DS(C) nº 381/8 del 4/2/2014

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Buenos días, Señorías. Antes de empezar con la Comisión, bueno, pues iniciamos este... el presente... un nuevo periodo de sesiones y espero que, bueno, pues que los debates sigan siendo tan pacíficos y, desde luego, fructíferos para... para los ciudadanos de Castilla y León.

Por parte de los Grupos Parlamentarios, ¿se quiere comunicar alguna sustitución? ¿Por parte del Grupo Socialista? ¿Por parte del Grupo Parlamentario Popular?

LA SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ:

Buenos días, Señorías. Sí, señora Presidenta. Queremos comunicar que don José María Bravo Gozalo sustituye a don Jesús Aguilar Santamaría.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Por parte del señor Secretario se dará lectura al primer punto del Orden del Día.

PNL/000652

EL SECRETARIO (SEÑOR JURADO PAJARES):

Buenos días. Gracias, señora Presidenta. El primer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley número 652, presentada por los Procuradores don Jorge Félix Alonso Díez, doña Ana María Agudíez Calvo y doña Esther Pérez Pérez, instando a la Junta de Castilla y León a la creación en tres meses de los Consejos Provinciales de Servicios Sociales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 190, de doce de febrero de dos mil trece".

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Procurador don Jorge Félix Alonso Díez.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Gracias, señora Presidenta. Vaya, en primer lugar, que no entendemos el por qué esta proposición, que está presentada hace un año, pues no se ha traído antes a debate, porque ha habido otras que con posterioridad se han presentado y sí que... sí que han llegado a este... a esta Comisión. Esta es de enero del año pasado.

Esta... esta proposición, que no debería tener ningún problema en que fuera aprobada, es... lo que pedimos simplemente es que se cumpla la Ley de Servicios Sociales, que en su Artículo 13 dice que tenemos que tener en la Comunidad Consejos Provinciales de Servicios Sociales como órgano de participación, asesoramiento, consulta y propuesta, en el ámbito provincial en materia de servicios sociales. Y luego la propia ley tiene una disposición final en la que establece un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la misma para aprobar los reglamentos de creación del Consejo Autonómico y los Consejos Provinciales.

Lógicamente, el año ese hace tiempo que finalizó, porque la ley entró en vigor en dos mil once, el año fue en dos mil doce. Y, si bien ha salido la reglamentación del Consejo Autonómico de Servicios Sociales, lo cierto es que no sabemos por qué no ha salido el de los Consejos Provinciales.

Nosotros planteamos que, a partir de hoy, si se aprueba la iniciativa, pues en tres meses se... se reglamentara o se constituyeran, con lo cual, estamos incluso dando tres meses más de plazo para que se pongan en marcha los Consejos Provinciales.

¿El por qué nos parece importante que se pongan en marcha los Consejos Provinciales? Bueno, pues, primero, porque, anteriormente, con la anterior ley, había las comisiones sectoriales provinciales de cooperación, que eran unas comisiones provinciales en las cuales estaba la Administración Autonómica, la Administración Local con competencia en materia de servicios sociales, que era donde trataban los asuntos que tenían que coordinar mutuamente. Pero ha habido cambios en el tiempo, fundamentalmente con la llegada de las competencias relativas a la Ley de la Dependencia y otras competencias, pues, primero, desapareció las comisiones provinciales que había del Imserso, que trataban de los temas específicos de mayores y discapacidad y, en consecuencia, con la nueva situación, pues entendemos que, y así lo hacemos referir en la propuesta que planteamos, que es necesario que tengan una dimensión diferente. Quiero decir que estos Consejos Provinciales contemplen, primero, que estén las Administraciones, como es lógico, las que... Autonómica y las Locales con competencia en materia de servicios sociales, que estén también las asociaciones, que ya participan en algunas... en algunos Consejos que existen de carácter sectorial, pero lo que está claro es que hace falta que haya uno con la visión de la provincia, que estén las asociaciones, porque en los temas de discapacidad yo creo que sí que son motivo de que estas comisiones pudieran tratarles como otros temas relativos a la dependencia y otros asuntos, y que estuvieran también los agentes económico y sociales, que ya venían participando en las comisiones ejecutivas del Imserso.

En definitiva, nos parece que el que se regule y se pongan en marcha las Comisiones Provinciales no es más que cumplir la ley y, además, dar contenido a lo que nosotros consideramos muy importante, que es la participación. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. En un turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Jerónimo García Bermejo.

EL SEÑOR GARCÍA BERMEJO:

Buenos días. Gracias, Presidenta. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades viene apostando desde hace años por el impulso a la participación ciudadana en las políticas del sistema de servicios sociales de la Comunidad. Constituye uno de los principios y uno de los principales elementos de mejora y legitimación de actuaciones públicas. Apoya el concepto activo de ciudadanía y supone la implicación interactiva de los ciudadanos, contribuyendo a generar una sociedad dinámica y creativa.

Igualmente, la Consejería siempre subraya la importancia de la participación ciudadana como mecanismo de socialización e integración social, educación cívica y solidaridad del ciudadano, corresponsable en la gestión de los poderes públicos.

Bajo este enfoque, para que los ciudadanos puedan participar, debe potenciarse siempre los cauces formales al efecto y existir un marco legislativo que los apoye y regule.

En esta línea, la primera Ley de Servicios Sociales de la Comunidad del año mil novecientos ochenta y nueve crea el Consejo Regional de Acción Social y los Consejos Provinciales de Acción Social como órganos de coordinación entre los diferentes sectores y entidades de carácter social de la región.

Desde entonces, la distinta legislación progresivamente ha ido desarrollando diversos órganos de participación ciudadana. En mil novecientos noventa y cuatro, se crea el Consejo Regional de Personas Mayores de Castilla y León y, más tarde, los Consejos Provinciales.

En mil novecientos noventa y ocho, a través del Decreto 283, se crea el Consejo Regional y Consejos Provinciales para las personas con discapacidad.

En dos mil dos, la Ley 14 crea el Consejo Regional y los Consejos Provinciales de atención y protección a la infancia.

En dos mil seis, la Ley del Voluntariado, con el correspondiente Consejo Regional del Voluntariado.

Y la nueva ley de dos mil diez, la Ley 16, de Servicios Sociales, sigue apostando por la participación ciudadana. Según dispone esta ley, la participación ha de ser no solo fomentada sino facilitada y garantizada por los poderes públicos.

De acuerdo con estos planteamientos, se creó el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, como máximo órgano de participación, asesoramiento, consulta y propuestas en materia de servicios sociales, sustituyendo al antiguo Consejo Regional de Acción Social y confirmando la continuidad de la participación en los servicios sociales de los distintos órganos colegiados.

Como desarrollo esta ley... de esta ley se aplica... se publica en dos mil doce el Decreto 41, que regula el régimen de organización y función de los Consejos de Servicios Sociales de Castilla y León. Y en la misma fecha, se publican los decretos que regulan el Consejo de Coordinación Interadministrativa del Sistema de Servicios Sociales y el Comité Consultivo de Atención a la Dependencia, como órgano de participación activa de organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Según disponen estos decretos, las personas titulares de las vocalías electivas deben ser designadas por los respectivos órganos de gobierno de las entidades a las que representen, y, siguiendo lo regulado desde la Gerencia de Servicios Sociales, se instó a las entidades miembros del Pleno del Consejo de Servicios Sociales a que procedieran al nombramiento de sus representantes.

El Consejo Autonómico de Servicios Sociales se constituyó el once de diciembre del dos mil trece. Una vez constituido, la Gerencia de Servicios Sociales inició los trámites para la probación... aprobación del Reglamento y creación... de creación de los Consejos Provinciales de Servicios Sociales.

Sin embargo, como bien saben, el pasado jueves, treinta de enero, se aprobó en el Consejo de Gobierno el acuerdo por el que se aprueban las medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Y en este acuerdo se pretende, entre otras cosas, reforzar los órganos de participación.

Actualmente, existen 95 órganos de participación de la sociedad en la Administración de la Comunidad Autónoma. Este elevado número dificulta tramitación de asuntos que se quieren someter a la participación de los ciudadanos, y diluyen, en cierta forma, la fuerza de la intervención ciudadana, a través de multitud... de una multitud de pequeños órganos sectoriales.

Se considera, por tanto, necesario agilizar la tramitación y reforzar la participación mediante una racionalización y reducción de estos órganos de participación. Por esta razón se establecen fundamentalmente dos medidas, que es racionalizar y reducir los órganos de participación sectorial en al menos el 50 % sobre el total de los existentes actualmente, y mantener actualizada esa relación de todos los órganos de participación y colaboración con indicación de su regulación y composición. Seguidos todos estos trámites, el plazo de ejecución de esta regulación se establece para final de marzo de dos mil catorce.

Es... estando, por tanto, pendiente esta racionalización de los órganos de participación, parece que en estos momentos no procede constituir los Consejos Provinciales de Servicios Sociales hasta que dicha racionalización finalice. En consecuencia, ahora mismo se rechaza la propuesta de resolución, pero, no obstante, el efecto es avanzar, una vez racionalizado esto, hacia la constitución de los Consejos Provinciales. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Pues para fijar... para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra nuevamente don Jorge Félix Alonso Díez.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Gracias, señora Presidenta. Y gracias por su intervención, lo que ocurre es que, quizá, con los últimos dos minutos hubiera sido suficiente, porque todo lo que nos ha explicado antes en realidad no ha aportado nada a lo que al final ha venido a decirnos, o sea, que, en definitiva, no se va a constituir el Consejo de... Provincial de Servicios Sociales. O sea, que, en definitiva, no se va a cumplir lo que dice la ley; eso es lo que en definitiva me viene a decir.

Ese planteamiento que nos hace... pero no ha aclarado si va a haber o no va a haber. Quiero decir, ¿hay que reorganizar la participación? Pues puede ser, es decir, puede ser porque, efectivamente, ese tema le hemos debatido cuando se hizo la Ley de Servicios Sociales. Pero bueno, claro, si una ley que todavía no está desarrollada... y que tengo que recordar que el Grupo Socialista tiene solicitada la comparecencia en esta Comisión de la Consejera para que nos explique precisamente el desarrollo de la ley, cuál es el ritmo de desarrollo de la ley, porque aquellas partes más importantes siguen sin desarrollarse. Nos enteramos de vez en cuando por la prensa de algún anuncio que se hace, pero que en definitiva no deja de ser un anuncio, y lo que queremos es que se venga a estas Cortes a explicar el desarrollo de la... de la ley. Y ya vemos que parte de lo que es el desarrollo de la ley, que es crear los Consejos de... Provinciales de Servicios Sociales, pues no se van a... no se van a poner en marcha y no sabemos lo que ocurrirá en el futuro.

Desde luego, lamentamos que esto no se ponga en marcha, porque ya con esta ley se reducían los órganos de participación, porque había más órganos en la anterior ley. Y, en definitiva, si se reduce, entendemos que, por lo menos, se deberían de poner en marcha para que fueran operativos y dieran respuesta a eso que usted indicaba, que es creerse la participación; que, si no se pone en marcha, desde luego, lo que nos demuestra es que no se cree en la participación. Eso es lo que realmente nos ponen encima de la mesa. Pero lo que nosotros creemos es que sí, que la participación es la forma de extender la democracia al conjunto de los ciudadanos, y por eso creemos que es importante poner en marcha estos órganos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Pues, concluido el debate, sometemos a votación la proposición no de ley debatida.

Votación PNL/000652

¿Votos a favor? Cinco. ¿Votos en contra? Diez. Pues queda, por tanto, rechazada la proposición no de ley.

Por parte del señor Secretario se dará lectura al segundo punto del Orden del Día.

PNL/000780

EL SECRETARIO (SEÑOR JURADO PAJARES):

Gracias, señora Presidenta. Segundo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley número 780, presentada por los Procuradores don Jorge Félix Alonso Díez, doña Ana María Carmen Redondo García, doña María Teresa López Martín, don José Francisco Martín Martínez y don Pedro Luis González Reglero, instando a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España a que promueva la modificación de la legislación sobre contratos del sector público para exigir a las empresas que contraten con dicho sector que acrediten el cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas con 50 o más trabajadores sobre contratación de personas con discapacidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 222, de diecinueve de abril de dos mil trece".

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, por parte del Grupo Socialista, la Procuradora doña María Teresa López Martín.

LA SEÑORA LÓPEZ MARTÍN:

Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días, Señorías. La conocida como LISMI, la Ley de Integración Social de los Minusválidos -que, bueno, dado que la ley es del año ochenta y dos utiliza una terminología que hoy está ya, digamos, en desuso y que deberíamos de hablar de personas con discapacidad-, en el Artículo 38 establece que las personas que contratan a más de 50 trabajadores tienen que reservar el 2 % a personas con discapacidad. Establece además en dicho artículo el cómputo de cómo se ha de efectuar ese número de los 50 trabajadores para establecer esa reserva del... del 2 % de contratación a estas... a estas personas.

Establece dicho artículo, además -como toda excepción... como toda regla, tiene su excepción-, establece cuándo quedarán exentas esas empresas públicas y privadas de establecer ese 2 % de... de reserva para contratar a estas personas con discapacidad, y dice que será cuando, por acuerdos de la negociación colectiva o sectorial, se opte por no establecer esa reserva, o también cuando sea una opción propia del empresario sin que... pero siempre que presente unas medidas alternativas a esta contratación del 2 %.

El incumplimiento de esta reserva de contratación del 2 % de personas con... con discapacidad, este incumplimiento, cuando no se presentan medidas alternativas, supone una falta grave. Y el Estatuto de los Trabajadores establece que no se podrán realizar contratos con... la Administración no podrá realizar contratos con empresas siempre que tengan o sean... hayan cometido faltas graves. Lo que sucede es que normalmente las empresas que incumplen esta situación de falta de contratación no son sancionadas.

Entonces se establece, para que esta legislación no sea un brindis al sol, se insta... esta PNL lo que pretende es que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España para que promueva la modificación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de catorce de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el sentido de exigir que las empresas que contraten con el sector público acrediten el cumplimiento con las obligaciones establecidas en el Artículo 38 de la Ley 13/1982, de siete de abril, de Integración Social de los Minusválidos, o de lo establecido en el Real Decreto 27/2000, de catorce de enero, que regula las medidas alternativas que deben de cumplir las empresas de más de 50 trabajadores en sustitución del cumplimiento de la obligación de la contratación de personas con discapacidad. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. En un turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Álvarez-Quiñones.

LA SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ:

Muchas gracias, señora Presidenta. Y muchas gracias también a doña María Teresa. En primer lugar, tengo que decirle que compartimos absolutamente con usted, ha sido el criterio de nuestro Grupo Parlamentario, el cambio de denominación, y dejar de referirnos a las personas con discapacidad como minusválidos u otras... o discapacitados u otras terminologías, y así lo recogimos por acuerdo unánime de toda la Cámara en nuestra ley, la Ley Autonómica de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad.

Y, mire, estando de acuerdo con usted en que, efectivamente, esos requisitos exigibles han de serlo absolutamente y que, además, la Convención de Integración de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional, pues lo que dice precisamente una de sus líneas es que hay que favorecer la completa integración y la oportunidad en el... en el empleo exactamente igual que para el resto de las personas, pues, mire, me atrevería a preguntarle, Señoría -con total modestia y también cordialidad-, si no le parece a usted que ya Castilla y León, como Comunidad Autónoma, no está instando constantemente no solo al Gobierno, sino a la Comunidad Autónoma, nación, etcétera, habida cuenta de que aquí se ha aprobado un acuerdo de la Junta de Castilla y León, un Acuerdo del Consejo de Gobierno, el número 59/2012, de veintiséis de julio -previo, incluso, a que nuestra Comunidad tuviera aprobada su Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad-, en la que la Junta ya establecía criterios vinculantes no ya para las empresas, sino para los propios órganos de contratación de la Administración Pública -ya sean estos las Consejerías, sus organismos autónomos, etcétera, cualquier órgano de contratación de la Comunidad-, para favorecer precisamente la máxima contratación de personas con discapacidad, entendiendo que se trata de un colectivo de los que sufren la dificultad de empleabilidad, pues con mayor intensidad.

Resulta que es que en este acuerdo, en el que se establecían esas directrices absolutamente vinculantes para los órganos de contratación, la Junta se había propuesto reservar al menos un 6,5 % de todo el volumen de gasto dedicado a la contratación pública precisamente para empresas que no solo cumplieran, sino que, además, superaran los porcentajes exigidos en distintas normas y, sobre todo –como usted muy bien se ha referido a ella-, en la llamada Ley de Integración de Minusválidos, e incluso en la Ley del Texto Refundido de los Contratos en el Sector Público.

Se trataba, además, no solo de favorecer a las empresas que tengan esa visión más social y que empleen un mayor número de personas, un mayor porcentaje de personas con discapacidad, sino que, además, lo hagan añadiendo dos factores que para mí son sustanciales: el primero, la estabilidad en el empleo, es decir, contratos de larga duración, contratos fijos -lo que todos entendemos por estabilidad en el empleo-; y, en segundo lugar, incluir también la perspectiva de género, que nos parece especialmente necesaria cuando confluyen dos factores, que son ser mujer y, además, tener una discapacidad.

Además de lo que le cuento sobre el acuerdo de... de Consejo de Gobierno, la Ley Autonómica de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad -que aprobamos, pues en consenso con su Grupo y también con el Grupo Mixto- incidió especialmente en esta cuestión sobre la incorporación de cláusulas sociales a los contratos, al igual que venía haciendo ya el acuerdo de la Junta. Y entonces, mire, yo le pregunto, Señoría: si todo esto que estamos haciendo en Castilla y León, que, además, tratamos de hacer todo lo que podemos, y creo que en algunas cosas llegando a ser un referente -y esto no es una medalla, me parece una forma de cooperación, no una medalla- para las restantes Comunidades Autónomas y para el Estado, ¿no le parece a usted que ya estamos instando bastante con la posición que tiene nuestro Grupo Parlamentario y estas Cortes con respecto a la... a las cuestiones relativas a las personas con discapacidad? [Murmullos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Vamos... Ha terminado su turno, señora Álvarez-Quiñones. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra nuevamente doña María Teresa López Martín.

LA SEÑORA LÓPEZ MARTÍN:

Gracias, señora Presidenta. No, no le voy a decir que no es bastante, le voy a decir que a mí hay una cosa que me enseñaron, que es que lo que abunda no daña, y que toda medida que se adopte sin que suponga un coste de ningún tipo más que instar, no existe un argumento válido por el que no se... no se pueda hacer.

Verá, señora Álvarez-Quiñones, hay una... hay una pregunta muy fácil que contestar: con esta... con esta PNL, ¿a quién se perjudica si se adopta? A nadie. ¿A quién beneficia? A los más desfavorecidos. Coste de... de adoptar la decisión: cero. ¿Por qué no se hace? Porque lo que abunda, verdaderamente no daña.

Verdaderamente, ustedes han adoptado medidas, no lo pongo en duda, pero se sabe que, de facto, se está contratando con empresas que no lo cumplen. ¿Y por qué? No digo que la... no digo que los órganos públicos de contratación no adopten todas las medidas necesarias para... que establece la ley para la contratación, pero es que hay una cuestión muy clara: no se está pidiendo a la empresa que acredite el cumplimiento. Si no se está pidiendo a la empresa que acredite el cumplimiento, no tiene por qué acreditarle. ¿Cómo comprueba la Junta de Castilla y León, los órganos de contratación, que se están cumpliendo? Si hay empresas que no cumpliendo el requisito no son sancionadas, ¿cómo sabemos que lo están cumpliendo? Pues solo hay una forma, además una forma tan sencilla que no perjudica verdaderamente a nadie, y es exigiendo a la empresa un certificado de que está cumpliendo. Ya está.

Y con eso se evitaría que haya empresas que no cumplen; con eso se evitaría que los órganos de contratación de la Junta de Castilla y León tengan que llevar a cabo investigaciones exhaustivas; con eso, si se favorece a la empresa porque se ha establecido que se establezcan contrataciones con las empresas que cumplan la ley, pues las empresas encantadas. Mire usted, yo traigo mi certificado y la otra empresa que opta a la adjudicación no le trae, pues entonces, blanco y en botella, permítame la expresión así un poco vulgar.

Por eso, aun entendiendo con ustedes que se cumple... que la... se están haciendo todas las instancias, que usted me dice: "¿No le parece suficiente?". Nunca es suficiente, señora Álvarez-Quiñones, nunca; hablando de minusvalías, hablando de personas con discapacidad, nunca. Si estuviéramos hablando de poner un duro o un euro, estaríamos diciendo "no lo hay", y yo ya sé lo que significa decir "es que no hay dinero". Pero hablamos coste: cero; beneficia a un sector absolutamente desfavorecido; perjudica, a nadie. Deme... deme otro argumento, porque este no es argumento. Y muchísimas gracias. Nada más.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Pues concluido el debate, sometemos a votación la proposición no de ley debatida.

Votación PNL/000780

¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Diez. Pues queda, por tanto, rechazada.

Por parte del señor Secretario se dará lectura al tercer punto del Orden del Día.

PNL/000781

EL SECRETARIO (SEÑOR JURADO PAJARES):

Gracias, Presidenta. Tercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley número 781, presentada por los Procuradores don Jorge Félix Alonso Díez, doña Ana María Carmen Redondo García, doña María Teresa López Martín, don José Francisco Martín Martínez y don Pedro Luis González Reglero, instando a la Junta de Castilla y León a que compruebe que las empresas con contrato de obra y servicio con la Administración de la Comunidad, o que vayan a formalizar este tipo de contrato con la misma, cumplen con las obligaciones legales de las empresas con 50 o más trabajadores sobre contratación de personas con discapacidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 222, de diecinueve de abril de dos mil trece".

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, por parte del Grupo Proponente, tiene la palabra don Jorge Félix Alonso Díez.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Gracias. Aunque esta proposición es semejante a la anterior, pero no es lo mismo, es decir, porque en la otra pedíamos que se cambiara la ley y en esta lo que pedimos es que se compruebe por parte de la Junta que las empresas sí que reúnen esas condiciones.

Se decía antes que la LISMI plantea -y además me parece que... que de forma clara, cosa que no suele ocurrir con las leyes de la Comunidad Autónoma- el que las empresas de más de 50 trabajadores tienen la obligación de tener empleadas al 2 % de la plantilla, al menos, de personas con discapacidad. Bien es cierto que la LISMI ha desaparecido; ahora hay un nuevo decreto legislativo, que fue aprobado el... con fecha veintinueve de noviembre, que ha refundido esta ley con otras leyes en lo que se llama el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, que en su Artículo 42 sigue manteniendo literalmente –como no podía ser de otra manera- el... el contenido de la LISMI. Y nos dice que las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que, de entre ellos, al menos, el 2 % serán trabajadores con discapacidad. El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquella y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa. Igualmente entenderá que están incluidos en dicho cómputo los trabajadores con discapacidad que se encuentren en cada momento prestando servicios en las empresas públicas o privadas, en virtud de los contratos de puesta a disposición de las mismas... que las mismas hayan celebrado con empresas de trabajo temporal.

Pero la segunda parte, que es la parte importante, porque al final muchas empresas es por lo que están optando, es que de manera excepcional las empresas públicas y privadas podrán quedar exentas de esta obligación de forma parcial o... o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial del ámbito estatal o, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 83.2 y 3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de Trabajadores... bueno, aprobado, tal, tal... bien por opción voluntaria del empresario debidamente comunicada a la autoridad laboral, o bien que entre ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente.

En definitiva, lo que viene a decirnos la Ley es que hay dos opciones: o que las empresas contraten directamente o que concurran a las medidas alternativas. Lo cierto es que muchas empresas, pues están optando por las medidas alternativas porque no quieren hacer la contratación directa, y por eso es por lo que es tan importante el hacer estas comprobaciones. Las medidas alternativas además adquieren más importancia cuando en Castilla y León, de más de cincuenta trabajadores tenemos 889 empresas... 889 empresas, según el Instituto Nacional de Estadística, y solo ha habido 32 empresas que hayan comunicado a la autoridad laboral que acogen a las... se acogen a las medidas de excepción. O sea, yo no me puedo creer que haya casi 850 que tengan en su plantilla contratados personas con discapacidad, y de ahí viene la importancia de que se compruebe esas... esas... que las empresas, por lo menos, que contratan con la Administración, están cumpliendo o la contratación o las medidas alternativas.

Las medidas alternativas pueden ser de cuatro tipos. Para no cumplir el cupo de reserva, pues pueden hacer lo siguiente: que la celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esta medida; b) la celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa; c) realización de donaciones y acciones de patrocinio, siempre de carácter monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad cuando la entidad beneficiaria de dichas acciones de colaboración sea una fundación o una asociación de utilidad pública, cuyo objeto social sea, entre otros, la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo en favor de las personas con discapacidad, que permita la creación de puestos de trabajo para aquellas y finalmente su integración en el mercado laboral; y, por último, la constitución de un enclave laboral previa a la suscripción del correspondiente contrato con un centro especial de empleo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 290/2004, de veinte de febrero, por el que regula los Enclaves Laborales como Medida de Fomento al Empleo de las Personas con Discapacidad.

En definitiva, lo que tenemos es que hay que contratar en todas las empresas de más de 50 trabajadores, que si no se recurra a esas medidas alternativas, pero comprobamos que hay muy pocas empresas que han comunicado esta situación. Cuando hemos tenido conocimiento de las medidas que se ha tomado por parte de la autoridad laboral para conocer cuál era el grado de cumplimiento de estas medidas, pues nos encontramos que de 325 empresas que se hicieron comprobaciones o inspecciones, solo se detectó infracciones en 15, que globalmente se las sancionó con 33.000 euros. O sea, quiere decir que solo 1 empresa de cada 20 no cumplía. Volvemos a lo de antes, la verdad es que sorprende que... sabemos que esto es una medida generalizada, que no se está produciendo. Porque, además, cuando vemos la relación de las 32 empresas, vemos que son 32 empresas conocidas e importantes, lo cual quiere decir que hay muchas empresas a lo mejor menos conocidas pero, desde luego, que no lo están haciendo, ¿no? También lo más sorprendente es que ha habido 462 trabajadores que estaban afectados por el acta de infracción. O sea, solo hay 15 empresas y hay 462 trabajadores afectados.

En definitiva, nos parece que está perfectamente justificado el que la Junta compruebe que las empresas con las que contrata están cumpliendo con la nueva ley... con el Artículo 42 de la nueva Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social; y que, además, para el futuro, antes de formalizar contratos, pues haga lo mismo: compruebe, porque eso no se lo puede prohibir nadie, que ella haga esa comprobación, y las empresas que no lo cumplan, pues se lo comunique a la autoridad laboral para que corrijan, pues esa situación que no están cumpliendo. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. En un turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Ana María Álvarez-Quiñones.

LA SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ:

Muchas gracias, señora Presidenta. Y muchas gracias, don Jorge Félix. Y me complace anunciarle en nombre del Grupo Parlamentario Popular que esta proposición no de ley de su Grupo sí la vamos a aprobar. Efectivamente, se la vamos a aceptar. Nos parece acertada, y estamos absolutamente de acuerdo. Y le voy a explicar por qué, aunque, la verdad, pues podríamos acortar el debate, pero yo sí quiero... sí quiero explicarle cuál es nuestra posición, para que no quede ninguna duda.

Efectivamente, contamos con un marco general, que es el que establecen distintas leyes. Concretamente, en Castilla y León, y antes hacíamos referencia a ello, ya desde dos mil ocho en que se aprobó el Decreto número 75, en el que se regula la acreditación para el cumplimiento de la norma de integración de las personas con discapacidad y la valoración y la preferencia que se ha de dar a las empresas que observan esos preceptos y contratan con la Administración Pública, pues nosotros empezamos en Castilla y León a dar ya un matiz absolutamente vinculante y además a indicar, no ya solo a los órganos de contratación, sino también a las mesas operativas, a quienes instrumentan al final la contratación, que la cuestión de la integración de las personas con discapacidad era un objetivo primordial, y además por supuesto de obligado cumplimiento.

Después entramos en la cuestión del acuerdo de la Junta en el cual lógicamente, como las directrices que se marcan no son solo para la reserva de contratos con la Administración Pública para los centros especiales de empleo sino también para que las empresas licitadoras y con las que la Administración contrata tengan que respetar el 2 % que fija la ley, e incluso se les prima con una mayor valoración por razón de esas directrices vinculantes del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta, se les prima con una mayor valoración cuando tienen cláusulas específicas por encima de lo que obliga la norma respecto a la inclusión de personas con discapacidad y al número de las mismas, teniendo organizado este escenario -que, además, creo que ha venido a reforzar la ley, que, además, me parece que gracias a la colaboración de todos los Grupos ha salido bastante clara, la Ley autonómica de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad-, pues efectivamente teniendo ese marco general, que yo creo que es no solo necesario, sino que además está produciendo buenos resultados, no podemos hacer omisión de lo que debe ser el requerir esos requisitos, el exigir esas cláusulas sociales a las empresas, y, por supuesto, seguir trabajando y luchando por la plena integración de las personas con discapacidad.

Por ello, mire, sin entrar aquí a poner en cuestión, porque yo no me considero en absoluto cualificada para ello, los datos a los que usted hacía mención del resultado de las distintas inspecciones de la autoridad laboral, sí que evidentemente estamos de acuerdo con usted en que aproximadamente estamos hablando de la quinta parte de empresas -creo, si estoy calculando bien-, si no cumplen adecuadamente precisamente las directrices y no están a tenor con el marco general que entre toda la sociedad de Castilla y León hemos configurado, pues evidentemente debe ejercerse de forma eficaz y permanente ese control.

Creo que estamos en condiciones de garantizar que por supuesto la Administración va a exigir siempre y en todos los casos que en primer lugar las empresas al concurrir a una licitación acrediten. Eso lo dice la Ley, lo dice el acuerdo. El Texto Refundido de la Ley de... de... de Contratos del Sector Público admite no solo la certificación por parte de órganos competentes, sino también la declaración responsable de la empresa ante un órgano de la Administración. Estamos en condiciones de afirmar que esto van a exigirlo siempre las mesas, y, por tanto, las empresas tienen que cumplirlo. Con lo cual, estamos de acuerdo con ustedes, está en nuestro marco jurídico, está en nuestra ideología, en nuestra voluntad, y, por tanto, no hay ninguna razón para oponernos, sino todo lo contrario. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Pues, para cerrar el... el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra don Jorge Félix Alonso Díez.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Bueno, pues gracias, y, bueno, valorar positivamente el apoyo de... del Grupo Popular, como no puede ser de otra manera. Sí decirla que los datos que he dado son informaciones oficiales; quiero decir que no... no procede más que de propias respuestas a preguntas planteadas sobre qué actuaciones había realizado la autoridad laboral en relación con el control de este tema, y... y, en consecuencia, quiero decir que entiendo que son fiables, porque me los ha facilitado la propia Administración Autonómica, vamos.

Yo creo que, con esta aprobación, pues estamos haciendo algo importante, ¿eh?, y... y, desde luego, no dudo que se estén haciendo ya comprobaciones por parte de la Junta, lo cual me parece que... esto viene a reforzar, en cualquier caso, ese tipo de actuaciones, y, como tal, pues no tengo más que decir. El texto que hemos planteado, pues es el que se aprueba.

Votación PNL/000781

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Podemos entender que se aprueba por asentimiento. Pues queda entonces aprobada por asentimiento.

Por parte del señor Vicepresidente se dará lectura al cuarto punto del Orden del Día.

PNL/001031

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR DÚO TORRADO):

Cuarto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 1031, presentada por los Procuradores don David Jurado Pajares y don Jorge Félix Alonso Díez, instando a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que renuncie a incluir en el Proyecto de racionalización del sector público la modificación de la personalidad jurídica del Consejo de la Juventud de España ni la derogación o modificación de la Ley 18/1983, de dieciséis de noviembre, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 358, de diez de enero de dos mil catorce".

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Pues para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra don David Jurado Pajares.

EL SEÑOR JURADO PAJARES:

Buenos días de nuevo. Gracias, señora Presidenta. El pasado veintiuno de junio, en el Consejo de Ministros, el Gobierno de España presentó el Informe para la Reforma de las Administraciones Públicas –el Informe CORA-, tan... del que tantas veces hemos hablado en esta Cámara.

En ese informe se recogía la supresión del Consejo de la Juventud de España, y esta medida fue reafirmada, Señorías, el pasado veintisiete de septiembre en el Consejo de Ministros, donde se anunciaba la supresión de este organismo, la derogación de la Ley 18/1983, que es la que rige el Consejo de la Juventud de España, y la creación de un Consejo de la Juventud como ente corporativo de base privada; es decir, cambiar la naturaleza jurídica del Consejo de la Juventud de España.

Esta decisión la toma el Gobierno de España, o la adopta el Gobierno de España, sin ningún motivo aparente, o en ningún momento el Gobierno de España ha justificado esta decisión más allá de una supuesta duplicidad de funciones entre este órgano y el Instituto de la Juventud. Pero en ningún momento en ese informe, ni en esa decisión del... del Consejo de Ministros, se explica en qué consiste esa duplicidad de funciones.

Y, desde luego, Señorías, alguien que conozca estos dos organismos –tanto el Instituto de la Juventud como el Consejo de la Juventud- encuentra diferencias fácilmente.

La primera, porque ni... ni la razón de las competencias de cada uno de esos... entidades –cada una de las competencias que tiene encomendadas tiene nada que ver- ni por razón de su protagonismo, tanto en el plano interno -en el plano nacional- como en el plano internacional, ni, sobre todo, Señorías –y lo más importante-, por su naturaleza jurídica, dado que el Consejo de la Juventud de España es un ente participativo y representativo de los jóvenes, mientras que el Instituto de la Juventud es un... tiene una dimensión institucional y administrativa, dependiente completamente del Gobierno. Esto, precisamente, es algo que el Informe CORA –el Informe de la Reforma de la Administración- reconoce, pero que ni se profundiza, y que, por lo tanto, se hace una mezcla que nada tiene que ver.

El Consejo de la Juventud de España es una plataforma autónoma del Ejecutivo, organizada... formada por organizaciones juveniles, cuya presidencia y la comisión permanente –que es quien dirige ese... esa entidad- son elegidas por las entidades miembro, de manera democrática, en una reunión... en una reunión de asamblea. Por lo tanto, en ningún momento cabe pensar que es un órgano... no cabe pensar en ningún momento que es un órgano independiente, conformado por asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud y del tercer sector; no cabe pensar que este tipo de organismo tenga la misma funcionalidad que un órgano gubernamental como es el Instituto de la Juventud.

En... en el Consejo de la Juventud, Señorías –de España-, ha venido, como digo... a poco que se le conozca –la gente lo conoce-, desde el año ochenta y tres, con su creación con esta Ley 18/1983, ha venido representando a los jóvenes, defendiendo la mejora de sus condiciones de vida, apoyando y fortaleciendo el movimiento asociativo juvenil en el territorio español y favoreciendo el intercambio entre dichas entidades juveniles y el... y trasladando la voz de los jóvenes españoles en diversos espacios de participación en el ámbito internacional; y, lo que es más importante, Señorías, convirtiéndose en el interlocutor válido entre los jóvenes asociados y el propio Gobierno de España desde el año ochenta y tres, como digo.

En el contexto de la Unión Europea, uno de los principales objetivos establecidos en el marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud 2010-2018 –es decir, todavía en vigor- se refiere a la participación de las personas jóvenes en la democracia representativa y en la sociedad civil a todos los niveles; y, para hacerlo efectivo, se recomienda a los Estados miembros que presten apoyo político y financiero a las organizaciones juveniles así como a los Consejos de la Juventud locales y nacionales, y que promuevan el reconocimiento de su importante papel en la democracia. Esto ha permitido, Señorías, que en la Unión Europea este modelo de participación exista, de la misma forma que venía existiendo –y esperemos que siga existiendo- en nuestro país.

En un contexto como el actual, y en el que el Gobierno debe priorizar en su agenda la lucha contra el desempleo juvenil y el futuro de toda una generación, se hace más necesaria que nunca la existencia de una plataforma independiente –insisto, independiente, nada que ver con el Instituto de la Juventud- que dé voz a los jóvenes y las jóvenes para defender sus intereses, y que, a su vez, sean representados por otras plataformas... en otras plataformas juveniles de ámbito internacional, tan importantes como el Foro Europeo de la Juventud –el homólogo del Consejo de la Juventud en España-. Una plataforma que fomente el asociacionismo juvenil y el voluntariado y que genere propuestas para la mejora de las políticas de la juventud, como se ha realizado recientemente con la propuesta de garantía juvenil, que realizó en dos mil diez y que ha sido apoyada por instituciones como la Comisión Europea o la Organización Internacional del Trabajo.

Por todo ello, Señorías, por estos motivos, el Grupo Socialista presenta la propuesta de resolución que... que tienen ustedes en el Orden del Día y que se mantiene en los mismos términos, básicamente con dos puntos... dos puntos... con dos ideas fundamentales: el primero de ellos, que es el de dirigirse al Gobierno de España para no suprimir el Consejo de la Juventud de España, por todos los motivos que les he dado –porque no tiene nada que ver con el Instituto de la Juventud, es un órgano completamente autónomo y de otra naturaleza jurídica-; y, segundo, que se inicie... dirigirse también al Gobierno... que la Junta de Castilla y León se dirija al Gobierno de España para iniciar un proceso de modificación de la Ley 18/1983, que creó y regula en la actualidad el Consejo de la Juventud de España, y que, por lo tanto, después de tanto tiempo, que, por supuesto, se modifique esa ley, pero que se haga, a su vez, pues... como... como es la naturaleza del Consejo de la Juventud, con participación, ¿no?, con la participación del propio Consejo de la Juventud de España y con una participación política real, es decir, con una ley... con un proyecto de ley en el Parlamento, en el que se dé cabida a todos los Grupos Parlamentarios. Esta es la... la... estas son las propuestas de resolución, como digo, y se mantienen en los mismos términos. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. En un turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Sonia Palomar Moreno.

LA SEÑORA PALOMAR MORENO:

Gracias, Presidenta. Buenos días, Señorías. Bien, para abordar el asunto, a mí, en primer lugar, me gustaría referirme a las competencias que tiene cada una de las dos entidades: las del Consejo de la Juventud, según el Artículo 2 de la Ley 18/83, de creación del organismo autónomo del Consejo de la Juventud de España, y las del Instituto de la Juventud, según su propio catálogo de servicios.

Según el Artículo 2.a, compete al Consejo: colaborar con la Administración mediante la realización de estudios, emisión de informes y otras actividades relacionadas con la problemática e intereses juveniles.

El Instituto de la Juventud: elabora y difunde regularmente datos estadísticos, encuestas de opinión, estudios e investigaciones sobre la juventud, mantiene un fondo documental especializado, que puede ser consultado a través de su web o en su biblioteca; edita periódicamente la Revista de Estudios de Juventud -en formato digital y en papel-, en la que se abordan en profundidad y de manera monográfica, por parte de distintos expertos, los temas más relevantes relacionados con el ámbito de la juventud.

En el Artículo 2.b, compete al Consejo: participar en los consejos u organismos consultivos que la Administración del Estado establezca para el estudio de la problemática juvenil.

El Instituto de la Juventud tiene el Observatorio de la Juventud en España, que presta la finalidad de servir de cauce de participación de los jóvenes que viven en España mediante la expresión de sus opiniones sobre aquellos aspectos que les afectan, estudiar la realidad juvenil, las transformaciones que se van produciendo en la población, contribuir a la orientación y actualización de las políticas de juventud que se desarrollan desde las Administraciones Públicas y desde la sociedad. En definitiva, programar las políticas necesarias en materia de juventud.

Según el Artículo 2.c, compete al Consejo fomentar el asocia... asociacionismo juvenil, estimulando su creación y prestando el apoyo y la asistencia que le fuese requerida.

El Instituto de la Juventud promueve, a través de subvenciones y apoyo técnico, la participación social de los jóvenes, mediante el apoyo directo a las asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal y a las iniciativas que estas emprenden.

El Artículo 2.d y el Artículo 2.f, compete al Consejo fomentar la comunicación, relación e intercambio entre las organizaciones juveniles de los distintos entes territoriales. Y el f, proponer a los poderes públicos la adopción de medidas relacionadas con el fin que les es propio.

El Instituto de la Juventud, en colaboración con las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y otras instituciones y asociaciones, desarrolla diversas actuaciones para acercar a los jóvenes información sobre todo tipo de asuntos que les afecta e interesa, y para contribuir a la formación de los profesionales dedicados a esta tarea. Elabora información de interés para los jóvenes, que les posibilita el acceso en las mejores condiciones al mayor número posible de oportunidades; favorece el desarrollo de su autonomía personal a través de una información completa, fiable, gratuita e independiente, e intercambia y difunde información a través de las redes sociales. La red de servicio de información juvenil existente en España, con más de 3.700 puntos, centros o oficinas de información ubicados a lo largo de toda la geografía española, y también colaborando a través de redes europeas como Eryica.

El Artículo –por último- 2.e, en el que compete al Consejo representar a sus miembros en los organismos internacionales para la juventud de carácter no gubernamental.

Y el Instituto de la Juventud también ejerce funciones de representación y relación con otros países y con organismos internacionales de juventud, con un trabajo constante en el marco de la Unión Europea y en Iberoamérica. En el Centro Eurolatinoamericano de Juventud, en la localidad de Málaga, se realizan todo tipo de actividades relacionadas con la formación, la información y el intercambio de experiencia entre los jóvenes. Anualmente pasan por este complejo, con el fin de asistir a reuniones, jornadas o seminarios, miles de jóvenes de diferentes países, así como técnicos profesionales y responsables en materia de juventud.

Y podría continuar, pues el Instituto de la Juventud realiza todavía más actividades y desarrolla más programas que los que yo le acabo de poner en relación, con las competencias otorgadas por el Artículo 2 al Consejo.

Pues bien, a la vista del análisis del contenido competencial, este Grupo Parlamentario entiende perfectamente que la propuesta contenida en el informe de la CORA es razonable, y lamentamos que el Grupo Socialista no lo entienda así.

Evidentemente, se trata de dos órganos con competencias similares, en una materia: la juventud. Pero, no obstante, la propuesta no supone que el Consejo de la Juventud desaparezca, sino que se integre en el Instituto de la Juventud las competencias que parecen ser desarrolladas por las dos entidades.

El Consejo puede continuar su actividad como una entidad corporativa privada, como tantas otras asociaciones. Pues sepan Sus Señorías que el Consejo de la Juventud de España es el único caso de la Administración en el que un organismo que representa a la sociedad civil forma parte de la Administración General del Estado.

En definitiva, coincidimos con ustedes en que la naturaleza jurídica de ambas instituciones puede ser diferente: una, participativa, y la otra, institucional. Pero en la medida que el Consejo de la Juventud, desligado de la Administración Pública, continúe colaborando con los agentes sociales para conseguir una política juvenil global que dé respuesta a los problemas e inquietudes de los jóvenes, fomentar la participación y el asociacio... asociacionismo juvenil y favorecer la consolidación de iniciativas que den respuesta a la juventud no asociada -es decir, ejerza la representación de la sociedad civil en materia de juventud-, coincidirá conmigo que la reflexión de la proposición pierde sentido.

Esa naturaleza participativa es la que tienen todas aquellas asociaciones y federaciones que colaboran con organismos públicos, que, teniendo o no el carácter de autónomos, para la elaboración de sus programas y la puesta en marcha de sus medidas y/o políticas, proponen, dialogan, opinan, participan de forma intensa, de manera constante, a los... con los órganos de las Administraciones gubernamentales que toman las decisiones.

Nos habla de un contexto como el actual, en el que el Gobierno debe priorizar en su agenda la lucha contra el desempleo juvenil y el futuro de toda una generación. Pues mire, ahí coincidimos con ustedes. Desde luego, la prioridad del Gobierno debe centrarse en el colectivo de nuestros jóvenes, que son nuestro futuro, y gracias, precisamente, a que este Gobierno se ha centrado en ello, hoy podemos congratularnos que con los datos de la EPA del cuarto trimestre del dos mil trece conocemos que el paro juvenil baja por primera vez -el número de jóvenes en paro menores de veinticinco años bajó en 40.900 personas-, que la lucha contra el paro juvenil es prioridad para la Unión Europea, gracias a que España, gracias a que Mariano Rajoy presentó en la Cumbre Europea contra el Paro Juvenil las propuestas de España; propuestas que se han incluido en la agenda europea.

Estas propuestas a nivel europeo se suman a las medidas que el Gobierno ha iniciado con la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven: cien medidas contra el paro juvenil, quince medidas de choque y ochenta y cinco orientadas al largo plazo para mejorar el acceso y la permanencia en el mercado laboral, en la que las principales medidas de la estrategia son bonificaciones a las empresas que contraten a jóvenes, medidas de apoyo a autónomos y formación dirigida al empleo.

La aportación a este proyecto viene del pionero fondo que reclamaba España por el empleo juvenil, y que fue aprobado por el Consejo Europeo. España recibirá 1.900 millones de euros de la Unión Europea varios años antes de lo previsto. Que la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Juvenil ya ha dado la oportunidad laboral a 118.000 jóvenes. Que el Gobierno ya ha puesto en marcha el Plan de Garantía Juvenil de la Unión Europea, que tiene como objetivo que los menores de veinticinco años tengan oportunidades de empleo.

Ahora el Gobierno amplía los incentivos de empleo a menores de veinticinco años, incentivos a la contratación a tiempo parcial y su transformación a indefinidos con el Programa Primer Empleo Joven.

Yo le pregunto a usted qué es lo que pretenden presentándonos a aprobar esta proposición de ley, ¿que instemos al Gobierno a que no haga nada?, ¿que dejemos las instituciones como están aunque dupliquen competencias?, ¿aunque tengamos que financiar el funcionamiento de ambas con fondos públicos?, ¿que sigamos con la misma política que nos han traído hasta aquí? Por lo menos, déjennos a los demás tomar decisiones, déjennos hacer cosas diferentes para intentar conseguir resultados diferentes.

Su desidia en la toma de decisiones ha frenado la emancipación de nuestros jóvenes, pues sin trabajo difícilmente pueden vivir de manera independiente. Su falta de valentía a la hora de tomar decisiones poco populares nos dejó en la más absoluta de las ruinas. Francamente, reflexionen más a fondo las propuestas que presentan y defienden y hagan un ejercicio de responsabilidad con las necesidades de su país. En esta ocasión... en esta ocasión, con las necesidades de los jóvenes, que, insisto, son nuestro futuro y no merecen que se les despiste ni un solo euro de las políticas dirigidas a resolver sus problemas, que no son pocos. Nada más, Señoría, y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Pues, para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra don David Jurado Pajares. [Murmullos]. Silencio, por favor, Señorías.

EL SEÑOR JURADO PAJARES:

Gracias, señora Presidenta. Veo, señora Palomar, que el fin de semana a usted le ha cundido, porque se ha aprendido el argumentario que han repetido como... como caca... [murmullos] ... sí, que han cacareado durante todo este fin de semana. Veo que a usted le ha cundido el fin de semana.

Pero ha tenido usted un problema, señora Palomar, que yo creo que no ha... no ha contado con ello, y es que, claro, usted escribía el discurso anoche o... o, no sé, o en el peor de los casos, igual, si hace así usted con el papel, vemos que aquí hay un logotipo de la Junta de Castilla y León con las habituales chuletas con las que les pasan, y, claro, no han calibrado que esta mañana han salido unos datos -yo supongo que habrá escuchado la radio-. Y, claro, que usted venga hoy, cuando anoche se escribió el discurso –o se lo han escrito, como digo-, a hablar de empleo juvenil, pues creo que usted ha calibrado mal. Hubiese sido mejor que se hubiese escrito el discurso esta mañana, escuchando la radio y escuchando los datos de paro registrado.

Porque, señora Palomar, si a... ustedes no han entendido todavía que los datos de EPA, cuando, efectivamente, el último trimestre el desempleo juvenil bajó... efectivamente, bajó, pero ¿por qué bajó? -es que no lo entienden, señora Palomar-, porque los jóvenes se van, porque los jóvenes se van de Castilla y León, como desde hace años, y, desafortunadamente, ahora se van de España también. Por eso baja el paro juvenil, pero sigue aumentando el resto del paro, señora Palomar.

Por lo tanto, no haga... no saque usted pecho de los datos de desempleo juvenil; que no es porque ustedes lo hagan bien, ni... ni que otros lo hagan bien –que me da igual quién lo haga bien o que haga mal-, si la cuestión es que baja porque se van de nuestro país, señora Palomar, que es lo que ustedes no acaban de entender. Pero con el argumentario de este fin de semana a ustedes les es suficiente.

No entiendo, señora Palomar, que ustedes vienen como siempre aquí, me habla de artículos, de tecnicismos, de lo que se dedica un... una entidad y la otra... Por cierto, una entidad y una institución... insisto, una entidad, que es el Consejo de la Juventud, y una institución... Porque ustedes lo mezclan, y no es lo mismo. El Consejo de la Juventud no es ninguna institución, no es ninguna institución; es una entidad conformada por asociaciones juveniles, que nada tiene que ver con una institución como es el Instituto de la Juventud.

Pero, como digo, vienen ustedes a hablar de artículos, de tecnicismos, cuando aquí de lo que se trata es de hablar de política. Porque, insisto, no es lo mismo el Instituto de la Juventud –el Gobierno- que los jóvenes organizados, que es el Consejo de la Juventud, entre otras cosas, porque el Instituto de la Juventud, y si el Consejo de la Juventud, finalmente, se integrase en él, pues haría lo que usted ha dicho, o no lo haría -porque eso es la letra, efectivamente, de lo que debería hacer-, pero lo haría cuando quisiera el Gobierno, o no lo haría cuando no quisiera el Gobierno. Ese es el problema, y eso es lo que ustedes no ven, que la autonomía que tiene el Consejo de la Juventud actualmente para... porque se autoorganiza y toma sus propias decisiones, pues, evidentemente, entrando en una institución como es el Instituto de la Juventud, que depende del Gobierno, ese Consejo de la Juventud actuaría o no actuaría en función de los deseos del Gobierno. Pero eso ustedes no lo ven o quieren confundir con este... con este asunto.

En todo caso, como digo, veo que usted ha cogido bien el discurso este fin de semana, porque le ha faltado mandarme callar, que iba ya por esa línea, le ha faltado ese punto final. Pero no entiendo por qué les molesta que los objetivos que todos compartimos, el de mejorar el desempleo juvenil y estos objetivos que hemos comentado, y que compartimos, de que la situación de los jóvenes mejorara, no entiendo por qué les molesta que, en vez de... que sea el Gobierno el que los consiga, sean los propios jóvenes; o ya no conseguirlos, pero que en la consecución de esos objetivos, que, en vez de ser el Gobierno el que trabaje en esa consecución de los objetivos, sean los propios jóvenes, de forma organizada, a través, como es, en este caso, del Consejo de la Juventud. No entiendo por qué les molesta. Puedo imaginarlo, puedo imaginarlo, y, viendo las actitudes de este fin de semana, como digo, de mandarnos callar, puedo imaginar que es porque desde el Gobierno a ustedes les gusta controlar todo y les molesta que la gente se autoorganice, en este caso los jóvenes se organicen para intentar mejorar. A ustedes les gusta el mando, les gusta el gobierno y les gusta, pues eso, que la gente cumpla y que... y esa mano dura. Es la conclusión que yo saco, desde luego. Si no es así, pues ya la aclararán ustedes.

Pero, en todo caso, Señoría, lamento profundamente, de verdad, el no del Partido Popular a... a esta proposición no de ley. Lo lamento profundamente. Yo no sé si usted ha estado en alguna asamblea o en alguna actividad organizada por el Consejo de la Juventud de España, yo sí que lo he estado, y hubiese... seguro, estoy convencido de que, si usted hubiese participado, pues no diría lo que usted ha dicho hoy aquí. Pero, en todo caso, más allá de eso, lamento el no del Partido Popular, porque pensé que ustedes seguirían el ejemplo que vimos en Castilla y León; porque, claro, aquí, como ustedes sufren de amnesia selectiva y se acuerdan solo de lo que quieren, se lo voy a recordar yo.

El año pasado, en esta Comunidad, el Gobierno Autonómico iba... proponía suprimir el Consejo de la Juventud de Castilla y León, el homólogo del Consejo de la Juventud de España en nuestra Comunidad Autónoma. ¿Lo recuerda usted? ¿Y recuerda que finalmente no se produjo esa supresión del Consejo de la Juventud? ¿Y recuerda por qué no se produjo? Porque en dos mil doce, el año previo, hubo un acuerdo político en esta Comunidad entre el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos partidos mayoritarios, que lo impidieron. Por lo tanto, como digo, pensé que seguirían el ejemplo que dimos en Castilla y León. Porque, además, la propuesta que hacía el Gobierno Autonómico era con la misma base jurídica, cambiando la forma jurídica del Consejo de la Juventud. Es decir, era la misma operación que pretende hacer en la actualidad el Gobierno de España, y que en esta Comunidad, gracias a un acuerdo político, político -por eso hablaba yo... usted viene a hablar de tecnicismos, yo le hablo de política-, por un acuerdo político, en esta Comunidad Autónoma salvamos al Consejo de la Juventud de España.

Y yo les pido ese mismo acuerdo político para salvar el Consejo de la Juventud... perdón, de Castilla y León, para salvar el Consejo de la Juventud de España. Es lo que yo les solicitaba, pero veo que lo que hacen aquí no tiene nada que ver con lo que hacen allí, o lo que hacen allí no tiene nada que ver con lo que ustedes hacen aquí.

Y además han tenido una oportunidad este fin de semana para convencer al señor Rajoy, porque cada vez que viene algún Ministro del Gobierno o el propio Presidente del Gobierno a esta Comunidad, y siempre dice que el señor Herrera es un ejemplo de Comunidad y que esto es maravilloso, pues miren, podía haberle dicho que, ya que esto es maravilloso y es un ejemplo, que cundiera el ejemplo de Castilla y León, donde el año pasado se alcanzó un acuerdo político, y por lo tanto se alcanzara igualmente en España para salvar el... el Consejo de la Juventud.

Además, ¿sabe por qué, señora Palomar? Porque hay una... fíjese, podían haber hecho el ejemplo completo. En esta Comunidad no solo no se suprimió el Consejo de la Juventud en dos mil trece, de Castilla y León, sino que, además de no suprimirlo y que hoy en día sigue en marcha, lo que sí que se ha suprimido este año es, precisamente, el Instituto de la Juventud de Castilla y León. Fíjese que paradoja, fíjese que paradoja. Es decir, en esta Comunidad, por un acuerdo político, salvamos a los jóvenes organizados, al Consejo de la Juventud, y suprimimos Administración, suprimimos el Instituto de la Juventud, que es precisamente lo contrario de lo que van a hacer en... en el Gobierno de España. Por lo tanto, como digo, podían haber dado ese... ese ejemplo.

Y la lectura que podemos hacer de ese acuerdo que... que alcanzamos el año pasado, es que, desde luego, sobra Administración en esta Comunidad y por eso suprimimos el... o suprimen ustedes, que lo hizo el Gobierno, el Instituto de la Juventud y no el Consejo, y lo que falta es participación juvenil y participación juvenil en política y en democracia.

Y, desde luego, no tiene sentido que ustedes supriman el Consejo de la Juventud cuando se ha ajustado mucho más presupuestariamente que la propia Administración. Se ha ajustado mucho más el Consejo de la Juventud que el propio Instituto de la Juventud.

Y, desde luego, señora Palomar, lo que no se puede hacer es pedir participación a los jóvenes, pero suprimir los foros donde lo hacen y donde ejercen esa participación. Eso es lo que no tiene sentido. Como digo, lo que a ustedes les gusta o les molesta es las voces críticas que en alguna ocasión ha tenido los Consejos de la Juventud, y, desde luego, lo que les gusta es que el Gobierno tenga controlado todas esas posibles voces críticas, como así demuestran constantemente con sus actitudes, mandando callar a la Oposición o intentando establecer una ley de seguridad ciudadana que es una ley de represión. Si es que lo demuestran con sus propias actitudes.

Y, sobre todo, señora Palomar, lamento su negativa a esta proposición no de ley, porque es... esta decisión de suprimir el Consejo de la Juventud, como digo, además de no seguir el ejemplo que nos hemos dado en Castilla y León –yo no sé dónde estaría usted cuando el Presidente Herrera rectificó gracias a ese acuerdo; debe ser que con esta división que ustedes disfrutan ahora, usted debe ser de otra parte y no estaba ese día cuando el Gobierno... el señor Herrera tomó la decisión final de no suprimir el Consejo de la Juventud-.

Pero, como digo, es una decisión injusta con los jóvenes, porque los jóvenes es un colectivo que realmente lo está pasando mal, señora Palomar. Usted daba algunos de los datos, aunque presuman de... de esa mejora de... del desempleo juvenil, que es falsa, porque, como digo, es porque los jóvenes se van, no porque mejore la situación de empleo. Pero es injusta por los jóvenes, porque es un colectivo que lo está pasando realmente mal, que sufre una gran frustración por la falta de empleo, efectivamente, que tenemos una tasa de empleo en España cercana al 60 %, más del 50 %, más de la mitad de los jóvenes de esta Comunidad que no pueden trabajar, señora Palomar.

Yo le pregunto: ¿qué le han hecho los jóvenes a ustedes?, ¿qué le han hecho los jóvenes al Partido Popular para que les trate tan mal? Nadie lo entiende, de verdad; nadie lo entiende, nadie lo entiende. [Murmullos].

Pero, en todo caso, en todo caso, antes de que ustedes me manden callar, siguiendo el ejemplo de su líder, les diré que, efectivamente, se han pasado todo un fin de semana cacareando desde esta ciudad la falsa recuperación que ustedes venden. Pero no es lo peor eso, no es lo peor; lo peor es que, después de conocer los datos de EPA del cuarto trimestre, a los que usted ha hecho referencia, donde el desempleo seguía creciendo, después de conocer hoy, en ese fallo... usted de... de calibración que ha tenido, de no preparar el discurso esta mañana en vez de anoche, después de conocer estos datos, después de conocer esos datos de paro registrado donde el desempleo sigue aumentando, ¿sabe qué es lo peor?, que si este fin de semana, si en vez de ser la convención del Partido Popular este... el fin de semana pasado, sea este fin de semana, conociendo estos datos, ustedes seguirían pregonando esa falsa recuperación de la que ustedes han estado todo este fin de semana. Eso es lo triste, señora Palomar, y desde luego que no apoyen esta proposición no de ley. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Pues concluido el debate, sometemos a votación la proposición... [Murmullos]. Por favor, un poquito de silencio. Sometemos a votación la proposición no de ley debatida.

Votación PNL/001031

¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Diez. Pues queda, por tanto, rechazada.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las once horas cuarenta y cinco minutos].