplido con el carácter excepcional de las prestaciones económicas de cuidados en el entorno, por lo que considera, y leo textualmente, que "si no se invierte la tendencia, el sistema de atención a la dependencia podría acabar convirtiéndose más en un sistema de subsidios que en una red asistencial de servicios, lo que podría no garantizar una atención de calidad ni la autonomía personal de las personas en situación de dependencia, finalidad última de la Ley 39/2006".

Todas estas modificaciones han ocasionado retrasos en el reconocimiento de prestaciones en nuestra Comunidad Autónoma derivados de la reprogramación de la aplicación informática y la elaboración de nuevas resoluciones; retrasos que, o ya están resueltos, o estarán totalmente solventados en pocos meses.

A pesar de las dificultades por las que atraviesa el sistema en este año dos mil doce, como consecuencia de las profundas transformaciones que ha habido que afrontar, los datos publicados por el Imserso a uno de diciembre de dos mil doce arrojaban un... un volumen de 62.108 personas atendidas en Castilla y León; 2.000 personas más que un año antes. Durante este año dos mil doce, la Comunidad Autónoma destinó 297,5 millones de euros a la atención a las personas dependientes, y recibió de la Administración General del Estado 103,1 millones de euros; es decir, 97,2 millones de euros menos de lo previsto.

Y también, a pesar de las dificultades del sistema, en este año Castilla y León obtiene la puntuación máxima entre todas las Comunidades Autónomas en los dos dictámenes de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales. De hecho, en el último dictamen obtenemos 9,2 puntos sobre un total de 10, lo que supone que en diez de los doce parámetros considerados se recibe la puntuación máxima; mientras que en otras dos variables solo se recibe medio punto debido a que, en el primero de los casos, aunque crecemos en el número de personas atendidas en el último año, lo hacemos por debajo de la media. Pero ante esto, hay que responder que, siendo la Comunidad que más personas reciben prestación con relación a la población, nuestros crecimientos ya no pueden ser de la misma intensidad que el de otras Comunidades, y que todavía está... están en coberturas mucho más bajas de las deseables y muy por debajo de la media. Y en la segunda variable, porque, aunque somos la tercera Comunidad en la que hay proporcionalmente menos personas recibiendo la prestación de cuidados en el entorno familiar, estamos por el... por encima del 40 % planteado como límite por los expertos -estamos en un 41,5 %-, aspecto que pretendemos mejorar a lo largo de este año.

En resumen, la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León se caracteriza por lo siguiente:

En primer lugar, por la respuesta ágil que se ha venido dando a las cuestiones planteadas mediante un desarrollo normativo rápido y eficaz, que, en ocasiones, ha subsanado carencias estatales, o bien introduciendo mejoras y acortando plazos en el procedimiento, como he señalado anteriormente.

También quiero destacar los nuevos instrumentos que hemos desarrollado en Castilla y León potenciando la agilidad, tales como el acceso unificado a los servicios sociales mediante una ventanilla única, o como el desarrollo de una aplicación informática única para el Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León, que el Gobierno Regional ha puesto a disposición de las Administraciones Públicas y los profesionales.

En tercer lugar, hemos adaptado los recursos existentes y los hemos ampliado con más de 500 nuevos profesionales dedicados a su atención; una apuesta clara por los servicios de calidad frente a las prestaciones meramente económicas y un modelo de subsidio, incrementando para oferta de servicios y las cuantías destinadas a su adquisición. Valga como ejemplo el hecho de que, en... en circunstancias de necesidad, las personas valoradas con Grado I pueden recibir atención residencial; posibilidad que no recoge la normativa estatal.

Y, por último, debo destacar la implicación y la participación tanto de las entidades locales como de todos los agentes del Sistema de Servicios Sociales, logrando un alto grado de participación y consenso social.

Esto hace que la situación en cifras, como resultado del modelo de trabajo, sea la siguiente: en Castilla y León hay más personas recibiendo prestaciones con relación a la población -proporcionalmente, por lo tanto, hay menos personas con derecho a prestaciones que se encuentren pendientes de que les sean concedidas-; es una de las Comunidades en que más servicios se proporcionan en relación al número de personas dependientes; es la Comunidad que más empleo tiene vinculado a la atención a la dependencia en función a la población; es una de las que más invierte en dependencia por habitante y año; y, además, hemos llegado ya a una atención plena a las personas con gran dependencia y dependencia severa, estando ya atendidas el total de personas que el Libro Blanco preveía para atender en el año dos mil quince.

En definitiva, la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León es ágil, se encuentra en constante proceso de mejora y, sobre todo, tiene rigor y calidad, como lo avalan los datos publicados todos los meses por el sistema estatal, así como en distintas publicaciones y estudios realizados, que colocan a Castilla y León siempre entre las Comunidades Autónomas a la cabeza en el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia.

Esta apuesta decidida de Castilla y León por la atención a las personas dependientes, en general, y los servicios profesionales, en particular, se ha visto acompañada de una exigencia permanente al Gobierno de la Nación de criterios comunes para su aplicación y una demanda firme de financiación suficiente a lo largo de estos seis años. De hecho, siempre, siempre se ha reclamado, y se seguirá reclamando, que la financiación del sistema por parte del Estado no es la que estaba prevista cuando se aprobó la Ley de Dependencia, que dispone -como ya se ha señalado- que la aportación de la Comunidad Autónoma será para cada año al menos igual a la de la Administración General del Estado. Sin embargo, Castilla y León viene costeando el 80 % de la atención a la dependencia, mientras el Estado solamente lo hace en el 20 % restante. O dicho de otro modo, por cada 5 euros que aporta Castilla y León, el Estado solo pone 1.

Señorías, hemos reclamado, y les anuncio en este momento, que insistiremos, especialmente, y seguiremos insistiendo en dos hechos: el primero, en simplificar el sistema para destinar los escasos fondos que llegan del Estado a la atención de las personas dependientes y no a la gestión; y en segundo lugar, insistiremos y seguiremos insistiendo en estabilizar la financiación, incorporando al modelo de financiación de las Comunidades Autónomas la financiación de la Ley de Dependencia. No es razonable hacer nuevas leyes que vengan a complicar aún más e impidan la gestión ágil y rápida y la incorporación permanente de mejoras.

Queremos que la atención a las personas dependientes se incluya como financiación en el modelo de financiación estatal, que desde Castilla y León siempre se ha reclamado revisar. Insistiremos para que en la revisión del modelo se contemple la atención a las personas dependientes, y, desde aquí, les invito a sumarse a esta propuesta. Sé que no lo han querido hacer en otros momentos, pero todos somos conscientes de que es la única forma de evitar que, lo que se pretendía concebir como un derecho hace seis años, siga como lo está hoy, al albur de los Presupuestos estatales de cada año. Sin garantía financiera, no hay derecho, por muchas leyes en que lo escribamos.

Por lo tanto, no más normas sin respaldo presupuestario, no más leyes que confundan, no más demagogia, y sí compromiso cierto con las personas dependientes, con el modelo de trabajo de la Junta de Castilla y León y su apuesta por la estabilidad presupuestaria, introduciendo, como digo, financiación garantizada en el nuevo modelo de financiación nacional a las Comunidades Autónomas, cuando sea revisado.

Termino, Señorías, haciendo un reconocimiento a los miles de profesionales que en nuestra Comunidad Autónoma trabajan para hacer efectivo el derecho de las personas dependientes; y también un reconocimiento a las familias, a las que se ha requerido un esfuerzo y se apoyará para que sea más cómodo el tránsito a los servicios profesionales, sea más cómodo y lo más sencillo posible.

Solo me queda, Señorías, ponerme a su disposición para aclarar cuantas cuestiones deseen plantear. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Muchas gracias, señora Consejera. Tras la exposición de la señora Consejera, se suspende la sesión por un periodo entre diez y quince minutos.

[Se suspende la sesión a las diez horas cincuenta minutos y se reanuda a las once horas diez minutos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Se reanuda la sesión. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede a la apertura de un turno de los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el Procurador don José María González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Gracias, señor Presidente. Gracias, señora Consejera. Gracias por su comparecencia, aunque su propósito no vaya más allá del tópico autobombo con que nos presentan el derribo de los servicios sociales, con el argumento casi trágico-cómico de que en Castilla y León derribamos más y mejor, pero con más tacto que en otras Comunidades. Esa es la conclusión a la que permanentemente estamos llegando escuchando sus argumentos y siguiendo sus actuaciones.

La ya vapuleada Ley de... de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia y a las Familias, de treinta de noviembre del dos mil seis, se marcaba cuatro objetivos, que yo quiero recalcar aquí -yo sé que ustedes la conocen, todas Sus Señorías, la señora Consejera, pero no está de más recordarlos-: facilitar la permanencia del dependiente en el domicilio; el segundo, apoyar a las familias y cuidadores con un dependiente a su cargo; el tercero, facilitar la inserción de los ancianos en otros núcleos familiares; y el cuarto, ofrecer alternativas a la imposibilidad de permanecer en el domicilio.

Como se ve perfectamente, por desgracia, lo que interesaba, ya desde la propia ley, era dejar para el último extremo la obligación de atender en instalaciones públicas a los dependientes, y ciertamente eso en Castilla y León se ha hecho más y mejor que en ningún lado. Las acciones y los aspectos positivos de estos objetivos se explican por sí solos. En cambio, todas las estadísticas creadas en estos seis años y pico de funcionamiento de la ley coinciden, desde el momento de su entrada en vigor, en que el objetivo primero cargaba -como siempre- sobre la familia el peso del cuidado, y solo servía para enmascarar los problemas; que el objetivo segundo era insuficiente a la hora de ofrecer ayudas y servicios a las familias y cuidadores, haciendo la mayoría de las ocasiones de la mujer la cuidadora, con una duplicación de su jornada, y cargando los costes personales sobre el cuidador; que los planes de acogida del tercer objetivo era una opción de elevado coste para la familia; y en cuanto al último objetivo, como he dicho recién explicitados, la acogida en una institución pública o residencia estaba restringida por el insuficiente número de plazas disponibles, que sigue siendo absolutamente insuficiente en Castilla y León y muy por debajo de la media nacional en cuanto al número de plazas públicas, en relación al número de personas mayores que tenemos.

Esta aplicación en Castilla y León de esta ley es un escaparate desde su nacimiento. Insuficiente nació ciertamente, insuficientemente dotada desde el punto de vista presupuestario. Y así lo criticó Izquierda Unida en su momento en el Congreso de Diputados, y así hemos venido haciéndolo explícito en cada intervención. E incluso eso ocurrió cuando se aprobó la ley en la cresta del desarrollo económico que ponía a España entre las grandes potencias económicas del mundo, sencillamente llenando de ladrillo todos los... todos... todas las parameras y litorales. (Esto es lo que se decía, ¡cómo estaba España!; no lo decía Izquierda Unida, lo decían aquellos que no se aplicaron a que la ley naciese acompañada de un sistema de financiación). Nunca hubo más voluntad que la meramente propagandística en Castilla y León en su aplicación, a pesar del alto índice de envejecimiento de nuestra población y con una creciente... con un creciente incremento de las personas dependientes que van quedando libradas a su suerte y al aguante y sacrificio extremo de sus familiares.

En Castilla y León, donde se practica desde antiguo por parte del Partido Popular, al frente de la Junta de Castilla y León desde los Reyes Católicos, se practica el lema de que recaudar fiscalmente según un método progresivo es una antigualla -eso es lo que dice quien gobierna-. Eso implica que luego la aplicación de la ley quede muy por debajo de las necesidades reales.

No se tiene en cuenta... lo público debe servir, y un Gobierno debe servir para acomodar la demanda, la necesidad y el servicio. Y en Castilla y León, el servicio está muy por debajo de la demanda, y la demanda bastante por debajo de la necesidad.

Señora Consejera, usted tiene la Comunidad a tope de dependientes. No es extraño que, a poco que atienda a una pequeña parte de los mismos, destaque en el panorama nacional y le pongan sobresalientes en todas esas pomposas atalayas, que, en muchas ocasiones, no hacen otra cosa que autopremiarse en beneficio de quien gobierna.

De las 24.000 prestaciones reconocidas en el dos mil ocho se ha pasado a las 78.000 en el dos mil doce, cierto. Pero las solicitudes registradas también tuvieron un crecimiento exponencial en esos años, y pasaron de las 50.000 de dos mil nueve a más de 104.000 en el dos mil doce. Un crecimiento que adquiere toda su dramática importancia si tenemos en cuenta los obstáculos insalvables que los dependientes han de vencer para conseguir siquiera que se registre su solicitud.

Estamos viviendo un continuo recorte de los ya de por sí escasos medios con que se ha dotado esta ley. En solo cuatro años, el Gobierno Central, ciertamente, ha cortado por la mitad sus aportaciones en este capítulo, es decir, pasó a aportar solo unos 1.400 millones a repartir entre las Comunidades, que han pasado de aportar a la dependencia el 50,8 % en el año dos mil nueve y el 62,7 en el dos mil doce.

El peso va cayendo del lado de los propios dependientes, a través de un elevado copago, que ya supone más del 16 %. Pero lo peor, señora Consejera, es lo que se oculta, es el limbo de la dependencia, es la oscura lista de espera de quienes ya no confían en ser atendidos, a pesar de la eliminación de algunas subdivisiones de la dependencia, por lo que sus estadísticas adolecen de ilusionismo, por no llamarle de... con alguna otra expresión que podría ser tenida como fuera de lugar.

El Decreto del Gobierno del señor Rajoy de julio del dos mil doce, aquel que usted alabó, incluso utilizando fuegos artificiales al llegar a esta Comunidad sobre sus bondades, supuso ni más ni menos que la destrucción controlada de la dependencia, eliminando, entre otras, las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores, que ya no tienen ayudas ni reconocimiento alguno.

Y en esta Comunidad, aún en el día de hoy, sigue sin ser publicado, aprobado, el Catálogo de Servicios Sociales, que tenía dieciocho meses para su puesta en marcha desde marzo del dos mil doce. Para nada sabemos cuál es el total de horas reducidas de lo que era la antigua ayuda a domicilio, y ha habido una reducción a las personas que significa una reducción en la totalidad de horas en esta Comunidad, y significa un mucho... un mayor y peor servicio a los ciudadanos con derechos, a los pocos ciudadanos con derechos que lo estaban recibiendo.

Señora Consejera, a mí me gustaría que, de alguna forma, una vez que ya en la primera intervención se ha centrado usted en el autobombo, en la segunda intervención se centrase un poco más en esa realidad que yo digo que está en el limbo, en el oscuro limbo de esta Comunidad, y que nos hablase de cómo es posible que en una Comunidad como Castilla y León la teleasistencia solamente suponga el 5,37 % de la necesidad, mientras en España se está en el 13,41; cómo es posible que en esta Comunidad sigamos recortando en apoyo a las políticas sociales; y cómo es posible que en esta Comunidad sigamos sin poner en marcha nuevas plazas públicas de residencia, pero ni siquiera de adaptar las que tendrían que adaptar, que siguen esperando el sueño de los justos. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Muchas gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el Procurador don Jorge Félix Alonso Díez.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Gracias, señor Presidente. Y gracias, señora Consejera, por su intervención. Vaya, en primer lugar, el agradecimiento a la Consejera por sus palabras cariñosas al inicio de la sesión, y a todos los presentes también en el mismo sentido. Y vamos a analizar la exposición que nos ha hecho la señora Consejera, y tengo que empezar diciendo que, de la propia exposición, pues, se confirma lo que desde el Grupo Socialista hemos venido insistiendo durante todos estos años.

Primero, que el Partido Popular tuvo una actitud de crítica a la propia ley, incluso antes de que llegara a aprobarse; se llegaron a organizar actos desde la propia Junta de Castilla y León –entiendo que financiados con dinero de todos- para crear un clima contrario al contenido de la ley. Cuando la ley se aprueba, lo cierto es que se cambia de estrategia, se cambia de estrategia, quizá porque se pensaba que al final había que aplicarla, y nosotros saludamos que cambiara de estrategia.

Pero también es cierto que esas cifras que se nos decían antes, de que en el primer año dos mil ocho -que fue en el año realmente en el que se empezó a aplicar la ley en cada Comunidad-, pues, un incremento muy importante, fundamentalmente porque la Junta entendió que a través de esta ley podía financiar parte de las prestaciones que ya estaba dando en los centros residenciales, y lo que se hizo fue el pasar por la... el reconocimiento de la dependencia a personas que antes no estaban como tal y que estaban ya en los centros.

Con lo cual, entiendo que ahí hubo una posición posibilista, compatibilizándola permanentemente con cada vez que había un Consejo Territorial los titulares del día siguiente seguían siendo el cuestionar permanentemente al Gobierno de España.

Usted hacía referencia en su intervención del lento desarrollo normativo. Pues indudablemente, una ley de estas características tiene un lento desarrollo normativo, pero no solo por la ley, sino porque el Consejo Territorial, en el cual ustedes estaban junto con otras Comunidades gobernadas por el Partido Popular, desde luego no se lo ponía fácil. Tenían claro que el Consejo Territorial era al final un órgano para ver cómo se desgastaba al Gobierno de España, y no cómo se buscaban soluciones, ¿eh?, con lo cual... Y no tenemos más que ver los titulares de los medios de comunicación al día siguiente del Consejo Territorial para saber cuál era el planteamiento que llevaba a ese órgano Castilla y León.

Tengo también que recordarles que el Gobierno Socialista no gobernó con mayoría absoluta en ningún momento, y tenía que pactar con las Comunidades Autónomas las medidas que se ponían en marcha, y -ya le digo- usted no se lo ponía fácil.

Y llegamos a la tercera fase, en la cual sí que hay un Gobierno que coincide con el de Castilla y León, y que además tiene mayoría absoluta. Y, en vez de corregir todo aquello que cuestionaban, lo que han hecho es recortar, recortar y recortar. Y, al final, ustedes, además, aunque hace algunos amagos de que va a ser reivindicativa, lo cierto es que justifica permanentemente... más que justifica, silencia los recortes que se nos producen en la Comunidad. Esa es la realidad de lo que ha sido los tres tiempos de la Ley de la Dependencia.

Y ahora desarrollaremos un poco más otras cuestiones, pero sí la quiero plantear una cosa, porque en este momento lo que está encima de la mesa es qué va a pasar en el futuro con la Ley de la Dependencia, no solo con los recortes, sino con algo que ya se ha dicho incluso en los medios de comunicación, que son los seguros privados. En este momento hay un planteamiento en España de que la Ley de la Dependencia se gestione a través de seguros privados. Y lo que quiero saber es si es su posición esa o qué piensa en relación con este tema, porque, al final, lo que está claro es que, si en España la Ley de la Dependencia se va a gestionar a través de seguros privados, está claro que estaremos cargándonos los servicios públicos y... y estaremos, desde luego, excluyendo a todas aquellas personas que no se puedan pagar los servicios que le deben llegar por la dependencia; como ya está pasando en este momento, que ya hay personas que en este momento están expulsadas del sistema porque no pueden pagarse los... los servicios -y digo personas en Castilla y León-.

Bueno. En relación con el Tribunal de Cuentas y con nuestra proposición de ley, hablaremos en su momento. Quiero decir, yo creo que usted, como tiene más tiempo, pues ha metido muchas más cosas en su intervención, pero hablaremos cada cosa en su momento.

En relación con las buenas notas que tiene Castilla y León por los informes que hace la Asociación de Gerentes y Directores, ya hemos dicho en más ocasiones que ese... ese trabajo tiene todo nuestro reconocimiento, porque es algo que da una visión de cómo está en... a nivel de conjunto del Estado español, pero hay también, como todo, que contextualizarlo.

La primera cuestión es que no se puede ver, de los informes que hace la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, solo la comparativa entre Comunidades. Porque, claro, en sus informes dice cosas tan duras como que la demolición, desmontaje y retroceso del sistema de la dependencia. Esto es lo que no se puede silenciar, y esto es lo que no la oigo decir. Es decir, porque en este momento el Gobierno de España, ¿eh?... –y podemos verlo en los propios informes- estas son las cosas que se dicen: que está habiendo un desmontaje, un retroceso y una demolición del sistema de la dependencia. Y eso es lo que realmente tendría que preocuparla como responsable de la gestión de una parte del sistema de... de la dependencia. Porque, realmente, si el conjunto del sistema se está desmontando, se está demoliendo y se está retrocediendo, está claro que a Castilla y León le va a tocar una parte importante. Y no es cuestión de decir "yo estoy un poquito mejor que las demás", porque eso entiendo que no sirve.

Y luego, en relación con las notas que obtenemos, bueno, veremos en el tiempo cómo evolucionan las cosas, pero ahí hay una realidad. Primero, las estadísticas esas son consecuencia de unos parámetros que se miden, pero no se miden todas las cuestiones que habría que medir. Porque, claro, lo importante ¿cuál es?, ¿que las personas tengan ya resolución en el que le dicen la prestación que le van a dar, o que realmente reciba la prestación?

Nosotros, las informaciones que tenemos y las quejas que le llegan al Procurador del Común –porque le llegan al Procurador del Común y salen en los medios de comunicación también- es que hay personas que llevan desde el mes de abril del año pasado con la... reconocimiento de la prestación económica vinculada y que todavía no la están cobrando. Cuando alguien pide ingreso en una residencia pública, se le dice que de momento no hay plazas –y usted sabe que tenemos plazas sin ocupar, luego me dará alguna explicación-, pero lo cierto es que están las plazas sin ocupar y no se les da la opción de ingresar en la residencia.

En consecuencia, si tenemos una reducción importante en las horas de ayuda a domicilio –que no sabemos la cuantía, como decía el Portavoz del Grupo Mixto- que está originando despidos en el sector; si sabemos que no se están renovando conciertos con los centros privados; si sabemos que hay plazas vacías en las residencias públicas; si sabemos que se han hecho recortes muy importantes en los cuidados en el entorno familiar... Quiero decir, mire, el que haya una evaluación global en la cual tengamos una buena nota, a las personas que en este momento están sufriendo todas estas cuestiones les importa muy poco. O sea... o sea, al que le han quedado en 12 euros la prestación en cuidados en el entorno familiar, ¿qué más le da que tengamos un 9 o que tengamos un 14? Si, al final, la realidad es que los problemas les están sufriendo ellos. Y, en consecuencia, yo creo que tenemos que cada cuestión dejarla en su contexto y ir al fondo de... de lo que es, que es que las personas estén atendidas.

Un par de pinceladas. Primero, porque es verdad que los cuidados en el entorno familiar es una medida excepcional. Pero también es verdad que es una situación que existe, que, de momento, desde luego, las familias siguen demandándolo; y usted sabe que es la única prestación que ha seguido creciendo a pesar de los recortes, fundamentalmente porque tenemos una situación económica mala. Y es que a las familias no se le pueden pedir cosas que no pueden hacer frente; y, en consecuencia, a pesar de los recortes, sigue siendo el único... la única prestación que sigue. Claro, no se puede estar diciendo: hay familias que viven con la pensión del abuelo, y queremos que al abuelo le metan en una residencia. Y, al final, ¿de qué viven?, si encima va a por la prestación vinculada y no cubre lo suficientemente el precio de la residencia. Entonces, esa es una realidad.

La prestación de cuidados en el entorno familiar... y normalmente es una prestación que en el tiempo tendría que llegar incluso a desaparecer, pero responde a una realidad social, y el Partido Socialista dio Seguridad Social a las personas que habían estado durante tantos años cuidando a sus familiares y no tenían ningún tipo de reconocimiento social ni económico. Y se le dio; y ustedes se la han quitado. Esa es una realidad.

Y luego usted habla mucho de los profesionales; hable mejor de los servicios privados. La prestación económica vinculada al servicio, la propia Ley, en su Artículo 17, define que únicamente se establece... o sea, se concederá cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado, o concertado. O sea, realmente, los esfuerzos tendrían que estar por que hubiera más plazas públicas o concertadas, que es donde se están haciendo los recortes. En consecuencia, la prestación... o sea, no quiera a nosotros ponernos frente a los profesionales, porque creo que cada vez que hace eso está haciendo algo que es tremendamente injusto, porque no... como puede entender, ¿cómo vamos a estar en contra de que haya trabajo y de que tengan trabajo los profesionales? Si es una cuestión de sentido común que el Partido Socialista apoye esas cosas.

Mire, desde luego, si al Procurador del Común se le incrementan las... las demandas y las quejas –todavía no conocemos el informe... vamos, quiero decir, tenemos el texto definitivo, pero por los medios de comunicación-, está claro que es que hay que plantearse por qué ocurre eso, ¿eh?, y yo creo que esa es la realidad.

Mire, el otro día eran muy gráficas las palabras de una... de una madre que decía: "Me dan 20 euros para justificar que me están atendiendo". Y es que esa es la... la otra realidad. Y... y las personas no... sí se enteran de lo que les está pasando, ¿eh?

Bueno, cuando hablamos de financiación, pues, indudablemente, posiblemente la financiación que ha aportado el... el Gobierno de España, pues no fuera suficiente; pero también es cierto que en la financiación que acompañaba a la ley, la memoria económica, cuando en el año dos mil ocho se hablaba de que tenía que aportar la Administración del Estado 678 millones de euros, se aportaron 889; que en el dos mil nueve tenía que aportar 979 y se aportaron 2.000 millones de euros; que en el año dos mil diez tenía que aportar 1.160 millones y se aportaron 2.048 millones. Quiero decir, que es cierto que posiblemente sea insuficiente, pero también es cierto que se hizo un esfuerzo incluso superior de lo que obligaba la propia ley, cuestión que no se ha hecho después, que luego se ha recortado; se ha recortado, además, de forma brutal. Y por eso digo que nos preocupa... nos preocupa el... el futuro.

Y también es cierto que...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Señor Alonso, vaya terminando, por favor.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

(Sí, termino). ... también es cierto que la financiación, en Castilla y León... ustedes nunca han... globalmente, nunca han puesto ese... ese 50 % que tenían que haber puesto y que tanta referencia hacen, porque desde el principio han incluido como presupuesto de dependencia gastos que ya se venían realizando y que en su día recibieron la transferencia para financiar esos gastos. Quiero decir, estamos hablando de todos los programas de mayores, todos los programas de personas con discapacidad –que les computaban-; han dejado de hacer ese presupuesto porque se notaba demasiado, y la realidad es que, del año dos mil once al dos mil trece, el presupuesto que en el dos mil once ustedes computaban como dependencia se ha reducido en 58 millones de euros en Castilla y León, y por eso ha habido que hacer los recortes que están haciendo. Es decir, los recortes que están haciendo responden a que hay 58 millones menos, porque, si no, no hubiera habido que hacer esos... esos recortes económicos.

Y termino. En los últimos seis meses, mientras que hasta el dos mil doce se ha estado incrementando anualmente en una media de 12.000 personas el número de dependientes atendidos –concretamente, en el año dos mil once, 12.492; en el dos mil doce ya ha habido una caída solo a dos mil-, pero en los últimos seis meses, desde que usted sacó la famosa Orden 644, el número de dependientes en los últimos seis meses se ha reducido en 316; y fundamentalmente se ha reducido en los grandes dependientes, en más de 1.200 personas, grandes dependientes, han dejado de recibir las prestaciones.

En definitiva, creemos que hay poco que festejar en Castilla y León en relación con la Ley de la Dependencia. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Muchas gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la Procuradora doña María Luisa Álvarez-Quiñones.

LA SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ:

Muchas gracias, señor Vicepresidente. Y, con permiso de Sus Señorías, sí que voy a decir, en primer lugar, las sustituciones que se han producido en nuestro Grupo Parlamentario. Don Raúl de la Hoz sustituye a... a doña Sonia Palomar, don Javier García-Prieto a don Juan Jesús Blanco, doña María del Canto Benito a don Emilio Redondo Callado y don Óscar Reguera a doña María Soledad Romeral.

Pues, bien, entrando ya en esta materia, señora Consejera, en primer lugar, quisiera expresarle el agradecimiento del Grupo Parlamentario Popular por las detalladas explicaciones que usted ha brindado a nuestro Grupo -y, por ende, a la Comisión- sobre todo lo que ha sido el desarrollo y la aplicación de la Ley de la Dependencia en Castilla y León.

En el Grupo Parlamentario Popular por descontado que queremos poner aquí de manifiesto una vez más nuestro compromiso con la Ley de la Dependencia. El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes españolas apoyó la ley –como no podía ser de otra manera-, una cuestión importante y básica de nuestro estado del bienestar. Pero a ese compromiso el Grupo Parlamentario de las Cortes de Castilla y León, el Grupo Popular, manifiesta también su total reivindicación por un modelo de financiación justo y, sobre todo, adecuado a lo que son las necesidades de la población de Castilla y León hoy en día, y en el... y en el futuro.

Si la financiación es insuficiente –que lo es, y usted lo ha explicado perfectamente-, nosotros vamos siempre a reivindicar esa suficiencia, esté quien esté y ocupe quien ocupe el Gobierno de la Nación. Así lo hemos hecho tanto en la etapa del Gobierno Socialista como ahora mismo, en que nuestro propio partido está gobernando con mayoría en... en todo el Estado español.

Y mire, señora Consejera, nosotros entendemos perfectamente las dificultades que ha habido en la... en el desarrollo normativo y de las aplicaciones que permiten gestionar las prestaciones de la Ley de la Dependencia, y es lógico. Mire, pues, por ejemplo, también ha ocurrido en otras cuestiones muy importantes del estado del bienestar: la Ley 14/86, General de Sanidad, que se aprobó en mil novecientos ochenta y seis, pues terminó de desarrollarse el modelo de financiación –por cierto, sin contemplar nunca la dispersión para Castilla y León- en el año dos mil. O sea, que entendemos que la Consejería ha hecho un importante esfuerzo en el desarrollo de todas las cuestiones relativas a la Ley de la Dependencia.

Y mire, señora Consejera, queremos hacerle una pregunta, porque es verdad que conocemos que tanto en el Sistema de Información de Atención a la Dependencia como en lo que... en los informes de la Asociación Española de Directores y Gerentes de Servicios Sociales la valoración de nuestros servicios es buena. Pero quisiéramos que explicara en más destalle cómo es este órgano profesional, esta asociación profesional, qué personas forman parte de ella, cuál es su implicación en cada una de las Comunidades Autónomas con los servicios sociales, y detallar un poco más las cuestiones que se... que ahí se... se analizan. Porque yo he tenido oportunidad de leer varios de los informes, en los que, por ejemplo, una de las cuestiones que se alaba, pues es cómo Castilla y León ha afrontado a las personas que estaban o podrían estar en el limbo de la dependencia, atendiendo el mayor número de solicitudes posible. Quisiéramos algún detalle más sobre cómo opera ese informe, qué personas forman parte de la asociación y cómo... y cómo se evalúa.

Y, por nuestra parte, nada más, de momento, señora Consejera. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Muchas gracias, Señoría. Tras... tras la intervención de los diferentes Portavoces, la señora Consejera puede contestar a las cuestiones planteadas, bien de forma aislada o conjunta, a las distintas intervenciones.

LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (SEÑORA MARCOS ORTEGA):

Muchas gracias, Presidente. Contestaré en el mismo orden que han intervenido los señores Procuradores, aunque hay cuestiones comunes.

Mire, señor González, lamento que usted tenga la imagen de que esta Administración y que esta Consejería, incluso la Consejera, hablan de autobombo. En todo momento he estado intentando y he pormenorizado en los datos y en el detalle de todo el procedimiento que, a lo largo de seis años, se ha llevado a cabo desde la Junta de Castilla y León.

Los resultados llegaron después. Podíamos haber acertado o habernos equivocado, porque no había una normativa previa ni un camino previo ni una orientación que nos dijera cuál era el mejor modelo. Es cierto que se optó por un modelo con apoyo de las Corporaciones Locales, absolutamente público, y por profesionales públicos dispersos por el territorio -de hecho, se incorporaron más de 500 profesionales a los servicios sociales-; y ese, y el optar por un sistema riguroso de procedimiento y de control de... tanto de la capacidad económica de los usuarios como de las prestaciones e intensidades con las que se concedían los servicios para que fueran estrictamente adecuados unos y otros, es lo que ha dado a la postre esos buenos resultados. No se trata de autobombo. Los profesionales son los que nos evalúan, son expertos nacionales, que poco tienen... tenían –en ese momento- que... que analizar, cuando cada Comunidad Autónoma, sin haber una... una pauta general, ha podido... podía ser evaluado.

Es cierto que la ley es extremadamente compleja, es una ley ambiciosa, que se... se aprobó por... por consenso, y que yo siempre alabaré. Creo que la Ley de... de Dependencia es fundamental en este momento, es muy importante como generadora de derechos, y promovió e impulsó el cambio de modelo de lo que podía ser los antiguos servicios sociales, más vinculados a la beneficencia, al modelo de derechos, que no solo... no solo creemos en él, sino que hemos trasladado a la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, siempre diré que la Ley de Dependencia es necesaria y ha sido imprescindible para el desarrollo de los servicios sociales.

Pero no es menos cierto que la complejidad que entraña –y que entrañaba, en ese momento- un cambio de sistema era como para haberla abordado y haber tenido la normativa y los acuerdos nacionales previos antes de iniciar su implantación en unos servicios sociales totalmente diferentes en cada Comunidad Autónoma, en un punto de partida totalmente diferente en cada Comunidad Autónoma, y que al no tener esa regulación previa y esos criterios básicos previos a la puesta en marcha, pues tanto la Administración General del Estado como la de las Comunidades Autónomas nos vimos obligados a trabajar insistentemente, y de una forma yo creo que muy... muy rápida, pero con las dificultades que entraña todo esto, durante varios... durante varios años. Por lo tanto, autobombo, no, simplemente trabajo y... y resultados elaborados y evaluados por expertos ajenos, no voluntad propagandística.

Y en ningún caso creo que el haber atendido a 113.000 personas en estos años se puede decir que sea un ejercicio de propaganda; es una realidad. Son 113.000 personas dependientes las que han sido beneficiarias del sistema de dependencia en nuestra Comunidad Autónoma.

Mire, desde luego, la demanda y la oferta en nuestra Comunidad Autónoma está... ¿es acorde o no es acorde? Pues, si no es acorde, no es precisamente por la falta de recursos, sino por el exceso. Todos los informes nacionales y los expertos europeos establecen... la Organización Mundial de la Salud, cuántos deben ser el número de plazas residenciales cada cien habitantes -Castilla y León lo duplica-, cuál debe ser la cobertura de centros de día, de centro de... la prestación de ayuda a domicilio. En todas las variables, en todos los servicios, la cobertura de Castilla y León está muy por encima de la media nacional y siempre cumple los criterios que establecen los expertos. ¿Son muchos o pocos? Bueno, es lo que establece la normativa, y con quien nos podemos comparar es cuando se utilizan criterios comunes para evaluar a todas las Comunidades Autónomas y al resto de países. Por lo tanto, no coincido con usted en que haya insuficiencia de recursos en la... en la Comunidad Autónoma.

Tampoco puedo compartir el que hable de que los expertos son pomposas atalayas –creo que ha dicho, he tomado nota, porque me ha resultado curioso-. Mire, los expertos son profesionales de los servicios sociales -y aprovecho también para contestar a la Procuradora del Partido Popular-, son profesionales de los servicios sociales. Yo, desde luego, no los conozco, ¿eh?, personalmente; son un grupo de personas, no sé cuántas personas lo componen, cuántas... [murmullos] ... no, no sé cuántos hay, debe haber bastantes. A ver, hay... es un grupo... es un grupo amplio de personas que se... que se reúnen a elaborar los dictámenes. Conocemos a algunos de los miembros que han venido a la Comunidad Autónoma en alguna ocasión, que se reunieron, incluso, en esta Comunidad Autónoma para elaborar uno de los dictámenes, y que está formado por expertos de diversas Comunidades Autónomas, pero todos ellos profesionales y trabajadores de las diferentes Administraciones Públicas en servicios sociales.

Por lo tanto, no sé si son pomposas atalayas, pero, realmente, con la información de la que disponen a nivel nacional es con la que elaboran los criterios y comparan a todas las Comunidades Autónomas; todas se les mide con los mismos criterios. Yo no puedo, no me considero capacitada para entrar a valorar si los criterios son los mejores o no, si estoy de acuerdo con todos o no. Creo que tienen la suficiente capacidad como para determinar si son los criterios con los que nos tienen que medir.

Pero, en cualquier caso, siendo los mismos con los que se mide a todas las Comunidades Autónomas, las comparativas, lógicamente, son las que arrojan los resultados que... que determinan que Castilla y León esté posicionada cada dictamen en una situación o en otra.

Insisto, no sé si los criterios son los mejores o no lo son, si pudiera haber otros o no, no me siento capacitada para tomar una decisión de esas características, cuando es una decisión colegiada en un órgano de expertos a nivel nacional, y que para sacar los datos cuentan con la información con la que el Ministerio, desde el momento en que apareció la ley, se publicó la ley, se ofrece a nivel absolutamente público y garantizado, como no puede ser de otra forma, porque es la Administración Estatal.

Me habla de... de que hago ilusionismo con las estadísticas. Insisto, no son mis estadísticas, yo nunca hago estadísticas, lo que hago es ver la estadística que hacen los expertos; por lo tanto, pues no sé si es... tiene que ver algo con el ilusionismo o no. Es cierto que la situación –y lo he expuesto claramente- ha sido muy compleja. Hemos tenido que ir elaborando y atendiendo a las personas, incluso cuando podían presentar la solicitud, en enero de dos mil siete, y no había criterios, porque no fuimos... no tuvimos la capacidad de consensuarlos hasta diciembre de ese mismo año. Es decir, todo ese año se estuvo trabajando, no para boicotear la ley -se lo puedo asegurar-, sino para poner las bases que nos permitieran, primero, tener el baremo nacional, que era fundamental; a partir de ahí, elaborar criterios provisionales en la Comunidad Autónoma para saber cómo se computaba... con qué criterio se computaba la capacidad económica y qué aportación hacía el usuario al coste de los servicios. A falta de una normativa nacional, la Comunidad Autónoma, en base a la propia ley, llegó a unos acuerdos, tanto con CERMI como con el sector del... con el Diálogo Social, para aplicar la propia ley; si no, era imposible aplicarla, no se hubiera podido aplicar. Es que esa normativa hoy no está todavía publicada con el rango suficiente, que es el decreto que establecía la propia ley que había que tener en seis meses.

Por lo tanto... y los avatares han derivado en esto. No he dicho en ningún momento que no se haya trabajado a nivel nacional, ni muchísimo menos, sino que las decisiones y la implantación se ha hecho de una forma precipitada, y esto es... ha sido la consecuencia de que hoy la situación sea todo lo complicada que es.

Desde luego que estamos todos de acuerdo en que cuanto más elevadas sean las cuantías, pues mucho mejor; que las personas, los cuidadores familiares, estaba prevista el alta en la Seguridad Social -y parece muy razonable-, pero no es menos cierto que había un problema presupuestario muy claro. De hecho, por la información que se ha publicado, había una deuda con la... para... con la Seguridad Social, desde el Ministerio de Hacienda, por impago de seguridad social de los cuidadores creo que de 820 millones de euros. Estamos hablando de muchos millones de euros de deuda a la Seguridad Social, que se había concedido a los cuidadores pero que no se había pagado a la Seguridad Social. Por lo tanto, reconocer derechos que no se pueden pagar, pues no parece lo más oportuno. Hay que ser coherentes y garantizar los derechos que se pueden cubrir. Es así... así de sencillo. Nadie puede o, al menos, debe gastarse lo que no tiene, y menos comprometer derechos cuando no se pueden abordar.

Me dice que en teleasistencia solo hay un 5 % -entiendo que es de personas dependientes-. Es que la teleasistencia no es un servicio de la Ley de Dependencia; hay que darlo acompañado de otros servicios. La Comunidad Autónoma atiende a miles de personas en teleasistencia por servicios sociales, y, además, lo hace con las Corporaciones Locales. Incluso, recientemente, hemos asumido la financiación que hasta este año hacía el Imserso a las Corporaciones Locales y que estaba al margen de los servicios sociales, al margen de la Comunidad Autónoma, al margen de los criterios, y siempre lo hemos denunciado, porque es un servicio social y tendría que haber estado transferido con financiación a la Comunidad Autónoma; y realmente lo hemos asumido en el momento en que ha desaparecido la financiación, pero había... había que dar una respuesta a más de 11.000 personas que estaban atendidas de forma independiente por las Corporaciones Locales de nuestra Comunidad Autónoma, y lo hemos hecho para resolver los problemas.

Mire, dice que no se conoce cuál es la reducción de horas del servicio de ayuda a domicilio. Pero si lo establece el real decreto estatal del mes de julio, no lo hace la Junta de Castilla y León; hubo un acuerdo -y en esto, pues sí que hubo acuerdo a nivel nacional-, y se estableció no el criterio de Castilla y León, que era dar las horas que veníamos dando hasta ese momento, sino lo que se daba de media en todas las Comunidades Autónomas del país, y la media de horas de ayuda a domicilio que se estaba dando en todo el país es la que se ha trasladado al real decreto estatal. Por lo tanto, la intensidad de ayuda a domicilio no se ha ajustado más que a la obligación que establece la normativa estatal, como se ha hecho siempre que ha habido una regulación nacional. La Junta de Castilla y León, de acuerdo o no con la previsión nacional, ha cumplido la norma, ha cumplido lo que el... lo que se establecía en... en la normativa básica nacional, o incluso en los acuerdos a los que se llegaba a nivel nacional. Creo que es un ejercicio de responsabilidad y de... y de coherencia.

Creo que le he contestado a la mayoría de las cuestiones que... o en las que había tomado nota.

En cuanto a la exposición de don Jorge Félix Alonso, no creo que desde que se ha empezado a aplicar la ley en la Comunidad Autónoma haya habido una actitud de crítica. Se lo digo con todo el cariño, y creo que usted comparte conmigo el esfuerzo que se ha hecho en la Comunidad Autónoma para aplicar la Ley de Dependencia, y para aplicarla con rigor; no solo el esfuerzo económico, presupuestario, que iba... iba aparejado, por supuesto, pero el que los primeros meses de aplicación de la ley ya se hubiera acordado... incluso antes de que apareciera la normativa nacional, la primera normativa nacional, se hubiera acordado con las Corporaciones Locales el sistema de trabajo, hubiera 490... casi 500 personas formadas que empezaban a hacer las valoraciones, y un sistema de valoración en todo el territorio, un mecanismo de coordinación y una aplicación informática que desde el primer momento contó con todos los medios necesarios para garantizar el rigor en la aplicación de la norma, no creo que eso se pueda tildar como una... una actitud negativa ante la aplicación de la ley.

Insisto en que pienso que la Ley de Dependencia es algo necesario y que... de los que en estos momentos no podía... no podríamos prescindir.

Es cierto que las cifras en origen y las cifras actuales pues son diferentes, pero no es menos cierto que la Comunidad Autónoma tiene en este momento atendidos a todos los dependientes severos y moderados que preveía la ley para el año dos mil quince. Por lo tanto, lógicamente, los incrementos de números de personas dependientes año a año no pueden ser los mismos cuando se empieza a aplicar la ley que cuando ya se está prácticamente en la plena atención. No podemos incorporar a grandes dependientes que todavía no hubieran entrado en el sistema porque es que ya están. Por lo tanto, ahora va a haber un flujo, entendemos, razonable entre altas y bajas, pero teniendo en cuenta, insisto, que en este año dos mil doce, a finales de dos mil doce, teníamos el número de dependientes severos y moderados, que son los que hoy tienen derecho, previstos para el año dos mil quince en el Libro Blanco; por lo tanto, pues no puede... el crecimiento no debe ser al mismo momento.

Nunca se ha evitado los pactos con el... en el Consejo Territorial; siempre se ha colaborado con el Consejo Territorial. Al menos, con Castilla y León, desde luego, no pactaban; sí que nos consta que con otras Comunidades Autónomas había pactos y que, además, llevaban dotaciones presupuestarias que no llegaban a nuestra Comunidad. Y sí que lo hemos... lo hemos denunciado, porque incluso las Comunidades Autónomas que lo recibían, pues presumían de ello en el Consejo Territorial, cosa que, lógicamente, a quien no lo recibe, pues no le... no le gustaba; quizá también fruto, precisamente, de no tener esa mayoría absoluta, se lo tengo que... que reconocer.

El futuro de la dependencia y los seguros privados. Le tengo que reconocer que me sorprende. No sé muy bien por qué piensa que los seguros privados tienen que ver algo con la... con la dependencia. Realmente, en nuestra Comunidad Autónoma, no... yo no he oído hablar de seguros privados, pero es que no sé si tiene algo que ver de... le voy a explicar nuestro modelo una... una vez más.

Lo que pretendemos es que todas las personas tengan capacidad económica suficiente, entre lo que ellos tienen y lo que le pone la Junta de Castilla y León, para poder adquirir el servicio profesional que necesite, que sea adecuado a su situación, y allí donde él elija. Tan privado es cuando se da una subvención por una plaza concertada en un centro privado como cuando el usuario elige. La única diferencia es que en un caso elige la Administración y en el otro elige el usuario. Y las cuantías, en este momento, son prácticamente las mismas en cuanto a aportación del usuario en un sistema o en otro. En lo que tenemos que avanzar es en que realmente el usuario sea quien elija, y que la financiación pública vaya destinada a garantizar a las personas el servicio que necesitan, a que quien tiene mucho y quien no tiene nada pueda elegir exactamente igual el centro o el servicio profesional que quiere recibir y quién quiere que se lo preste.

No podemos hablar de que las ayudas vinculadas están al margen de la ley, porque, mire, en el año dos mil ocho la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios dice que la participación de la Administración... habla del informe "Evaluación de la participación de la Administración General del Estado en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia", y expresamente –y le leo textualmente- dice que "únicamente la prestación económica para cuidados en el entorno familiar puede considerarse como prestación económica, por cuanto el resto está vinculada al pago de servicios o a la contratación de un asistente personal. Consecuentemente, la prestación vinculada tiene la consideración de servicio", lo dice en dos mil ocho la Agencia Estatal de Evaluación.

Y usted sabe que, incluso en los criterios de reparto del nivel acordado, se estableció la ayuda vinculada como prestación de servicio, en cuanto a los criterios de reparto de ese... de esos fondos a las Comunidades Autónomas, porque son servicios profesionales. De una forma o de otra, son servicios profesionales los que recibe la persona dependiente, y es razonable que así se considere.

Insisto, entre una plaza concertada y una ayuda vinculada para que el usuario se compre un servicio en una residencia la única diferencia que existe es que en un caso es la Administración quien decide dónde está la plaza concertada y se le oferta al usuario dónde puede ir, y en la otra es el propio usuario el que, con esa financiación también de la Comunidad Autónoma, decide quién quiere que le preste el servicio y a qué centro puede asistir. Por eso nuestra insistencia en incrementar las cuantías, tanto al Grado III como al Grado II, para que las personas que menos tienen lleguen a ese rango de precio, puedan comprar el servicio donde quieran, no puedan elegir solo los ricos, pueda elegir todos los ciudadanos que quieran un servicio profesional. Ese ha sido el gran esfuerzo de la Comunidad Autónoma.

Yo no pongo en duda –se lo he dicho antes- las calificaciones de los expertos, ni voy a decir si son mejores o peores. Es cierto que hablan de la demolición del sistema de dependencia, y que nos preocupa muchísimo, nos preocupa muchísimo. Porque otras Comunidades Autónomas no están, no han tomado las decisiones que ha tomado Castilla y León; no han tomado las medidas, ni en su momento ni ahora; hay algunas que aun hoy no están teniendo en cuenta lo que decía la ley en el año dos mil seis, no están computando, no tienen criterios de capacidad económica, no computan el patrimonio, no tienen regulada, con el rigor que lo tiene Castilla y León, la aplicación de la Ley de Dependencia; están yendo a prestaciones de bajo coste, eso sí que es privado, las prestaciones familiares son absolutamente privadas, pero si se las llevan las familias.

Nos está preocupando -y mucho- el que, al no haber tomado las medidas oportunas, al no tener un sistema riguroso establecido como el de Castilla y León, estén dejando de conceder prestaciones, porque están en una situación económica muy complicada. Es que estaban dando a todo el mundo la cuantía máxima, y algunas lo siguen haciendo. ¿Pero cómo no nos va a preocupar? El bien de la evolución... o la evolución positiva del sistema de dependencia en el Estado será positivo para la Comunidad Autónoma, ¿cómo no?

Pero, desde luego, lo que sí que hacemos es, desde este momento –y se lo he... se lo he dicho en mi intervención-, es apostar para que la financiación de dependencia deje de estar al albur de los Presupuestos Generales del Estado de cada año, que se incorpore. Cuando se haga la modificación del sistema de financiación nacional a las Comunidades Autónomas, que se incorpore la financiación del sistema de dependencia. Será la forma en la que tengamos una garantía de financiación, en la que no estemos pendientes cada año de que una Comunidad Autónoma haga una cosa o la deje de hacer, y de que las personas dependientes y la Comunidad Autónoma cuente con esa financiación estable para poder conceder las prestaciones.

Nos preocupa, efectivamente, cómo... -cada día vemos noticias diciendo... de la Asociación de Gerentes e incluso de Comunidades Autónomas- cómo se cierran centros, cómo se despide trabajadores. Pero, así como -efectivamente, tiene razón- la Asociación de Directores y Gerentes habla de esta demolición a nivel nacional, no es menos cierto que el mismo Presidente de la asociación dijo que Castilla y León era un oasis en la aplicación de la ley. Esperemos que el resto de Comunidades Autónomas vayan en la buena dirección, tomen las medidas oportunas por duras que sean, pero puedan garantizar, igual que lo hace nuestra Comunidad, la atención a las personas dependientes que lo necesiten, y, además, con criterios de profesionalidad y cumpliendo la ley, evitando, por lo tanto, los despidos, que estamos viendo como cada... cada día aparecen en los medios de comunicación de Comunidades Autónomas en las que se están produciendo sistemática... sistemáticamente. Y, cuando hablo de "oasis", es la palabra que utilizó el Director o Presidente de la asociación, no la he utilizado yo porque se me haya ocurrido.

Es cierto, se han bajado las cuantías a quienes más tienen, y se han subido a quienes menos tienen, y fundamentalmente para cuidados profesionales. Pero es cierto que para poder conseguir esto ha habido que pedir un esfuerzo adicional a los cuidadores familiares de un 15 % más. Pero de un 15 % más –usted sabe, y a mí me duele cuando le oigo malinterpretarlo-, no es la Comunidad la que ha bajado el 90 %, es que ha desaparecido el techo... el suelo más bien de la cuantía que hasta ahora era obligatorio dar a todas las personas.

Saben que la normativa, hasta ahora, exigía que, una vez hechos todos los cálculos, como mínimo se dieran prácticamente 300 euros a todo el mundo. Eso ha desaparecido, ha desaparecido de la normativa estatal. Cuando alguien que cobraba 300 ahora cobra 30 no es porque la Comunidad haya bajado el 90 %, se lo hemos bajado, pero es que hemos aplicado la normativa estatal. No es que nosotros no hayamos cumplido con nuestro compromiso.

De hecho, hombre, cuando el acuerdo se ha llevado a nivel de diálogo social, cuando se ha llevado a nivel de sector de personas con discapacidad y de sector de personas mayores, todos no vamos a estar equivocados. Incluso recientemente el diálogo social, el Congreso de Comisiones Obreras, ha reconocido el compromiso y el rigor y el apoyo que le presta a las adaptaciones de la Ley de Dependencia en nuestra Comunidad Autónoma, lo ha dicho el nuevo Secretario General de esta... de esta formación.

Por lo tanto, colaboración permanente con todos ellos, y también seguimiento permanente por si hay alguna cuestión que hay que mejorar o modificar, sin ningún problema. Estamos haciendo un seguimiento permanente de todas las medidas que adoptamos.

Mire, el presupuesto de dependencia no se ha reducido, usted lo sabe, no está en prestaciones económicas porque está en servicios. O sea, se ha reducido la parte correspondiente a prestaciones económicas, pero se ha incrementado la parte que corresponde a servicios profesionales. No es que haya desaparecido del presupuesto, el presupuesto de dependencia se mantiene. No se mantiene en las mismas partidas porque los servicios profesionales se financian desde un punto, desde un apartado presupuestario, y las ayudas económicas se tienen que presupuestar en otro, pero esos son... esos son los cambios.

Y, finalmente, decía que estamos festejando. Yo creo que no podemos festejar nada en esta situación. Lo que tenemos es que reconocer el esfuerzo que le estamos pidiendo a las familias, no estamos para celebraciones ni... ni vamos a celebrar. Aunque sí que es, desde luego, un espaldarazo, cuando hay que tomar este tipo de decisiones, el que los expertos reconozcan el esfuerzo y cómo en Castilla y León, con estas medidas, se puede seguir garantizando que todos los meses hay incorporaciones y nuevas altas, y que el sistema sigue funcionando. Pero, desde luego, tener que tomar medidas tan duras como las que se están adoptando, ni a nivel nacional ni de la Comunidad Autónoma, creo que sea algo que se pueda festejar.

A todos, a todos, estoy segura, de los que estamos aquí, nos gustaría poder garantizar a todas las familias que, en lugar de 300 euros, les damos 530 de mínimo. Pues claro, todos estaríamos mucho más satisfechos, pero sería, primero, una injusticia, y luego, una irresponsabilidad porque no hay presupuesto para ello. Y, desde luego, una injusticia porque no considero que las prestaciones públicas y el dinero público se deba destinar a todas las personas por igual, sino a ayudar... -como bien decía el Portavoz de Izquierda Unida- a ayudar a quienes realmente lo necesitan, a quienes no tienen, y no a todos por igual.

El esfuerzo, desde luego, de hacer todo este tipo de cálculos, de ajustar la cuantía que recibe cada quien en función de su capacidad económica, su renta y su patrimonio es muchísimo mayor que el que supone dar a todo el mundo una cuantía con independencia de sus ahorros. Pero, desde luego, ese es el modelo que en otras Comunidades Autónomas ha derivado en un absoluto fracaso y que en ningún caso queremos para nuestra Comunidad.

A la Portavoz le he contestado previamente, son expertos a nivel nacional vinculados con los servicios sociales en las diferentes Administraciones Públicas y que determinan una serie de variables con las que se mide sistemáticamente, cada seis meses, el... la evolución de la Comunidad Autónoma en función de los datos que aparecen en la web institucional del... del Imserso.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Muchas gracias, señora Consejera. Tras la contestación de la señora Consejera, los Portavoces disponen de un turno de réplica por un tiempo máximo de cinco minutos. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, como he dicho, el Procurador don José María González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Gracias, señor Presidente. Señora Consejera, sabemos que en el informe de expertos venía el oasis, lo sabemos. Yo, bajo ningún concepto, ni he dudado de ese trabajo -porque, además, lo utilizamos para la crítica, como usted bien sabe- ni... ni dudo de ese trabajo; lo que sí está claro es que a la señora Consejera, por parte de Izquierda Unida, se le exige más que las cifras positivas que dan esos informes.

Ya estaría bien -quiero decir lo de "ya estaría bien" de forma irónica- que encima de ese limbo -del que insisto en seguir hablando- de personas de Castilla y León, de ciudadanas y ciudadanos de Castilla y León, es decir, personas con derechos que están ahí en el limbo sin poder tener opción de ser ciudadanos con derechos, porque no se les reconoce, encima tuviésemos un nivel estadístico muy bajo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que detrás de los datos estadísticos y de las cifras y de los números están las personas, que eso es lo que nos gustaría ver reflejado en la comparecencia de la señora Consejera. Eso es lo que quiero decir con el autobombo, que hay que bajarse a analizar la realidad.

Y yo sé que la señora Consejera me va a decir, o la Portavoz del Grupo Popular, que todo el mundo conoce personas que lo están pasando mal y que necesitan ayuda y que necesitan la aplicación de la Ley de Dependencia, pero que taca taca ta; pero es que... es que tenemos que hablar de esas personas con derechos.

Señora Consejera, usted me habla, a nivel estadístico, que estamos por encima de la media en plazas de residencia, pero yo le especifiqué bien: plazas públicas. Lo dije en la primera intervención y se lo recalco, porque, claro, atender a todo, pues a veces se complica, ¿eh?; plazas públicas. E incluso he insistido en que hay plazas públicas vacantes y que además hay plazas públicas que tendrían que haberse adaptado ya a la aplicación de la Ley de Dependencia que siguen sin ponerse en valor. Y que discutimos permanentemente de ellos, y no es a propuesta de... del otro Grupo de la Oposición, es a propuesta nuestra, pero siempre estamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque son absolutamente necesarias esas plazas públicas.

Yo le he hablado del número de horas, y usted me dice: no, no, se ha tomado la decisión a nivel nacional, y las que nos corresponden... las que nos corresponden a nivel porcentual. Y, luego, todos sabemos que, de lo que dice la ley a lo que se ha aplicado en realidad, hay disfunciones, hay disfunciones. Y yo le hablaba del número de horas totales, no el porcentaje a mayores que en Castilla y León nos ha correspondido reducir en base a la decisión estatal, sino, en base a esa decisión, y en base a la realidad que la Consejería debe conocer, ¿cuál es el total de horas que se ha reducido en Castilla y León la ayuda a domicilio? Porque, detrás de esa reducción de horas, está un peor servicio a los ciudadanos; detrás de esa reducción de horas, está una disminución del empleo por la vía de los hechos, porque, posiblemente, puedan estar el mismo número de personas... estar trabajando en ayuda a la dependencia, pero no están el número de horas, con lo cual, es una reducción de empleo.

Eso es lo que quería decir en mi intervención, que yo estoy seguro que usted lo captó perfectamente, pero que, con eso de llevar el agua al molino de uno, usted lo ha intentado llevar de nuevo a su molino, pero el agua, por desgracia, con la ley de regantes y de utilización de las aguas, debe tener un reparto proporcional, y por muy propietario del molino que sea alguien con poder en una provincia determinada, el agua tiene que llegar a los demás molinos que están aguas abajo, ¿no? Y, entonces, los demás molinos son los de las personas con necesidades de utilizar ese agua pública.

Creo que no me dejo nada en el tintero. ¡Ah, sí! Vuelve usted a incidir en la prestación económica vinculada en su respuesta. La prestación económica vinculada, al final, cuando la situación es de no aplicación de la Ley de Dependencia en sus justos términos, cuando se aprobó, está significando en estos momentos de crudeza económica, pero sobre todo de crudeza social, estamos incrementando la compra de servicios privados. Ese incremento de compra de servicios privados significa que estamos traspasando recursos públicos para el beneficio privado de quien gestiona ese servicio. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Muchas gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el Procurador don Jorge Félix Alonso Díez.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Gracias, señor Presidente. Y gracias, señora Consejera, por sus explicaciones. Voy a empezar por lo del seguro de... los seguros privados, porque yo creo que este es el... el debate hoy. Digo que es el debate porque es que el Secretario de Estado de Servicios Sociales, don Juan Manuel Moreno, dice: "Queremos derivar gran parte de la actividad hacia el sector empresarial porque es lo sensato, hay muchas empresas que se dedican a ello, es un sector maduro que hace un magnífico trabajo". Es decir, esta es la realidad, es decir, la realidad a la que vamos, quiero decir.

¿Y cómo se... se dirige al sector privado? Pues con la prestación económica vinculada, porque es... -también lo dicen- es el cheque-servicio, es algo que ustedes han querido hacer siempre con la sanidad y que lo tienen más complicado porque la sanidad tiene... está mucho más consolidada, afortunadamente, que el sistema de la dependencia, y lo quieren hacer con la dependencia.

El... la decía antes que ustedes siempre leen -de la ley- que la prestación de cuidados en el entorno familiar es un servicio extraordinario, pero nunca leen que hay que dar un servicio público, y que solo se irá al servicio privado cuando no se pueda dar el servicio público. Y, claro, y si no se fomentan los servicios públicos e incluso se dejan sin ocupar plazas, se está obligando a ir a la prestación económica vinculada, o sea, al cheque-servicio.

Porque, claro, ¿cómo... cómo se puede decir que están ustedes apostando por los servicios profesionales cuando están dejando sin trabajo a las personas que trabajan en el sector de ayuda a domicilio? Pues está claro que eso no es fomentar el empleo de los... de los profesionales.

Entonces, en definitiva, lo que es fundamental es saber... Y... y creo que por las últimas medidas que ustedes han tomado, por su énfasis en el servicio de profesionales, pero privados, está claro que lo que están apostando es por el cheque-servicio, por la prestación económica vinculada. Que no estamos en contra de que haya empresas privadas -digo-, y quiero hacer énfasis porque luego... luego enseguida se nos dice... No, yo no he dicho nunca eso, pero lo que está claro es que primero los servicios públicos, lo otro es una opción; pero para que haya servicios públicos hay que potenciarles, cosa que no se está haciendo en la Comunidad.

Y... y, además, es que el cheque-servicio tiene un problema, tiene una limitación, que es la limitación económica de las familias, que eso ustedes no quieren tenerlo en cuenta. Es más, con las modificaciones que han hecho, incorporando el patrimonio y otro tipo de cómputos, pues indudablemente han hecho más difícil acceder. Y está claro que hay familias que el que les den el cheque-servicio seguramente les venga hasta bien, les venga hasta bien porque tienen una situación económica holgada, que, si encima les dan 300 euros, pues... pues les viene bien; pero hay familias que están excluidas.

Y además, mire, el tratamiento no es igual en un centro residencial que en un centro de día; no es igual que compre la ayuda a domicilio, porque también quieren derivar el cheque-servicio a la ayuda a domicilio, que hasta ahora estaba siendo a través de los Ayuntamientos como se prestaba, con lo cual había unas garantías y unas condiciones económicas, que, ahora, hay personas que están renunciando a la ayuda a domicilio porque no pueden pagarla, porque les han subido tanto el porcentaje de la aportación a la familia que no pueden pagarla. Y... y esa es la realidad que hay. A lo mejor me lo niega, pero este... el tiempo, desde luego, nos lo va a confirmar.

Y, desde luego, vuelve usted a decir que solo... dice: "Hemos pedido un esfuerzo, y solo bajamos un 15 % más". No es verdad, no es verdad; porque la reducción no es la de 15 % -que también-; son las fórmulas que han modificado y han incrementado las... los cómputos para que las personas reciban menos. Es decir, porque a una persona que recibía, de cuidados en el entorno familiar, 520 euros, y ahora le han dejado en 319, solo con una capacidad económica de 459 -¡ojo!, que estamos hablando que no llega ni... ni al salario mínimo, vamos, ni a la... al IPREM-, le han reducido un 38. Es decir, si es que en todos los casos han reducido. Ya no hablemos el... el que tiene una capacidad económica de 900 euros, que le han reducido un 91 %, ¿eh? Es decir, o una... una capacidad económica de 667 euros –que entiendo que, desde luego, no es un potentado-, y le han reducido un 89.

O sea, realmente, no siga diciendo lo del 15... bueno, puede decirlo las veces que quiera, porque está en su derecho, pero, desde luego, las reducciones no solo por el 15 –que también-, es por las fórmulas que han introducido y que además no quieren modificar, porque lo tienen claro, ¿eh?, tienen claro que hay que llevar a la inanición a las familias para ver si con eso las plazas que han quitado en las residencias concertadas lo... lo pueden compensar. Pero, ya digo, es... es que no tienen en cuenta que es que hay familias que están viviendo con la pensión del abuelo, y que, en consecuencia, no les queda más remedio que hacer esto que están haciendo, y ustedes les están penalizando reduciéndoles el dinero.

Y mire, cuando habla de financiación, no mezcle las cosas; porque es verdad que ahora hay personas que van a tener que pagar a la Junta, pero, si nosotros cogemos las cuantías del conjunto del presupuesto de discapacidad –estén en Capítulo 2, Capítulo 4 o... o el Capítulo 7, da lo mismo, al final es el conjunto de discapacidad- y cogemos las partidas de mayores, pues lo que vemos es que lo que antes usted computaba como dependencia ahora se ha reducido 58 millones de euros, 58 millones de euros, esa es la realidad, y esa es la realidad por la cual, pues estamos asistiendo a lo que estamos asistiendo, que es los recortes generalizados.

La Ley de la Dependencia tiene una dificultad, una dificultad en su aplicación, y es que es competencia de las Comunidades Autónomas los servicios sociales, pero nació con la voluntad... –y así se apostó por ello el Partido... el Gobierno Socialista, el Partido Socialista- con la voluntad de dar respuesta a algo que no se estaba dando respuesta. Con toda la dificultad que tiene poner de acuerdo a las Comunidades Autónomas, al propio Gobierno de España, esa... Gobierno en minoría que se tenía; y eso es lo que hay que valorar. Quiero decir, no solo es cuestión de decirlo –"es que esto no funcionaba, es que..."-, claro, ¿qué vamos a hacer, si las circunstancias son las que había? Si hubiera habido una mayoría absoluta no solo en el Parlamento, sino en las Comunidades Autónomas, pues seguramente se hubiera hecho otra cosa. Desde luego, no se hubiera hecho lo que están haciendo ustedes, aprovechar esas mayorías para hacer los recortes que están haciendo, que son recortes brutales.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Señor Alonso...

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

(Y termino).

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

... vaya terminando.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

(Gracias, Presidente. Termino). Mire, me gustaría que me aclarara... porque estamos aquí otra vez con el juego de los datos, ¿eh? En la propia información que ustedes facilitan dejan claro que en Castilla y León, el treinta y uno de enero, tenemos 62.092 personas que tienen identificadas y reconocidas, identificadas y reconocidas; me gustaría saber las que de verdad lo están recibiendo, porque estos son los datos con los cuales la Asociación de Directores y Gerentes hace sus análisis, con las personas que usted dice que son identificadas y reconocidas, pero aquí lo que tenemos que ver son las personas que realmente reciben las prestaciones, no las que tienen identificadas y reconocidas; y lo que a nosotros nos dicen –y por eso se dirigen al Procurador del Común- es que hay personas que desde abril todavía no han recibido las prestaciones, aunque las tengan identificadas y reconocidas. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Muchas gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, la Procuradora doña María Luisa Álvarez-Quiñones.

LA SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ:

Renuncio a usar el turno, señor Vicepresidente. Gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Gracias. Tiene la palabra, en un último turno de dúplica, la señora Consejera.

LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (SEÑORA MARCOS ORTEGA):

Muchas gracias. Sí. Y, en primer lugar, al Procurador... al Grupo Mixto, pregunta por las cifras positivas, por las "cifras del limbo de la dependencia". Se publican todos los meses. Mire, nos gustaría que no hubiera ni una sola persona esperando a tener reconocida la prestación desde el día que la solicita; pero es que hay una tramitación de... un plazo de seis meses, que tenemos que cumplir; una... una documentación farragosa y compleja, que, además, yo he dicho en mi comparecencia que queremos que se simplifique, que queremos agilizar, y que no entendemos que haya que grabar más de 100 datos por cada acción que hay con un usuario, que luego hay cambios, hay modificaciones, tal... que complican muchísimo la gestión y que realmente lo importante en este momento es agilizarlo para todos los recursos que se destinen a la gestión dedicarlos, en la medida de lo posible, a la concesión de prestaciones. Será algo positivo si conseguimos que esto... que de esto se hagan... se hagan eco.

Pero, aun siendo conscientes de que la tramitación es farragosa y que lleva plazos dilatados, es cierto que Castilla y León –y es una de las variables que mejor computan-, el limbo, es decir, las personas que, teniendo derecho a prestación, están esperando a recibirla, es 19,25 puntos menos que la media nacional. No es que con eso estemos encantados, sino que estamos cumpliendo los plazos, y es que la... la normativa y la regulación, los trámites, son muy complejos.

En este momento, en Castilla y León, el 95,37 % de las personas dependientes con derecho a prestación ya las reciben, frente al 76,12 de la media nacional; es decir, somos la Comunidad Autónoma más ágil en concesión de prestaciones y con menos personas en esa situación que comentaba también el Procurador Socialista. Es cierto que hay un tiempo entre una... una fecha y otra, que intentamos agilizar; y también es cierto –y yo lo he reconocido- que se paralizó el sistema durante dos meses, y que hemos intentado... desde luego, ya todas las prestaciones de ayudas vinculadas, de ayudas a servicios, se resolvieron antes de finalizar el año; y, en este momento, estos meses, se están agilizando los pagos y la... la carga de datos, y la... el reconocimiento de todas las prestaciones que tuvimos –es cierto- acumuladas durante ese parón. O sea, es que ya lo he reconocido, y lo puedo reconocer todas las veces que quieran; esperemos que si... las pocas que quedan por resolver se resuelvan en este mes o... o lo que quede de... del próximo.

Por eso le digo que es cierto el... el tema del... del limbo; siempre va a haber personas en esa situación, derivado de lo que es toda la tramitación administrativa, larga y... y compleja, y para lo que tenemos un plazo de seis meses habilitado por ley.

Mire, es cierto, hay plazas... las plazas públicas en la Comunidad Autónoma, y todo lo que es la demanda de plazas en... en Castilla y León, en general –y ya se lo he dicho antes-, tiene una cobertura muy elevada, pero ya en el año dos mil ocho empezamos a hacer un estudio en el que se veía que había algunas zonas de servicios sociales, algunas áreas –mejor dicho- de servicios sociales en las que no había la cobertura que deseábamos, no llegábamos al 5 % de la cobertura mínima que marca la Organización Mundial de la Salud.

En aquel momento se hizo una planificación muy rigurosa -con estudios de distancias, de tiempos, de núcleos de población-, del que se derivó –le hablo un poco de memoria- que era necesario generar 26 nuevos recursos para que en todas las áreas de servicios sociales la cobertura estuviera por encima de esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Veintiséis proyectos que yo creo que en el 70-80 % iban al medio rural, como no puede ser de otra forma, porque es donde está nuestra... nuestra población. Proyectos que unos ya están funcionando, otros están finalizando las obras, y en los que se... en esta planificación se incorporaba también la planificación y la adaptación de las plazas públicas preparadas para atender a personas válidas para que pudieran atender a personas dependientes.

Se hizo toda la planificación, en muchos casos incluso proyectos de obra. Lógicamente, para poder dar respuesta a las personas dependientes y hacer las obras las plazas tienen que estar vacías. Y a partir de ahí se inició un periodo en el que se dejaron sin cubrir algunas plazas para permitir hacer las obras. No es otra la causa, sino... de que haya plazas en este momento vacías, sino el hecho de que una plaza ocupada... sobre una plaza ocupada no se pueden hacer las obras.

Y es cierto que este año, que es cuando íbamos a iniciar las obras, pues todo el presupuesto se ha destinado a los servicios. Por eso el señor Alonso dice que baja la partida de personas mayores y personas con discapacidad, pero no la de prestaciones; el Capítulo 6 y el Capítulo 7, que son las obras. Es bien distinto, ¿eh? Las partidas que bajan no es la de atención a las personas dependientes, sino la de inversiones para nuevas obras. Nos hemos quedado paralizados durante este año en esas adaptaciones. Entre tanto, estamos utilizando las plazas para estancias temporales para dar servicio, ajustada totalmente la plantilla a la prestación de los servicios.

No podemos, salvo que renunciemos definitivamente a hacer las adaptaciones. Y no podemos, porque incluso la normativa de accesibilidad estatal, que se cambió en el año dos mil seis, marca unos criterios que tienen que cumplir y unas condiciones de seguridad que tienen que cumplir las habitaciones que dan servicio a personas dependientes. La propia Ley de Dependencia establece, y los acuerdos del Consejo Territorial, que las plazas residenciales son para dependientes de Grado II y III, ni siquiera para Grado I. Es decir, si nuestras plazas son de válidos, malamente... o si no incumplimos la normativa de seguridad y accesibilidad e incumplimos la de dependencia, y... Estamos en una situación complicada, lo importantes es que la economía resurja y podamos hacer y abordar esas obras cuanto antes, que es nuestro objetivo.

Y, desde luego, no lo vamos a abandonar, porque creemos en el sistema público. Si el sistema de dependencia está basado fundamentalmente en lo público. Si lo que se ha hecho es incorporar presupuesto y profesionales al sistema público de servicios sociales. Si todo se hace desde la Gerencia de Servicios Sociales y de las Corporaciones Locales. Otra cosa es que a disposición de los usuarios están todas las plazas, las públicas, las privadas, los servicios en el domicilio, la teleasistencia. Lo único que realmente es privado es la prestación de cuidados familiares, más privado que eso... se presta en el propio domicilio. Entonces, la discusión entre lo público y lo privado yo creo que está fuera de toda... de toda duda.

Mire, me preocupa el tema de la ayuda a domicilio, porque realmente la reducción de horas lleva aparejadas dos cosas: primero, bajar el coste de la prestación, la parte que pone el usuario, porque si se paga en función de las horas y se reducen las horas, el usuario copaga menos, por lo tanto, no ha subido el coste de la ayuda a domicilio, sino todo lo contrario; y me preocupa porque realmente la reducción no tiene por qué llegar a afectar al empleo, si tenemos en cuenta... pero es cierto que estamos hablando, ¿eh?, con las Corporaciones Locales, para ver si detectan esta situación, incluso con las empresas prestadoras de servicios, porque el 60 % de la ayuda a domicilio no tiene nada que ver con la dependencia, son personas que tienen ayuda a domicilio por los servicios sociales, por lo tanto, no están afectados para nada porque no se han cambiado los precios, y no están afectados para nada en las intensidades porque no se han cambiado las intensidades, y no están afectados para nada por la Ley de Dependencia porque, además, la Junta de Castilla y León ha mantenido el mismo presupuesto. Por lo tanto, las familias no se tienen por qué ver afectadas, y el empleo no se tiene por qué ver afectado. Aun así, como en algún momento –creo que usted mismo- me alertó de esta situación, hemos iniciado ronda y trabajo con las Corporaciones Locales para ver dónde podía estar surgiendo el problema.

Pero, insisto, desde la Junta de Castilla y León, primero, lo que se financia es... de todo lo que se financia de ayuda a domicilio, el 60 % no son personas dependientes, son personas que lo necesitan por servicios sociales, a los que ni se ha cambiado el precio, ni se han cambiado los criterios, ni se ha cambiado la intensidad. Y, por otro lado, el otro pequeño porcentaje de personas dependientes, se ha ajustado la intensidad a las horas que marca el decreto estatal, que era la media nacional. Y ahí es donde el planteamiento es que las Corporaciones Locales atiendan toda la demanda de servicios sociales con esa diferencia de cuantía, no que se vaya a desvirtuar el presupuesto.

Estaremos muy atentos para que, desde luego, esto no sea así, sobre todo porque nuestra apuesta fundamental es por que haya todo tipo de servicios, lo más flexibles posible, y con las intensidades que necesiten los usuarios en el domicilio. Para eso se ha diseñado el servicio de autonomía personal, para que las personas tengan aquellos servicios que necesiten en la intensidad que necesiten. Y, desde luego, se lo puedan... se lo puedan costear con la aportación de la Comunidad Autónoma.

Insisto, creo que solo el 10 % del presupuesto de las Corporaciones Locales de ayuda a domicilio va destinado a atender a personas dependientes.

Por lo tanto, pues, seguiremos vigilantes, por si hubiera alguna cuestión que haya que controlar, pero en ningún caso, insisto, desde la Junta de Castilla y León se ha dado ningún tipo de pauta en este... en este sentido.

Y volviendo al discurso entre lo público y lo privado, el cheque-servicio no tiene nada que ver con la ayuda vinculada, no tiene nada que ver con la ayuda vinculada. En el cheque-servicio la Administración genera listas de espera para que los usuarios acudan a los servicios; esto es financiación directa al usuario para que, con la capacidad económica propia y lo que le da la Junta, pueda acceder inmediatamente, inmediatamente, al servicio que elija dentro de los que están realmente beneficiados para ellos; no hay una lista. Hay una diferencia muy importante.

Control de calidad desde lo público, criterios públicos de capacidad económica, de participación del usuario, de acceso a los servicios. Programa de intervención elaborado por profesionales del sistema público y concesión de la prestación, y control permanente y seguimiento desde el sistema público. Esto no es un cheque-servicio, no tiene nada que ver. Mire los modelos de las Comunidades Autónomas que tienen cheque-servicio y verá la diferencia sustancial, sustancial.

En el cheque-servicio las Administraciones ponen presupuesto, pero al final esperan a que haya una lista vacante allí donde se les otorga; no tiene nada que ver. Esto es garantía de financiación y garantía de atención inmediata, inmediata -hay una diferencia bien importante-, y además con control absoluto desde el principio hasta el final -o sea, seguimiento y control permanente-, acceso y criterios públicos, y garantía de que, entre la capacidad económica del usuario y lo que pone la Administración, todo el mundo, el pobre y el rico, se puede comprar el servicio inmediatamente donde quiere, recibirlo en su casa o comprarlo en un centro, esa es la gran diferencia. No, no podemos hablar...

Me han informado del tema de la... de los seguros, la verdad es que no lo... no lo conocía. Me comentan que se trata de una información de la Fundación Caser –creo que me... me han anunciado-. Yo estoy segura de que en esa Fundación hay personas muy vinculadas a la Ley de Dependencia, incluso yo me atrevería a decir que la cabeza pensante de la Ley de Dependencia está en esta Fundación, e incluso Amparo Valcarce también está en la Fundación, con lo cual, yo estoy segura de que las decisiones que se adopten a nivel de seguros privados no van a ir en contra del espíritu de la Ley de Dependencia, no me cabe ninguna duda.

No tengo información, aun así, no quiero hablar, porque no conozco el tema de los seguros privados ni qué intencionalidad puede tener esto. Le puedo asegurar que, desde luego, la Junta de Castilla y León tiene un modelo claro de prestación de servicios, que se lleva a cabo desde la Junta de Castilla y León y con las Corporaciones Locales, Administración Regional-Administraciones Locales, servicios controlados y gestionados, y con financiación pública, pero sobre todo con criterios homogéneos en toda la... en toda la Comunidad.

Mire, no quiero mezclar, y creo que no debemos. La situación económica que puede tener una familia, complicada en este momento no, complicadísima, para las que la Junta de Castilla y León ha establecido mecanismos muy importantes: la Renta Garantizada de Ciudadanía, las ayudas de emergencia social, coordinación de los apoyos a todas las familias que están en situación de riesgo de desahucio. Hay mecanismos para ayudar a las familias que tengan necesidades.

No podemos plantear que el dinero que va destinado a atender a un dependiente no se destine a la atención de la persona dependiente. Desde luego, si pensamos que la persona dependiente no está bien atendida en el domicilio, pero se tiene que quedar ahí porque la pensión del abuelo la necesita la familia, ¿eh?, es que no creemos en la Ley de Dependencia. La Ley de Dependencia tiene que apoyar el cuidado y la garantía de cuidados de la persona dependiente, no la viabilidad económica de un núcleo familiar. Es que estamos hablando de cosas diferentes.

Para garantizar la estabilidad y la financiación del núcleo familiar, la Administración Autonómica ha tomado medidas con tiempo, y están funcionando de una forma ágil, para cubrir las necesidades básicas de subsistencia que puedan tener las familias, que no es la atención a la persona dependiente. Entendemos las realidades de todos los días, pero precisamente eso es, y se ha dicho en repetidas ocasiones -yo creo que sin tener por qué hablar de colores políticos, porque todos lo hemos hecho- que la atención y el dinero de la atención a la dependencia es para el bienestar del dependiente.

Si hay problemas en la economía familiar, y todos los conocemos y lo reconocemos, para eso están articuladas otro tipo de prestaciones (el servicio de apoyo en riesgo de desahucio, las ayudas de emergencia social, las ayudas de la Renta Garantizada de Ciudadanía, otro tipo de servicios y prestaciones), no la de las personas dependientes, que, además, con los mecanismos de seguimiento que establecimos ya en el año dos mil diez, garantizamos que vayan destinadas precisamente al cuidado de los dependientes. No hay que mezclar las cosas, y esto sí que creo que es un tema muy muy serio.

Mire, se lo he comentado antes, no ha bajado el presupuesto de atención a las personas dependientes. Por capítulos o por subprogramas, ha habido disminuciones de presupuesto en inversiones para obras. Se lo dije yo misma en la comparecencia de presupuestos. Creo que en una pregunta que tuvimos en el... en las Cortes... en el Pleno, perdón, también se lo... se lo repetí. Pero, insisto, mire a ver, 6 y 7; ni el 4 ni el 2. Las prestaciones están en el Capítulo 4 y en el Capítulo 2. Incluso ustedes mismos me planteaban recortar el Capítulo 2 de... en las enmiendas de los Presupuestos, recortar servicios públicos para dar ayudas familiares. Usted sabe bien que el dinero de los servicios públicos está en el 2 y las ayudas económicas de cuidados a las familias están en el 4. Y el 4 ha bajado. Sí, yo se lo reconozco, le hemos pedido un esfuerzo a las familias que cuidan a sus dependientes en el domicilio.

Y mire, lo... se lo vuelvo a explicar. Es cierto, hay personas que aún pueden estar esperando las prestaciones más de seis meses, que es el periodo en el que solemos resolver con criterios generales. Esos dos meses nos han perjudicado y los... le puedo asegurar que los profesionales están trabajando a toda velocidad y con el mayor rigor del mundo para intentar resolver todos los expedientes. Pero, en cualquier caso, antes del mes de diciembre, en el mes de diciembre ya estaban en el sistema y percibiendo todas las prestaciones, y solventados esos meses de retraso, todas las personas que tenían derecho y que habían elegido servicios profesionales.

Es cierto que queda algún cuidado familiar todavía por resolver. Insisto, espero que en el tiempo más breve posible pueda estar solventado, porque, desde luego, le puedo asegurar que es la intención de la Junta de Castilla y León y de todos los que trabajan todos los días por ayudar a las personas que más lo necesitan. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Muchas gracias, señora Consejera. Terminado el turno de Portavoces, se procede a la apertura de un turno para el resto de Procuradores presentes que no hayan actuado como Portavoces de los Grupos y puedan escuetamente formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada. ¿No hay preguntas?

Bien, segundo punto del Orden del Día. Por el señor Secretario se dará lectura del segundo punto del Orden del Día.

SC/000130

EL SECRETARIO (SEÑOR JURADO PAJARES):

Gracias, Presidente. Segundo punto del Orden del Día: "Comparecencia de la Excelentísima señora Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, número 130, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre destino de los fondos recibidos por la Junta para financiar la aplicación de la Ley de Dependencia".

LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (SEÑORA MARCOS ORTEGA):

Sí, muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores, comparezco ante esta Comisión, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a todos ustedes del objeto de esta comparecencia, que es -y leo textualmente- "conocer el destino de los fondos recibidos por la Junta de Castilla y León para financiar la aplicación de la Ley de Dependencia, que el informe del Tribunal de Cuentas concluye que se ha abonado a dependientes fallecidos".

En primer lugar, les diré que los fondos recibidos para atender a las personas dependientes han tenido un solo destino: las personas dependientes. No podía ser de otro modo.

Pero, Señorías, del literal que motiva esta comparecencia se desprenden dos conclusiones que no son ciertas:

No es cierto que el Tribunal de Cuentas haya elaborado un informe sobre la gestión económico-financiera de la ley; lo que ha elaborado el Tribunal de Cuentas es un anteproyecto de informe, como puede comprobarse simplemente leyendo el título del documento que aparece en la portada. El propio Tribunal de Cuentas ha declarado... ha hecho una declaración formal que... de que este anteproyecto es preliminar, no está completo, y puede variar su contenido porque es un documento de trabajo, y como tal lo consideraremos en esta comparecencia.

Tampoco es cierto que en este anteproyecto se concluya que se ha abonado cuantía alguna correspondiente a dependientes fallecidos. En ninguna página de las 136 que constituyen el anteproyecto de informe se informa el abono de... a dependientes fallecidos de financiación correspondiente a la Ley de Dependencia. De hecho, el propio Tribunal de Cuentas ha aclarado también en algún medio a... a las alegaciones de algún medio en este sentido, diciendo, literalmente: "Dicha información no puede en... en modo alguno sustentarse en el contenido del anteproyecto elaborado por este Tribunal".

Por tanto, y dicho esto, quisiera aclarar de manera rotunda que en esta Comunidad no se ha destinado indebidamente a dependientes fallecidos ni un solo euro, ni esta afirmación se deduce tampoco del anteproyecto de informe elaborado por el Tribunal de Cuentas. Quizás, lo que se puede estar refiriendo el Grupo Parlamentario Socialista es que el Tribunal de Cuentas destaca en su anteproyecto que había un número determinado de personas fallecidas que estaban incluidos en las liquidaciones del nivel mínimo de protección, que el Imserso abonaba a las Comunidades Autónomas. Este asunto -que, por cierto, es objeto de una pregunta oral, también ante esta Comisión, que ha presentado el Grupo Socialista y registrado en las Cortes el ocho de febrero- aprovecho a contestarlo en esta misma comparecencia.

Señorías, mi ánimo, desde luego, es colaborar con esta Cámara. No voy a terminar aquí mi... mi intervención, pero sí para darla contenido basa... la basaré no en el texto literal presentado por el Grupo, sino en el análisis de este anteproyecto de informe de fiscalización de la gestión económica y financiera de la aplicación de la Ley 39/2006, sobre todo en aquello relacionado con el sistema de liquidación, contestando de esta manera -como decía también- a la pregunta oral a la que me he referido anteriormente.

Sí me gustaría recordarles antes de nada, y lo he comentado en mi intervención anterior, que Castilla y León no fue visitada por el Tribunal de Cuentas para la elaboración de ese anteproyecto, como sí lo fueron Andalucía, Asturias, Madrid, Canarias, Cataluña y Valencia. Por tanto, no tuvimos oportunidad de explicar previamente nuestro modelo y nuestros datos, cuyo análisis se basa exclusivamente en la información del sistema del Imserso.

Pues bien, para comprender adecuadamente las conclusiones del anteproyecto del Tribunal de Cuentas, es necesario volver a hacer referencia a la situación administrativa y procedimental que en las Comunidades Autónomas provocó la entrada en vigor de la Ley de Dependencia: condiciones de precariedad, no existiendo modelo de solicitud; baremo no aprobado hasta mayo; falta de normativa básica que hiciera posible su aplicación; no existía el sistema informático que permitiera su gestión; y no se contaba con la suficiente financiación estatal para desarrollarlo. Recordamos que seis años más tarde se está resolviendo algo tan fundamental como los criterios para el cálculo de la capacidad económica de los usuarios del sistema.

Se trata, además, de un procedimiento -y lo hemos comentado ahora, hace un momentito- extremadamente complejo, tanto por su concepción como por su encaje concreto en el marco de los servicios sociales, con un alto número de pasos. No existe un procedimiento tan complicado en los servicios sociales, ni... ni posiblemente en toda la Administración Pública, como el sistema de dependencia. Y además, con un sistema de financiación muy complejo, a través del mínimo garantizado que debe aportar el Estado a las Comunidades, en función del grado y nivel de la persona dependiente, que supone una transmisión de información continua, tanto de los casos nuevos como la actualización permanente de datos anteriores, teniendo en cuenta todas las incidencias, como suspensiones, traslados, cambios de grado, cambios de prestación.

Hasta... hasta noviembre de dos mil nueve, como decíamos, casi tres años después de aprobada la ley, no se determinan los contenidos mínimos que las Comunidades Autónomas debemos aportar al Sistema de Información y Atención a la... de la Dependencia, el SISAAD. En este momento, se está grabando en la base de datos del Imserso, con carácter obligatorio, entre 90 y 110 campos por cada expediente, en función del tipo de valoración, del tipo de prestación reconocida, con todas sus variaciones y actualizaciones necesarias. Esta base tiene dos objetivos principales, que son el pago del nivel mínimo de protección a las Comunidades Autónomas y la elaboración de estadísticas, además de otras investigaciones y estudios. Solo una tercera parte de las Comunidades Autónomas utilizan esta aplicación también para la gestión completa de los expedientes. El resto, transferimos datos de nuestras propias aplicaciones al sistema estatal. Es decir, que son once las Comunidades Autónomas, somos once las Comunidades Autónomas que utilizamos nuestras propias aplicaciones. Castilla y León ha incorporado al sistema varios millones de datos a lo largo de estos años. Hay que tener en cuenta que han sido más de 113.000 las personas con prestación reconocida en este periodo.

Este sistema ha sido una fuente de problemas permanentes, tanto por los usuarios que lo utilizan para su gestión como para los que tenemos que transferir esta información. Dificultades que han provocado muchas quejas formales en el seno de la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Dependencia, así como una comunicación permanente de las mismas a nivel técnico.

Estas quejas, reflejadas en las actas de la Comisión Delegada del Consejo Territorial fundamentalmente por las Comunidades Autónomas que utilizan el sistema del Imserso, están referidas a la pérdida de miles de documentos, a la pérdida de datos de actualización, a las dificultades para introducir variaciones e incidencias en los datos de los expedientes, a la imposibilidad de trasmitir información, al rechazo de datos por problemas de conectividad e interoperabilidad, o por cambios en las prescripciones que obligan a intentar, en varias ocasiones, la introducción de datos de un mismo expediente.

De hecho, en el anteproyecto del informe del Tribunal de Cuentas se recoge que diferentes representantes de Comunidades Autónomas que utilizan el sistema del Imserso –digo literalmente lo que marca el anteproyecto- manifiestan reiteradamente los fallos de carácter técnico que se producen habitualmente en el sistema informático, y que han venido manifestando a lo largo de varias reuniones en los órganos del sistema.

Esto da lugar a que los dos sistemas que tienen las Comunidades Autónomas para introducir los datos, en el caso del Web Service, tenga graves dificultades también de sincronización con los datos. La mayoría de los representantes de las Comunidades Autónomas solicitan que conste en acta la disconformidad que existe hacia la gestión de la empresa adjudicataria, puesto que en algunos casos se ha producido una pérdida de documentación muy importante debido al problema apuntado. Se habla por algunas Comunidades Autónomas de pérdida de más de 16.000 expedientes y de más de 24.000 documentos, lo que ha ocasionado unas graves pérdidas económicas, además de los correspondientes perjuicios legales, ya que le son reclamados judicialmente en muchos casos los documentos por parte de los usuarios.

También se recogen quejas de Comunidades Autónomas, tanto de las que utilizan la aplicación informática del Imserso para gestionar las prestaciones como las que no lo utilizan, con relación a importantes deficiencias en la carga de información. Incluso algunas de ellas hablan de reclamaciones y devoluciones de hasta 10 millones de euros y... o 3.000.000 de euros, en el caso de otra Comunidad Autónoma, por errores en el sistema informático.

En conclusión, la mayoría de las Comunidades Autónomas se han quejado de las deficiencias del sistema de información del SISAAD, hecho que recoge claramente el anteproyecto del informe del Tribunal, y que ya constaba –como decía- en las actas de la Comisión Delegada del Sistema de Dependencia.

En resumen, a pesar de que el SISAAD es una herramienta dirigida fundamentalmente a la financiación del sistema, y para elaborar la información del mismo se ha tardado tres años en definir su contenido, su funcionamiento ha sido altamente defectuoso.

Estas apreciaciones son apuntadas por el Tribunal de Cuentas en el anteproyecto del informe, que ha observado numerosas incidencias en la citada aplicación informática con repercusión económica para las Comunidades Autónomas y para el Imserso. Por este motivo, sugiere incluso el Tribunal de Cuentas minorar la facturación presentada por la empresa adjudicataria del contrato que desarrolló esta aplicación.

Castilla y León decidió elaborar una herramienta propia que integrara la dependencia en el sistema de servicios sociales, y no una herramienta independiente y aislada para la dependencia. Un sistema informático que integra todos los servicios sociales, independientemente del titular de los mismos, y que nos ha permitido avanzar en el acceso unificado a los servicios sociales. Es decir, utilizar el sistema propuesto por el Gobierno hubiera supuesto un importante retroceso en el desarrollo de nuestro propio sistema y nos hubiera ocurrido como al resto de las Comunidades Autónomas: pérdida de expedientes, problemas judiciales por ineficiencia, reclamación de cuantías por pagos indebidos a los usuarios, etcétera.

Conscientes –como ya he dicho- de la complejidad de la gestión, y a pesar de que Castilla y León ya había avanzado en esta materia y tenía acceso a las... a las informaciones porque había suscrito acuerdos con las diferentes Administraciones gestoras de las... de los datos, las Comunidades Autónomas autorizamos al Imserso que fuera él quien proporcionase la información de que disponían organismos de la Administración Central en vez de ser cada una de las Administraciones Autonómicas la que tuviese que firmar acuerdos con ellos (DNI, datos económicos y catastro, fallecimientos, etcétera).

Por este motivo, el Acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil nueve del Consejo Territorial, sobre objetivos y contenidos comunes de la información del Sistema de Información y Autonomía a la... y Atención a la Dependencia, se acuerda en el apartado sexto, sobre información de utilidad para la gestión de las prestaciones, lo siguiente: "En la medida que exista información de los organismos de la Administración General del Estado responsables de datos de interés para la gestión, se generarán archivos o aplicaciones que permitan la interoperabilidad del SISAAD –del sistema estatal- con la información contenida en las correspondientes aplicaciones informáticas del Instituto Nacional de Estadística, del Instituto Nacional de Seguridad Social, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria que permitan obtener la información de carácter socioeconómico contenida en el anexo –que se aprobaba en ese momento-, y que sea susceptible de ser utilizada en el procedimiento de reconocimiento de las prestaciones de dependencia".

Por lo tanto, todas las Comunidades Autónomas dimos autorización –y así constó en el Consejo Territorial- para que fuera la Administración General del Estado quien recopilase esa información directamente de las propias Administraciones.

El tres de diciembre de dos mil nueve, Castilla y León dio autorización al Imserso para las actuaciones informáticas oportunas de cara a llevar a cabo la interconexión que facilitara ese intercambio de información referido a los expedientes de dependencia. Entre esta información está... está, desde luego, la relativa a fallecimientos procedente del Instituto Nacional de Estadística.

Era necesario establecer un sistema ágil de detección y grabación de fallecimientos, tanto para el Imserso como para las Comunidades Autónomas. Por este motivo, ese organismo se comprometió a efectuar actualizaciones mensuales automáticas con estos datos, y, así, facilitar el trabajo a las Comunidades Autónomas. De esta manera, se podía automatizar y conseguir un ahorro considerable de esfuerzo, evitando, además, posibles reclamaciones a terceros de importantes cuantías por pagos indebidos.

Esta actualización no fue aplicada con regularidad por el Imserso hasta dos mil once, por lo que nuestra Comunidad Autónoma, hasta ese momento, tuvo que utilizar sus propios medios para conseguir esta información procedente del INE, de la Consejería de Hacienda, de la Agencia Española de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En dos mil once se comunica a la Gerencia de Servicios Sociales, por parte del Imserso, que se ha conseguido ya las mejoras en la comprobación de los datos sobre fallecimientos, y que, además de las 30.000 bajas que ya había registrado la Comunidad Autónoma con sus propios sistemas durante el periodo anterior, desde ese momento la aplicación del Estado estaba preparada para actualizar las bajas, y, por tanto, se procedía ya desde el Imserso a actualizar las que correspondían a ese periodo. Cuatro mil personas fueron las que se regularizaron, y, por lo tanto, las cuantías siguientes en las entregas.

Realizadas las comprobaciones por parte de la Administración Autonómica, se aceptó la regularización propuesta, procediéndose a la liquidación correspondiente ese mismo año. Como ven, regularización administrativa, primero, de la Comunidad Autónoma, y luego, del sistema nacional. Nadie se ha quedado con nada que no le corresponda.

Y si tenemos en cuenta que hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil doce fueron 113.000 las personas dependientes con prestación en Castilla y León, estamos hablando de que el Imserso regularizó a partir de esa fecha un 4 %, gracias a que Castilla y León había establecido previamente los mecanismos para dar ya las 30.000 bajas que habían surgido en el sistema con carácter previo a que lo hiciera el Imserso.

Esta situación se produjo en todas las Comunidades Autónomas, incluso aquellas que utilizaban el SISAAD para la gestión, y se vio reflejada en las estadísticas publicadas por el Imserso con fecha uno de junio de dos mil once, donde el número de personas beneficiarias a nivel estatal pasó de 735.652 en el mes anterior a un total de 704.758 a dicha fecha.

Por otra parte, quienes han estado al tanto de la evolución del sistema sabe que en dos mil nueve y dos mil diez en el Consejo Territorial de Dependencia se debatió sobre los derechos generados por las personas fallecidas, situación nada infrecuente porque la ley reconocía derechos desde el momento de la solicitud. En dos mil diez, las Comunidades Autónomas planteamos la necesidad de elaborar unos criterios homogéneos al respecto, puesto que algunas –como la nuestra- estaban pagando desde la solicitud –tal y como marcaba la ley- hasta el momento del fallecimiento, mientras que otras archivaban los expedientes, a pesar de que muchas veces se trataba de personas que habían efectuado gastos importantes en servicios, no pocas veces sufragados por familiares, y que, lógicamente, tenían derecho a recibir esas prestaciones. Recordarán, sin duda, que fueron varias las sentencias judiciales a favor de demandantes que se encontraban en esta situación. En esa circunstancia, desde el Imserso se recordó la importancia de diferenciar los fallecidos que habían recibido efectivamente prestaciones de los que no las habían recibido, a efectos de liquidación del nivel mínimo.

Y esta es una de las razones por las que existían fallecidos que figuraban como activos en el sistema; y también hoy, pues se trata de personas que han recibido prestaciones y a los que las Comunidades Autónomas, una vez determinados judicialmente los herederos –y no antes-, tenemos que pagar y recibir, por ellos, el dinero del Estado hasta la fecha de fallecimiento; hay que esperar a que el heredero sea declarado heredero antes de dar de baja en el sistema a una persona para proceder a la liquidación; y se le liquida hasta la fecha en que ha fallecido; pero se mantiene en el sistema, porque sigue siendo beneficiario hasta que cobra hasta el último euro.

Desde que se suprimió la retroactividad y se resolvieron todos los expedientes de fallecidos –a primeros de dos mil once-, en esa situación se encuentran ya pocos expedientes cada mes. Pero entonces, con la retroactividad aplazada por el Estado, y miles de expedientes pendientes de resolver por las Comunidades Autónomas, esta situación era bastante frecuente.

En resumen, la gestión de bajas por fallecimiento no se normalizó hasta el año dos mil once, primero, porque el Imserso no desarrolló el cruce automático hasta ese momento, y, segundo, porque el expediente no se puede cerrar hasta que se ha hecho el pago del último mes antes del fallecimiento a los herederos; y la determinación del heredero no es un proceso que se resuelva ni en un día ni por la Administración Autonómica, como todos sabemos.

Castilla y León actualiza su sistema permanentemente con la información de que dispone –más de 30.000 bajas en ese periodo, 800 bajas de media al mes, 9.000 al año-; y desde que en dos mil once el Imserso realizó realmente su función, se cruzaron los datos, se procedió a la regularización de bajas por el Estado, y a partir de ahí todo viene funcionando regularmente. No hay nada más, Señorías: procedimiento administrativo extremadamente defectuoso por parte del Gobierno Central.

Por lo tanto, el destino de esos fondos del Imserso fueron las personas dependientes o sus herederos; ningún otro destino ha tenido la financiación de la dependencia, como digo, que la atención a las personas dependientes. Y me atrevería a decir que lo mismo ha ocurrido en el resto de Comunidades Autónomas. Este modo de proceder, tal y como le he dicho, y por la información de que disponemos, no ha sido exclusivo de Castilla y León, sino de todas las Comunidades Autónomas, incluidas aquellas que gestionan los expedientes a través del mismo SISAAD.

Hay que señalar, por tanto, la existencia de un deficiente funcionamiento hasta dos mil once. Por un lado, en cuanto a que, a pesar de tener autorización para consultar y actualizar los datos desde el año dos mil nueve, no lo hizo, y no controló sus propios datos. Por otro, ha sido la transmisión de datos entre sistemas y en su conservación lo que ha ocasionado pérdidas de información e incluso documentos, como han denunciado diversas Comunidades Autónomas que utilizaban el sistema nacional total o parcialmente.

Prueba de que las cantidades indebidamente recibidas es consecuencia de este... de esta deficiencia, y no de la intencionalidad de las Administraciones Autonómicas, es el hecho de que la propia Comunidad Autónoma, en el año dos mil once, detectó que el Imserso había dejado de transferir más de 2.000.000 de euros; se le reclamó, se hizo el ajuste presupuestario correspondiente y, en el año dos mil doce, se realizaron los pagos.

Estos y otros errores son los que se han producido al margen de cualquier posible actividad de las Comunidades Autónomas. Y, dicho esto, es necesario aclarar que actualmente, y desde dos mil once, el control de fallecidos ya se hace con regularidad con los datos procedentes del Imserso; y es este propio organismo el que realiza sus controles, independientemente de que las Comunidades Autónomas grabemos en su sistema –que lo hacemos- los datos, y todos los datos, de los que disponemos. Pero, además, nosotros utilizamos nuestros propios sistemas de información y supervisión, y se ha mejorado el sistema de transmisión de datos entre Administraciones Públicas.

En conclusión, nos encontramos ante un caso evidente de una ley implantada precipitadamente, sin las herramientas jurídicas y técnicas suficientes, y aún más teniendo en cuenta la complejidad de su diseño y su fórmula de financiación -de la que alguien ha dicho que era maquiavélica- y en la concurrencia competencial de múltiples Administraciones Públicas.

A pesar de ello, hay que reconocer el importante esfuerzo realizado por todos desde el inicio para su implantación. Este esfuerzo ha permitido que gran parte de las deficiencias de las que hemos hablado hayan quedado subsanadas desde hace ya dos años y otras se estén subsanando en este momento.

Por otra parte, hay que recordar que se ha aplicado con normalidad –y se seguirán aplicando en el futuro, cuando sea necesario- los procesos de regularización y liquidación en uno u otro sentido, cuando se ha detectado -o se detecte por cualquier Administración- que se ha realizado o se ha dejado de hacer transferencias de manera incorrecta, como sucede en otros ámbitos de la relación entre Administraciones. Estas regularizaciones también son habituales entre la Administración y los propios beneficiarios de prestaciones cuando se trata de pensiones y pagos directamente a usuarios de la Tesorería de la Seguridad Social.

Señorías, siempre hemos apostado por simplificar todo este complejo laberinto de datos. Queremos mantener a las personas y no dedicar... mantener las prestaciones a las personas y no dedicar más esfuerzo al papeleo que a las prestaciones. Queremos... necesitamos un sistema de financiación estable –eso es lo que venimos demandando y lo seguiremos haciendo-, que se vincule la financiación al modelo de financiación nacional, y que no dependa ni de decisiones políticas ni de presupuestos anuales.

Señorías, a pesar de todas las dificultades, de las que siempre nos hemos hecho eco y que he expuesto, Castilla y León adquirió desde el inicio un fuerte compromiso con la ley, como demuestran reiteradamente los datos oficiales sobre su gestión. Hemos cumplido y estamos cumpliendo con una compleja normativa de desarrollo, y hemos realizado las adaptaciones necesarias en cada momento para mejorar su funcionamiento. En el futuro seguiremos trabajando para continuar mejorando su aplicación en beneficio de las personas en situación de dependencia. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Muchas gracias. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede a la apertura de un turno de... de los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el Procurador don Jorge Félix Alonso Díez.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Gracias, señor Presidente, y gracias, señora Consejera, por sus explicaciones. La conclusión, después de escucharla, es que Castilla y León no ha cobrado indebidamente 19 millones de euros, que es lo que se ha dicho en... a todos los niveles, y que tampoco ha cobrado indebidamente por las 4.100 personas que también se ha dicho en todos los medios que había... que había cobrado. Eso es lo que ha dicho de su explicación.

Claro. Después de toda la explicación que ha dado, la conclusión que yo saco es que no es cierto, entonces, lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas, y que tenemos que esperar al informe definitivo del Tribunal de Cuentas para saber realmente qué es lo que... lo que ha habido en todo este asunto.

Tenga en cuenta que, si nosotros hemos hecho esta... esta petición de comparecencia, pues es porque había unos antecedentes que aportaban poca transparencia a todo este... a todo este asunto. Y, cuando en el año dos mil diez se hace público que el Tribunal de Cuentas va a controlar las... la financiación de la dependencia, la primera reacción del Consejero en ese momento –actual Director General del Imserso- fue que ya existen controles internos, que rechaza el nuevo control de la financiación de la dependencia, argumenta la negativa en que las Comunidades Autónomas y las propias Administraciones Locales ya tienen sistemas internos, y que no hace falta que intervenga. Claro, cuando un Consejero, después de escucharla a usted, dice todo eso, está claro que aquí algo no cuadra, ¿eh?, porque si... lo lógico es que esté abierto a que haya los controles que procedan, y más con la complejidad que nos ha descrito en su contestación.

Pero la realidad es que ustedes, en ese momento, se opusieron. Y no solo se opusieron con declaraciones públicas. El Grupo Socialista pidió al Consejo de Cuentas de Castilla y León que incluyera... en el informe de fiscalización anual que hace, incluyera una fiscalización, un informe en relación con la financiación de la Ley de la... de la Dependencia, para que un organismo ajeno a la propia Comunidad Autónoma –y para eso le tenemos, el Tribunal de Cuentas de Castilla y León-, pues pudiera emitir su informe; y también votaron en contra. Quiero decir que, al final, lo que está claro es que hoy da muchas explicaciones, pero lo cierto es que cada vez que se ha querido saber qué pasaba con la financiación de la dependencia, ustedes se oponían; esa es la realidad.

Bueno, hay... hay otra cuestión; quiero decir, la... la conclusión -y la pregunto, ¿eh?-, la conclusión es que, si se hubiera... si se hubiera colaborado, desde luego, no... vamos, o hubiera tenido otra actitud cuando esto se plantea, seguro que hoy no estaríamos aquí con esta... con esta comparecencia. Y, cuando venga el informe definitivo, pues, si hace falta, volveremos a hablar.

Lo que... lo que sí que la pregunto es que me confirme que, definitivamente, Castilla y León no ha recibido un dinero que no le correspondía. Desde luego, no tenemos ninguna duda que a las familias no se las ha pagado lo que no las correspondía, porque ustedes enseguida salieron diciendo "aquí no se ha pagado a nadie que haya fallecido", o "que tenemos coordinación con las funerarias" llegaron a decir. Indudablemente, eso no lo hemos dudado nunca, o sea, no hemos dudado nunca que a las personas se les haya pagado indebidamente. Que, en cualquier caso, el dinero estaría entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma, que es lo que dijo la Ministra en su momento.

Y, además, es que hubo un dato más que... que avala el que el Tribunal de Cuentas hiciera una investigación, y es que, poco después de que el Tribunal de Cuentas dice que va a haber esta fiscalización en el año dos mil diez, pues, en junio de dos mil diez, de repente cae el número de dependientes atendidos en 26.654 en España y unos 3.000 en Castilla y León. Estaba claro que, ya en ese momento, se estaba viendo que aquí había cosas que no estaban en condiciones. Y estamos en el año dos mil diez. Por eso la negativa del Consejero... Baja de repente el número de dependientes en 3.000 atendidos, pues estaba claro que había que dar explicaciones.

En definitiva, lo único que la pido, y con esto termino, es que... que me confirme que, efectivamente, aquí no se ha recibido dinero que no correspondía recibir; y si se ha recibido, pues, ¿qué pasaría con ese dinero? Tendrán que devolverle, me supongo, al Gobierno de España, si lo van a devolver con este presupuesto, bueno, estas cuestiones, para saber realmente qué es lo que pasaría. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la... [Murmullos]. Renuncia a la palabra. Y por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra... [Murmullos]. Renuncia a la palabra también la Portavoz del Grupo Popular. Entonces, tras la intervención de los Portavoces, la señora Consejera puede contestar a las cuestiones planteadas, bien de forma aislada... aislada en este caso.

LA CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (SEÑORA MARCOS ORTEGA):

Conjunta, sí. Le puedo... le puedo aclarar y le puedo asegurar que en Castilla y León nadie ha recibido nada que no le corresponda, que las regularizaciones son permanentes y constantes, que el dinero de la atención a las personas dependientes ha ido siempre y exclusivamente a la atención a las personas dependientes. Esto es absolutamente así. He intentado explicárselo a lo largo de toda mi... de toda mi intervención.

El hecho cierto -que pudo suceder, no se lo... no lo pongo en duda- que diera lugar a diferentes apreciaciones por algunas declaraciones más o menos afortunadas, le pudo asegurar que en ningún momento... que en todo momento estamos abiertos a cualquier tipo de información y de control, usted lo sabe, ¿no?, tenemos las puertas de la Consejería abiertas para consultar todo lo que sea preciso consultar, sin ningún tipo de inconveniente, y por quien lo precise.

Tienen todas las fiscalizaciones previas y oportunas de la Administración Autonómica, no podía ser de otro modo. Cada pago y cada expediente lleva una fiscalización de la Intervención y un control público, como cuentas públicas que son.

Y sí puede haber coincidido esas declaraciones a las que usted hacía referencia con el momento en el que el Imserso ya tuvo capacidad de actualización de la información; un proceso muy complejo: tuvo que modificar la aplicación y adaptarla para poder vincular la aplicación del SISAAD con las aplicaciones informáticas de la Tesorería General, del INE, de... montón de organismos de la propia Administración del Estado. Eso llevó tiempo. Ese periodo de regularizaciones es lo que hizo que en un momento determinado, pues, empezara a ser el Imserso el que diera las bajas.

No es cierto que hasta ese momento no hubiera bajas, la Administración, con sus propios mecanismos y porque teníamos un sistema previamente, ya había dado de baja mensualmente todos los que... de los que... la información que teníamos: 30.000 personas. Pero también es cierto que quien más actualizada tiene la información es el propio Ministerio, porque tiene directamente la información del INE, no tiene que esperar a que se publique en ningún Boletín ni en ningún... ni en ningún archivo.

Por lo tanto, a partir del momento... y por eso todas las Comunidades Autónomas, o la mayoría, dimos autorización para que fuera el Imserso quien hiciera esas comprobaciones, porque a todos nos interesa que esas comprobaciones se vayan haciendo al día. ¿A qué Administración Autonómica le interesa hacer un pago y luego tener que requerir al usuario? A ninguna. O sea, lo importante es que quien antes tenga la información, antes grabe las incidencias en el sistema. Castilla y León, la Gerencia de Servicios Sociales, las graba en el mismo momento en que tiene conocimiento de ellas, pero además hay comprobaciones del Imserso que permiten todavía acertar más y tener mucho más estable el sistema de datos.

En cualquier momento si se produce regularizaciones, no solo por eso, sino por cambios de prestaciones, por cambio de grado y nivel de la persona dependiente, por cambio de domicilio, porque hay un cambio en la cuenta bancaria, por cambio del cuidador familiar, por cambio... O sea, hay miles de incidencias que pueden afectar incluso al mecanismo de financiación, y cuyas regularizaciones se hacen en el mes correspondiente y lo antes posible, porque –insisto- es tramitación administrativa, y a ninguna Comunidad, ni al propio Gobierno, ni antes ni ahora, le interesa para nada tener retrasos en la actualización de los datos.

Entonces, un mecanismo absolutamente normal de transmisión de información. Yo no sé los controles que podían tener el resto de Comunidades Autónomas, pero le puedo asegurar –y creo que usted es consciente de ello- que en esta Comunidad hay un control riguroso desde el momento.

Por lo tanto, en cuanto se conoce la información por parte de la Gerencia de Servicios Sociales se graban los datos en el sistema nacional, si... el sistema nacional además tiene más información, hace las comprobaciones y graba también esos datos. Por lo tanto, tramitación administrativa pura y dura. Se ha explicado al Tribunal de Cuentas, como no podía ser de otro modo, eso y otra serie de... de informaciones que consideramos que, también por el hecho de no haber, lógicamente, podido visitar todas las Comunidades Autónomas, pues, quizá, no tenía la información suficiente como la pueda tener para elaborar el informe definitivo.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Muchas gracias, Consejera. ¿Renuncia al turno? ¿El Grupo Mixto? [Murmullos]. Bueno, terminado el turno de Portavoces, se procede a la apertura de un turno para que el resto de Procuradores presentes que no hayan actuado como Portavoces de los Grupos puedan escuetamente formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada. No hay preguntas, pues se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas diez minutos].