DS(C) nº 384/8 del 6/2/2014

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Buenos días. Se abre la sesión. ¿Los Grupos Parlamentarios desean comunicar a esta Presidencia alguna sustitución? ¿Por parte del Grupo Parlamentario Socialista?

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Gracias. Buenos días. Y no es tanto comunicar una sustitución –me explico-, sino, simplemente, a efectos de que conste en el acta, que iba... doña Ana Agudíez iba a... iba a sustituir a doña Ana María da Silva García, pero ha tenido que irse ahora mismo por un accidente que ha sucedido en... en su Ayuntamiento, en Cabezuela, con lo cual, no se produce la... la sustitución, pero queremos que conste en acta que... que se iba a producir la misma. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. ¿Por parte del Grupo Parlamentario Popular?

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, Presidente. Buenos días. Don Juan Jesús Blanco Muniz... Muñiz sustituye a doña María Isabel Blanco Llamas, don Jesús Ángel Peregrina Molina sustituye a doña María Ángeles Porres Ortún, don Emilio Redondo Callado sustituye a don Óscar Reguera Acevedo y don Julio Santiago Delgado sustituye a don Raúl de la Hoz Quintano. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Doy la bienvenida a esta Comisión a don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que comparece ante esta Comisión para presentar diversos informes de fiscalización remitidos a las Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas. La tramitación de los mismos se desarrollará de conformidad con lo previsto en la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve.

Por solicitud de los... de los diferentes Grupos Parlamentarios, entiendo que hay acuerdo en alterar el Orden del Día previsto para el día de hoy. ¿Por parte de los diferentes Grupos, dan la conformidad? Pues alteramos el Orden del Día.

Primer punto del Orden del Día, que es el segundo según viene detallado en el Orden del Día. Por la señora Secretaria se dará lectura del primero... punto del Orden del Día.

Informe

LA SECRETARIA (SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ):

Primer punto a tratar del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe correspondiente al análisis del control interno de la gestión económico-financiera y contable de las entidades locales de Castilla y León, con especial incidencia en el personal que tiene atribuido dicho control, correspondiente al ejercicio dos mil once: organización del control interno de la gestión económico-financiera y contable".

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señora Secretaria. Para la presentación de este informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias. Buenos días. El presente informe de fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones del ejercicio dos mil doce y resultó aprobado por el Pleno del Consejo de Cuentas el veintisiete de noviembre de dos mil trece. La publicación en la página web, tanto del texto íntegro del informe como de la nota resumen del mismo, tuvo lugar el dieciséis de diciembre del pasado año, una vez remitido a las Cortes de Castilla y León.

Tiene por finalidad esta fiscalización analizar los sistemas de control interno y de contabilidad que se aplican en la gestión económico-financiera de las entidades locales de Castilla y León y la situación del personal que tiene atribuidas dichas funciones. Esta auditoría de cumplimiento tiene los siguientes objetivos: obtener información referente a los sistemas de control interno y de contabilidad que se aplican sobre la gestión económica-financiera; definir y analizar el mapa regional de los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal que tienen atribuidas las funciones de control; comprobar las características, situación e informe de provisión de dichos puestos de trabajo y verificar que son conformes con la normativa aplicable; analizar la incidencia que la situación y provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal tienen sobre el cumplimiento de las obligaciones y plazos vinculados al ciclo presupuestario.

Ha parecido conveniente, de acuerdo con los objetivos señalados, estructurar el trabajo en dos áreas: organización del control interno de la gestión económica-financiera y contable -aspecto al que se refiere el presente informe-; y aplicación y desarrollo del control interno de la gestión económica-financiera y contable, cuya aprobación tendrá lugar en próximas fechas.

Para la elaboración de este informe se ha tenido presente como periodo de referencia el ejercicio 2011, sin perjuicio de que se hayan hecho comprobaciones de posteriores ejercicios, 2012 y 2013.

Por lo que se refiere al ámbito subjetivo, se ha centrado en los siguientes grupos de entidades: Diputaciones Provinciales (las nueve), el Consejo Comarcal del Bierzo y 90 Ayuntamientos. Respecto a los Ayuntamientos, he de señalar que se incluyeron todos aquellos con población superior a 20.000 habitantes (15), entre 5.000 y 20.000 habitantes se seleccionaron 16 de los 44 existentes, y se eligieron 49 menores de 5.000 habitantes de los 2.189 existentes.

Concluyeron los trabajos de fiscalización en junio de dos mil trece. Es preciso dejar constancia de que pocas semanas después se aprobó el Decreto 33/2013, de dieciocho de julio, por el que se establecían los términos para el desempeño de las funciones públicas necesarias y reservada a los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter estatal en las entidades locales menores de Castilla y León.

En todo caso, conviene igualmente señalar que durante la fase de alegaciones se ha aprobado la Ley 7/2013, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en cuya Disposición Derogatoria Única se deroga la Disposición Adicional Sexta de la Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León, y sus normas de desarrollo, entre las que se encuentra el referido Decreto 33/2013, de dieciocho de julio.

En cuanto a las limitaciones al alcance, es de señalar que provienen de distintos ámbitos. Así, en cuanto a la información aportada por la Comunidad Autónoma, se remitió por la Consejería de Presidencia el listado general de plazas, de fecha tres de julio de dos mil doce, en función de su propia base de datos, que era a todas luces insuficiente para la fiscalización, por lo cual se informó a la Consejería, que nos envió un nuevo listado, con fecha veintidós de febrero de dos mil trece, denominado "Histórico de Plazas", que es el que se ha utilizado principalmente para este trabajo de fiscalización. No obstante, adolece de algunas deficiencias, como ponemos de manifiesto en el informe.

Por lo que se refiere a la información aportada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no detallaba suficientemente la relación de puestos de los Servicios de Asistencia a las Diputaciones y del Consejo Comarcal (SAT). También presentaban deficiencias la información facilitada por las entidades locales objeto de análisis, como los nombramientos accidentales. Y por lo que se refiere a la información de carácter presupuestario, las deficiencias vienen motivadas por la falta de rendición de cuentas.

Respecto al trámite de alegaciones, he de señalar que se remitió tanto a la Consejería de la Presidencia como a todas las Diputaciones Provinciales, alegando aquella y la Diputación Provincial de Palencia, que, de acuerdo con lo reglamentado, se incorporan a este informe.

La legislación establece que son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales cuya responsabilidad está reservada a funcionarios con habilitación de carácter estatal las siguientes: la de secretaría, tanto de la fe pública como de asesoramiento legal preceptivo, así como los establecidos en la legislación especial, contratación administrativa y bienes; el control y la fiscalización interna de la gestión económica-financiera, presupuestaria, contabilidad, tesorería y recaudación.

Quizá requiera una mayor aclaración las funciones de la Intervención: por un lado está la función de control interno, que se desarrolla en tres tipos de control (interventor, control financiero y control de eficacia), y, por otro, estaría la función contable.

Y si hablamos de la función de tesorería, tengamos presente que las entidades tienen que recaudar derechos y pagar obligaciones aplicando el principio de unidad de caja. Ahora bien, las funciones de tesorería no siempre están reservadas en las entidades locales a funcionarios con habilitación estatal, dado que puede ser atribuida a personal funcionario de la propia Corporación o a miembros electos de la misma. En definitiva, ha de existir en las Corporaciones Locales con Secretaría de clase primera, y en aquellas de clase segunda que se hubieran agrupado con otras a efectos del sostenimiento en común del puesto único de Intervención. La Tesorería se desempeñará por funcionarios de habilitación estatal perteneciente a la subescala Intervención-Tesorería. En el resto de las Corporaciones Locales con Secretaría de clase segunda será la relación de puestos de trabajo la que determine si será desempeñado por funcionarios con habilitación estatal o por un funcionario debidamente cualificado.

Debemos de tener presente que Castilla y León, a treinta de abril de dos mil trece, cuenta con 4.746 entidades locales, 36,4 % del total nacional, de las cuales 2.257 son entidades locales territoriales y 2.489, del Artículo 3.2 Ley de Bases de Régimen Local, comarcas, mancomunidades, otras agrupaciones y entidades inferiores al municipio.

En síntesis, la estructura de la habilitación estatal es, de acuerdo con la normativa aplicable, la siguiente: Secretaría categoría superior, Secretarios de primera, obligatorio para Diputaciones, Ayuntamientos capital de provincia y mayores de 20.000 habitantes; Secretaría categoría de entrada, Secretarios de segunda, obligatorio para municipios entre 5.001 habitantes y 20.000, o menores de 5.001 habitantes con presupuesto superior a 3.005.060 euros; Secretaría-Intervención, Secretarios de tercera, obligatorio para municipios inferiores a 5.000 habitantes y con un presupuesto inferior a 3.005.060 euros; Intervención-Tesorería, Interventores de primera, categoría superior, obligatorio para puestos de Intervención, Secretaría clase primera; Intervención-Tesorería, Interventores de segunda, categoría entrada, obligatorio para Secretaría clase segunda y agrupación e intervención de clases segunda y tercera; Intervención-Tesorería, categoría superior, obligatorio para Secretaria clase primera y agrupación de intervención de clase segunda.

Conclusiones. Con fecha veintidós de febrero del dos mil trece, el número de funcionarios con habilitación de carácter estatal que prestaba servicios en Castilla y León en puestos reservados con distintos tipos de nombramiento (concurso, libre designación, nombramiento provisional y comisión de servicio) era de 974, es decir, el 13,9 % del total nacional, que asciende a 6.989. Si desglosamos la cifra, resulta que hay 875 funcionarios (89,8 %) con funciones de control interno y contabilidad, de los cuales, 60 pertenecen a la subescala de Intervención-Tesorería, y 815 a la subescala Secretaría-Intervención.

Se llega a la conclusión que hay un déficit de 1.274 funcionarios con habilitación de carácter estatal a nivel nacional. Y si nos referimos a Castilla y León, los puestos reservados de carácter obligatorio representan un déficit de 329 funcionarios. Si seguimos desglosando este dato comprobaremos que el déficit afecta de modo principal a la subescala Secretaría-Intervención, Secretaría de clase tercera (con 281); si bien, en términos porcentuales, el mayor, con el 33,8 %, es el puesto de Intervención, y, entre ellos, los puestos de Intervención en Ayuntamientos de clase segunda, categoría de entrada, con el 44,7 %.

En los últimos cinco años, diez Comunidades Autónomas han efectuado convocatorias de pruebas selectivas para el acceso a estos puestos de trabajo de habilitación de carácter estatal, con un total de 736 plazas, de las cuales, 34 y 181 plazas corresponden a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior y de entrada, mientras que 340 eran de la subescala Secretaría-Intervención.

Nuestra Comunidad Autónoma convocó un total de 78 plazas, todas ellas de la subescala Secretaría-Intervención, accediendo un total de 66 funcionarios. Ha sido la Comunidad Autónoma, después de Cataluña, que más plazas ha convocado para el acceso a la subescala Secretaría-Intervención. Es de reseñar que de los 66 funcionarios que aprobaron el proceso selectivo tan solo el 56 % ocupaban, en dos mil trece, plaza reservada a los funcionarios de habilitación estatal en alguna entidad local de Castilla y León.

Se constata un déficit del 26,5 % en los puestos reservados a funcionarios de habilitación estatal de carácter obligatorio. En Castilla y León hay 1.309 puestos activos y reservados a funcionarios con habilitación estatal. Por lo que respecta a los servicios de asistencia de las Diputaciones y Consejo Comarcal del Bierzo, el número es de 20, lo que supone un puesto en dichas... servicios de asesoramiento de los municipios por cada 300... 235 entidades locales, es decir, indicador que a nivel nacional es de 70; y, si excluyésemos a Castilla y León, sería de 46.

Si nos referimos a las entidades locales menores, como ya hemos expresado antes, la Ley 7/2013 derogó el Decreto 33/2013, por lo que vuelve a ser de aplicación la normativa contenida en el Artículo 8 del Real Decreto-ley 1732/94.

En cuanto a la provisión de los puestos de trabajo, hay que señalar que de los 1.534 puestos activos y clasificados en los registros de la Junta de Castilla y León se encuentran cubiertos de forma definitiva 863, bien por concurso o por libre designación (el 65,9 %). En consecuencia, el 34,1 % está vacante, acorde con los porcentajes de carácter nacional.

Si analizamos los procedimientos convocados entre dos mil siete y dos mil once para proveer los puestos reservados a funcionarios con habilitación estatal, con carácter definitivo, concurso y libre designación, se constata que las vacantes más numerosas se encuentran en el puesto de Secretaría de clase tercera, el 84 % de los puestos convocados.

El sistema de provisión más frecuente es el concurso unitario, con el 89 %, seguido del concurso ordinario, con el 9 %, y de los puestos convocados mediante libre designación, con el 1,9 %.

Si atendemos a la provisión temporal de los puestos reservados, los ocupados a través de dicho procedimiento llegan a 375, lo que supone el 28,6 % del total existente. Llama la atención que los nombramientos interinos suponen, respecto al resto de las provisiones temporales, el 56 %, seguido de las acumulaciones, que representan el 22,4 %.

Dentro de la provisión temporal, hay que poner de manifiesto que la duración media de los nombramientos accidentales es de cuatro años y ocho meses, incluso hay un caso de 22 años. Y si nos fijamos en los interinos, comprobamos que en puestos sin titular la duración media es de cuatro años y un mes, y si es puesto con titulares, de tres años y cuatro meses. Además, se constata que el registro de la Junta adolece de numerosos errores y omisiones.

Es necesario resaltar la importancia que tienen los funcionarios de habilitación estatal en la plantilla de las unidades de control y contabilidad de los municipios menores de 5.000 habitantes, donde representan el 67,7 % del total; mientras que en los mayores de 20.000 habitantes suponen el 12,5 % y el 12,8 % en las Diputaciones Provinciales. La mejor dotación de recursos humanos en las áreas de control interno y contabilidad se da en las Diputaciones Provinciales y en los municipios de más de 20.000 habitantes.

Y si hablamos del cumplimiento del ciclo presupuestario, podemos afirmar que la aprobación del presupuesto de las entidades locales de Castilla y León, dentro o fuera del plazo legal, no aparece condicionada por la forma de provisión, definitiva o temporal, de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de habilitación estatal. Sin embargo, sí incide dicha circunstancia en la liquidación del Presupuesto o en la Cuenta General, cuyos mejores datos se dan en aquellas entidades locales que tienen cubiertos sus puestos con nombramientos definitivos.

Recomendaciones. Como consecuencia de análisis efectuado, se proponen un total de 13 recomendaciones, que a continuación detallamos.

Primera. Las Cortes de Castilla y León deberían adoptar las iniciativas necesarias para que las Cortes Generales, en los términos previstos en la Disposición Final Cuarta, Disposición Adicional Segunda y Transitoria Séptima de la Ley 7/2007, de doce de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, acometan el desarrollo de dicho Estatuto y dicten las leyes de la Función Pública y las normas reglamentarias estatales. De este modo se conseguiría una mayor seguridad jurídica al régimen sobre el ejercicio de las funciones públicas necesarias en las entidades locales y a las formas de provisión y desempeño de los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, de preceptiva existencia en los entes locales. En armonía con lo anterior, bien las Cortes o la Junta de Castilla y León deberían de valorar las normas autonómicas correspondientes.

Segunda. Sería conveniente revisar el actual régimen jurídico relacionado con la oferta de empleo que afecta a los funcionarios con habilitación estatal, bien asumiendo el Estado la convocatoria para cubrir las plazas vacantes o, en su defecto, establecer fórmulas de coordinación y colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, con vistas a planificar adecuadamente las necesidades de recursos humanos para garantizar la cobertura de los puestos reservados existentes y dotar de estabilidad al desempeño de las funciones públicas en las entidades locales.

Tercera. La Junta de Castilla y León debe de mejorar el control sobre el ejercicio de las funciones públicas necesarias de las entidades locales conforme a las competencias que tiene atribuidas. En esta línea, ha de depurar los registros autonómicos para subsanar deficiencias y completar información.

Cuarta. Debería clarificarse la situación en la que se encuentran las entidades locales eximidas de la obligación de mantener puestos propios reservados a habilitados de carácter estatal, identificando todas y cada una de ellas. Ello requiere la intervención de las tres Administraciones afectadas: por un lado, las entidades locales eximidas deben de comunicar a la Junta de Castilla y León todas las incidencias relacionadas con el puesto, tanto el del titular del puesto reservado, forma de provisión, fecha de toma de posesión y cese de dicho funcionario; la Comunidad Autónoma debe revisar dicha información e inscribirla en el Registro -en el supuesto de que se detectase deficiencia, debe de instruir el correspondiente procedimiento-; y las Diputaciones Provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo, conforme a las competencias que tienen atribuidas, deben llevar un registro y control del ejercicio de las funciones públicas necesarias en las entidades locales eximidas del mantenimiento de los puestos reservados, con vistas a verificar que el desempeño de dichas funciones está totalmente garantizado. Ello requerirá la coordinación con la Comunidad Autónoma y las entidades locales.

Quinta. Sería conveniente que las Diputaciones Provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo, para mejorar el control y la información, llevasen un registro sobre la forma en que se lleva a cabo el ejercicio de las funciones públicas necesarias en todas las entidades locales.

Sexta. Los nombramientos, revocaciones y modificaciones realizados por las entidades locales que afecten al personal de habilitación estatal deben de notificarse a la Junta de Castilla y León.

Séptima. Tanto los Ayuntamientos como las entidades locales menores, así como la Comunidad Autónoma y Diputaciones, de acuerdo con la competencia que tienen atribuidas, deben de adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la normativa vigente relativa al ejercicio de las funciones públicas necesarias y reservadas a funcionarios con habilitación de carácter estatal en las entidades locales menores de Castilla y León.

Octava. Las Diputaciones Provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo deben aumentar las dotaciones de puestos reservados a funcionarios con habilitación estatal en los servicios de asistencia, en función del número de las entidades locales a las que han de asistir. En concordancia con lo anterior, se deberían de concretar normativamente unos índices mínimos obligatorios de puestos reservados a funcionarios con habilitación estatal en los servicios de asistencia y en proporción al número de entidades a las que han de prestar asesoramiento.

Novena. El incremento de actuaciones que han de formalizar los interventores hace aconsejable la constitución de agrupaciones de puestos de Intervención de clase segunda para municipios con puestos de Secretaría tercera, ante el volumen y la complejidad técnica de los datos que han de formalizar en cumplimiento de las nuevas disposiciones en materia de estabilidad presupuestaria.

Décima. Con apoyo en las nuevas tecnologías, deberían de habilitarse procedimientos rápidos y eficaces para que los funcionarios con habilitación estatal pudiesen optar a nombramientos provisionales, dando preferencia a este tipo de nombramiento frente a otros de carácter subsidiario. Y con vistas a evitar una excesiva rotación, se podría limitar el número de nombramientos provisionales por funcionario.

Undécima. La nueva normativa sobre Función Pública debería restringir y limitar los nombramientos de carácter temporal para el desempeño de los puestos reservados a personal carente de la habilitación estatal.

Duodécima. La normativa reguladora revisada debería delimitar temporalmente las autorizaciones de comisiones de servicio para desempeñar puestos de trabajo reservados a funcionarios de habilitación estatal.

Decimotercera. Hay que mejorar la regulación de los nombramientos accidentales; ha de tener un carácter excepcional, cubriendo ausencias esporádicas. Podría atribuirse el nombramiento en la misma entidad local en vez de la Comunidad Autónoma, como es en la actualidad, si la duración prevista es reducida. En cualquier caso, ha de limitarse su duración. Nada más, y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones de los Grupos Parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, el Procurador señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Y muchas gracias, señor Presidente del Consejo de Cuentas por su resumen, por el trabajo expuesto. Y el agradecimiento, como siempre, al equipo no solamente que le acompaña hoy, sino que permanentemente trabaja intentando clarificar la situación de la gestión administrativa y contable de nuestras instituciones en la Comunidad.

Las conclusiones del Consejo de Cuentas en este informe son demoledoras para Castilla y León, y explica, en la mayor parte de los casos, el negativo resultado de otros informes remitidos por el Consejo de Cuentas, y que hemos visto aquí. Incluso, viene a reforzar algunos de los posicionamientos que yo mismo he trasladado, en nombre de Izquierda Unida de Castilla y León y del Grupo Mixto, a esta Comisión.

Con independencia de los nefastos resultados de la aplicación del Artículo 135 de la Constitución sobre los recortes que se vienen produciendo en la Función Pública de nuestra Comunidad, la verdad es que Castilla y León siempre ha tenido un déficit de puestos de trabajo de habilitación estatal en todas sus categorías –primera, segunda y tercera- en las entidades locales. El Consejo de Cuentas destaca –y quiero recalcarlo- que, a fecha de febrero de dos mil trece, prestaban servicio 974 funcionarios de habilitación de carácter estatal; y en los puestos de control interno y contabilidad, 875 funcionarios. El cálculo que hace el Consejo sobre las necesidades reales quiero destacarlo también, esa cifra absolutamente negativa de 329 funcionarios de habilitación estatal, y que se refieren solamente a puestos reservados de carácter obligatorio; es decir, que estamos hablando de incumplimientos de la propia normativización estatal.

El mayor déficit entre ellos se concentra en la subescala Secretaría-Intervención, donde serían necesarios otros 281 funcionarios. Ciertamente, Castilla y León ha convocado procesos selectivos entre el año dos mil ocho y dos mil once, pero absolutamente insuficientes para cubrir las necesidades que tienen nuestras entidades locales a la hora de ser... de tener un control interno sobre sus actuaciones.

Teniendo en cuenta sobre todo que, de estos aprobados, solo la mitad se acabaron quedándose en Castilla y León; por lo tanto, el déficit para cubrir vacantes como funcionarios de habilitación estatal en los puestos obligatorios sigue siendo superior... cercano al 27 %. Esta situación... esta situación tiene consecuencias claras en la deficiencia de las labores administrativas en nuestras entidades locales -que quiero recordar cómo yo he solido empezar cada una de las intervenciones que se referían a fiscalizaciones de Ayuntamientos de esta Comunidad-. Naturalmente, nuestro elevado número de entidades locales juega un papel importante en esta situación.

Y en lo que respecta a las funciones de control y fiscalización interna y de contabilidad de los entes locales, la situación es aún peor. El Consejo, en este informe, afirma que nuestra Comunidad tiene una muy deficiente dotación de recursos humanos, muy por debajo del indicador a nivel nacional.

Tampoco en el capítulo de puestos de trabajo de entidades locales menores el panorama resulta mejor, y, de hecho, solo hay un puesto creado y clasificado en toda la Comunidad. No nos podemos extrañar, visto el análisis que se realiza en este informe, la situación de riesgo en el que se encuentran las entidades locales menores debido a la futura aplicación de una norma que se les exige ciertos cumplimientos para los que no tienen capacidad técnica de... de plantearlo. De ahí que este informe viene a apoyar lo que -no desde Izquierda Unida y no desde el Grupo Mixto, sino desde la Oposición- venimos insistiendo durante los últimos meses en este Parlamento, sobre la necesidad de que la Junta de Castilla y León trabaje para apoyar y reforzar el... el control sobre las contabilidades y control administrativo de las entidades locales menores para que puedan cumplir con la legalidad que se les acaba de imponer.

Referido... quiero decir... destacar también cómo el Consejo hace referencia a los 1.534 puestos activos clasificados en los registros de la Junta, que se encuentran cubiertos de forma definitiva solamente 863, por lo que queda un 35 % de puestos vacantes. Esta situación ha propiciado su cobertura por medio de una provisión temporal, que no siempre cubre las necesidades reales de esas entidades locales. Y las cifras en los puestos de control interno y de contabilidad ofrecen un porcentaje similar de vacantes.

Con respecto a la provisión temporal, el nombramiento de interinos, que es el método más utilizado, se caracteriza por la excesiva duración de los nombramientos accidentales, que, como muy bien decía el señor Presidente y figura en el informe escrito, supera los cuatro años en la mayoría de los casos -la antigüedad de los funcionarios interinos está también muy por encima de esos cuatro años-, y estos nombramientos carecen de informe de autorización, como es preceptivo.

Cuando nos escandalizamos por los incumplimientos –y voy a insistir de nuevo en ello- en la presentación de la Cuenta General de las Entidades Locales, solemos pasar por alto de forma global que casi 130 entidades locales no tienen ni titular ni ocupante identificado en los puestos de trabajo reservados.

Los puestos eximidos presentan graves deficiencias en la información del listado histórico de la Junta, como nos hace referencia el Consejo de Cuentas.

Las unidades de control y contabilidad de municipios menores de 5.000 habitantes representan el 67 % de todo el personal existente, razón por que la ratio de la dotación de recursos humanos en esos Ayuntamientos de menor tamaño es muy inferior a la de los municipios mayores.

En definitiva, y por ir finalizando, porque no quiero ser repetitivo en el propio informe del Consejo de Cuentas, pero sí me parecía y nos parecía importante recalcar ciertos datos reflejados en el informe. En definitiva, lo que ocurre es que llueve sobre mojado, y las vergüenzas que habitualmente el Consejo de Cuentas destapa en cada uno de sus informes da un relato muy cabal de la precariedad que... en la que se encuentra nuestro entramado administrativo, y, por desgracia, el entramado administrativo municipal. Y si digo "por desgracia, el entramado administrativo local" es por la cantidad de entidades locales que tenemos en nuestra Comunidad, que tienen que dar servicios a millones de ciudadanos en Castilla y León. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor González Suárez. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín Benito.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Gracias, Presidente. Buenos días, Señorías. Bienvenido, señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, bienvenida que hago extensiva también a sus colaboradores.

Un exhaustivo informe este que nos presenta esta mañana. Nosotros, después de una lectura atenta de dicho informe, que nos ocupa y que nos preocupa, podemos llegar a un decálogo de conclusiones, que trataré de resumir para después abundar en alguna de ellas. De la lectura de este informe se desprenden –como le digo- varias conclusiones:

Una, y que gravita a lo largo de todo el informe, es la falta de coordinación que existe en la información entre las entidades locales y la Junta de Castilla y León en cuanto al personal que se ocupa de los sistemas de control interno y de contabilidad en la gestión económica-financiera de las entidades locales de la Comunidad.

Dos. La falta de coordinación también entre la Junta de Castilla y León y la Administración General del Estado.

Tres. Las deficiencias de los registros, una información aportada por las entidades locales.

Cuatro. La información, o la falta de información, o, si se quiere, información suficiente de la que dispone la propia Junta, que ha llegado a enviar hasta dos informes distintos para que ustedes pudieran realizar el trabajo, y que presentan serias lagunas, como advierte el propio Consejo.

Cinco. El déficit de funcionarios de habilitación estatal para cubrir los puestos obligatorios. Se ha referido el Presidente, efectivamente, a esas 329 plazas, que vienen a representar nada más y nada menos que el 26,5 %.

Seis. Los desajustes en la clasificación de escalas. Y aquí sí me gustaría entrar y desarrollar un poquito más este asunto.

Siete. La falta de dotación de recursos humanos en algo tan importante para las entidades locales como son los... los servicios de asistencia técnica a municipios.

Ocho. La necesidad de controlar mejor los procesos de constitución de determinados entes, como los consorcios, por ejemplo.

Nueve. La excesiva duración de algunos puestos temporales o accidentales. Algún puesto temporal o accidental lleva la friolera de veintidós años, ¿eh?, o de dieciocho años.

Y diez. Como conclusión general, aquello que los mandamientos encierran en dos, aquí todas estas nueve conclusiones se encerrarían en una, o en una final, es la descoordinación -el panorama de descoordinación, como decía, gravita en todo el informe-, la necesidad de mantener actualizados los registros y, efectivamente, como hemos indicado, y como indican ustedes, cubrir el déficit de los puestos de carácter obligatorio.

Hecho esta introducción, me gustaría centrarme en algunos aspectos, ¿no?, como, por ejemplo, y... y comentábamos esa falta de información que tiene la propia Junta, que tiene transferidas competencias en esta materia. Ustedes han tenido que pedir en dos ocasiones esa información; primero le envían un listado, luego le envían otro, que llaman histórico de plazas, y también con importantes lagunas. Hacen ustedes la observación de que en 126 entidades en este segundo informe no figura la identificación del titular ocupante del puesto de trabajo reservado, que en 733 registros no figura el campo de la toma de posesión o la fecha de nombramiento, y que en 1.384 entidades no consta la fecha de creación del puesto.

Bien, de ello se ocupa la Consejería de Presidencia, con importantes deficiencias, que han supuesto, y lo reconocen, una limitación en el desarrollo de los trabajos de fiscalización por parte del Consejo. También... no solamente la Junta, sino también la información aportada por las propias entidades locales adolece de una información rigurosa, o, al menos, sin... sin que pueda estar muy completa.

En cuanto a las... a los sistemas de elección para el acceso a la habilitación estatal, y dado que la convocatoria de oferta de empleo corresponde a las Comunidades Autónomas, así como la... la selección, se habla aquí de... del déficit; ha hablado el señor Presidente, ha hablado también el Portavoz del Grupo Mixto, y nosotros queremos incidir e insistir en esta materia. Bien es cierto que Castilla y León se dice que, después de Cataluña, es la que más plazas ha convocado para cubrir la subescala de Secretaría, pero también es cierto que para el resto de subescalas no ha convocado ninguna plaza; con... justo... junto con Castilla-La Mancha, Castilla y León son las últimas Comunidades en el resto de las escalas que no ha convocado ningún proceso, y es algo, obviamente, que debería, a nuestro juicio, corregirse.

¿Déficit? Pues sí, déficit en España, en general, pero déficit también en Castilla y León, en cuanto las plazas que se convocan resultan de todo punto de vista insuficientes. Con lo cual, de ello se deduce que se necesita una mayor coordinación entre la Administración General del Estado y la... las propias Comunidades Autónomas, en este caso la de Castilla y León.

Pero le decía yo antes que me gustaría desarrollar un punto, como es el... los desajustes en la clasificación de escalas. Aquí da la impresión que hay... y no me gustan las palabras ni los términos gruesos, pero hay una especie de totum revolutum, ¿no? Digo por... por las clases (de primera clase, segunda clase, tercera clase...), que no se entiende muy bien, porque unas veces se emplean criterios de población, en otras veces criterios presupuestarios, en otras veces se justifica diciendo que depende del volumen de la actividad urbanística, en otros se dice que depende de... del presupuesto... Y la verdad que aquí convendría, señor Presidente, llegar... hacer llegar a la Junta de Castilla y León que revise estos criterios, porque, en algunos casos, resulta difícil de... de comprender. Resulta que hay Ayuntamientos que, no cumpliendo el... el criterio poblacional ni de... ni de capitalidad, tienen una Secretaría clasificada de primera clase. Bien es cierto que se remontan a mil novecientos ochenta y ocho; pero no es menos cierto también que el mantener esta clasificación actual... actual supone un gran desembolso para los Ayuntamientos. Es que hay Ayuntamientos que tienen 10.000 habitantes, y... y tienen... -estoy pensando en el de Toro, ¿eh?- y tienen que soportar el... el contribuir a nóminas de Secretaría o de Intervención, de primera clase, y no es que Toro tenga una... un boyante desarrollo urbanístico –que podía ser un criterio que justificaría, a lo mejor, según la Junta, esta permanencia-.

Por lo tanto, sería conveniente, señor Presidente, que... que se revisara por parte de la Administración estos... estos criterios que permiten que determinados Ayuntamientos estén en la primera clase, cuando por criterios demográficos le correspondería la segunda.

Pero no acaba ahí todo, porque la disparidad en los... en los registros, que no se corresponden con los criterios de población ni con los presupuestarios, también afecta a los de clase dos; algunos de clase tres están en clase dos y otros que tenían que estar en clase dos están en clase tres. Ponen ustedes muchos ejemplos y yo no voy a... a repetir aquí los Ayuntamientos que están en... que están en el informe, pero, hombre, podría cuestionarse, sobre todo en una época en la que estamos, donde se necesita el ahorro municipal y donde no parece que el criterio de desarrollo urbanístico, ¿eh?, dado la caída de... de la construcción y de los planes de desarrollo urbanístico pueda seguir sosteniendo que determina... el mantenimiento de determinadas categorías, de determinadas clases en algunos Ayuntamientos, pero es que en algunos, incluso, ni se justifica.

Citan ustedes... –yo no quería citar Ayuntamientos, pero bueno, ya... dado que hemos citado el de Toro- citan ustedes –y es verdad- el... el Ayuntamiento de Cantalejos. Resulta paradójico, o al menos sorprendente, que los listados facilitados por la Junta de Castilla y León no se recoge ninguna referencia a... relativa a la modificación; no se justifica por qué el de Cantalejos está en una categoría, cuando debería estar en otra. Y, hombre, y el Ayuntamiento de Lerma está también clasificado en clase tercera, dado que cuenta con... bueno, con una población que no llega a los 3.000 habitantes. Pero bueno, sin entrar en más Ayuntamientos, que hay muchos más ejemplos.

Sí llama la atención el que ustedes detecten... es verdad que... que la muestra en este caso es pequeña, es exigua; llegan ustedes a una conclusión -se ponen también la venda antes de los ojos a la conclusión- de que no resulta operativa la agrupación para el sostenimiento de... del puesto de Interventor, la verdad que hay un par de agrupaciones en... en la Comunidad. Me gustaría que, si puede, nos aclarara un poco esto.

Pero, es verdad, que con los dos ejemplos que citan ustedes no... parece que no resulta operativo, pero si esto... claro, al ser la muestra tan pequeña se pueda... se pueda extender a otros.

Y sí me gustaría poner el punto de atención -y es verdad, y es verdad, porque además hay disparidad de unas Diputaciones a otras, y es algo que habría que coordinar- a la falta de dotación de los recursos humanos en los servicios de asistencia técnica a municipios.

Mientras en España la media es de un puesto por cada setenta entidades locales, en esta Comunidad resulta que la media es de uno por cada doscientos treinta y cinco, y luego, claro, tenemos Diputaciones donde estamos un poquito mejor en cuanto a la media, como Zamora, y estamos en... en otras Diputaciones en los extremos de León o de Valladolid, que estamos muchísimo peor.

Por lo tanto, habría que instar a la Junta a que... y a las... y a las propias Diputaciones a equilibrar estos recursos humanos a la hora de prestar esa atención a los pequeños municipios, teniendo en cuenta que estamos en la Comunidad Autónoma con más entidades locales de España, y muchos de ellos pequeños municipios, incluso entidades locales menores.

Convendría, por lo tanto, también, el disponer de un registro de información sobre el desempeño de las funciones públicas de las entidades locales y menores -2.223 en Castilla y León-, que parece que se nos escapan; se le escapa incluso al Consejo, porque no tiene elementos de información suficiente como para ponderar cuál es la realidad en el desempeño de estas funciones de las entidades locales menores.

Y... y convendría, por otra parte, que la Junta también controlara muchísimo mejor los procesos de constitución, ¿no?, en tanto de mancomunidades como... como de consorcios. Citan ustedes el caso del Consorcio Provincial del... de la Zona Norte de Ávila o el Consorcio de la Reserva de la Biosfera de los Ancares, que se crearon sin... sin asignación de clasificación, como exige el propio artículo del reglamento de provisión de puestos de trabajo para los funcionarios habilitados en... desde el punto de vista nacional.

Y por otra parte, el Consejo advierte que el resto de los consorcios... del resto de los consorcios no se dispone de información. Ignoro, y le pregunto, cuántos consorcios actualmente hay en Castilla y León, porque si citan dos que... dos donde no se cumple, o donde, al menos, hay serias dudas sobre el control de los procesos de constitución, ¿cuántos... cuántos consorcios tenemos en la Comunidad?

Y por ir... por ir finalizando...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Debe ir acabando, señor Martín.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

(Sí, señor Presidente, ahora... ahora mismo). ... es preciso un mayor grado de colaboración –le decía antes- con las Diputaciones. Bien es cierto, pero también la calidad bien entendida empieza por uno mismo; la propia Junta también debería empezar por ella misma. No solamente instar a las entidades locales, sino también a las... y a las Diputaciones, sino que ella misma actualizara sus registros, que presentan -¿qué duda cabe?- serias, serias, carencias.

Y... y, en fin, como conclusión... como conclusión general, y paso por alto... -porque ya me he referido, y dado que el tiempo ya se... se va terminando- paso por alto, digo, lo de los nombramientos accidentales y los nombramientos temporales porque, en fin, esas interinidades de veintidós años y dieciocho años, o de diecisiete años, de nombramientos accidentales en el caso de alguna agrupación abulense, pues, hombre, es para hacérselo mirar como menos.

En conclusión –y termino-, coincidimos efectivamente con el Consejo que es preciso mayor información referente a los puestos de los funcionarios de habilitación estatal y que falta coordinación entre las propias Administraciones –Junta, Diputación, entidades locales-, lo cual requiere, obviamente, la obligación de mantener actualizados los registros, y, sobre todo, el intentar cubrir los déficits de los puestos de trabajo.

Haremos, como siempre –lo sabe el señor Presidente-, nuestras las recomendaciones del Consejo y las presentaremos a la Comisión de Hacienda como propuestas de resolución.

Nada más. Muchas gracias y perdón por la impaciencia al señor Presidente. Creo que he cumplido con ello. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Martín Benito. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, Presidente. En primer lugar, dar la bienvenida al Presidente del Consejo de Cuentas, así como a todos los miembros de su equipo. Y felicitarles por la oportunidad de la elaboración de este informe.

Una oportunidad que permite conocer la situación real durante dos mil trece de la situación de los funcionarios de habilitación estatal en el ámbito de las entidades locales menores, y que pone de manifiesto, claramente, que hay un... efectivamente, un déficit; un déficit que algunos han achacado a la Junta de Castilla y León, pero que el propio Consejo de Cuentas en su informe reconoce que ha sido un déficit histórico, porque quiero recordar que la Junta de Castilla y León, durante el periodo que ha tenido la competencia –periodo dos mil siete-dos mil once- ha puesto convocatorias de empleo público a los efectos de la cobertura de plazas, se han cubierto setenta y ocho de esas plazas, y solo el 44 % de esos funcionarios se han quedado en la Comunidad. Y he de decirlo porque... y es bueno recordar que aquí hay una serie de limitaciones importantes que vienen motivadas por la legislación básica; la legislación básica que ha impedido a la Junta de Castilla y León -por la limitación a la hora de la cobertura de plazas, por las tasas de reposición vinculadas a la situación de la crisis financiera- convocar un mayor número de plazas.

Y otra circunstancia que se da, y que pone el informe del Consejo de Cuentas de manifiesto, que es que funcionarios en los que la Junta de Castilla y León ha hecho un esfuerzo para que se cubran las plazas, una vez cubiertas esas plazas toman posesión y prestan su actividad fuera del ámbito geográfico de nuestra Comunidad en otras Comunidades Autónomas.

Y es de justicia reconocer que Castilla y León ha sido la segunda Comunidad Autónoma que ha convocado mayor número de plazas, solo superada por Cataluña, cuando hay un buen número de Comunidades Autónomas –concretamente, cinco- que no han convocado ninguna oferta de empleo público para funcionarios de habilitación estatal durante ese mismo periodo.

Independientemente, es cierto –y se pone de manifiesto también en el informe- que hay un déficit –un déficit que existía y que sigue existiendo-, como digo, por esa limitación en la convocatoria de plazas por la normativa básica que impide a la Junta de Castilla y León convocar un mayor número de plazas por las tasas de reposición que están planteados desde hace algún tiempo por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y, en segundo lugar, por una problemática que se ha dado y se viene dando, que es que, después de hacer el esfuerzo, claramente, un gran número de funcionarios no prestan el servicio dentro de la Comunidad y lo prestan fuera del ámbito de nuestra Comunidad Autónoma; concretamente, un 44 % de las plazas convocadas.

Quiero poner de manifiesto un hecho fundamental, que yo creo que ha puesto también el Consejo de Cuentas al... al análisis de este importante informe de fiscalización, que, obviamente, esto tiene una repercusión en este número de funcionarios que llevan el control económico-financiero, tiene una repercusión a la hora de ver si en el caso de la aprobación, liquidación y ejecución del presupuesto en las Corporaciones Locales, y también... –aunque en menor medida, y lo pone claramente de manifiesto el informe del Consejo de Cuentas- también tiene una repercusión relativa a la rendición de la Cuenta General.

Creo que es de justicia reconocer que se ha mejorado por parte de la Administración Local en la rendición de la Cuenta General ante el Consejo de Cuentas. Creo –y también es de justicia reconocerlo- que el Consejo de Cuentas ha hecho un esfuerzo importante en las comunicaciones a los Ayuntamientos, y hemos puesto de manifiesto, por parte del Grupo Parlamentario Popular, que debe ser un esfuerzo común del conjunto de las formaciones políticas representadas en esta Cámara el hacer una labor de concienciación también con nuestros representantes políticos, de las formaciones políticas de los partidos que tenemos representación, para concienciarles de la necesidad que... fundamental de presentar la Cuenta General ante el Consejo de Cuentas.

Se ha citado aquí la problemática de las entidades locales menores, por alguno de los Portavoces que me han precedido en la palabra, y yo quiero recordar, en ese mismo sentido, que la Junta ha habilitado en el Presupuesto de la Comunidad, ante la aprobación el pasado veintisiete de diciembre de la Ley de racionalización del sector público local, mecanismos de colaboración para facilitar la rendición de la Cuenta General a las entidades locales menores, con aportaciones económicas dentro del Presupuesto de la Comunidad, y concretamente dentro de la Consejería de Presidencia. Y además, se ha flexibilizado lo que fue el anteproyecto de racionalización del... de la Administración Local para que el plazo, en vez de ser de tres meses, sea de un año, y permita rendir la cuenta a la... a los funcionarios de la Administración Local.

Porque, al final, lo que todos tenemos claramente y sabemos perfectamente es que la labor de rendición de la cuenta es una labor más propia de los Secretarios, Secretarios-Interventores o Interventores que de los propios Alcaldes, que en estos casos están muchas veces vendidos a la propia acción de esos funcionarios de habilitación estatal.

Reconocido el déficit y las limitaciones que han impedido a la Junta corregir ese déficit, yo creo que además hay un hecho fundamental, un hecho fundamental que todos los Portavoces han obviado. Este informe se aprobó el pasado veintisiete de noviembre, y se hizo público el dieciséis de enero en la página web del Consejo de Cuentas, y ha habido una modificación sustancial en el ámbito competencial en todo lo relativo... en todo lo relativo a lo que es los funcionarios de habilitación estatal. Tan es así que yo quiero recordar aquí que todas las recomendaciones del Consejo de Cuentas en muchos casos quedan desvirtuadas ante la situación que se plantea con la aprobación de la... de la Ley de racionalización del sector público local. Porque quiero recordar que en el Artículo 92 bis de esa Ley hay un cambio sustancial, y la competencia ya no pasa a ser una competencia autonómica, pasa a ser una competencia estatal.

En ese sentido, quiero recordar y dar lectura al Artículo 92 bis.5 de esa Ley a la que he hecho referencia, aprobada el veintisiete de diciembre de dos mil trece, en el que dice textualmente: "La aprobación de la oferta de empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional corresponde al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente".

Este artículo, al que no voy a dar lectura completamente, básicamente lo que implica es que la competencia vuelve a ser del Estado, del Ministerio de Administraciones Públicas concretamente, para la convocatoria de plazas, para la formación. Y limita la competencia autonómica básicamente en lo que es relativo a los funcionarios de habilitación estatal a tres aspectos: la incoación de expedientes sancionadores en faltas graves, las sanciones en los expedientes sancionadores y la coordinación con el Estado a los efectos de los listados de plazas. Por tanto, la situación varía sustancialmente, y esa competencia pasa a ser del Estado.

Sí se recoge además en esta ley uno de los aspectos que recomendaba el Consejo, que es solventar la problemática de esa convocatoria de oferta de empleo público que motivaba que los funcionarios pudiesen, una vez tomada posesión, ejercer la actividad en cualquier Comunidad Autónoma, y en la ley se obliga ya que, al menos, durante los dos primeros años, los funcionarios que aprueben la oposición tengan que ejercitar las acciones dentro del territorio donde la plaza se hubiese fijado, en este caso, por el Ministerio de Hacienda.

Creo que es una modificación sustancial, obviamente. Volvemos al régimen de... previo al año dos mil siete, en el que la competencia de los funcionarios de habilitación estatal pasa a ser totalmente del Estado y del Ministerio de Hacienda. Y, reconociendo el déficit que ha existido en las plazas, creo que es también reconocer, y de justicia, que la Junta ha hecho un esfuerzo dentro de las limitaciones que se le plantean por la normativa básica que afecta al conjunto de las Comunidades Autónomas.

Y para finalizar quiero hacer referencia a un aspecto fundamental del informe, y también ha hecho referencia a ello el Portavoz del Grupo Socialista. Creo que, en ese sentido, y ahí sí que no hay limitación, por parte de las Diputaciones Provinciales se deben reforzar los servicios de asesoramiento a municipios. Porque las ratios que se fijan en este informe ponen de manifiesto, como se ha puesto de... como ha puesto de manifiesto el Portavoz del Grupo Socialista, que en Castilla y León estamos a un... hay 20 plazas básicamente, estamos a un funcionario por cada más de 200 entidades, bien municipales o menores, y el ratio nacional se sitúa en 74. Por lo que creo que es fundamental que las Diputaciones hagan efectiva esa competencia, además teniendo en cuenta lo que también recoge la propia Ley de racionalización del sector público local, que en el Artículo 36 habla concretamente de la competencia de las Diputaciones Provinciales, una competencia propia de las mismas, el asesoramiento a los municipios de menos de 1.000 habitantes, por lo que se pone de manifiesto la necesidad de incrementar la dotación de personal en el conjunto de las Diputaciones Provinciales para bajar esas ratios y garantizar un asesoramiento a los municipios pequeños de nuestra Comunidad.

Por mi parte, nada más. Felicitar al Consejo de Cuentas, pero poner de manifiesto que ha habido un cambio sustancial en la normativa desde la entrada en vigor de esta ley, y que muchas de las recomendaciones que se plantean ya no van a poder ser tenidas en cuenta por la Junta de Castilla y León porque la competencia pasa a ser del Ministerio de Hacienda. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Cruz. Para contestar a las intervenciones de los distintos Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí, gracias, Presidente. Antes que nada, pues sí, expresar el reconocimiento y agradecimiento a los tres Portavoces por sus intervenciones, que lo que revelan es un estudio riguroso y exhaustivo del informe que hemos dado cuenta en la mañana de hoy.

Lo primero que sí me gustaría incidir es que este informe, evidentemente, tiene un momento en su aprobación, y nosotros, como he puesto de manifiesto -y siempre saben que cualquier tipo de incidencia en relación al informe lo hago en mi segunda intervención-, este informe fue remitido a las Cortes el año pasado, con fecha dieciséis de diciembre, y el veintisiete de diciembre es cuando se aprueba la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que, evidentemente, sí ha producido algunas modificaciones importantes en el ámbito de lo que es el régimen local del conjunto de España. En ese sentido, pues yo haré después una serie de consideraciones sobre las incidencias que tiene esta ley desde el punto de vista del régimen local.

Al margen de lo que... después entraré en tres aspectos importantes de esta ley, sí me gustaría incidir en que este es un informe que, por primera vez, yo creo que se aborda de una manera exhaustiva y rigurosa cuál es la situación del control interno en el mundo local de Castilla y León. Y se hace de una manera rigurosa. Y lo que pone de manifiesto es algo que los tres Portavoces lo han dicho con absoluta claridad y contundencia, y es el déficit importante que existe en funcionarios de habilitación estatal en el conjunto de nuestras entidades locales. Y eso es un déficit que al final se traduce en un peor control interno, y que se produce en una... y tiene como consecuencia también una peor gestión económica-financiera de las entidades locales. Eso es... eso es algo obvio. Y por eso a uno también le sorprende que en estos momentos, en los que debemos de procurar entre todos mejorar ese control interno y mejorar esa gestión económica-financiera, pues el conjunto de los responsables para dotar de esas plazas deberían de tomarse las iniciativas oportunas para convocar plazas, y, en consecuencia, resolver ese déficit.

Pero hay aspectos que a lo mejor no vienen en el informe, pero que ustedes también sería conveniente, a lo mejor, que reflexionasen. Y yo les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo: resulta también curioso, según he podido comprobar, que prácticamente sobre contabilidad pública no se da ningún tipo de enseñanza en nuestras universidades, por ejemplo, es decir. Y no se estimula ese conocimiento en materia de contabilidad pública, que es lo que en su día permitirá pues que haya profesionales que se quieran orientar hacia este tipo de oposiciones. Entonces, eso es una dificultad –no viene en el informe-, pero es como algo colateral que sí es conveniente quizás tener presente. Es decir, cualquier persona que quiere acceder a este tipo de oposiciones, pues se encuentra con una disciplina absolutamente nueva, con la que no ha tenido contacto en sus respectivos programas universitarios, en sus respectivos planes de estudio. Y es una cuestión que quizás, que quizás también sería conveniente tener presente.

Respecto a lo que es el análisis de la situación del conjunto de nuestras entidades locales, hay otro aspecto que se ha puesto de manifiesto por los distintos intervinientes y que para mí también es clave, que es el déficit en el personal funcionario de habilitación estatal en materia de asistencia a los municipios, en las famosas SAM –que se llamaban antes-, ahora SAT, el Servicio de Asistencia Técnica a los Municipios. Y hay un déficit importante. Es decir, hablar de 20 funcionarios de habilitación estatal para el conjunto de esos 4.756 entidades locales en nuestra Comunidad Autónoma, todos coincidiremos de que es una proporción evidentemente muy disminuida.

Respecto a algunas de las reflexiones que se hacían, dos o tres cuestiones. En primer lugar, es decir, yo creo que la clasificación en cuanto a Secretarías de primera, segunda y tercera es bastante clara, es decir, en eso no es una cuestión de discrepar con el Portavoz del Grupo Socialista, pero creo que es bastante clara, y está en función de población o en función de presupuesto. Otra cuestión distinta es que haya Ayuntamientos que quieran mantener una Secretaría de primera. Pero en cuanto a lo que es la clasificación de Secretarías de primera, segunda y tercera, y, en su caso, el puesto de Intervención-Tesorería, yo creo... –y así lo he explicado a lo largo del informe- yo creo que es... está suficientemente claro, ¿entendido? Entonces, y la... en síntesis, estamos hablando de más de 5.001 habitantes a 20.000, menos de 5.000 o presupuesto superior a 3.005.000 euros –en números redondos-. Esa es la... esa es, para entendernos, lo que es la clasificación en materia de funcionarios de habilitación estatal en materia de Secretaría e Intervención.

Y después también -y entro ya en otro apartado-, evidentemente, las recomendaciones que nosotros hacemos en este informe están vinculadas a lo que es un régimen jurídico existente al momento de efectuarse este informe de fiscalización, y que, como he expresado, la Ley 27/2013 establece una... unos cambios importantes en materia de régimen local. Por ejemplo, el apartado... el Artículo 1.13 dice claramente, y establece, un reforzamiento de las competencias de las Diputaciones Provinciales en materia de asistencia a los municipios. Deseamos y creemos, como ponemos nosotros mismos de manifiesto en el informe, y ustedes lo han refrendado mejor que nadie, que hay un déficit importante en esa asistencia técnica a los municipios. También se modifica el régimen estatutario de los funcionarios de habilitación estatal, que vienen a tener unas limitaciones importantes en materia de movilidad. Y también no tengamos tampoco... dejar de tener presente que el Artículo 2.2 de dicha ley establece y habilita al Gobierno nuevas normas sobre procedimientos en materia de control interno.

Lo que sí es cierto, y lo decimos en el informe, y yo creo que es algo que se constata, es que cada día los... todas las entidades locales, todas las Administraciones, se ven sometidas a un mayor cumplimiento en materia de información de carácter económico-financiero, que han de rendir ante el Ministerio de... de Hacienda. Y eso nosotros creemos que origina serios problemas en la gestión cotidiana de las distintas entidades locales de España. Por eso nosotros hacemos la reflexión de la posibilidad de... de agrupación de municipios a efectos de tener un puesto de Interventor que facilite la gestión de toda esa información, que es realmente complicada y difícil para los puestos de Secretaría e Intervención. Esa es una de las reflexiones que nosotros hacemos, y que evidentemente se hacen teniendo en cuenta la complejidad que en estos momentos tienen que asumir el conjunto, los Secretarios e Interventores de tercera, en el mundo local de nuestra Comunidad Autónoma.

Ya concluyendo, significar de que, como he puesto de manifiesto en este informe, este es un primer informe, y que próximamente se remitirá a las Cortes... lo vamos a aprobar muy próximamente por el Consejo de Cuentas lo que sería la segunda parte, que se refiere a la aplicación y desarrollo del control interno de la gestión económica-financiera y contable, que, como le digo, en próximas fechas será remitida a esta... Cortes de Castilla y León para su conocimiento y efectos oportunos.

Y, en definitiva, significar de que yo creo que... que esto es un informe que lo que hace es analizar y poner de manifiesto los... las graves deficiencias que hay en estos momentos en cuanto a... a lo... lo que es la dotación de plazas en las entidades locales de nuestra Comunidad Autónoma. Y estamos hablando de un déficit importante, estamos hablando, Señorías, de 329 plazas de déficit, que, en las circunstancias actuales que se encuentra el país, yo creo que sería absolutamente necesario tomar las medidas y las iniciativas necesarias con vistas a resolverlo con la máxima prontitud. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Para... para consumir un turno de réplica, por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Sí, voy a ser muy escueto. Agradecer esta segunda intervención al Presidente del Consejo de Cuentas y sumarme a su última reflexión, que era una petición que viene coincidiendo con lo que venimos haciendo desde Izquierda Unida de Castilla y León y desde el Grupo Mixto, que es pedir más empleo público para el apoyo especialmente a las entidades locales. Con lo cual, bienvenida sea esa reflexión, esa petición por parte del Presidente del Consejo de Cuentas.

Y vuelvo a insistir en algo que yo dije en mi intervención: en estos momentos, ante la situación que pueden vivir en Castilla y León las entidades locales menores, es de absoluta urgencia que se tomen medidas de ese tipo, especialmente en lo que tiene que ver en la asistencia técnica a municipios.

Lo dejo aquí. Yo creo que todos los Grupos Parlamentarios deberíamos colgarnos de la reflexión con que... la que finalizaba el Presidente del Consejo de Cuentas, y adoptar alguna resolución en común en alguna no lejana Comisión de Economía o algún cercano Pleno. Nada más. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, en un turno de réplica tiene la palabra el señor Martín Benito.

EL SEÑOR MARTÍN BENITO:

Gracias, Presidente. Muy breve. Simplemente para recordarle una pregunta que le había hecho al Presidente del Consejo en relación si tienen información sobre el número de consorcios.

Y, bueno, dado que hago esa pregunta, antes me quedé con ganas de preguntar otra, porque me dejó un poco intrigado esta afirmación en lectura de... del informe. Cuando hablábamos de las categorías una, dos y tres, se decía que los acuerdos de la Junta para establecer las categorías en su momento se motivaban por otros criterios que no eran los presupuestarios o los demográficos, sino que también se fundamentaban en criterios como la condición de ser centro de comarca, la localización de actividades. Y se decía literalmente: "O acción urbanística superior a la normal". Y quisiera preguntarle al señor Presidente del Consejo que qué se entiende por una actividad superior a la normal, qué es lo normal en este caso, en una acción urbanística. Nada más, muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Martín Benito. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, Presidente. Y con brevedad. Coincidiendo en el déficit de plazas, yo creo que en todo caso hay mecanismos de los que nos hemos dotado recientemente que pasan por lo que recoge, en todo caso, la Ley de Ordenación y Servicios de Gobierno en el Territorio, que es un mecanismo... es que, con las plazas existentes, se racionalice la... el número de plazas y de los puestos de trabajo, buscando modificación en las agrupaciones. Es cierto que estamos en un contexto donde somos todos conscientes dónde hace falta un incremento de este personal, pero también hay que hacer referencia a la situación y el contexto económico en el que estamos actualmente. Y creo que el mecanismo que se opera en la Ley de Ordenación y Servicios en el Territorio para racionalizar esas plazas y modificar puestos de trabajo de cara a agrupaciones es un mecanismo que puede permitir corregir en cierta medida ese déficit, independientemente de la necesidad que hemos todos puesto de manifiesto de dotar de mayor... mayor número de personal... de funcionarios de habilitación estatal en el conjunto de la Comunidad, para, en todo caso, que se mejore el control financiero y económico tanto de la Administración Local como de la aprobación del presupuesto, su... su ejecución y tramitación, y también, por qué no decirlo, de la rendición de la Cuenta General en lo que afecta al Consejo de Cuentas. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Cruz. Tiene de nuevo la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí, gracias. Solamente dos precisiones. En cuanto al número de consorcios, son 59, y lo puede comprobar incluso en la página 81 del informe, en el que se hace referencia al número de consorcios, y estamos hablando a fecha treinta y uno de diciembre del dos mil doce.

Respecto al otro, usted... es un concepto jurídico indeterminado, y, como concepto jurídico indeterminado, habría que estar a lo que es el... el caso concreto, en función de lo que usted acaba de expresar.

Pero yo sí quiero insistir en lo que le he dicho. Es decir, en estos momentos está perfectamente delimitado lo que son las categorías de primera, segunda y tercera; están perfectamente delimitadas. Y eso es algo, como yo he expresado a lo largo de mi informe, que creo que es... no es ni interpretable. Es decir, cuando hablamos de primera, o segunda o tercera, en la actualidad yo creo que está suficientemente fijada.

Y en cuanto a lo que es la... la... la situación de... de futuro con las entidades locales menores, pues, evidentemente, a nosotros nos consta, y hemos... el año pasado, el... el Consejero responsable del departamento local y yo mismo hemos recibido a distintos representantes de asociaciones de entidades locales menores que nos transmitían su preocupación por la posible desaparición de las mismas en el caso de incumplimiento en su obligación de... de presentar las cuentas. Y nosotros, evidentemente, somos conscientes de que esa es una... una preocupación latente en el conjunto de las entidades locales menores.

Pero sí me gustaría incidir en un dato, un dato que en ese sentido es positivo, y es que este año, como hemos hecho público recientemente los... los datos de rendición de cuentas concernientes al año dos mil doce, que, como saben, se rinden en el dos mil trece, pues se ha llegado, pues prácticamente al 50 % de las entidades locales menores de... de Castilla y León a rendir cuentas. Estamos hablando del orden de más de 2.200 entidades locales menores. Bueno, pues este año, pues prácticamente el 50 % de esas entidades locales menores han rendido cuentas.

Y también significar que este año, pues se ha superado en 15 puntos el porcentaje de rendición de cuentas respecto al ejercicio precedente. Es decir, nos encontramos ante los mejores datos de rendición de cuentas de la historia de esta Comunidad Autónoma, pero eso no obsta, pues para que sigamos insistiendo en que la buena dotación de los puestos de... de funcionarios de habilitación estatal redundará, evidentemente, en un mejor cumplimiento de estas obligaciones, como ponemos de manifiesto en el informe. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se hace... se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo miércoles día doce de febrero a las catorce horas.

Segundo punto del Orden del Día. Por la señora Secretaria se dará lectura del segundo punto del Orden del Día.

Informe

LA SECRETARIA (SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ):

Segundo punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe de fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio dos mil diez".

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para la presentación de este informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Gracias, Presidente. El presente informe de fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil doce y resultó aprobado por el Pleno del Consejo de Cuentas con fecha uno de octubre de dos mil trece. La publicación en la página web, tanto el texto íntegro del informe como de la nota resumen del mismo, tuvo lugar el veintiuno de octubre de dos mil trece.

El propósito de esta fiscalización ha sido la realización de una auditoría de cumplimiento de la legalidad por la gestión contractual de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma en el ejercicio dos mil diez, comprobando el cumplimiento de la obligación de remisión de contratos al Consejo de Cuentas, contemplado en el Artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público y 18.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, y verificando el cumplimiento de la legalidad del procedimiento de contratación administrativa, tanto en las actuaciones preparatorias como en su adjudicación, ejecución y extinción, garantizando el respeto de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia de acceso y no discriminación, e igualdad de trato en las licitaciones.

Además, se ha analizado la estructura competencial existente en los diferentes órganos de contratación a través de la normativa reguladora de su organización, verificando su adecuación al contenido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como el cumplimiento de la aplicación de los mecanismos de control interno en materia de ejecución del gasto público.

El alcance de la fiscalización se ha extendido en los contratos adjudicados de forma definitiva en el año dos mil diez por la Administración de la Comunidad sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público. Además, se han incluido expedientes que, adjudicados en el ejercicio dos mil ocho, su ejecución finalizaba en dos mil diez.

Para la determinación de la población se han cotejado los datos procedentes del Registro Público de Contratos de Castilla y León con los facilitados por cada órgano de contratación, a solicitud de este Consejo. Según la información proveniente de estas fuentes, la población total de contratos adjudicados en el ejercicio dos mil diez por la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con la exclusión de los contratos menores, ascendió a 6.958 contratos, por un importe total adjudicado de 676.638.744 euros. En dos mil nueve, con 6.484 contratos, el importe adjudicado fue más elevado, ascendiendo a 1.063.971.356 euros.

Para realizar las comprobaciones se ha seleccionado una muestra que cumple el objetivo fijado por la Comisión Técnica de Coordinación de los órganos de control externo, compuesta de 70 contratos, por un importe adjudicado de 263.435.709 euros, lo que representa el 38,93 % del importe total adjudicado en dos mil diez.

También, a efectos de analizar la existencia de fraccionamiento y el cumplimiento de la legalidad, se incluyó en el alcance de la fiscalización la contratación menor. Para ello, siguiendo el criterio de examinar sucesivamente los distintos órganos de contratación, se solicitó a la Consejería de Economía y Empleo certificación de contratos menores de importe superior a 6.000 euros, habiendo procedido a examinar una muestra de los mismos.

No han existido limitaciones que hayan afectado al alcance del trabajo de fiscalización realizado.

En cumplimiento de lo establecido en la normativa del Consejo de Cuentas de Castilla y León, se remitió el informe provisional al Presidente de la Junta de Castilla y León para que los distintos órganos de contratación formularan las alegaciones que estimaran oportunas, las cuales han sido objeto de un análisis pormenorizado, dando lugar las admitidas a las correspondientes modificaciones del informe provisional.

A la vista de los resultados de los trabajos, la opinión del Consejo es que la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma cumple razonablemente con la legalidad aplicable a la contratación adjudicada en el ejercicio dos mil diez, excepto por las siguientes salvedades, que afectan al principio de transparencia de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público:

Elaboración de informes técnicos de valoración en los que se puntúan aspectos no previstos en los pliegos o que no están suficientemente motivados, incumpliendo lo previsto en el Artículo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Falta de motivación adecuada de las causas que justifican la tramitación de la suspensión de la ejecución del contrato, así como los modificados y prórrogas.

En la Consejería de Economía y Empleo, fraccionamiento del objeto de los contratos, que conlleva la tramitación como menores de aquellos contratos que no lo son.

Comenzamos la exposición con el análisis del cumplimiento de la obligación de comunicación al Registro Público de Contratos de Castilla y León de todos los contratos, excepto los menores, celebrados por los órganos de contratación. A este respecto, cabe señalar que la contratación no comunicada por la Administración de la Comunidad al referido registro ascendió a 208 contratos, por importe de 15.793.456 euros, que representan el 2,33 % del importe total de la contratación adjudicada. Este incumplimiento se detectó principalmente, en cuanto al número de contratos, en la Gerencia Regional de Salud, con 153 contratos no comunicados, por importe de 12.050.173 euros, que suponen el 11,26 % de la contratación adjudicada por este organismo.

Desde el punto de vista de la organización de los diferentes órganos de contratación, se han detectado incidencias relacionadas principalmente con la estructura competencial y con la aplicación de la normativa presupuestaria. Entre las primeras, cabe destacar un expediente, de valor estimado superior a 2.000.000 de euros, para el que no consta la autorización previa de la Junta, requerida por los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para dos mil diez.

Además, hay ocho contratos en los que no se ha podido verificar la comunicación a la Junta de la aprobación del gasto, por una cuantía superior a 180.000 euros, de conformidad con esta misma Ley de Presupuestos; o la inadecuada publicación en el perfil del contratante del anuncio de licitación o de la adjudicación provisional o definitiva en cuatro contratos analizados.

En cuanto a las incidencias relativas a la aplicación de la normativa presupuestaria, destaca la no aportación en seis contratos tramitados anticipadamente del certificado del servicio o unidad exigido por la Orden de la Consejería de Hacienda 1430/2003, o la ausencia de la constancia de la retención adicional del 10 % del precio de adjudicación en un contrato de obras plurianual.

En cuanto a las tareas de control interno, no se han detectado incidencias destacables.

A continuación, pasamos a detallar las incidencias más significativas puestas de manifiesto en el análisis del cumplimiento de la legalidad en el procedimiento de contratación administrativa, tanto en las actuaciones preparatorias como en su adjudicación, ejecución y extinción.

En las actuaciones preparatorias del procedimiento de contratación, dentro del ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se ha puesto de manifiesto el cumplimiento razonable, conforme al Artículo 93 de la Ley de Contratos del Sector Público, del inicio de la tramitación de los expedientes de contratación fiscalizado en los procedimientos abiertos, habiéndose justificado la necesidad de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al gasto originado. No obstante, en treinta y dos expedientes no queda adecuadamente justificada la elección de los criterios de adjudicación utilizados.

Además, en ocho contratos tramitados por el procedimiento de urgencia no se justifica suficientemente las razones de su tramitación por dicho procedimiento, de acuerdo con el Artículo 96.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

En seis de los veintiún contratos adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad no quedan suficientemente justificadas las razones por las que solo pueda encomendarse el objeto del contrato a un único empresario, o no se justifican otras circunstancias que fundamenten la utilización de dicho procedimiento; y en otros nueve expedientes no consta la solicitud de al menos tres ofertas, o la negociación efectuada, o contienen otros defectos relacionados con dicho procedimiento de adjudicación.

En relación al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se han observado principalmente las siguientes incidencias:

En veinticuatro de los setenta expedientes examinados hay ausencia o deficiente indicación de los medios para acreditar la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, y en trece, para los que se exige clasificación, no se establecen los requisitos de solvencia que deben acreditar los empresarios extranjeros a los que no es exigible esta clasificación.

En doce de los contratos examinados no se ha determinado con exactitud la fecha de inicio o el plazo de duración del contrato, o dicho plazo no es coherente con su objeto; y en catorce se han producido incidencias en relación a la constitución de la garantía definitiva, en la mayor parte de los casos por no haber tenido en cuenta que el contrato estaba formulado en términos de precios unitarios y, por tanto, la garantía debía fijarse atendiendo al presupuesto base de licitación en lugar del precio de adjudicación, conforme establece el Artículo 83.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

En treinta y tres de los cuarenta y nueve contratos adjudicados por el procedimiento abierto se aprecia una incorrecta definición de los criterios de adjudicación, que no dependen de la mera aplicación de fórmulas, lo que no permite valorar las ofertas sin incluir aspectos no previstos en los pliegos, siendo necesario el establecimiento de subcriterios, tramos o ponderaciones que impiden a los licitadores conocer previamente cómo van a ser valoradas sus proposiciones.

También en diecisiete de esos cuarenta y nueve contratos adjudicados por procedimiento abierto, en los que se establecen criterios de adjudicación valorables mediante la aplicación de fórmulas, se ha detectado una incorrecta ponderación del criterio referente al precio, al no atribuir la mayor puntuación posible a la mayor baja o bien por no repartir todos los puntos a este criterio, distorsionando, por tanto, la ponderación inicial atribuida al mismo. Ambas incidencias han sido más significativas en los contratos examinados de la Gerencia Regional de Salud, Consejería de Medio Ambiente y Consejería de Fomento.

Además, en otros doce contratos se apreció una incorrecta definición o aplicación de las fórmulas o se realizó una incorrecta valoración de los criterios conforme a lo establecido en el Artículo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público, siendo también los más afectados por este hecho la Gerencia Regional de Salud y la Consejería de Medio Ambiente.

En nueve expedientes los pliegos de cláusulas administrativas particulares contenían defectos referentes a las cláusulas de revisión de precios, y en otros seis, en los pliegos de prescripciones técnicas no se define correctamente el objeto de los mismos, o bien contienen marcas o figuran cláusulas que deberían de estar recogidas en los pliegos de cláusulas administrativas particulares; por último, en 11 contratos no consta la aprobación expresa de los pliegos o del expediente de contratación, o aquellos carecen de firmas.

En las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de adjudicación se ha observado que en 16 de los expedientes examinados, principalmente en las Consejerías de Medio Ambiente y Fomento, el anuncio de licitación de la convocatoria no incluía los criterios de adjudicación; y, en otros 22, en el anuncio de licitación se detectaron otros defectos u omisiones, tales como la ausencia de determinación de la cuantía máxima derivada de los gastos de publicidad, de la documentación a presentar y la fecha límite para su presentación, el establecimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos o la admisión de prórrogas; además, en 16 contratos han existido incidencias en la actuación de la mesa de contratación referentes, principalmente, al incumplimiento de plazos en la apertura de sobres, al orden en la apertura de los mismos o a la subsanación de documentación por los licitadores; y, en 29, el informe técnico de valoración de los criterios que no dependen de la aplicación de fórmulas automáticas no está suficientemente motivado o introduce aspectos no previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

También se han observado incidencias en relación con la aportación de los certificados acreditativos de encontrarse los licitadores al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social en 6 contratos, siendo más significativo este hecho en la Gerencia Regional de Salud.

Los plazos para dictar la resolución de la adjudicación provisional, la definitiva, o ambas, se han excedido en 11 contratos, y, al menos en 23, algunas de las dos resoluciones no se encuentra suficientemente motivada.

Además, en 20 contratos se producen deficiencias en la notificación al adjudicatario o al resto de licitadores, principalmente en cuanto al plazo o a la posibilidad de interponer los recursos pertinentes.

También la publicación de las adjudicaciones presentan defectos, en cuanto al plazo o al contenido, en 13 contratos.

Por último, la formalización del documento contractual es de fecha anterior a la notificación de la adjudicación en 4 contratos, de los cuales 3 corresponden a la Gerencia Regional de Salud; y en otros 4 contratos existen otras incidencias relativas a la formalización.

En relación con las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento de ejecución, se ha observado que en 4 contratos se incumplieron los plazos parciales o el final, y en 10 se detectó una inadecuada tramitación de la suspensión de la ejecución del contrato, de acuerdo con el Artículo 203 de la Ley de Contratos del Sector Público o de sus prórrogas, ya que en muchos casos estas se solicitan incumpliendo los plazos establecidos en el Artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o sin acreditar el cumplimiento del Artículo 197 de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a que los motivos del retraso no son imputables al contratista.

En la tramitación de los modificados se ha observado que en 9 de los contratos examinados no ha quedado suficientemente acreditado que las razones alegadas para la aprobación de los mismos se haya basado en razones de interés público o en causas imprevistas, conforme al Artículo 202 de... de la Ley de Contratos del Sector Público.

Estas incidencias detectadas en el procedimiento de ejecución han sido más significativas en los contratos examinados en la Consejería de Medio Ambiente.

Por lo que se refiere a la extinción de los contratos, en uno no se pudo comprobar la existencia de acta de recepción, de conformidad con el servicio, y en otros 17 –de los cuales, 5 corresponden a la Gerencia Regional de Salud y 4 a la Consejería de Medio Ambiente- dicha acta se levantó fuera del plazo de un mes establecido en el Artículo 205.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Otros incumplimientos detectados han sido la falta de constancia de comunicación a la Intervención para designación de representante en un contrato o la falta de constancia de la asistencia a la recepción del Interventor y del representante de la empresa en otro contrato de la muestra correspondiente a dos mil ocho.

Y, por último, para el análisis del cumplimiento de la legalidad y la posible existencia de fraccionamiento del gasto en la contratación menor, se ha tomado una muestra de 57 contratos de cuantía superior a 6.000 euros de la Consejería de Economía y Empleo, en lo que, una vez analizada tanto la tramitación como la correcta facturación de los mismos, se ha puesto de manifiesto la existencia de 22 contratos en los que se produce la coincidencia en el objeto de las contrataciones, eludiendo su importe conjunto lo preceptuado en el Artículo 74.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, lo que obligaría a la utilización de otros procedimientos o formas de adjudicación, con publicidad o concurrencia.

Recomendaciones. A la vista de los resultados expuestos, el Consejo efectúa las siguientes recomendaciones:

Depuración, por parte del Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, de las deficiencias detectadas en la información que figura en el mismo, especialmente la relativa a los contratos no comunicados por la Gerencia Regional de Salud y por la Consejería de Administración Autonómica.

Ha de respetarse la normativa presupuestaria aplicable a los expedientes de gastos de tramitación anticipada y a los plurianuales, así como las preceptivas autorizaciones o comunicaciones a la Junta de Gobierno.

Justificación, en el inicio del expediente, de la elección del procedimiento de adjudicación, de los criterios para efectuarla y del peso específico de cada uno de ellos en la consecución del objetivo del contrato.

Asimismo, se recomienda, especialmente a la Gerencia Regional de Salud y a las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente, que ajusten el contenido de los anuncios de licitación y de adjudicación al contenido establecido legalmente, reforzando la objetividad de los criterios de adjudicación y estableciendo baremos de reparto y su criterio, de tal forma que se garantice el conocimiento por parte de los licitadores de la forma en que van a ser valoradas sus ofertas.

Igualmente, se recomienda evitar distorsiones en la ponderación de los criterios de adjudicación valorables automáticamente mediante la aplicación de fórmulas, en especial del criterio precio; y, para los criterios que no dependen de la aplicación de fórmulas automáticas, los informes técnicos de valoración deben estar suficientemente motivados y no tomar en consideración aspectos no contemplados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

Ajustar el contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, incluyendo, con el suficiente detalle, los criterios mínimos de solvencia y de clasificación, determinando con exactitud el plazo de ejecución y estableciendo una clara separación entre criterios de solvencia y de selección.

Además, bien los pliegos o bien el contrato, deberán detallar la fórmula de revisión de precios o motivar la procedencia de su exclusión.

Reservar la tramitación de urgencia a contratos cuya celebración responda a necesidades inaplazables o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público; y reservar la adjudicación de contratos mediante procedimiento negociado sin publicidad a los supuestos legalmente permitidos, en especial cuando se trate de las razones de exclusividad establecidas en el Artículo 154.d) de la Ley de Contratos del Sector Público.

Garantizar la correcta publicación y notificación al adjudicatario y al resto de los interesados de las resoluciones de adjudicación, incluyendo el contenido y su motivación, así como el ofrecimiento de los recursos que legalmente correspondan.

La ejecución de los contratos deberá adecuarse a lo previsto en la normativa y en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, especialmente en lo que se refiere a la tramitación de suspensiones, modificaciones y prórrogas.

Y la recepción formal de bienes y servicios de todos los expedientes de contratación deberá realizarse dentro del plazo establecido, dejando constancia en el expediente de su realización.

A la Consejería de Economía y Empleo se le recomienda efectuar un análisis pormenorizado de los gastos que son objeto de contratación menor, con el fin de evitar coincidencias en los elementos del contrato que puedan dar lugar a su fraccionamiento; y, además, contabilizar las reservas de crédito necesarias para garantizar su existencia y adecuación con carácter previo a la aprobación de este tipo de gastos.

Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones de los Grupos Parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión, y muchas gracias, señor Presidente del Consejo de Cuentas, pues por la síntesis que ha realizado en su informe. Pero, si la síntesis es importante, mucho más importante es el informe, las 123 páginas del informe; o muchísimo más importante son las 592 páginas del informe global.

Cuando uno lo ha estado leyendo, le entraba la tentación de ir apartado por apartado. Y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, pero sí se me va a permitir que, sin quedarme en lo anecdótico, me quede en algo que tiene que ver con los contratos menores, que ante esta Comisión y ante los medios da reflejo de hasta qué punto hay un conjunto de irregularidades cometidas por la propia Administración, por la propia Junta de Castilla y León, y que hace ver que, con excesiva frecuencia, la Junta de Castilla y León actúa de manera ineficiente y de manera arbitraria en las contrataciones administrativas.

Me voy a detener en algo que se dice en el informe cuando habla de... de los contratos número 109, 110, 131 y 132, cuyo importe total es de 80.575 euros (IVA incluido), con coincidencias apreciables en el objeto, referido a obras de restauración de antiguas minas; y, a la fecha, tres se han adjudicado a la misma empresa. Además, otros dos contratos –el 130 y el 133-, por un importe total de 84.930 euros (IVA incluido), también referidos a obras de restauración de antiguas minas, y las mismas coincidencias de objeto y de fecha, se han adjudicado a la misma empresa.

Esto, que podría ser una anécdota si fuese lo único que se refleja en las 593 páginas del informe; como podría ser una anécdota los más de 12.000 euros mal adjudicados por un concurso sobre la moda... Serían anécdotas. Pero lo grave es que estamos hablando de que el Consejo de Cuentas ha analizado 70 informes de los 6.958 contratos que ha habido en la Comunidad, ha analizado –como muy bien decía el señor Presidente- solo el 37 % de los 676.638.744 millones de euros de las contrataciones del año dos mil diez.

¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que este informe del Consejo de Cuentas... todos son importantes, pero este es sumamente importante, porque este informe refleja la facilidad con que la propia Administración se salta sus leyes y ofrece pistas este informe para comprender el extendido problema de la corrupción que existe en nuestro país. Y que es preocupación no solamente de los que estamos en la representación política, sino es preocupación de la ciudadanía de forma importante -como muy bien decía la encuesta del CIS, conocida en el día de ayer-.

Si bien es cierto que los 208 contratos detectados por el Consejo que no han sido comunicados por la Administración de la Comunidad no parecen mucho, puesto que representan el 2,33 del importe de la contratación total, en opinión de... del Grupo Mixto, de Izquierda Unida de Castilla y León, cada uno de estos contratos no comunicados abre una puerta al chanchullo y al mangoneo; esto es una realidad total. Igual que abre una puerta a mayores el propio informe... el propio informe no, el análisis del informe, cuando habla de cómo permanentemente, y en casi todas las contrataciones analizadas, resulta que no se cumple con los criterios de valoración, y cómo, además, los informes técnicos de valoración tienen importantes déficits normativos y legales.

El número de incidencias detectadas dan una pista clara de cuáles siguen siendo los vicios de nuestra Administración en lo que se prevé un mercado de favores donde se organiza la contratación pública. Como en anteriores informes del Consejo, nos llama también poderosamente la atención la reincidencia de la Gerencia Regional de Salud, la reincidencia en este tipo de prácticas; y yo he de decir aquí, pues que pediremos al Consejero de Sanidad que dé explicaciones a la Cámara sobre este procedimiento, sobre los procedimientos que se hacen en la Gerencia Regional de Salud.

Como en otras ocasiones, el procedimiento de contratación no responde a lo estipulado por la ley en un número importante de contratos cerrados, así como en el contenido de los pliegos de cláusulas y prescripciones públicas. Insisto en lo mismo, en el tema de la Consejería de Salud y en la preocupación de que ocurra permanentemente también en la Consejería de Fomento y de Medio Ambiente. Y también tendrá que rendir cuentas ante esta Cámara, y no mediante preguntas como alguna que en su momento yo he llevado al Pleno referido a alguna contratación de alguna obra en la provincia de Palencia, y que también analiza el propio Consejo de Cuentas, sino de una forma global, aunque hay materia, después de estudiar y profundizar en el informe del Consejo de Cuentas, habría materia para coger cada una de las contrataciones mayores de la Junta de Castilla y León y abrir una Comisión para entrar a analizar cada una de ellas, porque es de forma reiterada.

Yo, en cierta ocasión, quedé con una persona a una hora determinada, y esa persona determinada llegó dos minutos antes que yo de la hora, ¿no?, y entonces me dice: "Si no hubieses llegado en punto, hubiese llegado a la conclusión que el cien de las... de las ocasiones en que tú quedas con la gente llegas tarde". Pues bien, después de este análisis, uno puede llegar a la conclusión que, si en el 37 % de los casos... del global de los casos estudiados hay un permanente saltarse la normativa y la legislación, uno llegaría a la conclusión que reiteradamente, en el cien por cien de los casos, existe ineficacia y puede existir ilegalidad en todos los procedimientos de adjudicaciones de estos contratos.

Como no es mi intención repetir la larga relación de defectos en estos procedimientos de adjudicación, sino poner el acento en lo que consideramos que es intencionalidad de la Administración Autonómica de saltárselo para facilitar no se sabe qué, y que estamos ante algo que pudiese guiar hasta comportamientos ilegítimos, me quedo con el informe del Consejo de Cuentas, pero debemos sacar conclusiones y debemos convencer a la Junta de Castilla y León que hay que acabar con este sistema de contrataciones que tiene la Junta de Castilla y León.

Y quiero recordar, Señorías, que la famosa trama Gürtel se organizó en los años... a finales de los noventa, a partir de situaciones, de posibilidades que se abrían desde contrataciones que se saltaban la norma. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor González. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín Martínez.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, Presidente. Buenos días, otra vez. Antes que nada, también a efectos de acta, quiero que... quiero disculpar la... la ausencia de doña Leonisa Ull Laita, que nos ha llamado una vez iniciada la... la Comisión, que, por un problema de ultimísima hora, le era imposible llegar a esta... a esta Comisión.

En principio, por supuesto, buenos días, y... y saludar y agradecer la presencia de... del Presidente de... del Consejo de Cuentas, de los consejeros y de... y de los funcionarios y trabajadores de... del Consejo de Cuentas en esta... en esta nueva Comisión y para la presentación de este nuevo informe, a pesar de que yo entiendo perfectamente que... sobre todo en relación con este informe, todos ustedes se encuentren -no sé, supongo- desencantados, desengañados o... o defraudados en cuanto que yo entiendo que ustedes tienen todo el derecho a considerar que este informe -magnífico, por otra parte- es bastante un... un trabajo inútil; un trabajo inútil, por lo que vamos a ver. Y yo lo... lo único que les digo es que, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, ya sé que es poca... poca compensación, pero que sepan que... que ha gozado del mayor interés, como... como demostraré a partir de... de este momento.

Y un trabajo inútil porque es un año más, no es el primer informe, evidentemente, acerca de la contratación administrativa, sino que todos los años se nos presenta el informe y todos los años vemos que coincide prácticamente en lo mismo. Este año nosotros hemos hecho un trabajo adicional para... para ver hasta qué punto, por desgracia, funciona y tiene que funcionar el corta-pega en la realización de... de estos informes. Y en... y digo, por desgracia, por lo siguiente: si analizamos... –nos vamos ya al final del informe-. Yo también voy a cambiar un poco este año el... la forma del debate, pues por no repetir absolutamente lo de todos los años. Entonces, este año hemos hecho algo nuevo, y hemos comparado las... las propuestas, las resoluciones que plantea el Consejo de Cuentas este año con las realizadas en años anteriores, para ver hasta qué punto han sido tenidas en cuenta.

Y la conclusión, pues es evidente, pues, por ejemplo, la que habla del incumplimiento en relación a la comunicación al Registro de Contratos, la 1 del dos mil diez, es la uno... es la misma que la 1 del dos mil nueve, que la 1 del dos mil ocho y que la 1 del dos mil seis y dos mil siete; la 2, en relación al respeto a la normativa presupuestaria aplicable a los expedientes de gasto de tramitación anticipada y plurianuales, es la misma que la 7 del dos mil nueve; la 3, en relación a la constancia expresa de los motivos que justifican la elección de... a la no constancia de que justifican la elección del procedimiento de... de adjudicación, es la misma que la 2 del dos mil nueve; la 4, debe... que debe reservarse la tramitación de urgencia a los contratos cuya celebración responda a necesidades inaplazables, es la misma que la 7 del dos mil nueve, que la 3 del dos mil seis y del dos mil siete, y que la 2 del dos mil cinco; la 5, en relación a los... a la adjudicación a los contratos mediante la utilización de los procedimientos negociados sin publicidad, es la misma que la 4 del dos mil ocho; la necesidad... la 7, de necesidad de reforzar la objetividad de los criterios de adjudicación, estableciendo en todo... –aquí voy a parar ya- en todos los baremos de reparto y subcriterios que serán tenidos en cuenta, de tal forma que se garantice el conocimiento por parte de los... ni más ni menos, que se garantice el conocimiento por parte de los licitadores de la forma en que van a ser valoradas sus ofertas, y que la mesa de contratación asigne las puntuaciones aplicando estos criterios y baremos de reparto dejando constancia de todo ello en el expediente, es la misma que la 4 del dos mil nueve, la 3 del dos mil ocho y la 2 del dos mil seis y dos mil siete. Puedo seguir toda la sesión, pero esta... esta es la situación. Y, por cierto, la última, en relación a la Consejería de Economía y Empleo, que debería efectuar un análisis pormenorizado de los gastos que son objeto de contratación menor, etcétera, en relación a los contratos menores, es exactamente igual que la nueve del dos mil nueve, lo único que cambia la Consejería: este año es la de Economía y Empleo, que es a la que le ha tocado, el año pasado era la de Fomento, que hacía exactamente lo mismo en relación a la contratación menor.

Yo entiendo cuál puede ser su estado de ánimo cuando ustedes me consta que hacen este análisis, y no les hace falta hacerlo como nosotros, sino que lo tienen en la cabeza continuamente mientras hacen su... su trabajo. Porque, efectivamente, son las mismas irregularidades, las mismas deficiencias, las mismas conclusiones, las mismas recomendaciones y la misma opinión que en años anteriores. Y me temo que... que van a seguir haciéndoles el mismo caso, la... la Administración General e Institucional de la Comunidad, que... que en años anteriores.

Son las mismas conclusiones. Y voy a repasar algunas de ellas. Por ejemplo, en relación al Registro Público de Contratos, efectivamente, el Presidente lo ha dicho, se ha detectado que no se han comunicado 208, por 15... casi 16 millones de euros, de los cuales la Gerencia Regional de Salud no ha comunicado 153, por 12 millones de euros.

Pero les voy a pedir al Presidente y a... y a su equipo un ejercicio que seguro que... que se puede hacer muy rápido, porque hay... hay algo que yo echo de menos en este informe, y en relación a esta... a esta absoluta irregularidad y... y deficiencia, que es que en el informe, salvo alguna excepción muy rara, no se dice a qué contratos se refiere, a qué tipo de... a qué contratos concretos se refiere, sino que se recoge el número de expediente y de lote. Como estoy seguro que... que ustedes han traído en sus portátiles y en sus tablets la... la información completa de... del estudio, me gustaría pasarles una... un listado de... de expedientes, por volumen alguno de... de más de 6.000.000 de euros, no comunicado al... al registro, para que, a lo largo de la sesión, nos puedan decir a qué... a qué contratos concretos se... se refiere, porque simplemente tenemos el número, y creo que es muy significativo, precisamente por qué tipo de contratos es, saber por qué no se comunican. Creo... creo que ahí está. (Si... si le puede pasar uno al Presidente del Consejo y otro a quien él diga). Seguro que así tendremos alguna explicación de por qué... de por qué no se comunican estos contratos a... al registro, como... como debería ser.

Luego, está bien -ya les he dicho que voy a modificar un poco la... el modelo de intervención a años anteriores-, el informe, además, tiene una virtualidad, una... una virtualidad importante para... sobre todo para nosotros, que clamamos en el desierto continuamente pidiendo información, que... que ni tenemos ni se nos da, y que encontramos alguna en este informe, en estos informes del Consejo de Cuentas. Por ejemplo, para nosotros es significativo el ver qué tipo de contratos... de qué tipo de contratos estamos hablando. Y así, para nosotros es significativo, por ejemplo, conocer algún contrato, como la campaña promocional, utilizando como soporte la revista Argi, que nos ha costado 70.800 euros; o el servicio para el estudio técnico y artístico para la implantación de la marca Castilla y León, que nos ha costado 69.600 euros; o la variante de Guardo, que fue licitada por dieci... por razones obvias, por 19.827.000 euros; la licencia de uso en exclusividad de contenidos de arte e historia, 696.000 euros; los helicópteros, 19.292.000 euros; la Pasarela de la Moda de Castilla y León en sus ediciones de marzo y octubre, 1.220.000 euros; la provisión de servicios de telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad de Castilla y León, uno, dos, tres, cuatro, cinco contratos de los setenta seleccionados, por un montante total de 94.211.249 euros. Yo pediría también a... a usted y a sus colaboradores que nos dijera quiénes han sido los adjudicatarios de... de estos contratos.

En fin, ya le digo que... que es significativo... es significativo también, a nuestro juicio, saber de qué tipo de contratos estamos hablando y para qué sirven y cómo pueden repercutir en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León.

También quiero hacer mención expresa a la utilidad del informe en... en alguno de otros de sus apartados, y, en concreto, en el análisis que hace de los contratos menores. Y yo voy a hacer algo adicional a lo que ha hecho el Presidente. El Presidente hace su exposición, y yo lo entiendo, de una forma yo diría que casi no... no rápida, sino meteórica, para... con lo cual es muy difícil discernir qué hay realmente detrás de... de ese informe. Entonces, yo, a efectos del Diario de Sesiones de... de las Cortes, voy a leer algunos párrafos, muy rápidamente, del apartado de contratos menores de... de este informe, referido, efectivamente, a la Consejería de Economía y Empleo, en que el importe total asciende a 1.076.000 euros, y supone el 100 % de los contratos tramitados por estas características.

"Se ha detectado fraccionamiento de contratos prohibido en el Artículo 74.2 de la Ley de Contratos, eludiéndose de esta manera los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación correspondientes".

Y algunos ejemplos: "Los contratos 90 y 96, con cuantías respectivamente de 16.560,41 y 6.960 euros, IVA incluido, se remiten a una misma propuesta y aprobación del gasto por importe de 34.000 euros, del que se realizó un total de 30.965,59 euros, que tiene por objeto el alquiler de espacios, alojamiento y manutención, línea de datos, atención a diseñadores invitados, regalo institucional y otros, con motivo de la realización de la Pasarela de Castilla y León el nueve al once de marzo del dos mil diez, en Burgos".

"Los contratos números 95 y 97, cuyos importes ascienden a 18.022,94 y 17.826,66 euros, se acompañan cada uno de un informe de necesidad y una propuesta de gasto independientes, pero coincidentes en cuanto al objeto final (asesoramiento legal en materias de Cajas de Ahorros). Las facturas correspondientes, ambas expedidas por la misma empresa –me gustaría saber qué... qué empresa es, aunque creo que es el gabinete Uría, por lo que he visto en... en el anexo-, indican periodos de enero hasta febrero y marzo hasta abril, respectivamente".

"Los contratos número 101 y 139 se acompañan de la misma propuesta de gasto para la campaña de... para la campaña de información sobre el proceso electoral a las Cámaras de Comercio de Castilla y León, por importe de 31.786,65 euros. El concepto de la factura...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Debe ir acabando, señor Martín.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

¿Perdón?

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Que debe ir acabando.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

(Sí). ... el importe de la factura del número 101 es "Procedimiento electoral a las Cámaras de Comercio de Castilla y León. Campaña informativa a través de publicaciones", y el del número 139 es "Elección a Cámaras de Comercio de Castilla y León. Trabajos técnicos de la promoción de la campaña".

Y, por terminar con esta parte, compartiendo la misma propuesta de gasto, ya ha hecho referencia mi compañero del Grupo Mixto... No, perdón, esta la voy a leer: se encuentran tres contratos, el 105, 106 y 134, que... con una cuantía de 39.893 euros, están referidos a: coordinación de servicios y azafatas, pabellón Junta, 76 Feria Internacional de Muestras de Valladolid, por importe de 15.821; derechos de inscripción, pabellón Junta, por importe de 13.922; y servicio de seguridad y varios, pabellón Junta, por importe de 10.150.

Y ya no digo nada del Congreso de Economía de Castilla y León, un total de cien... de 55.308 en cuatro contratos diferentes; y los de rehabilitación, efectivamente, restauración de... de antiguas minas, a los que ya se ha hecho referencia.

En fin, quería que quedara constancia en el Diario de Sesiones de... de qué estamos hablando y qué hay detrás de las cifras que ha leído tan ágilmente el... el Presidente de... del Consejo de Cuentas.

Y luego, en relación a las incidencias, simplemente un dato. Yo no voy a repetir, como ha hecho el Presidente del Consejo de Cuentas, el número... el número de contratos que han entrado en cada una... en cada una de las incidencias porque yo creo que se desvirtúa en algo el... el análisis y la comprensión de lo que hay detrás de este informe. Yo voy a entrar en el porcentaje que esos contratos significan respecto a la muestra total, respecto a los 70 total seleccionados, y la inferencia estadística que se deriva de ese porcentaje.

Y, claro, no queda adecuadamente justificada la elección de criterios de adjudicación o de negociación en el 46 % de los casos; no consta la solicitud de tres ofertas o, en su caso, la negociación realizada en el 13 % de los casos; hay ausencia o deficiente indicación de los medios para acreditar la solvencia económico-financiera en el 34 % de los casos; hay un incorrecto desarrollo de los criterios subjetivos que no permiten valorar las ofertas solo con lo expuesto en los pliegos –la más importante- en el 47 % de los casos...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Martín.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

(Acabo ya, Presidente). ... porcentajes de... de este tamaño, que, si utilizo un segundo turno, volveré a reiterar. Y, simplemente, para acabar con este turno -que espero que sea... que sea único, pero, en todo caso, me reservo la posibilidad-, decir que, una vez más, un año más, vamos a asumir todas las recomendaciones que plantea el informe de... del Consejo de Cuentas, y alguna más; y el año que viene volveremos a realizar este análisis... este análisis de hasta qué punto se reiteran las recomendaciones año tras año, porque, a fin de cuentas, señor Presidente del Consejo de Cuentas, yo entiendo que esté usted defraudado y desengañado por el poco caso, nulo caso, que le hace a usted la Junta de Castilla y León... a usted no, al Consejo de Cuentas, la Junta de Castilla y León y el res... y... y la Administración Institucional de la Comunidad. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Martín. Para concluir este primer turno de intervenciones, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, Presidente. De nuevo dar la bienvenida a los miembros del Consejo de Cuentas. En este caso, ante un informe de mandato legal, que se elabora año tras año, que es el de la contratación de la Administración Institucional de la Comunidad y los entes dependientes, en el que este año se trata de un volumen total de 6.958 contratos, por un importe de 676 millones de euros -una disminución importante del volumen de contratación la que se llevó a cabo en el dos mil diez respecto al ejercicio anterior, donde había un menor número de contratos, pero con un importe adjudicado sustancialmente mayor, que superaba, en ese caso, los 1.000 millones de euros-, de los que, por hacer simplemente una valoración, había 2.500 contratos en procedimiento abierto, 4.445 en procedimiento negociado, y únicamente 3 contratos de procedimiento restringido.

Una vez más, el Consejo de Cuentas cumple con lo determinado por los OCEX a los efectos de analizar, al menos, el 25 % del volumen total de la contratación. En este caso, efectivamente, se han seleccionado 70 contratos de distintas Consejerías a los efectos de un análisis pormenorizado de los mismos.

Yo quiero plantear, en primer lugar, dos cuestiones –creo que son importantes-:

En primer lugar, que una vez más –y lo pone de manifiesto el Consejo de Cuentas- ha habido una colaboración total por parte de la Junta de Castilla y León a los efectos de elaborar este informe, en lo que es... en lo que pueden ser requerimientos de documentación; y creo que es importante en aras a esa transparencia de la que creo es tan necesaria en el momento actual. Y lo pone prácticamente de manifiesto cuando plantea que no ha habido limitaciones, y siempre ha habido una actitud de colaboración por parte de la Administración Autonómica para la elaboración de este informe.

Y, luego, lo que es el resumen de su opinión –y cito textualmente-: un año más es que, "en función de los expedientes analizados, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma cumple razonablemente con la legalidad aplicable en la contratación, salvo determinadas salvedades". Salvedades, efectivamente, que son las mismas prácticamente que estaban en el ejercicio dos mil nueve, y que se pueden resumir en el incumplimiento del Artículo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a los criterios de valoración de las ofertas, en criterios de tramitación de la suspensión de la ejecución del contrato, así como modificados y prórrogas, en las que –y lo dije en el dos mil nueve y lo digo yo hoy- hay un claro elemento subjetivo; y el incumplimiento del Artículo 74.2 respecto al fraccionamiento de los objetos del contrato.

Y, como los Portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han puesto ejemplos concretos, yo también voy a poner algunos ejemplos concretos, y voy a hablar de una parte que todos –obviamente- los Portavoces que me han precedido han obviado, que han sido las alegaciones que ha presentado la Junta de Castilla y León a cada uno de las consideraciones que ha efectuado el Consejo de Cuentas, que en la mayoría de los casos, es decir, no ha sido tenido en cuentas, y en la que yo entiendo que hay una importante carga subjetiva. Y voy a decir el porqué.

Porque, mire, cuando uno habla del Artículo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público –y lo hice en el dos mil nueve-, y se plantea, concretamente –y cito textualmente-, por ejemplo, que "no hay proporcionalidad en la valoración de las ofertas", yo no he encontrado ningún precepto; yo, personalmente, no he encontrado ningún precepto, ni en la Ley de Contratos del Sector Público ni en el Reglamento, que diga que la valoración de las ofertas tiene que ser proporcional.

Tan es así, tan es así, que voy a poner algún ejemplo: en una subasta, una subasta, únicamente el tipo de licitación es el precio, ¿hay proporcionalidad si una empresa va al tipo –y obviamente tiene cero puntos- y una empresa hace una baja de 0,5 céntimos y tiene la máxima puntuación?, ¿existe proporcionalidad? Dejo esa reflexión en el aire para que hablemos de qué estamos hablando. En una subasta la máxima oferta se valora con 50 puntos, al tipo con cero; si una empresa hace 5 céntimos de euro tiene la máxima puntuación, y si la otra va al tipo tiene cero puntos. Por lo tanto, ¿existe proporcionalidad en esa subasta, en la valoración de la oferta económica? Lo digo porque creo que es un buen ejemplo de que en este ámbito de la contratación siempre hay una carga de elemento subjetivo.

Voy a poner otros ejemplos. Es cierto que hay una falta de comunicación –y se ha puesto de manifiesto-, aspecto que, desde luego, tiene que mejorar la Junta de Castilla y León respecto de la comunicación al Registro Público de Contratos de la Comunidad; pero creo que hay que tener en consideración también una parte fundamental, que es que la Junta de Castilla y León alega que, efectivamente, la formalización del contrato es el momento en el que se produce la comunicación a los efectos del Registro Público de Contratos; y hay un importante volumen de contratos que se adjudicó provisionalmente en los últimos meses del año –noviembre y diciembre- del ejercicio dos mil diez, y que no se formalizaron -obviamente, cumplidos los plazos- hasta el ejercicio dos mil once. Por lo tanto, hasta el año dos mil once no se comunicó esa... esa comunicación al Registro a los efectos de...

Obviamente, eso no es todos los contratos, pero sí hay un número importante de contratos que se han adjudicado en los últimos meses, y como la Junta comunica al Registro de Contratos del Sector Público en los meses... en el momento de la formalización, puede que se produzca en el ejercicio posterior.

Un argumento reiterativo por parte del Consejo de Cuentas, que ha sido siempre la falta de justificación en la... los modificados o en las prórrogas de los contratos. Hay buenos ejemplos en ello, y es cierto que la Ley de Contratos del Sector Público plantea que la prórroga del contrato y la modificación del mismo se ajuste a la legalidad, obviamente, con la justificación. Esa justificación –quiero ponerlo de manifiesto- se elabora por personal técnico de la Junta o por la dirección de obra competente; desde luego, aquí no afecta para nada al ámbito político, pero, desde luego, creo que hay un elemento subjetivo de carga fundamental en ver si esa justificación es o no suficiente. Seguramente, si cogiésemos tres funcionarios públicos distintos, para uno lo sería y para otros no lo sería. Por tanto, hay una carga subjetiva importante en la valoración que se efectúa.

Y hay un último aspecto fundamental, en el que se ha hecho especialmente hincapié en este informe, que es el tema del fraccionamiento de los contratos. A diferencia de lo que sucede en este año –donde se ha analizado los contratos menores de la Consejería de Economía y Empleo-, en el ejercicio anterior no fue, señor Martín Martínez, la Consejería de Fomento, fue la Consejería de Cultura... la Consejería de Cultura la que se analizó el fraccionamiento de los contratos; y en ellos, además, justificábamos... y justificaba sus alegaciones la Junta que eran todos contratos derivados de mantenimiento y comunicación de equipos y de líneas –si no me falla la memoria-. En este ejercicio se ha analizado los... los contratos de la Consejería de Economía y Empleo. Y creo que hay que tener en cuenta un aspecto fundamental, que es el criterio que mantiene el Consejo de Cuentas –que yo respeto, pero no comparto-, que es el concepto de la unidad funcional.

Porque, claro, el concepto de la unidad funcional, que ustedes plantean en sus informes, es un concepto demasiado amplio desde el punto de vista jurídico. Porque, fíjese –y aquí se ha puesto un ejemplo-, ¿la unidad funcional es, en el contrato del que ha hecho referencia, por ejemplo, el Portavoz del Grupo Mixto, el que la Dirección General de Minas contrate actuaciones en distintas minas, y hay unidad funcional porque se celebran en el mismo municipio? ¿Ese es el concepto de unidad funcional? Pues yo, permítanme que discrepe, porque la unidad funcional entonces, en la contratación administrativa, la unidad funcional es una ciudad, todo lo que contrate un Ayuntamiento o la Administración Autonómica en una misma ciudad ¿es el concepto de unidad funcional, o hay que analizar el objeto del contrato?

Y digo como ejemplo, porque el objeto del contrato es fundamental, y así lo dice el Artículo 74.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. Y en el objeto del contrato aquí se ha puesto un ejemplo, concretamente relativo a los informes que se le encargaron, por parte de la Consejería de Economía y Empleo, a un gabinete –desconozco cuál ha sido- respecto al asesoramiento en materias de Cajas de Ahorros. Y ha hecho referencia a él concretamente el Portavoz del Grupo Socialista. Desconozco si ha sido el gabinete de Uría, o ha sido... yo lo desconozco, pero lo que sí quiero hacer referencia es que el objeto del contrato era distinto, porque el ámbito de asesoramiento que pedía la Junta de Castilla y León era, en el ámbito de las Cajas de Ahorros, distinto: uno, para ver la modificación legislativa que había operado en la modificación del Gobierno, y el otro para analizar la fusión de Caja España y Caja Duero. Eso lo dice claramente la Junta de Castilla y León, lo dice claramente. ¿Hay unidad funcional? Según el Consejo de Cuentas, hay unidad funcional porque hay asesoramiento sobre Cajas de Ahorros. Esa es la unidad funcional y en lo que el Consejo de Cuentas analiza y desestima la alegación de la Junta de Castilla y León. ¿Es el mismo objeto del contrato? A mí criterio personal no. El contrato es totalmente distinto. Tan es distinto, que el momento temporal es distinto también. Un contrato se hace en el mes de enero, a raíz de las modificaciones operadas en la Ley de Presupuestos y el otro se hace en el mes de marzo.

Por tanto, creo que hay una carga y un elemento subjetivo importante y, sobre todo, en el ámbito del fraccionamiento, cuando hablamos de unidad funcional, que hay que tener en cuenta y que creo que no va en consonancia con lo que establece la propia Ley de Contratos del Sector Público en el Artículo 74.2.

En todo caso, creo, y hay que reconocer, que hay aspectos mejorables en la gestión de la Junta de Castilla y León, y, desde luego, nosotros presentaremos recomendaciones. Pero quiero recordar lo que dice el Consejo, que la Junta cumple razonablemente con la legalidad de aplicación.

Podríamos entrar en algunos otros ejemplos, donde la Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones. He reconocido que, obviamente, han sido prácticamente todas ellas desestimadas, pero creo que, además, en esa desestimación hay un elemento subjetivo importante, y creo que puedo... puedo poner algunos ejemplos claros sobre ellos.

Lo he hecho respecto a la valoración proporcional de la oferta económica, y he puesto un ejemplo ya no de concurso, sino de una subasta pura y dura, donde esas circunstancias se dan, una baja mínima puede tener la máxima puntación, unos céntimos de euro, y la baja que va al tipo no obtiene nada. A mí criterio, ahí no hay proporcionalidad, pero es una subasta pura y dura y, obviamente, el licitador conoce cuáles son las valoraciones que puede... que pueda obtener.

Otro criterio que he puesto de manifiesto es ese criterio que se plantea en el fraccionamiento de los contratos, en lo que es referente a ese elemento subjetivo que es la unidad funcional. Yo entiendo que hay que analizar con mayor detenimiento cuál es el objeto del contrato y aquí se han puesto de manifiesto, creo que hay claros ejemplos, y ese que ha puesto el Portavoz del Grupo Socialista para mí es un ejemplo muy claro, el objeto del contrato, efectivamente es distinto, la unidad funcional es la misma, porque es un asesoramiento en materia de cajas de ahorros. Pero también es distinto que el momento temporal también es distinto, porque obedece a modificaciones legislativas operadas en el ámbito de la legislación básica.

Y he puesto el ejemplo, también, del elemento subjetivo de la justificación, por ejemplo, en la tramitación de los modificados o en las prórrogas de los contratos.

Y para finalizar, quiero hacer, simplemente, un matiz. Aquí se ha puesto de manifiesto el criterio de eficiencias, de irregularidades. Yo he reconocido que hay aspectos mejorables y presentaremos propuesta de resolución en el ámbito de la contratación. He explicado también por qué el volumen de la comunicación es importante, aunque he de reconocer que se puede mejorar sustancialmente también en la comunicación de los contratos al Registro Público de Contratos de la Comunidad de Castilla y León. Pero quiero matizar una cuestión fundamental: en los procesos de contratación, los que no actúan son los Consejeros, simplemente firman las propuestas que les pasan las mesas de contratación, donde no hay representantes políticos, desde la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Cruz. Para contestar a las intervenciones de los distintos Grupos, tiene la palabra de... el Presidente del Consejo de Cuentas.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias, Presidente. Yo creo que ustedes han hecho un... un análisis riguroso, cada uno, evidentemente, desde su respectivo punto de vista sobre lo que es este informe en relación a la contratación del año dos mil diez.

Antes de entrar en alguna serie de... de matizaciones o contestación a las... los interrogantes que se han formulado, y sí me gustaría hacer una consideración. Recientemente, nosotros hemos enviado la propuesta de fiscalización para el año dos mil catorce. Bueno, pues, si ustedes analizan esa propuesta de fiscalización para el año dos mil catorce, se introduce una importante novedad que quizás no haya sido todavía tenida en cuenta por el... el conjunto de los representantes políticos aquí presentes, pero que se efectúa el desglose entre contratación, para decirlo coloquialmente, contratación en general, de contratos menores. Es decir, ya en su caso hablaremos con... con esta Comisión para ver cómo quieren que se efectúe la comparecencia, si agrupada o desglosada, pero habrá dos informes, uno referido a contratación general y otro a contrataciones menores.

¿Por qué? Bueno, pues porque, evidentemente, al Consejo de Cuentas queremos dar un mejor servicio a los ciudadanos de Castilla y León y creo que la contratación menor requiere el tratamiento que ha de efectuarse con un carácter global, no como se ha venido haciendo a lo largo de estos años, que era con carácter selectivo, Consejería por Consejería.

Entonces, nosotros creemos que es oportuno y conveniente y necesario pues efectuar ese análisis específico de la contratación menor, y así se hará en el plan de fiscalización del dos mil catorce, si lo aprueban las Cortes de Castilla y León, que en estos momentos se encuentra remitido para la aprobación por parte de las Cortes de Castilla y León.

Y eso lo quiero unir en cierto modo con la intervención del Portavoz del Grupo Socialista para decirle que en absoluto estamos desanimados y que en absoluto estamos defraudados. Es decir, tanto es así que nosotros vemos que hay posibilidades de seguir ampliando la labor de fiscalización y de informes por parte de esta institución, en definitiva, para redundar en un mejor servicio a los ciudadanos de Castilla y León y, por supuesto, a todos ustedes. Esa es la primera consideración.

La segunda, y seguimos también en esta línea de novedades, es decir, en próximas fechas empezamos ya a trabajar con vistas a tener concluido lo antes posible el informe de seguimiento de recomendaciones. Bueno, ustedes tendrán aquí... tendrán aquí, en próximas fechas, el informe de seguimiento de recomendaciones, que podrá ser reiterativo o repetitivo, como ustedes quieran, pero lo que sí vamos a dejar constancia es de la necesidad de que se cumplan aquellas recomendaciones que suponen una mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos y un cumplimiento más estricto de la legalidad.

Entonces, en ese sentido, pues, decirles que en próximas fechas iniciaremos ya todo el trabajo para la formalización de ese seguimiento de recomendaciones y que tendrán ustedes la posibilidad de comprobar si ha existido algún cambio respecto al cumplimiento de las recomendaciones expresadas por el Consejo de Cuentas en los distintos informes que son elaborados y remitidos a lo largo del año a las Cortes de Castilla y León.

Como ustedes saben también perfectamente, dejo para mi segunda intervención la información sobre las posibles incidencias que existan en relación al informe que haya sido objeto de comparecencia. Entonces, en relación a ello, les informo que recientemente se ha recibido por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León una petición de documentación sobre contratos menores, en relación al informe de fiscalización que acabamos de ver. Y se pide la formulación de los siguientes y el lugar de celebración de los mismos, y, en particular, hablan de los contratos 90 y 96, 95 y 97, 101, 139, 105, 106, 134, 108, 113, 114, 115, 109, 110, 131, 132, 124, 129 y el contrato 126. Esto es lo que se solicita desde la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Y también recientemente, y en estos momentos estamos en curso de remitir la información que se nos ha demandado desde el Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas en relación a... informe en relación a otros dos contratos relativos a lo que es la fiscalización de la contratación administrativa general de la institución de la Comunidad Autónoma. En particular, se refieren en supuestos de responsabilidad contable que pueden existir, responsabilidad contable, en particular se refieren a la página 40, la modificación del contrato de servicios número 3 se basa en una serie de circunstancias que ya eran conocidas por la Consejería antes del acuerdo de prórroga firmado hacía menos de tres meses, por lo que no se deben a causas imprevistas, según lo establecido en el Artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público. Y después, otro es la contratación, página 43, expediente número 23, sobre gestión de licencias de caza, pesca, actividad formal y materialmente administrativa, no se motiva suficientemente la justificación de la necesidad o idoneidad de dicha contratación, incumpliendo lo establecido en el Artículo 22 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Se ha recabado información sobre estos dos expedientes, y decirle que está en el trámite interno del informe tanto de fiscalización como el informe jurídico y, a continuación, se remitirá al Tribunal de Cuentas.

Respecto a la petición de información solicitada por el Portavoz del Grupo Socialista, en estos momentos hay que consultar la base de datos y... y lamento decirle que no se la puede facilitar. No obstante, si así lo desea, se lo haremos llegar en los próximos días, lo antes posible. No creo que en la próxima semana los primeros días de la próxima semana le remitiremos esa información que usted ha demandado en la mañana de hoy. Y creo que, en ese sentido, pues sea consciente de la imposibilidad de dar una información rigurosa y exhaustiva como demanda usted en estos momentos. Por eso le pido también disculpas en no poder satisfacer esa demanda.

Respecto a las distintas consideraciones que se han hecho, mire, yo no voy a entrar en el ámbito de cómo se pueden interpretar alguna serie de las normas, lo que sí me gustaría incidir en esta intervención es que, como se ha puesto de manifiesto, las recomendaciones son prácticamente coincidentes con las de los años precedentes. Es decir, no se ha producido, pues una evolución significativa, si bien es cierto –y yo creo que es un dato- que se han aceptado o tenido en cuenta del orden de 59 alegaciones, ha habido modificación de 59 párrafos como consecuencia de las alegaciones, y, en ese sentido, se han estudiado. Y también lo que quiero mostrar de esta manera es la disposición del Consejo de Cuentas a aceptar aquellas alegaciones que realmente entendemos que tienen un apoyo legal, que son convincentes legalmente hablando; mientras que hay otras muchas alegaciones que, como ustedes habrán observado, lo que hacen es explicar, explicar lo que han hecho, y la explicación de lo que se ha hecho no quiere decir que tenga fundamento legal. Y eso es muy reiterativo prácticamente en el conjunto de las alegaciones que se formulan.

También significar que este es un informe de fiscalización que se hace por mandato legal. Que, como ya he dicho antes, en este año en el Plan de fiscalización lo vamos a desglosar. Y, desde luego, yo creo que, inclusive, como también creo que cualquier persona que lea atentamente el informe podrá discriminar aquellas observaciones o aquellas recomendaciones que son auténticamente importantes, o, por decirlo de una manera coloquial, de una mayor trascendencia, de aquellas otras que quizás no revistan la importancia que figura en algunos casos. Es decir, yo, por eso, creo que el conjunto de las recomendaciones ponen de manifiesto graves irregularidades desde el punto de vista del incumplimiento, pero que no todas pueden ser evaluadas de la misma manera.

Yo creo que en esa línea nosotros vamos a seguir trabajando. Y decirle que esperamos y deseamos, pues como ya lo hemos expresado en distintas ocasiones, que este conjunto de recomendaciones sean aceptadas por la Administración, que, en definitiva, yo creo que se conseguiría pues una mayor transparencia en todo lo que es la gestión de los recursos públicos y en la gestión de la contratación administrativa. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Para consumir un turno de réplica, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Sí, muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente del Consejo de Cuentas por las nuevas explicaciones añadidas, que está muy bien que también la Fiscalía se preocupe por algunos elementos que ya están en estos informes.

Decir que yo tenía subrayado aquí, para empezar esta segunda intervención con algo que habitualmente traslado en las comparecencias del Consejo de Cuentas, que es el desacuerdo con la opinión del Consejo de forma global. Y miro al señor Portavoz del Grupo Popular porque me ha dado la razón cuando yo habitualmente me quejo de que se diga que las instituciones cumplen razonablemente con la legalidad aplicable, cuando luego vemos un conjunto de incidencias que hacen dudar de ese cumplimiento. Yo sé que es una fórmula establecida, pero el subjetivismo de quien apoya al Gobierno hace que permanentemente se agarren a esta fórmula para defender lo indefendible.

Bien, dicho esto, decir que uno puede hacer intervenciones con carga de subjetivismo, pero para nada entiende que el Consejo de Cuentas, cuando elabora el informe, exista carga de subjetivismo, sino es que es de suma preocupación; que la preocupación de este Portavoz puede ser subjetiva, pero lo que está claro que sin el cuadro número 11 de... -la página creo que es 88, del informe de 123 páginas- habla de las principales incidencias comunes, y hay ahí decenas y decenas de incidencias comunes, incidencias que se conceptúan a partir de incumplimientos de la legislación e incidencias que se fundamentan en el incumplimiento de articulado de la ley, está claro que estas incidencias pueden preocupar a este Portavoz subjetivamente, pero son una realidad de incumplimientos con la legalidad por parte de quien tiene que ser el primero en cumplir con la legalidad, que es la Administración Autonómica. Porque si las Administraciones no cumplen con la legalidad, difícilmente las Administraciones van a poder ponerse al frente de la exigencia del cumplimiento de la legalidad de entes no públicos, sino entidades privadas o ciudadanos o ciudadanas.

Decir que me felicito también de la complementariedad en las intervenciones que hemos tenido hoy desde la Oposición. Creo que es un reconocimiento al trabajo del Consejo de Cuentas, que, sin habernos puesto de acuerdo, nos complementemos en estas intervenciones, y es gracias pues a ese exhaustivo informe que se ha traído aquí, y que, por desgracia, mucho nos tememos que de nuevo vuelva a servir para que debatamos, hablamos, alguno nos consideremos con la razón, pero que, al final, el próximo año volvamos a lo mismo. Gracias de nuevo al Consejo de Cuentas.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor González. Para consumir también un turno de réplica, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín Martínez.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí, la... gracias. La verdad es que no es de réplica, es un turno último. Y que quiero empezar, además, felicitando de verdad, de manera muy efusiva, al Presidente del Consejo de Cuentas, al resto de los Consejeros, y a todo lo... y a todos los trabajadores del Consejo de Cuentas. Sobre todo felicitarles por su fortaleza de ánimo, porque... porque me dice que, efectivamente, que no están ni desanimados, ni defraudados, ni en fase de depresión. Entonces, yo les felicito a todos ustedes, y también les digo –y yo creo que se lo demuestro- que nosotros tampoco, porque nosotros también todos los años nos pasa lo mismo que a ustedes, que seguimos trabajando sobre lo mismo sabiendo que la virtualidad sobre lo que trabajamos es poca, y ahora ya es bastante más serio.

Claro, el problema, el problema es dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo, tantas ganas, tanta voluntad, tanta capacidad, tanta profesionalidad a elaborar un informe como este para saber que se va a quedar aquí, que se va a quedar aquí, porque para lo que tenía que servir, que era para que la Administración modificara esas actitudes, en muchos casos deficientes, en muchos otros irregulares, y en muchas otras ilegales, sabemos que, en la línea de años anteriores, no lo van a modificar. Porque el Consejo de Cuentas... ni el Consejo de Cuentas ni las propias Cortes de Castilla y León tenemos herramientas, y además ha habido el momento para dotar al Consejo de Cuentas de herramientas, para garantizar, en parte, el acatamiento por la Administración de estas... de estas recomendaciones.

Pero, en todo caso, felicidades y ánimo. Y además le digo: yo creo que muy poco a poco, granito a granito -y perdóneme si nos atribuimos los Grupos Parlamentarios parte de algún grano de estos-, se va ganando en credibilidad, y se va ganando en que algún día igual hasta les hacen caso en alguna... en alguna de estas recomendaciones. Y lo digo... -y además todos ustedes saben que yo no suelo hacerlo, referencias a la posición del resto de los Grupos en un informe como este, pero voy a hacer una mínima- que a mí me da idea de que vamos avanzando granito a granito, que es, efectivamente, el argumento del Portavoz del Grupo Popular, que yo, en todos estos años de este momento y del anterior momento, cuando se crea el Consejo de Cuentas y llegan los primeros informes, etcétera, yo nunca había oído al Grupo Popular achacar a lo que he oído hoy –creo que el año pasado también, al mismo Portavoz- achacar al Consejo de Cuentas subjetividad, subjetividad. Eso quiere decir que por lo menos empieza a haber preocupación. Vamos avanzando, vamos avanzando; ya, cuando se recurre a argumentos de ese... de ese tipo en esta... en esta Cámara en relación al Consejo de Cuentas, quiere decir que alguien está empezando a preocuparse y que a alguien, por lo menos, le molesta ya un poco algún tipo de... de estos informes, incluso hasta su repercusión pública. Yo creo que por ahí hay que seguir, hay que... hay que avanzar, y entre todos nos tenemos que dar fuerzas y ánimos para que esa preocupación que empezamos a ver en el Grupo Popular llegue a algún sitio, incluso a cambiar las actitudes y... y la forma de gestión.

Y ya, muy rápidamente, en temas muy... muy concretos, efectivamente, lo tenía preparado, el nuevo Plan de Fiscalización discierne el análisis de los contratos menores de... del resto. Efectivamente, en el año dos mil nueve era Cultura, en el dos mil ocho era Fomento, se repite exactamente la misma recomendación, porque todos... todas las Consejerías hacen exactamente lo mismo en relación a los contratos menores, y, efectivamente –y yo es lo que quería señalar y se ha adelantado el Presidente-, la gran novedad para nosotros es que se introduce el seguimiento de las recomendaciones dentro del Plan Anual de... de Fiscalización. Espero que no nos lleve a una depresión más profunda el que formalmente se haga lo que hemos hecho nosotros y que ustedes hacen continuamente.

Una pregunta que me... me preocupa mucho, no... porque no he entendido muy bien las referencias que ha hecho el Presidente a... a la Fiscalía. Porque yo entendía que, a la hora de la elaboración del informe, el propio Consejo de Cuentas era el que definía en su informe definitivo si entendía que en algún caso podía haber indicios de responsabilidad contable con su notificación posterior a la Fiscalía de... del Tribunal de Cuentas, etcétera. Y, sin embargo, ahora me da la impresión –por lo que he entendido... por lo que he creído entender- que, sin que se haya producido esa situación, es decir, sin que el propio Consejo de Cuentas haya estimado la posibilidad de una responsabilidad contable, la Fiscalía sí que ha solicitado... –en un caso no lo ha dicho- ha solicitado información de una serie de contratos menores, pero en otro caso sí que... sí que ha solicitado, en base a la posibilidad o... o de una posible responsabilidad contable, un par de... un par de contratos. Si es así –lo digo seriamente-, me preocupa por qué no se ha adelantado el propio Consejo de Cuentas en... en ver esa... esa posibilidad de... de responsabilidad contable. Simplemente es una... una aclaración.

Luego, en relación a la... a las peticiones que... que he hecho, formalmente yo sé que no había una manera de... de pedir al Consejo de Cuentas que me dijeran qué contratos son exactamente los que corresponden a esto... a estos números de expediente y de lote. El Presidente de Cuentas se ha ofrecido a remitirme esa... esa información; le pediría que no solamente la lista, que era un tema preparado por si aquí se podía ver esa base de datos, y... y yo había seleccionado unos cuantos, sino la base de datos completa de los que no se... no se comunicaron en su momento al registro.

Y, simplemente, recordarle que... que le había pedido información del adjudicatario de los contratos 37, 38, 39, 41 y 42, relativo a la... a la provisión de servicios de telecomunicaciones a la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Y, ¡hombre!, pues ya puestos, pues también el adjudicatario del contrato 107 –digo "también" ya a efectos de... del Diario de Sesiones-, que por 10.440 euros hizo la divulgación, en portales on-line, de las políticas –me gustaría mucho saber quién es y de qué políticas-; o el adjudicatario que por 6.960 euros, en el... en el contrato 98, hizo el asesoramiento de estilismo del desfile de diseñadores. Ya por... si es posible saber esto... estos adjudicatarios.

Y ya para terminar. Directamente, Presidente, Consejeros y... y funcionarios, trabajadores del Consejo de Cuentas, ánimo y a seguir adelante con esa... con esa fortaleza de ánimo. Y cuentan con nosotros para apoyar todas sus recomendaciones, alguna más incluso, y también para seguir animándonos mutuamente. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, Presidente. En primer lugar, una consideración y... dirigida al Presidente del Consejo de Cuentas, ¿eh? Yo quiero poner de manifiesto que, efectivamente, usted tiene la costumbre –al menos desde que yo estoy aquí- de comunicar las incidencias en el segunda... en la segunda intervención; lo que yo quiero poner de manifiesto también es que no era necesario hacerlo en el día de hoy, porque esas incidencias las conocemos por los medios de comunicación desde el día de ayer, y creo que ese es un mecanismo -de verdad, desde el máximo respeto- que debe corregirse por respeto a esta Cámara y, desde luego, por respeto a los ciudadanos. Creo que es fundamental el respeto a la Cámara, y que las incidencias aparezcan en los medios de comunicación previamente a que se haya comparecido en esta Cámara creo que es algo, de verdad, que no dice mucho del respeto a la... a la representación de los ciudadanos. Porque usted ha hecho manifiesto... ha puesto de manifiesto en la segunda intervención esas incidencias, pero es que en el día de ayer y en el día de hoy aparecen en los medios de comunicación de la Comunidad, por tanto, ya son previamente conocidas por todos los miembros de esta Comisión, que, obviamente, hacemos seguimiento de lo que dicen los medios de comunicación.

En segundo lugar, una reflexión respecto a lo que ha planteado el Portavoz del Grupo Socialista. Bueno, preocupación del Grupo Popular: ninguna; criterio del Grupo Popular, en lo que yo sea Portavoz: todo; respecto al Consejo de Cuentas: máximo. Pero creo, además, que no se ha entrado en el fondo, y yo he puesto aquí unos conceptos jurídicos que están ahí, que es la unidad funcional y el objeto de contrato. Y yo voy a citar textualmente lo que dice el Artículo 74 de la Ley de Contratos del Sector Público respecto al fraccionamiento de los contratos. Y en el apartado 1 dice: El objeto del contrato del sector público debe ser determinado; en el apartado 2 dice: No podrá fraccionarse en... un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los requisitos al procedimiento de adjudicación que corresponda; continúa en el apartado 3 y 4.

Y quiero citar textualmente la contestación del Consejo de Cuentas a una de las alegaciones formuladas por la Junta de Castilla y León; lo he hecho antes y quiero que conste en acta. Y leo: Contestación a la alegación efectuada por el Consejo de Cuentas respecto a los contratos referidos al asesoramiento en materia de las Cajas de Ahorro. Dice textualmente la contestación de la... a la alegación por parte del Consejo de Cuentas: Los dos contratos comparten una misma causa y una misma necesidad: cubrir el asesoramiento legal de las Cajas de Ahorro -unidad funcional-. Los distintos objetos contratados no son más que las diferentes prestaciones concretas de la unidad. Los distintos objetos contratados, es decir, distintos objetos contratados. Por tanto, yo interpreto que ahí no hay fraccionamiento de los contratos. Unidad funcional... unidad funcional es una cosa, objeto del contrato es otra distinta, y el objeto del contrato es lo que regula el Artículo 74.

Por tanto, preocupación del Grupo Parlamentario Popular: ninguna, ni de la Junta de Castilla y León. Creo que lo que estamos planteando es un criterio, y yo he hablado de elementos subjetivos y lo sigo manteniendo. Porque, mire, es que este informe no diferirá mucho de cualquiera de los informes del Consejo de Cuentas respecto a la contratación en cualquiera de las Comunidades Autónomas, en cualquiera de las Comunidades Autónomas. Y lo he dicho y lo mantengo, no tengo ningún problema: siempre hay elementos subjetivos en la contratación; y he puesto un ejemplo en el ámbito de los modificados y de las prórrogas. Seguramente, lo que para unos funcionarios en la valoración está perfectamente justificada y... y motivada una prórroga o un modificado, para otros no lo está. Por lo tanto, ese es el elemento subjetivo y la carga subjetiva, que es inherente al Consejo de Cuentas, al Portavoz del Grupo Popular o a cualquiera de las personas que hace un análisis riguroso de un informe del calado de estas características.

Y termino reconociendo el trabajo del Consejo de Cuentas, y planteando –como hicimos en la anterior presentación, en el ejercicio dos mil nueve- que el Grupo Parlamentario Popular va a presentar, obviamente, recomendaciones al Consejo de Cuentas, porque entendemos que hay aspectos que son mejorables. Pero, además, creo que es justo matizar que hay una diferencia de criterio, en este caso, por parte de este Portavoz, que creo que he justificado perfectamente. Nada más, y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Tiene de nuevo la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Muchas gracias, Presidente. Yo creo que hay quizás, con carácter preliminar, que aclarar una cuestión, y es en... en relación a... a la información que he dado sobre la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y del Tribunal de Cuentas.

Lo primero que sí me gustaría enfatizar y poner de manifiesto en la mañana de hoy, que esas informaciones que hayan aparecido, desde luego, puedo asegurar que no tienen ningún tipo de vinculación con el Consejo de Cuentas. Es decir, eso es lo primero que sí me gustaría poner de manifiesto. A veces se producen informaciones que yo, evidentemente, nada más lejos de mi intención de matar al manse... mensajero, en absoluto, y poner de manifiesto –como todos ustedes saben- que me comprometí ante esta Comisión de Hacienda que siempre que hubiese incidencias sobre los informes de fiscalización -en mi segunda intervención, les daré a ustedes cumplida cuenta de esos datos y de esa información-, y eso es lo que estoy cumpliendo. Si se producen informaciones al margen del Consejo de Cuentas, lo que sí quiero incidir y enfatizar y poner de manifiesto en la mañana de hoy de que el Consejo de Cuentas no tiene nada que ver con ese asunto. Primera cuestión.

Segunda. Sobre lo que se ha suscitado por el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, aclaro lo siguiente. Es decir, nosotros en el curso de cualquier fiscalización detectamos de que existen indicios de responsabilidad contable o indicios de responsabilidad penal, ponemos en marcha el... el correspondiente expediente para su remisión, en su caso, al Tribunal de Cuentas, o, en su caso, a la Fiscalía.

No obstante, no olvidemos otra cuestión, y es que nosotros, al aprobar cualquier informe de fiscalización se remite siempre al Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas hace un examen de nuestros informes de fiscalización, y a veces se producen disparidad de criterios desde el punto de vista de lo que puede ser la responsabilidad contable o inclusive la penal.

Yo lo que sí le puedo decir que este asunto en su día fue analizado, pues por los servicios de... del Consejo de Cuentas y no se han detectado, no se llegaron a considerar de que pusi... pudiesen estar incursos en responsabilidad contable. Eso es lo que... y ahora lo que sí estamos haciendo es, en un trámite interno que se nos ha solicitado por el Tribunal de Cuentas, es formalizar el... los informes correspondientes para hacer llegar al Tribunal de Cuentas cuál es el criterio del Consejo de Cuentas en relación a estos dos contratos. ¿Me comprende? Pero eso también es conveniente matizar, y que el inicio de que se abran unas diligencias no quiere decir que vayan a tener como consecuencia la calificación de indicios de responsabilidad contable, de hechos de responsabilidad contable, con su consiguiente declaración en favor de... de lo que diga el... el Tribunal de Cuentas. La apertura no quiere decir nada más que una apertura. En estos momentos están –y quiero ser muy claro al respecto- en una fase previa o preliminar, nada más. Y que el criterio del Consejo de Cuentas, cuando en su día se aprobó el informe, no era, evidentemente, de la existencia de esos indicios de responsabilidad contable.

Respecto a otras cuestiones que se han formulado, yo incidir en lo que normalmente hago siempre la consideración. Es decir, yo sé que a veces, desde el punto de vista coloquial, pues al observar, pues las deficiencias, las irregularidades que se ponen de manifiesto en este informe, algunos puedan entender que exista contradicción entre la opinión que nosotros expresamos en el informe y lo que pueda ser la valoración coloquial en cuanto a la contratación. Yo ya se lo he expresado en distintas ocasiones, esa es una opinión y que surge desde los... los mismos equipos técnicos encargados de la elaboración del informe de fiscalización y hay cuatro alternativas: opinión favorable, opinión con salvedades, la desfavorable y la denegada, y... y nos tenemos que mover dentro de esas cuatro. Es decir... y esta, evidentemente, es una opinión con las salvedades que se han puesto de manifiesto, y en ese sentido yo quiero que se entiendan siempre estas intervenciones.

Y respecto a lo que son la... la contestación a las alegaciones que se formulan, yo insisto: creo que hay que tener en cuenta, pues, el conjunto de la normativa de la Ley de Contratos, y, en algunos casos, como se pone de manifiesto en la contestación de las alegaciones, se explica lo que se hace, no se fundamenta lo que se hace, que son cuestiones totalmente distintas desde el punto de vista jurídico. Y eso es frecuente.

No obstante, también remarcar que en el caso concreto de este informe se han aceptado del orden de cincuenta y nueve enmiendas, se han hecho cincuenta y nueve modificaciones.

Y respecto a las peticiones de información y demás que se suscitan por el Parlamentario del Grupo Socialista, cotejar quizás algunos por si acaso no he tomado perfecta nota de toda la información que desea, que le remitiremos en los próximos días al Grupo Parlamentario Socialista. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo miércoles día doce de febrero a las catorce horas.

Pide el Presidente del Consejo dirigirse a los diferentes Grupos Parlamentarios.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Muchas gracias, Presidente. Fundamentalmente, como ustedes saben perfectamente, se introdujo en el Plan de Fiscalizaciones del año dos mil trece la fiscalización del Ayuntamiento de Valderas. Se han iniciado y concluido ya todos los trabajos de fiscalización y en la mañana de hoy se hace... se ha hecho entrega ya del informe de fiscalización.

En ese sentido, lo que sí me gustaría es poner de manifiesto la... la conveniencia de comparecer próximamente ante esta Comisión de Hacienda y dar cumplida cuenta de ese informe de fiscalización que fue solicitado por unanimidad por los Grupos Parlamentarios de la Cámara.

Y en ese sentido, pues ofrecer el Consejo de Cuentas nuestra plena disposición a comparecer cuanto antes ante esta Comisión de Hacienda. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Concluido el Orden del Día de esta Comisión, y agradeciendo de nuevo la presencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas cinco minutos].