DS(C) nº 26/8 del 19/9/2011

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Buenas tardes. Se abre la sesión. Antes de dar lectura al Orden del Día, por parte de los Grupos Parlamentarios, ¿se quiere comunicar a esta Presidencia alguna sustitución? ¿Por parte del Grupo Socialista? ¿No? ¿Por parte del Grupo Parlamentario Popular? ¿No?

LA SEÑORA ARMISÉN PEDREJÓN:

Ninguna sustitución, señora Presidenta.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Gracias. Pues, por parte del señor Secretario, se dará lectura al primer punto del Orden del Día.

PNL/000019

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

"Proposición No de Ley, PNL 19-01, presentada por el Procurador don Jorge Félix Alonso Díez, instando a la Junta de Castilla y León a la puesta en funcionamiento de un sistema de coordinación e información entre los propios servicios de la Gerencia de Servicios Sociales, dirigido a informar y orientar a las personas con discapacidad sobre las prestaciones a las que pueden tener derecho y a la elaboración de una normativa que haga posible que la documentación que se solicita para el reconocimiento del grado de discapacidad pueda servir también para el reconocimiento del grado de dependencia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 12, de seis de septiembre de dos mil once".

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, por parte del Grupo Proponente, tiene la palabra don Jorge Félix Alonso Díez, por un tiempo de diez minutos.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Gracias, señora Presidenta. Como se anunciaba en esta proposición, pretende dos... dos cuestiones: primero, que haya una coordinación interna entre los servicios de la Gerencia para que las personas que tengan algún grado de discapacidad, pues no tengan que ir a varios servicios (concretamente, al... al centro base para reconocer la discapacidad, y a los Ceas para reconocer los... la dependencia... las prestaciones de la dependencia, y, en consecuencia, bueno, pues que se les informe de que tienen ambos derechos); y la segunda propuesta que hacemos es que la documentación, pues, a ser posible, la que sea compatible, pues también, no sea necesario el duplicarla.

Esto lo fundamentamos en que, en el Artículo 70, el Estatuto de Autonomía establece entre sus competencias exclusivas la asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario. Promoción y atención a las familias, la infancia, la juventud y los mayores. Prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por discapacidad, la dependencia, la exclusión social. Protección y tutela de menores.

Hay un Real Decreto, el 1971, de mil novecientos noventa y nueve, que establece el procedimiento para el reconocimiento y declaración de la calificación del grado de minusvalía, que tiene por objeto la regulación del reconocimiento del grado de minusvalía, el establecimiento de los baremos aplicables, la determinación de los órganos competentes para realizar dicho reconocimiento, y el procedimiento a seguir. El Artículo 7 del citado Decreto establece que son las Comunidades Autónomas, con las funciones en materia de calificación del grado de discapacidad y minusvalía transferidas, las competentes en la determinación de este.

La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en su Artículo 1 define que el objeto de esta ley es regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía para que les permitan... para que les permita acceder a lo anunciado en el título de la misma. En el Artículo 11 de la citada ley se definen las competencias de las Comunidades Autónomas en relación con el reconocimiento y gestión de las prestaciones y servicios a los que tienen derecho las personas en situación de dependencia.

Así mismo, desde la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, se convocan las denominadas "ayudas individuales" para personas mayores de sesenta y cinco años con discapacidad. Estas están dirigidas a favorecer la autonomía personal mediante la financiación de los gastos dirigidos a garantizarle la máxima integración y a mejorar su bienestar, su comunicación y su participación en la vida social y económica del entorno.

Todas estas prestaciones y servicios se gestionan desde la Gerencia de Servicios Sociales, organismo responsable de reconocer el derecho a las mismas, pero la práctica ha evidenciado la falta de coordinación que existe para acceder a ellas. No es infrecuente que una persona con discapacidad, que ha solicitado el reconocimiento del grado de discapacidad en que se encuentra, no se le haya informado de que tiene derecho a otras prestaciones a través de la Ley 39/2006, la Ley de la Dependencia, y que podía también solicitar las ayudas individuales que convoca la Gerencia de Servicios Sociales, entidad responsable de los centros base, lo que provoca, en el mejor de los casos, un retraso en el acceso a las prestaciones, con el consiguiente perjuicio, cuando no la pérdida de alguna prestación.

Esta proposición no de ley la planteamos porque este verano tuvimos conocimiento de una situación que se produjo en una joven de veintidós años que a principio de año dio a luz, y unas complicaciones con unas infecciones, y tuvieron que amputarla dos piernas -o sea, es decir, una cosa tremenda-, dos piernas y una... una falange de... de una mano por una necrosis que se la produjo. Esta persona fue a pedir la... la ayuda de la tercera persona por minusvalía y se la negaron porque la puntuación que tenía no daba derecho a eso, y nadie la informó de que podía tener derecho a las prestaciones de la dependencia, y que también podía tener derecho a las ayudas individuales en su momento.

En consecuencia de eso, pues, planteamos esta proposición, porque parece lógico que si alguien va al centro base le digan que, al margen de las prestaciones que le puede conceder el centro base por reconocerla como persona con minusvalía, tiene derecho también a las prestaciones de la dependencia.

Bueno yo, termino, puedo decir que dese cuenta que en enero se produjo esta situación, en febrero tienen que amputarla las piernas, estamos en septiembre. Después de que la deniegan la minusvalía pide la dependencia, al día de hoy todavía no sabe qué grado de dependencia la van a reconocer, con lo cual, mucho me temo que terminará el año y seguirá sin tener lo que ella aspira, es tener una persona que la pueda ayudar a cuidar a su hija, que es lo que fundamentalmente pretende.

En definitiva, pensamos que la proposición que realizamos, pues es muy razonable, que es simplemente mejorar el funcionamiento de la Administración; no tiene coste económico, que yo creo que es fundamental, porque es mejorar la gestión, y nos parece que es perfectamente asumible por todos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Se ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, con número 3001 de Registro de Entrada en las Cortes, por lo que para su presentación y defensa tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, doña Ángeles Armisén.

LA SEÑORA ARMISÉN PEDREJÓN:

Muchas gracias, señora Presidenta. Como saben los miembros de esta Comisión, se ha aprobado una Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, la Ley 16/2010, de veinte de diciembre, que configura, precisamente, este... derecho o el derecho a las prestaciones esenciales del sistema de servicios sociales como un derecho subjetivo de los ciudadanos, y, por lo tanto, fundamentado en los principios de universalidad e igualdad, a fin de intentar proporcionar o de proporcionar una cobertura adecuada e integral de las necesidades personales básicas y de las necesidades sociales.

Esta ley, en su Artículo 35, establece un sistema unificado de información sobre derechos, prestaciones y procedimientos en materia de servicios sociales, que integrará todos los datos relativos a los sectores público y privado del sistema y garantizará su actualización permanente y su disponibilidad.

Los servicios de información, atención y orientación al ciudadano en esta materia se van a organizar con una red integrada y se emplearán los dispositivos y soportes diversos y formatos -vamos a decir- modernos para su mejor gestión. Todo lo que estoy diciendo lo conoce en profundidad el Portavoz del Grupo Socialista, puesto que fue ponente de ese texto legislativo, al igual que la Procuradora que les está hablando.

Por todo ello, el objetivo no es establecer solo un sistema de información que afecte exclusivamente a las personas con discapacidad o a los departamentos de la Gerencia de Servicios Sociales, sino que se intenta profundizar en lo que ya hablamos en su momento de un modelo ventanilla única de acceso al sistema, principalmente a través de los Ceas. Y, por lo tanto, lo que se pretende es intentar unificar el sistema de información sobre derechos, prestaciones y procedimientos en materia de servicios sociales.

Por lo tanto, y me gustaría no hacer referencia a un supuesto puntual que ha dado lugar a la propuesta de resolución que hoy se presenta en esta Comisión, no porque no sea importante, que lo es, y mucho, dada la situación que nos han descrito en la presentación de la proposición no de ley, sino por cuanto el propio texto legislativo ya intenta acometer un sistema y ha aprobado... y ha reconocido con rango de ley un sistema unificado de información que deberá ponerse en marcha.

Por otro lado, el Artículo 37 -y me voy a referir sobre todo a nuestra enmienda, que espero que ustedes acepten, pues en cuanto que nuestro planteamiento debe ser de carácter general-, debemos de tener en cuenta que la Ley de Servicios Sociales también, en su Artículo 37, establece que los procedimientos previstos para el acceso a las prestaciones se regularán atendiendo a los criterios generales de unificación, racionalización, normalización y simplificación, así como de conformidad con la normativa básica estatal y la normativa autonómica que sea de aplicación.

Por lo tanto, las solicitudes, baremos y demás instrumentos de valoración para el estudio de los casos, así como el diagnóstico de las necesidades, estarán, en todo caso, unificados en relación con el acceso a las distintas prestaciones previstas en atención a las necesidades correspondientes a un mismo sector de acción social. Eso, como usted sabe, la diferencia en las distintas prestaciones, también es... tiene capacidad de elegir la propia persona en el caso de la dependencia.

Por lo tanto, en esta línea hemos venido o se ha venido, por parte de la Junta de Castilla y León, trabajando en los últimos tiempos. Aunque los conceptos de discapacidad e independencia son diferentes, como hemos podido escuchar aquí en la presentación de esa proposición, y cada una de estas situaciones da derecho también a prestaciones diferentes, que yo creo que de esa diferencia de conceptos y esa diferencia de prestaciones debemos partir, sin embargo, es verdad que guardan mucha relación en un número muy importante de casos. Así, toda persona en situación de dependencia es una persona que tiene una discapacidad, pero no toda persona que tiene una discapacidad está en situación de dependencia.

Esta realidad produce que muchas personas sean valorados en dos procedimientos diferentes -uno, para ver qué grado de discapacidad, y otra, si tiene un grado de dependencia-, por profesionales diferentes, por instrumentos diferentes; por lo tanto, en algunos casos estamos de acuerdo con ustedes en que se podría hacer de manera simultánea y que podría unificarse en algunos supuestos este procedimiento.

Conscientes de esta situación, y dado que la normativa que regula ambos procedimientos es exclusivamente estatal -quiero volver a recalcar esto-, a propuesta de esta Comunidad Autónoma se recogieron en las actas de la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial dos acuerdos ya en el año dos mil nueve. El Acta 9/2009 de la Comisión Delegada, que se celebró el veinte de octubre del dos mil nueve, se recogió en su apartado segundo –y voy a leer textualmente para que no haya ninguna interpretación- "crear una comisión técnica mixta de valoración de la dependencia y de la discapacidad, a efecto de determinar la posibilidad de establecer por este Consejo Territorial una equivalencia de las situaciones con reconocimiento, grado y nivel de dependencia con un grado de discapacidad, en evitación de la saturación de demanda que están sufriendo los equipos de valoración de la discapacidad de personas que cuentan ya con un reconocimiento de la situación de dependencia, al considerarse cierta correspondencia entre ambas condiciones". Este es el Acta 9/2009 de la reunión de la Comisión Delegada del Consejo Territorial.

Hay otro acta más, que les voy a leer textualmente, del 10/2009, de los días tres y cuatro de noviembre del año dos mil nueve, que establece "homologación de reconocimientos previos dio lugar a reflexionar, entre otras cuestiones, acerca de la duplicidad de procesos y procedimientos para valorar la dependencia y discapacidad, sobre el ámbito de protección derivado del reconocimiento de cada una de las situaciones y sobre la oportunidad de establecer pasarela o equivalencia inversa entre la situación de dependencia y de discapacidad –voy terminando, señora Presidenta-, con el objeto de simplificar los procedimientos en beneficio de las personas con discapacidad o dependencia y también de las propias Comunidades Autónomas en materia de gestión".

El acuerdo del Consejo Territorial de uno de junio de dos mil diez, sobre modificación del baremo, en su última página establece como una de las medidas que es necesario implantar tanto por las Comunidades Autónomas como por el Imserso constituir un grupo de trabajo para analizar las relaciones entre los baremos de discapacidad y dependencia. Sin embargo, no se han iniciado los trabajos de este acuerdo, a pesar de que reiteradamente se ha planteado por parte de esta Comunidad en la Comisión Delegada del Consejo Territorial la necesidad de abordarlo.

Por lo tanto, y por lo expuesto, proponemos la siguiente enmienda de sustitución: "Las Cortes de Castilla y León instan al Gobierno de la Nación a cumplir el acuerdo del Consejo Territorial de uno de junio del dos mil diez, en cuanto a constituir un grupo de trabajo para analizar las relaciones entre los baremos de discapacidad y dependencia en aras a simplificar los procedimientos en beneficio de las personas con discapacidad o con dependencia".

Por lo tanto, creemos que se puede avanzar en este... en esta situación, estamos comprometidos, y la Junta está comprometida con ello. Se han tomado los acuerdos necesarios para instar a la modificación de la legislación, exclusivamente estatal e imprescindible para poder acometer la modificación de los procedimientos y, por lo tanto, esperamos que, en aras de avanzar en este procedimiento y en la modificación legislativa, apoyen nuestra enmienda de sustitución. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. En un turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, don José María González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Muchas gracias, señora Presidenta. Sí, para decir que, aparte de lo que pueda escuchar luego de boca de los Proponentes respecto a la enmienda de la Portavoz del Partido Popular, decir que, desde mi punto de vista, no son contradictorias ambas propuestas, por lo cual no son... tampoco son sustitutivas. Es decir, perfectamente se pueden complementar.

No voy a opinar a mayores sobre ello. Lo que sí quiero dejar muy claro, que considero de que, a pesar de que la ley está aprobada, la ley no ha entrado en vigor, la ley no ha señalado plazos en cuanto a esa ventanilla única hacia la que tenemos que avanzar. Y la realidad que se está viviendo en nuestra Comunidad por todos aquellos que quieren acceder al derecho subjetivo de aplicación de esta legislación, especialmente los que viven en las zonas rurales, se encuentra en una situación complicada en cuanto al nivel de información; no solamente el nivel de información porque puedan tener más de un derecho o más de una vía para acceder, sino que hay muchos de ellos que no tienen el derecho a la información de que puedan acceder al derecho que les da la ley.

Entonces, por nuestra parte, nos parece una propuesta sumamente interesante, apoyable, y, si ellos no la retiran, yo la apoyaré. También he de decir que, si ellos aceptan a mayores, o el Grupo del Partido Popular, que, en lugar de sustituir, sea una a mayores, apoyaría la propuesta del Partido Popular. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Para fijar... para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra, por un tiempo de diez minutos, don Jorge Félix Alonso.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Gracias. Bueno, la enmienda que se nos presenta es de... de sustitución, es decir, que no... no caben, a priori, el sumarlas. Yo creo que estamos empezando mal la... la legislatura. Lo digo porque... porque, claro, se nos presenta una enmienda que no es lo que se está planteando en la propuesta, o sea, no es lo mismo, es una cosa totalmente distinta. Quiero decir, si ustedes quieren plantear esa enmienda en su momento como una proposición, pues preséntenla, nosotros la debatiremos, y, bueno, pues sí, buscaremos los puntos de confluencia. Pero, realmente, en la anterior legislatura se utilizaba esto mucho: presentar una enmienda que no es lo que se presenta en la propuesta de resolución, para justificar el voto negativo.

Es decir, y no es lo mismo, porque lo que nosotros planteamos es que se... la documentación que sirva, se utilice para... para todo el tipo... todo tipo de gestiones. Parece que es una cosa evidente y sencilla, que se informe a las personas de que, si van al centro base, le digan: "Oiga, ¿usted ha pedido la dependencia?". O, si van a pedir la dependencia, le informen también de que tiene derecho a una... reconocimiento de minusvalía. Quiero decir que es algo sencillo. O sea, y esa es la diferencia con su propuesta. Su propuesta es una cosa mucho más compleja, supone iniciar un proceso mucho más largo, y entendemos... que es lo que nosotros queremos es... -y por eso planteamos que sea en dos meses- planteamos una respuesta inmediata, una respuesta, pues, a corto plazo. Porque, aunque hayamos puesto como ejemplo una situación personal, es que, a veces, las situaciones personales son las que destapan el mal funcionamiento de las instituciones, y por eso nos parece que es el momento de corregir este tipo de cosas.

Es más, yo pensé -hasta que vi la enmienda, claro- que ustedes iban a apoyar esto, porque la señora Consejera es que prácticamente ha dicho lo mismo, después de que nosotros hicimos la enmienda, ¿eh? Digo... perdón, la proposición no de ley. La proposición no de ley es del quince de... el dieciséis de... de julio, y, en sus comparecencias en las Cortes, la señora Consejera dice: el diseño de un único procedimiento de acceso a todas las prestaciones sociales de la Administración Autonómica; la unificación del sistema de información. Es decir, entonces, después de leer esto y de escucharla, dije: esta proposición no de ley se aprobará sin ninguna duda, pero vemos que... que no es así.

Por eso que yo creo que han perdido una oportunidad, nuevamente, de... de evidenciar lo que prometen, que es que haya diálogo y lleguemos a consensos. Y si, en cualquier caso, entra dentro del contexto lo que piensan hacer, bueno, pues apruébenla y háganlo, y, a ser posible, con más metas en el tiempo; hoy planteamos dos meses, podía haber sido negociable el tiempo, si hubiera sido... si eso es... es la cuestión para llegar a un acuerdo.

Y una última cosa. Bueno, primero, no tiene coste económico, que yo creo que... que es importante. O sea, solo está dirigida a mejorar el funcionamiento de la Administración y, en consecuencia, mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. Y yo creo que... que eso sería otro tema que tenía que haberse considerado por parte del Grupo mayoritario.

Y luego, cuando se tuvo conocimiento del caso, pues hubo una reacción, pues, que yo creo que dice muy poco en favor de... de la Consejería; porque, claro, ¿la primera respuesta cuál es? La Consejería de Familia afirma que este es un baremo estatal -como siempre, echando balones fuera-. Claro, lo que... -esto salió en los medios de comunicación- claro, lo que... lo que pasa es que, claro, lo que no se dijo, primero, que, efectivamente, el baremo de reconocimiento de la minusvalía a través de los centros base es un real decreto del Gobierno de España, pero de mil novecientos noventa y nueve; o sea, con un Presidente del Partido Popular, el señor Aznar.

En consecuencia, quiero decir... Claro, lo que pasa es que, cuando siempre echamos la culpa al Gobierno de España, parece que el Gobierno de España siempre es el que está ahora y que no hay antecedentes. Y, en consecuencia, yo creo que esa reacción de, en vez de haber planteado, pues, vamos a ver qué respuesta la damos a esta persona, vamos a ver qué solución le damos, o vamos a ver si corregimos lo que ha planteado el Partido Socialista en su proposición, unificamos las informaciones; pues, en vez de hacer eso, la primera respuesta es decir: este es un baremo del Gobierno, y será el Gobierno de España el que tiene la culpa de que a esta mujer no la den la prestación de la... de minusvalía. ¡Hombre!, yo creo que eso... eso dice muy poco, ¿eh?, y me gustaría que, bueno, pues, como nos queda mucha legislatura por delante, este tipo de situaciones, pues las corrijamos. Muchas gracias. Desde luego, no aceptamos la enmienda.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Pues, concluido el debate, procedemos a votar la proposición no de ley planteada.

Votación PNL/000019

¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? Diez. Pues queda, por tanto, rechazada la proposición no de ley.

Por parte del señor Secretario, se dará lectura al segundo punto del Orden del Día.

PNL/000027

EL SECRETARIO (SEÑOR JURADO PAJARES):

Buenas tardes. Gracias, señora Presidenta. Segundo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 27-01, presentada por los Procuradores don Jorge Félix Alonso Díez y don Fernando María Rodero García, relativa al establecimiento de los precios públicos por servicios prestados en los servicios sociales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 12, de seis de septiembre de dos mil once".

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, por... en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Procurador don Emilio Rodero García.

EL SEÑOR RODERO GARCÍA:

Muchas gracias, señora Presidenta. Creo que muy brevemente en esta primera intervención, porque lo que hoy traemos es una cuestión evidente, es sencilla y de fácil solución; es que hay muchas personas que están afectadas por una o más discapacidades, por más de una discapacidad.

Bien, actualmente la discapacidad se clasifica en intelectual, física, autismo o enfermedad mental. Hay algunos casos, como es, por ejemplo, la parálisis cerebral, en donde lo físico, lo psíquico, lo mental están tremendamente unidas, y es lo que conocemos como pluridiscapacidad o personas afectadas por más de una discapacidad. Pero, sin embargo, la Junta de Castilla y León no contempla estas situaciones de que una persona sea discapacitada en más de un sentido, y, por lo cual, la subvención, los conciertos que establece para estas personas discapacitadas lo establece solo por un criterio, cuando el tratamiento, evidentemente, en estas personas, el mantenimiento, la residencia de esas personas, es bastante más caro.

Entonces, en ese sentido, el Grupo Socialista -y voy acabando- pretendemos que la Consejería, en el decreto que está elaborando sobre precios públicos, contemple esta situación, que es claramente discriminatoria con las personas afectadas de esta discapacidad. Esperamos que el Grupo Popular lo ampare, lo apruebe sin ningún tipo de duda, ya que el otro día la Consejera en persona nos dijo que estaba tremendamente interesada en dialogar sobre la cuestión de precios públicos de este decreto. Espero que, sin ninguna duda, lo apruebe. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, para un turno de fijación de posiciones, el Procurador don José María González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Sí. Gracias, señora Presidenta. Para decir que, bueno, quizás mi inexperiencia en el tema me lleve a... a tener dudas sobre el objetivo de la resolución, porque no se habla del reconocimiento del derecho a la prestación por pluridiscapacidad, sino precio público a cómo abonar el concierto, ¿no? Entonces, yo entiendo que detrás de... de esta propuesta, más que... que un interés, que sí... sí lo puede haber, por el sujeto que tenga derecho a esa prestación, hay un interés por el concierto, que es lo que nos hacía entrar las dudas y me hacían que entrase en las dudas.

Lógicamente, estamos por el reconocimiento del derecho, pero, ante las dudas que se nos plantea, según entiendo yo la redacción, teniendo en cuenta que lo que debería hacer la Junta era trabajar para dar un servicio público, más que trabajar para afianzar o incrementar los conciertos, en principio, me voy a abstener. ¿De acuerdo? Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. En un turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Ángeles Armisén.

LA SEÑORA ARMISÉN PEDREJÓN:

Gracias, señora Presidenta. Pues, en primer lugar, decirle que existe una regulación, que es el Decreto 12/1997, que seguro que conoce, donde se regula la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en centros de servicios sociales para personas mayores y personas con discapacidad. Los precios de las plazas públicas tienen una relación directa, como usted sabe, con el coste del precio del concierto. Estos precios se encuentran establecidos a través de tres resoluciones complementarias, en estos momentos, entre sí: la Resolución de cinco de noviembre del dos mil nueve, la Resolución de uno de junio del dos mil diez y la Resolución de veinte de mayo del dos mil once.

La clasificación actual de las plazas concertadas, que es a... o el punto de referencia al que ha hecho usted en su presentación, la clasificación actual de las plazas concertadas para personas con discapacidad en los centros de servicios sociales se establecen en base a cinco criterios, que no sé si usted conoce, que son: el subsector, la tipología del centro, la tipología de las plazas, la modalidad de usuario y la cobertura. Se trata de una ordenación de los precios y, dentro de las características que lo determinan, la extensión de los apoyos necesarios para las personas con discapacidad se encuentran incluidos en la modalidad de usuario –o sea, en ese criterio-.

La clasificación en la modalidad de los usuarios como gran dependiente, dependiente severo y dependiente moderado y ligero, que son los subsectores, se establece en la... de manera coherente con lo que establece la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, del año dos mil seis. Esta clasificación de la Ley de Dependencia es la que ha ordenado los precios, considerándose que es la que hay que tener en cuenta. La clasificación, luego, de estos subsectores, lo que define es el síndrome principal que causa la discapacidad -ahora vamos a llegar al punto de la pluridiscapacidad que ha señalado usted-, no el único, ya que es frecuente, como así ha reconocido el Proponente, la concurrencia de pluripatologías en personas con discapacidad.

Además, para establecer estos criterios conviene tener en cuenta la característica denominada "modalidad de usuario", que sería otro criterio, y que se determina en función de la necesidad de apoyos que una persona necesita de los profesionales. Dentro de este apoyo podemos establecer también distintos grados, que puede ser limitado, extenso o generalizado. Con el fin de unificar los criterios con la Ley, como he dicho, de Dependencia, del año dos mil seis, y que esta ya cuenta con un instrumento de valorización... de valoración único para toda España -que es el BVD-, se mide, con este instrumento, la necesidad de apoyos que una persona necesita para realizar sus actividades básicas diarias, y así se han confeccionado los precios de las plazas concertadas asociados a los distintos grados de dependencia –moderado, severo y gran dependiente-. Es, por tanto, esta variable, y no el síndrome que causa la dependencia –que es a lo que hace referencia usted en su proposición-, la que debe de servir como factor determinante del precio, aunque también se tengan en cuenta otros factores, como la conducta de las personas o el tipo de centro y la cobertura del servicio, para confeccionar los precios.

Esto parece lógico y, como usted conoce, el sistema de atención a la dependencia se financia en función de las necesidades de apoyos, y no en función del coste real de los servicios que reciben las personas. Esta cuestión se ha reclamado, como usted sabe, de forma insistente por las distintas Comunidades Autónomas dentro del Consejo Territorial. Por lo tanto, y siguiendo las directrices de la Ley de Dependencia y los acuerdos del Consejo Territorial, la clasificación de los precios públicos tendrá como referencia los precios de las plazas concertadas, y estos se basarán principalmente en la valoración del grado de dependencia de las personas. Es decir, lo que se hace es, de una manera coherente con la legislación estatal, aplicar esa clasificación que ya viene en la Ley de Dependencia para los criterios en los que se establecen los precios públicos.

Por otro lado, y ante la posición del Grupo Parlamentario Mixto -aunque yo no tengo que hacer referencia a él-, decir que, como usted sabe, y así lo contempla la Ley de Servicios Sociales, habrá distintos servicios y prestaciones que la Junta de Castilla y León va a seguir haciendo de manera concertada; pero, eso sí, sin renunciar a los criterios de calidad y atención a las personas dependientes y con discapacidad de esta Comunidad.

Muchas gracias. Por lo tanto, vamos a rechazar la propuesta de resolución.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución, tiene la palabra, por parte del Grupo Socialista, don... don, Emilio Rodero García.

EL SEÑOR RODERO GARCÍA:

Pues nada...

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Fernando Rodero.

EL SEÑOR RODERO GARCÍA:

Muchas gracias, señora Presidenta. Mire, una vez más, el fiasco de la señora Consejera. Yo, hace diez minutos, creía... creía fijo que nos la iban a aprobar, porque así nos lo había indicado la señora Consejera de que estaba totalmente de acuerdo en ello.

Segundo, es que esta... esta Consejería es la Consejería de la tortícolis crónica, porque es que siempre está mirando para otro lado. Y, desde luego, va a tener un... un problema. No, mire, señora... señora Armisén: País Vasco, La Rioja, Cataluña, Andalucía, Aragón, entre otras, no están mirando a otro lado, o no han mirado a otro lado, y resulta que es que contemplan lo que nosotros decimos. Evidentemente, están equivocados, menos Castilla León, que, evidentemente, siempre está en lo cierto, "la pepelandia".

Mire, aquí, en Castilla y León, señora Armisén, por estas plazas de un paralítico cerebral, aquí, en Castilla y León, la Junta aporta 50 euros. En el resto de las Comunidades Autónomas, que suponen más del 70 % -bueno, quite usted Madrid, Valencia, lo de siempre, quite lo de siempre-, están poniendo una media de 123 euros por cada plaza. ¿Por qué? Porque contemplan la pluridiscapacidad. Aquí no se contempla. Nosotros no le hemos puesto ni tan siquiera... ni tan siquiera un tope temporal, cronológico, unas condiciones; sino hemos dado y hemos dejado abierto todo para decir un "sí", decir "vale, se tendrá en cuenta", como les ha dicho la Consejera, "que quieren hablar con usted", "se tendrá en cuenta". Solo hemos pedido eso, el abrir el diálogo en sede parlamentaria. Y usted lo cierra de un portazo, y lo cierra como siempre.

Segundo. Mire, en Castilla y León, más o menos, más o menos, en Castilla y León hay unos seis mil doscientos personas que son pluridiscapacitadas. Está en torno al 2,5 por mil habitantes. De esos seis mil doscientos, tan solamente quinientos sesenta y nueve están atendidos, por el tercer sector; solo están atendidos esos. Y nosotros pedimos que, al menos a esa minoría –porque los demás están en sus familias y sabemos con quién, siempre a cargo de mujeres-, pedimos que al menos esa parte esté reconocida. Y ustedes no. Ya sé que esta Consejería es también, digo, el reino de la tortícolis crónica, por no poner otros adjetivos. Pero que nos estén diciendo que no hay recortes, cuando, en atención a personas discapacitadas, en este año se ha recortado un 10 %; en empleo y formación para personas discapacitadas se ha recortado un 50 %; y que, a lo largo de esta legislatura, en atención a personas discapacitadas, se ha quedado sin ejecutar más de 40 millones de euros; y, en empleo y formación para personas discapacitadas, se ha quedado sin ejecutar más de 8.000.000 de euros. Como puede usted comprender, tal vez tienen mucha convicción electoral, sin duda alguna, pero, desde luego, los números no hablan a su favor. Y cuando dicen que no están haciendo ningún tipo de recorte, ustedes saben que están mintiendo de forma descarada, porque los están haciendo desde un principio, cuando hicieron los presupuestos, a ahora, que lo están aplicando.

Y sentimos mucho, francamente, el que se cierre y se dificulte la posibilidad tan solamente de hablar, y dialogar y llegar a algún tipo de acuerdo sobre los precios en el sector público en cuanto a servicios de salud se refiere.

Y nada más. No le voy a decir el cómo están las provincias en este tema, que no están reconocidos, en cuanto a paralíticos cerebrales; cómo están las promesas de Ávila, cómo están las promesas de Soria, cómo están las promesas de apertura de centros, ¿eh?, al mayor nivel y que se siguen sin concretar año tras año. Creo que esta proposición no de ley hubiera sido una oportunidad para habernos acercado a este sector y dar un poco más de esperanza y un poco más de apoyo. Muchísimas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Gracias, señor Rodero. Terminado el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley.

Votación PNL/000027

¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Diez. ¿Abstenciones? Queda, por tanto, rechazada la proposición no de ley debatida.

Por parte del señor Secretario se dará lectura al tercer punto del Orden del Día.

PNL/000028

EL SECRETARIO (SEÑOR JURADO PAJARES):

Gracias, señora Presidenta. Tercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 28-01, presentada por el Procurador don Jorge Félix Alonso Díez, relativa a las percepciones económicas de las personas con situación de dependencia, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 12, de seis de septiembre de dos mil once".

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Para la presentación de la proposición no de ley, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Jorge Félix Alonso.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Gracias, señora Presidenta. Para centrar lo que supone esta proposición. Esta proposición es que hay residencias municipales que están gestionadas directamente por los Ayuntamientos –no que están cedidas a la gestión de una empresa privada-, y cuando en esas residencias hay personas dependientes, la Junta les da una cantidad de dinero por las personas que tienen allí ingresadas. Eso es el... en síntesis, lo que se pretende; o sea, de lo que va la proposición no de ley, ¿no?

La Junta está considerando como plazas residenciales públicas el... en estas residencias que gestionan directamente las corporaciones locales, y que, de hecho, cuando una persona está ingresada en estas residencias y pide el reconocimiento de la dependencia, pues, la Junta ha optado por, la prestación, pagársela al Ayuntamiento; no pagársela al... a la persona interesada, sino directamente al Ayuntamiento.

Esto entendemos que... que es una situación irregular, primero, porque la prestación que se solicita es una prestación individual; quien solicita el reconocimiento de la dependencia es una persona, y, en consecuencia, el que le den el dinero al Ayuntamiento, pues, entendemos que es... no está siendo una situación regular. No es sorprendente, porque lo cierto es que el conjunto de la atención residencial y el tratamiento que se le da desde la Comunidad Autónoma, pues es tan dispar que podríamos hablar de desbarajuste generalizado el... lo que existe en la atención residencial de las personas mayores.

Esto está dando lugar a que hay personas que están ingresadas en el centro residencial que le reconocen la dependencia, y que, cuando la Junta da el dinero al Ayuntamiento, el Ayuntamiento le descuenta el dinero que le ha dado la Junta de lo que él viene pagando todos los meses. Pero como no está regulado nada, pues se encuentra que hay otras situaciones en las cuales una persona está pagando su plaza residencial, ha solicitado la depen... la dependencia, le reconocen la dependencia, el Ayuntamiento... vamos, o la Corporación Local -porque esto también puede pasar en las residencias de las Diputaciones- coge el dinero, no le dice nada al dependiente, y le ha cobrado al dependiente y, a la vez, ha recibido el dinero de la Administración Local.

Se justifican en que dicen que, claro, que estas plazas son deficitarias y que... y que el Ayuntamiento tiene problemas. De hecho, pues tenemos conocimiento de que hay Ayuntamientos que tienen auténticos problemas económicos, como consecuencia de que están gestionando centros residenciales que no cubren los gastos, y que esto le está creando un agujero tremendo al Ayuntamiento. Pero claro, eso... eso no tiene nada que ver.

Nosotros lo que planteamos es: páguesele al dependiente, comuníquesele al Ayuntamiento de que hay un dependiente en su centro residencial que se le ha reconocido la dependencia, y que el dependiente –como la prestación es propia-, pues, le pague al... al Ayuntamiento la cuantía económica que... que corresponda; vamos, lo que le han dado de... desde la Junta, pero no se le dé directamente al Ayuntamiento.

Y eso es lo que pretendemos con nuestra proposición no de ley; simplemente, que las cuantías económicas que da la Junta se le den al interesado y no se le den directamente a los Ayuntamientos, porque pueden darse situaciones como le he dicho antes. Y ha habido casos, que han salido en los medios de comunicación, de que las familias no sabían que el Ayuntamiento estaba recibiendo el dinero y no se lo estaban dando al interesado, y le seguían cobrando lo mismo. O sea, eso... eso, desde luego, está... pues, entendemos que es una clara irregularidad y estamos a tiempo de corregirla.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra don José María González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Sí. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos ante uno de los problemas derivados de que las Comunidades Autónomas, de forma global, pero muy especialmente la Comunidad Autónoma en la que estamos, no haya aplicado la competencia que tiene respecto a la autonomía personal y atención de las personas en situación de dependencia, ofertando, ofreciendo, plazas públicas suficientes en residencia. Nos encontramos con que los Ayuntamientos están asumiendo competencias totalmente impropias, ofreciendo de forma pública un servicio que no hay otra institución que... que ofrezca.

Lo que sí es cierto también es que hay un acuerdo generalizado entre todas las fuerzas políticas, tanto la Federación Regional de Municipios y Provincias como la Federación Española de Municipios, en que los Ayuntamientos no pueden seguir asumiendo competencias impropias, pero también aquellos Ayuntamientos que han asumido competencias impropias y que, de esa competencia asumida, se deriva un beneficio económico para los residentes que están en la plaza, que el Ayuntamiento, la Corporación Local de turno, no se vea perjudicada porque sea el ciudadano o la ciudadana con el derecho a recibir la prestación el que lo cobre, y luego se encuentren las situaciones de agujeros negros municipales.

Con lo cual, me voy a abstener también, porque aquí hay una contradicción: que yo sí pediría, por la vía del Diario de Sesiones, que la Junta buscase una fórmula para no incrementar la deuda que tienen los Ayuntamientos de esta Comunidad -especialmente los que están gestionando residencias municipales públicas-, pero que tampoco se entrase en contradicción con el derecho subjetivo de la persona a recibir la prestación. Por eso, me voy a abstener. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, en un turno de fijación de posiciones, tiene la palabra doña Ángeles Armisén Pedrejón.

LA SEÑORA ARMISÉN PEDREJÓN:

Sí. Gracias, Presidenta. Le agradezco al Portavoz del Grupo Socialista, y espero que en el segundo turno respete que por... y que no se convierta en costumbre hablar en las intervenciones de cuestiones que ni figuren en los antecedentes ni figuran en la propuesta de resolución. Lo digo, en general, por el Grupo Socialista, porque ha hecho referencia, en primer lugar, a supuestos concretos y, en segundo lugar, pues el segundo Portavoz ha hablado de todo menos de los precios públicos; entonces, yo, me gustaría que se remitieran a la... que se remitieran a la... a la cuestión, más o menos, más o menos.

En cuanto... en cuanto a la percepción de cantidades económicas, pues... por parte de las personas que se encuentran ingresadas en los centros cuya titularidad y gestión corresponde a los Ayuntamientos, esta cuestión es que creo que es que está regulada; y como está regulada, porque lo establece el Artículo 10.11 de la Orden 763/2011, de seis de junio de dos mil once... Que no sé si usted la conoce, pero yo creo que está el asunto bastante claro, puesto que en este artículo lo que establece es que en esta orden, que se regulan las prestaciones del sistema de autonomía y atención a la dependencia en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a los cuidadores no profesionales permiten la justificación de la prestación económica vinculada al servicio prestado por centros cuya titularidad y gestión esté asumida por una entidad local que no tenga competencias en materia de servicios sociales, según establece la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, mediante la certificación expedida por la entidad local gestora del servicio. Por lo tanto, debe de pagarse directamente al perceptor y al... reconocido del servicio; si lo establece la propia orden: al que se le ha reconocido el derecho y la prestación. Por lo tanto, es que creemos que huelga establecer nada e instar a la Junta de Castilla y León, cuando ya existe una orden que, realmente, reconoce esa situación.

Que haya Ayuntamientos que incumplen la normativa, que haya situaciones de incumplimiento, pues habrá que denunciar esa situación, serán unas situaciones de infracción... bueno, yo no sé si son muchas o pocas, pero lo que no podemos es reiterar normativas que están en vigor, como está en vigor la Ley de Servicios Sociales -aunque yo he escuchado aquí que no, pero la Ley de Servicios Sociales entró en vigor a los quince días de su publicación, o al día siguiente; la entrada en vigor creo que era al día siguiente; pero vamos, que está en vigor, es evidente-. Y, por lo tanto, lo que no vamos a estar aquí es dando vueltas a cuestiones que se encuentran resueltas ya a través de la propia Orden.

Ahora me puedo poner a hablar de los recortes también, y puedo decir que, claro, se están cobrando esta situación... perdón, se están cobrando estas prestaciones, precisamente, porque existen, y que no ha habido recortes, y que hay personas –como esa persona de un supuesto concreto que hemos hablado aquí- que no va a tener derecho a percibir la ayuda de dependencia con carácter retroactivo porque el Gobierno de la Nación eliminó la retroactividad en las ayudas a la dependencia; eliminó el carácter retroactivo de esa prestación económica. Por lo tanto, quiero decir: ni es el objeto de esta intervención... pero podemos seguir así.

Entonces, como yo creo que lo que importa hoy, en este caso y en este punto del Orden del Día, es hablar de las cuestiones que se han propuesto a través de las propuestas de resolución, pues le tengo que decir que el Artículo 10.11 de esa Orden ya establece que se abonarán directamente a esas personas, y, por lo tanto, es que... no es que instemos a la Junta a hacerlo, es que existe una orden en que ya se ha hecho.

Por lo tanto, lo que habrá que hacer es exigir el cumplimiento de la Orden, ver en los centros que tengan titularidad municipal cómo se gestiona ese tipo de ayudas, etcétera. Pero, desde luego, nuestra labor no es reiterar a la Junta de Castilla y León, desde luego, lo que ya ha hecho. Y supongo que la orden la conoce usted, porque, vamos, estoy segura de que está al día de la normativa de la Junta de Castilla y León en materia de servicios sociales. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la proposición no de ley, tiene la palabra nuevamente don Jorge Félix Alonso.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí, gracias. Bueno, un paréntesis, por una referencia que se ha hecho, que no tenía que haberse hecho. El... vamos a ver, el Gobierno de España dice que la retroactividad no se pagará más que a partir de los seis meses; pero no dice que haya que esperar seis meses para pagar los atrasos... [murmullos] ... que es... que es lo que se está haciendo, que es lo que está haciendo. Pero bueno. Ese no era el motivo de la... de la proposición, y vamos al grano.

Si el problema... el problema surge... el problema surge en que una persona entra en un centro residencial y le ponen un precio. Mientras está ingresado, pide la dependencia, y le reconocen la prestación de dependencia, pero ya está dentro. Entonces, esa persona sigue pagando lo mismo que estaba pagando antes de entrar en el centro residencial.

Si no hay un control por parte de la Junta... Porque, al final, con lo que usted me ha dicho, claro, si me reconoce que puede haber situaciones en las cuales se están... se pueden estar gestionando mal las cosas y se pueden estar quedando con el dinero, claro, quien tiene la responsabilidad de controlar la atención residencial en la Comunidad es... es el Gobierno Autonómico. En consecuencia, si eso se produce es porque no hay control. Si se le pagara al interesado, no habría ninguna duda, no habría ninguna duda: el señor recibe el dinero y como, lógicamente, decimos: comuníquesele también al centro residencial, el centro residencial sabe que todos los meses le están dando una cantidad de dinero que tiene que dar al centro, o sea, para que el centro se ahorre y le sea más económica la gestión al centro residencial.

Quiero decir, pero lo cierto es que hoy, según está instalado el asunto, está habiendo problemas, problemas porque... Estas proposiciones no las inventamos, nos las planteamos porque hay personas que llegan y nos plantean sus problemas, y nos dicen: "¿Qué está pasando, que me han reconocido y resulta que yo sigo pagando lo mismo que antes que me lo reconozcan, y tal?". Y entonces, bueno, pues planteamos que haya transparencia, que la gente no piense que le han reconocido la dependencia y dice: "Si me da lo mismo, si yo sigo pagando lo mismo que antes de la... de la dependencia y no veo nada". Bueno, pues habrá que ordenar el sector, habrá que regular las cosas. Y una cosa distinta es regular esto y otra cosa es regular la atención residencial en la Comunidad, que nos planteaba el Portavoz del Grupo Mixto, que ese tema tiene mucha más enjundia, y que también tendremos tiempo de hablar, pero... pero es un tema diferente.

Y, desde luego, este tema que hoy planteamos no es un tema menor, no es un tema menor, porque, en el año dos mil diez, a los Corporaciones Locales se le pagaran 1.372 millones por esta razón, 1.372 millones; o sea, que no es tema menor. Y concretamente se atendieron a un número muy importante de personas: doscientas dieciocho personas se beneficiaron de este tipo de... de prestación.

Lo que pasa es que luego se produce otra... otra situación ahí que, desde luego, no está en absoluto clara. Ustedes saben que hay la prestación económica vinculada, que usted hacía referencia a ella, y la atención residencial, que es lo mismo, es atender una residencia, pero una es la prestación económica y otra es atenderle totalmente. La Junta computa las residencias municipales como residencias públicas, porque lo ha dicho aquí por activa y por pasiva, y, en consecuencia, en realidad lo que está haciendo es dar una prestación económica vinculada, aunque, luego a la hora de hacer los cómputos, dice que le está prestando un servicio público porque la residencia es pública.

Con lo cual, lo que es evidente es que hay que poner bastante orden en toda esta situación, que en este momento no existe -y termino-, tampoco tiene coste económico.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Pues una vez concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley.

Votación PNL/000028

¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Diez. ¿Y abstenciones? Una. Pues queda, por tanto, rechazada la proposición no de ley debatida.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.

[Se levanta la sesión a las diecisiete horas veinticinco minutos].