DS(C) nº 429/8 del 25/4/2014

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Buenos días. Se abre la sesión. ¿Los Grupos Parlamentarios desean comunicar a esta Mesa alguna sustitución? ¿Por parte del Grupo Socialista?

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Buenos días. Don Miguel Ángel Fernández Cardo sustituye a doña Ana María da Silva y don Jorge Félix Alonso sustituye a doña Leonisa Ull.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. ¿Por parte del Grupo Popular? No hay sustituciones. Pues, por acuerdo de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, se altera el Orden del Día: el punto tercero pasará a ser el primero, el primero será el segundo y el segundo será el tercero.

Por la señora Secretaria se dará lectura del primer punto del Orden del Día.

PNL/000874

LA SECRETARIA (SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ):

Primer punto del Orden del Día a tratar, que se corresponde con el tercero de la convocatoria: "Proposición No de Ley número 874, presentada por los Procuradores don Francisco Javier Muñoz Expósito, don José Ignacio Martín Benito y don José Francisco Martín Martínez, instando a la Junta de Castilla y León al establecimiento de medidas en el reparto del Fondo de Compensación Interterritorial entre provincias, dirigidas a corregir los desequilibrios económicos y a hacer efectivo el principio de solidaridad, y a adoptar las medidas necesarias para que en el momento de elaboración del proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para cada ejercicio estén determinados los proyectos individuales que formarán parte de los superproyectos presentados al Fondo de Compensación Interterritorial y para que estos proyectos puedan servir como mecanismo de compensación de los desequilibrios territoriales de la propia Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 262, de veintiséis de junio de dos mil trece".

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores Procuradores Proponentes, el señor Muñoz Expósito.

EL SEÑOR MUÑOZ EXPÓSITO:

Gracias, señor Presidente. Los fondos de compensación interterritorial se encuentran en la Constitución Española, en su Artículo 138.1, en el que se obliga al Estado a garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el Artículo 2. En concreto, dispone que el Estado debe velar por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Uno de los instrumentos previstos en la propia norma se contempla en su Artículo 158.2, donde se dispone que: "Con el fin de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales".

La Ley 7/1984, de treinta y uno de marzo, articula que la gestión del Fondo de Compensación Interterritorial, designando como beneficiarias a todas las Comunidades Autónomas, y vinculando sus recursos a aquellos proyectos de inversión que favorezcan el desarrollo de los territorios más desfavorecidos y a las necesidades de gasto en inversiones nuevas derivadas a los servicios traspasados por el Estado. Dicho fondo se divide a su vez en dos: el Fondo de Compensación, que se destinará a financiar los gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados, y el Fondo Complementario, que servirá para financiar gastos necesarios para poner en marcha las inversiones financiadas con cargo al Fondo de Compensación o a este fondo, durante un periodo máximo de dos años.

Los criterios de distribución del Fondo de Compensación Interterritorial entre las distintas Comunidades Autónomas están perfectamente reglados a través de la Ley 22/2001, así como los proyectos financiables con cargo al fondo, destinando las transferencias recibidas a financiar proyectos de infraestructuras, obras públicas, regadíos, ordenación del territorio, vivienda y equipamiento colectivo, mejora del hábitat rural, transporte y comunicaciones, y, en general, aquellas inversiones que contribuyan a disminuir las diferencias de renta y riqueza en el territorio español.

La determinación de los proyectos de inversión financiables con fondos se realiza en el seno del Comité de Inversiones Públicas, donde la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las ciudades con Estatuto de Autonomía deciden de común acuerdo la asignación de los recursos a la proyección de inversión.

Los distintos informes que elabora el Consejo de Cuentas de Castilla y León sobre la fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial en los últimos años pone de manifiesto una desigualdad en alguna de las provincias de la Comunidad, existiendo diferencias en los porcentajes de asignación, que no concuerdan con el espíritu de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad que está previsto en los fondos de compensación interterritorial. Y es lo que nos mueve a presentar en el día de hoy esta proposición no de ley, que no es otra cosa que intentar corregir esas diferencias, que, si uno se acerca a esos informes de fiscalización, puede comprobar, echando un vistazo, que, como ya decía, existen provincias en las que este Fondo de Compensación Interterritorial más bien es un fondo de descompensación interterritorial.

Porque, desde luego, ya les digo, si uno hace un repaso de los últimos años, se encuentra cifras que no tiene... no tienen nada que ver con ese espíritu que aparece en la norma, y que no es otro que el de corregir las desigualdades. Porque, claro, si uno, ya le digo, se acerca y ve como en el año dos mil diez una provincia de esta Comunidad recibía el 0,31 %, el 0,31 % del total de los fondos, desde luego, queda muy lejos... queda muy lejos de ese... de ese equilibrio que deben mantenerse en la adjudicación de dichas... de dichos recursos, de dichos fondos, en la... en cada una de las provincias.

Y no nos quedemos, evidentemente, con ese 0,31 %; es que uno... yo he hecho una tabla de los últimos... de los últimos años, y las diferencias, desde luego, son palpables. Son palpables, precisamente y curiosamente, entre los territorios que, según pone en los criterios, deberían ser más favorecidos, y aquellos que, en virtud, desde luego, de su riqueza, en virtud de su producto interior bruto, año tras año, no es que debieran ser menos favorecidos, pero, desde luego, sí que no debían ser los que más se favorece. Y en este, el resultado final es totalmente diferente. El resultado final nos ofrece que allí donde las provincias tienen un mayor producto interior bruto, tienen una diferencia con respecto a otras de casi 17 puntos, de casi 17 puntos.

La verdad es que esto deja bien a las claras... -y le digo que esta es la media, le digo que esta es la media de los últimos... de los últimos ocho años- deja bien a las claras, desde luego, que los fondos no se están repartiendo bien. No se están repartiendo bien porque lo que debería ser, ya digo, para equilibrar territorios, para vertebrar la Comunidad, al final lo que está siendo es, como en muchas ocasiones pasa con esta Administración, un sudoku. Es decir, yo tengo aquí una serie de proyectos... -y ese... a eso se refiere precisamente también el segundo punto de esta proposición no de ley- yo tengo aquí una serie de proyectos que tengo que financiar, no tengo fondos provenientes de... bueno, pues de los presupuestos, o por alguna otra causa no me los quiero gastar, y aprovecho estos fondos para financiar una serie de proyectos ad hoc, pero, desde luego, no los proyectos que deberían ser financiados desde un principio. Y me explico, es decir, lo que el Fondo de Compensación Interterritorial debería ser -y así lo pensamos nosotros- es para financiar proyectos expresamente con este fondo; es decir, proyectos que no estuvieran ya hechos, o que no estuvieran comenzados a hacer, y que nos sirviera el dinero de este fondo para llenar un agujero que de otra forma no sabríamos cómo hacerlo.

Así, desde luego, pasa lo que... pasa lo que está ocurriendo, y es -ya les digo- que se notan, o se ven, esas diferencias. Por ponerles un ejemplo, estos fondos, el informe de fiscalización fue presentado hace muy pocas fechas, el último, el correspondiente a dos mil doce, y vemos como la provincia de Burgos tiene el 25 %, y como provincias como Soria, o como Palencia o como Valladolid tienen el 3 y el 4 %. Desde luego, 21 puntos de diferencia, 21 puntos de diferencia, me dirán ustedes a qué criterio obedece, me dirán ustedes a qué criterio obedece.

Y esto, desde luego, no es una cuestión del año dos mil doce. Porque, ya les digo, si uno va al año dos mil diez, se encuentran otra provincia con el 0,31 %. Desde luego, o establecemos unos criterios claros, fijos y concretos para que estos fondos se repartan con el espíritu que debería de ser, que es el de compensar los desequilibrios territoriales, o lo que veremos serán adjudicaciones a dedo sobre proyectos, adjudicaciones a dedo sobre proyectos que unos años vienen bien a unos y otros años vienen bien a otros.

Nada más, y, esperando el apoyo del Partido Popular, espero el segundo turno.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. En un turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, Presidente. Este es un tema que ya últimamente se ha debatido. Concretamente, ha habido preguntas formuladas a la Consejera de Hacienda en el Pleno de la Cámara; también se ha debatido una parte de la propuesta de resolución, históricamente, cuando debatimos las propuestas de las recomendaciones que efectúa el Consejo de Cuentas, respecto a lo que es el segundo punto de su propuesta de resolución. Y este es un tema ya reiterado.

Y yo creo que lo que hay que poner de manifiesto, respecto al Fondo de Compensación Interterritorial, en primer lugar, es algo que usted ha dicho, pero que creo matizar: el Fondo de Compensación Interterritorial lo que intenta es vincular y regular, corregir, los desequilibrios económicos dentro de la Comunidad Autónoma, no en el ámbito de la Comunidad Autónoma entre provincias; esa es la filosofía que recoge el Fondo de Compensación Interterritorial.

El segundo hecho que queremos destacar, y creo que es fundamental, es cómo han... se han minorado los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial. Y hay que poner de manifiesto que, si bien en el año dos mil ocho Castilla y León recibió, por poner un ejemplo, 85 millones de euros, la mayor minoración se produjo en el año dos mil once respecto al dos mil diez, pasando de 66 millones de euros a 38 millones de euros, para culminar en la mayor minoración que tendremos en el ejercicio dos mil catorce, donde únicamente ascienden a 20,9 millones de euros.

Y hay que plantear también que los criterios que se fijan para el reparto del Fondo de Compensación Interterritorial -y usted ha hecho referencia a ello- son los que se recogen en la Ley 22/2001, y el peso principal para el reparto de esos fondos, en el que Castilla y León no está de acuerdo, es el peso de la población relativa. Y así, por ejemplo, hay Comunidades Autónomas con un mayor nivel de desarrollo económico que están recibiendo, en función de ese criterio de reparto, un mayor volumen de recursos que los que recibe nuestra Comunidad.

De hecho, por lo tanto, el Fondo de Compensación Interterritorial, a día de hoy, ni es suficiente, ni, desde luego, podemos plantear que tiene la suficiente cuantía, ni son adecuados los criterios de reparto para corregir los desequilibrios entre el conjunto de las Comunidades Autónomas.

Y ese ha sido un hecho que ha puesto Castilla y León de manifiesto. Lo puso de manifiesto en la negociación del anterior modelo de financiación, y lo ha vuelto a poner de manifiesto en el documento de evaluación del modelo que ha presentado al grupo de trabajo del Comité Técnico Permanente de la evaluación del sistema de financiación, que se presentó hace escasamente un mes.

Y yo quiero poner también una diferencia de manifiesto, de lo que sucede aquí, en Castilla y León, respecto de lo que sucede en otras Comunidades Autónomas. Es cierto que aquí, en Castilla y León, se provincializa el reparto de los fondos, cuestión que no sucede en otras Comunidades Autónomas, pero quiero poner de manifiesto, como lo he hecho ya, que no es el objetivo el corregir los desequilibrios entre las provincias de la Comunidad. ¿Por qué entre las provincias y no, señor Muñoz, entre los municipios?, ¿dónde está el ámbito? Si hiciésemos un análisis de los municipios, seguramente habría un mayor... un mayor desajuste en el reparto de los fondos de compensación interterritorial.

Yo sé que ustedes están acostumbrados siempre, en el debate político, a plantear las comparaciones entre lo que invierte la Junta de Castilla y León, a través del Fondo de Compensación Interterritorial, en unas provincias y en otras; incluso también es muy común que, en el momento de la elaboración de los Presupuestos, se plantee la comparativa de lo que está provincializado en los Presupuestos de la Junta de Castilla y León respecto de unas provincias y respecto a otras. Pero creo que es fundamental que en esta Cámara tengamos sentido de Comunidad y no busquemos los enfrentamientos entre las provincias, porque, al final, lo que le llega a un vecino también repercute en el desarrollo del municipio o de la provincia que está al lado.

Y es cierto que usted ha puesto un ejemplo, concretamente –y lo puso de manifiesto también en el Pleno- el de la provincia de Soria, respecto de lo que ha sido el último informe del Fondo de Compensación Interterritorial que se ha hecho público por parte del Consejo de Cuentas, donde, efectivamente, los fondos que se habían ajustado, dentro de los mecanismos que establece el fondo, a la provincia de Soria correspondían 984.000 euros; pero la motivación es que no se estaba hablando únicamente de los fondos que se han financiado por parte de la Comunidad Autónoma en la provincia de Soria.

Por tanto, estamos haciendo un análisis muy sesgado, porque el Fondo de Compensación Interterritorial supone, en ese año dos mil doce, el 0,2 % del total de la inversión que efectúa la Administración Autonómica en el conjunto de la Comunidad. Y, por tanto, están... están haciendo ustedes un análisis sesgado y partidista para plantear los enfrentamientos y evitar el sentido de Comunidad.

Los fondos de compensación interterritorial tienen un objetivo, y ese objetivo, efectivamente, nosotros sabemos que no es ni suficiente en la cuantía y que no lo está cumpliendo; y lo hemos dicho, y somos partidarios de que se incremente sustancialmente, entre otras cosas, porque -lo he puesto de manifiesto- los criterios de reparto, concretamente el 87,5 % de los criterios de reparto del fondo, se plantean en base al peso de la población relativa.

Pero, desde luego, creo que no es objeto de hacer un análisis sesgado, porque la inversión de la Administración General de la Comunidad es mucho mayor, y lo que ustedes están planteando es aquello que la Administración Autonómica está incluyendo a efectos de certificar el Fondo de Compensación Interterritorial. Y le ponía el ejemplo del año dos mil doce: en Soria, inicialmente, estaba previsto una inversión de más de 5.000.000 de euros, y solo 900.000 fueron objeto de la financiación a través del Fondo de Compensación Interterritorial. Si hubiésemos incorporado los 5.000.000 de euros inicialmente, y no los 900.000 que solo se certificaron, estaríamos hablando que en Soria el peso del fondo sería un 14,46 %. Por lo tanto, creo que de ese análisis es un análisis sesgado, partidista, que lo único que busca es el enfrentamiento.

Y el segundo aspecto de su propuesta de resolución es un debate ya traído y llevado en esta Comisión cuando se presentan los informes del Consejo de Cuentas respecto al Fondo de Compensación Interterritorial. Ustedes plantean hablar de superproyectos, y no de proyectos que la Junta incorpora, pero el matiz fundamental es que el Fondo de Compensación permite la financiación no de proyectos íntegros, sino de partes de proyectos, y, por lo tanto, es un instrumento de gestión que la Junta utiliza en ese mecanismo, y que entendemos que debe seguir así. De hecho, el Grupo Parlamentario Popular nunca ha presentado esa propuesta de recomendación que presenta el Consejo de Cuentas en sus informes de evaluación del Fondo de Compensación Interterritorial.

Y, para terminar, yo creo que hay un matiz importantísimo, que es destacar el grado de ejecución. Lo que sí pone de manifiesto el Consejo de Cuentas es que Castilla y León ejecuta los fondos del FCI al 100 %, cuestión que no sucede en otras Comunidades Autónomas; por ejemplo, Asturias, históricamente, no está llevando una ejecución al 100 %, y así lo pone la Sindicatura de Cuentas en el Gobierno, en el caso de Gobierno Asturiano; o, como ponía un ejemplo, en la transparencia del Gobierno Autonómico y del Consejo de Cuentas, plantean esa inversión provincializada. Hay Comunidades Autónomas –por ejemplo, la Comunidad de Andalucía- que no hace el reparto en base a las provincias, y únicamente lo hace en función de las Consejerías, con lo que es muy difícil plantear cuál ha sido el porcentaje de los fondos de compensación interterritorial que se han invertido en cada una de las provincias.

En definitiva, nosotros vamos a rechazar su propuesta de resolución porque entendemos que la problemática del FCI no está en el reparto en el ámbito de la Comunidad, sino en que los fondos son insuficientes, que los criterios de reparto –como ha puesto de manifiesto el Ejecutivo Autonómico- no son justos, cuando pesa la población relativa un 87,5 % frente a otros criterios de reparto, y, desde luego, esos criterios -que ya defendió la Junta de Castilla y León en la revisión del modelo de financiación del dos mil nueve- volverán a ponerse de manifiestos... para que pongamos de manifiesto algo fundamental, que es la minoración de los fondos, que ha pasado de 85 millones de euros en el año dos mil ocho a solo 20,9 millones en el año dos mil catorce. Y, en definitiva, eso sí que repercute en el conjunto de la sociedad. Y no plantear, como ustedes hacen, enfrentamientos entre provincias, porque ¿por qué provincias, señor Muñoz, y no municipios?, ¿por qué provincias y no municipios? Entraríamos también en un criterio de enfrentamiento. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Cruz. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Muñoz Expósito.

EL SEÑOR MUÑOZ EXPÓSITO:

Gracias, señor Presidente. Pues en algo estamos de acuerdo –fíjese que en algo estamos de acuerdo-, en el que... en el que los fondos son insuficientes; en algo estamos de acuerdo. Pero, hombre, convendrá conmigo que parte de responsabilidad la tienen ustedes... ustedes. Parte de responsabilidad la tienen ustedes; posiblemente, no toda, pero parte de responsabilidad tienen ustedes.

Se ha apuntado aquí que los fondos, en el dos mil ocho, eran de 85 millones de euros, y en el dos mil catorce de 20. Parte de responsabilidad la tienen ustedes. No harán las... no harán ustedes las cosas tan bien como dicen; si en el año dos mil ocho esta Comunidad recibía 85 millones de euros para fondos de compensación interterritorial, y en el año dos mil catorce son poco más de 20, evidentemente, en el año dos mil catorce, prácticamente, la responsabilidad es entera suya, es entera suya y de su Grupo; así que hagan ustedes lo que tengan que hacer para que esos fondos... para que esos fondos se incrementen.

Pero, y además, no está solo ahí el problema. Es que, claro, usted dice que se han minorado los recursos. Oiga, pero es que, aparte, también, de minorarse los recursos, se ha minorado el porcentaje, el peso con el que esta Comunidad tiene dentro del conjunto de España –ya no solo en las provincias, luego hablaremos de las provincias, pero sí en el conjunto de España-, y así, en el año dos mil nueve, esta Comunidad... esta Comunidad era el 6,20 % de esos fondos de compensación interterritorial, el 6,20 %, y en los últimos -la última estimación para el año dos mil trece- es del 4,38, casi 2 puntos menos, casi 2 puntos menos: del 6,20 al 4,38. Algo tendrán ustedes que ver en esa minoración porcentual, tanto en la absoluta –de esos 80 a 20- como en la porcentual; porque, sí, los fondos serán menos, pero habrá que repartirlos entre todos, y entre ese todos, aquí recibimos menos, aquí recibimos menos.

Por lo tanto, oiga, de acuerdo, los fondos son insuficientes; yo lo que les pido es que se pongan a trabajar para que sean suficientes, que se pongan ustedes a trabajar, que se pongan ustedes a trabajar con sus compañeros de Madrid y hagan que sea... que no sean insuficientes.

Y miren, usted me dice que... que ya se ha debatido. No, no se ha debatido, se ha hablado de las... en el Pleno; ha habido algunas que otras preguntas. En esta Comisión... sí se ha debatido, pero en el Pleno, a las que usted hacía referencia, con respecto a esas preguntas que tuvimos con la Consejera de Hacienda, y que, desde luego, como usted, ella negaba, evidentemente, negaba la mayor; pero es que los números son tozudos, los números son tozudos.

Y, desde luego, usted, que le parece bien el reparto de este fondo, porque me habla de por qué no hablamos de municipios, o por qué no hablamos de barrios o de comunidades de vecinos. Sí, podemos hablar de lo que usted quiera, claro. Si... como dice, a priori, todo es posible, y a posteriori todo es justificable, desde luego. Si usted quiere hablar... Pues mire, porque ustedes, en su Ley de Presupuestos, aparece detallada por provincias, no aparece detallado por municipios; aparece detallado por provincias. Por lo tanto, son ustedes los que hacen esa evaluación. Si no somos nosotros, son ustedes, en la Ley de Presupuestos, en la memoria explicativa, en el que aparece, en el tomo 8, desde luego, toda esa lista de ese reparto provincial. Por lo tanto, oiga... y, desde luego, ese reparto... ese reparto provincial... Ya digo que usted nos achaca a nosotros de no tener sentido... sentido de Comunidad, sentido de Comunidad. ¿Cómo se puede tener sentido de Comunidad con el 0,31 %? ¿Me lo quiere usted explicar? ¿Me quiere usted explicar cómo podemos tener sentido de Comunidad con el 0,31 %, y otras provincias el 25 %?

Y, oiga, nosotros tendríamos sentido de Comunidad si hay algún año que fuera al revés, que al que se ha llevado el 25 %, un año se llevara el 0,31 y fuera al contrario; pero es que da la casualidad, da la casualidad, por no ponerle otro apelativo anterior a casualidad, que todos los años las provincias que menos reciben siguen siendo las que menos reciben, y las que más reciben suelen ser, curiosamente, las que más. Curiosamente, curiosamente, algunas entre estas, las que, por mor, evidentemente, de los resultados luego de cuando se ve quiénes son las... económicamente las más desarrolladas, no lo necesitarían, pero, según ustedes... según ustedes, sí.

Y, claro, usted también hace trampas con el presupuesto. Ese 0,2 que dice que es el equivalente al Fondo de Compensación Interterritorial; repase los presupuestos para Soria, repase los presupuestos para Soria y verá como no significa el 0,2... el 0,2 de inversión. No confunda usted gasto e inversión, porque, desde luego, así no funciona; así, esto no funciona.

Y, oiga, y mire,–como decía el otro- no es por pisar ningún callo, pero nos achaca a nosotros ese poco sentido de Comunidad, y que nosotros somos los que vamos por las provincias, provincia contra provincia. Pues, mire, dígame a qué Partido Popular pertenece usted, si al "a" o al "b", porque, claro, la noticia de hace solo una semana, del... no, perdón, de hace un mes, del veintitrés de marzo, cuando el Presidente de la Diputación de Soria participaba en la Conferencia, en la primera, en la I Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales, venía a decir lo que pedimos hoy nosotros aquí, lo que pedimos hoy aquí nosotros, y decía que la Declaración Institucional que él mismo presentó de Presidentes de Gobiernos Provinciales, en la que se muestra una clara discriminación positiva en las provincias, así como una reivindicación clara y expresa de la necesidad de medidas en materia fiscales y de compensación entre las provincias que sufren un claro problema de despoblación y de dispersión poblacional. Habla de provincias el señor Presidente de la Diputación de Soria, y está pidiendo medidas que lo que hagan sea corregir esos desequilibrios territoriales en las provincias, no en la Comunidad. O sea, acúsele, acúsele también a él de no tener sentimiento de Comunidad. O sea, que no somos nosotros los que decimos aquí una cosa y luego la contraria en la provincia.

Nosotros defendemos lo mismo aquí y en la provincia, y lo que defendemos es un reparto justo, un reparto justo de esos fondos de compensación interterritorial, porque –le vuelvo a decir lo mismo- no es de recibo que provincias, año tras año, estén entre el 17, el 18 y el 20 % de la asignación de este tipo de fondos, y haya provincias que no superen el 3 y el 4 % año tras año. Esto a usted le parecerá bien; desde luego, al Grupo Socialista no.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Muñoz Expósito. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley.

Votación PNL/000874

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: dieciséis. Votos a favor: seis. Votos en contra: diez. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

Por la señora Secretaria se dará lectura del segundo punto del Orden del Día.

PNL/000189

LA SECRETARIA (SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ):

Segundo punto del Orden del Día, correspondiente con el primero enviado junto a la convocatoria: "Proposición No de Ley 189, presentada por los Procuradores don Francisco Ramos Antón y don José Francisco Martín Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a adoptar las medidas oportunas para publicar y aplicar una guía para el gobierno responsable de los entes, sociedades y fundaciones del sector público de la Comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 51, de veintitrés de diciembre de dos mil once".

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores Procuradores Proponentes, el señor Ramos Antón.

EL SEÑOR RAMOS ANTÓN:

Muchas gracias, señor Presidente. Esta es una iniciativa del año dos mil once, no es una iniciativa nueva ni tampoco de... ni tampoco de urgencia. La responsabilidad social corporativa parte de la idea de que las empresas tienen un tipo de contrato moral con la sociedad que le ha concedido legitimidad y poder para su actuación en el espacio público como empresa, y, en consecuencia, es la propia sociedad la que hace que, a largo plazo, las empresas que no usan este poder de una manera que la sociedad considera responsable, pues tienden a perderlo y tienden a fracasar en sus propios objetivos como empresa. Esa sería el núcleo de la teoría de la responsabilidad social empresarial.

Es verdad que, desde muchos puntos de vista, se ha pensado que la Administración Pública debe ser ajena a la responsabilidad social empresarial, porque el objeto mismo de las Administraciones Públicas es el interés general, el bien común. Por lo tanto, siendo ese el objetivo que legitima a las Administraciones Públicas, no tendrían sentido que se plantearan –digamos- por añadidura otro tipo de procedimientos.

Pero también es verdad que la Administración Pública, en algunos casos, por mor de agilidad, o, por lo menos, como... utilizando como argumento la agilidad en el funcionamiento de su propia maquinaria, bien por -como diría un catedrático- engañar al derecho administrativo, o por ponerle los cuernos al derecho administrativo con el derecho mercantil, pues ha utilizado empresas de capital total o parcialmente público para el ejercicio de este tipo de funciones. Y, en este sentido, hay... son numerosas las aportaciones –entre las que citaré tres- que justifican el hecho de que la Administración Pública, en sus formas de actuación y, singularmente, en las empresas de su titularidad, incorpore criterios de responsabilidad social empresarial que, en el ámbito de lo público, se ha entendido como un gobierno público responsable.

Entre estas aportaciones, citaré la publicación en dos mil uno del Libro Verde de la Comisión Europea; o la publicación en dos mil cinco de la Guía de Gobierno Corporativo de las Empresas de Capital Público, de la OCDE; y citaré también –que no está en la... en la exposición de motivos de la proposición no de ley que ahora debatimos- el Manual de Gestión Pública Responsable, publicado por la Fundación Internacional y para... y para Iberoamérica de las Administraciones Públicas, publicada en el año dos mil once.

Claro, en el momento actual, ¿qué se exige por parte de la sociedad, en términos de gobierno público responsable a las Administraciones Públicas? Pues, en estos momentos, lo que se exige a las Administraciones, fundamentalmente, por parte de la ciudadanía, de manera cada vez más intensa, es austeridad -yo diría sobriedad, porque sobriedad es como la austeridad con una cierta elegancia, ¿no? La austeridad es algo así como... como el ahorro cutre, pero la sobriedad... la sobriedad es la austeridad a mucha honra; es una manera de actuar-, transparencia y eficiencia en el gasto. Esto que se está planteando en estos momentos como una exigencia al conjunto de las Administraciones Públicas, pues, no puede ser ajeno al comportamiento de las empresas de capital público, donde precisamente reside la mayor parte o el núcleo de la desconfianza de los ciudadanos en lo público, precisamente por falta de esas exigencias de transparencia, de austeridad y de eficiencia en el gasto.

En consecuencia, lo que aquí se propone –nos atenemos al texto de los antecedentes y de la... de la proposición no de ley- es que, sin dar un plazo concreto, que no damos un plazo concreto en dos mil once... Imagínense que hubiéramos dado un... Hemos dicho: en tres meses, en seis, y hubiéramos tardado en debatirla dos años; pues el plazo es poco importante, si la dicha es buena, ¿no? Pues que, cuanto antes, la Comunidad de Castilla y León plantee una guía, un código de gobierno responsable para los entes, sociedades y fundaciones del sector público de la Comunidad de Castilla y León, que sea adaptada al tamaño de las entidades, y que incluya singularmente criterios de austeridad en el gobierno y dirección de las entidades, y también de homologación con la Administración Autonómica, y sobre todo de homologación en lo que tiene que ver con retribuciones, con los criterios de acceso del personal a este empleo, que no deja de ser un empleo público, por más que, en fin, que se atenga a criterios de empresa privada.

Y nos hemos encontrado que, en el acuerdo de la Junta de Castilla y León, publicado en el Boletín del tres de febrero de dos mil catorce, el Acuerdo –insisto- para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, no hemos encontrado ninguna medida relacionada con la gestión pública responsable, ni en el ámbito del Gobierno ni en el ámbito de las empresas del sector público de Castilla y León, en un momento en el que las propias instituciones de la Comunidad cuestionan de manera singular el proceder y la falta de transparencia de estas... de estas empresas.

Y con carácter previo al debate, nos encontramos que, fechada en el día de ayer, ustedes, el Grupo Parlamentario Popular, presentan una propuesta de resolución en la que secundan la propuesta que nosotros estamos planteando, pero eliminan del texto de la propuesta precisamente los criterios de austeridad en el gobierno y en la dirección de estas entidades públicas, y criterios de homologación con la Administración Pública, cuando esto es precisamente la esencia de lo que la sociedad está exigiendo en estos momentos de las empresas públicas y del conjunto de la Administración Pública: sobriedad, austeridad y que, si estamos hablando de empresas de las cuales responden los presupuestos públicos, y cuyo capital es total o parcialmente público, al menos en un nivel de dominio para tener la capacidad de decidir en esas empresas, entendemos que las retribuciones tienen que ser homologables, y que, sobre todo, los criterios de acceso, en estos momentos de tantas dificultades para el empleo, los criterios de acceso –insisto- deben de atenerse a los criterios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, tal como contempla la Constitución Española para el conjunto del empleo público.

Eso es, por tanto, la esencia de nuestra proposición no de ley, porque eso es lo que exige la sociedad a las Administraciones Públicas, y especialmente a aquella parte de la Administración Pública que, de una manera o de otra, pretende eludir los controles del derecho político y del derecho administrativo. Y, por lo tanto, nosotros no tenemos más remedio que anunciarles ya: primero, que nos vamos a reiterar en los términos de nuestra proposición no de ley; y que vamos a rechazar la enmienda que ustedes plantean, por falta de contenidos.

En todo caso, si la Junta de Castilla y León, que no ha incorporado ninguna de estas medidas en sus... en su Acuerdo para la Reforma de la Administración de la Comunidad, tiene a bien plantearlo, pues que lo plantee. Pero, desde luego, no con el apoyo de este Grupo Parlamentario, para que, de esta manera, se dé cobertura a un criterio de transparencia que no garantice aspectos que a nosotros nos parecen fundamentales. Y esos aspectos que nos parecen fundamentales son: homologación de retribuciones y homologación de condiciones de acceso a este... a estas empresas, además de los criterios de austeridad y eficiencia, y, por supuesto, de respeto medioambiental, de participación ciudadana, de interlocución eficiente con todas las... los agentes que participan o que tienen alguna relación con estas empresas, desde los propios trabajadores hasta el conjunto de la ciudadanía.

Insistimos, por tanto, en que no podemos aprobar su propuesta de resolución porque estaría vacía... en nuestra opinión, estaría vacía de contenido. Se parece a esas propuestas y a estas iniciativas a las que tanto nos suele acostumbrar la Junta de Castilla y León, que son propuestas de cartón piedra, propuestas vacías, sobre... propuestas que, en algunos casos, y referidos a la... a las centenas de órganos de participación con que cuenta la Administración Autonómica, y que a mí siempre me ha parecido que, curiosamente, funcionan bajo un principio que es paradójico, el de "participa y calla". Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Se ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, con el número 2566 de Registro de Entrada en estas Cortes. En representación del Grupo Parlamentario Enmendante, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, Presidente. Efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de sustitución a su propuesta de resolución, a la que usted ha hecho referencia, cuyo contenido literal es el siguiente: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a elaborar, antes de que finalice el año dos mil catorce, un código de buenas prácticas para el gobierno responsable, transparencia y ética de los entes públicos de derecho privado y de las empresas y fundaciones del sector público de la Comunidad de Castilla y León".

Y la hemos presentado porque somos conscientes que en este ámbito, en el ámbito de la responsabilidad social, en el ámbito de la transparencia, en el ámbito de la ética, incluso, es necesario avanzar. Y es necesario avanzar porque lo está demandando la sociedad –usted ha hecho referencia a ello-, pero también es necesario poner de manifiesto que no se puede plantear aquí que estamos hablando de propuestas vacías, porque ha habido pasos en firme a lo largo de esta legislatura, y en la anterior también, por parte del Ejecutivo Autonómico en aras a esa transparencia y a ese mecanismo de participación -¿por qué no decirlo?- del conjunto de la sociedad.

Y yo voy a hacer referencia a dos. Es muy fácil venir aquí a decir que hemos avanzado poco, pero es más fácil decir la realidad: es que otros gobernaron en este país siete años y no avanzaron absolutamente nada, absolutamente nada, señor Ramos Antón. Mire usted, fue el Gobierno del Partido Popular en el dos mil diez en esta Comunidad el que legisló, con la Ley 2/2010, de once de marzo, la Ley de los Derechos de los Ciudadanos frente a la Administración Autonómica. Y ahí ya hay artículos que regulan aspectos fundamentales de lo que hoy recoge su propuesta de resolución. Fue este Ejecutivo, el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera, en el Acuerdo de diecisiete de dos mil doce, el que puso en marcha el modelo de Gobierno Abierto. Y ha sido el Ejecutivo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, el que ha puesto en marcha la Ley de Transparencia, la ley recientemente aprobada, en diciembre del dos mil trece. Por lo tanto, se han dado pasos en firme. Eso es una realidad.

Y usted es verdad que ha planteado aquí un discurso en el que se plantean propuestas vacías y en el que a mí me ha planteado una cuestión que me parece, de verdad -y se lo digo con el mayor de los respetos-, preocupante. Usted ha dicho que las empresas públicas se crean para eludir controles; lo ha dicho usted. Entonces, si usted es capaz de decir eso, qué le dirá usted a sus compañeros de Andalucía, que es el Gobierno que mayor número de empresas públicas y fundaciones tiene, el mayor número de empresas públicas y el sector paralelo de la Administración Autonómica -no lo dice este Portavoz, lo dice el Ministerio de Hacienda en la guía que publica- es el Gobierno que mayor número de empresas públicas. Es decir, ¿usted estaba diciendo aquí que en Andalucía se crean fundaciones y empresas públicas para eludir controles? Lo ha dicho usted. Me parece, de verdad, preocupante.

Es cierto que hay que avanzar en el ámbito de la transparencia, y, desde luego, que hay que dar pasos; y se han dado pasos, y eso se ha puesto de manifiesto, porque es lo que demanda la sociedad. Y, de hecho, el Ejecutivo Autonómico –y usted lo sabe- puso en marcha el Gobierno Abierto, está trabajando en una ley de transparencia, que desarrollará la ley básica estatal, y, además, lo está haciendo con la colaboración de los ciudadanos; y también ha puesto de manifiesto el Consejero de la Presidencia en distintos debates que está abierto a las propuestas y al debate en el conjunto de los partidos que tienen representación en esta Cámara, y que estamos abiertos a llegar a un diálogo; y me consta que ha habido reuniones en ese ámbito.

Pero, desde luego, me parece preocupante que un representante de los ciudadanos diga aquí que las empresas públicas se crean para eludir controles. Mire usted, las empresas públicas están para ejercitar sus funciones y desarrollar una actividad en conjunto... que beneficia al conjunto de la sociedad.

Y, además, quiero poner un ejemplo, y lo he dicho antes. Hombre, usted ha dicho que el aspecto fundamental es la austeridad. Hombre, creo que este Gobierno, comparando el sector público autonómico de este... de esta Administración Autonómica con el de otras Comunidades Autónomas, podemos decir que es austero. Y mire, es que se han dado pasos a lo largo de esta legislatura que así lo ponen de manifiesto, y lo veíamos, además, hace pocos días aquí, en la comparecencia de la Consejera de Hacienda, hablando del Plan de Racionalización del Gasto, y también de lo que ha supuesto la minoración del sector público autonómico en nuestra Comunidad, una minoración importante.

Y ponía de manifiesto que de los 90 entes en los que participaba la Comunidad en el dos mil diez, de los que 40 tenía total capacidad la Junta de Castilla y León, porque era mayoritaria, capacidad de decisión, se ha reducido de 40 a 23, y a finales de dos mil catorce quedarán únicamente 17 entes, 17 entes. Esa es la realidad. Y sobre aquellos que no tiene capacidad de decisión, porque la Junta no es mayoritaria en los órganos de administración, la intención es que queden, de los 50, 36. Y ahí, por ejemplo, por ejemplo –y quiero citarlo-, están las universidades públicas de la Comunidad y las fundaciones vinculadas a las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León. Por lo tanto, ha habido un esfuerzo de reducción del sector público autonómico.

Es necesario avanzar en la transparencia, y se han dado pasos importantes. He citado la Ley... el Decreto de Gobierno Abierto, he citado la Ley de las Relaciones de los Derechos de los Ciudadanos de Castilla y León con su Administración Autonómica. Y hay que poner de manifiesto otra realidad que usted ha obviado, que no es otra que Transparencia Internacional ha auditado la transparencia del conjunto de la Comunidad Autónoma, como lo hace del conjunto de la Administración Autonómica, en dos ocasiones: en el dos mil diez evaluó a la Comunidad Autónoma y le calificó con una nota de notable alto, con un 7,3; en el dos mil doce volvió a realizar esa auditoría, como efectúa al conjunto de la Administración Autonómica, y calificó a la Junta de Castilla y León con un 9, con un 9, cuando la media, en aquel momento, para el conjunto de la Administración Autonómica del país se situaba en un 7,9.

Por tanto, se han dado pasos firmes, que han avanzado en aras a la transparencia; se han dado pasos firmes en aras a la austeridad, y a reducir también el sector público autonómico. Y por eso, porque somos conscientes de que hay que seguir avanzando, lo que planteamos es esta enmienda; esta enmienda que, además, recoge plazos concretos. Ahora sí, es cierto que su proposición no de ley –y hay que reconocerlo- se planteó en el año dos mil once. Pero mire, la realidad es que nosotros planteamos un plazo concreto para que la Junta de Castilla y León elabore un código de buenas prácticas para el conjunto de los entes públicos de derecho pública... de derecho privado, las empresas públicas y las fundaciones, y le fijamos un plazo perentorio. Y creo que ese es un paso positivo.

Yo, desde aquí, quiero lamentar el hecho de que el Grupo Parlamentario Socialista no apoye nuestra propuesta de resolución, fundamentándolo, como usted ha dicho, en que nosotros eliminamos la austeridad. La austeridad no forma parte de la propuesta de resolución porque la austeridad es una realidad del conjunto de las empresas públicas de la Comunidad, y es una realidad que se ha venido, además, poniendo de manifiesto a lo largo de toda la legislatura, como acabo de poner de manifiesto, con la reducción del sector público autonómico y con la reducción del gasto de las empresas públicas del conjunto de la Comunidad, que se podrá cifrar en más de un 57 % cuando finalice el ejercicio dos mil catorce. Esa es la realidad.

Y mire, fíjese, las obligaciones reconocidas del conjunto de las empresas públicas en el año dos mil diez ascendían a 82 millones de euros; en el dos mil trece, a 50, 50 millones de euros. Ha habido una reducción significativa, además, del personal; si lo sabemos. Entonces, por tanto, no tiene que ser ese la excusa que utilice hoy el Grupo Socialista para plantear su negativa a nuestra propuesta de resolución.

Yo creo que Castilla y León ha sido un ejemplo de austeridad, y lo digo con sinceridad, y le he puesto ejemplos. Y lo está siendo también en transparencia. Y mire, al final, aquí ha habido modificaciones que han planteado una reducción del sector público, y ahí está el Ministerio de Hacienda, que evalúa el conjunto del sector público autonómico, y que reconoce también los avances que yo he puesto de manifiesto en la mañana de hoy.

Y, desde luego, me parece preocupante que se plantee que las empresas públicas lo único que se plantean es para eludir controles, porque, desde luego, flaco favor está haciéndole usted al conjunto de la Administración. Porque las empresas públicas no son algo únicamente identificativo del Gobierno Autonómico; empresas públicas existen en las Corporaciones Locales, usted lo sabe; empresas públicas existen también en la Administración Estatal, y ha sido una realidad. Que es cierto que se había dimensionado excesivamente ese sector público empresarial o fundacional; yo estoy de acuerdo con usted; pero, desde luego, en lo que no estoy de acuerdo que planteemos es que se planteaban empresas públicas para eludir controles. Las empresas públicas tenían un fin, el fin que se fijaba la sociedad, que intentaba desarrollar iniciativas que redundasen en beneficio del conjunto de la sociedad.

¿Que es cierto también –y lo he reconocido- que se había creado excesivo número de empresas públicas. Vaya por delante que así ha sido. Y ha sido además un objeto de análisis por parte de todo el conjunto de la Administración Estatal; de la Estatal, de la Autonómica y la Local. Y se ha producido una reducción significativa de las empresas públicas, en Castilla y León y en el conjunto de la Administración en todos sus ámbitos. Pero, desde luego, Castilla y León no puede plantearse que ha sido una de las Comunidades que mayor número de empresas públicas tenía. Porque, desde luego, así lo pone de manifiesto... las Comunidades donde ustedes gobiernan o han gobernado estaban a la cabeza en número de fundaciones y empresas públicas. Y el mejor ejemplo de ello es Andalucía y, en segundo lugar, Cataluña.

Por tanto, yo lamento que no acepten nuestra propuesta de resolución. Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular quiere dar pasos significativos, y por eso presentábamos esta propuesta de resolución, que entendemos que se ajustaba a la filosofía, desde luego, que ustedes planteaban en su propuesta de resolución. Porque usted ha obviado una segunda parte de su propuesta de resolución, que es la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social cooperativa, y usted lo ha dicho, se entiende en muchas ocasiones que en la Administración Pública no es necesario hacer mención.

Creo que recoge la filosofía, y que es una pena -le digo de verdad- que no podamos llegar a un acuerdo en ese sentido, porque creo que en lo básico estamos de acuerdo, en seguir fomentando la transparencia, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Pero, desde luego, me parece preocupante la manifestación que usted ha puesto de manifiesto, plantear que las empresas públicas es igual a eludir controles, porque creo que no es real, y creo que ha sido una dinámica general en el conjunto de la Administración Autonómica, y que Castilla y León, una vez más, ha sido mucho más austera en la creación de fundación y empresas públicas que el conjunto de la Administración Autonómica, en la que podemos establecer ejemplos continuamente. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Cruz. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra el señor Ramos Antón.

EL SEÑOR RAMOS ANTÓN:

Muchas gracias, señor Presidente. Señor Cruz, tendré la precaución la próxima vez que presentemos alguna... -en la que yo deba de intervenir- alguna proposición no de ley en esta... en esta Comisión de presentar un apartado de política comparada, del que ahora no... la verdad no estaba... no estaba armado para responder a estos términos de la política comparada, pero si parece lo conveniente... Algo más que política comparada, de tópicos; no, no, no, de política comparada, con cifras, con números y con contenidos, y con contenidos. Y lo haré.

Pero yo me he estado refiriendo en todo momento a las empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León, porque entendía que los términos de la competencia de esta Cámara, pues, son esos; lo cual no evita que nosotros estudiemos cualquier asunto que tenga que ver con nuestra Comunidad en términos de política comparada, por supuesto, con Valladolid... perdón, con Andalucía, con... en fin, con Aragón, o con la Comunidad que sea. Y cuando las cosas vayan muy mal y no encontremos referencias en Castilla y León, pues nos vamos a las Comunidades de... en fin, casi polares, de Suecia y de otros sitios, y ya comprobamos que hay territorios, por ejemplo, pues más despoblados que los nuestros, en el norte de... en fin, de los países nórdicos y esas cosas. Nos vamos donde haga falta para encontrar argumentos, ¿verdad? Eso lo podemos hacer, pero yo creo que los términos de los debates, para que sean ajustados... es decir, si hablamos de política comparada, pues habrá que hablar de política comparada.

¿Para qué se crean las empresas en Castilla y León de la Comunidad? ¿Para ser más eficientes? Parece que no, porque la eficiencia de las empresas, en términos de ejecución presupuestaria, tradicionalmente ha estado en torno a la mitad, por debajo de la mitad del resto de la Administración Pública, en términos de ejecución presupuestaria. Parece que no se han creado para ser eficientes, parece que se han creado para ser derrochadores. Porque, si se valora como criterio de austeridad la reducción del sector público local, si ser austeros... perdón, del sector público de la Comunidad, si ser austeros es reducirlo, parece que la dimensión que se le había dado era una dimensión de derroche, de gasto excesivo y sin justificar, de entes públicos. A usted le podrá parecer una vergüenza eso, pero eso es lo que usted ha dicho. "Oiga usted, que somos muy austeros porque hemos reducido mucho el sector público". Pues sería que estaban derrochando, sería que no respondía a necesidades de acción pública de la Comunidad, que no estaban para crear empleo, o para mejorar la vida de las personas, o las oportunidades de las empresas. Si no es así, en fin, la reducción... yo la austeridad la entiendo en otros términos.

Y la transparencia también la entiendo en otros términos. La clave de la transparencia en las empresas públicas, el punto de partida es el acceso al empleo... al empleo en las empresas del sector. Si eso queda fuera de un pretendido documento, estaremos... de un pretendido documento de buenas prácticas para el Gobierno responsable, entonces no habremos hecho nada, no habremos hecho nada; serán como todas esas leyes de carácter proclamativo a que usted se ha referido, de derechos de los ciudadanos en relación con la Administración, de las medidas de... Estamos hablando... Esto... esto son, pues leyes proclamativas que devalúan incluso la función legislativa de estas Cortes; que, cuando las aprobamos, ya sabemos que son a título de inventario y que no sirven para nada, que nadie las utiliza para nada. Yo me estaba refiriendo a un documento que tuviera, si es posible, alguna eficacia en la... en la Administración.

Sobre la valoración de Transparencia Internacional tengo que decir que no la conozco, que no la he leído, y que no sé si voy a tener tiempo para leerla, la verdad, pero que probablemente sea una cosa interesante. Yo no sé qué es lo que ha valorado Transparencia Internacional, pero si Transparencia Internacional hubiera evaluado las respuestas que a cualquiera de nosotros nos dan en las preguntas parlamentarias, vamos, suspenso de cero bajo, suspenso de cero bajo. Dice... Porque tú puedes presentar cualquier cosa, y te responden: verdes las han segado. Cuando hemos preguntado por asuntos relacionados con la función pública, dice: vaya usted a ver a la RPT, que esto se publicó una vez; no, esto a lo mejor está publicado en 326.000 Boletines Oficiales de Castilla y León, búsquelos usted. Cuando se están refiriendo a un Procurador a tiempo parcial. A ver si me explico, que... en fin, que los Procuradores en estas Cortes pues tenemos unas condiciones de limitación que exigirían, ¿eh?, en una actitud de transparencia, que el Gobierno fuera responsable, porque el Gobierno, en fin, sobre todo en el personal que contesta a las preguntas parlamentarias, no se priva, no se priva de ningún tipo de recursos.

Por lo tanto, podrá decir Transparencia Internacional lo que quiera, que yo no lo conozco, y lo respeto desde ese desconocimiento; ese tipo de datos hay que ver cómo se han producido y a mí me gustaría verlo. Y, además, en fin, no... no dejaría de tener interés. Pero lo que yo veo son las respuestas parlamentarias, y son una broma, ¿eh?, una broma, una broma y un cachondeo.

Aquí la clave es el acceso al empleo público y la austeridad, no en que... y la austeridad en la práctica de estas empresas, en los salarios de sus directivos, en los salarios de sus gerentes, en la austeridad en la forma de llevar a cabo en la actividad cotidiana los contratos... los contratos, el sistema de contratación; esa es la clave. No necesariamente reducir el sector público, que el sector público habrá que reducirlo... lo que hay que es ajustarlo a sus objetivos; si está para nada, pues hay que reducirlo, pero, si está para algo... Ustedes sí que han reducido... sí que han reducido el sector público, no de las empresas, cuando estamos hablando de sanidad, de educación o servicios sociales; ahí sí que se han producido recortes significativos y recortes en personal muy significativos, porque estamos hablando de servicios personales, de servicios que unas personas proporcionan a otras personas.

¿Por qué nosotros no aceptamos su enmienda? Pues nosotros no aceptamos su enmienda porque nos parece otra propuesta de tipo proclamativo, que no sirve para nada, que sirve para parecer que es, pero sin ser. Eso es lo que yo creo que ustedes han pretendido con esta... con esta enmienda de sustitución que ustedes nos plantean.

Lo que nosotros estamos pretendiendo es que se produzca la máxima homologación en las prácticas... en las prácticas de gestión, en las prácticas retributivas y en las prácticas de acceso al empleo público de las empresas y entidades del sector público de Castilla y León; y, al mismo tiempo, que estas empresas cumplan con las mismas exigencias que la propia Comunidad de Castilla y León exige a las empresas privadas en términos de respeto a nuestros valores esenciales, los valores naturales, los valores culturales de la Comunidad, en materia de responsabilidad con el propio medio en que estas empresas están enclavadas. Pero los aspectos claves, en términos de exigencia ciudadana, son a los que me he referido: acceso al sector... acceso al empleo en esas empresas, modelo de retribuciones, sistema de contratación y modelo de gestión transparente. Muchas gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR SOBRADOS PASCUAL):

Muchas gracias, señor Ramos. Concluido el debate de la proposición no de ley presentada, sometemos a votación la proposición no de ley presentada por el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Votación PNL/000189

¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Diez. Dieciséis votos emitidos, seis en contra, diez a favor. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley planteada.

Por la señora Secretaria se dará lectura del siguiente punto del Orden del Día.

PNL/000530

LA SECRETARIA (SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ):

Tercer y último punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley número 530, presentada por los Procuradores don Francisco Ramos Antón y don José Francisco Martín Martínez, instando a la Junta de Castilla y León a limitar por ley el número de empleados públicos asignados a cada Consejería como personal eventual que realiza funciones de confianza o asesoramiento especial no reservados a funcionarios o a personal laboral y a ampliar el ámbito de aplicación de la Ley 6/1989, de Incompatibilidades de los miembros de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la Administración de la Comunidad, a todo el personal eventual, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 153, de veintidós de octubre de dos mil doce".

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los señores Procuradores Proponentes, el señor Ramos Antón.

EL SEÑOR RAMOS ANTÓN:

Muchas gracias, señor Presidente. Vamos a tratar de ser muy breves en esta materia. La Junta de Castilla y León está exigiendo austeridad en todos los ámbitos... de la acción de la Comunidad. Hemos hecho recortes muy serios, de 1.800 millones de euros en materia... en los tres últimos años, en materia de política social; hemos hecho recortes muy serios en materia de políticas de promoción del empleo del en torno a los 800-900 millones de euros; hemos hecho un fuerte... en fin, una fuerte reducción de... en las instituciones del sector... en las instituciones de la Comunidad. Estamos exigiendo austeridad a todo el mundo, a estas Cortes también se le está exigiendo austeridad; pero nosotros constatamos que los Consejeros, la propia Presidencia de la Junta de Castilla y León, no están a la altura de lo que se está exigiendo a las demás... a la Administración Pública que presta servicios a la ciudadanía, o de las exigencias que se están planteando al conjunto de las instituciones de la Comunidad Autónoma, sobre todo en lo que se refiere al personal eventual que está a su disposición; ese personal que forma de la Administración Pública, de acuerdo con los criterios de la ley, pero cuyo acceso a la Administración Pública es ajeno a todo tipo de criterios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, de acuerdo con la ley; lo que son los asesores, los cargos de confianza.

Y en esta proposición no de ley no estamos diciendo que se reduzcan los cargos de confianza, estamos diciendo dos cosas. Una, que se establezcan por ley, es decir, que haya transparencia, que se diga con cuántos cargos de confianza puede contar cada Consejería de esta Comunidad, que se diga con cuántos cargos de confianza va a contar el Gabinete del Presidente de la Junta de Castilla y León. Que se diga, igual que se ha dicho para las Administraciones Locales en la Ley 27, de reforma de la Administración Local; se ha dicho: cada Ayuntamiento puede contar con tanto personal de confianza en función de su número de habitantes, en función de su número de Concejales. Se ha establecido por ley; perfectamente se puede establecer por ley en la Ley de Gobierno de la Comunidad la limitación.

No decimos que menos, que los damos por hecho, no decimos que se reduzca el personal... en la proposición no de ley, el personal eventual, que lo damos por hecho, que se trata de eso; decimos que se diga cuántos. Es decir, mire usted, los límites del personal eventual en cada Consejería van a ser estos; los límites del personal eventual en el Gabinete del Presidente de la Junta van a ser estos, los que sean, no estamos poniendo límites a este asunto.

Y, además, ¿qué estamos diciendo? Bueno, dada las características específicas de estos puestos, que son, en fin, aquellos que exigen determinado tipo de confianza... en fin, que están asociados a... en fin, a funciones de asistencia directa a los propios altos cargos, como puede ser el de Subsecretaría, o bien el de chóferes de sus... de sus vehículos; cada vez menos, porque parece que solo tienen coches oficiales, según yo he oído al Presidente de la Junta en estas Cortes, los Consejeros, de modo que hablaríamos de un reducidísimo número de empleados en esta... en esta materia.

Por lo tanto, lo que estamos planteando es que este personal –no este personal, sino el personal que ejerce funciones de asesoría por su especial cualificación-, pues estén sometidos al mismo tiempo a un régimen de incompatibilidades, si no equiparable, sí planteado, sí contemplado en la Ley de Gobierno, como se contempla en la Ley de Gobierno de la Comunidad el de los altos cargos de la misma.

Por lo tanto, estas son las dos cuestiones que planteamos. Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo. ¿Se puede regular esto por ley? Se ha regulado por ley para las Corporaciones Locales, a pesar de la capacidad... de la autonomía y de la capacidad de autogobierno que nadie les niega a las Corporaciones Locales. Entendemos que con mucha más facilidad, que con mucha más razón el Gobierno -el Ejecutivo de Castilla y León- tiene la posibilidad de hacer una propuesta a estas Cortes para que se regule por ley la limitación de ese número... de ese número de personal eventual, que, además, también está en el núcleo de la desconfianza de la que antes hablábamos; porque no dejan de ser situaciones excepcionales, de personal que se incorpora a la Administración; algunos se quedan –los más, los más-, algunos se quedan, otros, en fin, encuentran una fórmula... en fin, aunque se queden por... no digo yo que... o que no conozco ningún caso que se quede con infracción de la ley. No, no, no, que... en fin, pero que esto causa... en fin, forma parte de ese elemento de desconfianza.

Por lo tanto, yo creo que en una Administración tan transparente como la que usted nos ha planteado antes, no hay ningún obstáculo... no hay ningún obstáculo... no habrá ningún obstáculo para que... plantear que la Junta de Castilla y León diga cuántos –nada más-, cuáles son los límites. Muchas gracias, señor Presidente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Ramos. En turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, Presidente. Con brevedad también, pero, desde luego, con ejercicio de transparencia. Mire, usted ha hecho una referencia que creo que no se ajusta a la realidad. Cuando dice que no pretenden establecer... minorar el número del personal eventual. Lo que dice la propuesta de resolución es lo que dice, y dice: "Limitar por ley...". Limitar es establecer un límite, y normalmente el límite se establece por debajo de lo que hay en la actualidad. Eso es la regla general.

Pero, desde luego, ha vuelto a hacer usted una referencia que yo no puedo admitir, que es la que ha planteado, que algunos se quedan en la Administración. Se quedarán los que sean funcionarios públicos, porque la ley establece que el personal eventual que... en virtud de un nombramiento cesa en el momento que cesa la persona que le ha nombrado. Por tanto, no se puede quedar en la Administración; y hay que hacerlo; y hay que ser transparentes, cristalinos, para no generar confusión -que es lo que usted ha pretendido generar hoy aquí con esa interpretación- al conjunto de la ciudadanía, porque el personal eventual cesa en el momento que cesa el cargo que lo ha llevado.

Además, el personal eventual tiene las mismas retribuciones que el conjunto de la... funcionarios, establecido en la RPT y con los mismos condicionantes; es decir, no tiene derecho a gratificaciones –como no tienen derecho los altos cargos-, no tiene... y tiene los mismos derechos que el conjunto de los funcionarios públicos: si a los funcionarios públicos se les ha congelado la retribución, al personal eventual se le congela la retribución; si al conjunto de los funcionarios públicos el Gobierno del señor Zapatero les redujo el 5 % de sus retribuciones, al conjunto del personal eventual de la Administración Autonómica se le reduce del mismo modo, porque hay una equiparación.

Y yo creo que aquí, además de dar esa transparencia, vamos a dar un buen ejemplo otra vez más. Yo creo que Castilla y León ha sido un Gobierno austero; y además quiero recordar aquí que usted ha citado la Ley de Gobierno, y la Ley de Gobierno yo quiero recordar que fue la primera ley que se modificó en esta presente legislatura para establecer una limitación en el número de Consejerías. Porque, además, las Consejerías sí están vinculadas por la Ley de Gobierno al personal eventual –y usted lo sabe perfectamente-. Y lo que se estableció es una modificación de la Ley de Gobierno para limitar el número máximo de Consejeros a un máximo de diez; y en la actualidad, como usted sabe perfectamente, el Gobierno y el Ejecutivo Autonómico tienen únicamente nueve.

Y, efectivamente, es esa Ley de Gobierno la que, en su Artículo 8, regula lo que es el Gabinete del Presidente. Y el Gabinete del Presidente de la Junta de Castilla y León –y hay que decirlo alto y claro- en la actualidad cuenta con 6 personas de personal eventual, de personal de confianza (6 personas), y el conjunto del Ejecutivo Autonómico cuenta con 18 personas de personal eventual: 6 vinculados al Gabinete del Presidente y 12 vinculados a la Dirección General de Relaciones con los Medios, que son el personal de Comunicación, que se adscribe al conjunto de las Consejerías; por lo tanto, 18 personas; 18 personas, además, que, gracias a la transparencia de la que usted hace gala, tienen su correspondiente capítulo en el Presupuesto de la Comunidad y que, obviamente, tiene un coste económico, que está cifrado, y que, fíjese, es menor de la cuantía que se ha presupuestado, porque el presupuesto recoge la posibilidad de que haya 20 personas, pero en la actualidad solo están cubiertas, como le he dicho, 18: 6 en el Gabinete del Presidente y 12 vinculadas a la Dirección General de Relaciones con los Medios y la Oficina del Portavoz; por lo tanto, 18 personas, que, de acuerdo con lo que se fija en ese Capítulo I, tienen un coste de algo más de 650.000 euros, de acuerdo a lo que recoge el Capítulo I de los Presupuestos para el año dos mil catorce.

Y mire, yo sé que a ustedes no les gusta el derecho comparado. Es verdad, y usted me va a decir que desconoce los datos, pero yo le he dado los datos reales, que se pueden contrastar, tanto en el presupuesto como lo que recoge la Ley de Gobierno. Y hay un aspecto fundamental: mire, es que en la Ley de Gobierno... la Ley de Gobierno de Castilla y León regula la posibilidad de que los Consejeros tengan gabinetes –lo regula, y lo hace concretamente, creo recordar, en el Artículo 26.2, igual que regula el Gabinete del Presidente en el Artículo 8-; y lo que hay que poner de manifiesto, y decirle al conjunto de la ciudadanía de Castilla y León, que ningún Consejero del Ejecutivo Autonómico tiene gabinete; ningún Consejero del Ejecutivo Autonómico tiene gabinete con personal eventual; únicamente hay una persona, vinculada a los medios de comunicación, que no se considera Gabinete del Consejero porque depende de la Dirección General de Relaciones con los Medios; y, como digo, en total estamos hablando de 18 personas.

Y decía que, claro, las comparaciones son odiosas. Y los que vienen aquí a plantear que se limite y se regule por ley el personal eventual, donde gobiernan, una vez más, practican todo lo contrario de lo que aquí se dice. Y yo quiero poner dos ejemplos.

Año dos mil doce, Gobierno de Andalucía: personal eventual, 270 personas; coste para la Administración, 11,5 millones de euros. Y, además... lamento, además, que no esté hoy aquí el Portavoz de Izquierda Unida, porque, fíjese, solo... solo el Gabinete del señor Valderas, Vicepresidente del Ejecutivo Andaluz, tiene mayor coste que todo el de la Junta de Castilla y León; el Gabinete del señor Valderas tiene un coste de personal eventual de 937.000 euros. Por lo tanto, de verdad, me sorprende que ustedes vengan aquí a hacer propuestas, y cuando gobiernan hacen todo lo contrario, todo lo contrario. Y, además, es que es un discurso que yo tengo que tildar de demagógico, porque viene muy bien aquí eso de "vamos a limitar el número de personal eventual"; ahora bien, pero cuando nosotros gobernamos no se limita; es más, si lo comparamos –en el derecho comparado-, 270 personas, 11,5 millones de euros. Es decir, si es que la Ley de Gobierno de la Comunidad posibilita ya... posibilita ya el hecho de que las Consejerías tuviesen gabinete, y no lo tienen. Es que estamos haciendo un ejercicio de austeridad clara, señor Ramos, porque ningún Consejero tiene gabinete.

Mire, es que ya no me voy a centrar en esta legislatura. De los últimos años, en el momento que más personal eventual ha tenido el Ejecutivo Autonómico han sido 22 personas, en el ejercicio dos mil diez; 22 personas de personal eventual, 22 personas de personal eventual, con el coste que yo le he dicho y que está recogido en el Capítulo I de los Presupuestos de la Comunidad para el ejercicio dos mil catorce. De verdad, es muy poco coherente venir a decir aquí una cosa y practicar todo lo contrario donde ustedes gobiernan. ¿O es que acaso va a plantearle ustedes al Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía que limite por ley el personal eventual? ¿Por qué no lo hacen? Pues podían hacerlo. Allí sí que es necesario, cuando hay más de 270 personas y cuando hay un coste de más de 11,5 millones de personal eventual.

Y, desde luego, lo que no parece de recibo es lo que usted ha dicho. Una vez más deja caer que es que luego ese personal se queda. No, mire, el personal eventual, como su propio nombre indica, y está regulado en la Ley de Función Pública, cesa con el nombramiento del cargo de la persona que le ha nombrado, automáticamente. Otra cosa distinta es que nada impide que ese personal eventual sea funcionario; pero eso es una cuestión totalmente distinta: puede ser personal eventual que sea funcionario o puede ser personal eventual que no sea funcionario. Y, efectivamente, si hay personal dentro de un gabinete que es funcionario, obviamente, cuando cesa, se reincorpora a su puesto en la Administración Autonómica; dentro de la RPT, estaría en una situación de excedencia especial.

Pero no se pueden hacer manifestaciones de ese tipo, porque lo único que pretenden es confundir a la opinión pública. La Ley regula perfectamente la función pública, cuál es el personal eventual, cómo accede y cuándo cesa. Otra cosa es lo que usted ahí ha dejado entender, dice: no, es que luego buscan subterfugios para quedarse. Bueno. No, se queda... se queda el que tiene derecho a quedarse, porque sea funcionario bien de la Administración Autonómica, bien de la Administración Local o bien de la Administración Estatal. Pero seamos... y hablemos con rigor.

Y la realidad, y en aras a esa transparencia que ha citado, la que yo le he dicho: 18 personas forman parte en la actualidad del personal eventual vinculado al Ejecutivo Autonómico, 18 personas. [Murmullos].

Y, desde luego, reiterarle que me parece... me parece un poco demagógico que planteen ustedes siempre iniciativas que, desde luego, no predican donde gobiernan.

Mire, yo le voy dar solo un dato, un dato que pone de manifiesto esa realidad. Usted recordará la polémica que se suscitó en su momento con los asesores que tenía el anterior Presidente del Gobierno, asesores del anterior Presidente del Gobierno: 656 asesores en Moncloa, con un coste de 28 millones de euros. Pues mire, las comparaciones son odiosas, pero, desde luego, aquí hay austeridad, hay ejercicio austero. Lo hemos demostrado, no solo en el personal eventual, sino –y le he hecho referencia a ello- en la Ley de Gobierno, cuando el Presidente renunció a la posibilidad de nombrar hasta tres Consejeros más, limitando el número a 10, y en la actualidad hay 9. Porque además –quiero recordarlo también- en esta... en esta Comunidad, en Castilla y León, la ley permite que todos los Consejeros, a través de lo que regula el Artículo 26 de la Ley de Gobierno, tuviesen un gabinete, y la realidad es que no lo tienen; únicamente tienen una persona, vinculada a los medios de comunicación, que depende de la Dirección General de Relaciones con los Medios y la Oficina del Portavoz. Por lo tanto, somos un ejemplo de transparencia y de austeridad. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra el señor Ramos Antón.

EL SEÑOR RAMOS ANTÓN:

Muchas gracias, señor Presidente. Pues nada, señor Cruz, yo agradezco su disponibilidad, su disposición a votar a favor de nuestra proposición no de ley, ¿verdad?, porque, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay en limitar por ley?, en poner... que limitar es poner límites, no... no reducir; eso es otra cosa. Ni recortar. Es poner límites. ¿Qué problema hay, si tenemos 18 asesores en la... en la Comunidad de Castilla y León?

Entiendo que ustedes van a votar a favor de nuestra proposición no de ley, de... que se trata de, con transparencia, poner límites al personal eventual de todo el conjunto de la Administración de la Comunidad. No es más que eso.

Yo creo que, habiendo 12 personas, pues no hay problema. Yo creí que... que Zapatero solo tenía... tenía los mismos asesores que Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid. No me... no coinciden mis datos con los suyos; yo creo que estábamos sobre 300, pero, vamos, equivalentes el número de asesores de Zapatero con el de... con el de Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid.

Yo también conozco Ayuntamientos donde, cuando entra el PP, se duplica el número de asesores. Pero no los cito... [murmullos] ... pero no los cito, por algún pudor. No los cito por pudor, ¿sabe? [Murmullos]. Por pudor. Pero también... también existen, ¿verdad? Pero, pero... [murmullos] ... ¿verdad?

Dice usted que... es verdad, que yo estoy planteando una serie de dudas sobre si se quedan o si se dejan de quedar. ¿Pero qué está pasando con el... con el personal de las empresas del sector público de la Comunidad? [Murmullos]. Ya lo sé que no tiene nada que ver con esto, pero sí hay una identificación. Pero... pero ¿qué es la... cuál es la valoración que hacen los jóvenes de esta Comunidad... de esta Comunidad, que está... muy cualificados, que se están teniendo que ir a chorros a otras... a otras Comunidades Autónomas? ¿Qué está pasando con ese capital... en fin, con ese capital público que hemos creado en la... en fin, con la formación de nuestros jóvenes cuando ven, en una economía tan poco diversificada como la nuestra, que personas que no han tenido ningún criterio de igualdad, mérito y capacidad al incorporarse a la Administración Pública...? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Si todo se... si todo equivale a lo mismo.

Es igual que los... ¿que los Consejeros no tienen gabinete? ¡Claro que no tienen gabinete! Entonces, cuando yo participo en una visita de un Consejero que va a mi provincia o que visita alguna cosa de la Comunidad, la cohorte, ¿verdad?, de que... de que se acompaña un Consejero... [murmullos] ... de que se acompaña un Consejero, que... que tienen sueldo de la Administración Pública y que son empleados públicos... que no digo yo que sean asesores, ¿pero ese no es su gabinete? O sea, no, no, no, no. No, que no son... que son empleados públicos con sueldo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, de libre designación todos. ¿Eso no es gabinete?

Es decir, mire usted, un gabinete no es... no está formado por las personas que forman parte de una cosa en cuya puerta pone "gabinete". Un gabinete está formado por las personas que... que ejercen funciones de gabinete; es decir, que atienden a las preferencias de la persona a quien sirven por encima del propio servicio público; y eso está aceptado -esa es la función... esa es la función de gabinete-, y que mejoran... y que mejoran -y por eso lo aceptamos todo el mundo- la capacidad de gestión de esa persona pública. O sea que lo... las personas que nos redactan... que redactan las respuestas parlamentarias para... para respondernos a nosotros, ¿no son personas de gabinete? ¿Y esa función no es una... [murmullos] ... y esa función no es una función de gabinete? O sea, una persona... la persona que me redacta esta... que redacta esta respuesta, cuando se les pregunta por las gratificaciones, una respuesta que dice: las gratificaciones se conceden dentro de los créditos asignados a tal fin, y se han concedido a aquellas personas que han prestado servicios fuera de su jornada normal de trabajo. No, no, si nosotros ya preguntábamos que a quién se concedían gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada laboral. ¡Si eso lo preguntábamos nosotros! No esta... en la respuesta no dice nada. Dice: así como a aquellos colectivos que han prestado servicios extraordinarios para atender servicios de guardia de prevención, de incendios forestales, de... [Murmullos]. Pero nosotros... pero nosotros no le... lo que nosotros estamos preguntando es por qué a estos sí y a estos no. ¿Cómo se motiva?, ¿con qué criterios de derecho? [Murmullos].

¿Esto no es una... esto no es un asesor?, ¿esto no es un asesor? No, no, es que ustedes tienen los asesores de libre designación. ¡Ah!, que son funcionarios de libre designación. ¿Y eso no es un gabinete? No, no; un gabinete es un gabinete, dígalo Agamenón o su porquero, y está integrado por personas que tienen una... que tienen un contrato eventual o por personas ligadas a la función pública por el derecho laboral o el derecho administrativo. Pues claro que sí, hombre, un gabinete es un gabinete. De modo que esa manera de presumir de austeridad es una falta... es una falsa presunción, pero una falsa... una presunción falsa de toda falsedad. ¡Pero si lo vemos todos los días! ¡Pero si cuando me... cuando visita un Consejero trae 16! ¿Eh? Si cuando... [murmullos] ... trae 16, como poco, y otros 16 que se incorporan de cada... y otros 16 que se incorporan de cada provincia. ¡Pero si lo vemos todos los días! Si esto es una broma. No hay más... no hay más que participar.

Vamos a ver, yo no... vamos a ver, si ustedes... [murmullos] ... si ustedes creen que no hay... que la Junta de Castilla y León es la más... que es la Administración más... más austera de Europa occidental, si no hay ningún problema para contemplar esto en la Ley de Gobierno, si ustedes tienen 12 más 6, 18 asesores, no entiendo cuál es el problema para que esto aparezca como una limitación en la Ley de Gobierno, que es lo que nosotros estamos planteando, que es lo que nosotros estamos planteando. Nada más. No decimos que muchos ni pocos, pero lo que se tenga que se diga, con toda... que se establezcan esos límites.

Igual que se han establecido esos límites –muy por encima- al Ayuntamiento de Valladolid, al de San Cebrián de Campos o... en fin, al de Zamora. A todos los Ayuntamientos de Castilla y León y a todos los Ayuntamientos de España se les ha impuesto límites para este tipo de... para este tipo de contratos. ¿Por qué no establecer este mismo límite para la Comunidad de Castilla y León? Solo quiero... solo puedo entender que alguna razón tienen ustedes para no contemplar esto, para no aceptar la proposición y para no contemplarlo en la ley.

Y permítame que yo crea que cualquier ciudadano que asistiera a nuestro debate tendría las mismas sospechas que yo tengo. Es decir, si se dice que no es porque algo se tiene que ocultar. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Concluido el debate, procedemos a someter la votación de la proposición no de ley.

Votación PNL/000530

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Resultado de la votación. Votos emitidos: quince. Votos a favor: cinco. Votos en contra: diez. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley debatida.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas].