DS(C) nº 313/8 del 4/7/2013

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Buenos días. Se abre la sesión. ¿Los Grupos Parlamentarios desean comunicar a esta Presidencia alguna sustitución? ¿Por parte del Grupo Parlamentario Socialista?

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Gracias. Buenos días. Don Miguel Ángel Fernández Cardo sustituye a doña Ana María da Silva García.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. ¿Por parte del Grupo Parlamentario Mixto?

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Alejandro Valderas sustituye a José María González Suárez.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. ¿Por parte del Grupo Parlamentario Popular?

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, Presidente. Buenos días. Doña Victoria Moreno Saugar sustituye a doña María Ángeles Porres Ortún. Don Jesús Ángel Peregrina Molina sustituye a doña María Álvarez Quiñones-Sanz, doña María Mercedes Alzola Allende a don Jesús Aguilar Santamaría y don Ignacio Soria Aldavero a don Alfonso José García Vicente. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Doy la bienvenida a esta Comisión a don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que comparece ante esta Comisión para presentar diversos informes de fiscalización remitidos a las Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas.

La tramitación de los mismos se desarrollará de conformidad con lo previsto en la resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve.

Primer punto del Orden del Día. Por el señor Vicepresidente se dará lectura del primer punto del Orden del Día.

Informe

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SOBRADOS PASCUAL):

Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe de Fiscalización de la actividad de las Fundaciones de Castilla y León, ejercicio 2010".

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para la presentación de este informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias, Presidente. Buenos días, señoras y señores Procuradores.

El presente informe de fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil once y resultó aprobado por el Pleno del Consejo de Cuentas con fecha once de abril de dos mil trece. Junto a la aprobación del informe, el Pleno del Consejo expresó la necesidad de complementar el presente informe con un segundo análisis que incida especialmente en el cumplimiento de los fines fundacionales de estas entidades. La publicación en la página web, tanto del texto íntegro del informe como de la nota resumen del mismo, tuvo lugar el veinticuatro de abril de dos mil trece.

La fiscalización se ha realizado en relación con la actividad realizada en el ejercicio dos mil diez por las fundaciones públicas de la Comunidad y ha tenido como objetivos: la determinación de la composición y estructura del sector público fundacional de Castilla y León; la comprobación del cumplimiento de la obligación de rendir cuentas de las fundaciones integradas en este sector; el análisis, tanto de la situación económico-financiera de las fundaciones públicas de Castilla y León, como de sus plantillas de personal; y, por último, se verificó si la contratación pública se realizó de acuerdo con los principios y normas recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

La principal limitación que ha afectado a la realización del presente trabajo de fiscalización ha sido la dificultad en la determinación de las fundaciones integrantes del sector público fundacional de Castilla y León, debido, por un lado, a la ausencia de una calificación o sección registral referente a fundaciones públicas en los Registros de Fundaciones de Castilla y León y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y, por otro, a que los inventarios de entes dependientes de la Comunidad y del sector público local de Castilla y León no recogen todas las fundaciones que deberían figurar en los mismos.

Otras limitaciones que han afectado a la realización de los trabajos de fiscalización han venido dadas por:

La existencia de dieciocho fundaciones que no tenían sus cuentas anuales depositadas e inscritas en los registros correspondientes, por lo que, al no poderse comprobar la veracidad de los datos proporcionados por las mismas, se optó por no incluirlas en el análisis de la mayor parte de las áreas del informe.

La ausencia en los Presupuestos Generales de la Comunidad de los presupuestos individualizados de explotación y capital de las fundaciones de la Comunidad, así como la no inclusión de los mismos en la cuenta general, limitando este hecho los posibles análisis de desviaciones entre previsiones y ejecuciones.

La ausencia de indicadores que permitan medir y cuantificar el grado de consecución de los objetivos previstos en los programas de actuación plurianual y en la documentación complementaria de los presupuestos de explotación y capital de las fundaciones públicas de la Comunidad, y, como consecuencia de ello, no poder valorar el grado de eficacia y cumplimiento de los fines fundacionales.

Exclusión en el análisis del área de personal de la Fundación General de la Universidad de León y de la empresa por no atender las peticiones iniciales de información y tampoco los requerimientos posteriores. También la Fundación Personas, que, a pesar de su importancia cuantitativa por su elevado número de empleados y gasto de personal, manifiesta su imposibilidad de determinar los gastos de personal por categorías profesionales debido al elevado número de ellas y a las limitaciones en sus aplicaciones. Y, por último, también, la Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca, al existir incoherencias en la información facilitada.

Por último, la ausencia de información acerca de la existencia de perfil de contratante y de instrucciones de contratación, así como el detalle de los contratos adjudicados en el ejercicio fiscalizado por parte de la Fundación Agregación de Fundaciones Benéfico-Particulares Espíritu Santo y de la Fundación Hospital Santa Catalina de Medinaceli.

Dando cumplimiento a la normativa del Consejo de Cuentas, el informe provisional se remitió a los responsables de las 142 fundaciones fiscalizadas, así como al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a las Consejerías de Presidencia y Hacienda de la Junta de Castilla y León para que formularan las alegaciones que estimaran oportunas. Transcurrido el plazo establecido al efecto, 14 fundaciones remitieron alegaciones, las cuales han sido objeto de análisis pormenorizado, habiéndose emitido informe motivado sobre las mismas, que ha servido de base para su aceptación o desestimación.

En opinión del Consejo, las fundaciones objeto de fiscalización, con carácter general, no se dispone de información acerca del cumplimiento de los fines fundacionales, ni se realizan controles suficientes que garanticen el cumplimiento de los mismos.

Respecto a los gastos de personal, una parte significativa de las fundaciones analizadas no cuenta con gasto alguno en este capítulo, mientras que para el resto de fundaciones, el número estimado de personal en dos mil diez asciende a 2.116 personas, con un gasto de 66.728.471 euros, habiéndose producido un incremento medio anual en ambas magnitudes de 6 % y 10 %, respectivamente, desde el año dos mil siete al año fiscalizado.

Por otra parte, se ha constatado la necesidad que tienen las entidades del sector público fundacional de Castilla y León de recibir importantes subvenciones de las Administraciones Públicas para compensar sus escasos resultados y dotaciones fundacionales. Y en materia de contratación, resulta significativo el elevado número de fundaciones que carecen tanto de perfil de contratante como de instrucciones internas de contratación, habiendo utilizado mayoritariamente el contrato menor como procedimiento para adjudicar gastos.

Además, en cuatro de las cinco fundaciones seleccionadas como muestra para comprobar la legalidad en los procedimientos de contratación utilizados, se ha observado que estos, con carácter general, no garantizan el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, debido principalmente a la falta de detalle de algunos criterios de adjudicación así como al fraccionamiento del objeto de los contratos tramitados como menores.

Comenzamos la exposición analizando la estructura del sector público fundacional de Castilla y León, para lo cual se procedió a la determinación de las fundaciones integradas en el mismo a partir de la información obtenida de los registros e inventarios estatales y autonómicos existentes. No obstante, esta información se ha visto condicionada por los siguientes hechos:

El Registro de Fundaciones de Castilla y León incluye información tanto de fundaciones públicas como privadas, sin que exista una sección registral que permita identificar a las fundaciones públicas. Esta situación es consecuencia, fundamentalmente, de la ausencia de un concepto único de fundación pública y de la no diferenciación de los regímenes jurídicos aplicables a las fundaciones públicas y privadas.

No se ha constituido el registro de fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Justicia previsto en la Ley de Fundaciones, coexistiendo seis registros en otros departamentos ministeriales.

El inventario de entes dependientes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León no contiene información sobre cómo estas están financiadas, ni tampoco, en la mayor parte de los casos, sobre la composición de su dotación fundacional. De igual forma, el inventario de entes del sector público local tampoco contiene información sobre cómo están financiadas las fundaciones en él inscritas, ni tampoco, en la mayor parte de los casos, sobre la composición de su patronato.

Por ello, el Consejo consideró, solamente a efectos de la presente fiscalización, como integrantes del sector público fundacional de Castilla y León a las siguientes fundaciones: aquellas cuya dotación fundacional a treinta y uno de diciembre de dos mil diez estuviera participada en más de un 50 %, directa o indirectamente, por entes públicos de Castilla y León; aquellas que, con carácter general, estuvieran financiadas mayoritariamente por entes públicos de Castilla y León; aquellas cuya gestión del patronato en dos mil diez estuviera controlada por entes públicos de Castilla y León o que estos hubieran nombrado a más de la mitad de sus miembros.

De esta forma se ha obtenido un resultado de 114 fundaciones fiscalizables de las 142 que iniciamos las labores de fiscalización, clasificándose a efectos del presente informe en las siguientes categorías: fundaciones de la Comunidad de Castilla y León, 13; del sector público autonómico no consideradas como fundaciones de la Comunidad de Castilla y León, 18; de las universidades públicas de Castilla y León, 14; de las Cortes de Castilla y León, 1; de las entidades locales de Castilla y León, 57; y las autonómico-universitarias locales de Castilla y León, 11.

De estas 114 fundaciones, 65, es decir, el 57 %, no figuran incluidas en los inventarios de entes dependientes de la Comunidad Autónoma y de entes del sector público local de Castilla y León, observándose mayores diferencias por categorías en las fundaciones autonómicas no consideradas como de la Comunidad, con 10 fundaciones no inventariadas, y, sobre todo, en las fundaciones de entidades locales, con 44 no inventariadas.

Por lo que se refiere a los presupuestos de las fundaciones del sector público fundacional de Castilla y León, debemos destacar que los presupuestos individualizados de explotación y capital de cada una de las fundaciones públicas de la Comunidad no fueron incluidos ni en los Presupuestos Generales ni en la cuenta general de la Comunidad Autónoma del ejercicio dos mil diez. Tampoco a los presupuestos de las Cortes se acompañaron los presupuestos de la Fundación Villalar, ni en los presupuestos de las universidades públicas aprobados por el Consejo Social se integraron los de las fundaciones vinculadas o dependientes de las mismas. De la misma forma, tampoco los presupuestos de las fundaciones vinculadas o dependientes de las entidades locales se integraron en los presupuestos generales de las mismas, ni tampoco se adjuntaron como anexos.

Del total de entidades fiscalizadas, 96 tenían depositadas e inscritas sus cuentas anuales en los registros correspondientes, y, de estas, solo 31, el 32 % fueron auditadas. Este porcentaje tan bajo obedece, principalmente, a que la normativa sectorial de cada categoría de fundaciones no exige la auditoría de cuentas o se remite a la normativa general de fundaciones, que solo lo exige cuando el Protectorado o Patronato así lo acuerda.

En relación a la rendición de cuentas, podemos destacar que la cuenta general de la Comunidad, que incluye la cuenta general de sus fundaciones públicas, fue rendida en plazo y en ella se integraron las cuentas anuales de 18 fundaciones. No obstante, no incluyó las cuentas anuales de la Fundación de Investigación Sanitaria de León.

Por su parte, las cuentas anuales de las fundaciones del sector público autonómico no consideradas como de la Comunidad, las de las fundaciones universitarias públicas de Castilla y León y las de las fundaciones autonómico universitario locales, no fueron rendidas a este Consejo de Cuentas, incumpliendo el Artículo 9 de su ley reguladora. Igual incumplimiento se produjo por parte de la Fundación Villalar, dependiente de las Cortes de Castilla y León, y de las fundaciones vinculadas o dependientes de una entidad local, si bien hay que matizar que seis de estas fundaciones estaban incluidas en la cuenta general de la Comunidad.

En relación a la actividad, ámbito territorial y tamaño, se han considerado exclusivamente las 96 fundaciones que tenían depositadas e inscritas sus cuentas anuales. Así, en cuanto a la naturaleza de sus actividades, el resultado es el siguiente: relacionadas con la educación, cultura y deporte, 39 %; con los servicios sociales, 35 %; con economía y trabajo, 10 %; con investigación y tecnología, 7 %; sanidad, 3 %; promoción y turismo, 3 %; y protección medioambiental, 2 %.

Por lo que se refiere al ámbito territorial en el que desarrollan sus actividades, al menos hay 4 fundaciones que figuran bajo el control del Protectorado de la Comunidad de Castilla y León, inscritas en su registro, a pesar de no desarrollar principalmente su actividad en esta Comunidad, y, al mismo tiempo, otras 6 figuran bajo el control del Protectorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, inscritas en su registro, que desarrollan principalmente su actividad en Castilla y León.

Y, por último, para clasificar las fundaciones en función de su tamaño, se ha analizado de forma conjunta los parámetros importe neto de la cifra de negocios, número medio de trabajadores durante el ejercicio e importe total de las partidas de activo, concluyendo que, de las 96 fundaciones analizadas, 84 son micro o pequeñas fundaciones, 10 son medianas y solo 2 son grandes fundaciones.

En el análisis del cumplimiento de los fines fundacionales se comprobó si la Administración que controla o financia a las fundaciones disponía de mecanismos o instrumentos de control para verificar si las actividades desarrolladas cumplían con dichos fines fundacionales.

Así, respecto a los controles de eficacia efectuados por los organismos o Consejerías a las que estén adscritas o vinculadas las fundaciones consideradas de la Comunidad, se ha verificado que no existen indicadores que permitan medir y cuantificar el grado de consecución de los objetivos fijados, por lo que no se puede valorar el grado de eficacia y, en última instancia, el cumplimiento de los fines fundacionales.

Tampoco se realizaron controles de eficacia o instrumentos similares respecto de las fundaciones vinculadas o dependientes de las universidades públicas de Castilla y León al no estar estos previstos ni en la normativa general ni específica de las universidades.

Además, para ninguna de las dos categorías de fundaciones descritas se realizaron auditorías operativas por parte de la Intervención General de la Administración de la Comunidad en el ejercicio dos mil diez.

Respecto de las fundaciones de entidades locales, no se recoge en su normativa la realización de controles de eficacia, al no contemplarse estas como una de las formas para la gestión de los servicios locales.

Para el resto de las fundaciones (del sector público no consideradas como fundaciones de la Comunidad, de las Cortes de Castilla y León y autonómica universidades locales) tampoco se llevó a cabo ningún control de eficacia sobre el cumplimiento de los fines fundacionales.

En relación a la situación económica-financiera de las 96 fundaciones del sector público fundacional de Castilla y León analizadas, debemos señalar que la dotación fundacional en dos mil diez alcanzó solamente el 27 % del total del patrimonio neto del sector fundacional, destacando las fundaciones de la Comunidad con tan solo el 5 % del patrimonio neto; y, en el extremo opuesto, las autonómico universitarias locales, con el 67 %.

Además, 29 de las 96 fundaciones tienen una dotación fundacional inferior a 30.000 euros, que es la que la Ley de Fundaciones del Estado presume adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales. No obstante, solo 5 de ellas se constituyeron con posterioridad al uno de enero de dos mil tres, estando el resto eximidas de dicho cumplimiento, de acuerdo a la Disposición Transitorio Primera de la citada ley.

Para compensar los escasos beneficios y las insuficientes dotaciones fundacionales, las fundaciones reciben importantes subvenciones, donaciones y legados, representando las pendientes de aplicar a resultados en el ejercicio dos mil diez un 64 % del total del patrimonio neto del sector fundacional. Por su parte, las subvenciones imputadas a resultados en dos mil diez representaron el 60 % del total de los ingresos del sector, suponiendo para 53 de ellas más de la mitad de sus ingresos. Además, 48 fundaciones, es decir, el 50 %, en dos mil diez se encontraban en situación de pérdidas, teniendo en cuenta que si no consideramos los ingresos procedentes de subvenciones imputados a resultados este número asciende a 86, quedando patente la importancia de las subvenciones como vía para equilibrar sus cuentas de resultados.

También resulta destacable que en el ejercicio dos mil diez 10 de las 96 fundaciones analizadas cuentan con un patrimonio neto inferior a la mitad de la dotación fundacional, siendo incluso negativo en 6, y encontrándose 5 de ellas en esta situación en los dos ejercicios anteriores, por lo que podría ponerse en duda su viabilidad financiera. A estos efectos, y con carácter informativo, son las siguientes: Fundación General de la Universidad de Salamanca, Fundación del Libro Infantil y Juvenil Leer León, Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, Fundación El Roble y Fundación La Salgada.

El endeudamiento de las fundaciones del sector público fundacional de Castilla y León ascendió a casi 73 millones de euros, si bien solo representa el 31 % del patrimonio neto del sector en dos mil diez. Por categorías, esta ratio supera el 50 % en las fundaciones de las universidades públicas y en las de las entidades locales.

De este importe total de deudas, tanto a corto como a largo plazo, un 32 % corresponde a las fundaciones de las universidades públicas de Castilla y León, y otro 32 % a las fundaciones de la Comunidad, entre las que destaca la Fundación Siglo para las Artes en Castilla y León, que acapara el 93 % del endeudamiento total de su categoría; por el contrario, el endeudamiento de las fundaciones autonómica universitaria locales representa tan solo un 1 % del total; y el de la Fundación Villalar, dependiente de las Cortes de Castilla y León, el 0 %.

En cuanto a la evolución de las anteriores magnitudes para el conjunto del sector público fundacional de Castilla y León, en el periodo dos mil siete-dos mil diez observamos que no se producen modificaciones sustanciales en la estructura del patrimonio neto ni en la composición de sus ingresos, sin embargo, en la evolución del endeudamiento, aun siendo estable en cuanto a los importes de las deudas, se ha producido una disminución del apalancamiento financiero, ya que se pasa de una ratio de deuda sobre el patrimonio neto del 53 % en dos mil siete al 31 % en dos mil diez.

En el análisis del personal de las fundaciones públicas de Castilla y León, y con el fin de evitar distorsiones en los cálculos efectuados, se han excluido 3 fundaciones, ya que, a pesar de su importancia cuantitativa (916 empleados y 9.593.824 euros de gastos de personal), no han aportado o no lo han hecho de forma suficiente la información solicitada. También se han excluido del análisis otras 21 fundaciones que en dos mil diez no tuvieron ni empleados ni gastos de personal, hecho que pone en duda la necesidad de su existencia y cuestiona el cumplimiento de sus fines fundacionales y el desarrollo de sus actividades.

La media de empleados en dos mil diez en las 72 fundaciones analizadas fue de 2.116, correspondiendo 614 personas a 12 fundaciones de la Comunidad, 29 %; 593 a fundaciones del sector público autonómico no consideradas como de la Comunidad, 28 %; 488 a las 35 fundaciones de entidades locales de Castilla y León, 23 %; 337 a las fundaciones de las universidades públicas de Castilla y León, 16 %; y, finalmente, 82 personas a las 9 fundaciones autonómica universitarias locales.

Si el análisis se efectúa por categorías profesionales, se observa que 124 personas son directivos, 1.178 técnicos y profesionales, 298 administrativos y 515 resto de personal. El gasto de personal en el ejercicio dos mil diez de las 72 fundaciones analizadas ascendió a 66.728.471 euros, de los que un 37 % correspondieron a fundaciones de la Comunidad, un 25 % a las autonómicas no consideradas como fundaciones de la Comunidad, un 17 % a las de las universidades públicas, un 18 % a las de las entidades locales, y finalmente un 3 % a las fundaciones autonómica universitarias locales.

Realizando el examen por categorías profesionales, los gastos de personal correspondientes a los directivos supusieron un 9 % del total, los de técnicos y profesionales un 61 %, los de administrativos el 13 %, y los del resto de personal el 16 %.

El coste medio del personal de las fundaciones en dos mil diez fue de 31.526 euros, situándose por encima el coste medio del personal de las fundaciones de la Comunidad, 40.927 euros, y el de las fundaciones de las universidades públicas, 33.008 euros. Por categorías profesionales, el coste medio de los directivos es de 50.923 euros, el de los técnicos y profesionales de 34.688 euros, el de los administrativos de 28.858 euros, y el del resto del personal es de 21.150 euros.

Analizando la evolución en el periodo dos mil siete-dos mil diez del número medio de empleados del sector público fundacional de Castilla y León se observa que este se incrementó en 319 personas, suponiendo un incremento anual del 6 %, que resulta como consecuencia de la creación de 7 nuevas fundaciones (62 personas) y del aumento de las plantillas existentes (257 personas).

Para el mismo periodo y sector analizado, los gastos de personal han sufrido un incremento anual del 10 %, manteniéndose bastante estables los costes medios de personal, al situarse en una tasa de crecimiento acumulativa anual del 4 %. Ahora bien, en las fundaciones autonómicas no consideradas de la Comunidad estos costes medios pasaron de 22.088 euros en dos mil siete a 28.107 euros en dos mil diez, suponiendo un incremento anual del 8 %.

Finalmente, los gastos de personal en el ejercicio dos mil diez representaron un 32 % del total de gastos reflejados en la cuenta de resultados, y un 49 % de las subvenciones imputadas en la cuenta de resultados.

Pasando al análisis de la contratación de las fundaciones públicas de Castilla y León, señalar que solo 28 de las 96 fundaciones públicas analizadas, el 29 %, disponía de perfil de contratante, y, derivado de ello, solo 26, es decir, el 27 %, dan publicidad a sus instrucciones de contratación, incumpliendo el resto lo establecido en los Artículos 42 y 175 bis de la Ley de Contratos del Sector Público. Por categorías, son las fundaciones de la Comunidad las que cumplen mayoritariamente con las citadas obligaciones, 85 %, siendo incumplidas las mismas también de forma mayoritaria por parte del resto de categorías.

En relación con el detalle de los contratos adjudicados en dos mil diez por las fundaciones públicas de Castilla y León, es destacable el hecho de que 68 de las 96 fundaciones analizadas, 71 %, tramitaron los gastos susceptibles de estar sometidos a los principios de publicidad, igualdad, no discriminación y transparencia utilizando exclusivamente el procedimiento de contratación menor, frente a un 27 % que combinaron tanto la contratación ordinaria como la menor. Esta circunstancia se ha detectado en la mayor parte de los contratos celebrados, a pesar del elevado volumen de gastos gestionados e independientemente de la categoría en que estuviese encuadrada la fundación.

Por lo que se refiere a la obligación de comunicar al Consejo de Cuentas la relación de contratos formalizados en el ejercicio dos mil diez, conforme a lo estipulado en el Artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, en orden a sus cuantías, 6 de las 8 fundaciones obligadas a efectuar dicha comunicación incumplieron con la misma en relación a 19 contratos, por un importe global de 25.190.272 euros.

Por último, para completar el análisis de la contratación de las fundaciones públicas de Castilla y León, y con el fin de comprobar si los procedimientos de contratación utilizados garantizan el cumplimiento de los principios recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público, tanto para los contratos no sujetos a regulación armonizada como para los contratos sujetos a regulación armonizada, se ha seleccionado, atendiendo fundamentalmente a su representatividad desde el punto de vista financiero, una muestra de 5 fundaciones del total de las 18 que integraron sus cuentas anuales del ejercicio dos mil diez en la cuenta general de la Comunidad.

De este análisis se deduce que las Fundaciones Siglo para las Artes de la Castilla y León, Patrimonio Natural de Castilla y León, Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, y Parque Científico de la Universidad de Salamanca, utilizaron unos procedimientos de contratación que, con carácter general, salvo el principio de igualdad y no discriminación, no garantizaban el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia tanto para los contratos no sujetos a regulación armonizada como para los sujetos a regulación armonizada, en su caso, debido a las distintas debilidades puestas de manifiesto en la fiscalización de cada uno de los contratos analizados.

Además, para los contratos menores celebrados por 3 de las 4 fundaciones, se ha verificado que, con carácter general, se ha producido un fraccionamiento del gasto que habría obligado a la utilización de otros procedimientos o formas de adjudicación con publicidad o concurrencia. Así, en la Fundación Siglo para las Artes, este hecho se ha producido en el 66 % de los expedientes analizados, por un importe total de 1.532.681 euros; en la Fundación Patrimonio Natural, en el 18 % de los contratos menores analizados, por un importe de 63.797 euros; y en la Fundación Hemoterapia y Hemodonación, en el 85 %, por un importe de 331.310 euros.

De la fiscalización de los contratos celebrados por la Fundación Social y Tutela de Castilla y León se deduce que esta sí utilizó unos procedimientos que, con carácter general, garantizaban el cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación, publicidad y transparencia. No obstante, se detectaron algunas incidencias en sus procedimientos de contratación como la valoración como criterios de adjudicación, en dos contratos celebrados de requisitos de solvencia técnica, o la imposibilidad de determinar el plazo concedido para presentar ofertas a las empresas seleccionadas en un contrato tramitado, o procedimientos negociados sin publicidad, o la tramitación de la contratación por personal de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León a pesar de tener el ente fiscalizado consideración de medio propio y servicio técnico de la citada Gerencia.

Recomendaciones:

En la aprobación por el Pleno del presente informe de fiscalización se expresó la necesidad de complementarlo con un segundo análisis que incidiera especialmente en el cumplimiento de los fines fundacionales, ya que los controles de eficacia efectuados no pueden analizar los objetivos fijados para el cumplimiento de dichos fines. Así mismo, se resalta que sería aconsejable, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, y con independencia de lo que se haga por las Cortes Generales, abordar prioritariamente una reforma en profundidad del régimen de fundaciones, al tratarse de un sector con una destacable importancia socioeconómica y que se encuentra sin el adecuado control público.

Además, y a la vista de los resultados expuestos, el Consejo recomienda a las Cortes de Castilla y León que, en desarrollo de su iniciativa legislativa, adopte medidas para que por parte de las Cortes Generales se revise y, en su caso, se modifique:

La normativa básica estatal en materia de local para que, por un lado, se habilite de forma expresa a las entidades locales para la constitución de fundaciones, y, por otro, se establezca un concepto de fundación pública local que, además del criterio de participación en la dotación fundacional, tenga en cuenta otros aspectos como el control o dominio efectivo del patronato o la financiación mayoritaria.

Se revise la legislación básica estatal, sustituyendo la pluralidad de definiciones de fundación dadas por las normas de derecho público por un concepto único de fundación pública basado en los criterios anteriormente mencionados, consiguiendo de esta forma mayor seguridad jurídica.

Se revise la Ley Orgánica de Universidades, con el fin de que los presupuestos de las fundaciones vinculadas o dependientes de estas se integren en los presupuestos de las universidades a efectos de su aprobación conjunta por el Consejo Social.

Y para que se inste al Gobierno a que amplíe el ámbito subjetivo de la cuenta general de las entidades locales, incluyendo dentro del mismo a las fundaciones públicas locales, o para que, al menos, estas cuentas se acompañen como documentación complementaria.

A las Cortes de Castilla y León o a la Junta de Castilla y León se les recomienda que valoren la posibilidad de revisar y, en su caso, modificar, en el marco de la Ley del Gobierno y Administración de la Comunidad, el concepto de fundación pública de la Comunidad, teniendo en cuenta, además de la participación en la dotación fundacional, otros criterios como el control o dominio efectivo del patronato y la financiación mayoritaria. De igual forma, se recomienda a las universidades públicas de Castilla y León que revisen sus estatutos y normativa económico-financiera al objeto de introducir o modificar el concepto de fundación universitaria conforme a dichos criterios.

También a las Cortes de Castilla y León o a la Junta de Castilla y León se les recomienda que valoren la posibilidad de revisar y, en su caso, modificar la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, y a la Consejería de Hacienda las normas de elaboración de los Presupuestos anuales, con el fin de que los presupuestos de capital de las fundaciones de la Comunidad se elaboren como una previsión de estado de flujos de efectivos, y que a los Presupuestos Generales de la Comunidad se incorporen como documentación complementaria los presupuestos de las universidades públicas y de sus fundaciones vinculadas o dependientes, junto como los de las fundaciones del sector público autonómico no consideradas como de la Comunidad, dando, de esta forma, cumplimiento al principio de transparencia recogido en la normativa de estabilidad presupuestaria.

Igualmente, las Cortes de Castilla y León y a la Junta de Castilla y León se les recomienda revisar y, en su caso, modificar la Ley de Fundaciones de Castilla y León, con el fin de que se regule el órgano competente y plazo para formular las cuentas anuales, se recoja la obligatoriedad de las fundaciones de someter sus cuentas anuales a auditoria cuando se superen ciertos límites, y se exija la realización de un plan de actuaciones en el que se reflejen los objetivos y actividades a desarrollar en el ejercicio siguiente, basados en indicadores cuantificables que permitan valorar el cumplimiento de los fines fundacionales. Por ello también se recomienda la inclusión de estos indicadores en los programas de actuación plurianual y en la información complementaria de los presupuestos de explotación y capital de las fundaciones autonómicas.

Teniendo en cuenta la reciente reforma de la Ley Orgánica de Universidades, que las obliga a rendir cuentas de su actividad ante el órgano de fiscalización de cuentas de la Comunidad Autónoma, esta debería valorar la conveniencia de efectuar las modificaciones normativas necesarias para que las cuentas anuales de las universidades y de sus fundaciones vinculadas o dependientes no se integren dentro de la cuenta general de la Comunidad, rindiéndose directamente al Consejo de Cuentas. Además, las cuentas anuales de las fundaciones universitarias deberían consolidarse con las de las universidades de las que dependen o estén vinculadas, debiéndose, por parte de la Consejería de Hacienda, emitir normas expresas al efecto.

También debería valorarse por parte de la Junta de Castilla y León la conveniencia de efectuar modificaciones normativas, con el fin de que las cuentas consolidadas de las universidades y las de las fundaciones autonómicas no consolidadas de la Comunidad se acompañen como documentación complementaria a la cuenta general para su aprobación por las Cortes de Castilla y León.

El Protectorado de Fundaciones debería promover la disolución y liquidación de las fundaciones que no desarrollen su actividad durante un periodo continuado de tiempo o cuya dotación o patrimonio fundacional no sea adecuado y suficiente para cumplir con sus fines fundacionales.

Por último, se recomienda a las fundaciones públicas, como poderes adjudicadores sin carácter de Administración Pública, que adopten las medidas necesarias en relación a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, con el fin de reforzar el grado de objetividad en las adjudicaciones, que motiven suficientemente los informes técnicos de valoración de las ofertas de los licitadores, y que, en los procedimientos negociados, negocien de manera efectiva los términos de los contratos adjudicados, quedando suficientemente acreditada la adjudicación en el expediente. Nada más. Y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones de los diferentes Grupos Parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, en representación del Grupo Mixto, el Procurador señor Valderas Alonso.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Muchas gracias. Bien, yo quería darle las gracias personalmente porque me acaba de terminar de escribir el discurso que tengo para mi próximo debate del Presupuesto de Castilla y León. Estas cosas, y otras muy parecidas, las llevo diciendo dos años -no solo yo, también otros Grupos- y siempre la Consejería de Hacienda nos dice que es mentira, que exageramos. No, no exageramos; esto es mucho peor de lo que nosotros pensábamos.

Punto uno: "No sabemos cuántos entes tiene la Comunidad". Efectivamente; yo he hecho un inventario de 225, que supera en unos 150 el que dice que tiene la Consejera de Hacienda. Y, con la lista que usted me trae, pues nos disparamos a más de 300; no todos son del mismo tamaño, evidentemente, pero es que hay que fiscalizar todo lo que sea público –que yo sepa-.

"La fiscalización es difícil para el Consejo de Cuentas". Y no le digo para las Cortes; dos años pidiendo cuentas sobre diversos entes, que nos dicen que sí, sí, que una vez que se acabe el año natural se hace una memoria, se lleva a no sé qué notaría, se... luego no sé qué documentos hacen con unas inspecciones, y en dos o tres años ya nos comunican cómo va el tema. En dos o tres años ya no estamos aquí nosotros, están los siguientes.

"La forma de contratación es irregular". ¡Hombre!, esto ya lo sabíamos; cuando se estudió el tema de... de Sotur ya vimos cómo gestionan los bienes públicos y el dinero público las entidades dependientes de la Junta. En este caso, me fijo en dos: una que continuamente mencionamos, la Fundación Siglo, que es bastante graciable en su forma de hacer los contratos; y otra que ha surgido desde hace un par de meses para acá, que es la de Hemodonación, que estaba muy calladita, muy tranquila, nadie preguntaba por ella, hasta que se empieza a preguntar por ella y resulta que es otro Sotur, pero más pequeño.

"Hay entes fantasma". ¡Hombre!, le diré yo unos cuantos. En ese listado que usted menciona de fundaciones, hace tiempo yo pedí los documentos de una: la Fundación Benéfico-Docente de Arbas, y me dijeron que no me podían dar los estatutos porque era un pergamino del siglo XI que habían remitido al Archivo General. ¿Cómo puede seguir de alta esta institución? Hay que hacer un repaso, hay que hacer un repaso de ese listado, porque se han ido sucediendo listados antiguos unos tras otros, y algunos siguen por ahí.

Pero es que hay marcianos. Usted ha mencionado la Fundación Leer León. La Fundación Leer León no tiene actividad hace tres o cuatro años, y es un marciano porque figura en su lista, pero lo es mucho más porque hace unos meses recibió un dinero para una Feria del Libro que se celebró hace cuatro años. ¡Hombre!, pues sí que es curioso, ¿no?, que no se reciba dinero para la actual Feria del Libro de la ciudad de León y se reciba para la de hace cuatro años. Es decir, alguien está liquidando deudas atrasadas. Entonces, ya le cuento, de que, además de todo lo que ha visto, alguien aprovecha los entes, actualmente legalizados y existentes, para liquidar cuentas de tiempos atrás; como usted ha mencionado, unas cuantas por aquí bastante extrañas.

"Hay una cierta inflación de entes universitarios". Tiene toda la razón. Aquí hay que hacer alguna cosa, porque no es normal que haya 40 entes universitarios cuando cada una de las universidades tienen ya su fundación general, y que, incluso, usted nos dice que estas propias fundaciones generales tienen pequeños defectos de gestión. Bueno, pues ahí es donde tienen que ir a parar todas las demás fundaciones, sería una solución razonable. Y, hombre, pues hay que meter mano en este punto antes de que lo hagan desde arriba, desde Madrid, y tengamos un problema serio.

"Los presupuestos de la Junta no incluyen suficientes datos sobre las fundaciones". Claro que no, no incluyen ninguno, ni la lista. Traen como una docena de entidades mencionadas en su apartado, y luego, si le das al busca, puedes localizar otras 50 más. Efectivamente, aparecen camufladas, sumadas en paquetes... No es forma. Espero que este año la... la Consejera de Hacienda nos facilite un poquito más de datos. No es que mienta, es decir, los dan sumados, nos gustaría un poco más desglosados, para saber lo que hace cada una de estas entidades.

Y ahí voy al siguiente punto: 66 millones de euros mueven las fundaciones públicas, según su lista. Seguro que está bien hecha, no lo dudo, pero es un número llamativamente bajo, bajísimo. Tiene que haber mucho más dinero en las fundaciones. La simple cuenta a través del Presupuesto General de la Junta de... de los últimos años da bastante más. Sí puede ocurrir, sí puede ocurrir que nos hayamos equivocado al hacer la suma y hayamos sumado fundaciones con otro tipo de entes. Posiblemente algo de eso ha ocurrido, ¿no?, y por eso me sale un número más alto que el que usted tiene. No obstante, 66 millones ya es bastante, ya es bastante.

Y, finalmente, todas las recomendaciones que plantea me parecen muy recomendables, que podemos admitirlas perfectamente, como... como Grupo de... como Grupo Mixto, tanto Izquierda Unida como Unión del Pueblo Leonés. Y si tuviéramos que hacer algún tipo de proposición no de ley ampliándolas, pues estaríamos encantados de hacerlo, bien con el Partido Popular o con el Partido Socialista, o bien solos, que tenemos un cierto problema de reglamento para hacerlo. Desde luego, lo que nos ha dicho es muy claro. Ya teníamos noticias de que algo de esto pasaba, y, ahora que lo tenemos por escrito, pues mucho más. Y nos disculpará que empleemos sus argumentos con una cierta frecuencia a partir de ahora en los Plenos. Es que nos ha venido a dar la razón de cosas que planteábamos y nos decían que no, que no era cierto. Bueno, pues ya vemos que sí lo es.

Le agradezco mucho su trabajo y confío en que todos los informes que nos plantee sean así de amplios y de... y de claros. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Valderas. En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín Benito.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Gracias, señor Presidente. Buenos días, señor Presidente del Consejo de Cuentas. Vaya por delante nuestra felicitación por el exhaustivo informe de fiscalización de las fundaciones del sector público. Ruego lo transmita a los miembros del Consejo y a todo su equipo. Un informe que, si me permite una recomendación, a nuestro juicio debería convertirse en fijo, en estable, y entrara dentro del Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas.

Nosotros la verdad es que teníamos cierta preocupación por la situación, por lo que conocíamos de algunas fundaciones públicas, pero, después de leer el informe exhaustivamente, el informe que ha elaborado el Consejo, nos vamos mucho más preocupados. Estamos mucho más preocupados por la situación de... de las fundaciones, porque, la verdad, el panorama que dibuja el informe es un panorama descorazonador.

Si me lo permite, ustedes han hecho un informe realista, que deja en una situación demoledora a las fundaciones en cuanto a su funcionamiento, su falta de control. Y realmente es el... el escenario que se presenta es de un tremendo desbarajuste en el sector público de... de las fundaciones. Se dibuja un rosario de incumplimientos, de falta de control, de falta de registros, de falta de actuación con acorde a la Ley de Contratos del Estado, del sector público. Evidencia, por otra parte, que muchas fundaciones quizá no tienen razón de ser porque ni siquiera tienen actividad; otras no tienen personal; otras ni siquiera atienden a los requerimientos del Consejo de Cuentas. En definitiva, como digo, un panorama presidido por el desbarajuste. Esto parece la casa de tócame Roque en el sector de las fundaciones públicas.

Es verdad que... que ustedes han podido fiscalizar 114 fundaciones públicas, y lo más preocupante de todo ello es que -lo dicen ahí- solo 18 han cumplido con la obligación de rendir cuentas; de 114, solo 18. La mayor parte de las fundaciones son de pequeño tamaño, y, aun así y todo, pues el Consejo detecta que no se dispone de indicadores, no se dispone de información, no se dispone de instrumentos, ni tampoco se realizan controles suficientes para garantizar el cumplimiento de los fines fundacionales, lo que... lo que nos haría también pensar sobre la necesidad de la existencia de algunas fundaciones; luego entraremos en ello.

Fundaciones que, por cierto, reciben... se sostiene la mayor parte de ella con subvenciones procedentes de las Administraciones Públicas, ya sea la propia Junta de Castilla y León, Ayuntamientos, etcétera.

Y preocupante resulta que, siendo órganos que proceden a la contratación, no dispongan en su mayoría de perfil del contratante, y, por otra parte no cumplan con la obligación de comunicar los contratos al Consejo de Cuentas. Y aquí sí que entran algunas fundaciones señeras, bandera, dentro del panorama de la Comunidad. Las fundaciones... -lo ha recordado el señor Presidente del Consejo- las fundaciones Siglo, Patrimonio Natural, Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, que son de... 3 de la Junta de Castilla y León, o la del Parque Científico de la Universidad de Salamanca, que utilizan procedimientos de contratación que tratan de eludir los principios de publicidad y de transparencia, en cuanto proceden a fraccionar el gasto.

Estas, en líneas generales, son las principales conclusiones a las que ha llegado el Consejo tras la fiscalización de las fundaciones públicas. Por eso hablamos, señor Encabo, de tremendo desbarajuste en el sector fundacional.

Y preocupante es también la propia estructura de las fundaciones, que el inventario de entes no lo sepa, o al menos no contenga información sobre cómo están financiadas, cuando muchas de ellas están financiadas precisamente por Administraciones Públicas. De ello hay un único responsable, que es la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma. Y es llamativo que más de la mitad, más de la mitad de las fundaciones, no figuren incluidas en los inventarios de entes de la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, me preocupa también, y mucho, que los Presupuestos Generales de la Comunidad no incluyan los presupuestos individualizados, incumpliendo así el Artículo 88 de la Ley de Hacienda y del Sector Público, como tampoco estos presupuestos se incluyan en la cuenta general. Hombre, ya que estamos en... en... en la casa de todos, en las Cortes, en el Parlamento Autonómico -lo ha recordado el señor Presidente-, pues hombre, es llamativo que la Fundación Villalar, que depende de esta casa, no haya acompañado... no se haya acompañado a los presupuestos en... por parte de... de los respectivos anteproyectos que luego se convierten en la Ley de Presupuestos de estas Cortes, y que además no haya rendido cuentas anuales al Consejo de Cuentas.

En fin, es lamentable que el Consejo no haya podido, por otra parte, tampoco analizar el cumplimiento de los fines fundacionales de estos entes, ya sean de fundaciones universitarias, ya sean de fundaciones vinculadas a la Comunidad Autónoma o ya sea de fundaciones dependientes o adscritas a los... las Corporaciones Locales.

Sí nos llama la atención el elevado número de personal directivo en las fundaciones del sector público de la Comunidad, cerca del 10 %. Que 10 de cada 100 personas sean altos directivos o altos ejecutivos, con el correspondiente incremento en los gastos de personal, nos resulta cuanto menos llamativo, ¿no?

Y singular mención merece el capítulo referente a la contratación. Un alto porcentaje de las fundaciones no han hecho una información pública sobre esta contratación: el 86 % de las fundaciones de entidades locales, el 81 % de las de carácter autonómico y el 78 de las universitarias, según recoge el informe del propio Consejo.

Y recordar también que aquí ni siquiera la Fundación Villalar dispone del perfil del contratante ni de instrucciones, tan siquiera, de contratación. En otros casos, incluso se dan instrucciones internas para subir los mínimos, como ha ocurrido en la Fundación Siglo, de la que después, si tenemos tiempo, podríamos hablar, ¿no?

Y, hablando de la Fundación Siglo, fundaciones de la Comunidad, como Santa Bárbara, como la de Formación y Empleo, la Fundación del Serla, los gastos fueron tramitados casi exclusivamente en contratos menores. La Fundación del Serla ni siquiera tiene perfil del contratante, lo mismo que ocurre con la de la Fundación Villalar.

Pero no solamente son las de la Junta; también las fundaciones universitarias tramitaron gastos por el procedimiento de contratación, lo mismo que ocurrió en las locales.

Y 6 de las 8 fundaciones que formalizaron contratos mayores –que no hablamos de contratos menores, pero también ocurre con los... las que formalizaron contratos mayores-, 6 de las 8 no cumplieron tampoco con su obligación de comunicarlo al Consejo de Cuentas -no las nombro porque se recogen en el informe-. Por lo tanto, estamos... estábamos preocupados, pero salimos mucho más preocupados de leer el informe, sobre todo cuando se ha usado y abusado del fraccionamiento de gasto con el fin... -son palabras y frases que se recogen en el informe- con el fin de eludir los principios de publicidad, igualdad, no discriminación y transparencia, lo que determina un flagrante incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público.

Es el caso, por ejemplo, de la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León, que ahora ha absorbido a Sotur, y es Fundación Siglo para las Artes y el Turismo. Aquí, los contratos menores supusieron casi el 90 % de la contratación –para ser más exactos, el 89 %-, pero es que, de estos, el 66 %... en el 66 % se produjo un fraccionamiento de gasto.

Y tampoco la Fundación Patrimonio Natural, que depende de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente actualmente, tampoco garantizó el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia. En esa fundación, además, no existe un riguroso registro que recoja de manera exacta la fecha y la hora de las ofertas presentadas; los informes técnicos no motivan las propuestas de gasto realizadas, y aquí el 18 % de los contratos se produjo también fraccionamiento de gasto.

Lo mismo ocurrió en la de... en la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, que utilizó también unos procedimientos similares a los ya comentados: en el 85 % de los contratos menores detecta el Consejo que hubo fraccionamiento de gasto con el fin de eludir los principios de igualdad y transparencia.

Pero es que esto se extiende también a las fundaciones universitarias.

En fin, el informe del Consejo de Cuentas –muy exhaustivo, como le decía, señor Encabo- desvela que las fundaciones públicas de Castilla y León operan prácticas opacas que incumplen la Ley de Contratos del Sector Público.

No tenemos tiempo aquí de analizar una por una las fundaciones, pero, si me lo permite, y como muestra... para muestra vale un botón, me voy a centrar en un solo caso, en el caso de la Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León; una fundación que funciona prácticamente con ayudas públicas –el 90 % de la fundación, 89,6 para ser más exactos- depende de la... de los presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León; es la fundación, con mucho, más endeudada de todas –un endeudamiento, lo ha recordado, del 93 % total de su categoría-.

En el año dos mil diez realizó únicamente contratos de servicio. En los expedientes 8 y 9, analizados por el Consejo, a pesar de que el valor estimado de los mismos superaba los 60.000 euros, los pliegos fueron aprobados por el Director General de la Fundación en lugar de por la Comisión Ejecutiva de la misma, como órgano de contratación por delegación del Patronato. Y aquí fue el caso, por ejemplo, del servicio de montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de dos exposiciones temporales en el Musac en julio de dos mil diez -y no quiero recordar los sucesos de la Fundación Siglo, recientemente, con el Musac, que... bueno, ese es otro tema de análisis-; pero el valor eran 185.000 euros –el expediente 8-. Y la realización del espectáculo audiovisual de inauguración del Museo de la Evolución Humana, por 90.000 euros, que es el expediente 9. La Fundación Siglo recurrió... –nos parece esto... nos parece grave- recurrió en exceso a la contratación menor, lo que supuso un importe de 14,5 millones de euros –el 89 % del gasto-.

Y antes le comentaba que... –y también nos preocupa- que se dieran instrucciones internas de contratación para incrementar...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Vaya acabando, señor Martín.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

(Sí, señor Presidente, voy terminando). ... para incrementar considerablemente el umbral cualitativo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público, para calificar los contratos como menores. Ya adelanto que hoy mismo nuestro Grupo Parlamentario ha solicitado, por vía de documentación, a la Mesa de las Cortes, las instrucciones a las que hace alusión el Consejo de Cuentas, ¿no?, esto nos parece... nos parece muy grave. Porque, mientras en la ley se fijan 18.000 euros para los contratos distintos a los de obra, en las instrucciones dadas por la Fundación Siglo se eleva a 30.000 euros. Una Fundación que recurrió constantemente al fraccionamiento de gasto, con el fin de eludir los principios de publicidad, igualdad, no discriminación y transparencia.

Cinco empresas –aquí, en la Fundación Siglo- facturaron gastos superiores a los 30.000 euros sin que existiera el correspondiente contrato. En todos se licitó en dos mil diez, pero la adjudicación no se produjo hasta diciembre del citado ejercicio, demorándose incluso, en algunos casos, hasta bien entrado el año siguiente, en los meses de abril y mayo de dos mil once. El importe global facturado por esas empresas ascendió a 447.795 euros para facturas relacionadas con gastos de servicios, tanto del Musac como del Centro Cultural Miguel Delibes.

Otros... otras dos empresas en las que se detecta fraccionamiento de gasto y se tramitan como contratos menores facturaron también gastos por encima de los 30.000 euros en servicios, tanto en el Museo de la Minería de Sabero como del Musac. No se sometió a licitación la contratación de los servicios de suministro de gas, de energía eléctrica, de comunicaciones, a pesar de que en el mercado –y lo recoge el informe del Consejo- existen varias empresas con capacidad para prestar los mencionados servicios.

En dos mil diez –y ya termino, señor Presidente- se produjeron suministros de gas, electricidad y teléfono por importe acumulado superiores a los 30.000 euros, y fueron tramitados como contratos menores, siendo el importante global, por los citados suministros, de alrededor... algo más de 1.000.000 de euros.

En definitiva, señor Presidente del Consejo, como decía al principio de mi intervención, un tremendo desbarajuste, que dibuja un panorama desolador, descorazonador, y un informe demoledor, que obligaría a las fundaciones públicas a corregirse, y a algunas, incluso, a plantearse su viabilidad y su continuidad. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Martín Benito. Para concluir este primer turno de intervenciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, Presidente. En primer lugar, dar la bienvenida al Presidente del Consejo de Cuentas y a los miembros del Consejo que le acompañan, y felicitarles, en primer lugar, por la elaboración de este informe. Yo creo que en lo único que podemos coincidir, en la mañana de hoy, con lo que se ha manifestado aquí, es que es necesario darle continuidad, y, desde el máximo respeto a lo que es la autonomía del Pleno del Consejo de Cuentas, creo que sería necesario plantear la evolución de las fundaciones, ya no en el periodo dos mil siete-dos mil diez, sino en el periodo dos mil diez-dos mil catorce. Por lo que, respetando su autonomía, el Grupo Parlamentario Popular plantea la posibilidad de que se pueda incorporar en el Plan Anual de Fiscalizaciones del dos mil catorce un informe para, efectivamente, ver la evolución del sector fundacional del conjunto de la Comunidad Autónoma.

Pero creo, además, que este informe tiene una trascendencia importantísima, porque nos ha permitido conocer cuál es la realidad de las fundaciones de la Comunidad, y creo que se ha dibujado un panorama excesivamente desolador en alguno de los aspectos que se han puntualizado aquí.

Es cierto que se ha hecho un informe con mucho rigor, que ha analizado todos los extremos que se han planteado, que puede haber llevado a equívoco a alguno de los Portavoces que han intervenido -el volumen de gasto de las fundaciones de Castilla y León es muy superior, de más de 200 millones de euros; los 66 millones de euros de los que hacía referencia el Portavoz del Grupo Mixto se refieren únicamente a gastos de personal-; pero creo que también hay que poner en justicia que de las cuestiones que se han puesto aquí de manifiesto hay que tener en cuenta dos circunstancias:

Dentro del conjunto de nuestra Comunidad Autónoma, y teniendo en cuenta que estamos hablando de las fundaciones del conjunto de la Comunidad –no solo de las fundaciones autonómicas-, el peso que tienen las fundaciones es reducido si lo comparamos con otras Comunidades Autónomas. Y yo quiero recordar aquí que ayer se ha hecho público recientemente un informe del Ministerio de Hacienda en el que habla de los entes dependientes de las Comunidades Autónomas, en el que Castilla y León es la tercera Comunidad pluriprovincial con menor número de entes dependientes –por poner una situación y en el contexto en el que nos estamos moviendo-. Concretamente, ese informe del Ministerio de Administraciones Públicas habla de 76 entes dependientes en la Comunidad, vinculados a fundaciones, empresas... empresas públicas o otro tipo de entes, cuando hay Comunidades Autónomas que, por ejemplo –quiero citar dos-, Cataluña y Andalucía, que solo entre esas dos tienen más de 785 entes dependientes y, concretamente, suponen el 37 % de los más de 2.114 entes que hay dependientes de las Comunidades Autónomas en el conjunto del país.

Y una vez felicitado y planteado el requerimiento que hago al Consejo de Cuentas para que analice, dentro de su autonomía –dado que, además, el Grupo Parlamentario Popular nunca presenta enmiendas al Plan Anual de Fiscalizaciones-, para ver la evolución; creo recordar, y creo que es necesario recordar hoy aquí, que la Junta de Castilla y León ha planteado una reducción sustancial del número de fundaciones, además que se ha consensuado en un acuerdo con el principal partido de la Oposición, y que hay un compromiso claro del Presidente de la Junta de Castilla y León, que se firmó en el acuerdo firmado con el principal partido de la... del Partido Socialista y con el Partido Popular, el diez de octubre, en el que se planteaba la reducción sustancial del sector público, que debe de seguir operándose.

Pero, dicho eso, creo que también es de poner en justicia que los mayores incumplimientos que se ponen de manifiesto en la normativa y en el informe de fiscalización efectuado por el Consejo de Cuentas –sobre todo en el ámbito de la contratación- no son de las fundaciones de la Comunidad. Concretamente, en el propio informe de la Comunidad dice textualmente el... el Presidente de su... en la mañana de hoy... –y leo textualmente para aclarar aquí, porque parece que solo hay una fundación que incumple la normativa de contratación- digo textualmente: "Por categorías, son las fundaciones de la Comunidad las que cumplen mayoritariamente con las obligaciones en materia de contratación (85 %), siendo incumplidas las mismas, también de forma mayoritaria, por el resto de las categorías". Y, concretamente, se ha hablado aquí del perfil del contratante de las fundaciones de la Comunidad, once de las trece tienen publicado el perfil del contratante, y son otro tipo de fundaciones, no vinculadas a la... a la Comunidad, las que tienen un mayor incumplimiento en materia de contratación.

Pero he de decir también que el Grupo Parlamentario Popular muestra una preocupación también por ese cumplimiento de los principios de transparencia e igualdad en el ámbito de la contratación, y que haremos nuestras también -¿cómo no?- las recomendaciones efectuadas por el Consejo de Cuentas en esa... en esa materia.

También hay que poner de manifiesto que el número de fundaciones en la Comunidad, obviamente, tiene un... una presencia pequeña, si la comparamos con otras Comunidades Autónomas, especialmente en el ámbito autonómico, y que, además, estas fundaciones, del análisis que ha efectuado el Consejo de Cuentas, tienen un tamaño reducido; solo hay una gran fundación –a la que se ha hecho referencia aquí-, por el importe del volumen de los fondos que maneja y por el tamaño del personal. Teniendo en cuenta la... el tamaño de nuestra Comunidad y la... el sector público que tenemos, creo que puede considerarse de un... de un hecho anecdótico.

Pero, en todo caso, desde luego, el Grupo Parlamentario Popular quiere plantear tres consideraciones finales: primero, que hay que profundizar en la investigación de las fundaciones y del sector público del conjunto de la Comunidad Autónoma; que hay que profundizar en la reducción de ese sector público, que ese es un compromiso que ha efectuado el Presidente de la Junta de Castilla y León, en el que se ha llegado a un acuerdo firmado ya con el principal partido de la Oposición, que tendrá que estar operativo –en cierta medida- a finales del año dos mil trece, que la reducción del sector público, por tanto, es necesaria; y, sobre todo, que hay que profundizar y hacer valer los principios de transparencia y todo lo vinculado a la contratación pública, como también la regulación de las fundaciones, en lo referente al cumplimiento de los fines. Porque llama poderosamente la atención que el cumplimiento de esos fines fundacionales difícilmente se puede cumplir cuando una gran mayoría de las fundaciones que se han planteado aquí –especialmente las vinculadas a los entes locales- o no tienen personal o no... o están en pérdidas claramente –de acuerdo con lo que plantea el informe del Consejo de Cuentas-, por lo que, desde luego, se refuerza la... la idea del Grupo Parlamentario Popular de reducir el sector público en el conjunto de la Comunidad Autónoma y de vincularlo a una mayor transparencia.

Y quiero recordar –para finalizar mi intervención- que en todo caso es necesario poner de manifiesto que el sector público de la Comunidad en Castilla y León es de los más pequeños. Reitero lo que planteaba al principio de mi intervención: somos la tercera Comunidad pluriprovincial con menor número de entes autonómicos. Y recordar también que es necesario profundizar en el... en ese planteamiento.

Y un segundo aspecto fundamental: que esos entes autonómicos tienen una pequeña dimensión si lo comparamos con otras Comunidades Autónomas. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Cruz. Para contestar a las diferentes intervenciones de los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Gracias, Presidente. Muchas gracias a los Portavoces por su intervención. Y lo que ha quedado puesto de manifiesto es que se han leído atentamente este informe de fiscalización.

Y antes que... que entrar en alguna serie de consideraciones, a mí sí me gustaría resaltar, pues el trabajo que se ha hecho desde el departamento liderado por Miguel Ángel Jiménez y por el mismo subdirector, Adolfo Sobrino, en la realización de... de este trabajo sobre fundaciones.

Porque ha sido auténticamente difícil, ha sido un trabajo tremendamente arduo, porque ha habido reticencias por parte muchas veces de las mismas entidades fiscalizadas, e incluso puedo decir que resistencia.

Es decir... es decir, ¿y por qué? Pues, fundamentalmente, pues por un motivo que creo que ustedes lo habrán comprobado a lo largo de todo el informe, y es que... la dificultad para definir lo que es fundación pública. Es decir, es que en estos momentos la raíz del problema está en que tenemos una regulación insuficiente en la definición de fundación pública, unos registros que no aportan esa identificación de una manera clara y concluyente, pero que, al mismo tiempo, uno se encuentra con que muchas fundaciones lo que se hacen es proyectarse instituciones.

Entonces, hay personas que a mí me ha supuesto en algún caso esta... tener alguna discusión con algún Alcalde que está discutiendo el carácter no público de una fundación y... y ese patronato es una proyección del Ayuntamiento. Entonces... pero ¿qué ocurre? Que en la práctica no hay una regulación adecuada del concepto de fundación pública. Y como no hay un... un concepto claro e indubitado de fundación pública, evidentemente, pues las posibilidades de control de las fundaciones, pues es mucho más difícil.

Y los mismos registros –como se ha puesto de manifiesto en el informe-, pues no aportan muchas luces, porque además uno comprueba como fundaciones de ámbito regional están en registros estatales, e inclusive el registro único que debería de existir no existe; hay seis registros en distintos Ministerios.

Es decir, yo no recuerdo en todos los años de trabajo del Consejo de Cuentas que se haya hecho un cúmulo de recomendaciones de... de carácter normativo, como se hace aquí.

Si ustedes leen atentamente las recomendaciones comprobarán de que estamos hablando de una nueva normativa en materia de fundaciones, que defina claramente lo que es fundación pública, que establezca claramente los registros a los que tienen que acudir, que los protectorados puedan establecer claramente en su caso las iniciativas en materia de disolución de las fundaciones, y que, juntamente con todo esto, en definitiva, consigamos algo que yo creo que está en el ánimo de todos los aquí asistentes, que es transparencia de este sector.

Y eso es lo que en estos momentos sucede, pero producto de una insuficiente regulación jurídica; regulación jurídica que, como se pone de manifiesto en las recomendaciones, son en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico. Y lo que ha expresado el Consejo de Cuentas, que el hecho de que no se efectúe esa adecuación normativa en el ámbito estatal, se tome la iniciativa en el ámbito autonómico, y que se defina claramente lo que es fundación pública en esta Comunidad Autónoma.

Y, entonces, que uno cuando quiera conocer cómo se está gestionando una fundación pública que está... que entendemos pública porque está literalmente regida, pues por ediles de un Ayuntamiento, pues que a uno no le puedan replicar de que ella se nutre de otros fondos, cuando, en definitiva –como decía antes-, hay una proyección auténtica de ese Ayuntamiento en esa fundación. Eso son aspectos que yo creo que hay que resolver.

Y como aclaración también al... al señor Valderas, ponerle de manifiesto de que, efectivamente, cuando hablamos de los sesenta y tantos millones de euros son solamente los gastos de personal; si usted quiere conocer lo que es la situación y la estructura del patrimonio neto de las fundaciones le... le recomiendo que acuda a la página 61 del informe de fiscalización y ahí verá, pues lo que es la estructura del sector fundacional de Castilla y León y que, exactamente, el conjunto de las fundaciones han recibido, entre subvenciones, donaciones y legados, del orden de unos 150 millones de euros. Esa... y si estamos hablando del conjunto de lo que es el total del patrimonio neto, estaríamos hablando de 233 millones de euros.

Es decir, por eso nosotros, cuando hemos aprobado este informe de fiscalización hemos puesto de relevancia de que estamos hablando de un sector con su importancia económica; con su importancia económica no solamente por las cifras, sino porque estamos hablando de dinero público; de dinero público, que es el que nutre fundamentalmente a todas estas fundaciones. Y, por lo tanto, entendemos que hay que dar un paso más allá para que el conjunto de este sector quede perfectamente definido y que tenga unos contornos mucho más claros de los que en estos momentos existen.

Es decir, ha habido... y si ustedes observan, pues, las distintas... las alegaciones que se han formulado por estas 14 fundaciones, pues, buena parte de ellas van defendiendo de que no son fundaciones públicas, y lo puedo entender desde el punto de vista de la normativa actual, lo puedo entender. Aquí, nosotros, cuando hemos elaborado este informe de fiscalización, empezamos para la definición, llegamos a una conclusión, y se indicaba de una manera machacona a lo largo de todo el informe que era a efectos exclusivamente de este informe de fiscalización, que se consideraban fundaciones integrantes del sector público aquellas cuya dotación fundacional a treinta y uno de diciembre de dos mil diez estuviera participada en más de un 50 % directa o indirectamente por entes públicos de Castilla y León, a aquellas que con carácter general estuvieran financiadas mayoritariamente por entes públicos de Castilla y León, y aquellas cuya gestión del patronato en dos mil diez estuviera controlada por entes públicos de Castilla y León o que estos hubieran nombrado a más de la mitad de sus miembros, ¿entendido?

Aquí, en definitiva, lo que pensamos y proponemos es que criterios como el de influencia dominante o dominio efectivo sea el que tenga como criterio determinante para la definición de fundación pública. Y una vez que se determine lo que es fundación pública, pues el resto de las cuestiones, Señorías, será mucho más sencillo desde el punto de vista de la aplicación, desde lo que estaríamos hablando en materia de rendición de cuentas, en materia de incorporación, en su caso, a la cuenta general de la Comunidad, o en materia de lo que es la rendición de cuentas ante el mismo Consejo.

Por cierto, y como información complementaria a lo que se ha expuesto en el informe, significar que en el día de ayer se ha rendido cuentas por la Fundación Villalar, la correspondiente al año dos mil doce –como información, y creo que puede ser de interés para todas Sus Señorías-.

En definitiva, y concluyo mi... mi intervención, poner de manifiesto de que entendemos que si alguien quiere saber sobre lo que es la situación de las fundaciones en nuestra Comunidad Autónoma, imprescindiblemente tendrá que acudir a este informe; que, evidentemente, es un primer paso; que nosotros, como ya hemos dicho, entendemos que hay que seguir profundizando para saber si las 114 fundaciones a las que se hace referencia el informe de manera principal cumplen con sus fines fundacionales.

Por eso estamos persuadidos de que tendremos que seguir avanzando para saber si esos 150 millones de euros que vienen a recibir entre subvenciones, donaciones y legados se gestionan de acuerdo con los criterios fundacionales, que deben ser siempre el objetivo de todas y cada una de estas fundaciones.

Y, al mismo tiempo, si me permiten ustedes, animar a los Grupos Parlamentarios a que tomen las iniciativas pertinentes para adecuar la legislación a los términos en que se hace en las propuestas en este informe. Yo creo que con una buena normativa se conseguiría una absoluta transparencia de un sector, el fundacional, que yo creo que en estos momentos lo requiere. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Encabo. Para consumir un turno de réplica, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Valderas Alonso.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Sí, muchas gracias. Y únicamente para recordar una cosa que había despistado. Efectivamente, estamos hablando de revisar el régimen de las fundaciones, régimen legal, y apunto un problema, un problema que se ha planteado recientemente: estas fundaciones contratan personal, y cuando lo echan hay unos verdaderos problemas para ver cuál es la legislación que se les puede aplicar. Y, efectivamente -si son fundaciones privadas, si son públicas-, es un problemón. Es decir, incluso la propia gente que es contratada por las fundaciones desearía mayor claridad en la legislación, mayor claridad a la hora de contratar, ¿no?

Es únicamente un apunte que en su momento, cuando tratemos de ver qué se hace con las fundaciones en cuanto a su reglamentación, habría que tener en cuenta: la forma de contratar al personal para evitar luego los problemas que se plantean. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Valderas. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, en un turno de réplica, tiene la palabra el señor Martín Benito.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Gracias, Presidente. Tres cuestiones, de forma breve. La primera, una pregunta que quería hacerle al Presidente del Consejo de Cuentas, en relación con mi primera intervención, con este excesivo fraccionamiento del gasto que vulnera la Ley de Contratos del Sector Público. La pregunta es si se ha llegado a plantear en el seno del Consejo pedir o plantearse el que puedan existir responsabilidades de otro tipo por vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público en relación con el gasto de algunas o bastantes fundaciones, ya sea de la Comunidad Autónoma, de entes locales o de las universidades. Esa... una pregunta.

En relación con una alusión que ha hecho el Portavoz del Grupo Popular sobre el acuerdo de diez de octubre de dos mil doce firmado entre la Junta de Castilla y León, el Partido Popular y el Partido Socialista, referente a la reducción de entes, pues yo quiero recordar aquí el incumplimiento de dicho acuerdo, porque, a fecha de hoy, todavía no se ha constituido la comisión para elaborar el informe de gestión y financiación de dichos entes. Claro que, después de conocer de manera exhaustiva el estado de las fundaciones de la Comunidad, ya nos explicamos por qué, por qué precisamente no se ha constituido dicha Comisión.

Y, en tercer lugar, decirle al señor Presidente del Consejo que nosotros, como viene siendo habitual, suscribimos enteramente las recomendaciones que hace el propio Consejo. Y quizá podríamos plantearnos otra, ¿no?, y es si... recomendar a la Junta que se plantee la conveniencia de si... si tiene mucho sentido mantener algunas fundaciones, que más que fundaciones son chiringuitos, ¿no? Me refiero al chiringuito de la Fundación Siglo, un gran chiringuito dentro de la Consejería de Cultura y Turismo, como ya lo fue la desaparecida Sociedad Pública Sotur, ¿eh?; entonces había dos chiringuitos, ahora el pez grande se come al chico, la Fundación Siglo se come a Sotur y forman un chiringuito mucho mayor. A lo mejor debería plantearse y deberíamos también recomendar a la Junta la conveniencia de mantener esta... este chiringui... perdón, esta fundación, ¿no? Nada más. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Martín Benito. En un turno de réplica, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, Presidente. Y con brevedad. A la alusión que efectúa el Portavoz del Grupo Socialista, otra alusión del Partido Popular, dado que parece que ahora no hay ningún inconveniente en que establezcamos un debate, cuestión que a su Portavoz en la Comisión no le gusta que en otras ocasiones mantengamos.

Pero bueno, dicho esto, la alusión, hombre, por un lado dice que no se reduce el sector público y, a renglón seguido, usted reconoce que ha desaparecido la empresa Sotur. Bueno, es un poco contradictorio su... Y la empresa Sotur le puedo decir se ha integrado, pero obviamente eso supone la desaparición de entes, porque se ha integrado, como ha sucedido en otro importante número de entes de la Comunidad de Castilla y León; no hay más que leer las Leyes de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras de los años dos mil doce y dos mil trece, que recogían buena parte de esas medidas.

En todo caso, manifestar lo que ya manifesté en la primera intervención por parte del Grupo Parlamentario Popular: hay que profundizar en el análisis. Efectivamente, hay un problema sobre el concepto de fundación pública, que es fundamental. Hay que profundizar en la reducción del número de fundaciones; no solo autonómicas, sino plantearse también aquellas, como se pone de manifiesto en el informe efectuado por el Consejo de Cuentas, que no tienen actividad. Llama la atención que 21 fundaciones no tengan personal, difícilmente pueden desarrollar ningún tipo de función cuando se carece de personal. Y, sobre todo, fomentar la transparencia en el ámbito de la contratación, y es ahí donde nosotros haremos también nuestras una parte de las recomendaciones que efectúa el Consejo de Cuentas y que serán objeto de debate posteriormente, las propuestas de resolución. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Cruz. Tiene de nuevo la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí, muy brevemente, pues para dar cumplida respuesta a lo que ha formulado el señor Martín Benito. Decirle que nosotros, de la... del estudio, del informe de fiscalización, no hemos deducido la oportunidad de indicios de responsabilidad contable, y, en ese sentido, no se ha remitido ningún expediente en ese sentido al Tribunal de Cuentas.

Y en relación a lo que se ha comentado por el Portavoz del Grupo Mixto, pues, evidentemente, es bueno que exista, como he dicho yo en mi segunda intervención, una absoluta claridad desde el punto de vista del estatus jurídico de las fundaciones, y que se distinga de una manera clara y precisa lo que es fundación privada de lo que es una fundación pública; que, en estos momentos, como he insistido a lo largo de mi intervención, hay una nebulosa, y que, con frecuencia, pues, algunas que tienen un carácter claramente público, pues se escudan en esa normativa insuficiente para amparar su actividad privada.

Y esa es una de las cuestiones que, insisto, yo creo que ha quedado patente a lo largo del informe y que, como ya he dicho al principio de mi intervención, nos estimula para hacer un segundo informe y comprobar si realmente se cumplen los fines fundacionales de las distintas fundaciones de nuestra Comunidad Autónoma.

Pero insistir en que, si todos queremos tener un auténtico conocimiento y transparencia de lo que sucede en las fundaciones, nosotros entendemos que es un requisito sine qua non que se produzca una reforma legislativa que identifique claramente lo que es fundación pública de fundación privada, y establezca requisitos desde el punto de vista de auditoría, desde el punto de vista de sus patronatos, protectorados, etcétera, etcétera, y que haya un registro claro que identifique la naturaleza y los fines fundacionales de cada una de las fundaciones de nuestra Comunidad Autónoma. Con esto ya concluyo mi intervención. Muchas gracias, Presidente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo miércoles, día diez de julio, a las catorce horas.

Segundo punto del Orden del Día. Por el señor Vicepresidente se dará lectura del segundo punto del Orden del Día.

Informe

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SOBRADOS PASCUAL):

Segundo punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe de Fiscalización de la cuenta general de la Comunidad, ejercicio 2010".

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para la presentación de este informe, tiene la palabra el señor don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Gracias, Presidente. El presente informe de fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil doce, y resultó aprobado por el Pleno del Consejo de Cuentas con fecha treinta de mayo de dos mil trece. La publicación en la página web, tanto del texto íntegro del informe como de la nota resumen del mismo, tuvo lugar el cuatro de junio de dos mil trece.

El contenido del informe se ha estructurado en cinco tomos, con el siguiente detalle: Tomo 1, parte general, recoge la iniciativa de la fiscalización, marco normativo, objetivos, alcance y limitaciones, propuesta de ajustes, conclusiones, recomendaciones y la opinión; Tomo 2, resultado del examen de la cuenta general de la Comunidad y de la cuenta general de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas a contabilidad pública; Tomo 3, resultado del examen de las operaciones de la Administración General, del cumplimiento del programa de endeudamiento aprobado por la Comunidad y del cumplimiento del deber de información sobre el pago a proveedores; Tomo 4, resultado del examen de las operaciones del resto de entidades que integran la cuenta general de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas a contabilidad pública; y Tomo 5, resultado del examen de la cuenta general de las empresas públicas de la Comunidad y de la cuenta general de las fundaciones públicas de la Comunidad.

El objetivo de este informe ha sido la emisión de una opinión sobre la fiabilidad y exactitud de la cuenta general de la Comunidad del ejercicio dos mil diez. Para ello, se ha realizado un examen exhaustivo de la misma, con el fin de verificar, por un lado, si la cuenta general de la Comunidad se ha rendido respetando las normas que le son de aplicación respecto a plazo, estructura, contenido y criterios de agregación o consolidación; y, por otro, si la cuenta general de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública se presenta de acuerdo con los principios y normas contables definidos en el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad, así como la sujeción a las normas económico-presupuestarias de las operaciones que la sustentan.

Además, y dada su menor importancia, se ha analizado la consistencia de determinada información financiera de las cuentas generales de las fundaciones y empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León.

El alcance de las actuaciones fiscalizadoras se ha referido al ejercicio dos mil diez, y no han existido limitaciones que hayan afectado al trabajo de fiscalización realizado, excepto algunas deficiencias en la documentación justificativa aportada relativa a un expediente de la muestra de ingresos tributarios y las derivadas de la no aportación por parte de la Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca de la documentación solicitada, lo cual ha impedido el cotejo de información relativa a endeudamiento, avales y subvenciones recibidas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, el informe provisional se remitió al cuentadante para que formulara las alegaciones que estimaran oportunas. Transcurrido el plazo establecido al efecto, la Consejera de Hacienda remitió escrito dando traslado al Consejo de Cuentas de las alegaciones formuladas por el Interventor General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, así como por otras entidades del sector público de la Comunidad. Dichas alegaciones se incorporaron como anexo al informe, habiendo sido objeto de análisis pormenorizado y emitiéndose informe motivado sobre las mismas, el cual ha servido de base para su aceptación o desestimación.

La cuenta general de la Comunidad correspondiente al ejercicio dos mil diez se ha rendido dentro del plazo legalmente establecido, respetando la estructura prevista por la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, y recogiendo la información establecida en el Artículo 228 de la misma. Sin embargo, sigue sin incluir las cuentas de todas las entidades que deberían estar integradas en la misma, ya que, en la cuenta general de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, no se han incluido las cuentas del Consejo de la Juventud ni las del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León. En la cuenta general de las empresas públicas de la Comunidad, no se han integrado las cuentas de la Sociedad de Gestión de Infraestructuras de la Universidad de Burgos S. A., y, por lo que respecta a la cuenta general de las fundaciones públicas de la Comunidad, no se han integrado las cuentas de la Fundación Investigación Sanitaria de León. Además, existen carencias en la información suministrada en la memoria al no recoger información aclaratoria de las discrepancias observadas en la elaboración de los estados que la integran.

Tampoco figuran en la memoria explicativa las salvedades puestas de manifiesto en los preceptivos informes de auditoría realizados sobre las cuentas anuales de una empresa pública de la Comunidad, tal como previene la Ley de Hacienda de la Comunidad -Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, S. A.-, y en dos fundaciones -Fundación Hospital Clínico Veterinario y Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca-.

También se han puesto de manifiesto limitaciones, salvedades o incertidumbres en las opiniones de los informes de auditoría correspondientes a siete entidades integradas en la cuenta general de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública -Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, Ente Regional de la Energía de Castilla y León, y las cuatro universidades públicas-; opiniones que no han sido tenidas en cuenta por la Intervención General, ya que la agregación o consolidación de la cuenta general se ha realizado con anterioridad a la emisión de dichos informes.

El contenido de la memoria de la cuenta general de la Comunidad se ajusta, en general, a lo establecido en la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008, pero sería necesario que fuese más completa y amplia, y de este modo permitir una mejor comprensión de los documentos que integran dicha cuenta general.

Es conveniente precisar que el contenido de la cuenta general no es equivalente en las distintas Comunidades Autónomas. En el caso de Castilla y León –como conocen Sus Señorías-, se regula en los Artículos 227 y siguientes de la Ley de Hacienda del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, y podemos afirmar que nuestro ámbito subjetivo es el más amplio, compartido solamente por otros tres OCEX.

Pero también hay diferencias en lo que se refiere a la fecha de presentación; hay que poner de manifiesto que es dispar entre las distintas Comunidades Autónomas. A título informativo, se puede señalar lo siguiente: treinta de junio, Aragón, Castilla-La Mancha y Canarias; treinta y uno de julio, Cataluña y Madrid; treinta y uno de agosto, Baleares; quince de septiembre, Navarra. Por el contrario, Castilla y León tiene el plazo de presentación más amplio, puesto que concluye un mes después de su formación; en definitiva, estamos hablando del mes de noviembre. Qué duda cabe que sería conveniente y necesario establecer una homogeneidad en la fecha de presentación, puesto que no es justificable, a pesar del distinto contenido de las respectivas cuentas generales, que haya tal dispersión entre unas y otras Comunidades Autónomas.

La opinión del Consejo es que la cuenta general de la Comunidad correspondiente al ejercicio dos mil diez se ha presentado, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación y refleja de forma fiable su actividad económica-financiera, excepto por los incumplimientos recogidos en el informe, y por las siguientes salvedades: la consolidación solo parcial realizada en el estado de liquidación del presupuesto; los derechos y obligaciones indebidamente reconocidos por importe de 51.441.976 euros y 195.485 euros respectivamente, en el ámbito de la Administración General; el saldo pendiente de depuración de la cuenta "Inmovilizado. Transitoria", por importe de 4.821.404.308 euros; los derechos indebidamente reconocidos por el Servicio Público de Empleo, por importe de 1.490.453 euros; la omisión en la cuenta general de las opiniones manifestadas en los informes de auditoría de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública al no haberse emitido en la fecha de rendición de la misma; la agregación o consolidación de cuentas sin considerar las limitaciones, salvedades e incertidumbres contenidas en la opinión de los informes de auditoría de las cuentas anuales de siete entidades sujetas al régimen de contabilidad pública; y la existencia, en la Gerencia Regional de Salud, de obligaciones pendientes de imputar e indebidamente imputadas al Presupuesto de dos mil diez, por las que ha sido necesario efectuar un ajuste neto positivo en las obligaciones reconocidas, por importe de 450.111.887 euros.

Es conveniente manifestar que, en estos momentos, no todos los OCEX incluyen opinión en sus informes, y los que lo hacen no se pronuncian acerca de la fiabilidad y exactitud de las cuentas presentadas, como lo hace el Consejo de Cuentas.

El estado agregado de cambios en el patrimonio neto y el estado agregado de flujos de efectivo de la cuenta general de las empresas públicas de la Comunidad no refleja adecuadamente la realidad económica y financiera, al no incluir los datos de todos los entes que integran la cuenta.

Al igual que en ejercicios anteriores, los criterios utilizados para la formación de la cuenta general de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública no son compatibles con los utilizados por el Estado para la formación de la cuenta general del sector público administrativo, ya que se ha formado mediante agregación, que no consolidación, del balance y la cuenta del resultado económico-patrimonial. Esta falta de compatibilidad irá en aumento a medida que el Estado avance en la elaboración y presentación de la cuenta única comprensiva de todas las entidades del sector público estatal, y los estados agregados vayan desapareciendo.

No obstante, los criterios utilizados para la formación de la cuenta general de las empresas y fundaciones públicas de la Comunidad sí son compatibles con los utilizados por el Estado para la formación de dichas cuentas.

En el examen de la coherencia interna, hay que señalar que la liquidación presupuestaria rendida no es coherente con la información financiera del balance y de la cuentas del resultado económico-patrimonial, debido a que en aquella la información se presenta consolidada y en estos agregada, produciéndose una divergencia entre el ámbito económico-patrimonial y el presupuestario. Además, la agregación realizada en el balance y en la cuenta del resultado económico-patrimonial no da información adecuada sobre el patrimonio y la situación económico-patrimonial y financiera del sector público de la Comunidad sujeto al régimen de contabilidad pública, al producir duplicidades, y, por tanto, sobrevaloraciones en las magnitudes contables que reflejen las operaciones internas realizadas entre las diversas entidades; concretamente en transferencias corrientes y de capital, y en la cesión y adscripción de bienes.

Por otra parte, la consolidación efectuada en el estado de liquidación del presupuesto es una consolidación parcial, al no haberse eliminado todas las operaciones internas entre las distintas entidades que integran esa cuenta general, y no responde a las bases de presentación recogidos en la memoria ni a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008. Por tanto, el estado de liquidación del Presupuesto consolidado no representa fielmente la ejecución del Presupuesto y el resultado presupuestario de las entidades que integran dicha cuenta globalmente consideradas.

Respecto a la coherencia con el sistema de información contable, las diferencias encontradas se deben a la distinta ubicación de determinadas cuentas en los balances que figuran en las cuentas anuales de las entidades y los balances extraídos del SICCAL, y a la incorrecta agrupación de las transferencias y subvenciones, tanto en gastos como ingresos, en el resultado económico patrimonial de la Agencia de Inversiones y Servicios.

Centrándonos ahora en las cuentas de la Administración General, se ha verificado la adecuada financiación de las modificaciones presupuestarias examinadas, así como el cumplimiento general de la legalidad vigente, con algunas excepciones, entre las que destaca la incorrecta tramitación de los expedientes de generación de crédito.

Durante el ejercicio fiscalizado, si bien se han concedido tres avales, solamente se ha formalizado uno a favor de la empresa pública ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S. A., por importe de 25 millones de euros, y se ha incrementado en 8,9 millones de euros el riesgo vivo de un aval concedido en dos mil nueve a la empresa pública ADE Financiación S. A. El importe de los avales vencidos y liberados en el ejercicio fue de 7.798.994 euros, no habiendo procedido la cancelación de ninguno. El riesgo vivo a treinta y uno de diciembre de dos mil diez de los avales concedidos por la Administración General de la Comunidad ascendía a 69.363.156 euros, de los que 295.917 euros corresponden a tres avales vencidos que resultaron fallidos y para los que no se han realizado ninguna actuación distinta de las recogidas en el Informe de Fiscalización de la cuenta general ejercicio dos mil ocho.

Por lo que se refiere a las operaciones de endeudamiento de la Administración General durante el ejercicio dos mil diez, se ha emitido deuda pública y concertado préstamos a largo plazo por importe de 150 millones de euros y 971.264.642 euros respectivamente. El importe amortizado en dos mil diez ascendió a 134.862.000 euros, siendo el saldo vivo a treinta y uno de diciembre de dos mil diez de las operaciones de endeudamiento a corto plazo de 240 millones de euros, y el de largo plazo a 3.650.550.830 euros; un 37,14 % y 37,03 % superior respecto de los existentes al cierre del ejercicio anterior. Se ha comprobado el cumplimiento de los límites de endeudamiento para la Administración General establecidos en la normativa de la Comunidad. En la tramitación económico-presupuestaria se ha verificado el cumplimiento general de los requisitos básicos, si bien existen algunas deficiencias en la documentación aportada, especialmente con referencia al reconocimiento de derechos, en los que no se aportan los justificantes que acreditan el hecho que lo ha motivado en el número... en un número significativo de expedientes y no se acredita correctamente la toma de razón en contabilidad ni la autorización para su contabilización.

Por lo que se refiere al registro de operaciones, en general se realiza de acuerdo con los principios y normas contables, salvo por los derechos y obligaciones indebidamente reconocidos, por importe de 51.441.976 euros y 195.485 euros respectivamente, y por las limitaciones derivadas de las deficiencias en la documentación justificativa aportada.

En el examen de las cuentas correspondientes al resto de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, se ha verificado la adecuada financiación de las modificaciones presupuestarias, así como el cumplimiento de la legalidad vigente en su tramitación, salvo por algunas deficiencias detectadas, entre las que destacan los expedientes de minoración de créditos financiados con recursos finalistas, la falta de acreditación de que la cuantía efectiva resulta inferior a la que se estimó al aprobarse los presupuestos. La información relativa a las modificaciones que figuran en los resúmenes generales de la memoria de la cuenta general es coincidente con la información obtenida de las cuentas anuales de las distintas entidades y del SICCAL, excepto por la información referente a los traspasos vinculantes que realiza el Instituto Tecnológico Agrario y por las ampliaciones tipo transparencia, que en algunos registros figuran netas por capítulos o se incluyen en distintas figuras modificativas. Esta comparación no puede llevarse a efecto en el caso de las universidades ni en la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario, al no estar integrado su sistema de información contable en el SICCAL.

El endeudamiento para estas entidades, considerando los criterios utilizados para el cálculo de los límites del programa anual de endeudamiento de la Comunidad, aumentó en dos mil diez, respecto al ejercicio anterior, en un 81,69 %, con un saldo final en el ejercicio de 92.076.362 euros, siendo las entidades más endeudadas el Instituto Tecnológico Agrario y la Universidad de Salamanca, con un 41,76 % y 31,08 % respectivamente del total. Todas las entidades, con carácter previo a la formalización de la operación de endeudamiento, obtuvieron la autorización de la Tesorería General.

En cuanto a los avales, en el ejercicio dos mil diez se ha formalizado uno y cancelado otro, ascendiendo el riesgo vivo a treinta y uno de diciembre a 6.385.056 euros. No obstante, podrían surgir pasivos adicionales en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León debido a la delicada situación de algunas sociedades avaladas por este, existiendo igualmente dudas sobre el hecho de que puedan recuperarse, también por parte del ITA, las cantidades satisfechas por la ejecución del aval a favor de la empresa Primayor Elaborados, Sociedad Limitada Unipersonal, cancelado por impago.

La Administración General de Castilla y León sigue financiando a su Administración Institucional y a las Universidades de la Comunidad en un alto porcentaje, tal como se deduce de los datos de la liquidación de los presupuestos de ingresos de cada entidad, en lo que se muestra que el 80,10 % de los ingresos totales de dichas entidades provienen de transferencias recibidas del sector público de la Comunidad, siendo dicho porcentaje ligeramente superior al del ejercicio anterior.

En el análisis de las obligaciones reconocidas y derechos liquidados durante el ejercicio se ha comprobado que, en general, se cumplen los requisitos básicos de la tramitación económico-presupuestaria, salvo algunas deficiencias en la documentación aportada y en la gestión realizada. Así, el Instituto Tecnológico Agrario ha realizado una transferencia consolidable a favor de la Consejería de Agricultura y Ganadería sin soporte normativo que lo habilite. En la contabilidad de Servicio Público de Empleo se han reconocido indebidamente derechos por importe de 1.490.453 euros. En la contabilidad de la Gerencia Regional de Salud existen derechos reconocidos por importe de cinco... 5.683.895 euros, que fueron transferidos por el Estado a la Junta el treinta y uno de agosto de dos mil diez y que a fecha treinta y uno de diciembre de dicho año esta aún no se los había transferido; y la documentación que acompaña a los expedientes de gasto de personal de dicha Gerencia, con carácter general, no es la exigida por la normativa como justificativa de la nómina.

Las opiniones plasmadas en los informes de auditoría de cuentas y de control financiero permanente de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública no han sido recogidas en la cuenta general al no haberse emitido a la fecha de rendición de la misma. Además, en los informes de control financiero permanente realizados en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud se ha puesto de manifiesto que, en el ejercicio dos mil diez, la gestión económico-financiera llevada a cabo por esta Gerencia no se ha ajustado a las normas, disposiciones y directrices que le son de aplicación. Así, a la vista de las principales incidencias detectadas en los estados de la cuenta rendida por la Gerencia Regional de Salud, ha sido necesario efectuar un ajuste neto positivo de las obligaciones reconocidas por dicha Gerencia por un importe de 450.111.887 euros, lo que va a repercutir en la cuenta general de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública. Este incremento en el importe de las obligaciones reconocidas ha supuesto un 12,91 % sobre el total de las mismas, lo que significa que los estados rendidos no reflejan adecuadamente la situación presupuestaria de la Gerencia Regional de Salud.

Por otra parte, se hace necesario señalar que el importe de los créditos definitivos asignados a las distintas Gerencias de la Gerencia Regional de Salud en el ejercicio 2010 resultó insuficiente para atender el gasto de las mismas, por lo que el importe de las obligaciones no reconocidas en cada ejercicio por falta de crédito en los presupuestos de la Gerencia Regional de Salud, sobre todo en el Capítulo 2, Gastos Corrientes en Bienes y Servicios, aumenta cada año, poniéndose de manifiesto que una parte importante de la deuda en los ejercicios 2009 y 2010 corresponde a obligaciones generadas en ejercicios anteriores, que no han podido ser asumidas por el presupuesto por falta de crédito. Esta insuficiencia presupuestaria ocasiona unos gastos por intereses de demora, que en dos mil diez se contabilizaron en 999.992 euros, si bien se han dejado de imputar gastos por este mismo concepto por importe de 6.686.658 euros. Por ello, la Gerencia debería estimar los intereses que pudieran devengarse por aplicación del Artículo 200.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, de la Ley 3/2004, que establece medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, y dotar los créditos para entender los gastos generados por dicho concepto.

Realizado el seguimiento de debilidades puestas de manifiesto en anteriores informes de fiscalización, se ha constatado que la gran mayoría se mantiene, tanto para la Administración General como para el resto de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública.

Como consecuencia de los resultados del trabajo realizado, el Consejo de Cuentas ha propuesto una serie de ajustes respecto de la cuenta general de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, que han supuesto un ajuste negativo tanto en el activo como en el pasivo del balance agregado de 116.575.100 euros, una disminución del saldo de la cuenta del resultado económico patrimonial de 323.215.722 euros y un ajuste negativo en el resultado presupuestario consolidado de 502.848.831 euros, dejando un resultado presupuestario consolidado ajustado negativo por importe de 1.922.544.040 euros.

Los ajustes propuestos derivan de la incorrecta aplicación por parte de la Comunidad de los principios contables públicos, tal y como se recoge en el Apartado 3.1.1 del informe. El ajuste negativo propuesto no implica que el déficit de la Comunidad se haya incrementado en esos 502 millones, ya que se trata de dos magnitudes distintas, que son el resultado de la aplicación de distintos principios y reglas. El resultado presupuestario es una magnitud que se calcula de acuerdo con los principios y normas contables definidos en el Plan General de Contabilidad Pública, y el déficit de la Comunidad se mide en términos de contabilidad nacional, es decir, en términos SEC-95, Sistema Europeo de Cuentas. Las reglas y principios aplicados por el SEC-95 para el tratamiento y valoración de las operaciones difieren de los aplicados en términos presupuestarios en varios aspectos, de ahí que, tomando como base la contabilidad presupuestaria de la Comunidad, haya que aplicar determinados ajustes para elaborar las cuentas en términos de contabilidad nacional. Es decir, entre el saldo presupuestario no financiero reflejado en la liquidación del presupuesto que figura en la cuenta general de la Comunidad y el déficit o superávit en términos de contabilidad nacional existen diferencias debidas a la distinta forma de contabilizar algunas operaciones entre la contabilidad presupuestaria y el SEC-95. Algunos ejemplos de estas distintas contabilizaciones son los siguientes:

Ingresos en los Capítulos 1, 2 y 3. En la contabilidad presupuestaria, el reconocimiento del derecho puede ser previo o simultáneo al cobro, según estemos ante liquidaciones de contraído previo o sin contraído previo, respectivamente. En contabilidad nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados es el de caja, es decir, se computa la recaudación total de un ejercicio, sea de presupuesto corriente o de presupuestos cerrados. Por lo tanto, existe una diferencia entre los ingresos en términos presupuestarios (derechos reconocidos del ejercicio) y en términos SEC (recaudación total en caja correspondiente a dichos ingresos, tanto del ejercicio corriente como de ejercicios cerrados).

Gastos por intereses derivados del endeudamiento. En la contabilidad presupuestaria, el gasto se imputa en el momento del vencimiento. En contabilidad nacional, se registran como gastos las cantidades devengadas durante el ejercicio, con independencia de cuando se produzca su pago. Es decir, en el presupuesto se sigue el criterio de caja y en el SEC, en este caso, el de devengo. Existen, por tanto, diferencias entre los gastos en términos presupuestarios (obligaciones reconocidas del ejercicio) y en términos SEC (intereses devengados).

Inversiones realizadas por el sistema de abono total del precio. En la contabilidad presupuestaria, el coste de la obra se imputa al ejercicio en que se produce la entrega y recepción de la misma, que es cuando se reconoce la obligación y se registra en el Capítulo 6 del presupuesto, Inversiones Reales; dicho coste incluye el importe de la inversión propiamente dicha y los gastos financieros asociados hasta el momento de la entrega. En la contabilidad nacional hay que reflejar en cada ejercicio, por una parte, la obra en curso como formación bruta de capital fijo, según el grado de ejecución de la obra, y, por otro, los gastos financieros devengados como intereses; estos intereses se imputarán según el criterio de devengo en el periodo existente entre la firma del contrato y la entrega de la obra. Existen, por tanto, diferencias entre los gastos en términos presupuestarios (las obligaciones reconocidas solo figuran en el ejercicio en el que se entrega la obra) y en términos SEC (tanto la inversión como los intereses devengados se van contabilizando a lo largo de la vida de la obra).

En definitiva, como se ha podido comprobar, hay importantes diferencias entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional en términos SEC-95, Sistema Europeo de Cuentas.

Del análisis de la cuenta general de las empresas públicas de la Comunidad se deduce que la participación del sector público autonómico en el sector público empresarial es del 100 % en todas las empresas públicas, salvo en ADE Parques y Appacale, en las que este participa en un 94,15 % y en un 51 %, respectivamente. Resulta reseñable el hecho de que las cuentas del Consejo de la Juventud se hayan integrado indebidamente en la cuenta general de las empresas públicas.

En el examen de la referida cuenta se ha comprobado que esta comprende los estados previstos en la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008, si bien no suministra la información sobre la ejecución de los presupuestos de explotación y capital exigida por la Ley de la Hacienda y del Sector Público en la Comunidad. La agregación en términos generales se ha realizado de forma correcta, debiéndose las diferencias existentes a la elaboración de los estados agregados a partir de los estados remitidos a la Intervención General a través de una herramienta de nueva creación, denominada Central de Información Contable de Castilla y León, los cuales no coinciden exactamente con los que figuran en las cuentas anuales de las empresas públicas.

La memoria se ajusta en general a lo establecido en la citada Orden, pero no completa, amplía y comenta la información contenida en los estados agregados ni recoge información explicativa de las operaciones realizadas para la elaboración de los mismos.

En el análisis de la importancia relativa de las empresas públicas, en la cuenta general se ha puesto de manifiesto que ADE Parques es la que cuenta con mayor porcentaje de los gastos de explotación, con un 49,82 % del total de gasto, seguida de Sotur, con un 18,99 %. Respecto a la representatividad en el balance agregado, las empresas con mayor peso son ADE Parques y Provilsa. Y, respecto al resultado, la empresa ADE Parques, con un resultado negativo de 10.295.547 euros, ha contribuido en un 92,60 % al resultado agregado negativo final de 11.117.956 euros.

Las operaciones de endeudamiento con las entidades de crédito de las empresas públicas han alcanzado un importe de 488.237.783 euros, lo que supone un incremento del 21,54 % con respecto al ejercicio anterior. Siete empresas tienen formalizadas operaciones de endeudamiento, siendo ADE Parques, Provilsa y ADE Financiación quienes presentan mayores índices de endeudamiento, con un 66,74 %, 21,74 % y 6,88 %, respectivamente, del total.

La única empresa pública que ha concedido avales ha sido ADE Financiación, ascendiendo el riesgo vivo a treinta y uno de diciembre de dos mil diez a 74.601.508 euros, el doble que el existente a fin del ejercicio anterior, recogiendo el informe de auditoría de cuentas anuales para esta empresa una llamada de atención por superar ampliamente el riesgo vivo de avales el patrimonio de la sociedad.

Las empresas públicas han percibido subvenciones por un importe de 44.204.436 euros, un 20 % menos que en el ejercicio anterior, proviniendo en el 95,18 % de los casos de la Administración Autonómica, y suponiendo un 24,45 % de sus ingresos totales. Por beneficiarias destacan Sotur, que ha recibido el 69,72 % del total, y ADE Financiación, con un 19,58 %, constituyendo estas subvenciones prácticamente su única fuente de financiación.

Por lo que se refiere al cumplimiento de la Ley 15/2010, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, la totalidad de empresas públicas han cumplido con lo establecido en la misma, habiendo incluido también en la memoria de sus cuentas anuales la nota "Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. Deber de información". De ello se deduce que tres empresas (ADE Financiación, Ciusal y Mercatus) presentan deudas con proveedores a treinta y uno de diciembre de dos mil diez que superan el plazo legal fijado en la propia ley.

En cuanto a las opiniones plasmadas en los informes de auditoría de cuentas anuales del ejercicio dos mil diez de todas las empresas, excepto por los efectos de una salvedad en el informe de Ciusal, indican que en el citado ejercicio dichas cuentas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado de sus operaciones y de los cambios en el patrimonio neto. No obstante, la cuenta rendida no incluye la memoria explicativa a que hace referencia el Artículo 233 de la Ley 2/2006, respecto a la salvedad señalada, no pudiéndose determinar, por tanto, la repercusión que la misma tiene sobre la cuenta rendida.

Del análisis de la cuenta general de las Fundaciones Públicas de la Comunidad se deduce que la participación del sector público autonómico en el sector público fundacional es del 100 %, salvo en la Fundación Autonómica para la Formación del Empleo de Castilla y León, que es del 86,67 %.

De su examen se desprende que esta comprende los estados previstos en la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008, si bien no constan los estados de ejecución de los presupuestos de explotación y capital. La agregación de los estados que conforman la cuenta general de las Fundaciones Públicas se ha realizado con carácter general de forma correcta y la memoria se ajusta en general a lo establecido en dicha Orden, si bien no completa, amplía y comenta la información contenida en los estados agregados ni recoge la información explicativa de las operaciones realizadas para la elaboración de los mismos.

La fundación que ha presentado mayor peso específico en la cuenta general de las fundaciones públicas de la Comunidad, en términos de importancia relativa, con el 24,61 % del total de los gastos, ha sido la Fundación Siglo, seguida de la Fundación General de la Universidad de Valladolid, con un 16,66 %. Con respecto a la representatividad en el balance agregado, las fundaciones de mayor peso específico son Siglo y Patrimonio Natural. Y, en cuanto al resultado, destaca la Fundación Hemoterapia y Hemodonación, que ha contribuido con un 45,66 % al resultado agregado final.

Las únicas fundaciones que a treinta y uno de diciembre de dos mil diez mantienen una deuda viva con entidades de crédito son la Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca, con un importe de 2.221.408 euros, la Fundación Centro Supercomputación de Castilla y León, con un importe de 1.855.981 euros, y la Fundación Serla, con un importe de 140.384 euros, habiendo aumentado el endeudamiento total del sector público fundacional respecto a dos mil nueve en un 46,89 %. Además, la Fundación Serla no ha observado la obligación de obtener autorización de la Tesorería General con carácter previo a la formalización de las operaciones de endeudamiento. Ninguna de las fundaciones ha concedido avales, según se desprende de las cuentas y de la información facilitada.

Las fundaciones públicas de la Comunidad han percibido subvenciones por importe de 87.569.195 euros, procediendo el 84,31 % de este importe de la Administración Autonómica. Para ocho de las dieciocho fundaciones, las subvenciones constituyen prácticamente su única fuente de financiación, siendo la Fundación Siglo la que ha percibido un mayor importe, con el 34,98 % del total, seguida de la Fundación Patrimonio Natural, con el 13,13 % del total.

La mayoría de las fundaciones han incluido en sus memorias información relativa a los aplazamientos de pago efectuados a proveedores, a pesar de no estar obligadas a ello.

Las opiniones plasmadas en los informes de auditoría de cuentas anuales del ejercicio dos mil diez de casi todas las fundaciones, excepto por los efectos de las salvedades en los informes de las Fundaciones Hospital Clínico Veterinario de Castilla y León y Parque Científico de la Universidad de Salamanca, indican que en el citado ejercicio dichas cuentas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de sus operaciones y de los cambios en el patrimonio neto. No obstante, la cuenta rendida no incluye la memoria explicativa a que hace referencia el Artículo 233 de la Ley 2/2006 respecto a las salvedades señaladas, no pudiéndose determinar, por tanto, la repercusión que la misma pueda tener sobre la cuenta rendida.

En el análisis efectuado del Programa Anual de Endeudamiento de la Comunidad para el año dos mil diez, se ha puesto de manifiesto que el endeudamiento del conjunto del sector público de la Comunidad a treinta y uno de diciembre de dos mil diez ha sido de 4.304.404.794 euros, un 12,4 % inferior al límite aprobado, cumpliéndose, por tanto, el citado plan.

Y, por último, el cumplimiento del deber de información sobre el plazo de pago a proveedores a que hace referencia la Ley 15/2010, señalar que la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a través de la Intervención General, ha elaborado los tres informes acordados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para dar cumplimiento a los mecanismos de transparencia respecto a sus obligaciones de pago. No obstante, la Comunidad no ha establecido su propio sistema de información pública trimestral, tal y como dispone el Artículo 4 de la citada ley.

Recomendaciones:

A la vista de los resultados expuestos, y dado que la mayoría de las recomendaciones efectuadas en informes de ejercicios anteriores no han sido tenidas en cuenta, el Consejo vuelve a recomendar a la Comunidad que implante el sistema de información contable en las universidades públicas, en la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, en el Consejo de la Juventud y en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León; y que impulse las mejoras necesarias en dicho sistema para que el funcionamiento de todas las cuentas se ajuste a la normativa contable. Además, se recomienda evitar anotaciones sin especificar el motivo de las mismas, desarrollar normas reguladoras del sistema que clarifiquen los ajustes realizados y delimitar el uso de los documentos contables relacionados con dichos ajustes.

También se sigue instando a la Comunidad para que aumente la información contenida en la memoria, en especial la relativa a la elaboración de los estados consolidados y agregados; para que dicte instrucciones tendentes a unificar los criterios de registro de las ampliaciones tipo transparencia; para que continúe con la depuración y regularización de los saldos de las cuentas contrarios a su naturaleza, de los que no se ajusten a la normativa reguladora de las operaciones que los sustentan y de la cuenta inmovilizado transitorio; y para que en el balance de situación de la Administración General se incluyan todas las existencias en metálico de saldos de cuentas bancarias titularidad de las mismas.

La Comunidad debe agilizar los trabajos para la elaboración del inventario general, de forma que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, y elaborar normas que homogeneicen los criterios de registro y amortización de los bienes.

También deberá completar la documentación justificativa a incorporar en los expedientes de reconocimiento de derechos incluidos en la liquidación del presupuesto de ingresos, así como realizar un seguimiento de los derechos pendientes de cobro, de forma que se lleven a cabo las gestiones necesarias para evitar su prescripción y la depuración de aquellos que hubieran prescritos a treinta y uno de diciembre de dos mil diez.

Por su parte, la Gerencia Regional de Salud debería tener en cuenta, a la hora de dotar los créditos, el importe de los pendientes de imputar de ejercicios anteriores, así como los intereses estimados que pudieran devengarse como consecuencia de los retrasos en los pagos a acreedores.

Asimismo, debería completar la documentación justificativa de los expedientes de personal, regular un procedimiento de confección de la nómina y establecer medidas para que, de forma sistemática, se generen los estados justificativos de las mismas.

Por otra parte, la Intervención General de la Administración de la Comunidad debería garantizar que los informes de auditoría de cuentas de las entidades cuyas cuentas integran la cuenta general de la Comunidad se incorporen a la cuenta rendida.

En relación a las cuentas generales de las empresas y fundaciones públicas, la Intervención General de la Comunidad debe velar para que la información remitida por las entidades coincida con la que se desprende de sus cuentas anuales aprobadas para que la memoria recoja información que complete, amplíe y comente la contenida en la cuenta general y para que la cuenta general, tanto del sector público empresarial como del fundacional, proporcione información sobre la liquidación y ejecución de los presupuestos de explotación y capital, así como las desviaciones producidas y sus causas.

Creemos que a todos, sin excepción, nos interesa que exista la máxima transparencia, rigor, facilidad de comprensión y veracidad en todo lo concerniente a la cuenta general. Por ello, insistimos una vez más en la necesidad de que la memoria de la cuenta general incluya la información necesaria que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a la norma SEC.

El Consejo de Cuentas viene recogiendo en sus informes, desde siempre, la necesidad de que se aumente la información contenida en la memoria de la cuenta general, y así vuelve a suceder en el presente informe de fiscalización. Si se siguiese nuestra recomendación, se conseguiría una mayor transparencia, una mejor comprensión para los ciudadanos, se evitarían equívocos y se cumpliría de una manera auténtica con el Artículo 229 d) de la Ley de Hacienda de tres de mayo de dos mil seis. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Encabo. Se abre ahora un turno de intervenciones de los diferentes Grupos Parlamentarios. En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Valderas Alonso.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Sí, muchas gracias. Intentaré ser breve, porque es amplísimo lo que nos ha contado.

Bien. Lo primero que quería comentar es que, efectivamente, veo sumamente necesario que en la cuenta general figuren las cuentas de todas las entidades que dependan de la Junta. Es lo mismo que hemos dicho en el... en el estudio anterior. Aquí detrás tengo un listado; no es que sea muy grande -es el Consejo de la Juventud, el Consorcio BUCLE de las universidades-, pero evidentemente manejan dinero público. Si, además de estas, encontramos otras tantas que faltan, pues hay diferencia, ¿no?

Cuando menciona que hay una serie de salvedades en los informes de auditoría, me hace gracia que mencione el Hospital Clínico Veterinario de León. Hombre, si lo hubiéramos sabido esto hace un año, no se había hecho la... la fusión que se hizo. El Hospital Clínico Veterinario de León, efectivamente, era uno de esos entes que tiene dentro un bicho, una deuda no reconocida, la cual aparece justo en el momento de la disolución, y se la cargan al primo que la acogió: la Universidad de León; le cayeron 400.000 euros de deuda imprevista. Bueno, pues ojalá tengamos muchos más informes de estos, y con antelación a que estas instituciones se fusionen, se sumen, se resuman; porque así, por lo menos, sabríamos realmente lo que tienen.

Es muy interesante cuando dice que no reflejan exactamente en sus documentos la situación contable y patrimonial. Pues claro que no, mienten –se... se llama mentir a eso-.

Con respecto a los incumplimientos recogidos en el informe, pues, efectivamente, lo que ha pasado con la Gerencia de Salud es sorprendente. Han cambiado de sitio una deuda, y ahora nos dice que no... no afecta al déficit, como, efectivamente, habíamos entendido algunos, que era un tema muy grave. Bueno, pues es... es grave que la deuda no esté puesta en su sitio, pero, efectivamente, parece que no... no tiene que ver con el déficit.

Nos preocupa, y... y nos gustaría que hubiera un seguimiento de este punto; es decir, ¿qué ocurre con las cuentas de la Gerencia de Salud? Se ha hablado de que en el dos mil once y dos mil doce hay una... una factura, concretamente de farmacia, gigantesca. ¿La han colocado ya?, ¿han encontrado el sitio adecuado para ponerla?, ¿la han reconocido, o sencillamente la deben, y no se sabe ni dónde apuntarla?

Hay otro caso muy valioso, y es cuando se habla de los avales. Efectivamente, hace un año cundió el pánico de que los avales que la Junta había dado a ciertas empresas, debido a la crisis, no se podían recuperar e iba a haber un gran desfalco. Bien. Nos aclara mucho, y además nos tranquiliza mucho ver que no, que han sido sencillamente 300.000 euros en el año dos mil diez lo que no se han podido devolver -de avales-, y ojalá sea así siempre, es decir, ojalá los avales de la Junta sean así y podamos creer, concretamente, a la Consejera de Agricultura, cuando nos aseguró que se estaban recuperando todos con normalidad. Bien. En este punto parece que nos decían la verdad –que en estos casos ya es hasta sorprendente-.

En el caso de las universidades, se menciona que hasta el 80,10 % del presupuesto de las universidades viene de la Administración Pública, y que además crece con los años. Efectivamente, con el paso de la crisis, cuanto más avanza la crisis, más dependientes son las universidades de la Junta, y, por eso, más lata les damos en los Plenos para que las traten con cuidado, porque solo tienen el dinero de la Junta, nada más; antiguamente no, antiguamente había otros fondos, había otras formas de financiarse, pero es que ahora es exclusivamente de la Junta. Aquí se refleja con números, y está muy claro hacia dónde se va.

En el caso de los 450 millones, pues ya lo hemos comentado, cuando se expuso esto en un Pleno –creo que fue un miembro del Partido Socialista el que lo expuso-, la Consejera dijo que a ella... –la Consejera de Hacienda- que a ella el... el Tribunal de Cuentas, o el Consejo de Cuentas, no le enmendaba las cuentas. Supongo que se refería a que legalmente ustedes no podían cambiar las cuentas, pero filosóficamente y literariamente lo han dicho... lo han dicho muy claro: sus cuentas no están bien hechas. Me preocupa, en este caso, como ya lo hemos mencionado varias veces en los Plenos, que el Tribunal de Cuentas descubra irregularidades en la contabilidad –no delitos, simplemente irregularidades- y que no pueda obligar a la Junta a que las arregle. Porque, además, la Consejera ha dicho claramente que no piensa arreglarlas, que sencillamente, pues que el Consejero piensa una cosa y el Tribunal de Cuentas otra.

Con respecto al saldo negativo de los entes, hombre, pues es, efectivamente, lo que todos sospechábamos: los entes tienen deudas, y deudas muy grandes; van apareciendo. Aquí tenemos un resultado de agregado anual de -11 millones, y vemos claramente que es que es muy difuso, es muy difuso dónde tienen la deuda las... los entes, no está muy claro; o sea, al final, se encuentran los números, pero nos cuesta mucho perseguirles, porque son... son muchas entidades, tienen deuda en muchos sitios. Aquí vemos que tienen endeudamiento con la banca -488 millones-; es decir, en el paquete deben 11 millones, a la banca le deben 488; otro poco más adelante, vemos que hay un riesgo vivo de 74 millones en la ADE, y que le han dicho que es exactamente el doble de su patrimonio, con lo cual, es un disparate. No sé si sabe que en los años once y doce ha llegado a deber 400 millones la AVE... la ADE, perdón. Pues eso sí que supera en 20 veces su patrimonio, vamos a ver cómo... cómo son las próximas cuentas.

Se menciona "deudas con los... de las... las entidades, de los entes, con proveedores", que se retrasan. Mientras estén apuntadas, yo me daría por satisfecho.

Se habla, por ejemplo, de otra deuda bancaria que tienen, pues, el Centro de Supercomputación, o la Fundación Serla. Estas entidades, hemos observado en los últimos años, en varias de ellas, que, cuando presentan las cuentas del año, al final, resulta que no se han gastado todo lo que les dieron, sino que una parte la han destinado a pagar al banco –una parte, hablo, del dinero de gasto corriente-; en los presupuestos debe quedar muy claro cuánto se le da de presupuesto a un ente para pagar al banco y cuánto se le da para presupuesto corriente.

Bueno, pues ha ocurrido, ha ocurrido en tres o cuatro entidades. La Consejera nos ha dicho dos veces en el Pleno que no es verdad. Bueno, pues, pues, alguien miente, porque las cuentas que a mí me dan dicen que el MUSAC se gasta una parte del dinero en ladrillo. Pero es que este ente, las propias Cortes, el año pasado, el ejercicio... quizá hace dos ejercicios ya, se gastó 16 millones en pagar la obra del edificio, y eso no estaba en el presupuesto.

Es decir, nos despista bastante que los entes destinen dinero a pagar al banco deudas que años anteriores ni siquiera aparecían.

En las recomendaciones, pues, dice que, efectivamente, las universidades tienen un sistema contable distinto, y que sería conveniente que usasen el sistema de información contable, el que utiliza la Junta. ¡Hombre!, me imagino que si no lo están utilizando es porque cuesta mucho hacer la transferencia y porque no... no les ha interesado o no han tenido tiempo de hacerlo. Las universidades no sé si sabe que cada cinco años, aproximadamente, cambian el sistema contable. Están hasta aquí de... de gastarse dinero en cambiar los programas, cambiar el personal y cambiar los sistemas contables.

Que se aclaren, es decir, son entidades que gastan... la mayor parte de su dinero deberían gastarlo en educación y no en hacer papeles. Pero, bueno, cada vez hay más papeles.

Menciona aquí que no hay inventario general de bienes y derechos de la Junta. Bueno, si... si coge el busca, en la página web de las Cortes, y pasa el Diario de Sesiones, se encontrará con un clásico. Desde el año dos mil siete, estos señores de aquí de la derecha continuamente les reclaman que a ver cuándo hacen el inventario. Creo que lo hacéis un par de veces al año, por lo que he visto en el listado. Y supongo que incluso de antes del dos mil siete también alguien más lo diría.

Sí, no estaría mal que la Junta se acordara de hacer el inventario, que no es que no lo tenga. Es decir, yo he tenido la experiencia de reclamar sobre un bien de la Junta y la Consejera de Agricultura me sacó el expediente completo, lo trajo a las Cortes en persona. Es decir, no es que no sepan lo que tiene, es que hay un cierto descontrol en cuanto al inventario, y, cuando se piden los datos, se tardan en conseguir.

Finalmente, yo quería... quería decirle que hay entre ustedes un futuro académico de la lengua. ¡Qué bien dicen eso de que la Junta miente! Dicen que no coinciden sus cuentas aprobadas con las que presentan. Es muy bonito, es muy bonito. Está... está muy logrado. Ya lo habíamos entendido.

Bien, termino. Necesitamos más transparencia en las cuentas de la Junta, y la necesitamos pronto. Cuando en el último Pleno, que tuvimos hace una semana, el Pleno del Estado de la Comunidad, expuse lo que nos costaba a los Procuradores conseguir la información, al señor Presidente le pareció hasta gracioso, dijo "bueno, pero pídanlo por el registro". Pero si es que da igual que lo pidamos, si es que no se lo dan a nadie. Esta es la prueba. Los informes del Tribunal de Cuentas dejan muy claro que ciertos aspectos de información de la Junta como parte de la contabilidad, pues es absolutamente opaca.

Bien, pues lo que le pedimos es que continúen dando la lata, por supuesto, cuando las recomendaciones se presenten las vamos a aprobar, y consideramos que es vital para esta Comunidad tener unas cuentas que se puedan comprobar y conocer por todo el mundo, no solo por un pesado que sea Procurador que las pida todos los días o que incluso busque quien se las suministre. No es suficiente con eso. Todo el mundo tiene que tener acceso a este tipo de cuentas, y, en particular, ustedes, que tienen un trabajo muy determinado que consiste en revisarlas. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Valderas. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín Martínez.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Gracias. Buenos días. Desde la bancada situada a la derecha del... del Grupo Mixto, pero, desde luego, no desde la derecha de UPL, estamos, otra vez más, protagonizando la... la famosa... la famosa película, ¿no?, estamos atrapados en el tiempo, una... una vez más, viviendo una vez más el día... el día de la marmota, una vez más en julio, vemos la... la cara de la marmota para ver la previsión de cómo va a finalizar el invierno. Es poco más o menos para lo mismo que vale esta Comisión, es decir, para... para prácticamente nada. Una vez más, conocemos la fiscalización que ha hecho el Consejo de Cuentas de la cuenta general, y digo y recalco que "conocemos", y punto. Conocemos y nada más, porque, desde luego, no aprobamos ni... ni votamos la... la cuenta general, como establece el Artículo 234 de la Ley de Hacienda.

Yo... a mí me gustaría hacer una pregunta: si... si en las reuniones de... de los Consejeros del Consejo de Cuentas, ¿alguna vez alguien ha pensado –extralimitándose, ¿eh?, ya... ya lo adelanto, en sus funciones- que igual sería bueno recordar a las Cortes que hay que cumplir la ley? No sé, pienso que igual en alguna reunión de los Consejeros del Consejo de Cuentas se pueda plantear esto, decir: bueno, pues este año, en la intervención del Presidente, además de lo de otros años, vamos a decir a las Cortes que igual también es bueno que las Cortes algún día cumplan su propia ley, ¿eh?, igual... igual no es malo. Y todos sabemos a qué me estoy refiriendo, que es a la obligación legal de que la cuenta general sea aprobada, no conocida, ni estudiada ni oída en la... en las Cortes de Castilla y León, sino aprobada.

Bueno, ahí... ahí queda la idea; igual, con eso, cambiamos un poco el guión de... de este atrapados en el tiempo que... que vivimos.

Atrapados en el tiempo también porque volvemos a oír un año más exactamente las mismas conclusiones que cuando se analizó por el Consejo de Cuentas la cuenta general de otros años, exactamente las mismas recomendaciones que... que cuando se analizaron por el Consejo de Cuentas la cuenta general de... de otros años. Y exactamente va a valer para lo mismo, que es para nada, porque no pasa nada. No pasa nada cuando el Consejo de Cuentas trae aquí sus conclusiones, hace sus recomendaciones; esas recomendaciones no son tenidas en cuenta en... en absoluto por la Administración, ni por la... ni por la Junta ni por el resto de... de organismos, y mucho menos por el sector público, y no pasa nada, y quedamos emplazados a otro año, para volver a ver cómo se sigue haciendo las mismas... las mismas cosas.

Y aquí, simplemente, una... una reflexión desde... desde mi Grupo Político, la oportunidad que hemos perdido, la oportunidad que acabamos de perder en la reforma de... de las instituciones de autogobierno de... de la Comunidad, y, en concreto, en la reforma del Consejo de Cuentas, de, por lo menos, haber intentado que pudiera pasar algo, que pudiera pasar algo y que las recomendaciones que saldrán del próximo... de la próxima reunión de esta Comisión en relación al informe del Consejo de Cuentas de verdad sirvieran para algo y sirvieran para cambiar algunas actitudes que, por lo reiterativas que son, llevan a... a tener una idea clara del concepto que se tiene en las Administraciones que rinden esta... esta cuenta general y en las empresas públicas y fundaciones incluidas en esta cuenta general la consideración que se tiene al Consejo de Cuentas y a las Cortes de Castilla y León. Esto, realmente, es una burla que abonamos con nuestro trabajo año tras año, para que cada año se burlen más de nosotros.

Son exactamente las mismas conclusiones todos los años: el Consejo de Cuentas, y nosotros estamos totalmente de acuerdo, se queja de la carencia de información; todos los años no se presentan las mismas cuentas, la del Consejo de la Juventud y la del Consorcio de Bibliotecas Universitarias; por supuesto, y esto es muchísimo más grave, los informes de auditoría, con limitaciones, salvedades o incertidumbres no se incorporan en... en la cuenta general para... para nada, además de... de organismos tan poco importantes, digo, por su volumen, como... como el Instituto Tecnológico Agrario, el ITACYL, como la Agencia, en su momento, en el año dos mil diez, de... de Inversiones y Servicios, el Eren o las universidades. Simplemente pues no se incorporan los... los informes de auditoría, ¡qué más da!, ¡qué más da!

Y ustedes dirán un año más que no se incorporan; nosotros constatamos que no se incorporan y alguno se morirá de la risa cuando... cuando lo lee, pero nada más, nada más que esto.

Se dice, un año más, que se están liquidando los presupuestos... la liquidación de los presupuestos consolidados no representa fielmente la ejecución del presupuesto y que el resultado presupuestario de las entidades que integran dicha cuenta globalmente considerada y el resultado presupuestario de las entidades que integran dicha cuenta globalmente consideradas, yo no creo que se pueda hacer un juicio más demoledor en su... en su resultado que este, es decir, este presupuesto no representa fielmente la ejecución del presupuesto y el resultado presupuestario... Y no pasa nada. Y esta es, exactamente, la misma conclusión que se recoge año tras año por la... por la... en el informe de la cuenta general por el Consejo de Cuentas.

Año tras año, se comprueba que los Presupuestos que nos pegamos aquí meses discutiendo no valen tampoco absolutamente para nada, no sirven para nada, no son en absoluto ningún tipo de contrato ni de compromiso de la Administración -la Junta de Castilla y León- con los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. Porque un año más el Consejo de Cuentas nos dice que las modificaciones de ese Presupuesto que estamos aquí estudiando meses y meses son tan bestiales que ese estudio del Presupuesto y esa aprobación no ha valido para nada, y que se modifica el Presupuesto consolidado el 7,20 % y el del resto de las entidades solamente un 13 %. Es decir, de cada... de cada 100 euros que se aprueba aquí, se modifica el destino de ni más ni menos que de 13 directamente, sin tener que informar absolutamente a nadie, cuando aquí nos matamos por una enmienda de 2.000... de 2.000 euros, sabiendo que al final tampoco va a servir para nada.

Y un año más conocemos el... los ajustes, los ajustes que propone el Consejo de Cuentas en relación a la cuenta general presentada por la Junta de Castilla y León. Y este año conocemos un ajuste, un ajuste mayor que en años anteriores, de 502,8... nada más y nada menos que de 502,8 millones de euros, que es un incremento del déficit en ese volumen –y ahora... y ahora explicaré algo que me ha parecido curioso-, que aumenta el déficit oficial declarado en la cuenta general hasta 1.922 millones de euros, que supone que... cuyo origen de este ajuste fundamental está en que el Consejo de Cuentas ha detectado, como lo había hecho ya la auditoría de la Intervención General de la Administración, facturas en el cajón de la Gerencia Regional de Salud nada más y nada menos que por 886,3 millones de euros; cantidad que aumenta sustancialmente en relación a las facturas que tenían en el mismo cajón, en la misma Gerencia, en años anteriores -en el dos mil ocho 495 millones, en el dos mil nueve 720, en el dos mil diez 886 millones de euros-.

Y esas facturas en el cajón de la Gerencia Regional de Salud suponen, según la página 77 del Tomo 4 del Informe del Consejo de Cuentas en relación a la cuenta general del año dos mil diez, que deberían pagarse, por esa demora en el pago de esas facturas metidas en el cajón, ni más ni menos que 7,7 millones de euros.

Quiero recordar aquí que el coste que se ha ahorrado la Junta de Castilla y León... que se hubiera ahorrado la Junta de Castilla y León por el cierre de las urgencias nocturnas que ha cerrado, si ese cierre se hubiera mantenido durante todo un año, el ahorro hubiera sido máximo de millón y medio, y, en cambio, las facturas escondidas en los cajones de la Gerencia Regional de Salud suponen un coste, que no ha contabilizado pero que dice el Consejo de Cuentas que debería haber contabilizado como intereses de demora, por 7,7 millones de euros. Que es mucho menor que las facturas encontradas en la Gerencia Regional de Salud, en los cajones de la Gerencia, en el año dos mil once, que ha llevado a tener que realizar la... la operación de financiación para el pago a proveedores, que va a suponer... –ese sí, porque ese está firmado y liquidado- que va a suponer un coste para la Comunidad Autónoma en toda su duración de 485 millones de euros, por los 1.100 millones que tenían escondidos en este... en este mismo cajón.

Y me va a permitir el Presidente del Consejo de Cuentas que le haga un comentario en relación a algo que no me ha gustado demasiado de su intervención esta mañana. En su intervención leída -y está recogido en los dos últimos párrafos de la página 10, en la página 11 y en los dos primeros párrafos de la página 12- hay un intento de justificación, para ponerse la venda antes que la herida, evidentemente -lo que pasa es que no entiendo qué hace el Presidente del Consejo de Cuentas con esa... ese intento de ponerse la venda antes que la herida, porque es una herida política y es una venda política-, hay un intento de justificación de por qué estos 502 millones no serían estrictamente déficit en términos SEC-95, sino simplemente un desfase presupuestario, etcétera.

Es un intento de justificación que yo no he encontrado... Me gustaría que me dijera en cuál de los seis tomos del informe, del informe oficial del Consejo de Cuentas, está ese intento de justificación de que esos... ese ajuste negativo de 502 millones no es déficit en términos de SEC-95. Me gustaría que me dijera exactamente en qué tomo y en qué páginas están, porque yo... -también lo he leído muy rápido y es mucho, entonces, se me ha podido despistar- pero yo no encuentro eso. Y además no tiene sentido, y además no tiene sentido.

Porque usted sabe perfectamente que podemos tener dudas en relación a la denominación contable de ese ajuste...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Vaya finalizando, señor Martín.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... de ese ajuste negativo, pero no hay ninguna duda en relación a lo siguiente, señor Presidente, y es la pregunta que le hago también: si esos 886 millones hubieran sido aplicados a presupuesto, ¿hubieran sido o no déficit? Hubieran sido aplicado a presupuesto y no pagados, ¿hubieran sido o no? Ya le digo yo que sí. Ese es el... esa es la razón, esa es la razón por la que se mantienen escondidos en el cajón, precisamente para no incrementar el déficit –digamos- oficial SEC-95, y... y esa es la razón por la que esa cantidad se ha mantenido en el cajón, aumentando año tras año, hasta el año dos mil once, en que hemos tenido que formalizar la operación de crédito para el pago a proveedores.

Y, por otra parte, también en esta explicación leída se ha dicho muy rápidamente algo que a nosotros nos parece fundamental tener en cuenta, también en relación a este desfase, y que lo recoge –esto sí- el informe oficial del Consejo de Cuentas, y es que, habiendo 886 millones en facturas en el cajón de la Gerencia Regional, corresponden todas prácticamente al Capítulo 2 del... del teórico Presupuesto, "Gastos corrientes en bienes y servicios", ¿cómo es posible que el Presupuesto del año dos mil once sea inferior a ese... a ese importe? Eso vulnera alguna ley que otra, y usted y yo lo sabemos, señor Presidente.

Simplemente, para... para terminar –porque no me va a dar tiempo en absoluto a seguir con la explicación-, pero llama la atención... –es lo último que voy a señalar- llama la atención que estamos hablando del año dos mil diez, y este es buen año, buen año para ver la contradicción que supone el informe del Consejo de Cuentas con las cosas que tuvimos que oír en el año dos mil diez, en concreto a los responsables de la Junta de Castilla y León. ¿Se acuerda, señor Presidente, lo que decían entonces los responsables de la Junta de Castilla y León en relación a su... a su anatemización del déficit –del déficit del Estado, por supuesto-, a su anatemización del endeudamiento –del endeudamiento del Estado, por supuesto-, se acuerda, no?, ¿a su petición de elecciones anticipadas porque era un déficit inaguantable y era una deuda inaguantable?, y, al mismo tiempo, el déficit ya vemos a lo que fue en la Junta de Castilla y León.

Pero es que el endeudamiento, el de la Junta, el endeudamiento pendiente de amortizar ascendió ese mismo año... –mientras decían esas cosas- ascendió a 3.651 millones de euros, con un incremento –incremento- del 37 %; y es que el mismo año el endeudamiento del resto de entidades aumentó en un 82 %, mientras decían esas cositas; mientras decían esas cositas, aumentaba el endeudamiento en un 82 %.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Tiene que acabar, señor Martín.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Y ese mismo año, mientras pedían elecciones anticipadas porque era un incremento del déficit y de la deuda inaguantable por parte del Gobierno de la Administración Central, las empresas públicas aumentaron su endeudamiento a 488 millones de euros, el 22 % de incremento, y las fundaciones un 47 %.

Ese mismo año, y por eso está bien -a pesar de que sigamos atrapados en el tiempo- que hoy podamos hacer un poco de... de flashback y... y recordar lo que decían algunos –incluso- intervinientes en la Comisión de hoy en el año dos mil diez acerca del déficit y de la deuda del Estado y lo que estaban haciendo al mismo tiempo en la... en la Comunidad Autónoma.

Y ya finalizo con una... una referencia a las recomendaciones, en el sentido de que, evidentemente, el Grupo Parlamentario Socialista, un año más, está de acuerdo con todas las recomendaciones realizadas por el Consejo de Cuentas, y alguna más, como la... como las que he planteado que... que realizaremos, y que un año más volveremos a plantear; un año más, unas se aprobarán, otras no; y un año más, las que se aprueben –exactamente igual que las que no se aprueben- seguirán sin servir para nada. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Martín. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, Presidente. Analizamos el informe de fiscalización de la cuenta general del año dos mil diez, en el que, una vez más, la Junta de Castilla y León cumplió el plazo establecido legalmente y rindió la cuenta en el plazo establecido. Y una vez más se pone de manifiesto que por parte del Consejo de Cuentas no ha habido limitaciones destacables para la elaboración del informe.

Yo voy a centrarme en los aspectos que se han puesto de manifiesto en la mañana de hoy, y en primer lugar quiero poner de manifiesto que ha quedado claro, de la intervención del Presidente del Consejo de Cuentas –y ahí estará recogido en el acta-, que, efectivamente, los 502 millones de euros de ese supuesto desfase presupuestario no computan como déficit.

Y yo no sé si le va a contestar al Portavoz del Grupo Socialista el Presidente del Consejo de Cuentas, pero es que ya le ha contestado el Ministerio de Hacienda, que el Ministerio de Hacienda ha controlado las cuentas de la Comunidad y ha establecido cuál es el déficit de la Comunidad Autónoma, como lo ha hecho Eurostat.

Y usted sabe perfectamente que estamos hablando –como se ha puesto de manifiesto- de unos criterios de contabilidad presupuestaria y no de unos criterios de incremento del déficit público, porque además hay que recordar también que el propio Interventor de la Junta de Castilla y León ha alegado a ese respecto en las alegaciones presentadas a este informe del Consejo de Cuentas.

Y llama poderosamente, además, la atención que cuando el Consejo de Cuentas dice que en Castilla y León el nivel de endeudamiento finalizado a treinta y uno de diciembre de dos mil diez era de 4.304,4 millones de euros alguno se escandalice, porque seguimos siendo una de las Comunidades Autónomas menos endeudadas del conjunto de España: a día de hoy, la deuda de Castilla y León es cierto que casi duplica la que se... efectivamente, había a treinta y uno diciembre del dos mil diez, con más de 8.000 millones de euros; pero, a día de hoy, la deuda de Castilla y León está muy por debajo de la media del conjunto de las Comunidades Autónomas, y eso lo sabemos todos y eso lo saben los ciudadanos de Castilla y León.

Por tanto, hablar de endeudamiento cuando aquellos que vuelven al año dos mil diez haciendo un ejercicio de flashback hay que recordar que el Estado, del dos mil siete al dos mil diez incrementó la deuda del conjunto de los ciudadanos españoles en 300.000 millones de euros; fijémonos cuál sería el volumen de los intereses que estamos pagando ahora mismo el conjunto de los españoles.

Y esa es la realidad, que es tozuda, y, efectivamente, creo que se ha puesto de manifiesto que Castilla y León sigue siendo hoy una de las Comunidades menos endeudadas; lo era en el año dos mil diez, y la deuda a treinta y uno de diciembre del dos mil diez ascendía –como pone de manifiesto el informe del Consejo de Cuentas- a 4.304 millones, un 12,4 % inferior al límite aprobado para aquel momento –y lo dice clara y taxativamente el informe del Consejo de Cuentas-.

Y analizados esos dos aspectos y quedado claro que el déficit del año dos mil diez está consolidado y está analizado por el Ministerio de Hacienda y por Eurostat, y que, por tanto, estos 502 millones de deudas, que, efectivamente, estaban... no en unos cajones, como dice el Grupo Socialista, estaban facturadas, estaban contabilizadas -y lo pone de manifiesto además el informe del Interventor de la Junta de Castilla y León en las alegaciones, además que reconoce... reconoce que se han fijado mecanismos para corregir la problemática derivada de esa situación, entre ellos, no fue otro que el que se ha puesto de manifiesto y facilitado por el Gobierno de España, el Plan de Pago a Proveedores-, viene a decir lo que ha venido diciendo este Grupo Parlamentario Popular históricamente en esta Comisión: que el problema era la financiación de la sanidad y que el problema que tenía Castilla y León para financiar la sanidad lo tienen el conjunto de las Comunidades Autónomas.

Y eso se puso de manifiesto, además, con claridad y rotundidad con el Plan de Pago... de Pago a Proveedores en el año dos mil doce, cuando afloraron 17.000 millones de euros del conjunto de las Comunidades Autónomas, el 95 % de ellos pendiente de financiación de la sanidad, y, concretamente, en muchas ocasiones, de gasto farmacéutico.

Y eso viene derivado de un modelo de financiación... –en el que yo no voy a entrar en más consideraciones- ha venido denunciando este Grupo Parlamentario Popular que no se ajustaba a las necesidades de Castilla y León y que algunos tildaron que era un traje a la medida de Castilla y León.

Pero también hay que reconocer –y eso lo va a hacer el Grupo Parlamentario Popular- que este informe tiene debilidades; y esas debilidades tienen que ser corregidas. Y nosotros hemos puesto de manifiesto que hay algunas debilidades importantes, como se ha puesto de manifiesto históricamente por el Consejo de Cuentas en las relativas al sistema SICCAL; algunas cuestiones creo que de menor importancia, como el hecho de que el Consejo de Cuentas no se integre en la cuenta general, donde también el Interventor de la Comunidad alega que el Consejo de Cuentas se vincula a las empre... a la contabilidad de las empresas y, por lo tanto, no forma parte de la cuenta general; o el hecho puntual de que el Consorcio de Bibliotecas de Castilla y León, que prácticamente no tiene capacidad de movimientos y de generación de crédito, porque depende de las bibliotecas de las universidades. Pueden ser cuestiones menores, pero sí hay que reconocer que existen debilidades: unas, relativas a la mejora del SICCAL. Aquí se ha puesto de manifiesto por parte de algún otro Grupo que las universidades públicas deberían vincularse a SICCAL; este Grupo Parlamentario ha defendido siempre la autonomía universitaria en ese ámbito, y, por lo tanto, ha planteado que no tenemos que vincular a las universidades públicas al concepto SICCAL, en un criterio distinto del que plantea el Consejo de Cuentas.

O, por ejemplo, sí hay recomendaciones importantes relativas a que, de una vez por todas, se debe culminar el inventario de bienes, se debe cumplir la orden de revalorización, y, por ejemplo, se deben incorporar una información más detallada a la memoria.

Y he de decir, en ese sentido, que ya en la propia... documento que se plantea aquí hay dos aspectos importantes respecto a esas recomendaciones que vuelve a hacer el Consejo de Cuentas, y que parece ya se corregirán para la siguiente análisis... de la cuenta general de dos mil once, relativo a la cuenta de explotación de las entidades y de las empresas públicas y de las fundaciones, porque el Interventor de la Comunidad, en sus alegaciones, ya dice que en la cuenta general del dos mil once esas recomendaciones han sido tenidas en cuenta y que figuran ya las memorias explicativas de los presupuestos de explotación de las empresas públicas y fundaciones públicas.

En definitiva, creo que se pone de manifiesto que en un volumen de movimientos como el de la cuenta general tan importante, en un análisis tan importante y tan pormenorizado como el que efectúa el Consejo de Cuentas, siempre se puede detectar alguna cuestión importante, pero hay que matizar que, en primer lugar, esos 502 millones de los que se ha hablado aquí no computan como déficit; lo ha dejado claro y rotundo en su intervención el Presidente del Consejo de Cuentas. Estamos hablando de cuestiones de diferencia entre contabilidad presupuestaria y la contabilidad en términos SEC-95 (contabilidad nacional).

Que el nivel de endeudamiento de la Comunidad, a esa fecha, era un endeudamiento bajo, si lo comparamos con el conjunto de la Comunidad Autónoma; que a día de hoy –ya no en el año dos mil diez-, en el dos mil trece, cuando Castilla y León ha cubierto ya prácticamente el 100 % de sus necesidades de financiación, como puso de manifiesto el Presidente de la Junta en el Debate de Política General, nuestro nivel de endeudamiento asciende a 8.080 millones de euros y estamos entre las Comunidades menos endeudadas, tres puntos por debajo de la media.

Que se cumple, como regla general, la legalidad vigente en términos de contabilidad y que no se pueden poner de manifiesto limitaciones importantes a la presentación de la cuenta general.

Nosotros entendemos que haremos propuestas de resolución para mejorar algunos aspectos que -ya he dicho- son recurrentes en el ámbito de debilidades apuntadas; creemos que algunos se van a corregir, porque ya lo pone de manifiesto las propias alegaciones de la Intervención General efectuadas en lo que será la cuenta general del dos mil once.

Y yo, a diferencia de lo que se ha planteado por algunos de los Portavoces, creo que hemos dado un paso importante en el reforzamiento del papel del Consejo de Cuentas, a pesar de que no figure la aprobación de la cuenta general –como planteaba una enmienda del Grupo Socialista- en el pleno de la corporación –que fue una de las enmiendas que presentó el Grupo Socialista-. Nosotros incorporamos la adecuación de la normativa del Consejo de Cuentas a lo que plantea la normativa del Tribunal de Cuentas.

Y no tenemos inconveniente en que se analice la cuenta general, y creo, además, que variaría poco el resultado de la votación de esta cuenta general en esta Comisión de Hacienda de la posición que claramente se está visualizando hoy en el debate de la cuenta general. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Cruz. Para dar respuesta a los... a las intervenciones de los distintos Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias, Presidente. Voy a intentar ser lo más conciso y concreto posible, y, al mismo tiempo, pues poner de manifiesto, pues el deseo por parte del Consejo de Cuentas que se acepten estas recomendaciones. Como se ha puesto de manifiesto, pues por los distintos Portavoces, hay una traslación de las recomendaciones del año anterior, del... de la cuenta general dos mil nueve al año dos mil diez; es decir, francamente... Aquí se ha hablado de que si es el día de la marmota; lamentablemente, pues esas quince o dieciséis recomendaciones del año dos mil nueve se han vuelto a reproducir.

Pero también, al mismo tiempo, yo creo que hay algo que Sus Señorías quizás no hayan reparado suficientemente. Es decir, ustedes acaban... estas Cortes acaban de aprobar la reforma de la Ley de Instituciones Propias de la Comunidad, y yo les recuerdo que, dentro de las comparecencias, habrá una comparecencia en el que se pondrán de manifiesto las recomendaciones, si se han cumplido o no se han cumplido. Es decir, por lo tanto, yo, permítanme, Señorías, de que dé un... un aliento también de... de optimismo a ustedes, y aquí el Consejo de Cuentas, de una manera regular, solicitará su comparecencia para expresar a la Comisión de Hacienda si las recomendaciones que se han puesto de manifiesto a lo largo de los informes que se hayan ido elaborando en los distintos años, si han sido aceptadas o no por la Administración fiscalizada. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que hay que reconocer un avance importante.

Respecto a lo que es el informe propiamente dicho, incidir en una cuestión, que yo creo que es clave y fundamental. Es decir, si ustedes van a lo que es la opinión, en la opinión es donde se ponen de manifiesto las salvedades. Y las salvedades –como ustedes habrán tenido la oportunidad de ver-, pues se refieren a las conclusiones 11, a las conclusiones 23, 32, 46, 47, 48 y 49, y ahí es donde están reflejado los problemas que tiene la cuenta general correspondiente al año dos mil diez. Y, sin ánimo, por supuesto, don José Francisco Martín, de entrar en polémica, si usted observa, ahí no está incorporada la conclusión número 13. La conclusión número 13, que es la que hace referencia a los 502 millones de ajuste presupuestario.

Mire, el actual Consejo de Cuentas tiene una vocación de veracidad, y en el sentido de la comparecencia y de preparación de la comparecencia ante todos ustedes, he pensado de que era conveniente transmitir a todos ustedes, y de acuerdo con los informes de fiscalización, y... y pidiendo el asesoramiento de personas expertas en cuestiones contables, que aclarasen de una manera indubitada si esos 502 millones son déficit añadido o no. Y yo, por eso, quiero ser coherente con mi exposición y el compromiso de veracidad de este Presidente se va a mantener siempre. Entonces, si en algún caso se produce un déficit añadido, tenga usted en cuenta que lo diremos, y lo diremos alto y claro, y sin ningún problema.

En este caso, insisto, el ajuste negativo propuesto no implica que el déficit de la Comunidad se haya incrementado en esos 502 millones, ya que se trata de dos magnitudes distintas, que son el resultado de aplicación de distintos principios y reglas. Y, en ese sentido, hay que tener en cuenta que el resultado presupuestario es una magnitud que se calcula de acuerdo con los principios y normas del Plan General de Contabilidad Pública. Y señalar que aquí, ¿qué es lo que se está aplicando por la Junta de Castilla y León? Pues el Plan General de Contabilidad aprobado por Orden del veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, y de acuerdo con la Orden del año dos mil ocho. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el ajuste presupuestario se realiza como consecuencia de que los gastos financiados con remanente de tesorería, dado que la utilización del mismo no da lugar a reconocimiento de derechos, y, por tanto, se genera un déficit ficticio, y, además, por las desviaciones de financiación positivas o negativas.

En definitiva, Señorías, lo que hemos tratado aquí, en la mañana de hoy, fundamentalmente es poner de manifiesto de que la cuenta general del año dos mil diez tiene serios problemas en las salvedades que hemos puesto de manifiesto; pero en esas salvedades. Es decir... y usted sabe perfectamente que los informes de auditoría, pues pueden ser opiniones favorables, opiniones salvedades, o denegadas, o desfavorable, y aquí estamos hablando de una opinión con salvedades; salvedades importantes que, desde luego, el Consejo de Cuentas no intenta disimular, sino todo lo contrario, enfatizar; porque, lamentablemente, esas mismas salvedades se vienen arrastrando en distintos informes de la cuenta general. Y, en ese sentido, nosotros creemos que hay aspectos que quizás no lo hayan recogido ustedes en sus intervenciones, pero que son realmente importantes y graves, y que deberían de estar incorporadas a la cuenta general, como son los informes de auditoría de las empresas públicas.

Es decir, usted se ha referido a ello, pero, claro, si ustedes han estado atentos a mi intervención, hay otras cosas que vienen en el informe que no están en el informe de fiscalización, y que ustedes no han reparado en ello. Por ejemplo, el distinto contenido de nuestra cuenta general a otras cuentas generales, el distinto plazo de rendición de nuestra cuenta general a otras cuentas generales. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, lo que estamos diciendo es que sería bueno que hubiese una homogeneidad en las fechas de presentación de las cuentas generales de las Comunidades Autónomas de España; y que, por nuestra parte, creemos de que la cuenta general debe, evidentemente, cumplir con algo esencial, que es conocer la imagen fiel del patrimonio de las empresas públicas; y si existen salvedades importantes, como existen, eso se deberá de incorporar a la cuenta general. Y eso, yo creo que eso sí es importante, y por eso va a la opinión. ¿Me comprende?

La opinión es, en definitiva -si ustedes me lo permiten-, lo que es el concepto final de la valoración de una fiscalización, y ahí es donde se concentra todo. Por lo tanto, siendo, evidentemente, necesario la totalidad del informe, leerlo, lo que condensa el criterio de la fiscalización va en la opinión. Y en la opinión, yo creo que he sido suficientemente claro sobre todo ello.

Después, también, significar de que el... el Consejo quiere que todas y cada una de las recomendaciones se sigan, pero, desde luego, yo enfatizaría en algunas recomendaciones, todas las que están vinculadas a las salvedades que se han puesto de manifiesto en la opinión. Para nosotros, esas son las recomendaciones que tienen una mayor importancia y una mayor transcendencia, y, en ese sentido, nosotros desearíamos que se aprobase por esta Comisión de Hacienda; es decir, todas y cada una de las recomendaciones que están íntimamente relacionadas con las salvedades a las que se ha hecho referencia en la opinión. Y en ese sentido, es la reflexión que se hace por el Presidente.

Y después, solamente, para concluir, significar que también estamos intentando acortar los plazos en la elaboración del informe de fiscalización de la cuenta general. Y, por eso, próximamente, vamos a intentar conseguir que gran parte de la información y de la documentación de la cuenta general se envíe con carácter telemático, anticipando el... toda la información que se pueda a la fecha de la rendición, y, de esa manera, podremos ir avanzando en su estudio y elaboración. Y nuestro deseo y propósito es que, en el plazo de un año desde su presentación, pueda estar aquí el informe de la cuenta general. Nada más, y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Para consumir un turno de réplica, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Valderas Alonso.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Sí, yo no voy a hacer más alegaciones que las que ya hemos visto, ¿eh? Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Valderas. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, en turno de réplica, tiene la palabra el señor Martín Martínez.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí... sí. Gracias. Y antes que nada, yo le pediría al... al Presidente del Consejo de Cuentas que... que no me riñera; si el Presidente de la... de la Mesa no me da más tiempo, pues yo lo siento mucho. Hay muchos más temas que me gustaría haber tratado, pero que no me ha dado tiempo, evidentemente. Pero, bueno, ya puestos, pues le... le planteo uno de... de los que no me ha dado tiempo y que no está recogido estrictamente –creo- en la opinión del Consejo de Cuentas, y se refiere, efectivamente, a los informes de auditoría de las empresas públicas. Eso ya... ya he dicho que... que entendemos que es una barbaridad que no se incorporen a la cuenta general, pero ¿y que no se incorpore el estado de ejecución del presupuesto de capital, y de explotación? Eso también lo dice el Consejo de Cuentas, eso es otra barbaridad.

Y a ustedes me imagino que no les parece ni medio normal, porque si... sin eso, sin eso, el análisis que ustedes hacen en relación a presupuestos, con la fiabilidad que sabemos que se da a los presupuestos, con carácter general, y no digamos ya en las empresas públicas y en algún que otro chiringuito –como dice mi compañero-, pues fíjese, fíjese si hay cosas de las que podríamos hablar si yo tuviera más tiempo. El problema es que, como no tengo más tiempo, pues sí que me gustaría una... una respuesta en este sentido, aunque está recogido en el informe que no se incluye, y no pasa nada; no se incluye ni más ni menos que el estado de ejecución de los presupuestos de capital y de explotación de las empresas públicas y fundaciones, y no pasa nada. Bueno, pues ya recomendamos que se incluya y seguirán sin... sin incluirlo, porque, por supuesto, ahí es donde se pilla de verdad qué es lo que está pasando.

Muy rápidamente. El Presidente también ha dicho que... que se incorpora en la modificación de la ley la comparecencia en el cumplimento... la comparecencia para analizar el cumplimiento de las recomendaciones; y eso nos parece bien, hemos estado totalmente de acuerdo en esa parte de... de la modificación de la ley, pero también estará usted conmigo que está muy bien que usted venga a una comparecencia explícita a ver cómo se están cumpliendo sus recomendaciones, pero que ya lo sabemos, y lo sabemos gracias al Consejo de Cuentas cuando vemos -y eso está muy bien en cada informe- el seguimiento de las debilidades. Y como todos los años vemos que las debilidades, que se corresponden con... al cien por cien con las recomendaciones del año anterior, siguen siendo las mismas, pues vemos que no se están siguiendo las... las recomendaciones. Ahora, por estar con usted en esta Comisión, pues encantados, y cuantas más veces mejor. Pero el resultado usted ya sabe cuál... cuál va a ser.

No ha hecho usted ninguna referencia a... por lo menos a su posición personal como Presidente del Consejo de Cuentas en relación a por qué estas Cortes incumplen la ley sistemáticamente y no aprueban la cuenta general según establece el Artículo 234 de la Ley... de la Ley de Hacienda. Me gustaría que hiciera alguna reflexión, por lo menos personal, en relación... en relación a esto.

Y luego, mire, está el tema... está el tema de si esos 502 millones son déficit, si no son déficit, y tal. Yo le he hecho dos preguntas y no me ha contestado a ninguna. Le he preguntado en qué tomo y en qué página del informe oficial del Consejo de Cuentas está la reflexión que usted hace en el... en el texto que ha traído... que ha traído y que ha leído hoy. Porque yo sigo sin... sin encontrarlo, y no me ha contestado.

Segundo. Le he preguntado –y eso es muy fácil y está... y asiste un montón de expertos que le pueden informar inmediatamente- si esos 886,2 millones de euros, que estaban en los... de facturas escondidas en los cajones de la Gerencia Regional de Salud, se hubieran aplicado a presupuesto y, evidentemente, no se hubieran pagado, como no se pagaron, en el año dos mil diez, ¿hubiera o no hubiera aumentado el déficit –término SEC-95- de la Comunidad Autónoma?

Usted sabe que sí, y usted sabe que precisamente por eso estaban en los cajones; no porque no se hubieran... no porque les dé vergüenza no pagar o les hubiera dado vergüenza en ese momento no pagar; no, no; es para no incrementar el déficit, simplemente lo dejo en contabilización extrapresupuestaria, efectivamente. Y eso hace falta primero de primaria de contabilidad para saberlo. Y es el origen, y es el origen. Pero si se hubiera contabilizado bien -y ahí empalmo con las aseveraciones que usted ha hecho en relación a los informes de auditoría-, si se hubiera hecho según recoge el Interventor General en relación al informe emitido en el ámbito del control financiero permanente por la Intervención General de la Administración de la Comunidad respecto de las auditorías de regularidad realizadas a las Gerencias de Atención Especializada, de Atención Primaria y de Emergencias Sanitarias, la contabilización, la gestión económico-financiera llevada a cabo por la Gerencia Regional de Salud no se ha ajustado a las normas, disposiciones y directrices que le son de aplicación. Y, presupuestariamente, la adquisición de compromisos de gasto por cuantía superior al crédito disponible supone un incumplimiento de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2/2006, y, al final, todo ello supone –estamos hablando de la Gerencia Regional de Salud- un incumplimiento del principio contable de devengo, recogido –otro incumplimiento- en la... en el Artículo 215 a) de la Ley 2/2006, esto es, la auditoría realizada por la Intervención General, Tomo IV, páginas 67, 68 y 69. Ahí está, ahí está clarito, y ahí está la respuesta que usted no me ha querido contestar.

Y además, mire, es que tiene... es que tiene un problema –usted lo ha dicho, y es verdad, y yo lo sé-, usted ha pedido aclaración, informes... Yo conozco perfectamente los nombres y apellidos de la persona que ha hecho el informe que usted ha incorporado en este... en este documento que ha leído hoy, y es el problema de esas reuniones que tiene usted con la Consejera de Hacienda cuando le pasan el informe que va a leer aquí.

Pero la respuesta, ya le digo, usted sabe perfectamente que si se hubieran contabilizado...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Martín.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... esos 888 millones como se tenían que haber contabilizado, el incremento del déficit como una... como una casa.

Y lo último, señor Presidente, ¡hombre!, me dicen que si estamos escandalizados o no con el incremento de... de la deuda, etcétera. Yo... yo pediría un poco de coherencia a los... a estos defensores de... de pecho de hojalata en contra del déficit constante y en contra del endeudamiento, que ahora se mueren porque les suban una décima o dos décimas el margen de déficit y, por lo tanto... y, por lo tanto, el margen de endeudamiento, porque el que les suban el margen de déficit no quiere decir que les vayan a regalar nada, sino que le van a dejar endeudarse por ese mismo margen.

Entonces, mire, ahí ustedes se están acercando mucho a nosotros, que es el concepto del déficit y el endeudamiento cuando se necesita, para lo que se necesita y justo lo que se necesita. El problema ¿sabe usted cuál es? El problema no es el escandalizarse o no con mayor o menor nivel de endeudamiento, el problema es lo que yo he hecho hoy: denunciar el cinismo y la hipocresía de los que, al mismo tiempo que estaban pidiendo el adelanto de elecciones anticipadas porque había un déficit desbocado y un incremento del endeudamiento desbocado, ya ve usted lo que estaban haciendo con el incremento de su déficit y de su endeudamiento. Eso es lo que nosotros denunciamos: el cinismo, la hipocresía y, a fin de cuentas, la mentira.

Y con esto acabo, y sí que le pediría al Presidente del Consejo de Cuentas dos cosas: que me contestara, y tres... y otra, que no me riñera, pero ya ve que es que el Presidente de la Mesa es inflexible conmigo.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Martín Martínez. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, en turno de réplica, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, Presidente. Al principio de mi intervención ya comenté que, bueno, que había alguna novedad relativa a una cuestión que se ha puesto de manifiesto en el segundo turno de intervenciones, que era la relativa a los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas y fundaciones, que el Grupo Socialista efectivamente denuncia, que viene siendo una recomendación reiterada por el Consejo de Cuentas, al menos en los últimos informes que yo he tenido la oportunidad de ver, y en el que he manifestado que ya el propio Interventor de la Comunidad, en las... en las alegaciones que presenta a dicho informe, en la página 49 de dichas alegaciones, reconoce, respecto de las conclusiones número 59 y 70, que se refieren a la falta de inclusión de los presupuestos de explotación y capital de las empresas y fundaciones públicas de la Comunidad, que en los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas y de las fundaciones públicas de la Comunidad se han incluido en la memoria de la cuenta general para el año dos mil once. Por lo tanto, creo que ya supone un avance respecto a esas recomendaciones, si bien no lo ha supuesto en el ejercicio del dos mil diez.

Recomendaciones, además, que también asumió el Grupo Parlamentario Popular en anteriores ocasiones respecto de la cuenta general del dos mil nueve y de la cuenta general del dos mil ocho.

Y yo voy a finalizar, porque ha dicho varias veces respecto a la hipocresía. Mire, señor Martín Martínez, yo no me considero ningún hipócrita, digo, pero me parece también de un cierto cinismo y de hipocresía plantear que el Plan de Pago a Proveedores supone un coste de 485 millones de euros, que yo no le voy a discutir, porque, efectivamente, la financiación a diez años de ese plan que ha permitido poner a cero las facturas de los problemas de financiación del conjunto de las Comunidades Autónomas, y que usted coincide conmigo, aunque no lo va a decir, que venía motivado por un modelo de financiación que al conjunto de las Comunidades Autónomas no satisface, especialmente en los servicios públicos esenciales y especialmente en materia sanitaria, dado que, del Plan de Pago a Proveedores, de esos 17.000 millones obedecían en un 90 % a factura sanitaria, como la que hoy recoge el informe del propio... del propio... Intervención en su auditoría y lo que plantea el Consejo de Cuentas, ¡hombre!, no me diga usted que es un poco hipócrita el incremento de la deuda pública, que supuso los últimos años del Gobierno Socialista 300.000 millones, y que usted mencione el coste de los intereses que supone para todo el conjunto de la ciudadanía española ese incremento de coste.

Y una matización. Por lo menos, hoy ha reconocido usted una cosa que hace un año o hace seis meses constantemente negaba. Yo hace seis meses le decía que las facturas relativas a la Gerencia Regional de Salud las había puesto de manifiesto el Interventor de la Junta en su informe de auditoría, y usted me lo negaba; decía que estaban ocultas en los cajones. Hoy ha reconocido, y lo ha dicho usted ..... que en los informes de auditoría de la Intervención General de la Junta se pone de manifiesto, efectivamente, que hay un problema de financiación de la sanidad y que, obviamente, esa facturas no están en los cajones y están perfectamente contabilizadas.

Y léase las alegaciones que ha planteado el propio Interventor General de la Junta de Castilla y León relativas a los sistemas y a los mecanismos que ha puesto en marcha durante el ejercicio dos mil doce y dos mil trece para corregir esas situaciones. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Cruz. Tiene de nuevo la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Gracias, Presidente. Y, por supuesto, yo no quiero reñir a nadie ni todo lo contrario. Lo único que pienso, y siempre voy a hacerlo cuando comparezca en esta Comisión, es mi compromiso con la veracidad.

Y es... en ese sentido, yo se lo digo con toda confianza al Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que ese compromiso va a existir en relación a todos los informes de fiscalización. Y, si al margen del informe de fiscalización hay que efectuar cualquier aclaración que yo entienda que es conveniente hacer, se hará.

Y en ese aspecto se incardina, pues, lo que son las reflexiones o los comentarios que se han introducido al informe de fiscalización, y que, evidentemente, y que evidentemente, no están –como usted sabe muy bien- en el informe de fiscalización. Pero a mí, por el compromiso con la veracidad y dar mensajes claros a los ciudadanos, creo que era conveniente que la gente supiese de una manera clara lo que es la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional. Y he puesto ejemplos dentro del informe para que la gente no se llame a engaños.

Y otra cuestión distinta –como se dice también en el informe de fiscalización- son las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto; eso es otra cuestión distinta, que, evidentemente, ahí están, y que nosotros reconocemos, y ahí está en el informe de fiscalización. Pero yo creo que el ciudadano tiene que tener un concepto absolutamente claro de cuál es la situación económica-financiera de nuestra Comunidad Autónoma, y si hay que hacer alguna aclaración respecto al informe de fiscalización, en mi comparecencia creo que es el momento más oportuno, y por eso la he hecho. Y si la tengo que volver a hacer en cualquier otro informe de fiscalización, lo haré, o sea, esté usted absolutamente seguro.

Y, después, en otra serie de cuestiones en las que usted ha intervenido, es decir, yo, mire, cuando tomé posesión me comprometí a actuar con autonomía, independencia e imparcialidad, lo dije el veintinueve de marzo del pasado año, y lo sigo diciendo hoy, cuatro de julio del año dos mil trece. Y ese es mi compromiso.

Y, evidentemente, yo... lo lógico es que me reúna con la Consejera de Hacienda, evidentemente. Sería mucho más raro que me reuniese, pues, por ejemplo, con la Consejera de Agricultura, porque quien rinde la cuenta y quien rinde todo tipo de informaciones es a través de la Consejería de Hacienda. Y prueba de ello es que, como ya le he informado antes, estamos en vías de llegar a un acuerdo para permitir el envío telemático de toda la información de la cuenta general, en el compromiso que tenemos de anticipar lo antes posible el estudio del informe de fiscalización de la cuenta general. Y en esa línea estamos trabajando, y, evidentemente, mi interlocutor es la Consejera de Hacienda, y eso -espero conseguirlo- que podrá repercutir de una manera favorable en lo que sería la elevación y remisión del informe de fiscalización a estas Cortes de Castilla y León.

Usted me pregunta por el Artículo 234. Mire, yo le voy a contestar de la misma manera que usted me hace la pregunta: o sea, yo estuve y fui Ponente de la Ley de Hacienda, como usted sabe perfectamente, y yo, en el ámbito de lo que es el Consejo de Cuentas, nosotros cumpliremos lo que nos manden las Cortes de Castilla y León, y es lo que estamos haciendo siempre. Entonces, lo que nos digan las Cortes de Castilla y León hará el Consejo de Cuentas, ¿me comprende? Y creo que con eso, a una persona inteligente como usted, me entiende perfectamente. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo miércoles, día diez de julio, a las catorce horas.

Tercer punto del Orden del Día. Por el señor Vicepresidente se dará lectura del tercer punto del Orden del Día.

Informe

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SOBRADOS PASCUAL):

Tercer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe de Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2011".

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para la presentación de este informe, tiene la palabra el señor don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias, Presidente. El presente informe de fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil doce, y resultó aprobado por el Pleno del Consejo de Cuentas con fecha treinta de mayo de dos mil trece. La publicación en la página web, tanto del texto íntegro del informe como la nota resumen del mismo, tuvo lugar el cuatro de junio de dos mil trece.

Se trata de una fiscalización que se realiza por mandato legal, de conformidad con el Artículo 10.2 de la Ley 22/2001, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. De acuerdo con lo establecido en dicha ley, estos fondos se destinarán a financiar gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados, que promuevan directa o indirectamente la creación de renta o riqueza. En esta misma norma la que establece que el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas presentarán, ante los órganos legislativos respectivos, un informe separado y suficiente de todos los proyectos financiados con cargo al FCI.

El objetivo ha consistido en verificar tanto el grado de ejecución de los proyectos financiados con estos fondos y su adecuada contabilización en dos mil once como la legalidad de las actuaciones realizadas por los gestores de los fondos. También se ha comprobado la naturaleza de los gastos incluidos en las certificaciones base de la última petición de fondos y las modificaciones de los proyectos inicialmente aprobados. No han existido limitaciones que hayan afectado al trabajo de fiscalización realizado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 25.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, el informe provisional se remitió al responsable del ente fiscalizado para que, en el plazo concedido, formulara las correspondientes alegaciones. Estas alegaciones fueron firmadas y remitidas, dentro del plazo establecido, a este Consejo de Cuentas por el Interventor General de la Administración de la Comunidad Autónoma, habiendo sido objeto de análisis pormenorizado y emitiendo el correspondiente informe motivado, que ha servido de base para la estimación o desestimación de las mismas.

A la vista de los resultados de los trabajos, la opinión del Consejo es que, con carácter general, se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos FCI en el ejercicio dos mil once en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados, excepto por un proyecto de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por importe de 4.330.920 euros, que no puede considerarse gasto elegible al no tratarse de un gasto de inversión.

Además, se ha constatado que la Comunidad lleva una contabilidad separada de los proyectos individuales susceptibles de financiarse con los Fondos... de los Fondos de Compensación Interterritorial, pero no a nivel de superproyectos. Y respecto a la contabilización de los derechos de cobro, esta ha sido adecuada.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio dos mil once aprobó transferir a las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía un total de 774.370.000 euros, de los cuales el 75 % corresponden al Fondo de Compensación y el 25 % al Fondo Complementario. De este importe, el 5,01 % le correspondió a la Comunidad de Castilla y León.

En términos globales, se ha producido una disminución en la dotación de los fondos del FCI del ejercicio dos mil once en relación con las correspondientes al ejercicio dos mil diez, siendo la disminución media del 36,83 %. Las Comunidades Autónomas de Cantabria, Principado de Asturias y Castilla y León son las que han experimentado mayor reducción en sus dotaciones respecto al ejercicio dos mil diez, con unos porcentajes negativos del 47,08 %, 43,50 % y 41,62 %, respectivamente.

La dotación inicial del FCI del ejercicio dos mil once para la Comunidad Autónoma de Castilla y León ascendió a 38.760.020 euros, un 41,62 % inferior a la del ejercicio anterior, no habiendo existido, según información facilitada por la Comunidad, modificaciones en los proyectos FCI, tanto del Fondo de Compensación como del Fondo Complementario.

Del total de la asignación, el 30 % se destinó a la financiación de proyectos de infraestructuras agrarias a cargo de la Consejería de Agricultura y Ganadería; el 29,80 % a proyectos de infraestructuras viarias gestionadas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; el 17,16 % a proyectos de infraestructuras para la educación a cargo de la Consejería de Educación; el 16,88 % a proyectos de infraestructuras sanitarias a cargo de la Consejería de Sanidad; y, por último, el 6,16 % restante a proyectos de saneamiento integral de aguas a ejecutar por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Por tanto, se observa que se ha mantenido el mismo reparto porcentual entre superproyectos que en el ejercicio anterior.

En la evolución de la dotación de los FCI durante los ejercicios dos mil tres a dos mil once, observamos una disminución global del 43,15 %, pudiendo diferenciar dos etapas: una entre los años dos mil tres y dos mil ocho, en la que se produjo un aumento progresivo de las dotaciones, pasando de 68.175.490 euros en dos mil tres a los 85.058.060 euros en dos mil ocho, lo que representa un incremento del 24,76 %; y una segunda a partir del año dos mil nueve, en la que la tendencia se invierte y las asignaciones van disminuyendo hasta alcanzar los 38.760.020 euros en dos mil once, suponiendo, por tanto, una reducción del 54,43 %.

El grado de ejecución de los superproyectos financiados con la dotación del FCI del ejercicio dos mil once alcanzó de media el 87,57 % a treinta y uno de diciembre de dos mil once. La Comunidad no ha utilizado la posibilidad prevista en el Artículo 6.2 de la Ley 22/2001, de destinar total o parcialmente, previa solicitud, las dotaciones del Fondo Complementario a financiar gastos necesarios para poner en funcionamiento las inversiones financiadas con cargo al Fondo de Compensación o al propio Fondo Complementario durante un periodo máximo de dos años, a contar desde el momento en que haya concluido la ejecución del proyecto.

En la distribución territorial de la inversión efectuada con la financiación del FCI, puede observarse que las provincias cuyas inversiones han sido más beneficiadas han sido León, con el 18,77 %, y Burgos, con el 18,14 %, siendo las menos beneficiadas Zamora y Soria, con el 5,23 % y 5,97 %, respectivamente.

Para comprobar la elegibilidad de los gastos se ha seleccionado una muestra de 33 proyectos de los 56 certificados en el ejercicio dos mil once, es decir, un 57,89 % del total. Examinada la muestra seleccionada, se ha comprobado que los gastos son elegibles para su financiación por los FCI, a excepción de los contenidos en el Capítulo 4, "Transferencias corrientes", correspondientes a un proyecto de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por un importe certificado de 4.330.920 euros, destinados a la retribución a la empresa concesionaria del contrato de concesión de obra pública de la autovía Valladolid-Segovia, que no puede considerarse gasto elegible susceptible de ser financiado por los FCI, al no tratarse de un gasto de inversión, tal como establece la Ley 22/2001, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.

La Comunidad ha cursado peticiones de fondos a la Administración del Estado, con cargo a la dotación del FCI del ejercicio dos mil once, por importe de 33.943.920 euros, importe coincidente con el total de los derechos reconocidos. Por tanto, del importe total de los FCI dos mil once se ha certificado, solicitado e ingresado un 87,57 %; el 12,43 % restante –que supone un total de 4.816.100 euros- ha sido certificado, solicitado e ingresado en dos mil doce.

No obstante, en el informe de fiscalización del FCI del ejercicio dos mil diez se puso de manifiesto la indebida imputación de derechos a dicho ejercicio dos mil diez por importe de 3.734.517 euros, ya que se debió reconocer el derecho en la fecha de petición de los fondos, y esta se produjo el diecinueve de enero de dos mil once. Por tanto, dichos derechos debieron ser reconocidos en el ejercicio dos mil once.

Realizada la comprobación del intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de remisión de las peticiones realizadas en el ejercicio dos mil once y la fecha de ingreso de los fondos en la Comunidad, se deduce que el tiempo máximo transcurrido entre la fecha del registro de salida de las certificaciones y la fecha de ingreso de los fondos en la Comunidad Autónoma ha sido de 43 días, y el mínimo de 15 días, resultando un plazo medio de 29 días, plazo que se considera razonable.

En la contabilización de los fondos se ha verificado la adecuada contabilización de los derechos reconocidos sin contraído previo en el ejercicio. Sin embargo, aun cuando el detalle de las fuentes de financiación de cada proyecto individual integrante de los superproyectos FCI puede obtenerse del Sistema de Información Contable de Castilla y León, se sigue sin contabilizar separadamente la ejecución de cada superproyecto FCI, conforme exige la Ley 22/2001. Este incumplimiento se viene señalando en cada uno de los informes de fiscalización de ejercicios anteriores.

En cuanto a las debilidades de control interno relacionadas con la gestión de los FCI detectadas en las fiscalizaciones de ejercicios anteriores, se ha constatado que la mayoría se mantiene en el ejercicio dos mil once, ya que siguen sin existir rúbricas presupuestarias específicas en el estado de gastos del presupuesto que recojan los proyectos FCI.

No se ha elaborado un manual de procedimientos que regulen la gestión y control de los proyectos financiados por el FCI, ni se han establecido en el SICCAL mecanismos de alerta que indiquen el momento en el que el grado de ejecución de los proyectos alcanzan los porcentajes exigidos para realizar las correspondientes peticiones de fondos, y tampoco se ha implantado un sistema que recoja la contabilización separada de la ejecución de los proyectos financiados. Además, la Comunidad no efectúa actuaciones de seguimiento desde que se producen las peticiones de fondos hasta que tiene lugar el ingreso correspondiente.

Por otra parte, es necesario destacar que se ha producido un retroceso en la mejora de la gestión puesta de manifiesto en el informe del ejercicio anterior respecto del control de la elegibilidad de los proyectos de inversión a financiar con los FCI, al incluirse en las certificaciones gastos considerados no elegibles de acuerdo con los Artículos 2.2 y 6.2 de la Ley 22/2001.

A la vista de los resultados expuestos, el Consejo recomienda a la Consejería de Hacienda que extreme precauciones con el fin de que no se incluyan proyectos de inversión cuya elegibilidad sea dudosa por no tener el carácter de inversión requerido para poder ser financiado por el FCI.

Como en años anteriores, se vuelve a recomendar a la Consejería de Hacienda que adopte las medidas necesarias para que la contabilidad proporcione una información pormenorizada de cada proyecto incluido en el anexo de la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado a nivel de superproyectos FCI.

Asimismo, se insta a la Consejería de Hacienda a que elabore un manual de procedimiento en el que se regule la gestión y el control de los proyectos a financiar con estos fondos, que establezca mecanismos de alerta en el sistema contable que indiquen el momento en el que el grado de ejecución de los proyectos alcanza los porcentajes exigidos para la realización de las correspondientes peticiones de fondos, y que se recojan las actuaciones de seguimiento a realizar desde la petición de fondos hasta el efectivo ingreso de los mismos en la Comunidad, reduciéndose dicho lapso al mínimo tiempo posible. Nada más y muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SOBRADOS PASCUAL):

Muchas gracias, señor Presidente. Se abre... se abre ahora un turno de intervenciones de los Grupos Parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Procurador don Pedro González Reglero, por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Gracias, Vicepresidente. Saludar también al... en este caso, al Presidente y a los Consejeros y al resto del personal.

El informe de fiscalización que en el día de hoy ha presentado el Presidente del Consejo de Cuentas corresponde al Fondo de Compensación Interterritorial del ejercicio dos mil once.

Decir que estos fondos –aunque yo creo que es por todos conocido- sirven precisamente para corregir, compensar, las desigualdades existentes entre territorios, tanto entre provincias como entre Comunidades Autónomas -lo decía el Presidente del Consejo-.

Las provincias cuyas inversiones han sido financiadas en mayor medida fueron León –con un 18,77- y Burgos –con un 18,14-, y las que menos, Soria –con un 5,97- y Zamora –con un 5,23-. En este sentido, repiten las... algunas de las provincias con respecto a años anteriores también, como yo creo que es por todos conocido.

Sobre esto, señor Presidente, me gustaría hacerle una pregunta: si cree que con la distribución... si cree que la distribución de fondos se hace de una manera objetiva entre provincias y territorios, con el objetivo, precisamente, que el propio Fondo de Compensación Interterritorial tiene, que no es otro que el de reducir, compensar o corregir los desequilibrios existentes; y me refiero un poco al balance de estos últimos años, en el que usted conoce cómo hay determinadas provincias de esta Comunidad que cada vez, lejos de corregir esa diferencia, cada vez se agranda más en función del reparto que se hace.

Pero la realidad es tozuda, y se viene observando, año tras año -y así se ha puesto de manifiesto en todos los informes anteriores presentados en esta misma Comisión por parte del Consejo de Cuentas-, que el Fondo de Compensación Interterritorial ha dejado de ser un elemento de compensación de desequilibrios para ser un elemento de financiación adicional de la Comunidad Autónoma.

Dentro del fondo no cabe... no debe de caber todo, y así lo señala el informe. Que deben de ser proyectos concretos para su ejecución y que sean fácilmente evaluables. Le vuelve a corregir este informe del Consejo de Cuentas a la Junta de Castilla y León en referencia con los gastos del Capítulo 4 (Transferencias Correspondientes... Transferencias Corrientes) correspondientes al proyecto 2006/912, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por un importe certificado de 4.330.920 euros destinados a la retribución de la empresa concesionaria del contrato de la concesión de la obra pública de la autovía Valladolid-Segovia, y que no puede ser un gasto... no puede ser considerado un gasto elegible, al tratarse de un gasto de inversión. Por lo tanto, incumple –y es... no es la primera vez- la Ley reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.

Decía anteriormente que la Junta de Castilla y León ya no es que tropiece dos veces en el mismo error, sino que yo creo que es más que reincidente, y así se desprende dentro del propio informe de fiscalización, en el cual, en uno de sus apartados –en concreto, en el que se refiere al seguimiento de las debilidades en el procedimiento de gestión y control interno de los proyectos del FCI detectados en ejercicios anteriores-, lo detalla claramente.

Se ha analizado la situación de las debilidades recogidas en informes anteriores respecto del procedimiento de gestión y control interno de los proyectos financiados con los FCI, habiéndose constatado que en el ejercicio dos mil once –lo subrayo y lo digo en alto, casi casi, como lo tengo yo aquí escrito, y en negrita- subsisten las debilidades puestas de manifiesto en los informes emitidos respecto de los FCI de ejercicios anteriores, ya que siguen sin existir rúbricas presupuestarias específicas en el estado de gastos; sigue sin existir manual de procedimientos que regulen la gestión y control de los proyectos financiados; las peticiones de fondos se han realizado utilizando los mismos criterios que en ejercicios anteriores, no habiéndose establecido en el SICCAL mecanismos de alerta que indiquen el momento en el que el grado de ejecución de los proyectos alcanza los porcentajes exigidos, para realizar las correspondientes peticiones de fondos, de forma que estas se realicen lo antes posible.

A este respecto, la Comunidad ha manifestado que se vigila periódicamente; eso de "vigila periódicamente", entrecomillado.

La Comunidad sigue sin realizar actuaciones de seguimiento desde que se produce la petición de los fondos hasta que tiene lugar el ingreso correspondiente.

Estas actuaciones se consideran convenientes, aun teniendo en cuenta que el plazo medio de ingreso en dos mil once se considera razonable.

Sigue sin implantarse un sistema que recoja la contabilización separada de la ejecución de los proyectos financiados con cargo a los FCI, de tal forma que se disponga de información pormenorizada de... de cada proyecto incluido en el anexo de la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado a nivel de superproyecto FCI.

En el examen efectuado se ha comprobado que los gastos certificados son elegibles para su financiación por el FCI, al tratarse de gastos de inversión, tal como establece la Ley 22/2001, de veintisiete de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, con la excepción recogida en el apartado 3.3, lo que supone un retroceso en la mejora de la gestión puesta de manifiesto en el informe del ejercicio anterior.

¿Y qué es lo que ocurre? He querido detallar un poco... leer literalmente lo que habla el informe, por lo menos para... –y es algo reiterado por parte de este Grupo Parlamentario- lo que ocurre con esta situación. Pues que el Grupo Popular, en vez de asumir las recomendaciones que aquí se ponen de manifiesto para corregir estas disfunciones –que precisamente, al final, son disfunciones y son situaciones que se deben de corregir-, no asume las mismas. Desde luego que, respetando, por supuesto, la voluntad o la independencia que tenga... que tiene el Grupo Popular, pero yo creo que el propio Consejo propone -este año, el anterior, al siguiente-, y la situación se vuelve a repetir. Y en esto tomaba una frase, leyendo... -su predecesor, señor Encabo- que venía a decir -en... yo creo que fue en el último informe que presentó- que seguirá predicando en el desierto. Pues yo a usted lo que le traslado... lo que trasladamos desde aquí es que usted seguirá predicando en el desierto -se lo decían anteriormente mis compañeros-. Desde luego, no se desanime –usted nos daba ánimos ahora, nosotros se los damos a usted-, no se desanime, porque desde luego que, por un lado, habla el Partido Popular de que cree en las instituciones propias de la Comunidad, y por otro lado las ningunea, no asume las recomendaciones de la cuenta general, de los informes de las fundaciones, del FCI, de las entidades locales; o sea, no asume ningún tipo de recomendación.

Por lo tanto, señor Encabo, con todo el respeto –que sabe que se le tengo-, usted... usted o el propio... no usted a nivel personal, sino el propio Consejo, pues el papel en el que queda yo diría que es poco menos, y entiéndame bien, que irrisorio.

Finalizo diciendo que el Grupo Socialista asume las recomendaciones, y así lo trasladaremos como propuesta de resolución, en todos los términos, y que viene a decir que la Consejería de Hacienda debe extremar la precaución para que no se incluyan los proyectos de inversión cuya elegibilidad es dudosa, al no tener el carácter de inversión requerido para... para poder ser financiados. La Consejería de Hacienda debe adoptar las medidas necesarias para que la contabilidad que refleja la ejecución de los proyectos financiados con cargo a los FCI proporcionen información pormenorizada de cada proyecto incluido en el anexo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado a nivel de superproyecto FCI. La Consejería de Hacienda debería elaborar un manual de procedimiento en el que se regule la gestión y control de los proyectos a financiar; se establezcan mecanismos de alerta en el SICCAL que indiquen el momento en el que el grado de ejecución de los proyectos alcanzen a los porcentajes exigidos para la realización de las correspondientes peticiones de fondos, favoreciendo con ello que estas se realicen lo antes posible; se recojan las actuaciones de seguimiento a realizar desde que se realice la petición de fondos hasta que se produzca el ingreso en la Comunidad, de forma que dicho lapso de tiempo se reduzca al... al mínimo posible.

En fin, señor Presidente, que todos son recomendaciones. Que, desgraciadamente... o esperamos, tenemos voluntad de que en ese interés o en ese acuerdo que ha habido de la reforma de las instituciones, el Grupo Popular reflexione y algunas de las recomendaciones las asuma también, en aras a mejorar el funcionamiento del Consejo. Y, si no, pues en vez del día de la marmota, pues yo creo que será el volver a repetir prácticamente lo mismo, y alguien tendrá que replantearse si tiene sentido o no tiene sentido esta situación. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sobrados.

EL SEÑOR SOBRADOS PASCUAL:

Muchas gracias, señor Presidente. Como ya se ha comentado, la elaboración de este informe deriva de un mandato legal, y los objetivos que persigue son verificar el grado de ejecución de los proyectos y su... y su contabilización, y comprobar la legalidad de los... de las actuaciones realizadas por los gestores en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados y a las modificaciones de los proyectos inicialmente aprobados.

El FCI, como también se ha dicho, se destina a financiar gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados, para que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y riqueza; damos por hecho que para que lleguen a ser más desarrollados, o al menos tratar de... de equipararse con aquellos más desarrollados. Podemos deducir entonces, Castilla y León, que ha percibido en dos mil once sobre el total del FCI el 5,01 %, que comparativamente está más desarrollada que otras, como, por ejemplo, Andalucía, que ha recibido 7 veces más la cantidad que haya correspondido en dos mil once a nuestra Comunidad.

E igual que al Grupo Parlamentario Socialista le surgía la duda de saber si esos repartos respondían a las desigualdades dentro del territorio de Castilla y León, a mí me gustaría que también se... el... el Presidente del Consejo de Cuentas nos trasladara si... si ese reparto a nivel nacional entre los diferentes territorios consigue los objetivos que se propone. Es decir, si Andalucía, en este caso, que recibe 7 veces más que Castilla y León, realmente crea... lo que... lo que recibe lo emplea en... en crear renta y riqueza. Porque la cantidad correspondiente a Castilla y León para dos mil once ascendió a 38.760.000 euros, y, respecto del ejercicio dos mil diez, la asignación de los fondos a Castilla y León ha disminuido en 27.627.000 euros, lo que porcentualmente supone el 41,62 %. Debe ser que cada año nos ven más fuertes, y por eso recibimos menos.

La evolución del... del FCI en Castilla y León durante los ejercicios dos mil tres a dos mil once, como se ha puesto de manifiesto, refleja una disminución global del 43,15 %. Entre dos mil tres y dos mil ocho el importe asignado fue incrementándose, pasando... pasando de los 68,2 millones de euros en dos mil tres a los 85 millones en dos mil ocho, lo que representa un incremento del 24,76 %. A partir de dos mil nueve -cuando alguno debió enterarse de que ya estábamos en crisis-, la tendencia se invierte y las... las asignaciones van disminuyendo, con una reducción acumulada del 54,43 %. No sé cómo se denomina esto en el Grupo Parlamentario Socialista, esta disminución acumulada, tan aficionados que son a cuestionar los nombres de los ajustes presupuestarios cuando se hacen desde el Partido Popular. No sé si esta reducción de más del 54 % desde el dos mil nueve en tiempos de Zapatero es un recorte, es un desmantelamiento del sistema, o si este recorte tiene apellidos como "brutal", "sangrante" u otros apelativos a los que nos tienen acostumbrados. O simplemente es un ajuste necesario y obligado, porque no había más dinero que repartir de los Presupuestos Generales del Estado.

Del total de la cantidad asignada para Castilla y León, el 30 % se destina a la financiación de proyectos de infraestructuras agrarias que gestiona la Consejería de Agricultura y Ganadería; el 29,80 % a proyectos de... de infraestructuras viarias que gestiona la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; el 17,16 % a proyectos de infraestructuras para la educación, a cargo de la Consejería de Educación; el 16,88 % a proyectos de infraestructuras sanitarias, competencia de la Consejería de Sanidad; y el 6,16 restante a proyectos de saneamiento integral de aguas a ejecutar por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Y se mantiene en general el... el mismo reparto que el año anterior.

De la muestra de los 33 proyectos de los 57 certificados en dos mil once que se han seleccionado, se ha comprobado que los gastos son elegibles para su... para su financiación por los FCI, a excepción de los contenidos en el Capítulo 4, correspondientes a un proyecto de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente destinado a la retribución de la empresa adjudicataria del contrato de la concesión de un tramo de la autovía Valladolid-Segovia, como ya se ha dicho. Respecto a este proyecto, el informe concluye que no puede considerarse elegible al no tratarse de un gasto de inversión, en lo que nos parece muy grave y entendemos que habrá de corregirse en el futuro. Por eso mismo asumimos la recomendación número uno de... del informe del Consejo de Cuentas, que dice: "La Consejería de Hacienda debe extremar la precaución para que no se incluyan proyectos de inversión cuya elegibilidad es dudosa al no tener el carácter de inversión requerido para poder ser financiados por el FCI".

También ha de mejorar el grado de cumplimiento de las indicaciones del Consejo, ya que se mantienen las debilidades del control interno relacionadas con la gestión de los FCI detectadas en las fiscalizaciones de ejercicios anteriores.

Analizando el informe y viendo los datos por provincias, también destacar que las provincias de la Comunidad cuyas inversiones han sido más beneficiadas con la financiación de los fondos en dos mil once han sido León y Burgos.

Y destacar también que el Consejo constata que, con carácter general, se cumple la legalidad respecto a la ejecución de los proyectos FCI en dos mil once, en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados, excepto por el que ya hemos comentado, de Fomento.

Y para concluir, simplemente decir que sería recomendable volver a obtener unos grados de ejecución del 100 %, como ha ocurrido sistemáticamente en años anteriores, porque estos fondos son necesarios para seguir construyendo Castilla y León y para seguir trabajando en lo que es el verdadero hecho diferencial de Castilla y León, que es el mantenimiento de la calidad en la prestación de los grandes servicios públicos esenciales. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para dar respuesta a las diferentes intervenciones, tiene la palabra el Presidente del Consejo.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí, gracias, Presidente. Muy brevemente, porque desde luego es un... un informe que ustedes lo han examinado, pues con toda atención y detenimiento, y he observado, pues que lo han sabido valorar en su justa medida.

Es cierto que nosotros venimos reiterando las mismas recomendaciones desde hace años, pero vamos a seguir reiterando porque nosotros vamos buscando el buen fin, y que cada día haya una mejor gestión económica-financiera y más transparente, y en ese sentido nosotros vamos a ser reiterativos y vamos a seguir insistiendo en las mismas recomendaciones.

Respecto a... a dos preguntas que se han formulado por el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, si la distribución se hace de manera objetiva, pues mire, yo lo único que hago es mencionar lo que viene en el mismo informe, en la página 19, en la que se establecen los porcentajes sobre el total. Y, desde luego, la provincia de Ávila, el 7,04; la de León, el 18,77; Palencia, 8,30; Salamanca, 10,35; y Zamora, 5,23; si ustedes suman todas, es decir, quizás las cinco provincias que tienen un menor nivel de renta -estaremos de acuerdo-, bueno, pues no llegan al 50 %, y sumado de una manera apresurada, si ustedes me lo permiten. Y las otras cuatro provincias que tienen mayores niveles de renta, como son Burgos, como son Segovia, Soria y Valladolid, pues se llevan el otro 50 %. Por lo tanto, creo que queda suficientemente contestada la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.

¿Que si es una financiación adicional? En la práctica, pues lo que estamos viendo es que es una financiación adicional. Es decir... Pero, al mismo tiempo, y entrando en... en contestación a la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, significar que los criterios de distribución del... del Fondo de Compensación vienen establecidos en el Artículo 4 de la Ley reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, y, entre otros, dice que la distribución del Fondo de Compensación a las Comunidades Autónomas perceptoras del mismo se efectuará de acuerdo con los siguientes porcentajes: 87,5 % del mismo de forma directamente proporcional a la población relativa, el 1,6 % de forma directamente proporcional al saldo migratorio, el 1 % de forma directamente proporcional al paro -según se define en el artículo siguiente-, el 3 % de forma directamente proporcional a la superficie de cada territorio y el 6,9 % de forma directamente proporcional a la dispersión de la población en el territorio -en la forma indicada en el artículo siguiente-. Y el Fondo Complementario establece que será el 33 % del Fondo de Compensación. Eso es los criterios de definición del Fondo de Compensación Interterritorial.

Y lo que yo ya he dicho en alguna otra de mis intervenciones, si lo recuerdan, es que lo que sí sería conveniente y oportuno, pues es plantearse seriamente, pues un cambio real del Fondo de Compensación Interterritorial, porque yo creo que sigue siendo un instrumento, o debería de ser un instrumento eficaz, pues para resolver los equilibrios interterritoriales en el conjunto de España.

Y con eso creo que quedan contestadas preguntas o cuestiones que se han formulado por los distintos Portavoces. Nada más, y muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SOBRADOS PASCUAL):

Para un turno de réplica, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Reglero.

EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:

Sí. Gracias, Presidente. Bueno, en ese sentido, agradecer también la... la intervención del Presidente del Consejo. Esperemos que asumir una de las recomendaciones por parte del Grupo Parlamentario Popular, pues sea el... la primera piedra o el... las primeras... los primeros pasos de cara a que las diferentes recomendaciones que hace el Consejo de Cuentas se puedan asumir en su totalidad.

Pero sí me gustaría hacer dos matizaciones o dos aclaraciones a la intervención del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

En primer lugar, que yo creo que ya es manido, es cansino y yo diría que hasta aburrido el discurso de hablar de otras Comunidades Autónomas. Yo creo que aquí a lo que viene el Presidente del Consejo de Cuentas es a hablar del Fondo de Compensación Interterritorial que afecta a esta Comunidad, y así ha habido el desglose de las diferentes inversiones en cada una de las provincias. Vemos, y en este sentido esperamos, ya anticipo que el Grupo Parlamentario Socialista ha introducido o ha... a esta Comisión una proposición no de ley para que se reduzcan las diferentes... las diferentes... o las grandes diferencias que hay en cada una de las provincias, sobre todo en relación con Soria y en relación con Zamora. Esperábamos que... en este sentido que algunos Parlamentarios sorianos del Grupo Popular, que tanto quieren a su tierra, pues que hubiesen hecho ellos esta proposición no de ley, viendo las diferencias que hay año tras año; yo diría que unas diferencias casi de un 13, un 14 % anual, que, si la multiplicamos desde el año dos mil cinco, pues el resultante es el que es: en el año dos mil diez, en Soria se invirtió un 0,31, en relación... la primera fue Palencia, con un 17; en el año dos mil once, el 5,97 en Soria, el 13, por... el 18, por ejemplo, en León; el año dos mil nueve, el 3,71 en Soria y el 19 en Burgos; en el año dos mil ocho, el 8 % en Soria y el 21 % en Burgos; en el año dos mil siete, el 2,68 en Soria... En fin, pues que estamos viendo como, una vez más, la Junta de Castilla y León está dejado... dejando al margen a una provincia como Soria... [murmullos] ... y a Zamora.

En relación con lo que hablaba de las... el Portavoz del Grupo Popular de las inversiones que estaba habiendo por parte del Gobierno de la Nación, y sin ánimo de dar lecciones a nadie, yo creo que conviene saber cuál son... en qué está fundamentado o en qué está basado los Fondos... o relacionados directamente los Fondos de Compensación Interterritorial: uno, de forma directamente... el 87,5 % de forma directamente a la... proporcional a la población relativa; el 1,6 a la... directamente proporcional al saldo migratorio; el 1 % al paro; el 3 % a la superficie de cada territorio; y el 6,9 % directamente proporcional a la dispersión. Yo creo que conviene dejarlo manifiestamente claro, para saber por qué se habían reducido. Y se han reducido fundamentalmente porque la inversión del Gobierno anterior, del Gobierno Zapatero, era mayor en esta Comunidad.

Vamos a ver las inversiones que va a haber en el año dos mil doce, que está vinculado directamente las inversiones nuevas del conjunto de la Administración General con la relación directa que tiene de las inversiones del FCI en el año dos mil doce y en el año dos mil trece, y quedará manifiestamente claro el por qué se han reducido a lo largo de los años, con un Gobierno Socialista, ya que había mucha más inversión en esta Comunidad, y cuál va a ser el resultante de las escasas o nulas inversiones que está habiendo del Gobierno Popular y la relación directa que tendrá del Fondo de Compensación en esta Comunidad. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SOBRADOS PASCUAL):

Tiene de nuevo la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Gracias. Pues para reiterar nuestro deseo de que todas y cada una de las recomendaciones que han sido incorporadas al Informe de Fiscalización del FCI correspondiente al año dos mil once sean estimadas y valoradas por esta Comisión, y, al mismo tiempo, pues que en el futuro, pues el 100 % de... del FCI sea ejecutado. Porque hay que recordar que, por primera vez, en el año dos mil once no se llegó a ejecutar –por primera vez en la historia de la Comunidad, que yo recuerde- el FCI en su totalidad, que solamente se llegó a ejecutar el 87 %. Y, con esto, doy por concluida mi intervención.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SOBRADOS PASCUAL):

Muchas gracias. Finalizado...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo miércoles, día diez de julio, a las catorce horas.

Antes de dar por finalizada esta Comisión, el Presidente del Consejo quiere hacer una declaración en relación con el acuerdo reciente sobre la reforma de las instituciones propias de la Comunidad.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias, Presidente. En esta primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda después de la aprobación Ley 4/2013, de diecinueve de junio, por la que se modifica la organización y funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad, publicada ayer, tres de julio, entendemos que es oportuno que el Consejo de Cuentas exprese su posicionamiento de una manera sencilla y realista ante los representantes de los ciudadanos de Castilla y León.

En relación a la nueva ley aprobada por estas Cortes de Castilla y León, sean mis primeras palabras para agradecer a los tres Grupos Parlamentarios su respaldo a esta institución; aunque el Grupo Mixto se ha abstenido en la votación, ha expresado de una manera inequívoca su apoyo al Consejo de Cuentas.

Por lo que se refiere al contenido de la ley, hemos de señalar que se abre una nueva etapa que se caracteriza por la gestión conjunta de las instituciones de la Comunidad, con lo cual se pretende conseguir un mayor ahorro y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, objetivo que obviamente compartimos, si bien es conveniente saber que este modo de gestión es absolutamente nuevo en España.

No obstante, sí puedo comprometerme ante Sus Señorías que vamos a esforzarnos en adaptarnos a esta nueva coyuntura sin que se resienta lo más mínimo nuestro trabajo de fiscalización.

Por lo que se refiere al resto de la ley, hay que enfatizar que se han introducido importantes mejoras en la tramitación parlamentaria, con las que estamos identificados. Entre otras, cabe reseñar las siguientes: se contempla la posibilidad de remitir información con carácter previo a la rendición de la cuenta general, tanto en el ámbito de la Comunidad Autónoma como en el caso de las entidades locales, lo cual puede favorecer la agilización en la elaboración de los informes de fiscalización; se ha mejorado de manera sustancial el deber de colaboración y se reconoce la posibilidad de imponer multas coercitivas, si bien se desarrollarán sus cuantías en las leyes de acompañamiento de los Presupuestos; se ha reforzado nuestra vinculación con las Cortes de Castilla y León al establecer nuevas comparecencias, y, en particular, para informar sobre el seguimiento de las recomendaciones. En definitiva, creemos que se ha mejorado significativamente la ley en su tramitación parlamentaria.

En el espacio de cinco meses remitiremos el Reglamento de Organización y Funcionamiento y la plantilla para su aprobación por la Mesa de las Cortes. Y expreso el compromiso público del Consejo de Cuentas de aplicar los principios de agilidad y de eficiencia en el Reglamento, eliminando todos aquellos trámites que no sean estrictamente necesarios.

Por último, quiero expresar, en nombre del Pleno y de los trabajadores del Consejo de Cuentas, nuestro reconocimiento al conjunto de los Grupos Parlamentarios por el trato y la atención recibida, y por la sensibilidad que han demostrado en el curso de la tramitación parlamentaria de la ley que modifica la organización y funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad. Nada más, y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Muchas gracias. Concluido el Orden del Día de esta Comisión, y agradeciendo de nuevo la presencia del señor Presidente del Consejo de Cuentas, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas cincuenta y cinco minutos].