DS(C) nº 437/8 del 9/5/2014

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Buenos días. Se abre la sesión. ¿Los Grupos Parlamentarios desean comunicar a esta Mesa alguna sustitución? ¿Por parte del Grupo Parlamentario Socialista?

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí, gracias. Buenos días. Don Francisco Javier Muñoz Expósito sustituye a don José Ignacio Martín Benito y don Francisco Ramos sustituye a doña Ana María da Silva. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. ¿Por parte del Grupo Popular?

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, Presidente. Buenos días. Don Jorge Domingo Martínez Antolín sustituye a don Jesús Aguilar Santamaría y don Crescencio Martín Pascual sustituye a don Alfonso José García Vicente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Doy la bienvenida a esta Comisión a don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que comparece para presentar diversos informes de fiscalización remitidos a las Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas. La tramitación de los mismos se desarrollará de conformidad con lo previsto en la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve.

Primer punto del Orden del Día. Por la señora Secretaria se dará lectura del primer punto del Orden del Día.

Informe

LA SECRETARIA (SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ):

Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre... para informar sobre el Informe de Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2012".

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para la presentación de este informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias. Buenos días a todos. El presente informe de fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil trece, y resultó aprobado por el Pleno del Consejo de Cuentas con fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce. La publicación en la página web, tanto del texto íntegro del informe como de la nota resumen del mismo, tuvo lugar el uno de abril de dos mil catorce.

Se trata de una fiscalización que se realiza por mandato legal, de conformidad con el Artículo 10 de la Ley 22/2001, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. De acuerdo con lo establecido en dicha ley, estos fondos se destinarán a financiar gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados, que promuevan directa o indirectamente la creación de renta o riqueza. En esta misma norma, la que establece que... es esta misma norma la que establece que el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas presentarán ante los órganos legislativos respectivos un informe separado y suficiente de todos los proyectos financiados con cargo al FCI.

El objetivo ha consistido en verificar tanto el grado de ejecución de los proyectos financiados con estos fondos y su adecuada contabilización en dos mil doce como la legalidad de las actuaciones realizadas por los gestores de los fondos. También se ha comprobado la naturaleza de los gastos incluidos en las certificaciones base de la última petición de fondos y las modificaciones de los proyectos inicialmente aprobados.

No han existido limitaciones que hayan afectado al trabajo de fiscalización realizado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el ROF del Consejo de Cuentas, el informe provisional se remitió al responsable del ente fiscalizado para que en el plazo concedido formulara las correspondientes alegaciones. Estas alegaciones fueron recibidas en el Consejo de Cuentas un día después del plazo establecido, es decir, el veintiséis de febrero. El Interventor General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con fecha siete de marzo, remite escrito en el que explica que el retraso en la entrega de las alegaciones se ha debido a un error de la empresa de mensajería contratada para realizarla, acompañando documentación acreditativa que permite llegar a la conclusión de que dicho retraso se debe a causas no imputables a la Intervención General. No obstante, de conformidad con el Artículo 26.4 del ROF del Consejo de Cuentas, han de ser consideradas como extemporáneas, sin perjuicio de que hayan sido examinadas con vistas a aclarar y mejorar la redacción del informe, no incorporándose a la fiscalización.

A la vista de los resultados de los trabajos, la opinión del Consejo es que, con carácter general, se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos FCI en el ejercicio dos mil doce en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados, excepto por lo señalado en la conclusión número 3, al haberse detectado que un mismo gasto se ha certificado dos veces.

Además, se ha constatado que la Comunidad lleva una contabilidad separada de los proyectos individuales susceptibles de financiarse con los Fondos de Compensación Interterritorial, pero no a nivel de superproyectos. Respecto de los derechos, su contabilización ha sido adecuada.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio dos mil doce aprobó transferir a las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía un total de 671.580.000 euros, de los cuales 503.697.590 euros (es decir, el 75 %) corresponden al Fondo de Compensación y 167.882.410 euros (el 25 restante) al Fondo Complementario. De este importe, el 4,73 % le correspondió a la Comunidad de Castilla y León.

En términos globales, se ha producido una disminución en la dotación de los fondos del FCI del ejercicio dos mil doce en relación con los correspondientes al ejercicio dos mil once, siendo la disminución media del 13,27 %. Las Comunidades Autónomas de Galicia y Castilla-La Mancha son las que han experimentado mayores disminuciones en sus dotaciones respecto al del ejercicio anterior, con unos porcentajes negativos del 22,67 % y 20,99 % respectivamente. Por el contrario, Cantabria y Canarias han experimentado un aumento del 24,51 % y del 3,88 %, respectivamente. En lo que se refiere a Castilla y León, ha disminuido su dotación en el 17,97 % respecto a dos mil once (de 38.760.020 euros a 31.794.810 euros). Si consideramos el porcentaje de la dotación de Castilla y León sobre el total, hay que señalar que ha supuesto el 4,73 %, mientras que en dos mil once era del 5,01 %; esto es, una disminución del 0,28 % puntos porcentuales.

Respecto a nuestra Comunidad, la relación de proyectos que figuran en el Anexo de la Sección 33 de la Ley 2/2012 ha sufrido variaciones, tanto en el importe como en los superproyectos recogidos en el mismo, debido a la propuesta de modificación de proyectos que realizó la Comunidad con fecha uno de octubre de dos mil doce. El Artículo 7 de la Ley 22/2001 establece en su punto tercero que, cuando por motivos imprevistos no pueda ejecutarse algún proyecto de inversión de los inicialmente acordados, la sustitución de los mismos por un nuevo proyecto se efectuará a propuesta de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta que el Fondo Complementario se dotará anualmente con una cantidad equivalente al 33 % del Fondo de Compensación.

Del total de la asignación, el 21,13 % se destinó a la financiación de proyectos de infraestructuras agrarias a cargo de la Consejería de Agricultura y Ganadería; el 37,98 %, a proyectos de infraestructuras viarias gestionadas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; el 24,60 %, a proyectos de infraestructuras para educación a cargo de la Consejería de Educación; y el 16,29 %, a proyectos de infraestructuras sanitarias a cargo de la Consejería de Sanidad. Con la modificación aprobada, los proyectos destinados a saneamiento integral de agua se quedaron sin asignación presupuestaria del FCI.

En la evolución de la dotación de los FCI durante los ejercicios dos mil tres a dos mil doce, observamos una disminución global del 53,36 %, pudiendo diferenciar dos etapas: una, entre los años dos mil tres y dos mil ocho, en la que se produjo un aumento progresivo de las dotaciones, pasando de 68.175.490 euros en dos mil tres a 85.058.060 euros en dos mil ocho, lo que representa un incremento del 24,76 %; y una segunda, a partir del año dos mil nueve, en la que la tendencia se invierte y las asignaciones van disminuyendo hasta alcanzar los 31.794.810 euros en dos mil doce, suponiendo una reducción del 62,62 %.

El grado de ejecución de los superproyectos financiados con la dotación del FCI del ejercicio dos mil doce alcanzó el 100 % a treinta y uno de diciembre de dos mil doce.

La Comunidad no ha utilizado la posibilidad prevista en el Artículo 6.2 de la Ley 22/2001 de destinar, total o parcialmente, previa solicitud, las dotaciones del Fondo Complementario a financiar gastos necesarios para poner en funcionamiento las inversiones financiadas con cargo al Fondo de Compensación o al propio Fondo Complementario, durante un periodo máximo de dos años a contar desde el momento en el que haya concluido la ejecución del proyecto.

En la distribución territorial de la inversión efectuada con la financiación del FCI puede observarse que las provincias cuyas inversiones han sido más beneficiadas han sido: Burgos, con el 25,16 %; Zamora, con el 17,03; y León, con el 17,01 %. Las menos beneficiadas han sido: Soria, con el 3,10 %; Palencia, con el 4,20 %; Segovia, con el 5,83 %; y Ávila, con el 7,53 %.

Para comprobar la elegibilidad de los gastos, se ha seleccionado una muestra de 36 proyectos de los 86 certificados en el ejercicio dos mil doce, es decir, un 41,86 % del total. No hay problema en cuanto a la elegibilidad de los gastos al ser todos susceptibles de ser financiados por el FCI. No obstante, se ha comprobado que el Proyecto PEP 2005/001497, correspondiente al Superproyecto 002, Infraestructuras Viarias-Fondo de Compensación, la certificación 23 del mes de noviembre de dos mil once, por importe de 576.510 euros de la obra Mejora de Plataforma y Firme Burgos 564, de Cilleruelo de Bezana a Soncillo; Burgos 6422, de Cilleruelo de Bezana al límite de la Comunidad Autónoma de Cantabria, endosada a Santander Factoring y Confirming, S. A., con fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, consta como certificada dos veces, tanto en el SICCAL como en el listado de proyectos certificados por la Comunidad. No obstante, hay que significar que ha sido pagada solo una vez.

La Comunidad ha cursado peticiones de fondos a la Administración del Estado con cargo a la dotación de los FCI por importe de 36.610.910 euros, que corresponden a la totalidad del FCI dos mil doce, así como 4.816.100 euros, correspondiente al FCI dos mil once.

Se ha realizado la comprobación del intervalo de tiempo transcurrido entre la fecha de remisión de las peticiones realizadas en el ejercicio dos mil doce y la fecha de ingreso de fondos en la Comunidad, y se deduce que el tiempo máximo transcurrido entre la fecha del registro de salida de certificaciones y la fecha de ingreso de los fondos a la Comunidad Autónoma ha sido de 34 días, y el mínimo de 14 días, resultando un plazo medio de 25 días, tiempo que se considera razonable y que supone una disminución de 4 días respecto al ejercicio anterior.

Seguimiento de debilidades. En cuanto a las debilidades de control interno relacionadas con la gestión de los FCI detectadas en las fiscalizaciones de ejercicios anteriores, se ha constatado que la mayoría se mantiene en el dos mil doce. Son las siguientes:

Siguen sin existir rúbricas presupuestarias específicas en el estado de gastos de presupuestos que recojan los proyectos FCI.

Dos. No se ha elaborado un manual de procedimientos que regulen la gestión y control de los proyectos financiados por el FCI.

Tres. Las peticiones de fondos se han realizado utilizando los mismos criterios que en ejercicios anteriores, no habiéndose establecido en el SICCAL mecanismos de alerta que indiquen el momento en que el grado de ejecución de los proyectos alcanza los porcentajes exigidos para realizar las correspondientes peticiones de fondos, de forma que estas se realicen lo antes posible. A este respecto, la Comunidad ha manifestado que se vigila periódicamente.

Cuarto. La Comunidad no efectúa actuaciones de seguimiento desde que se producen las peticiones de fondos hasta que tiene lugar el ingreso correspondiente. Estas actuaciones se consideran convenientes aun teniendo en cuenta que el plazo medio de ingreso en dos mil doce fue de 25 días. En relación a ello, la Comunidad ha manifestado que, al ser razonable el periodo de ingreso, no ha sido necesario y que, no obstante, depende totalmente de la Administración Estatal.

Quinto. Sigue sin implantarse un sistema que recoja la contabilización separada de la ejecución de los proyectos financiados con cargo a los FCI.

Es de significar que no se han identificado gastos certificados al FCI que no cumplan los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley 22/2001, si bien –como ya hemos expresado- ha habido un mismo gasto que se ha certificado dos veces, lo que indica una deficiencia en la gestión.

Conclusiones. De la exposición realizada, se apuntan las siguientes conclusiones: primera, la dotación inicial del FCI para Castilla y León en el año dos mil doce fue de 31.794.810 euros, es decir, un decremento respecto a dos mil once del 17,97 %; segunda, el grado de ejecución de los superproyectos financiados por el FCI llegó al 100 %; tercera, se ha verificado que la totalidad de los gastos certificados son elegibles para su financiación, si bien se ha detectado que un mismo gasto se ha certificado dos veces; cuarta, las peticiones de fondos concernientes al FCI en el año dos mil doce ascendieron a 36.610.910 euros, al incorporarse 4.816.100 pertenecientes al FCI dos mil once; quinta, los derechos reconocidos en el ejercicio dos mil doce en concepto de FCI ascendieron a 36.610.910, lo que supone la totalidad de las peticiones realizadas en dos mil doce; sexta, si bien el detalle de las fuentes de financiación de cada proyecto individual integrante de los superproyectos FCI puede obtenerse del SICCAL, no se contabiliza separadamente la ejecución de cada superproyecto FCI; séptima, se mantienen las debilidades de control interno relacionadas con la gestión de los FCI detectadas en las fiscalizaciones de ejercicios anteriores.

Recomendaciones. La Consejería de Hacienda debe de adoptar las medidas necesarias para que la contabilidad que refleja la ejecución de los proyectos financiados con cargo a los FCI proporcione una información pormenorizada de cada proyecto incluido en el Anexo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado a nivel de superproyectos FCI.

Así mismo, la Consejería de Hacienda debe elaborar un manual de procedimientos en el que se regule la gestión y control de los proyectos a financiar con estos fondos. La necesidad de elaborar un manual ha quedado patente a la vista de las deficiencias detectadas en este ejercicio (gasto certificado dos veces) como en ejercicios anteriores (elegibilidad de algunos gastos certificados). Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Se abre ahora un turno de intervenciones de los diferentes Grupos Parlamentarios. En primer lugar, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Gracias, señor Presidente. Iniciar saludando y agradeciendo al Presidente del Consejo de Cuentas y a su equipo su presencia esta mañana, de nuevo, en esta Cámara. Para empezar, del Informe sobre la fiscalización de los expedientes justificativos al Fondo de Compensación Interterritorial, que el Consejo de Cuentas destaca también en el mismo algo que es fundamental para nosotros: Castilla y León vio recortada la dotación del FCI, del Fondo de Compensación Interterritorial, en el citado año dos mil doce en nada menos que un 17,97 % con respecto al año anterior, un año dos mil once que también había recibido un rudo tratamiento de desmoche.

Este recorte nos situó como la cuarta Comunidad que vio más mermada su participación en los Fondos de Compensación Interterritorial, y más de 4 puntos de distancia de la media del recorte nacional. Los casi 7.000.000 de euros que el Gobierno de Rajoy le birló a la Junta de Castilla y León se lo birla a los castellanos y a los leoneses en el ejercicio dos mil doce en ese reparto de fondos. Y son más explícitos sobre la consideración que desde Castilla y León se merece el Gobierno del señor Rajoy.

Los sinsabores de la señora Consejera de Hacienda con su relación, entre áspera y amorosa, con el Ministro Montoro no se corresponden con el tradicional... con la tradicional condición de Castilla y León como feudo fundador del Partido Popular y como feudo electoral y como coraza del Partido Popular en todo el Estado. Hay un desencuentro entre ambas partes que sobrepasa la normal antipatía, y que acaba afectando a Castilla y León, o que surge del ataque a Castilla y León en el reparto de los recursos públicos. Y las consecuencias inmediatas y graves es que quien lo paga son cada uno de los ciudadanos de Castilla y León.

Así, dentro del Fondo de Compensación, la partida para infraestructuras agrarias se vio adelgazada en más de un 42 % respecto a la partida del año dos mil once. La destinada a infraestructuras sanitarias, la supuesta joya de la Junta, retrocedió en un 21 % anual. Y el saneamiento integral de aguas sencillamente se quedó a cero, fue anulado al cien por cien. Eso explica, pero nunca justifica –explica, pero no justifica- algunas cuestiones sobre las deficiencias de las depuradoras de nuestra Comunidad, o incluso el tan conocido y lamentable deterioro de la calidad de las aguas del Lago de Sanabria, por ejemplo.

Pero también en el llamado Fondo Complementario, esos tres capítulos (infraestructuras agrarias, sanitarias y saneamiento integral de aguas) sufrieron los mismos recortes y con fuerza, con fuerza y deteriorando la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León, y deteriorando los derechos de los ciudadanos de esta Comunidad.

El proceso de retroceso de nuestra participación en los fondos viene desde el año dos mil nueve y lleva acumulada una minoración de casi el 63 % desde el dos mil nueve, porcentaje que habla por sí solo de cómo se ve postergada esta Comunidad ante el reparto que se hace desde el Gobierno Central. Como consecuencia, también el porcentaje de la financiación de los fondos con respecto al total de obligaciones reconocidas ha venido cayendo durante estos años hasta el 11 % del ejercicio dos mil doce, y más del 5 % del dos mil once, que financiaron obligaciones reconocidas en el dos mil doce.

En el reparto de esos superproyectos sobre los que estos fondos se aplican, se observa también algo que es un vieja tendencia, por lo menos que venimos observando desde que yo estoy en esta Cámara, la tendencia de la Junta a no paliar las diferencias y desvertebraciones, que se van agravando en el mapa autonómico, con unas provincias siempre más beneficiadas que otras, con unos territorios más beneficiados que otros. Esta dinámica va en contra de lo dispuesto en la Ley 22/2001, donde se aplica que... se estipula que estos fondos están destinados a aquellos territorios comparativamente menos desarrollados.

Que, por otra parte, se haya ejecutado el cien por cien de los 31.794.810 euros de los superproyectos no quiere decir gran cosa. Es cierto, el Consejo de Cuentas tiene que fiscalizarlo, el Consejo de Cuentas tiene que reconocerlo, pero políticamente no significa gran cosa. ¿Por qué? Porque el dinero del fondo o se gasta y/o se justifica para dejar expedito el siguiente ejercicio, o desaparece. Otro cantar real es la ejecución efectiva del total de las obligaciones reconocidas, sobre las cuales esas partidas es un porcentaje no siempre importante. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor González Suárez. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Muñoz Expósito.

EL SEÑOR MUÑOZ EXPÓSITO:

Gracias, señor Presidente. En primer lugar, la... dar la bienvenida al señor Encabo y a todo su equipo. Y, desde luego, hoy lo que venimos aquí a tratar yo creo que lo diferenciaría en dos partes: una es la fiscalización por sí misma, una fiscalización que tiene como... como objetivo la verificación del grado de ejecución de los proyectos y su adecuada contabilización en el año dos mil doce, así como verificar la legalidad de las actuaciones realizadas por los gestores del Fondo de Compensación Interterritorial, en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados y a las modificaciones de los proyectos inicialmente aprobados. En este sentido, yo creo que por parte, evidentemente, de nuestro... de nuestro Grupo, al trabajo del Consejo de Cuentas, pues no ponerle ninguna pega.

Otra... otra cosa muy diferente, y es esa segunda parte, es, desde luego, en sí el fondo de toda esa explicación por parte del Presidente del Consejo de Cuentas, que, bueno, pues ha detallado con anterioridad la... el meollo, el meollo de la cuestión de lo que es el Fondo de Compensación Interterritorial, que, como fundamento legal, se encuentra en la Constitución Española, en su Artículo 138, y en el que se obliga al Estado a garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad. Y un principio de solidaridad, como ya dijimos en esta misma sala no hace mucho, que, desde luego, a través de estos fondos no se consigue en la Comunidad de Castilla y León. Y no se consigue en la Comunidad de Castilla y León por esas diferencias... esas diferencias que la propia... que el propio Gobierno de la Junta utiliza para luego financiar proyectos en las... en las provincias.

Desde luego, esos proyectos que se financian en las provincias no, desde nuestro Grupo, no pueden tener una diferencia en los últimos... en los últimos años de 17 puntos. Y miren, hace... no hace mucho que... que mi compañero González Reglero le preguntaba al Presidente si le parecía... si esto cree... creía el Presidente era una buena distribución. En vista de que, un año más, y un año después –en el dos mil doce-, lejos de disminuir esa diferencia entre provincias, se acrecienta -es decir, ya le digo, en los últimos años de media... de media hay 17 puntos de diferencia entre la asignación presupuestaria de dichos fondos a unas provincias y a otras-, pues nosotros le volvemos a reiterar y le volvemos a pedir su opinión en cuanto a si le parece que esta... la distribución de estos... de estos fondos son los correctos, amén, amén, y en términos de... lo que en términos globales se ha producido en la propia... en la propia Comunidad.

Es decir, desde luego, a este Grupo no le parece nada bien que Castilla y León haya recibido un 18 %, un 18 % menos de la adjudicación del fondo por parte del Gobierno. Y, desde luego, ahí está muy diferenciada esas... esas dos etapas, que en el propio informe lo deja bien claro, esos incrementos que se producen entre el año dos mil tres y dos mil ocho de casi un 25 % en la asignación de fondos a las distintas Comunidades Autónomas, y esa rebaja que se va produciendo a partir de los siguientes años, con una... con una rebaja –ya digo- del 18 % en el caso de Castilla y León solo en el último... en el último año.

Desde luego, a nosotros, y viendo las debilidades que el propio Consejo de Cuentas pone de manifiesto en su informe, no nos sorprende. No nos sorprenden porque vuelven a reiterarse, vuelven a... a repetirse, y no se corrigen, por parte de quien debiera, por parte del... del Gobierno de esta Comunidad, y... y vuelven a ser las mismas. Vuelven a ser las mismas, incorporándose alguna nueva, pero desde luego sigue sin existir, como pone de manifiesto el Consejo de Cuentas, esas rúbricas presupuestarias específicas en el... en el estado de gastos del presupuesto que recojan los... los proyectos, desde luego, a nosotros esto nos parece suficientemente significa... significativo. Sigue sin existir ese manual de procedimientos que regule la gestión y el control de los proyectos financiados con los Fondos de Compensación Interterritorial, cosa que, desde luego, a estas alturas de... de la película, no se debería volver a repetir en cuanto a las debilidades de... de dichos... de dichos fondos. Quiero decir, las peticiones de... de los fondos, que se han realizado utilizando los mismos criterios que en los ejercicios anteriores, no habiéndose establecido en el SICCAL mecanismos de alerta que indiquen el momento en el que el grado de ejecución de los proyectos alcanza los porcentajes exigidos para las correspondientes peticiones de fondos, de forma que estas se realicen lo antes posible. A este respecto, le dice el Consejo de Cuentas, la Comunidad ha manifestado que "se vigila periódicamente", y vuelven a entrecomillar, como... desde luego, como en años anteriores.

Lo dicho, desde luego, a nosotros nos parece que se debería tomar más en serio esa distribución... esa distribución provincial de dichos fondos que recibe por parte del Estado. Que, desde luego, se debe hacer un esfuerzo por incrementar estos fondos, porque no hace mucho que oíamos, precisamente también en esta propia sala, desvirtuar un poco el importe total, y desvirtuar un poco el total del fondo en cuanto a la inversión en esta... en esta Comunidad. Y uno, desde luego, si repasa... si repasa el porcentaje de lo que suponen estos Fondos de Compensación Interterritorial en el total de las... de las inversiones, pues sí es verdad... sí es verdad que en algunos de los programas que la propia Junta de Castilla y León presenta en sus presupuestos, supone un porcentaje nada desdeñable, nada desdeñable.

Por lo tanto, a nosotros sí nos parece que esa reducción de casi el 18 % en... en el total de los fondos que ha recibido esta Comunidad, se debería... se debería incrementar para poder así seguir financiando cualquier tipo de los... de los proyectos... de los proyectos que con dichos fondos se pueden financiar. Proyectos tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito educativo, que han... se han visto en los últimos años recortados de una manera considerable y que, desde luego, en alguna... en alguno de sus... de los subprogramas o programas que la propia Junta de Castilla y León presenta en los presupuestos año tras año, suponen un porcentaje, estos fondos, altísimo, llegando en algunos... en algunos casos de subprogramas al 38... al 38 %.

Por lo tanto... por lo tanto, sí nos parece que, desde luego, no es un porcentaje tan mínimo como algunos querían hacer ver, el de estos Fondos de Compensación total... Compensación Interterritorial, en el total de los... de los presupuestos. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Muñoz Expósito. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sobrados Pascual.

EL SEÑOR SOBRADOS PASCUAL:

Muchas gracias, señor Presidente. Aprovecho para dar la bienvenida al Presidente del Consejo de Cuentas, a Consejeros y resto de trabajadores del Consejo por parte del Grupo Parlamentario Popular.

Antes de entrar a analizar lo que es el Informe de Fiscalización sobre el FCI, señor Presidente del Consejo de Cuentas, permítame hacer un par de reflexiones sobre las opiniones vertidas en la mañana de hoy por los Portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.

Hemos escuchado al... al Portavoz del Grupo Mixto hablar sobre las antipatías o las simpatías de los Consejeros, o de la Consejera de Hacienda en este caso, hacia los miembros del Gobierno de España, y quiero poner de manifiesto que tanto la Consejera de Hacienda como el resto de... de miembros del Gobierno Regional no deben guiarse por antipatías o simpatías. Así lo hacen, siempre defienden los intereses de Castilla y León, esté quien esté en el Gobierno de la Nación. Y han dejado bastantes muestras de ese hecho durante estos últimos años.

Por otro lado, también se ha comentado, por parte del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que... bueno, se ha comentado sobre los recortes o la disminución de... de estos fondos. Y sí quería poner de manifiesto también que el mayor recorte o la mayor disminución de los Fondos de Compensación Interterritorial que se han sufrido durante los últimos años, el mayor de todos ellos fue estando en el Gobierno de la Nación el Gobierno Socialista de... de Zapatero. Con lo cual, bueno, pues creo que hay que poner en su justa medida todas estas valoraciones y apreciaciones sobre la cantidad de... de dinero que... que se dota a los fondos.

Y entrando a analizar el informe, pues, como se ha comentado, la elaboración de este informe deriva de... de un mandato legal, y los objetivos que persiguen son verificar el grado de ejecución de los proyectos y su contabilización, comprobar la legalidad de las actuaciones realizadas por los gestores en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados y a las modificaciones de los proyectos inicialmente aprobados.

Y desde el Grupo Parlamentario Popular queremos poner de manifiesto y dejar claro que Castilla y León cumple, y aunque para el Portavoz del Grupo Mixto parece que no es algo relevante, para nosotros sí que es importante decir que Castilla y León cumple. Y Castilla y León ejecutó el 100 % de los Fondos de Compensación Interterritorial, cumpliendo con carácter general la legalidad respecto a la naturaleza de los gastos realizados, tal y como viene indicado en el informe.

El grado de ejecución de los superproyectos financiados con... con los Fondos del ejercicio dos mil doce alcanzó el 100 %. Y los gastos certificados son elegibles para su financiación por los FCI, al tratarse de gastos de inversión, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2001, de veintisiete de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. Destacar que este año se vuelve a obtener datos de ejecución del 100 %, como ha ocurrido sistemáticamente en años anteriores, a excepción, puntualmente, del año anterior.

En segundo lugar, también queremos dejar claro que los Fondos de Compensación Interterritorial lo que persiguen es el equilibrio entre Comunidades. El FCI es un instrumento nivelador de los desequilibrios económicos interterritoriales que se distribuyen a las Comunidades Autónomas, conforme a unos criterios establecidos por la Ley 22/2001, de veintisiete de diciembre, conforme a lo previsto en el Artículo 158 de la Constitución, que persigue disminuir la diferencia de renta y riqueza entre los... entre los habitantes de las distintas Comunidades Autónomas, a través de una utilización específica de los gastos de inversión. Es decir, el FCI no se dirige a corregir los desequilibrios económicos dentro de un territorio, dentro de una Comunidad Autónoma, sino entre las diferentes Comunidades Autónomas.

Sería bueno que todos los Grupos Parlamentarios tuviéramos una idea de Comunidad más definida, que fuésemos conscientes de la necesidad de seguir construyendo Comunidad. Pues estos fondos son necesarios para seguir construyendo Castilla y León y para seguir trabajando en lo que es nuestro verdadero hecho diferencial: mantenimiento de la calidad en la prestación de los grandes servicios públicos esenciales. Sería recomendable que tratásemos de evitar enfrentamientos absurdos entre provincias y procurásemos trasladar un concepto de Comunidad como herramienta fundamental para aprovechar las sinergias económicas y las oportunidades que tenemos en Castilla y León, y sumar esfuerzos para competir como una Comunidad, porque seremos más fuertes en España y también lo seremos en Europa. Y en esta línea, Señorías, creo que tenemos que aprovechar el dinero que viene de estos fondos y encontrar los proyectos de inversión en todo el territorio de Castilla y León para ser cada año más competitivos.

En cuanto a la evolución, Castilla y León ha visto reducido, como ya se ha dicho, el importe total, respecto a dos mil once, un 17,9 %, mientras que la disminución media para el conjunto de las Autonomías se situó en el 13,2 %. Ese porcentaje de participación de nuestra Comunidad sobre el total de... del FCI fue del 4,7, siendo la tercera después de Galicia y Castilla-La Mancha, que... que es la... la mayor bajada se registró con un 0,28 % menos que el año pasado.

En definitiva, y en relación a este informe, señalar que el Grupo Parlamentario Popular está satisfecho con lo que es la gestión de... del FCI, que un año tras otro, por norma general, se va comprobando lo mismo, es decir, que la... la ejecución del 100 % de lo asignado a esta Comunidad, que siempre se financian... los gastos siempre se financian, y que los gastos certificados son elegibles.

Creo que no deberíamos entrar a valorar la distribución de estos fondos por provincias, comarcas o municipios. Desde mi Grupo destacamos, una vez más, que Castilla y León cumple con la ejecución del 100 % de los fondos, cumpliendo con carácter general la legalidad. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Sobrados. Para contestar a las intervenciones de los distintos Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí, gracias, Presidente. Yo creo que... que pocas aclaraciones, porque creo que los tres Portavoces de los Grupos Parlamentarios han expresado en la mañana de hoy, pues un profundo y auténtico conocimiento del Informe de Fiscalización sobre el FCI dos mil doce.

Evidentemente, yo en esta intervención, pues me volveré a repetir, como ha sucedido en otras comparecencias precedentes sobre otros FCI. Es decir, es cierto que este Informe del FCI dos mil doce se parece, pues como dos gotas de agua, al... al FCI dos mil once, y está presidido, pues por los... las mismas debilidades que se detectaron en el ejercicio precedente. Y también está presidido por otro aspecto, que ha sido la disminución del FCI a lo largo de estos últimos años, fundamentalmente desde el año dos mil nueve. Esa es una disminución importante, que, como ya se ha puesto de manifiesto, desde el año dos mil tres ha supuesto nada más ni nada menos que del 62,62 %.

Pero, también en la mañana de hoy, como ya lo hice en mi última comparecencia, yo creo que lo que se está en estos momentos detectando es la necesidad de modificar la Ley del FCI, para que cumpla, pues con esa función constitucional a que se ha hecho aquí referencia de equilibrio interterritorial. Y eso yo creo que se pone cada día más de manifiesto la necesidad de un nuevo enfoque del FCI, acorde con la situación de las distintas Comunidades Autónomas de España.

Y también significar que, desde el punto de vista del cumplimiento de la legalidad, se ha cumplido la legalidad en relación al FCI, como ya he expresado a lo largo del informe. Y que una reflexión que siempre hay que hacer es que, en relación al FCI, el receptor del FCI es la Comunidad Autónoma, y no... de acuerdo con la ley, no está obligado a efectuar ese equilibrio intraterritorial. Es decir, inclusive, yo ya he citado en otras ocasiones lo que es el Artículo 4 de la Ley del FCI, que establece los criterios de percepción por parte de las Comunidades Autónomas, y, si se aplicase ese criterio con carácter intraterritorial, desde luego, arrojaría un saldo distinto de lo que ha sido la distribución. Pero no existe, y eso hay que dejarlo perfectamente claro, es, desde el punto de vista de lo que es la ley que regula el FCI, esa obligación de distribución intraterritorial. En el caso de que se aplicasen esos criterios, pues muy posiblemente las provincias que encabezarían la percepción de fondos, pues sería lo que se denomina el occidente de... de nuestra Comunidad Autónoma, e iría liderado muy posiblemente por León, Salamanca, Zamora y Palencia... perdón, y Ávila; esas serían las que posiblemente tendrían desde... si se aplicase ese criterio intraterritorial del FCI, pero que, insisto, en modo alguno es en estos momentos invocable, de acuerdo con la normativa aplicable. Nada más, y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Para consumir un turno de réplica, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Sí. Gracias, señor Presidente. Agradecer al Excelentísimo Presidente del Consejo de Cuentas sus aclaraciones. Y iniciar mi intervención con algo que no dije en la anterior: lógicamente, apoyamos las recomendaciones que realiza el Consejo de Cuentas, y la... y las apoyaremos cuando haya que... que votarlas.

Agradecer al señor... al señor Presidente también las aclaraciones sobre la legalidad de la aplicación de los fondos dentro del territorio de la Comunidad. Ciertamente, yo he aludido a que el objetivo son los territorios comparativamente menos desarrollados, pero no he hablado de... de lo legal, porque, si no, el propio Consejo de Cuentas en su fiscalización tendría que estar actuando de otra forma. Pero está claro que lo que hace el Consejo de Cuentas es fiscalizar la ejecución de unos gastos que realiza la Junta de Castilla y León; y la Junta de Castilla y León ciertamente recibe esos recursos, en base a la comparación con otros territorios del Estado, para equilibrar y converger con otros territorios del Estado. Pero políticamente tiene mucho sentido que, en una Comunidad como la nuestra, donde hay una franja que divide el oeste y el este, la aplicación de los Fondos de Compensación políticamente sería muy lógico y muy necesario, y muy necesario para la ciudadanía que vive en el oeste de la Comunidad, que la aplicación de estos fondos discriminase positivamente aquellos territorios –que no digo provincias, todo el mundo conoce cómo algunos abogamos por la desaparición de la Administración Provincial-; digo territorios porque en los territorios viven ciudadanas y ciudadanos con derechos. Y... y poco más de esta aclaración.

Decirle al señor Portavoz del Grupo Popular, al señor Sobrados, a quien agradezco, pues que haya escuchado con interés –como siempre- la intervención de este Procurador de Izquierda Unida y Portavoz del Grupo Mixto, que, lógicamente, por si acaso, en mi forma de explicitar el tema yo no entro en la calificación personal de las antipatías o de los amores, entro en aquello que permanentemente digo y aquello de lo que acuso a la Junta de Castilla y León y a la señora Consejera de Hacienda: de tener un discurso en defensa de lo propio de Castilla y León aquí, pero de bajar la cerviz ante el Gobierno del señor Rajoy en cuanto pasa el túnel de Guadarrama, porque creo que no pasa por el puerto, sino por el túnel, ¿no?

Esto es lo que yo quería clarificar, y no lo hago como... como explicación, que además sé que el señor Sobrados sabía perfectamente qué es lo que había detrás de mis palabras; pero, por si acaso, que conste en el Diario de Sesiones una crítica al Partido Popular que gobierna Castilla y León, porque entre el dicho y el hecho hay una gran diferencia: entre el dicho de defender a Castilla y León y el hecho de no plantear al propietario de la caja más allá de Guadarrama, el señor Montoro, las necesidades y los derechos que tiene esta Comunidad, pues la crítica hay que hacerla y seguiremos haciéndola hasta que otros gobernemos. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Muchas gracias, señor González Suárez. En un turno de réplica, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Muñoz Expósito.

EL SEÑOR MUÑOZ EXPÓSITO:

Gracias, señor Presidente. En primer lugar, agradecer las aclaraciones por parte del señor Encabo Terry. Y sí matizar... Bueno, antes de, decirle que, evidentemente, vamos a apoyar las recomendaciones por parte del... del Consejo de... del Consejo de Cuentas. Y sí matizar algún... algún aspecto en cuanto a esas aclaraciones.

Bien, desde este Grupo ya sabemos que... que, según por ley, no está obligado, y, de hecho, es tanto así como que hace un mes nosotros presentábamos una proposición no de ley para cambiar eso, para cambiar eso -por cierto, que también uniríamos esas... estas dos recomendaciones que el Grupo Popular votó en contra en aquel día, ¿eh?, para que también se tuvieran... se tuvieran en cuenta-; es decir, ya sabemos que no está obligado; pero, desde luego, a nosotros, cuanto menos, nos parece chirriante si esa es la manera de hacer Comunidad. Es decir, si la manera de hacer Comunidad es que unos se tengan que callar mientras otros reciben, pues hombre, la verdad es que, cuando menos, cuando menos, sorprende. Porque cuando eso se produce año... año tras año, sorprende; pero no solo sorprende a este Grupo, digo, no solo sorprende... no solo sorprende a este Grupo, porque, claro, yo lo que me pregunto es: ¿es la manera de hacer Comunidad... es la manera de hacer Comunidad cuando, precisamente, la responsable de quien nos... la responsable de quien nos está diciendo que hagamos Comunidad en el territorio donde menos... donde menos se reciben estos fondos se pasea por otras Comunidades para pedir esto... para pedir unos fondos similares en Europa? ¿Es esa la manera de hacer Comunidad, en vez de venir aquí a solicitar fondos para ese mismo destino, que no es otro que el de vertebrar el territorio?

Claro, el problema es que, cuando desde aquí no se destinan... no se destina a esas provincias para vertebrar el territorio, la gente –como vulgarmente se dice- se tiene que buscar las habichuelas, ya sea en Teruel, ya sea en Cuenca o ya sea donde sea para unirse... para tener que irse a Europa. ¿Esa es la manera de hacer Comunidad, aliarse con otras Comunidades Autónomas o con otras provincias para... para tener que solicitar el dinero que aquí no le dan?

Entonces, claro, por eso yo decía que, hombre, entendemos –y ya se lo decimos, señor Presidente- que... que, evidentemente, no está obligado; si no, posiblemente no estaríamos aquí; ya sabemos que no está obligado. Pero oiga, nosotros lo que sí pensamos es que sí sería recomendable... sí sería recomendable que, como le decía antes, una Comunidad en los... –perdón- una provincia en los últimos ocho años reciba el 3,92 % y otra provincia reciba el 20,17 %. Si esa es la manera que tiene el Grupo Popular de hacer Comunidad en esta... en esta región, pues, desde luego, nosotros no la vemos lo más... evidentemente, no lo vemos como un... como un reparto justo.

Y permítame, y con esto, desde luego, yo voy a terminar, que sí nos parece también bastante importante y bastante interesante, en el punto 4 de... del seguimiento de las debilidades en el procedimiento de gestión y control interno, que la Comunidad sigue sin realizar actuaciones... -y matizo y enfatizo lo de "sigue", porque es otro nuevo tirón de orejas a la Comunidad- sigue sin realizar actuaciones de seguimiento desde que se produce la petición de los fondos hasta que tiene el ingreso correspondiente. Esto, desde luego, debería corregirse ya. Esto, desde luego, debería corregirse ya para que luego no nos llevemos sorpresas. Y, desde luego, a nosotros nos parece que se deben... se deben acatar y se debe intentar corregir todas y cada una de las debilidades que han puesto ustedes encima de la mesa, y, sobre todo... y, sobre todo y ante todo, lo que se debe es compensar –que para eso se hizo el fondo- de una mejor manera a todos los territorios de esta Comunidad.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Muñoz Expósito. Para consumir un turno de réplica por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Sobrados Pascual.

EL SEÑOR SOBRADOS PASCUAL:

Muchas gracias, señor Presidente. Lo primero, quiero dejar claro –y le pese a quien le pese- que todos y cada uno de los Consejeros, todos y cada uno de los miembros del Gobierno Regional siempre defienden a Castilla y León en Castilla y León y fuera de Castilla y León, empezando por el Presidente, que ha planteado la modificación de... de la aplicación de estos Fondos de Compensación Interterritorial de cara a un nuevo marco, a un nuevo modelo de... de financiación autonómica.

Y no solamente... no solamente ahí; o sea, aunque haya alguien al que le pueda molestar, también los Consejeros de Castilla y León buscan apoyos, y el Presidente busca apoyos y puntos de acuerdo con otras Comunidades que pueden tener unas problemáticas y una situación como... como la que tenemos en Castilla y León –en cuanto a la población, a la dispersión o en otros puntos en los que podemos tener diferentes formas de... de ver las... las cuestiones propias de... de nuestra Comunidad-, y se buscan apoyos para cooperar con otras Comunidades Autónomas en búsqueda de esos intereses comunes.

También me gustaría aclarar que en otras Comunidades –como, por ejemplo, Andalucía- la Cámara de Cuentas no plantea en su informe de fiscalización de los Fondos de Compensación Interterritorial la inversión... la inversión provincializada. Y es... como he dicho anteriormente, que me parece absurdo buscar el enfrentamiento entre... entre provincias con una comparación sesgada de la inversión en... en cada uno de... de los territorios de... de nuestra Comunidad.

Creo que la... la verdadera herramienta que tiene Castilla y León para... para compensar y para deshacer esos desequilibrios son los... los Presupuestos Generales de la Comunidad. Y, hablando de porcentajes, pues sí, le... le aclaro al Portavoz de... del Grupo Parlamentario Socialista que los Fondos de... de Compensación Interterritorial del año dos mil doce, comparando con el Presupuesto, con el montante total del Presupuesto General de la Comunidad para dos mil doce, supone un 0,3 %; es decir, que la verdadera herramienta... donde está el montante más importante de... de la inversión por parte de la Junta de Castilla y León es en los Presupuestos Generales de la Comunidad, donde... desde donde se sigue construyendo Comunidad, desde donde se sigue apostando, como decía anteriormente, por el hecho diferencial de nuestra Comunidad, que es el mantenimiento de esos grandes servicios sociales. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Tiene de nuevo la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Gracias, Presidente. Muy brevemente, pues para incidir en algunas de las reflexiones que he realizado con anterioridad. Es decir, nosotros creemos firmemente que es conveniente efectuar una modificación del FCI. Seamos conscientes que siempre el FCI ha estado muy vinculado a lo que es la financiación de las Comunidades Autónomas, y es muy posible, pues que, producto de la futura nueva financiación de las Comunidades Autónomas, se modifique el FCI. Eso es algo que nosotros entendemos que es conveniente y necesario para que se consiga el cumplimiento de lo que establece la Constitución en cuanto a combatir esas desigualdades interterritoriales. Eso nosotros estamos plenamente convencidos.

En cuanto a lo que es el... el reparto interno, ya le digo que no es una cuestión que nosotros podamos o debamos cuestionar, porque eso no forma parte de lo que es nuestro control de legalidad a la hora de efectuar la fiscalización, y sí seguimos insistiendo, pues en la existencia de esas debilidades que hemos observado en las fiscalizaciones de años precedentes y en las recomendaciones que nosotros hacemos, recomendaciones que redundarían en una mejora de lo que es la gestión económica y contable del FCI en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo viernes, día dieciséis de mayo, a las catorce horas.

Segundo punto del Orden del Día. Por la señora Secretaria se dará lectura del segundo punto del Orden del Día.

Informe

LA SECRETARIA (SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ):

Segundo punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe correspondiente al Análisis del control interno de gestión económico-financiera y contable de las Entidades Locales de Castilla y León, con especial incidencia en el personal que tiene atribuido dicho control, correspondiente al ejercicio 2011: Aplicación y desarrollo del control interno de la gestión económico-financiera y contable".

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señora Secretaria. Para la presentación de este informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Gracias, Presidente. Antes de... de entrar en la exposición de este informe, sí me gustaría expresar a... a todos los asistentes que quizás haya quedado un informe excesivamente largo, pero lo hemos hecho también en el afán y en el propósito de que no fuese una sucesión de porcentajes, que haría posiblemente una intervención más breve, pero de más difícil digestión. Por eso hemos optado, pues por hacer un informe que quizás es más didáctico, más explicativo, pero que de esa manera también permita, aunque sea una lectura más extensa, sea una lectura más amable. Dicho lo cual, comienzo.

El presente informe de fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones del ejercicio 2012, y resultó aprobado por el Pleno del Consejo de Cuentas el veintisiete de marzo de dos mil... de dos mil catorce. La publicación en la página web, tanto del texto íntegro del informe como de las notas resumen del mismo, tuvo lugar el uno de abril del corriente año, una vez remitido a las Cortes de Castilla y León.

Tiene por finalidad esta fiscalización analizar los sistemas de control interno y de contabilidad que se aplican en la gestión económica-financiera de las entidades locales de Castilla y León y la situación del personal que tiene atribuidas dichas funciones. Esta auditoría del cumplimiento tiene los siguientes objetivos: obtener información referente a los sistemas de control interno y de contabilidad que se aplican sobre la gestión económico-financiera; definir y analizar el mapa regional de los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal que tienen atribuidas las funciones de control; comprobar las características, situación y forma de provisión de dichos puestos de trabajo, y verificar que son conformes con la normativa aplicable; y analizar la incidencia que la situación y provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal tienen sobre los cumplimientos de las obligaciones y plazos vinculados al ciclo presupuestario.

Ha parecido conveniente, de acuerdo con los objetivos señalados, estructurar el trabajo en dos áreas: organización del control interno de la gestión económica-financiera y contable –aspecto que fue examinado en el informe aprobado en noviembre de dos mil trece, y del que se dio cuenta a esta Comisión de Hacienda con fecha seis de febrero del corriente año-; aplicación y desarrollo del control interno de la gestión económica-financiera y contable, cuyo contenido vamos a examinar a continuación.

Para la elaboración de este informe se ha tenido presente, como periodo de referencia, el ejercicio 2011. Por lo que se refiere al ámbito subjetivo, se ha centrado en los siguientes grupos de entidades: Diputaciones Provinciales –las nueve-, el Consejo Comarcal del Bierzo y 80 Ayuntamientos. Respecto a los Ayuntamientos, he de señalar que se incluyeron todos aquellos con población superior a 20.000 habitantes (los 15); entre 5.000 y 20.000 habitantes, 16 de los 44 existentes; y se eligieron 49 menores de 5.000 habitantes de los 2.189 existentes. Concluyeron los trabajos de fiscalización en octubre de dos mil trece.

Es preciso dejar constancia que la adecuada comprensión del presente informe requiere que sea tenido en cuenta en su totalidad, ya que la mención o interpretación aislada de un párrafo, frase o expresión podría carecer de sentido.

Por lo que se refiere a la metodología, es de señalar que, con el objeto de obtener información, se elaboraron una serie de cuestionarios para cumplimentar por las entidades incluidas en el alcance del trabajo, se agruparon los cuestionarios en cuatro apartados: estructura y organización, control interno, contabilidad, rendición de cuentas y datos económicos. Es de... es de significar que el último cuestionario solamente debía de ser cumplimentado por aquellas entidades que tuvieran cuentas pendientes de ejercicios anteriores a dos mil once. Por otro lado, se remitieron otros cuestionarios a las nueve Diputaciones y al Consejo Comarcal del Bierzo concernientes a la asistencia y asesoramiento de los municipios de sus respectivos ámbitos territoriales.

En cuanto a las limitaciones al alcance, hay que hacer distintas aclaraciones.

Contestación a los cuestionarios. Si bien todas las entidades de la muestra fiscalizada han contestado a los cuestionarios, el grado de respuesta a las preguntas planteadas es dispar y, en consecuencia, origina una limitación del análisis. En algunos casos se observan incoherencias en las contestaciones; así, se han eliminado o se incluyen, poniendo de manifiesto dicha contradicción.

Remisión de la documentación solicitada. No han remitido ninguno de los informes solicitados el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y el de Villán de Tordesillas. Además de los casos señalados, ha habido otras entidades que no han facilitado otra clase de información, como el de fiscalización del presupuesto, el de liquidación del presupuesto, el de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el de reconocimiento extrajudicial de créditos, informes sobre subvenciones, sobre gestión patrimonial o informes sobre bases de ejecución.

Por lo que se refiere al trámite de alegaciones, es de señalar que tan solo lo hizo la Diputación de León, si bien es preciso matizar que en realidad sus alegaciones iban referidas al informe "Organización del control interno de la gestión económico-financiera y contable", que fue sometido a alegaciones con fecha dieciséis de septiembre del pasado año y que resultó aprobado con fecha veintisiete de noviembre del dos mil trece. Dadas las circunstancias, se le facilitó un nuevo plazo, sin que ejerciera este derecho.

Control interno. En el ámbito local, está regulado el control interno en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. La gran mayoría de las entidades que dispone de una regulación específica sobre el control interno la materializan normalmente a través de las bases de ejecución del presupuesto, el 57,8 %, mientras que tan solo el 3,3 % lo regulan por medio de otro instrumento. Es llamativo que el 40 % de las entidades analizadas carecen de regulación. Los municipios de menos de 5.000 habitantes son los que presentan unos peores índices. También es reseñable que muchos municipios disponen de unas bases de ejecución normalizadas y en algunos casos no se adaptan a las singularidades de la entidad local.

Clases de control. Ha de considerarse la función interventora como el sistema ordinario de fiscalización que se desarrolla con carácter previo respecto a todo acto, documento o expediente de contenido económico o con repercusión financiera o patrimonial, emitiendo el correspondiente informe respecto a su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso o formulando los reparos procedentes.

Como resultado de la fiscalización previa, el órgano interventor podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con el fondo o la forma de los actos, y, en estos casos, formular reparos por escrito antes de la resolución, lo cual implicará la suspensión de la tramitación del expediente cuando afecte a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, en los supuestos previstos en el Artículo 216.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El órgano al que afecta el reparo puede no estar de acuerdo con el mismo, en cuyo caso el Presidente de la entidad habrá de resolver dicha discrepancia, a no ser que se trate de insuficiencia o inadecuación del crédito, en cuyo caso corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias.

De las 90 entidades analizadas, 28 tienen establecidas la fiscalización limitada de gastos, mayoritariamente las de más población. Las de menor tamaño no suelen hacer uso de dicho procedimiento. Y de las 49 de la muestra, solo contestan afirmativamente 4 y, de modo mayoritario, superiores a 1.000 habitantes.

Así, podemos afirmar que, al amparo legal, las entidades con mayor volumen de actividad administrativa han optado por la fiscalización previa limitada, lo cual les permite conseguir una mayor agilidad procedimental. Por el contrario, los municipios más pequeños han optado por la fiscalización plena. En cuanto al tipo de gastos sobre los que se ha establecido la fiscalización limitada es de señalar que, de las 28 entidades, el 89,3 % utiliza dicho procedimiento para los gastos relacionados con el personal y contratación administrativa y el 82,1 % lo realiza para las subvenciones.

Si se ha optado por la fiscalización previa limitada de gastos, vienen obligadas legalmente a realizar otra plena con posterioridad, utilizando técnicas de muestreo o auditoría. Sin embargo, analizadas las contestaciones, tan solo 2 entidades, de las 28 con fiscalización limitada, realizan dichas actuaciones de fiscalización posterior.

En cuanto a la sustitución de la fiscalización previa de ingresos por la toma de razón en contabilidad es aplicada por una parte muy significativa de las entidades locales fiscalizadas, dado que el 66,7 % las tiene establecidas, ya de modo total (53,3 %) o parcialmente (13,3 %), frente al 27,8 % que ha contestado negativamente. Sin embargo, es de señalar que, de las 60 entidades que sustituyen la fiscalización previa de ingresos por la de toma de razón, hay 50 que no emiten informe sobre el resultado de la fiscalización plena realizada con posterioridad.

En cuanto al resultado de la fiscalización previa, solo han facilitado información 37 entidades. Los datos son los siguientes: estas entidades, las 37, elevaron 16.734 informes; 1.335 con reparos, el 8 % de los casos, de los cuales hay 118 con discrepancias no resueltas, 0,7 % del total. Son los municipios de menos de 5.000 habitantes los que tienen más informes con reparos, el 19,2 %, y de discrepancias no resueltas, 1,3 %; por el contrario, las Diputaciones tienen las ratios mejores, con el 4,7 % y 0 %.

Si nos referimos a los reparos y su tramitación, es de señalar que algunos Plenos corporativos no han sido conocedores de las resoluciones adoptadas contrarias a dichos reparos, y que afecta a las entidades con mayor dimensión. Ello sucede a pesar de que el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece la obligatoriedad de dar cuenta al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías en materia de ingresos.

Otra de las vertientes del control interno de las entidades locales lo constituye la función de control financiero, que tiene por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles. La finalidad será la de informar acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos. Por lo que respecta a la forma de efectuar dicho control, se determina en el mismo texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales que se realizará por procedimientos de auditoría, de acuerdo con las normas de auditoría del sector público.

Siendo los datos recabados... según los datos recabados, el control financiero está implantado exclusivamente en diez entidades, siendo más frecuente en los municipios de más de 5.000 habitantes. Ninguna de las Diputaciones lleva control financiero, ni tampoco el Consejo Comarcal del Bierzo.

En cuanto al control de eficacia, tercera de las variantes del control interno, tiene por objeto la comprobación periódica del grado de cumplimiento de objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones. Los datos, en este caso, son aún peores, puesto que tan solo una de las 90 entidades analizadas manifiesta tenerlo establecido.

Control del ciclo presupuestario y contable. Dentro de este apartado hay cuatro hitos significativos: expediente de elaboración y aprobación del presupuesto (la aprobación definitiva corresponde al Pleno de la Corporación antes del treinta y uno de diciembre del ejercicio anterior); ejecución del presupuesto; liquidación del presupuesto (la aprobación de la liquidación del presupuesto se ha de efectuar por el Presidente de la Corporación antes del treinta y uno de marzo del ejercicio siguiente); formación y rendición de la Cuenta General (hay dos trámites: así, en cuanto a la formación, corresponde al interventor su realización antes del uno de junio del ejercicio siguiente, mientras que la aprobación de la Cuenta General es competencia del Pleno y ha de acordarse antes del uno de octubre).

Aprobación del presupuesto. Es de señalar que la mayoría de las entidades aprobó el presupuesto fuera de plazo, solo cumplió con el plazo legal el 13,3 %. Las Diputaciones tienen un porcentaje superior, llega al 33,3 %; los municipios de más de 5.000 habitantes, el porcentaje es del 12,9 %; mientras que en los de menos de 5.000 habitantes es del 10,2 %. Hay dos capitales de provincia con presupuestos prorrogados.

Ejecución del presupuesto. Tanto la ejecución de los ingresos como los gastos comporta una serie de requisitos. En ello... entre ellos, hay que destacar el carácter limitativo del presupuesto de gastos, por lo que la existencia de crédito presupuestario es una obligación previa a la autorización del gasto. En consecuencia, se solicitó información sobre dos requisitos esenciales del procedimiento: realización de retención de crédito (RC) y de propuesta de gasto (PG), con carácter previo a la realización del gasto. Hechas estas aclaraciones, los datos son reveladores: tan solo 34 entidades realizan retención de crédito y 32 propuesta de gasto. Se cumple fundamentalmente por las Diputaciones y por los municipios de más de 5.000 habitantes, mientras que tan solo 4 de los 49 municipios de menos de 5.000 habitantes efectúan la retención de crédito y 3 propuesta de gasto.

Aprobación de la liquidación del presupuesto. De las 90 entidades analizadas, el 63,3 % aprobó la liquidación en plazo. Los mejores datos son los de las Diputaciones; curiosamente, los peores son los de los municipios mayores de 5.000 habitantes, con el 45,2 %. Estas obligaciones tienen un mayor grado de cumplimiento, posiblemente la causa sea la ley 2/2011, de Economía Sostenible, que establece la retención de las entregas a cuenta de las participaciones en los tributos del Estado a aquellas entidades locales que no remitan la liquidación del presupuesto.

Formación de la Cuenta General. Por lo que respecta a la formación de la Cuenta General, hay que incidir que cumplieron el plazo establecido el 56,7 %. Se reproduce la situación anterior. Así, los mejores cumplidores son las Diputaciones, con el 66,7 %, y los municipios de menos de 5.000 habitantes, con el 67,3 %.

Aprobación de la Cuenta General. El cumplimiento mejora en esta fase. El 68,9 % de las entidades ha aprobado la Cuenta General en plazo. Las Diputaciones y los municipios de menos de 5.000 habitantes presentan porcentajes del 100 % y del 83,7 %, mientras que el resto el porcentaje es del 38,7 %.

Operaciones de crédito. El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales previene que la concertación o modificación de cualquiera modificación de crédito deberá acordarse previo informe de la Intervención, en el que se analizará la capacidad de la entidad para hacer frente en el tiempo a aquellas obligaciones que se deriven de su formalización. La competencia corresponde al Pleno o al Presidente. Para la concertación del crédito es preciso que exista ahorro neto positivo y que el volumen total del capital vivo no exceda del 75 % de los ingresos corrientes liquidados o devengados, según las cifras deducidas de los estados contables liquidados.

En cuanto al informe previo del interventor, 52 entidades (el 57,8 %) manifestaron su cumplimiento, mientras el 38,9 manifestaron que no era de aplicación, de las cuales 29 son menores de 5.000 habitantes. Si analizamos el contenido de los informes de las 52 entidades que lo cumplimentaron, hay que reseñar que 42 expresan que el informe del interventor se pronunciaba sobre los tres requisitos antes enunciados.

Contratación administrativa. De acuerdo con la normativa aplicable, en los expedientes de contratación han de cumplirse los siguientes requisitos: la celebración de contratos requerirá que el órgano de contratación motive la necesidad del contrato; se incorporarán al expediente el pliego de cláusulas administrativas particulares; se incorporará el certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa a la Intervención, en los términos previstos en la normativa presupuestaria; se justificará la elección del procedimiento y la de los criterios para efectuar la adjudicación; si la financiación se realizara con aportaciones de distinta procedencia, se tramitará por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato, e incorporará la acreditación de la plena disponibilidad de todas las aportaciones.

Analizadas las contestaciones, se comprueba que los órganos de control interno cumplen con mayor diligencia el requisito relativo a la existencia de crédito adecuado, alcanzando el 70 %, mientras que el informe de necesidad solo se cumple en el 41,1 % de los casos. En definitiva, se es más exigente en el ámbito presupuestario que no en los otros requisitos. Ello sucede a pesar de que la omisión de la necesidad podría acarrear la nulidad o anulabilidad del contrato. En cuanto a la existencia del pliego de cláusulas administrativas, arroja un porcentaje del 62,2 %, y no está de más recordar que la omisión de dicho documento supone que el procedimiento incumple un requisito esencial.

Las contestaciones son muy dispares, según sea la entidad. Así, las Diputaciones contestan afirmativamente en el 93,9 %, mientras que los municipios de más de 5.000 habitantes lo hacen en el 66,9 % de los casos, siendo inferior en los de menos de 5.000 habitantes, con el 37,3 %.

Si analizamos la fase de adjudicación de contratos administrativos, el control interno deberá velar por el cumplimiento de los siguientes requisitos: principios de igualdad y transparencia, publicidad de las licitaciones, criterios para la adjudicación del contrato, capacidad para contratar y solvencia económica, propuesta de adjudicación de la mesa de contratación.

Los datos que se han obtenido de las 90 entidades analizadas son claramente peores que los del apartado anterior. Así, de las entidades analizadas, el 30 % de los órganos de control interno fiscalizan de forma expresa los aspectos relacionados con la publicidad de las licitaciones y la existencia de propuesta de adjudicación por parte de la mesa de contratación; mientras que existe otro grupo de entidades que únicamente informan de manera genérica la fiscalización de conformidad, o bien el interventor se limita a suscribir el documento contable de disposición o compromiso de gasto.

Subvenciones. De acuerdo con la normativa, las subvenciones se encuentran sometidas a los siguientes principios: publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación; eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante; eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. El procedimiento ordinario de concesión de las subvenciones es el régimen de concurrencia competitiva, y, de modo excepcional, la concesión directa, que implica la no exigencia de los requisitos de publicidad y concurrencia.

Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, deben aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras. Además, el otorgamiento de una subvención supone el cumplimiento de unos requisitos (competencia del órgano administrativo concedente, existencia de crédito, tramitación del expediente de acuerdo con la norma, fiscalización previa y aprobación del gasto por el órgano competente). Los datos indican que los mayores índices de comprobación recaen en la existencia de crédito adecuado y suficiente, el 100 % de los casos, juntamente con la competencia y la adecuación, en el caso de las subvenciones directas, a los supuestos establecidos en el Artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones. No obstante, deberían de incrementar la fiscalización.

Si nos detenemos en las subvenciones de concesión directa, de acuerdo con los informes emitidos, se llega a distintas conclusiones: todos los Ayuntamientos capitales de provincia realizan informe de fiscalización; se instrumenta con frecuencia la concesión directa, a través de convenio (16 de los 28 casos analizados); las subvenciones concedidas eran nominativas en 11 de los casos; hay 18 informes sin reparo, 5 con reparos y otros 5 sin opinión; la mayoría corresponden a subvenciones nominativas a clubes deportivos o convenios de colaboración con asociaciones o fundaciones.

Nómina de personal. Hay distintas normativas de aplicación. No obstante, es de señalar que los gastos de personal están sometidos anualmente a las limitaciones de incremento que fijen las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Las entidades locales vienen obligadas a establecer en las bases de ejecución del presupuesto los requisitos y documentos que justifiquen el reconocimiento de la obligación. Ha de tenerse presente que la Ley de Bases de Régimen Local obliga a las entidades locales a constituir los registros de personal. Además, las retribuciones complementarias aprobadas por la Corporación deberán de figurar en la correspondiente RPT.

Así, respecto a la fiscalización de la nómina de personal, el 12,2 % de las entidades (11) han contestado que fiscalizan realizando comprobaciones por muestreo, y un 68,9 % manifestó que solo se fiscalizan las variaciones mensuales. En cuanto a la comprobación de la nómina en su integridad, el 45,6 % manifiesta que lo efectúan con una periodicidad inferior al año, el 24,4 % lo realiza anualmente, el 6,7 % con una periodicidad mayor al año, mientras que el 23,3 % no lo realiza en ningún caso o no contesta.

Ordenanzas fiscales. Las entidades locales tienen autonomía para establecer y exigir tributo, de acuerdo con lo previsto en la legislación del Estado y en las leyes que dicten las Comunidades Autónomas. No obstante, no podrán reconocer más beneficios fiscales que los expresamente previstos por la ley. Además, los acuerdos de establecimiento de tasas deberán adoptarse a la vista de los informes técnico-económicos, y corresponde su aprobación al Pleno de la Corporación. Obviamente, la participación del órgano interventor es preceptiva. Así, en cuanto a la existencia del informe de Intervención, la respuesta mayoritaria, el 76,7 %, es afirmativo; negativamente contestan el 13,3 %, y no contesta el 10 %.

Omisión de fiscalización y reconocimiento extrajudicial de créditos. En los casos en que la función interventora fuese preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente hasta que se subsane dicha omisión. Y, a tal fin, será preceptiva la emisión de un informe por parte del órgano interventor que tenga conocimiento de dicha emisión... omisión, que se remitirá a la autoridad que hubiera iniciado las actuaciones. Este informe versará sobre los siguientes actos: infracciones del ordenamiento jurídico que se hubiesen puesto de manifiesto de haber sometido el expediente a la fiscalización o intervención previa, las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de dicho acto, la procedencia de la revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, la existencia de crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones pendientes.

Es un procedimiento de carácter excepcional el reconocimiento extrajudicial de crédito. En dos mil once, se procedió al reconocimiento extrajudicial de créditos por 39 entidades de las 90 analizadas, y, de los 32 informes aportados, los aspectos más destacables son los siguientes: el 81,1 % de los informes incluyen el régimen jurídico aplicable, la existencia de crédito adecuado y órgano competente para su aprobación; se motiva en el 50 % de los informes en el hecho de corresponder los gastos de ejercicios anteriores y, en algunos casos, a la doctrina del enriquecimiento injusto de la Administración; en el 40,6 % de los informes se acredita que la obra o servicio está prestado, o bien se incluye la relación de las facturas en el 12,5 % de los casos, o ambos aspectos en el 40,6 % de los informes.

Registro de facturas. La Ley 15/2010 estableció en su Artículo 5.1, aplicable desde el siete de julio de dos mil diez, la obligatoriedad de llevar por parte de las entidades locales un registro de facturas y demás documentos emitidos por los contratistas, a efectos de justificar las prestaciones realizadas por los mismos, correspondiendo su formalización a la Intervención. Los datos indican que solo el 60 % lo tiene implantado, afectando la carencia de modo principal a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Además, de acuerdo con la normativa, es de señalar que, transcurrido un mes desde la anotación en el registro sin que el órgano gestor haya procedido a tramitar el oportuno expediente de reconocimiento de la obligación, la Intervención o el órgano de la entidad local deberá requerir a dicho órgano para que justifique, por escrito, la falta de tramitación del expediente. Pues bien, de las 54 entidades que cumplen con el registro de facturas, tan solo el 22,2 % solicita justificación al órgano gestor cuando transcurre más de un mes.

En cuanto a otra exigencia legal, consistente en que la Intervención ha de incorporar en el informe trimestral al Pleno una relación de facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se haya tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación, se ha comprobado que de las 54 entidades que tenían implantado el registro de facturas, tan solo lo cumplen el 24,1 %, el 31,1 % entienden que no es de aplicación para ellos y el 44 % contestaron negativamente.

Tesorería. Plan de disposición de fondos y programa de tesorería. La normativa sobre estabilidad presupuestaria ha incidido de manera importante en esta materia. La Ley Orgánica 2/2012, de veintisiete de abril, ha establecido unas nuevas prioridades de pago. Así, determina la prioridad absoluta del pago de los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto. Posteriormente, la Ley Orgánica 4/2012, de veintiocho de septiembre, ha obligado a las Administraciones Públicas a disponer de planes de tesorería que acrediten la capacidad para atender el pago de los vencimientos de las deudas financieras, tanto del capital como de los intereses. Se ha recabado si cuentan con plan de disposición de fondos. La contestación solo ha sido positiva en 4 ocasiones de las 90 entidades consultadas; y en cuanto al programa de tesorería, tan solo un municipio cuenta con dicho instrumento.

En cuanto a las conciliaciones bancarias, el 55,6 % reconoce que las realiza mensualmente; el 36,7 % anualmente, con la Cuenta General; y el 4... y 4 entidades con carácter semanal.

Pagos a justificar y anticipos de caja fija. Los pagos a justificar se pueden definir como las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de la expedición. Los perceptores de tales órdenes de pago quedan obligados a justificar el destino de esos fondos en el plazo de tres meses. Es algo de carácter excepcional. Los anticipos de caja fija se pueden definir como aquellas provisiones de fondos de carácter no presupuestario para la atención de gastos corrientes de carácter periódico repetitivo, tales como dietas o gastos de locomoción. Los perceptores tendrán que justificar el destino de estos fondos en el ejercicio presupuestario en el que se efectúa el anticipo (en el mes de diciembre deberán de rendir cuentas). La regulación debe efectuarse en las bases de ejecución del presupuesto de la entidad. En cuanto a los pagos a justificar, el 16,7 % de las entidades declaran que su justificación supera los tres meses. Y en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales, de las 90 entidades examinadas, el 62,2 % declaran cumplir con dichos requisitos, mientras que el 24,4 % confirmaron no cumplir con las exigencias legales, no contestando el resto.

Contabilidad. Procedimientos internos de contabilidad. Corresponde a la Administración del Estado la competencia para aprobar las normas contables de carácter general que han de cumplir las entidades locales. En virtud de ello, el Ministerio de Hacienda reguló las Instrucciones de Contabilidad Local de los modelos básicos, normal y simplificado.

El texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales atribuye la función contable a la Intervención. En congruencia con la normativa aplicable, el Pleno de la Corporación debe regular los siguientes aspectos: normas que regulen los procedimientos administrativos a seguir en la gestión contable de la entidad local, y, de este modo, efectuar el registro de las operaciones de manera cronológica y sin demora; criterios de la entidad en aplicación de los principios contables y normas de valoración regulados en las instrucciones contables; normas relativas a la organización de la contabilidad de la entidad; procedimientos a seguir para la inspección de la contabilidad de los órganos autónomos y de las sociedades mercantiles.

Así, en relación a la aprobación de normas en materia contable por el Pleno de la entidad, los datos depurados nos indican que el 46,7 % de las 90 entidades sí lo han hecho. El mejor porcentaje corresponde a las Diputaciones, con el 88,9 %, y a los municipios de más de 5.000 habitantes.

Si analizamos los aspectos regulados en las normas contables aprobadas por la entidad, se comprueba que los porcentajes más altos se refieren a la regulación de los criterios para el cálculo de los derechos de cobro o de dudosa o imposible recaudación, con el 40 %, mientras que el más bajo corresponde a los procedimientos de inspección de los organismos autónomos y sociedades mercantiles.

Por lo que se refiere a la organización de la contabilidad, se requirió información sobre el documento que refleje las funciones y responsabilidades del personal asignado al área de contabilidad. La inmensa mayoría de las entidades manifiestan carecer de norma interna en la que se reflejen las responsabilidades del personal, solo lo hacen el 12,2 %; siendo las Diputaciones las entidades que cuentan con un porcentaje más alto, el 33,3.

En cuanto a la segregación de funciones que favorezca una mayor independencia del personal adscrito a las funciones de contabilidad, es preciso matizar que depende del tipo de entidad. Así, en los municipios de mayor dimensión, la contabilidad se atribuye a unidades de distinta... distintas de la tesorería, gestión tributaria o patrimonial.

Otro aspecto destacable es el referente a la agilidad del proceso contable, a cuyo fin se han analizado los plazos de recepción de la información y contabilización. Es conveniente señalar que el 60 % de las entidades lo formalizan desde la entrada del documento en un plazo inferior a 5 días, el 13,3 % entre 5 y 9 días, el 13,4 % entre 10 y 30 días y el 13,3 % en plazo superior a 30 días. Los municipios menores de 5.000 habitantes presentan mejores porcentajes, con el 73,5 %.

Por lo que se refiere a la llevanza de la contabilidad, se ha comprobado que, en cuanto a los ingresos, el 51,16 % de las entidades lo llevan al día, y, si nos referimos a los gastos, llevan la contabilidad al día el 62,2 %. En definitiva, se puede colegir que hay tardanzas en la contabilización de operaciones con independencia del tamaño de la entidad. Los datos anteriores generan la consecuencia de que no es posible disponer de una información actual sobre la ejecución de los presupuestos en los términos que lo establece el Artículo 207 de la Ley... del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Sistemas informáticos de contabilidad implantados en las entidades locales. Las vigentes normas contables hacen una apuesta clara por las nuevas tecnologías no solo en los casos de las Instrucciones de Contabilidad Normal y Simplificada, sino también en la Básica, habida cuenta que estimula la incorporación a la gestión electrónica. Analizadas las aplicaciones informáticas, se ha comprobado que hay 19 distintas; no obstante, 8 empresas representan el 85,6 %.

La Plataforma de Rendición de Cuentas, compartida por el Consejo de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, ha evidenciado la existencia de dificultades técnicas que en algún caso se pueden imputar a los propios sistemas informáticos de las entidades locales. Por este motivo se ha recabado la opinión sobre si la aplicación contable genera correctamente los ficheros de la Cuenta General, contestando negativamente el 16,7 %.

La contabilidad informática requiere que existan medidas de seguridad que impidan el libre acceso. Consultadas al respecto las entidades locales, hemos comprobado que el 30 % manifiestan carecer de claves de seguridad. También se ha constatado que hay un total de 1.201 usuarios de los sistemas contables, lo cual hace más necesario el establecimiento de las correspondientes medidas de seguridad.

Problemática en el tratamiento de determinadas operaciones contables. Se han analizado distintas operaciones del área contable con el objeto de verificar si se ajustan a los principios que le son de aplicación.

La vinculación jurídica de los créditos se encuentra en estrecha relación con el principio de especialidad presupuestaria. El mismo texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, en su Artículo 172.2, establece que los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. Se ha verificado que el 28,9 % de las entidades locales contestan en el sentido que la aplicación informática permite el registro de operaciones de gastos superando los límites de la vinculación jurídica. Así mismo, el 11,1 % manifiestan que han autorizado gastos en alguna partida por encima del nivel de vinculación.

Respecto al tratamiento del inmovilizado, hay que señalar que solo es aplicable a las entidades locales que utilicen la Instrucción de Contabilidad del modelo Normal o Simplificado. Una vez excluidas las entidades que aplican la Instrucción del modelo Básico, los resultados indican que únicamente el 12,2 % de las entidades existe coordinación entre los datos que figuran en contabilidad y los que se contienen en el Inventario General de Bienes y Derechos. Y de las 71 entidades que han contestado en el sentido negativo, hay únicamente 17 que afirman disponer de un inventario específico de carácter contable (una Diputación, nueve municipios de más de 5.000 habitantes y siete municipios de menos de 5.000 habitantes).

Otra área importante son los proyectos de gastos, que se define como una unidad de gasto presupuestario perfectamente identificable en términos genéricos o específicos, cuya ejecución requiere un seguimiento y control individualizado. Analizadas las entidades locales de la muestra, se ha verificado que el 61,1 % contesta afirmativamente, siendo las Diputaciones las que presentan un mejor porcentaje (es decir, las nueve). De las 55 entidades que realizan control y seguimiento de los proyectos de gasto, la gran mayoría solo lo utiliza para registrar los gastos con financiación afectada y únicamente el 30,9 % contempla todos los proyectos de inversión incluidos en el anexo de inversiones que acompaña al presupuesto. Esta falta de control y seguimiento de los proyectos de gasto, y su llevanza fuera del sistema contable, provocará desajustes en los estados que integran la Cuenta General, y, además, un incumplimiento de la normativa aplicable.

Por otro lado, hemos analizado el endeudamiento respecto al cual se exige que se efectúe el seguimiento y control contable por las instrucciones contables, no solo en lo que se refiere a las derivadas del reconocimiento y amortización de las operaciones de crédito, sino también la reclasificación de deudas a largo o corto plazo, así como la periodificación de los gastos financieros. De las 90 entidades analizadas, el 63,3 % reconoce llevar un seguimiento y control individualizado de todas las operaciones de crédito con el sistema contable.

Un área contable de especial importancia es la relativa a los pagos a justificar, que puede definirse como aquellas órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de la expedición, estableciéndose que los perceptores de las órdenes de pago, en el plazo de tres meses, habrán de justificar la aplicación de las cantidades percibidas; en definitiva, se trata de una salida de fondos de carácter excepcional. Pues bien, el 41,1 % de las entidades contesta que el control se realiza a través del sistema de información contable, el 50 % que no aplica, y lo hacen mediante registros auxiliares... y lo hace mediante registros auxiliares el 8,9 %, lo cual es contrario a lo previsto en la Instrucción de Contabilidad Normal.

Los anticipos de caja fija de naturaleza similar a los pagos a justificar, y cuyo seguimiento y control ha de realizarse por medio del sistema de información contable, se puede definir como las provisiones de fondos de carácter no presupuestario que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para atender los gastos corrientes de carácter periódico o repetitivo. Pues bien, el 25,6 % de las entidades contesta que el seguimiento y control se realiza a través del sistema de información contable, y el 4,4 % lo hace mediante registros auxiliares, lo cual supone una vulneración de la normativa contable.

Los remanentes de crédito que puedan definirse como los saldos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas y que han de ser objeto de un seguimiento y control individualizado a través del sistema de información contable. Las entidades analizadas lo efectúan de acuerdo con la normativa en un 87,8 %, mientras que el 7,8 % lo hacen en registros auxiliares.

Por lo que respecta a las modificaciones presupuestarias mediante la incorporación de remanentes, a lo largo del ejercicio dos mil once se han aprobado 201, correspondientes la mayoría a los municipios de más de 5.000 habitantes, mientras que las Diputaciones, con el 57 %, concentran los mayores importes económicos.

Estructura y organización de las unidades de control interno y contabilidad. Si bien en el informe referido a la organización del control interno y el examen sobre la situación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de habilitación estatal en las entidades locales de Castilla y León se incluyeron los resultados relativos a la dotación de personal que ejerce funciones de contabilidad y fiscalización, en el presente epígrafe se amplía dicho análisis de acuerdo con la información facilitada por las entidades fiscalizadas.

Dotación de personal con funciones de control interno y contabilidad. Se ha recabado información sobre la relación de los puestos de trabajo, plantilla orgánica y cuantificación del personal adscrito a dichas funciones. En cuanto a la RPT es de señalar que 45 entidades no la tenían aprobada, con el incumplimiento de la normativa que supone, mientras que 42 sí disponen de RPT. Ahora bien, de esta cifra, hay 8 entidades que no la han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, como establece la normativa.

Por lo que se refiere a la plantilla de personal del año dos mil once, el conjunto de las 90 entidades contaban con 18.357 plazas, de las cuales el 66 % era personal funcionario (12.112), el 32,1 % (5.885) personal laboral fijo y el 2 % (360) personal eventual. Sin embargo, tal como declaran las mismas entidades, en el mismo ejercicio figuraban en nómina 20.220 personas, lo cual puede ser debido a la presencia de personal laboral temporal que no figura en la plantilla de personal. Había 419 personas destinadas a funciones de fiscalización y contabilidad, de las cuales 95 eran funcionarios de habilitación estatal.

Valoración del responsable de la Intervención sobre la dotación de personal asignado a funciones de control interno y contabilidad. Por lo que se refiere a la dotación de personal, se considera adecuada por el 40 % en número, y en cualificación por el 45,6 %, mientras que el 34,4 % lo consideran insuficiente y con una deficiente cualificación el 26,7 %.

Los Interventores de las Diputaciones consideran que su situación de personal es correcta en número. El 15,6 % de los Interventores o Secretarios-Interventores declaran que en su plantilla existe una elevada inestabilidad de personal o excesiva rotación y el 37,8 % lo hace en sentido negativo, y no contesta al resto.

Funciones asignadas a la Intervención. Atribución de otros cometidos distinto a los de control interno y contabilidad. El 74,4 % de las entidades reconocen que la Intervención o la Secretaría-Intervención tienen asignadas otras funciones diferentes a las de control interno y contabilidad (67 entidades). Una de las funciones que se les encomienda, de acuerdo con las contestaciones, es la de presupuestación, pese a que dicho cometido no se encuentra atribuido legalmente a los funcionarios con habilitación estatal; se encuentra en esta situación el 63,3 %.

Con respecto a la recaudación, es de señalar que el 48,9 % de las entidades tienen delegadas dicha función en la Diputación correspondiente, y de modo principal los municipios de menos de 5.000 habitantes.

La tesorería. Funciones contables. Los departamentos de tesorería realizan funciones contables en el 50 % de los casos (45 entidades). En las nueve Diputaciones sí se realizan, y de modo mayoritario en los municipios de más de 5.000 habitantes.

Grado de permanencia en el desempeño de los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación estatal. Se recabó información a las entidades locales para conocer el número de personas que habían desempeñado dichos puestos de trabajo en los últimos cinco años. En el 62,2 % de las entidades este puesto había sido desempeñado por una única persona. El número de entidades con dos o tres personas representan el 12,2 % y el 13,3 %, respectivamente. Aquellas en el que el puesto ha sido desempañado por cuatro o cinco suponen el 4,4 % y el 5,6 %, respectivamente. Hay, como dato singular, que el puesto de interventor ha sido desempeñado por ocho personas en los últimos cinco años, en un caso.

En cuanto a los nombramientos accidentales, hubo nueve, todos ellos en municipios de más de 5.000 habitantes, y en cuanto a su permanencia es de significar que en aquellos casos que fue cubierto por técnicos de Administración General su duración ha sido de más de cuatro años.

Desempeño de las funciones de control interno y contabilidad en varios entes. Agrupaciones de municipios y acumulaciones. Entes dependientes. La concurrencia de un mismo funcionario de habilitación estatal en varios puestos de trabajo puede ser a través de la figura de las agrupaciones de municipios para el sostenimiento común del puesto de Secretaría o como forma de provisión de los puestos de trabajo reservado a funcionarios habilitados estatales en el caso de las acumulaciones. Se han analizado 80 municipios, de los cuales 28 han declarado la existencia de agrupaciones, de los que 26 son de menos de 5.000 habitantes. En cuanto al número de municipios que integran las agrupaciones, la mayoría es de dos o tres municipios. Por lo que se refiere a entes dependientes, hay que incidir que hay 73, correspondiendo la inmensa mayoría a las Diputaciones y municipios de más de 5.000 habitantes. Tan solo cuatro entes dependientes tienen los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Asistencia técnica de las Diputaciones Provinciales y Consejo Comarcal del Bierzo. La Ley de Bases de Régimen Local declara como competencia propia de la Diputación la existencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, y que se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos, así como la garantía del desempeño en las Corporaciones Municipales de las funciones públicas que necesariamente han de existir. En similares términos se puede predicar del Consejo Comarcal del Bierzo, de acuerdo con la Ley 1/1991, de catorce de marzo. En concordancia con lo expuesto, se solicitó información a las nueve Diputaciones Provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo.

Puestos de trabajo existentes en los servicios de asistencia técnica. De acuerdo con la información recibida, existían 141 puestos, de los que, a treinta y uno de diciembre de dos mil diez, estaban ocupados 136 y 134 un año después. Lideran las Diputaciones de Burgos y León con 19 puestos ocupados, seguidas de Salamanca y Zamora con 17; la mitad corresponden a funcionarios de Administración Especial, con la excepción del Consejo Comarcal, que no tiene ninguno. En los servicios de asistencia técnica tan solo hay 22 funcionarios de habilitación estatal. Y en cuanto al personal laboral, hay 11, de los que 8 corresponden al Consejo Comarcal. Analizados los puestos de trabajo, hay 17 puestos de Secretario-Interventor, 14 de auxiliar administrativo, 13 de administrativo, 11 arquitectos y arquitectos técnicos y 5 asesores jurídicos.

Funciones desarrollados por los servicios de asistencia. Las funciones que más realizan son las de informes técnicos urbanísticos y asesoramiento jurídico general, con un 20 % en ambos casos. A continuación está la de asesoramiento económico-contable, con el 16 %, mientras cierre y apertura de contabilidad a entidades locales figura con el 7 %. La novena función en importancia es la relativa al ejercicio de las funciones necesarias en las entidades locales, siendo tan solo Zamora la que presenta índices relevantes, con el 12,5 %. Es de señalar que León y Salamanca no cumplimentaron los datos sobre distribución porcentual, por lo que se han analizado el resto de las Diputaciones Provinciales.

Llevanza de la contabilidad por los servicios de asistencia. Los servicios de asistencia técnica declaran la llevanza de la contabilidad de 453 entidades, de las cuales 408 eran entidades locales menores, 41 municipios y 4 mancomunidades. Ávila y Burgos contabilizan exclusivamente a municipios –5 y 7-, mientras que León y el Consejo Comarcal del Bierzo contabilizan exclusivamente las entidades locales menores, con 321 y 87, respectivamente.

Prestaciones informáticas desarrolladas por las Diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo. En lo que respecta a la prestación de los seis servicios informáticos normalizados, se observa que las Diputaciones de Salamanca, Soria y Valladolid prestan todos; los de Palencia y Segovia, así como el Consejo Comarcal del Bierzo, prestan cinco; Ávila, Burgos y León, prestan cuatro; y la Diputación de Zamora presta uno.

También se ha interesado información sobre los programas contables utilizados por cada una de ellas en relación con las entidades locales de sus respectivas provincias. Han facilitado información sobre el programa informático de contabilidad, utilizado por 1.655 entidades, que supone un 34,5 % del conjunto de entidades locales de Castilla y León, una vez descontadas las Diputaciones Provinciales, capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes.

Hay siete distintos programas de contabilidad local. El más implantado afecta a un conjunto de 741 entidades, el segundo los utilizan 458 entidades y el tercero 283. En definitiva, utilizan el 89 % estos tres programas.

Actividades formativas desarrolladas por las Diputaciones Provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo. Se han analizado las actividades formativas que se han prestado en los últimos cinco años. Se deseaba saber las destinadas a la asistencia técnica a las entidades locales, no la totalidad de las actividades formativas. Al respecto, hay que indicar que no ha contestado el Consejo Comarcal del Bierzo, y que cuatro Diputaciones no desglosan el porcentaje o lo hacen de manera incorrecta.

Las nueve Diputaciones han impartido actividades formativas sobre contratación administrativa, y todas ellas, excepto la de Salamanca, han impartido gestión económica-financiera, presupuestaria y contable posterior a dos mil seis. Todas, menos León y Zamora, han impartido cursos sobre informática general; y todas las Diputaciones, menos Ávila y Salamanca, han promovido cursos de informática contable. La Diputación de Salamanca es la que imparte más cursos, con treinta, si bien de las nueve materias fijadas solo imparte formación sobre dos. A continuación está Soria, y la que menos es Burgos, con seis.

Hechos posteriores. Una vez concluidos los trabajos de fiscalización, se aprobó la Ley 27/2013, de veintisiete de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y la Ley 25/2013, de veintisiete de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Obviamente, inciden en el contenido del presente informe.

Ley 27/2013, de veintisiete de diciembre, de racionalización

El artículo primero, apartado veinticinco, modifica el régimen estatutario de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, que vuelven a tener un régimen más dependiente de la Administración del Estado, y se establecen mecanismos que limitan su movilidad.

El artículo segundo, apartado dos, señala que el Gobierno establecerá normas sobre procedimientos de control, metodología y criterios de actuación respecto al ejercicio de las funciones de control interno, habilitando la Disposición Final Séptima a la firma de convenios con la Intervención General de la Administración del Estado para colaborar en la organización del control y fiscalización interna.

Ley 25/2013, de veintisiete de diciembre, de impulso de la factura electrónica

Las novedades en relación al informe son las siguientes: establece la obligatoriedad para todas las Administraciones Públicas de crear el registro contable de facturas (Artículo 8), y esta es la novedad, que ha de estar interrelacionado o integrado con el sistema de información contable; el Artículo 6 establece que todas las Administraciones Públicas dispondrán de un punto general de entrada de facturas electrónicas, a través del cual se recibirán todas las facturas electrónicas, pudiendo las entidades locales adherirse a la utilización del punto general de entrada de facturas que proporciona la Diputación Provincial, Comunidad Autónoma o el Estado; recoge diversas determinaciones relativas al archivo y custodia de la información, tramitación de facturas, en materia de contabilidad, etcétera, etcétera.

Recomendaciones. En el ámbito del control interno. Debería acometerse, por parte de la Administración del Estado, un desarrollo reglamentario de las funciones de control interno aplicable a las entidades locales, estableciendo con criterios homogéneos la metodología, técnicas, procedimientos y reglas de actuación que han de imperar en cada una de las tres variantes del ejercicio de la función del control interno. Hecho que está afectado por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Segunda. El desarrollo de programas informáticos que faciliten el ejercicio de las funciones de control interno con los citados criterios homogéneos y el establecimiento de modelos normalizados de informes contribuiría a dotar el ejercicio de dichas funciones de mayor calidad, uniformidad, seguridad jurídica, ahorro de tiempo y mayor economía en su desempeño. Las Diputaciones Provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo, a través de sus servicios de asistencia técnica, deberían liderar este tipo de innovaciones respecto a las entidades locales con menores recursos. También afectada por la Ley de racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Tercera. Los órganos de control interno, en aquellas entidades locales que tengan establecida la fiscalización limitada de gastos, además de extremar las medidas para realizar las comprobaciones mínimas señaladas en el Artículo 219.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, deben realizar otra fiscalización plena con posterioridad, mediante técnicas de muestreo o auditoría, emitiendo informe escrito en el que se hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de dicha fiscalización. Igualmente deben realizar las correspondientes actuaciones comprobatorias posteriores en aquellos casos en los que hubiera acordado la sustitución de la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de razón de la contabilidad. En caso necesario, las entidades locales deberán incrementar o dotar de los correspondientes recursos personales o materiales a los órganos de control interno para poder desarrollar adecuadamente dichas funciones. También afectada por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Cuarta. Las entidades locales que carezcan de regulación específica deberán adaptar, bien a través de las bases de ejecución del presupuesto o mediante cualquier otro instrumento normativo de carácter interno, las particularidades del ejercicio de las funciones de control interno a la organización y circunstancias de la propia entidad. Las Diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo deberán apoyar estas actuaciones, especialmente en aquellas entidades locales con menores recursos, a través de la elaboración de modelos normalizados. También afectado por la Ley 27/2013, de... de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Quinta. Las entidades locales deben cumplir los plazos establecidos en la normativa vigente respecto al ciclo presupuestario y contable, desde la elaboración del presupuesto hasta la rendición de la Cuenta General ante el Consejo de Cuentas.

En el ámbito de la contabilidad. Sexta. Aquellas entidades con deficiencias en determinadas áreas contables deben incorporar a sus sistemas informáticos o de contabilidad las mejoras o adaptaciones precisas que solventen, en caso de existir, los obstáculos o deficiencias en la llevanza y registro contable de las operaciones relacionadas con áreas de especial trascendencia, o, en su caso, formar al personal en el uso de los programas informáticos para su adecuada grabación y tratamiento de la información en el SICCAL, que posibilite la correcta obtención de los estados o informes que deban formar parte de la Cuenta General.

Séptima. Con el apoyo de las Diputaciones y del Consejo Comarcal del Bierzo, para el caso de entidades con menores recursos deberían dictarse por las propias entidades normas que regulen los procedimientos administrativos a seguir en la gestión contable, con el fin de garantizar el adecuado registro en el sistema de información contable de todas las operaciones con la menor demora posible, regulándose igualmente las restantes materias relacionadas con la organización de la contabilidad, que han sido puestas de manifiesto en el cuerpo del presente informe.

Deberían incrementarse los esfuerzos para la incorporación progresiva de datos al sistema de información contable, mediante la utilización de procedimientos o soportes electrónicos, informáticos o telemáticos, así como su archivo y conservación en este tipo de medios. Todo ello redundará en una mayor calidad y agilidad en la grabación de las operaciones contables, con evidente ahorro económico, optimización de los recursos y mayor eficacia en el procedimiento contable. Afectada por la Ley de factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

De la estructura y organización de las unidades de control interno y de contabilidad. Novena. Se reiteran en este apartado las recomendaciones formuladas en el informe relativo a la organización del control interno dirigidas a procurar la adecuada cobertura de las plazas de funcionarios de habilitación estatal, así como de la provisión de los puestos de trabajo a ellos reservados. Afectado, obviamente, por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Décima. La temporalidad en la provisión de los puestos de trabajo relacionados con el ejercicio de las funciones de control interno y contabilidad deben restringirse al máximo, al objeto de dotar de estabilidad al desempeño de dichas funciones. También afectada por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Undécima. No deben asignarse a funcionarios de habilitación estatal con funciones de control interno y contabilidad otros cometidos ajenos e incompatibles con dichas funciones, debiéndose extremar las medidas necesarias para evitar dichas actuaciones, preservando al máximo la independencia e imparcialidad en el ejercicio de dichas funciones por parte del personal al que se encuentran reservadas.

Duodécima. Las entidades locales deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar, mediante la correspondiente planificación de los recursos humanos, una dimensión adecuada, tanto en número como en cualificación, de las dotaciones de personal adscrito a los servicios de control interno y contabilidad, adaptándose igualmente las medidas necesarias orientadas a facilitar la formación y el reciclaje de dicho personal.

En el ámbito de la asistencia técnica de las Diputaciones y del Consejo Comarcal del Bierzo. Decimotercera. Las Diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo deberían coordinar o impartir las correspondientes acciones formativas de reciclaje que ayuden a los funcionarios a registrar adecuadamente todas las operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, financiera y patrimonial, y que se produzcan en el ámbito contable de la entidad, muy especialmente aquellas relacionadas con las citadas áreas de especial trascendencia. Dicha formación debe igualmente potenciarse en materia de cierre o apertura de la contabilidad y de la formación o rendición de la Cuenta General, lo cual contribuirá a una mayor autonomía por parte de los funcionarios responsables de la contabilidad, liberando de dicha función asistencial a las Diputaciones y al Consejo Comarcal del Bierzo, que podrían dedicar sus recursos a otras más perentorias.

Decimocuarta. Las entidades supramunicipales, en sus funciones de asistencia, deben elaborar modelos normalizados que sirvan de guía a las entidades locales de su ámbito provincial o comarcal para dictar normas en materia de procedimientos de gestión contable, organización de contabilidad, utilización de documentos contables y justificantes, y cualesquiera otras actuaciones que puedan servir de ayuda a las entidades locales en la regulación interna de su gestión contable.

Decimoquinta. En línea con lo señalado en apartados anteriores, las Diputaciones Provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo deberán impulsar la utilización paulatina, en los sistemas contables de las entidades locales de su ámbito provincial o comarcal, de la grabación de operaciones contables mediante procedimientos y soportes electrónicos, informáticos o telemáticos, así como su archivo y conservación en este tipo de medios, optimizándose con ello, tal y como anteriormente se indicaba, los recursos disponibles y elevándose los niveles de eficacia y eficiencia en dichas áreas de actuación. También afectada por la Ley de factura electrónica y creación de registro contable de facturas en el Sector Público.

Decimosexta. La garantía del desempeño de las funciones públicas necesarias, Artículo 92.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, constituye una prioridad legal respecto a las restantes funciones de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica atribuidas a la provincia. Las Diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo deberían dirigir sus esfuerzos a priorizar en sus actuaciones dichas funciones, conforme al contenido del citado mandato legal. No está de más recordar que las funciones de asesoramiento legal preceptivo se encuentran atribuidas al puesto de trabajo de Secretaría de la correspondiente entidad local, debiendo, en consecuencia, evitarse cualquier duplicidad por parte de los servicios de asistencia de las Diputaciones y del Consejo Comarcal del Bierzo, dado el presumible coste económico implícito a dicha forma de actuar. También afectada por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones de los diferentes Grupos Parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Gracias, señor Presidente. Lógicamente no es por volver a repetir el agradecimiento, pero después del extenso e intenso informe planteado aquí por el señor Presidente del CES, he de hacer constar, porque yo sé que es un esfuerzo, trasladarnos de la forma más sintética posible y de la forma más pedagógica, y además entiendo que pedagógica, en la medida en que iba releyendo y escuchando -digo releyendo después de la lectura previa que había hecho- me daba cuenta de que es un informe de gran valor. No solamente por el análisis estadístico que hace y la fiscalización, sino por el componente pedagógico que tiene en unos momentos como los actuales, con una nueva legislación.

Con un descomunal censo de 2.248 municipios y 2.226 entidades locales menores, resulta totalmente lógico que desde el Consejo de Cuentas se vea en la obligación de emitir este tipo de informes, basado meramente en un muestreo representativo para establecer una estadística aproximada sobre la situación contable de dichos entes y el cumplimiento de la normativa legal vigente.

Desde el Grupo Mixto y desde Izquierda Unida de Castilla y León hemos repetido, en numerosas ocasiones, la impresión negativa que causa el conocer el funcionamiento deficiente de nuestros entes locales o de cualquier tipo de Administración, a más de treinta años de la puesta en marcha de nuestra Comunidad Autónoma. Se nos ha dicho en algunas ocasiones que se van produciendo mejoras al respecto, lo que viene a señalar lo tremebundo que sería la situación de partida, allá por el año mil novecientos ochenta y tres, y lo lento con que esas mejoras van avanzando, a la luz de las conclusiones del Consejo de Cuentas y que se nos pone sobre la mesa sobre ejercicios recientes, como es el de este caso.

Las deficiencias administrativas en el control interno, en la contabilidad y en las dotaciones de personal técnico y de medios telemáticos son abrumadoras. Si en los años de un cierto desarrollo económico, que permitían una mejor financiación de las haciendas locales, no se han conseguido... no se había conseguido erradicar todos los defectos detectados, difícilmente se va a poder atender las recomendaciones del Consejo en este y en anteriores informes, cuando por parte de quien gobierna, el Partido Popular, se ha estrangulado, desde la Administración Central y Autonómica, a esas haciendas locales y se ha reducido la autonomía local a unos mínimos de mera representación. Nuestros Ayuntamientos parece que vuelven a ser la imagen que dio Berlanga en aquella película de Bienvenido, Mister Marshall.

La larga y precisa relación de problemas detectados en las conclusiones del informe delata que en Castilla y León no son normas legislativas las que faltan, sino la voluntad de poner en práctica los mandatos legales en materia de control interno, por medio de los desarrollos reglamentarios precisos, unido a la falta de recursos para hacerlo.

Ni se presiona ni se ayuda a los entes que carecen de medios para llevar una contabilidad legal y transparente. La inercia política es más que inequívoca cada vez que conocemos uno de estos informes de fiscalización del Consejo de Cuentas, con la consecuencia de un enraizado descrédito de las propias instituciones, y no digamos ya de las leyes que se incumplen regularmente.

Los entes siguen ignorando la metodología, procedimiento y criterios homogéneos en la función de control interno; una actitud que, a estas alturas, ciertamente, no es de recibo. No ignoramos en Izquierda Unida de Castilla y León las formidables dificultades de la mayor parte de estos municipios -de las que yo he hablado aquí en algunas ocasiones-, y no digamos ya de las entidades locales menores, para mantener un funcionamiento con una estructura administrativa complicada, en un momento en el que se les ha robado parte de sus competencias y sus recursos.

Difícilmente se les puede pedir el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de control interno y contabilidad si no se les dota de medios, que en las recomendaciones del informe se señala en repetidas ocasiones, y que en esta Comisión, y el propio Consejo de Cuentas, y el propio informe no puede decidir qué tipo de apoyos se les puede dar, ni qué tipo de recursos se les puede poner a disposición. Pero sí hay que aprovechar este informe para, una vez más, denunciar esa falta de apoyos hacia los entes locales.

Ni una mejora del material informático del sistema contable adecuado, ni mucho menos la provisión de plazas que llevan años en suspenso, o, en el mejor de los casos, cubiertas de modo temporal por personal que no cumple con las exigencias profesionales para desarrollar esas tareas, aunque las acaben haciendo, con dificultades, pero no han entrado ahí con una cualificación adecuada, son, en las circunstancias actuales, bajo la sombra tenebrosa del... del tal Artículo 135 de la Constitución, los más adecuados para conseguirlo.

Por ir finalizando, señor Presidente, permita que disienta de su llamamiento a la asistencia técnica a prestar a los entes locales por las Diputaciones Provinciales. Comprendo que el Consejo esté obligado a convocar este recurso, en cumplimiento de la nefasta Ley 27/2013, pero, si hasta el momento las Diputaciones Provinciales han sido el predio antidemocrático del mercadeo de favores y compra de voluntades, al viejo modo caciquil, a partir de ahora, con el poder que la ley les otorga a espaldas de la voluntad de las urnas, estas instituciones no van a aportar ninguna mejora en el funcionamiento de los entes locales. En manos de las Diputaciones los problemas de la Administración, transparencia y legalidad de los entes locales, no dejarán de hacerse más graves e irreversibles.

Ciertamente, algunos nunca hemos creído en las Diputaciones, seguimos sin creer en las Diputaciones, y nos parece sumamente necesario que en toda la problemática que tienen los entes locales menores en estos momentos, la Junta de Castilla y León debiera implicarse con fuerza. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor González Suárez. En representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Antón.

EL SEÑOR RAMOS ANTÓN:

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, en primer lugar, pues es nuestra voluntad agradecer al Consejo y a sus expertos auditores el detalle, la calidad y la responsabilidad con que está elaborada esta auténtica radiografía del estado de la cuestión que se aborda. En nuestra opinión, es un trabajo magnífico, y se ve que detrás tiene una metodología depurada, que merece un esfuerzo de difusión y análisis más allá de los muros de estas Cortes, con las entidades locales afectadas, con los colectivos profesionales, etcétera. Creemos que es un buen instrumento para conocer una realidad, que en muchos casos ignoramos, o queremos... o queremos ignorar. En definitiva, lo valoramos como una herramienta para mejorar.

Lo que es una pena es que no vaya a tener continuidad. Yo creo que es un informe útil para conocer el estado del control interno de la gestión económica-financiera de las entidades locales, una verdadera –insisto- radiografía de la cuestión, y, sobre todo, unos datos que piden a gritos un seguimiento continuado de esta situación.

El informe dibuja un panorama crítico, que queremos creer que tiene que ver con la estructura de nuestro mapa local y con un cierto abandono de lo local, tanto por parte del Estado como por parte de la Junta de Castilla y León, y, una vez más, con la postergación por parte de las Diputaciones Provinciales de su función más sustantiva, ¿no?, que es el apoyo a los Ayuntamientos y a las entidades locales menores para mejorar sus competencias, tanto en las funciones de gestión como en las de control interno.

Por eso no entendemos que el Partido Popular de Castilla y León en estas Cortes, haciendo uso, por otro lado, de una prerrogativa sin parangón en el Estado Autonómico –la de fijar desde estas Cortes el programa de fiscalización del Consejo de Cuentas-, haya hecho desaparecer este informe, cuyos resultados indican, antes que nada, que su continuidad es imprescindible. Por algo será. Desde luego, esta decisión alimenta sospechas que es innecesario alimentar. La cuestión es que la función primera de este tipo de informes es que debe servirnos para mejorar; y, desde luego, no resulta admisible a la... a partir de la lectura del informe, que se haya decidido acabar con él en el futuro. Por otro lado, tiramos por la borda un trabajo metodológico, que a mí me parece que es un trabajo metodológico que intuyo, detrás del informe, como un trabajo metodológico de referencia, que acabará siéndolo seguramente en otros órganos de control externo de otras Comunidades Autónomas de este Estado.

Por lo tanto, en lo que es la primera parte de mi intervención, reitero mi... mi ánimo al Consejo para difundir y trabajar este informe con el sector afectado.

Dicho esto, las cuestiones que, en nuestra opinión, debe plantearse en esta Cámara en relación con este informe y con las propuestas de resolución que del mismo pudieran derivarse, en nuestra opinión, son las siguientes:

En primer lugar, yo creo que hay que plantearse cómo está ejerciendo la Junta de Castilla y León la competencia en matelia de tutela... en materia de tutela financiera de las entidades locales, reconocida en el Estatuto de Autonomía. La respuesta de este Grupo Parlamentario es que de ninguna manera, de ninguna manera. Es una competencia esta que se asumió sin dotación económica alguna, y que ahora no cuenta prácticamente con recursos ni para ejercer estas funciones ni para lo que se le viene encima con los informes preceptivos planteados por la reforma local, impuesta a través de la Ley 27/2013.

Lo que uno se pregunta es: ¿por qué habría tanta prisa en asumir esta... esta competencia, que fue la primera que se asumió después de la aprobación del Estatuto de Autonomía, en noviembre de dos mil siete? Recuerdo –y ya ha pasado tiempo como para que se puedan recordar estas cosas- que en la negociación estatutaria el Partido Popular puso sobre la mesa este asunto de la tutela financiera, a cambio de la propuesta del Partido Socialista de financiación de las... de la posibilidad de financiación de las Corporaciones Locales con participación en los ingresos propios de la Comunidad, de acuerdo con los términos del Artículo 142 de la Constitución. Fue la primera... fue la primera competencia que se asumió, pero luego parece que no está sirviendo, al menos, para que se ejerza esa tutela, en términos de mejora del control interno en las Corporaciones Locales.

Yo... a veces nos preguntamos si la Junta quiere las competencias, estas y otras, solo para estar a las... a las maduras; y, cuando tocan las duras, nos pide que llamemos a otra ventanilla o que volvamos mañana, al más puro estilo del burocratismo más rancio, tan bien descrito por Larra.

En segundo lugar, lo que nosotros nos planteamos es cómo ha desarrollado la Junta de Castilla y León las funciones de coordinación y cooperación económica, técnica y administrativa con las entidades locales, planteada en la Ley 1/98, de Régimen Local de Castilla y León. ¿Qué ha sido de los planes generales de viabilidad municipal?, ¿o de los compromisos de apoyo a las entidades locales en la normalización de sus procesos, tanto de gestión como de control interno, previstos en la legislación autonómica... en esta legislación autonómica de régimen local? También hay nuevos compromisos en la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, recientemente aprobada en estas Cortes, en esta materia, en materia de normalización de procesos y procedimientos, que, si van a quedar en nada, lamentablemente, se habrá vuelto a tomar el pelo a la voluntad política expresada por estas Cortes.

Por lo tanto, nuestro diagnóstico es que en esta materia, en materia de coordinación y cooperación económica y técnica y administrativa de la Junta con las... con las Corporaciones Locales, no ha habido nada. Y, por lo tanto, yo creo que hay un suspenso... un suspenso, un cero bajo, para la Junta de Castilla y León.

En tercer lugar, nos planteamos qué hace la Comunidad Autónoma para evitar el hecho de que, por las características de nuestro mapa local, los municipios de Castilla y León sean territorio de paso, como para todos los demás, para los funcionarios de habilitación estatal, en los términos y en la proporción exacta que el informe plantea.

El propio Consejo de Cuentas ha estimado que en la... en la Comunidad Autónoma un déficit de 329 puestos de funcionarios de habilitación estatal, más de la cuarta parte del número de puestos con que cuenta la Comunidad Autónoma, y la tercera parte del déficit de este... de este tipo de puestos estimada para toda España. Y estima en una proporción muy cercana al 50 % la inestabilidad en la ocupación de estos puestos de trabajo.

Señorías, no por este debate, por muchos otros, ya sabemos que Castilla y León es un lugar de paso. Este es el resultado del abandono de los pueblos, en el que, tras el abandono por parte de la Administración Autonómica, se produce el abandono de sus propios habitantes, y, como es natural, también de los funcionarios que pueden hacerlo, y, con mucha razón, cuando no tienen arraigo en el territorio. La pregunta aquí es: ¿reconocemos esta situación?

El informe del Consejo de Cuentas nos pone frente a esta realidad. Y, en este sentido, ¿qué políticas compensatorias ha puesto o tiene el proyecto de poner en marcha la Junta de Castilla y León para corregir esta situación, que es un hecho, nos guste o no nos guste? ¿Es verdad que se apoya al medio rural, también en esta materia? ¿Es verdad que se apoya a los Ayuntamientos para garantizar la prestación de servicios públicos locales en condiciones de equidad y acceso para el conjunto de la ciudadanía? ¿En qué se apoya a los... a las entidades locales?, ¿en qué se apoya a los municipios rurales? En nada. En recortar... en recortar la sanidad y los demás servicios públicos esenciales. Igual que nuestros datos sobre el éxodo rural, que no han cesado ni en la mejor época de la demografía de este país, igual nos ocurre, tal como vemos en el informe, con los funcionarios de habilitación estatal.

Sin duda, hay que mantener el... un control sobre la oferta de empleo público de funcionarios de habilitación estatal por parte del Estado. Y entendemos que son muy pertinentes las propuestas del Consejo en relación con la normativa de función pública que se plantean a este efecto, y que, en algunos casos, están en estos momentos sometidos a revisión en las Cortes Generales, en lo que afecta al Estatuto Básico del Empleado Público.

La cuarta cuestión que nos planteamos en este Grupo es cómo llevan las distintas Diputaciones Provinciales sus funciones de asistencia a los municipios y las entidades locales menores. ¿Con qué recursos cuentas? Sin duda, la respuesta es que de manera muy desigual, y lo... y, por lo que vemos en este informe, en buena parte de los casos, de manera insuficiente. Sin duda, esta es una función de las Diputaciones Provinciales que no luce, que no da foto, pero es muy necesaria, y, probablemente, es lo único que justifica... que justificaría su existencia, en esta Comunidad Autónoma más que en cualquier en otra por... Comunidad Autónoma del Estado, dado nuestro mapa local.

Lo que nosotros nos preguntamos es que, ahora que las Diputaciones han sido llamadas por Montoro a no apoyar a los Ayuntamientos y las entidades locales menores, sino a sustituirlas en la gestión de los servicios públicos locales, ¿en qué acabarán quedando los servicios de asistencia a municipios? Parece claro que existe un déficit de coordinación y control de la aplicación de los fondos autonómicos invertidos para... para el sostenimiento de los servicios de asistencia a municipios de las Diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo. Un déficit que afecta a la dotación económica, a la estructura y funcionamiento de estos servicios, que es necesario corregir y que la Junta de Castilla y León tiene en sus manos los instrumentos para hacerlo.

A la vista de los resultados sobre el propio control interno de las mismas Diputaciones Provinciales -y en este caso no se puede argumentar la falta de medios-, nos preguntamos sobre qué modelo institucional pretende el Partido Popular hacer girar el modelo territorial local en este país.

Por último, nos preguntamos si vamos a acabar de resolver de una vez la situación de las entidades locales menores para evitar su desaparición si no rinde cuentas... si no rinden cuentas a finales del presente ejercicio. La verdad es que no será por falta de resoluciones y de unanimidad en estas... en estas Cortes. En este sentido, me atrevería a preguntar al Presidente si nos puede informar cómo va el estado de esta cuestión.

En definitiva, confío en que el modelo de cooperación voluntaria supramunicipal que esboza en alguna medida la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León, así como las obligaciones en materia de coordinación y normalización de procedimientos que en ella se imputan a la Junta de Castilla y León, pueden contribuir a mejorar, en alguna medida, el panorama que... que describe este informe. Por eso en su día votamos a favor de esta ley. Pero la verdad es que las previsiones que en ella se plantean son previsiones a largo plazo, y nos tememos que el estrés a que la legislación de estabilidad presupuestaria y la propia reforma local están sometiendo a las entidades locales y a los empleados públicos locales va a empeorar el panorama que hoy está describiendo este... este informe.

Por último, nos atrevemos a preguntarnos si hay una escasa implicación de los funcionarios de habilitación estatal; si nos encontramos ante una excesiva...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Debe ir acabando, señor Ramos.

EL SEÑOR RAMOS ANTÓN:

(Muchas gracias, ya termino). ... si nos encontramos ante una excesiva dependencia del ámbito político; o estamos simplemente ante una deficiente configuración estructural de unos puestos que, en buena parte de los casos, integran tanto las funciones de gestión de operador administrativo único en las entidades locales como de control jurídico y económico-financiero.

Hay un hecho que se describe el informe... que se describe en el informe, y es de que... es que, precisamente, en los Plenos de las entidades locales de mayor tamaño es, en esas Corporaciones Locales, en los que se hurta al Pleno el conocimiento y debate de los... de las resoluciones adoptadas en contra de las reparaciones planteadas por los Servicios de Intervención. Eso nos hace plantear que entre las tres hipótesis que planteábamos (la implicación de las... de los empleados públicos, la dependencia del ámbito político o la configuración estructural) hay un problema de dependencia entre los funcionarios que tienen encomendadas estas tareas y el ámbito político, del que probablemente no es ajeno el sistema de provisión de este tipo de puestos de trabajo; algo que realmente nos tenemos que plantear todos desde un punto de vista seriamente crítico.

Por último, pues también tenemos que lamentar el desequilibrio en el desarrollo técnico y normativo entre los que son las funciones de gestión en las entidades locales y las funciones de control, y la no suficiente integración de ambas funciones en un sistema de Administración inteligente propio del tiempo que estamos viviendo en estos momentos.

Y, finalmente, quería terminar simplemente dando la enhorabuena al Consejo de Cuentas por este informe y a sus redactores por la calidad técnica que se derrocha en el mismo. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Ramos. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, Presidente. En primer lugar, dar la bienvenida –como no puede ser de otro modo- al Presidente del Consejo de Cuentas, así como al resto de los miembros del Pleno del Consejo de Cuentas y el equipo técnico que les acompaña en la mañana de hoy, y felicitarles por la elaboración de este informe.

Y este es un informe que, efectivamente -lo ha puesto de manifiesto el Portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra-, genera una radiografía sobre el control interno de la actividad económico-financiera en el ámbito de la Administración Local; nos da una composición de lugar de cómo se encuentra ese control interno y qué mecanismos se utilizan; y, además, es la continuación del informe que, como se ha puesto de manifiesto en la presentación del mismo, se presentó aquí el pasado mes de febrero, y que se puso de manifiesto un hecho relevante, que era la importante... el importante déficit de plazas de funcionar... de funcionarios de habilitación especial (concretamente, de las plazas de Secretario-Interventor), que puso de manifiesto el Consejo de Cuentas en su intervención.

Y, dicho esto, yo lo primero que quiero es poner de manifiesto una cuestión que se ha puesto en la mañana de hoy aquí, y es el cuestionar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular al Plan Anual de Fiscalizaciones, que se aprobó recientemente, relativa a este informe, en el que quiero recordarle al Portavoz del Grupo Socialista que lo que planteó el Grupo Popular es que no se elabore este año esa... ese informe de fiscalización, y se pase al año que viene, y se pueda dar continuidad, porque la prioridad que entendía el Grupo Parlamentario Popular era que había que volcarse en facilitar el cumplimiento a las entidades locales menores de la rendición de la Cuenta General, cuestión que quiero agradecer ya aquí, y me consta que el Consejo de Cuentas está haciendo, porque así lo ha puesto de manifiesto en actuaciones concretas a través de su página web, y quiero felicitarle por tener en cuenta esa... ese requerimiento, que, además de forma unánime, se trasladó por parte de esta Cámara al conjunto del Consejo de Cuentas.

Por tanto, el Partido Popular no tiene la intención de que no se vuelva a realizar este tipo de informes; lo que ha planteado es que no se elaboren en el Plan Anual de Fiscalizaciones para el último ejercicio y se puedan pasar al próximo ejercicio; cuestión, además, que coincide, señor Ramos, con lo que planteó aquí su propio Portavoz de Hacienda en un ejercicio –en el ejercicio anterior-; en el Plan Anual de Fiscalizaciones, planteó la posibilidad de que estos informes se prorrogasen a otros posteriores, porque no eran informes de legalidad.

Dicho esto, quiero también entrar en las consideraciones que se han planteado aquí. Esto es un informe, efectivamente, que plantea una situación en el que hay aspectos sustancialmente mejorables en el ámbito del control interno y de la llevanza de la contabilidad del conjunto de la Administración Local de la Comunidad, dentro del ámbito de la fiscalización, importante, 90 entidades, entre las que se encuentran ni más ni menos que las 15 de mayor población del conjunto de la Comunidad y donde se hace una radiografía concreta, además de ese control, también de las Diputaciones Provinciales y de los municipios de la Comunidad de Castilla y León en función de la población.

Y lo que... primero que me llama la atención es que al final, después de la intervención del Presidente del Consejo de Cuentas, y tras la intervención de los dos Portavoces de los Grupos Parlamentarios que me han precedido, parece que la responsabilidad de algunos aspectos de ausencia de control financiero en el ámbito de la Administración Local es de la Junta de Castilla y León. Y mire, permítame que me sorprenda. Es decir, curiosamente, de las recomendaciones que plantea aquí el Consejo de Cuentas -de las 16 recomendaciones que plantea-, ninguna, por primera vez, se refiere a la Junta de Castilla y León.

Mire, la voluntad del control interno tampoco se puede vincular, señor González Suárez, a la modificación constitucional del... de septiembre del dos mil once. Si es que este informe es de dos mil once, aquí todavía no operaba esa modificación constitucional. En el año dos mil once, hasta septiembre no se modificó la Constitución Española y, por tanto, no operaba esa modificación constitucional del Artículo 135 a la que usted achaca ese... ese austericidio al que usted hace referencia y que parece que impide aquí llevar un control financiero exhaustivo en el ámbito de la Administración Local. Mire, la Administración Local, para llevar a cabo un control financiero exhaustivo, y eficiente, y eficaz es una cuestión de voluntad propia de la Administración Local.

Y mire, es que, además, lo dice el Consejo de Cuentas. ¿Acaso se puede responsabilizar a la Junta de Castilla y León de que solo un 58,9 % de los Ayuntamientos fiscalizados tengan bases de ejecución del presupuesto? ¿Acaso se puede plantear que la Junta de Castilla y León... de Castilla y León es responsable de que solo un... 10 entidades tengan control financiero de las 90 fiscalizadas, y que solo una tenga un criterio de control de eficacia? ¿Se puede responsabilizar a la Junta de Castilla y León, por ejemplo, de que haya importes por reconocimiento extrajudicial de créditos de 35 millones de euros? Eso es gestión propia de la Administración Local, la Junta de Castilla y León no tiene nada que ver con esos aspectos. ¿O acaso decir que solo un 50 % de los Ayuntamientos de la... de la Comunidad de Castilla y León tienen inventario de bienes? La elaboración anual del inventario, que es una obligación legal, es responsabilidad de las Corporaciones Locales. Y es voluntad de las Corporaciones Locales, no de la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León podrá poner mecanismos para colaborar.

Y aquí se ha puesto de manifiesto alguno que ahora voy a plantear que no se ajusta a la realidad. Porque, fíjense, cuando la Junta de Castilla y León, en estos ejercicios, está destinando fondos incondicionados de colaboración con la Administración Local, esos fondos perfectamente se pueden destinar a estas mejoras del control financiero. Y la voluntad... la voluntad la ponen los Ayuntamientos. Porque tenemos un buen ejemplo en este ejercicio dos mil... dos mil catorce, que estamos llevando a cabo, los fondos incondicionados –además, fruto de un acuerdo entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular- se han incrementado en un 10 % (hay más de 59 millones de euros que se van a destinar, y que se acaban de firmar los convenios con la Administración Local de Castilla y León), y esos fondos incondicionados que la Junta habilita a las Corporaciones Locales se pueden destinar perfectamente a mejorar estas cuestiones que se han puesto de manifiesto.

Por lo tanto, al final, la voluntad es clave, y la voluntad es... es de los Ayuntamientos. Desde luego, no se puede poner de manifiesto que los... cuestiones que se pueden, desde luego, criticar de la que es una necesaria mejora del control interno de la contabilidad en la Administración Local sea responsabilidad de la Junta de Castilla y León, porque, en ningún caso, ni una sola recomendación ha efectuado el Consejo de Cuentas a la Junta de Castilla y León; y, en segundo lugar, creo que la Junta de Castilla y León, al articular esos fondos incondicionados, puede destinarse perfectamente por parte de las Corporaciones Locales a esas mejoras que se han puesto de manifiesto en el informe sustanciado en la mañana de hoy.

La tercera cuestión que se ha puesto de manifiesto aquí es relativamente curiosa. Y dicen: bueno, es que la competencia de las... de los funcionarios de habilitación estatal. Efectivamente, se ha reconocido, y se puso de manifiesto en... en el informe presentado aquí en el mes de febrero que hay un déficit importante de funcionarios de habilitación estatal, concretamente en la escala Secretario-Interventor. Pero lo que se obvia por parte de los... de los Portavoces que me han precedido en el uso de la palabra es que ese informe del Consejo de Cuentas decía que la segunda Comunidad Autónoma que mayor esfuerzo había hecho en la convocatoria de las plazas había sido Castilla y León, la segunda... la segunda Comunidad Autónoma con mayor número de plazas convocadas para funcionarios. Pero lo que se obvia –y ahí es donde me sorprende- es que la ley que va a resolver la... la movilidad que no tenía competencia la Junta de Castilla y León... la Junta de Castilla y León no podía evitar esa movilidad que se ha puesto de manifiesto, y usted lo sabe perfectamente, no podía evitar esa movilidad de los funcionarios que, efectivamente, después de soportar un coste económico en la convocatoria de la oposición, sacaban la plaza en Castilla y León y, al poco tiempo, ejercían las funciones en otras Comunidades limítrofes; y la... Castilla y León no podía limitarlo, no podía... no podía limitarlo.

Ahora, la ley que ustedes critican es la que va a acabar con esa situación, que es la Ley de racionalización de la Administración Local. La Ley de racionalización –y lo ha dicho el propio Presidente del Consejo de Cuentas- va a limitar esa movilidad de los funcionarios al sacar la oposición. Sí, y, si no, insto al Presidente del Consejo de Cuentas a que, si lo que yo estoy manifestando... la Ley de racionalización de la Administración Local va a acabar con esa posibilidad; entre otras cosas, además, porque ese es un problema que se ha suscitado y que se corrige en la propia... en las propias recomendaciones y en los hechos posteriores, el propio Consejo de Cuentas lo pone de manifiesto, que esa ley va a acabar con alguna de esas problemáticas que se daban. Ahora ya eso no es una problemática de la Junta de Castilla y León, porque la competencia de la convocatoria de las oposiciones pasa a ser del propio... del... de la Administración Central del Estado –volvemos al modelo anterior, no al que hemos tenido en los últimos años-; pero creo que es necesario recordar que aquí se ha hecho un esfuerzo en la convocatoria de plazas, si bien también es cierto que muchas de ellas no se llegaban a cubrir porque se pasaba a otras... a otras Administraciones a la hora de la cobertura de las plazas.

Y la última consideración importante es el papel de las Diputaciones. Las Diputaciones, como le digo, juegan un papel fundamental. Yo sé que aquí hay una diferencia abismal en el ámbito del planteamiento político con el Grupo Mixto y con el señor González Suárez. Ya sabemos que para Izquierda Unida son unos órganos para suprimir, pero creo que este informe pone de manifiesto una realidad: las Diputaciones Provinciales son absolutamente necesarias en el ámbito de Castilla y León por la realidad y la dimensión de nuestros... de nuestros municipios.

Cuestión distinta, obviamente, es una cuestión que sí pone de manifiesto el informe, y que es que las Diputaciones Provinciales tienen que hacer un esfuerzo en reforzar un aspecto fundamental, que es competencia, y que ha sido una competencia reforzada después de la Ley de racionalización de la Administración Local, que es el servicio de asistencia a municipios. Efectivamente, es ahí donde coincidimos que es necesario que las Diputaciones sean conscientes de que tienen que hacer un esfuerzo en mejorar esos servicios de asistencia a municipios, porque son competencias muy importantes, no solo de asesoramiento jurídico, también de asesoramiento urbanístico, también en la actividad de control financiero y contable. De hecho, hay en el informe un dato significativo: hay alguna Diputación que reconoce que está llevando la contabilidad y el control contable de más de 400 entidades locales menores, concretamente lo pone de manifiesto el informe.

Pero, desde luego, yo lo que quiero poner de manifiesto es que esta problemática de la radiografía efectuada por el Consejo de Cuentas no es achacable, desde luego, a la Junta de Castilla y León. La mejora en el control interno y en la llevanza de la contabilidad es una cuestión de la voluntad de los Ayuntamientos. Y curiosamente lo que dice el informe además es que aquellas instituciones que se critican por parte de los Grupos Políticos, y que incluso se cuestiona su existencia, son las Diputaciones las que mejor control económico y financiero llevan de su actuación; lo pone de manifiesto prácticamente en todos y cada uno de los aspectos analizados en este informe. Y, desde luego, lo que está claro es que hay que avanzar, pero el avance supone por voluntad de las propias Administraciones. No se puede achacar a la Administración Autonómica, a la que es cierto que corresponde no en exclusiva la tutela financiera de los Ayuntamientos, la llevanza de la contabilidad de las Administraciones Locales, porque eso supone un ejercicio de voluntad. Y para ello el mejor mecanismo es que parte de los fondos que la Junta de Castilla y León, por ejemplo, acaba de habilitar se puedan destinar a mejorar aspectos que ha puesto de manifiesto el informe en la mañana de hoy.

Y quiero terminar planteando que este informe efectivamente plantea una radiografía exacta de cuál es la situación. Que hay aspectos mejorables, que la Junta no es la responsable, como se ha puesto aquí de manifiesto, y que, desde luego, hay algunos aspectos que se van a corregir por las modificaciones legislativas que ha operado la Ley de racionalización del gasto. Usted ha hecho, el Presidente del Consejo de Cuentas, y antes le... le insto a que si... a si no es cierto que esa movilidad de los funcionarios de habilitación estatal va a quedar corregida con la Ley de racionalización recientemente aprobada en el mes de diciembre. Y, desde luego, que lo que se pone de manifiesto es que para la mejora del control financiero y contable del conjunto de la Administración Local es necesario concienciar, concienciar, a los responsables políticos, independientemente del color. Aquí no estamos haciendo un análisis de quién gobierna en los Ayuntamientos. Es cierto que hay aspectos mejorables y esa voluntad, desde luego, es fundamental.

Y no responsabilizar, que es lo más fácil, aquí, a la Junta de Castilla y León de todo lo que es malo. Porque, desde luego, lo he dicho antes, no creo que la Junta pueda ser la responsable de que un 50 % de Ayuntamientos no tenga inventario, o que solo, concretamente, un 58,9 % tenga bases de ejecución del presupuesto. Desde luego, no es competencia de la Junta de Castilla y León. O que algunos Ayuntamientos ni siquiera tengan en cuenta lo establecido en el Artículo 219.3 de la Ley de... texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, respecto de lo que es el mandato legal de la fiscalización plena posterior, cuando se utiliza la fiscalización plena... la fiscalización limitada. Eso no es competencia de la Junta de Castilla y León, eso es competencia y voluntad del conjunto de los Ayuntamientos.

Y el mejor ejemplo es el que utilizó el Portavoz del Grupo Socialista. ¿Acaso es responsable la Junta de Castilla y León de que los... los Plenos de las Corporaciones Municipales no conozcan de los reparos efectuados por las Intervenciones en el ámbito de los Ayuntamientos? Hombre, eso es una cuestión propia de los Ayuntamientos, que deben analizar los Ayuntamientos, y es una voluntad que deben de admitir las propias Corporaciones Locales. Creo que la Junta está tomando mecanismos, y el mejor ejemplo son los fondos incondicionados, para, si quieren los Ayuntamientos, solventar esta problemática. Pero no me parece ni justo ni real achacar estas deficiencias del control interno a la Junta de Castilla y León. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Cruz. Para contestar a las intervenciones de los distintos Grupos Parlamentarios, tiene la palabra de nuevo el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias a los tres Portavoces por sus respectivas intervenciones, porque yo creo que lo primero es de justicia reconocer, pues que todos ustedes han mostrado, pues un gran interés por este informe de fiscalización que hemos visto en la mañana de hoy. Yo lamento, como dije antes de iniciar su lectura, pues que fuese quizás excesivamente extenso, pero que, al mismo tiempo, si he optado por este tipo de informe es porque creo que era necesario, antes de dar cualquier dato, de dar cualquier estadística, era necesario centrar el objeto de la estadística, porque, si no, podría quedar, pues como un... una especie de autenta... auténtica sucesión de estadísticas que no nos iban a poner en evidencia la gravedad, en algunos casos, de los incumplimientos por parte de las... de las distintas entidades locales de Castilla y León. Eso como primera reflexión.

En segundo lugar, también decir que este informe no se puede entender de una manera aislada, sino que hay que concatenarlo con el otro informe en el que estuvimos hablando sobre la situación de los funcionarios de habilitación estatal en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, referidos al control interno. En aquel informe, que era... y que fue recientemente dado cuenta a esta Comisión de Hacienda, hacíamos un auténtico análisis de la situación de los funcionarios de habilitación estatal, y de modo principal ese déficit al que se ha referido aquí alguno de los Portavoces, pero muy exactamente... y me quiero referir a ese déficit de 309 en el ámbito del control interno. Es decir, dentro de los 326, creo que eran, del conjunto de los funcionarios de habilitación estatal, el... el aspecto que más se resiente en... en lo que es la gestión económica-financiera, el control interno, son esos 309 que nosotros detectamos, de los 1.240 aproximadamente que existen en el conjunto de España. Y esas son las primeras consideraciones que tengo que hacer.

También estoy de acuerdo -y yo creo que... que sería inclusive una labor de todos los aquí presentes, y... y me refiero también a sus respectivas fuerzas políticas- en conseguir una auténtica difusión de este informe. Yo creo que este informe, como aquí ya se ha utilizado -y no me importa reiterarlo- por los Portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, es una auténtica radiografía sobre lo que es la situación del mundo local de nuestra Comunidad Autónoma; el otro y este informe. Y en ese sentido, yo creo que nos está obligando a, en un futuro más o menos próximo, darle continuidad a este informe para verificar, para comprobar, si se produce una mejora real en todos y cada uno de los Ayuntamientos.

Porque también en este informe ustedes habrán observado que se hace un análisis en un total, son... de 90 entidades locales, si descontamos las 9 Diputaciones Provinciales, que sabemos realmente cómo se gestionan, porque lo único que hay que hacer es ver los problemas que puedan tener las Diputaciones Provinciales, y por supuesto el Consejo Comarcal del Bierzo, pero después la imagen quizás no es tan exhaustiva si nos estamos refiriendo a los 2.248 Ayuntamientos, porque se hace un análisis, un muestreo, quizá no excesivamente importante de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Pero sí tenemos un análisis muy exhaustivo de lo que son los municipios de más de 5.000 habitantes, y ustedes lo han comprobado. Es decir, porque se analizan la totalidad de los de 20.000 y un muestreo importante de los de 5.000.

Por eso yo creo, como ya he dicho, que es necesario que este informe tenga su continuidad. Yo también les llamo a todos ustedes, en el sentido que aquí mismo se ha dicho, a conseguir una auténtica difusión para que el conjunto de las entidades locales tomen nota de esa... esa mejora en lo que tiene que ser la gestión económica-financiera, el control interno en todos y cada uno de nuestras entidades locales. Y yo creo que aquí se marcan, pues unas deficiencias que yo creo que estaremos todos de acuerdo que es necesario subsanar.

Respecto a otros aspectos que se han comentado aquí en relación a las entidades locales menores, pues, por parte del Portavoz del Grupo Socialista, pues le puedo informar que recientemente, y en el primer Pleno que celebramos después de la aprobación del Plan de Fiscalizaciones, el Consejo de Cuentas hizo público un comunicado en el que... voy a omitir la lectura de todo ello, pero sí me gustaría incidir en una parte de él, que creo es de la máxima importancia, cuando decíamos: "Las nuevas iniciativas que impulsará el Consejo, sin perjuicio de otras que pudieran implementarse posteriormente, se concretan en dos líneas de trabajo, basadas en la colaboración entre Administraciones y en medidas divulgativas. Por una parte, el Consejo considera necesario coordinar con la Junta de Castilla y León, con la Federación Regional de Municipios y Provincias, con las Diputaciones Provinciales -prioritariamente con las de León, Burgos y Palencia- y con el Consejo Comarcal del Bierzo un marco de colaboración conjunto desde el ámbito de la actuación de sus respectivas competencias". Y añadíamos: "En el terreno divulgativo, el Consejo habilitará en su página web un apartado especial con información específica para facilitar la tramitación de la rendición de cuentas a las entidades locales menores de la Comunidad y les remitirá información explicativa por correo electrónico". Estamos trabajando en esta línea, y nosotros, evidentemente, lo hemos dicho públicamente. Y, aquí, aprovecho la ocasión en la mañana de hoy para expresar la decidida voluntad de colaboración del Consejo de Cuentas con el conjunto de las Administraciones para impulsar la rendición de cuentas de las entidades locales menores.

Y como dato complementario a lo dicho, significarle que, a fecha de hoy, en estos momentos, han rendido cuentas en relación a lo que es la Cuenta General del año dos mil doce, en estos momentos, 1.256 entidades locales menores, que suponen el 56,4 %, si tenemos en cuenta que hay 2.233 entidades locales menores. Esos son datos –ya le digo- de estos mismos instantes, que creo que le puede ser de utilidad en... en la mañana de hoy.

Respecto a las cuestiones que se han suscitado aquí sobre la movilidad o no, evidentemente, ya lo hemos dicho, que, dentro de las recomendaciones, la Ley de racionalización de la Administración Local, pues aborda el... el problema de movilidad.

Y después, también, una consideración que hacíamos en nuestro anterior informe, pero que quizás sea también necesario comentar. Recordar que la... la Comunidad convocó un total de 78 plazas de funcionarios de habilitación en materia de Secretaría-Intervención, se cubrieron 66, y de las 66, había 56 que estaban en la Comunidad Autónoma. Porque ¿qué es lo que sucedió? Y que eso lo hemos detectado, y nosotros hemos recibido a algún Secretario que sacó la oposición. Bueno, por ejemplo, recuerdo recientemente que una Secretaria-Interventora canaria había sacado la oposición convocada por la Comunidad Autónoma de Castilla y León; que aquí vinieron, evidentemente, opositores del conjunto de España, y ese es uno de los problemas que ha planteado quizás este tipo de oposiciones; que, evidentemente, el derecho de movilidad de los funcionarios de habilitación estatal existe, y sacaron algunos aquí, efectivamente, la oposición, pero después volvieron a sus lugares de origen. Porque –como ya hemos dicho en el informe precedente- hay un déficit de 1.200 plazas, y siguen existiendo plazas vacantes en más de una Comunidad Autónoma. Entonces, eso es algo que nosotros mismos hemos detectado en conversaciones que hemos mantenido, pues con algún Secretario-Interventor que consiguió sacar esa oposición, pues gracias a la convocatoria que se hizo por la Junta de Castilla y León.

Evidentemente, yo creo... –y ya concluyendo mi intervención- expresar nuevamente el agradecimiento a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios por la importancia que han dado a este informe. Yo creo que es un informe realmente de una calidad excepcional y notable, porque nos permite conocer la realidad, en los términos crudos que es, de todas las entidades locales y de cómo se gestiona desde el punto de vista económico-financiero, y los problemas que existen en el ámbito del control interno, y, al mismo tiempo, pues poner de manifiesto la decidida voluntad del Consejo de Cuentas de seguir con un informe semejante, dentro de un tiempo prudencial, para comprobar si se ha producido efectivamente esa mejora. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. En un turno de réplica, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Sí. Gracias, señor Presidente. Nada más que para volver a agradecer al Presidente del Consejo de Cuentas, pues no su réplica, sino sus explicaciones posteriores.

Y volver a insistir en la importancia de este informe y volver a insistir en el descreimiento de que la solución de los problemas de las entidades locales menores o de la gestión en los municipios venga de la mano de aquella institución; y ya no entro en el debate sobre la creencia en la validez de las instituciones llamadas Diputaciones, sino en el análisis de las obligaciones que las Diputaciones han tenido hasta este momento y que han incumplido en cuanto a asistencia técnica a los municipios. Lo han incumplido históricamente, y nadie se lo ha exigido.

Y de ahí cómo he acabado mi intervención. Ciertamente, no adornada, sino utilizando las definiciones que utilizo habitualmente de las Diputaciones, pero fundamentado todo ello en la falta de compromiso de las Diputaciones, históricamente, con los municipios de nuestra Comunidad. Y de forma global, y ninguna se queda libre. Hay algunas... -podría poner ejemplos- algunas del norte de la Comunidad que actúan de una forma un pelín positiva para ciertas entidades, pero que siguen incumpliendo con la obligación de asistir técnicamente a los municipios.

Con lo cual, volveremos a hablar del Gobierno, como decía un vídeo que he visto hace algunas semanas de una época que yo no conocí, de unos humoristas, que creo que se llamaban Tip y Coll: "Hablaremos del Gobierno". Me gustó mucho la expresión. [Murmullos]. No se sulfuren, señores Portavoces en la Comisión del Grupo Popular y Grupo Socialista; no se sulfuren. Bien. Nos hemos entendido. Hablaremos del Gobierno; asumo la expresión de los señores Tip y Coll, a quienes he conocido en un vídeo que he visto hace algunas semanas. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor González. En un turno de réplica, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos.

EL SEÑOR RAMOS ANTÓN:

Muchas gracias, señor Presidente. Yo creo que en este informe constatamos que... estamos constatando que... que a muchos municipios de Castilla y León le pasa como a la zona donde vivía el señor Portavoz de Izquierda Unida, ¿no?, que les falta cobertura. [Murmullos]. En otros momentos, de televisión, y a lo mejor hoy, pues de otras... de otras herramientas de nuevas tecnologías.

Bien. Después de esta licencia, sí que tengo que decir que la verdad es que estamos ante un informe que... que para nosotros es muy preocupante -yo creo que eso lo... lo hemos compartido los tres Portavoces-, pero que no debe de ser desalentador, porque nuestra... nuestra obligación, nuestra función como responsables políticos es hacer lo que haya que hacer para que la situación, esté como esté, pueda mejorar. Y yo creo que esa es la responsabilidad que debemos compartir.

Respecto a uno de los aspectos que... que he citado en mi debate y que ha sido objeto de controversia por parte del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Es decir, vamos a ver, el Grupo Parlamentario Popular ha suprimido el informe de actividad económica-financiera del sector público local para el ejercicio dos mil doce, y lo que nosotros nos preguntamos es: teniendo en cuenta cuál es la relación entre la situación de la Administración y el sector público autonómico, si ocurre lo mismo en el sector público local, si esta es la situación de la Administración Local, ¿cómo será la situación del sector público local?

Y lo que sí hemos dicho, lo que sí ha dicho mi Portavoz de Hacienda ha sido que nosotros... para nosotros, por su propio volumen, era prioritario el análisis del sector público autonómico entidad por entidad, empresa por empresa, financiación... –perdón- fundación por fundación. Y, en ese sentido, era una prioridad, porque, por otro lado, es una prioridad que se plantea desde un ámbito autonómico; no puede ser otra la prioridad. Por plantear este detalle y acotar con precisión cuál es la posición respecto a este tema del Grupo Parlamentario Socialista.

Por otro lado, ¿qué vamos a plantear desde estas Cortes ante una... ante una situación de esta naturaleza si no es qué se puede hacer desde el ámbito autonómico para mejorar? Más allá de exigir, o más allá de... de pedir que se tomen decisiones desde el ámbito del Estado, que ya sabemos que estas son... en fin, pues en muchos casos peticiones o planteamientos a título de inventario. Nosotros creemos que la primera responsabilidad de estas Cortes ante esta situación es decir: ¿qué pueden hacer... qué pueden hacer las instituciones autonómicas para resolver esta situación y qué puede hacer el Ejecutivo?

Mire, cuando nosotros observamos cómo la Junta de Castilla y León, a la hora de exigir una... un cierto tratamiento adecuado a nuestra situación de la propia financiación autonómica –lo que se establece, si no recuerdo mal, en el Artículo 86.3 de nuestro Estatuto de Autonomía-, pues hablamos de criterios relacionados con la dispersión de la población, pero también de... del mapa local. Claro, es decir, si eso... si estamos planteando que esos son nuestros problemas y nuestras dificultades para mejorar nuestra financiación, lo que hay que hacer luego con los recursos de... de que se disponen con la financiación autonómica es atender esa situación, y lo que tenemos es una situación de un mapa local que... que nos están dando lugar a este tipo de situaciones.

Yo creo que no es mala la... la muestra que aquí nos... con la que aquí contamos. Si nos atenemos al propio personal afectado por la muestra, al personal de las entidades locales, yo creo que estamos cerca del 50 % de lo que podría ser el sector público local; digo en términos de volumen, y por lo menos en términos de personal afectado por el sector público local. Por lo tanto, la muestra es buena.

Claro, ¿qué vamos a... en realidad a qué situaciones nos estamos... nos estamos enfrentando? Pues nos... nos enfrentamos a situaciones en los pequeños Ayuntamientos en los que, probablemente, el único personal administrativo con que cuenta un Ayuntamiento, pues es el Secretario. No es que se confundan las funciones de gestión con las funciones de intervención; es el que hace materialmente el certificado de empadronamiento, es el que recibe a la persona que va... que va a solicitar cualquier cuestión al Ayuntamiento. Es que lo hace todo. Y abre, y cierra, y probablemente enciende la calefacción.

Claro, ¿en qué nos encontramos aquí? Yo... yo lo que sí que constato es que nos encontramos ante una Administración antigua. En las Administraciones antiguas, los responsables...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Debe ir acabando, señor Ramos.

EL SEÑOR RAMOS ANTÓN:

(Finalizo). ... los responsables de la gestión son aquellos a los que les importa hacer cosas aunque las cosas se hagan bien; y los... los responsables de la fiscalización son aquellos a los que les importa que las cosas se hagan bien aunque no se hagan las cosas.

Claro, yo creo que en una Administración moderna hay que dar... avanzar en este sentido, hay que integrar los papeles de una y otra... de una y otra función, de la función de gestión, que es más netamente política, pero que también es una... que es una función estrictamente técnica, porque hay muchos aspectos muy técnicos de la gestión pública local, con la función... no... no confundirlas, pero sí procurar que haya un equilibrio en... en las exigencias de tipo legal y en la dotación de tipo técnico y financiero para que una sirva para mejorar la otra, y de este modo se pueda prestar un servicio público y se administren lo mejor posible los recursos públicos.

Por lo tanto, nosotros nos tenemos que preguntar, y vamos a seguir trabajando en ello. La Junta de Castilla y León tiene mucha responsabilidad en esta materia. ¿Que recibe recursos... recursos públicos incondicionados como resultado de un acuerdo entre nosotros? Ya, pero súmelo todo y es el 50 % de lo que recibían en dos mil once, y en dos mil once ya había compromisos de servicios públicos locales. Le quiero recordar –a título de ejemplo- el de las escuelas infantiles, que afectan a toda la Comunidad, que... a los que las Corporaciones Locales tienen que seguir dando respuesta. Sí que reciben recursos incondicionados, pero la mitad de los que recibían en dos mil once por parte de la Junta de Castilla y León en su totalidad. Seguramente ahora están mejor repartidos; eso sí, gracias al acuerdo con el... con el Partido Socialista.

Tenemos que preguntarnos qué se hace. Cuando se financia desde la Junta de Castilla y León el servicio de asistencia a municipios de las Diputaciones Provinciales, nos tendremos que preguntar: ¿qué control de eficiencia se está planteando respecto a esas subvenciones a las Diputaciones Provinciales?, ¿qué exigencia le estamos planteando?, ¿qué estándares de dotación de servicio público? Es que, ¿qué se ha hecho, en materia de desarrollo de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, para facilitar esa normalización de procedimientos? Es que eso estaba previsto en la ley, es que en la ley... [murmullos] ... es que en la Ley de Régimen Local de Castilla y León está previsto...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Ramos.

EL SEÑOR RAMOS ANTÓN:

(Ya termino). ... incluso el establecimiento por parte de la Junta de Castilla y León de estándares mínimos de cobertura de servicios públicos locales.

Vamos a preguntarnos... yo creo que tendremos que preguntarnos, y haremos preguntas parlamentarias en esta materia, para qué sirve el ejercicio de la tutela financiera de las Corporaciones Locales por parte de la Junta de Castilla y León. A nosotros nos parece que el balance en esta materia es un balance cero, y que es necesario avanzar en este sentido, y es el momento. Y en una Comunidad con 2.248 Ayuntamientos y 9 Diputaciones Provinciales, además de más mancomunidades que en ningún otro sitio –que las hay por incumplimiento de las Diputaciones Provinciales de sus obligaciones-, lo que no puede ser es que este servicio esté atendido por dos empleados públicos en la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Ramos. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, en turno de réplica tiene la palabra el señor Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, Presidente. Y también agradecer la intervención del Presidente del Consejo de Cuentas, en el que ha dado respuesta de alguna de las cuestiones que se le habían planteado desde este Grupo. Mire, yo voy a entrar en el debate que me ha puesto de la... sobre la mesa el Portavoz del Grupo Socialista.

En primer lugar, respecto –de nuevo- las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular al Plan Anual de Fiscalizaciones del dos mil catorce. Yo creo que ya es un debate reiterado. Nosotros pusimos de manifiesto –y ahí está el Diario de Sesiones- que no existe ningún inconveniente para que el Consejo de Cuentas incorpore los dos informes que se han planteado su supresión en este ejercicio, justificándolo en que se pueden llevar perfectamente a cabo en el año dos mil quince, y pueden incorporar más ejercicios. De hecho, el análisis de la actividad económico-financiera es de... en el caso de la Junta de Castilla... de la Administración Local del año dos mil once. Pero, fíjese, en ese informe tan importante que ustedes sustentan todavía a día de hoy, aunque saben que es rotundamente falso, que es un informe de ratios, de ratios, un... un informe de legalidad sobre algunos aspectos del control financiero de las entidades públicas, niveles de endeudamiento -lo saben perfectamente-, hemos planteado que no existe inconveniente –igual que se analizó hasta el año dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once, en el último informe efectuado por el Consejo de Cuentas- que en el próximo ejercicio efectúen del dos mil once hasta el dos mil quince. Por lo tanto, está perfectamente justificada que las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular al Plan Anual de Fiscalizaciones del ejercicio dos mil catorce vienen motivadas por una situación exclusiva y urgente, que era la necesidad de vincular un esfuerzo que ya hace el Consejo de Cuentas –y que he agradecido- a rendir la cuenta por parte de las entidades locales de Castilla y León, de esas 2.233 entidades locales menores, de las que, además, me congratulo ya que ese dato que ha dado usted es un dato positivo, porque parece que ha aumentado el nivel de rendición, dado que ya hay 1.256 entidades locales menores que han cumplido, con lo que se ha mejorado sustancialmente los datos de rendición y, sin ninguna duda, también el esfuerzo que está haciendo el Consejo de Cuentas tendrá una repercusión sobre la mejora sustancial de esos datos de rendición.

El segundo aspecto es un tema que ha planteado, que es el... el tema de la financiación y de... y de los recursos de... económicos. Es cierto que estamos en un contexto de crisis actual, y creo que es de... hay que poner en valor el esfuerzo que ha hecho la Junta de Castilla y León, no por el volumen de los recursos, que también es importante en un contexto de crisis en el que los recursos que se destinan por parte de la Junta –como usted perfectamente conoce- en más de un 80 % se destinan a los principales servicios que se prestan en todos los ámbitos, y especialmente en el mundo local también, que son la educación, la sanidad y los servicios sociales, pero en ese contexto de crisis creo que es de... necesario poner en valor que más de 59 millones de euros de fondos "incondicionados", que esa es la clave, porque es verdad que hay veces que la Junta de Castilla y León ha hecho aportaciones económicas mayores, obviamente en un contexto económico distinto. En los años dos mil nueve, dos mil diez, esos fondos eran superiores, pero no eran fondos incondicionados. Tenían una condición: posiblemente eran destinados a la inversión, a... a unas actuaciones concretas. Ahora la ventaja que tienen las Corporaciones Locales es que pueden destinar esos fondos a lo que quieran; no hay ninguna condición en los mismos. Y por eso planteaba yo que los aspectos que ha puesto de manifiesto el informe del Consejo de Cuentas, donde yo no creo que tampoco sean preocupantes, pero donde sí se pone de manifiesto que hay aspectos sustancialmente mejorables en el ámbito del control financiero y económico y en la llevanza de la contabilidad, es algo que tienen que ser... concienciarse las propias Corporaciones Locales.

Porque, mire, el mejor ejemplo lo pone siempre el Consejo de Cuentas cuando efectúa estos informes, y es la elaboración, aprobación, del ciclo presupuestario. Si es que eso no requiere de recursos económicos, eso no requiere de ninguna aportación económica; ni siquiera supone, por poner un ejemplo, la implantación de una aplicación informática. El cumplimiento del ciclo presupuestario, de la aprobación del presupuesto, de la tramitación, de la liquidación del presupuesto, de la formación de la cuenta general y de la rendición de la cuenta general, que es un dato en el que esta misma mañana se ha puesto de manifiesto que solo un 13,3 % de los Ayuntamientos que se han fiscalizado cumple con la aprobación del presupuesto en fecha, o que un 56,7 forma la cuenta general en tiempo y forma, o que un 68,9 la aprueba, obviamente, no supone un esfuerzo de mayor financiación o de mayor capacidad de gasto, supone un esfuerzo de voluntad y de mejora en la tramitación y en la gestión. Y eso es voluntad, obviamente, y tiene que ser de las propias Corporaciones Locales. Y usted y yo lo sabemos, porque hemos formado parte de la Administración Local. Eso no supone una cuestión de mayores recursos económicos, sino una cuestión de voluntad, de cumplimiento de plazos y de ajustarse a los plazos que plantea la ley, y, en definitiva, cumplir todo lo establecido en el texto refundido de la Ley... de la Ley de Haciendas Locales. Y aquí esta mañana hemos puesto algunos ejemplos sobre la elaboración o no de bases de ejecución de presupuesto, sobre los sistemas de control, cómo se aplican; o, por ejemplo, el que ponía antes de manifiesto, que me parece fundamental, el hecho de que se dé cuenta o no de los reparos que efectúa la Intervención municipal.

Y es cierto, y usted lo ha puesto de manifiesto –y ahí sí le voy a dar la razón-, que hay dos escenarios: el escenario de las grandes Corporaciones Municipales, donde hay un mayor nivel de cumplimiento, porque las funciones se ajustan más, porque en la mayoría de esos Ayuntamientos hay Interventor, hay Secretario General, hay Tesorero, y las funciones cada uno las... están perfectamente delimitadas; y la realidad de los Ayuntamientos pequeños de esta Comunidad...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

... que es distinta, donde solo hay una persona, Secretario-Interventor, que, en definitiva, efectúa todo el control financiero y también todo el control de legalidad, no solo jurídica, sino también urbanística, y es ahí donde hay que avanzar sustancialmente. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Cruz. Tiene de nuevo la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Gracias, Presidente. Muy brevemente, dado lo avanzado de la hora, y que yo creo que aquí, pues se ha llegado, pues a reflexiones importantes por parte de los distintos Portavoces de los Grupos Parlamentarios. Y yo, como... como colofón, y agradeciendo, por supuesto, las intervenciones de los tres Portavoces, hacer dos o tres consideraciones.

Y una que no se ha comentado aquí, pero que yo creo que es de la... de importancia capital, es que nadie presentó alegaciones en la práctica. Es decir, eso es... decirles de que este se difundió oportunamente a los afectados y nadie ha presentado alegaciones; hecho... hecho que, de por sí, supone, pues un reconocimiento implícito del análisis que se hace en este informe de fiscalización.

En segundo lugar, que creo que sería bueno y conveniente, como ya he dicho en mi anterior intervención, que esto tuviese continuidad, dentro de un tiempo prudencial, para comprobar si se ha tomado buena nota de las propuestas que se hacen aquí en los distintos ámbitos. Y eso yo creo que todos deberíamos de... de creer la oportunidad de hacer un informe de similares características dentro de un par de años. Creo que sería algo tremendamente oportuno y necesario.

Y como última reflexión, abundando en lo que ya he dicho con anterioridad, que podemos hablar de que esto es una radiografía del conjunto del sector local de nuestra Comunidad Autónoma, pero es una foto –y digo una foto- de todos los municipios de más de 20.000 habitantes. Y creo que hay que matizar entre una cosa y otra. Es decir, se analizan el conjunto del sector local de nuestra Comunidad Autónoma, y, como tal, se puede considerar que es una radiografía, pero hay un análisis, evidentemente, también de las Diputaciones Provinciales, y establece, pues, una foto, que el informe ha sido yo creo que exquisitamente riguroso al hacerlo. Y, en ese sentido, insisto y concluyo, pues para referirme a la procedencia de hacer un segundo informe dentro de un tiempo prudencial, yo calculo –creo-, dar tiempo para que se tomen las medidas oportunas en el ámbito de las distintas instituciones, que dentro de dos años volviéramos a examinar un informe de similares características.

También, ya como conclusión, y después de las... conversación que mantuve con los tres Portavoces de los Grupos Parlamentarios, significarles que en el Plan Anual de Fiscalizaciones del dos mil catorce, que se aprobó recientemente por esta Comisión de Hacienda, en la introducción hablábamos de que había decaído la fiscalización de la Junta Vecinal de Posada de Valdeón al haberse optado por una fiscalización que se refiriese al conjunto de las entidades locales menores. Lo que sucedió es que al transcribirse este informe de fiscalización de manera detallada se suprimió el término "menores". Bueno, significarles que la intención del Consejo de Cuentas es hacerlo referido a estas entidades locales menores en los términos en que ya lo hemos comentado con los Portavoces, y que se delimitará el ámbito de la actuación... delimitará el ámbito de la actuación en las directrices técnicas.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Una cuestión de orden, Presidente, porque...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Lo que pasa que no tiene el turno de palabra. El Presidente ha finalizado con el...

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Pero el Presidente ha introducido un tema, del que ha manifestado que habíamos hablado al principio, pero yo quiero manifestar que lo hablado al principio... no estoy de acuerdo con lo que se acaba de plantear.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Muy bien, vale, perfecto. Gracias. El Presidente del Consejo de Cuentas ha finalizado. Y, finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo viernes, día dieciséis de mayo, a las catorce horas.

Concluido el Orden del Día de esta Comisión, y agradeciendo de nuevo la presencia del señor... del señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas cincuenta y cinco minutos].