DS(C) nº 462/8 del 4/7/2014

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Buenos días. Se abre la sesión. ¿Los Grupos Parlamentarios desean comunicar a esta Mesa alguna sustitución? Por parte del Grupo Socialista no hay ninguna. ¿Por parte del Grupo Popular? Tampoco hay sustituciones.

Doy la bienvenida a esta Comisión a don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que comparece ante esta Comisión para presentar diversos informes de fiscalización remitidos a las Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas. La tramitación de los mismos se desarrollará de conformidad con lo previsto en la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve.

Primer punto del Orden del Día. Por la señora Secretaria se dará lectura del primer punto del Orden del Día.

Informe

LA SECRETARIA (SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ):

Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad correspondiente al ejercicio 2011".

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para la presentación de este informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias. Buenos días a todos. El presente informe de fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio dos mil doce, y resultó aprobado por el Pleno del Consejo de Cuentas con fecha diez de junio de dos mil catorce. La publicación en la página web, tanto del texto íntegro del informe como de la nota resumen del mismo, tuvo lugar el dieciséis de junio de dos mil catorce.

El presente informe se divide en tres tomos, con el siguiente contenido: Tomo 1, parte general, recoge la iniciativa de la fiscalización, marco normativo, objetivos, alcance, limitaciones, conclusiones, recomendaciones y la opinión; Tomo 2, recoge los resultados del examen realizado respecto de la Cuenta General de la Comunidad rendida, la Cuenta General de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, así como diferentes aspectos de la gestión económico-financiera de la Comunidad; Tomo 3, recoge el resultado del examen realizado respecto de la Cuenta General de las empresas públicas de la Comunidad y de la cuenta general de las fundaciones públicas de la Comunidad.

El objetivo de este informe ha sido la emisión de una opinión sobre la fiabilidad y exactitud de la cuenta general de la Comunidad del ejercicio dos mil once. Para ello, se ha efectuado un examen y comprobación de la Cuenta General de la Comunidad, que se ha centrado en los siguientes objetivos: verificar si la Cuenta General de la Comunidad se ha rendido respetando las normas que le son de aplicación respecto a plazo, estructura, contenido, y los criterios de agregación o consolidación adaptados, en su caso, por la Comunidad; verificar si la Cuenta General de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública se presenta de acuerdo con los principios y normas contables definidos en el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad, así como la sujeción a las normas económico-presupuestarias de las operaciones que la sustentan; analizar la consistencia de determinada información financiera de las cuentas generales de las fundaciones y empresas públicas de la Comunidad de Castilla y León.

Dada la menor importancia relativa que tienen las cuentas generales de las empresas públicas y fundaciones de la Comunidad respecto del total de la Cuenta General rendida, se ha fijado un examen exhaustivo solo de la Cuenta General de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública. El alcance de las actuaciones fiscalizadoras se ha referido al ejercicio dos mil once.

No han existido limitaciones que hayan afectado al alcance del trabajo de fiscalización realizado, excepto por las deficiencias en la documentación aportada de las nóminas de la Gerencia Regional de Salud. En cuanto al programa anual de endeudamiento del ejercicio dos mil once, al no haberse aprobado, por las circunstancias que más adelante se detallan, se ha tomado como base la propuesta del programa remitido por la Comunidad al Ministerio de Economía y Hacienda. Y por lo que se refiere a las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto correspondientes a la Gerencia Regional de Salud, la Comunidad no ha facilitado información que aclare las diferencias existentes entre los gastos que conformaban la deuda de cada ejercicio y las cantidades registradas en la cuenta 409, "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto".

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, el informe provisional se remitió al cuentadante para que formulara las alegaciones que estimara oportunas. Se solicitó prórroga, que fue concedida, y se han incorporado como anexo a este informe. Han formulado alegaciones los siguientes: el Interventor General de la Comunidad, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la Gerencia Regional de Salud, la Gerencia Regional de Servicios Sociales, el Instituto Tecnológico Agrario, el Servicio Público de Empleo y la Universidad de León.

Cuenta General de la Comunidad. La Cuenta General de la Comunidad correspondiente al ejercicio dos mil once se ha rendido el seis de noviembre de dos mil doce, dentro del plazo legalmente establecido; respeta la estructura prevista en el Artículo 229 de la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, y recoge la información establecida en el Artículo 228 de la misma. No obstante, sigue sin incluir las cuentas de todas las entidades que deberían estar integradas en la misma, ya que en la Cuenta General de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública no se han incluido las cuentas del Consejo de la Juventud ni las del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León.

En la Cuenta General de las empresas públicas de la Comunidad no se han integrado las cuentas de la Sociedad de Gestión de Infraestructuras de la Universidad de Burgos, S. A., y no se motiva en la memoria su omisión.

En la Cuenta General de las fundaciones públicas de la Comunidad no se han integrado las cuentas de la Fundación Investigación Sanitaria de León ni de la Fundación Anclaje, ni tampoco las de la Fundación CEI Studii Salmantini. En la memoria solo consta explicación de la no inclusión de la Fundación Anclaje, por no tener ninguna actividad de carácter económico desde su constitución, dieciocho de abril de dos mil once. El patronato ha propuesto su fusión para el ejercicio dos mil doce con la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León.

En la Cuenta General no figura la memoria explicativa a la que hace referencia el Artículo 233.3 de la Ley 2/2006, que debería acompañar en agregación o consolidación efectuada, ya que existen informes de auditoría de cuentas anuales que han denegado su opinión o expresado salvedades. Así sucede con dos empresas públicas de la Comunidad (Appacale y Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, S. A.) y en dos fundaciones integradas en la Cuenta General de las fundaciones públicas de la Comunidad (la Fundación Centro Regional de Calidad y Acreditación Sanitaria de Castilla y León y la Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca).

También se han puesto limitaciones y salvedades en la opinión del informe de auditoría del Ente Regional de la Energía de Castilla y León, que forma parte de la cuenta general de las entidades del sector público de la Comunidad sujeta al régimen de contabilidad pública. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta, ya que la agregación o consolidación de dicha Cuenta General se ha realizado con anterioridad a la emisión del informe de auditoría.

El contenido de la memoria de la Cuenta General de la Comunidad se ajusta, en general, a lo establecido en la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008, pero, al igual que en ejercicios anteriores, no aporta la información necesaria que complete, amplíe y comente la información contenida en el resto de documentos que integran dicha Cuenta General. Es preciso traer a colación que es exigible, de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 229 de la Ley 2/2006 y 25 de la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008.

El estado agregado de cambios en el patrimonio neto y el estado agregado de flujos de efectivo de la Cuenta General de las empresas públicas de la Comunidad no refleja adecuadamente la realidad económica y financiera al no incluir los datos de todos los entes que integran dicha cuenta, incumpliendo los Artículo 16.1 y 17.1 de la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008, deficiencia que ya se ha puesto de manifiesto en los dos informes anteriores.

Al igual que en ejercicios precedentes, los criterios utilizados para la formación de la Cuenta General de la Comunidad en el ejercicio dos mil once, en lo que se refiere a las entidades del sector público de la Comunidad sujetas a régimen de contabilidad pública, no son compatibles con los utilizados por el Estado para la formación de la Cuenta General del sector público administrativo, ya que se ha formado mediante agregación –que no consolidación- del balance y la cuenta del resultado económico-patrimonial. Esta falta de compatibilidad irá en aumento a medida que el Estado avance en la elaboración y presentación de la cuenta única comprensiva de todas las entidades del sector público estatal y los estados agregados vayan desapareciendo. No obstante, los criterios utilizados para la formación de la Cuenta General de las empresas y fundaciones públicas de la Comunidad sí son compatibles con los utilizados por el Estado para la formación de dichas cuentas.

Cuenta General de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública. Las universidades de Castilla y León, así como la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, integradas en esta Cuenta General, siguen sin tener implantado el SICCAL. La agregación del balance y de la cuenta de resultado económico-patrimonial implica que los estados presentados no sean representativos, en determinadas agrupaciones, epígrafes o partidas, de la situación económico-patrimonial y financiera del sector público de la Comunidad sujeto al régimen de contabilidad pública, al producirse duplicidades, en definitiva, sobre valoraciones en las magnitudes contables que reflejan las operaciones internas realizadas entre las diversas entidades.

La consolidación efectuada del estado de liquidación del presupuesto es una consolidación parcial, al no haberse eliminado todas las operaciones internas entre las distintas entidades que integran esta cuenta, y no responde a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008. Se han detectado diferencias entre las eliminaciones realizadas en el presupuesto de ingresos y en el de gasto. Por lo tanto, el estado de liquidación del presupuesto consolidado no representa fielmente la ejecución del presupuesto y el resultado presupuestario de las entidades que integran dicha cuenta, globalmente consideradas.

En la cuenta rendida figura un ajuste por consolidación que afecta solo a las columnas del presupuesto inicial, modificaciones y presupuesto definitivo, que no está previsto en la normativa y que se debe –según se hace constar en las bases de presentación incluidas en la memoria- a que se han detraído importes distintos en el presupuesto de ingresos y en el de gastos.

El mayor peso específico en todos los estados de esta Cuenta General corresponden a la Administración General, con un 61,73 % del presupuesto definitivo, un 78,51 % del balance y alrededor del 60 % de la cuenta del resultado económico-patrimonial.

En cuanto a la liquidación del presupuesto de gastos, destaca la Gerencia Regional de Salud, por tener mayor peso específico en los Capítulos 1 y 2.

No se puede afirmar... –perdón- se puede afirmar que se cumplen los requisitos básicos en cuanto a la tramitación económico-presupuestaria. No obstante, se han detectado algunas deficiencias en la documentación aportada, de modo significativo en el reconocimiento de derechos, al no aportarse los justificantes que acreditan el hecho que da lugar al reconocimiento, y no se acredita correctamente la toma de razón en contabilidad y la autorización para su contabilización, así como las señaladas en el apartado de limitaciones del informe.

Si bien se ha comprobado que, en general, las operaciones se han registrado de acuerdo con los principios y normas contables del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad y se ha efectuado de manera adecuada su imputación presupuestaria, hay 3 expedientes de la Gerencia Regional de Salud, 2 de la Administración General, 2 del Ecyl, 1 del Itacyl y 2 correspondientes a liquidaciones definitivas negativas del sistema de financiación que se han contabilizado erróneamente.

La agregación o consolidación de las cuentas de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública que están obligadas a someter sus cuentas a auditoría se ha realizado, a excepción del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, sin que dichas cuentas se hayan auditado.

Y en cuanto al Ente Regional de la Energía de Castilla y León, si bien se ha auditado, la opinión no se ha tenido en consideración, puesto que el informe de auditoría se ha efectuado con posterioridad a la rendición de la Cuenta General, no cumpliéndose los plazos establecidos en el Artículo 230 de la Ley 2/2006.

Gerencia Regional de Salud. La fiabilidad y la exactitud de la Cuenta General se ve afectada por las salvedades imputables a la Gerencia Regional de Salud, y que se desprende de los informes de control financiero emitidos por la Intervención General de la Comunidad, y que son los siguientes:

Existen obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de dos mil once por importe de 1.168.959.110 euros; de ellos, hay 483.824.292 euros que corresponden a las obligaciones generales en el ejercicio dos mil diez y anteriores.

Existen obligaciones indebidamente imputadas al dos mil once por un importe de 395.290.185 euros; de ellos, 395.242.558 euros se deberían de haber imputado a ejercicios anteriores y 47.627 euros a ejercicios posteriores.

Existen obligaciones por importe de 3.491 euros que se imputaron al ejercicio dos mil diez y deberían imputarse al dos mil once.

Se llega a la conclusión que los créditos definitivos asignados a las distintas gerencias de la Gerencia Regional de Salud en el ejercicio dos mil once fueron insuficientes para atender el gasto. Se constata que la deuda de la Gerencia Regional de Salud aumenta en los últimos ejercicios. Además, también se comprueba que una parte importante de la deuda contraída corresponde a gastos corrientes de años anteriores que no han podido ser pagados, con la consiguiente generación de intereses de demora, que están pendientes de satisfacer.

Es de significar, asimismo, que la cuenta 409, "Acreedores pendientes de aplicar a presupuesto", no recoge a fin de año el conjunto de todas las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

Seguimiento de debilidades. El funcionamiento del SICCAL de las cuentas grupo 0, cuentas 400 y 401, correspondientes a acreedores presupuestarios, y las cuentas 430 y 431, correspondientes a deudores presupuestarios, siguen sin ajustarse a lo determinado en el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad. La Comunidad sigue utilizando el criterio de devengo para el reconocimiento de derechos de transferencias finalistas en vez del criterio de caja, que es el establecido en los principios contables públicos, y se sigue manteniendo contabilizado en cuentas extrapresupuestarias importes que deberían de haberse aplicado a presupuesto. Se sigue sin implantar un inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 21 de la Ley 11/2006, de Patrimonio de la Comunidad; el inventario general tan solo incorpora los bienes inmuebles y derechos de la Administración General y del Itacyl.

La Comunidad sigue sin depurar el saldo de la cuenta "Inmovilizado. Transitoria", que, a treinta y uno de diciembre de dos mil once, era de 4.884.974.753 euros, es decir, 63.570.445 euros superior al existente a treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Se puso de manifiesto en los informes de los ejercicios dos mil nueve y dos mil diez que esta cuenta, creada por la Comunidad para abonar el importe de las revalorizaciones producidas en virtud de la Orden de la Consejería de Hacienda de once de julio de dos mil seis, debe ser objeto de depuración, ya que no ha existido revalorización contable alguna.

Hay otras debilidades que, sin ánimo de ser exhaustivo, sí cabe señalar: la contabilización incorrecta del impuesto sobre el valor añadido de las cuotas de la Seguridad Social; las cuentas que recogen las fianzas no presupuestarias constituidas a corto y largo plazo por la Administración General de la Comunidad continúan sin ser objeto de depuración; el balance de operaciones extrapresupuestarias de la Administración General de la Comunidad sigue sin reflejar la realidad, ya que no contiene todas las cuentas de esta naturaleza; la relación de deudores presupuestarios sigue sin recoger todas las cuentas de esta naturaleza –en esa relación constan derechos pendientes de cobro procedentes de distintos ejercicios, que alcanzan hasta el año mil novecientos noventa y seis-; la tesorería registrada en el balance sigue sin recoger los saldos de todas las cuentas de las que la Administración General es titular, sin que en la memoria se incluya el detalle de las causas de su no inclusión.

Ajustes. Se proponen una serie de ajustes en la liquidación del presupuesto consolidado. Así, en la Cuenta General existe un resultado presupuestario negativo de 755.820.319 euros. Una vez efectuados los correspondientes ajustes que afectan a los derechos liquidados y a las obligaciones reconocidos, se llega a la conclusión de que las cifras son de 8.295.589.272 euros para los derechos y 9.808.940.076 para las obligaciones reconocidas, siendo el resultado presupuestario consolidado negativo por importe de 1.513.350.803 euros, o, lo que es lo mismo, 757.530.484 euros inferior al rendido.

En el balance agregado, tanto en el activo como en el pasivo, un ajuste negativo total de 78.188.080 euros, quedando el importe total ajustado en 14.888.366.795 euros.

En la cuenta de resultado económico patrimonial agregada se han hecho ajustes, tanto en el debe como en el haber, que supone una disminución de 218.126.831 euros en los gastos, y una disminución de los ingresos de 1.335.019.561 euros, quedando el resultado ajustado en un desahorro de 2.584.156.556 euros.

Modificaciones presupuestarias. Los créditos iniciales del ejercicio dos mil once del conjunto de entidades integradas en la Cuenta General han sido de 14.543.211.377 euros, habiéndose autorizado modificaciones por un importe neto de 333.898.767 euros, lo que supone un incremento del 2,30 %, quedando los créditos definitivos en 14.877.110.144 euros. El importe de dichas modificaciones ha disminuido en un 72,39 % respecto al año dos mil diez. Se ha verificado la adecuación de la financiación de las modificaciones, así como el cumplimiento general de la normativa, si bien se han tramitado de modo incorrecto las generaciones de crédito.

Avales. En el ejercicio dos mil once se han concedido avales por importe de 265.250.000 euros. El Itacyl ha concedido cuatro avales por importe de 1.000.000 de euros. En definitiva, en el conjunto de avales hay un decremento del 17,6 % respecto al año dos mil diez.

Es de reseñar también que se ha formalizado por la Administración General un aval con la empresa ADE Financiación, S. A., que fue concedido en dos mil diez. Asimismo, se han modificado dos avales: uno de ellos, concedido y formalizado en dos mil diez con la empresa pública ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León, S. A.; y otro concedido y formalizado en dos mil once con la empresa pública Provilsa.

Es conveniente poner de manifiesto que el aval concedido a Renault España, S. A., no se llegó a formalizar, ya que la empresa renunció a la autorización del aval concedido.

Por lo que respecta a los cuatro avales concedidos por la Administración General a las empresas públicas de la Comunidad, cabe señalar que se han cumplido los requisitos establecidos en la Ley 2/2006, así como los límites cuantitativos previstos en el Artículo 27.1 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad.

También se ha comprobado el envío a las Cortes de Castilla y León de la información prevenida en el Artículo 211 de la Ley de Hacienda. No obstante, se ha observado que el aval concedido a Cylsopa se publicó varios meses después de su concesión y que la firma se produjo más allá de los seis meses desde la notificación.

Por lo que respecta a los avales concedidos por el Itacyl, que ascienden a 1.000.000 de euros, ha de manifestarse que el Artículo 3 de la Ley de Creación de esta entidad le faculta para otorgar avales dentro del límite máximo fijado por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad. En similares términos se pronuncia el Artículo 90.4 de la Ley 3/2001, de tres de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León, al establecer que los entes públicos de derecho privado podrán prestar avales dentro de los límites máximos y finalidades fijadas en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio, debiendo de dar cuenta a la Consejería de Hacienda de cada uno de los avales.

La Ley de Presupuestos de la Comunidad para dos mil once no ha fijado ningún límite para el Itacyl, por lo que no le faculta para avalar ninguna clase de operaciones de crédito durante el ejercicio de dos mil once. En consecuencia, se puede afirmar que los avales concedidos por el Itacyl no están amparados legalmente. En el ámbito de la tramitación, hay que señalar que en los expedientes no consta informe del órgano correspondiente que valore adecuadamente la operación y determine el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa.

Por lo que respecta al riesgo vivo, a treinta y uno de diciembre de dos mil once, asciende a 226.439.505 euros en 18 avales, con un incremento del 198,94 %.

Endeudamiento. Se analiza el endeudamiento del conjunto de entidades que integran la Cuenta General, sujetas al régimen de contabilidad pública.

El endeudamiento total a largo plazo, a treinta y uno de diciembre de dos mil once, correspondiente a la Administración General, ascendía a 4.649.809.830 euros, cuyo desglose era el siguiente: 1.624.223.000 euros en deuda pública; 3.337.586.830 euros en préstamos con entidades financieras; 48 millones de euros adeudados al Estado. Del importe citado, en dos mil doce se producen vencimientos de 50 millones de euros de deuda pública y de 173.089.135 euros de préstamos.

En cuanto al endeudamiento del resto de las entidades que integran la Cuenta General con entidades de crédito, a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once, ascendía a 113.070.023 euros, desglosado de la siguiente manera: el Itacyl tiene un endeudamiento a largo plazo de 57.564.242 euros y carece de préstamos a corto plazo. La Agencia de Inversiones y Servicios incluye el epígrafe "Deudas a largo plazo con entidades de crédito" 73.345.342 euros, si bien, erróneamente, incorpora en esta cifra los préstamos del Ministerio de Ciencia e Innovación, por importe de 54.750.000 euros, así como los intereses, que ascienden a 8.595.342 euros; en realidad, con las entidades financieras tiene una deuda de 10.000.000 de euros. Universidad de Burgos, 7.354.491 euros. Universidad de León, 13.900.000 euros. Y Universidad de Salamanca, 24.251.290 euros.

El endeudamiento se ha incrementado, respecto al ejercicio precedente, en el 27,51 %, si bien es más significativo el concertado en préstamos con las entidades de créditos, con una subida del 36,14 %, mientras que la deuda pública lo ha hecho en el 8,71 %.

La deuda pública, de acuerdo con el Artículo 192 de la Ley de Hacienda, deberá cumplir con dos limitaciones, esto es, que su importe sea destinado a financiar inversiones y que la cuantía de las anualidades, incluyendo intereses y amortización, no rebasen el 25 % de los ingresos corrientes de la Comunidad.

El endeudamiento a largo plazo del dos mil once de la Administración General y organismos autónomos ha sido de 1.156.300.000 euros, mientras que los Capítulos 6 y 7 del presupuesto de gastos (inversiones reales y transferencias de capital) ascienden a 1.128.506.062 euros. Descontadas las transferencias consolidables y descontando, además, la financiación afectada, queda un importe neto de 753.097.894 euros, cantidad inferior al endeudamiento a largo plazo.

Por lo que respecta al segundo requisito, se ha cumplido, puesto que los 321.234.658 euros destinado a intereses y amortización son inferiores al 25 % de los ingresos corrientes de la Comunidad.

También se ha cumplido con la legalidad en lo que respecta al límite de endeudamiento, puesto que en el ejercicio anterior se concertó un importe de deuda pública inferior a la autorizada, pudiéndose, de acuerdo con la normativa de aplicación, incrementarse en esa cuantía en el ejercicio posterior, tal como lo contemplan las leyes de presupuestos.

Deber de información sobre el plazo de pago a proveedores a que hace referencia la Ley 15/2010. La Ley 15/2010 establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como mecanismos de transparencia, y, en esa línea, obliga a implantar un sistema de información pública trimestral sobre el cumplimiento de los plazos. La Comunidad de Castilla y León no lo había instaurado en el ejercicio dos mil once, y, en consecuencia, no ha elaborado informe alguno sobre el cumplimiento de los plazos.

Programa anual de endeudamiento. Se ha constatado que en el ejercicio dos mil once no se firmó el programa anual de endeudamiento (PAE). Se ha comprobado, en el mes... que en el mes de marzo se remitió desde la Tesorería General de la Junta de Castilla y León a la Dirección General de Coordinación Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda la propuesta del Programa Anual de Endeudamiento de la Comunidad de Castilla y León para el año dos mil once. A pesar de otras comunicaciones por correo electrónico -la última data del veintiocho de octubre-, no se recibió la propuesta para la firma del PAE, finalizando el año dos mil once sin su aprobación. Es posible que influyese el hecho de las elecciones generales celebradas en el mes de noviembre, con el subsiguiente cambio de Gobierno, por lo que se ha tomado como base la propuesta remitida al Ministerio, que lo concretaba en 1.121.822.910 euros.

Si comparamos la evolución del endeudamiento de la Comunidad en el periodo dos mil ocho-dos mil once, se ha incrementado en un 122,52 %. Si nos referimos al importe total del endeudamiento del sector público de Castilla y León, arroja un resultado de 5.476.413.385 euros, cuyo desglose es el siguiente: Administración General, 4.806.809.830 euros; universidades, 45.506.551 euros; entes públicos de derecho privado, 67.591.400 euros; fundaciones, 4.116.649 euros; empresas clasificadas como Administraciones Públicas, 238.788.953 euros; Hospital de Burgos, 313.600.000 euros.

Hay que señalar que el importe total no supera el límite establecido en la propuesta del PAE, que ascendía a 6.021.038.910 euros. Y es de señalar que la Comunidad ha contado con autorización del Consejo de Ministros para el importe total de la deuda concertada a largo plazo en dos mil once, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos 14/2010 y 26/2011 del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Recomendaciones. Se vuelven a reiterar las recomendaciones que han... se han propuesto en los informes precedentes de la Cuenta General, por lo que son de sobra conocidas por todos ustedes. Son las siguientes:

Primero. La Comunidad debe valorar la oportunidad de modificar la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008, que regula los contenidos, estructuras, normas de elaboración y criterios de agregación de la Cuenta General, con vistas a que sea compatible con el sistema del Estado, de conformidad con el Artículo 227.2 de la Ley de Hacienda.

Segundo. La Intervención General de la Comunidad debe aumentar la información contenida en la memoria, y muy especialmente la relativa al detalle de las operaciones realizadas para la elaboración de los estados consolidados o agregados de la misma.

Las universidades públicas de Castilla y León deberían implantar el SICCAL, dado que sus cuentas anuales deben formar parte de la cuenta general de las entidades del sector público de la Comunidad, y su implantación facilitaría su formación y comprensión.

Cuarto. La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, el Consejo de la Juventud y el Consorcio de Bibliotecas de Castilla y León deberían implantar el SICCAL, dado que forman parte de la cuenta general de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas a régimen de contabilidad pública.

Quinto. La Intervención General debe impulsar mejoras en el SICCAL para que se ajuste a lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León.

Sexto. La Intervención General de la Comunidad debe establecer controles en el SICCAL que eviten que puedan realizarse anotaciones contables en las que no se especifique el motivo de las mismas, a través de la debida cumplimentación.

Séptimo. La Comunidad debe agilizar los trabajos para la elaboración del inventario general, que recoja todos los bienes y derechos, en los términos que lo establece la Ley de Patrimonio de la Comunidad.

Octavo. La Comunidad debe completar la documentación justificativa a incorporar en los expedientes de reconocimiento de derechos incluidos en la liquidación del presupuesto de ingresos y regular el procedimiento a seguir para efectuar dicho reconocimiento y su imputación al presupuesto.

Noveno. La Comunidad debe realizar la depuración y regularización de los saldos de las cuentas que son contrarios a la naturaleza de las mismas, de aquellos que no se ajustan a la normativa reguladora de las operaciones que sustentan y de la cuenta "Inmovilizado. Transitoria".

Décima. La Comunidad debe realizar un seguimiento de los derechos pendientes de cobro para evitar su prescripción y depurar aquellos que hubieran prescrito a treinta y uno de diciembre de dos mil once.

Decimoprimera. En el balance de situación de la Administración General se deben incluir todas las existencias de metálico de saldos en cuentas bancarias titularidad de la misma.

Decimosegunda. La Gerencia Regional de Salud debe completar la documentación justificativa a incorporar en los expedientes de gasto de personal, regular el procedimiento para la confección de la nómina y establecer medidas para que la unidad responsable genere de forma sistemática los estados justificativos de nómina.

Decimotercera. La Gerencia Regional de Salud debe tener en cuenta, a la hora de dotar créditos en la elaboración de los presupuestos, el importe de los gastos pendientes de imputar en los ejercicios anteriores.

Decimocuarta. La Intervención General de la Comunidad debe garantizar, a través del plan de auditorías, que los informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades cuyas cuentas se integran en la Cuenta General se incorporen a la misma.

Decimoquinta. La Comunidad debe establecer lo antes posible el sistema de información pública trimestral a que hace referencia la Ley 15/2010, y, de esta manera, mejorar la transparencia y cumplimiento de dicha norma.

Desde luego, hay una absoluta identidad entre estas recomendaciones y las relativas a la Cuenta General dos mil diez. En definitiva, se puede afirmar que se continúa con las mismas deficiencias, sin que se haya experimentado una mejora en la gestión económico-financiera y contable, incidiéndose en los mismos defectos que han sido puestos de manifiesto en los años anteriores.

La opinión del Consejo es que la Cuenta General de la Comunidad correspondiente al ejercicio dos mil once se ha presentado, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación y refleja de forma fiable la actividad económico-financiera de la misma, excepto por los incumplimientos recogidos en las conclusiones de este informe y por la salvedades recogidas en las conclusiones 12, 17, 18, 19, 25 y 28.

Cuenta General de las empresas públicas. La Ley 19/2010, de veintidós de diciembre, de Medidas Financieras, cuya entrada en vigor fue el uno de enero de dos mil once, modificó el sector público autonómico, creando una nueva entidad, el ente público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León, que asumiría las funciones de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, de la Empresa Pública de Financiación, S. A., y de la Fundación ADEuropa, lo que comporta la liquidación de la fundación y la extinción de la empresa pública y de la agencia. Por otro lado, también se prevé la extinción de Appacale y la fusión de ADE Parques y Ceical. No obstante, a los efectos de este informe, he de señalar que la situación no ha variado.

Componen esta Cuenta General un total de nueve empresas públicas: ADE Financiación, ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, Appacale, Cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, Provilsa, Sotur, Somacyl, Cylsopa y Mercatus.

No obstante, al igual que en años precedentes, se han integrado las cuentas del Consejo de la Juventud, ente público de derecho privado, invocando la Disposición Adicional Octava de la Ley de Hacienda. Lo cierto es que esta norma se refiere al régimen presupuestario, pero no al contable o de control. Nuevamente hemos de afirmar que el Consejo de la Juventud no debería de haberse integrado en la Cuenta General de empresas públicas.

Otro dato reseñable es que Somacyl ha ampliado capital en 265.000 euros, Cylsopa en 1.647.000 euros, en ambos casos por aportaciones no dinerarias, mientras que ADE Parques ha incrementado su capital en 13.066.998 euros.

La Cuenta General de las empresas públicas de la Comunidad comprende los estados previstos en la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008, y puede darse por correcta la agregación que se ha realizado. Sin embargo, en lo que respecta a la memoria, ha de considerarse insuficiente, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 229 de la Ley de Hacienda, al no incorporar información que aclare las discrepancias en los estados agregados, dándose el caso de que ADE Financiación no ha presentado los dos últimos estados que recoge la orden: estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo.

Otra carencia detectada es que no incorpora toda la información establecida en el Artículo 228 de la Ley de Hacienda, al omitir la ejecución y liquidación de los presupuestos de explotación y capital.

Endeudamiento. Presentan endeudamiento todas las empresas públicas, con excepción de Mercatus y Sotur. El montante global asciende a 639.826.062 euros. ADE Parques alcanza una deuda de 326.106.397 euros, el 50,97 % del total, mientras que los menores endeudamientos corresponden a Appacale, con el 0,02 % y Ciusal, con el 0,09 %. Se ha incrementado el endeudamiento respecto al ejercicio anterior en un 31,05 %, y se ha comprobado el cumplimiento de la obligación de obtener autorización de la Tesorería General previamente a la formalización de la deuda.

Avales. La única empresa que ha concedido avales ha sido ADE Financiación, por importe de 22.500 euros, en un solo aval. El riesgo vivo a treinta y uno de diciembre era de 69.604.905 euros.

En el informe de valoración de los bienes, derechos y obligaciones realizados por la Sociedad AFI Consultores de Administraciones Públicas, incorporado a las cuentas anuales, en el que se analizan las operaciones por aval de tres empresas concursadas y avaladas, se llega a la conclusión que el riesgo potencial alcanzaría los 3.364.504 euros, siendo el riesgo vivo en relación a las tres empresas de 12.129.008 euros. No se han auditado las cuentas de la sociedad en dos mil once, y cabe recordar que en el último informe de auditoría se incidía en que el riesgo vivo era superior al patrimonio de la sociedad.

Subvenciones. Por lo que se refiere a la subvenciones de capital, solo las han recibido ADE Parques y Sotur, por importe de 13.358.619 euros y 301.770 euros respectivamente.

En cuanto a las subvenciones de explotación, las han recibido las siguientes: Appacale, 240.000; Provilsa, 2.319.799 euros; y Sotur, con 21.694.738 euros. Globalmente, ascienden a 24.254.537 euros, y han experimentado un descenso del 20,33 % respecto al ejercicio anterior.

Cumplimiento del deber de información sobre el plazo de pago a proveedores, de acuerdo con la Ley 15/2010. La totalidad de la empresas, con la excepción de ADE Financiación, han incluido en la memoria de esta información con los datos exigibles. Al respecto, Appacale ha expresado que no tiene deudas que superen el plazo legal. ADE Parques y Sotur han realizado pagos a proveedores, operando el plazo máximo establecido, con un plazo medio ponderado de 103 y 103,74 días, respectivamente.

Informes de auditoría de las cuentas anuales. Las empresas públicas han remitido a la Intervención General copias autorizadas de sus cuentas anuales, así como el informe de auditoría y el de gestión, con la excepción de la empresa ADE Financiación, que ha presentado un informe de procedimientos acordados, referido al balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias del periodo 31/10/2011, 31/12/2011.

De los ocho informes de auditoría emitidos, han sido favorables en su opinión en cinco casos, y Appacale cuenta con opinión denegada, que se basa en el hecho de que los administradores presentan las cuentas como si se tratase una sociedad en funcionamiento, cuando en realidad se trataba de una sociedad en liquidación.

Por lo que se refiere a ADE Parques, se pone de relieve la incertidumbre sobre su capacidad para continuar con su actividad, debido a las pérdidas registradas.

Cuenta General de las fundaciones públicas. Forman el sector público fundacional de la Comunidad un total de dieciocho fundaciones. La participación en la misma es la siguiente: la Administración General es la única titular de Arcyl, de la Fundación del Centro Regional de Calidad y Acreditación Sanitaria de Castilla y León, de Ciudadanía, de Patrimonio Natural, de Santa Bárbara, de Serla y Siglo; y de forma mayoritaria, lo es de la Fundación Autonómica para la Formación en el Empleo de Castilla y León; con participación del 50 %, en tres: la Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León, Hospital Clínico Veterinario con la Universidad de León y la Fundación de Universidades de Castilla y León.

La ADE participa como único titular de ADEuropa, así... la ADE participa como... de ADEuropa; la Gerencia Regional de Salud, en el... la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León; la Gerencia Regional de Servicios Sociales, en la Fundación de Acción Social y Tutela de Castilla y León; y la Universidad de Salamanca en tres: en la Fundación General de la Universidad de Salamanca, en el Parque Científico Universidad de Salamanca y en la Fundación para la Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca.

La fundación que representa un mayor peso específico de la Cuenta General, de acuerdo con los gastos de explotación, que ascienden a 122.123.709 euros, es la Fundación Siglo, con el 22,73 %.

En el balance agregado, el mayor volumen de activo corresponde a la Fundación Siglo, con el 23,18 %, seguida de Patrimonio Natural, con el 21,82 %. Y si hablamos de patrimonio neto, es a la inversa: Patrimonio Natural cuenta con el 36,03 % y la Fundación Siglo con el 17,28 %. Es de señalar que la agregación se ha realizado, con carácter general, de forma correcta.

Y en cuanto a la memoria, si bien formalmente se ajusta a lo previsto en la Orden de la Consejería de Hacienda 1219/2008, no recoge información explicativa de las operaciones realizadas para la elaboración de los estados agregados.

Por lo que se refiere a la cuenta de resultados agregada, se pueden destacar distintos aspectos: los resultados agregados positivos ascienden a 976.908 euros, es decir, una disminución del 74,59 % respecto al ejercicio anterior. El resultado positivo de explotación ha disminuido en este ejercicio en un 62,20 % respecto al anterior. Los resultados financieros han sido negativos, y han aumentado respecto al dos mil diez. Ocho de las diez fundaciones han tenido resultados negativos.

Por lo que se refiere al endeudamiento, hay que significar que tan solo tienen deuda viva con las entidades de crédito la Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca y la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León, si bien ha disminuido respecto al año anterior en un 14,39 %. Es de señalar que ninguna de las fundaciones ha avalado a ninguna entidad.

Subvenciones. Subvenciones de capital. Hay un total de diez fundaciones, de las dieciocho, que han recibido subvenciones a lo largo del dos mil once, alcanzando la cifra de 9.776.786 euros. Patrimonio Natural y Parque Científico de la Universidad de Salamanca, con el 38,57 % y 25,79 % del total, son las que figuran como máximas beneficiarias.

Subvenciones de explotación. Nos referimos a las concedidas para asegurar una rentabilidad mínima o compensar el déficit de explotación. Lo han recibido diecisiete fundaciones, alcanzando un montante global de 49.480.580 euros. No lo ha recibido Patrimonio Natural, mientras que la Fundación Siglo ha percibido el 46,48 % del total; mientras que las Fundaciones Ciudadanía y la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación no alcanzan el 1 % del total. Es de señalar que se ha producido un descenso del 16,36 % respecto al año anterior. En números absolutos, ha disminuido en más de 9.680.000 euros, y la representatividad de las subvenciones en la financiación de las fundaciones es del 49 %.

Cumplimiento del deber de información sobre el plazo de pago a proveedores, de acuerdo con la Ley 15/2010. De las ocho fundaciones que han incluido dicha nota, siete han realizado pago a proveedores fuera del plazo máximo establecido, y seis presentan deudas con proveedores a treinta y uno de diciembre de dos mil once, que superan el plazo legal de pago, que, de conformidad con las disposiciones transitorias, era de 85 días a treinta y uno de diciembre de dos mil once.

Informes de auditoría de las cuentas anuales. Hay cinco fundaciones que no han presentado informe de auditoría de acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 20/2010. Sin ánimo de ser exhaustivos, quizá lo más reseñable sea la opinión denegada, en el caso de la Fundación Centro Regional de Calidad y Acreditación Sanitaria, la opinión, con salvedades, en el caso de la Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca y las llamadas de atención en relación a la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León, la Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca y la Fundación Santa Bárbara, que no afectan a la opinión. Así, en el caso de la Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León, se refiere al desfase entre el importe del pasivo a corto plazo y el del activo corriente. En cuanto al Parque Científico de la Universidad de Salamanca, se pone de manifiesto que existe una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la fundación para continuar con sus operaciones, como consecuencia de las resoluciones de la revocación de préstamos reembolsables, y, dada la situación de desequilibrio que presenta el balance, con un fondo de maniobra negativo en dos mil diez y dos mil once. No obstante, se deja constancia que se está actualizando el plan financiero, con el apoyo de la Universidad de Salamanca y con financiación externa. Por último, respecto a la Fundación Santa Bárbara, se incide en la incertidumbre sobre la capacidad para continuar con su actividad, habida cuenta que, a la fecha de formalización de las cuentas, la Comunidad Autónoma no había aprobado los Presupuestos para el año dos mil doce, estando aún pendiente parte de la asignación correspondiente al año dos mil once.

Recomendaciones para empresas públicas y fundaciones. La Intervención General de la Comunidad debe velar para que la memoria recoja toda la información que complete, amplíe y comente la información contenida en la Cuenta General, de forma que facilite la comprensión de la misma.

Segundo. La Intervención General de la Comunidad debe realizar las reclasificaciones necesarias en las cuentas individuales de las empresas públicas y de las fundaciones públicas que integran la Cuenta General.

Tercera. La Intervención General de la Comunidad debe velar para que la Cuenta General rendida proporcione información sobre la liquidación y ejecución de los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas y de las fundaciones públicas, así como las desviaciones producidas y sus causas. La Intervención General de la Comunidad debería velar para que la información remitida por las entidades al Centro de Información Contable de Castilla y León coincida con la que se desprende de sus cuentas anuales aprobadas, de forma que las cuentas generales agregadas, tanto en el caso de las empresas públicas como de las fundaciones, no presenten discrepancias con las que resultan de las cuentas aprobadas por las entidades que integran cada una de ellas.

Quinto. La Consejería de Hacienda debería modificar las normas de elaboración de los presupuestos anuales de las empresas públicas y de las fundaciones, para que el modelo del presupuesto de capital se adapte a la normativa contable y sea una previsión del estado de flujos de efectivo y no una previsión del cuadro de financiación.

Sexto. La Intervención General de la Comunidad debería velar para que todas las empresas públicas y fundaciones acompañen a sus cuentas anuales los informes de auditoría de cuentas, a los efectos de garantizar que la información económico-financiera de sus cuentas presentadas y rendidas sean fiables.

Otras consideraciones sobre la Cuenta General. Ya poníamos de manifiesto el pasado año que el contenido de la Cuenta General no era coincidente en las distintas Comunidades Autónomas, siendo Castilla y León la que ha establecido en su Ley de Hacienda un contenido más amplio y exhaustivo, aspecto que sí ha de tenerse en consideración en lo que respecta a su formación y a su estudio, y que contribuye, sin duda, a tener un mejor conocimiento de la actividad económico-financiera del conjunto del sector público de Castilla y León.

Sin embargo, sí debería de producirse un anticipo en cuanto a la fecha de presentación, pues, en este caso, somos la Comunidad Autónoma en la que se hace más tardíamente, al demorarse al mes de noviembre, mientras que en la mayoría de las Comunidades Autónomas es en junio o julio. Esta deseable homogeneización ha sido puesta de manifiesto en distintas ocasiones en las reuniones de los OCEX con el Tribunal de Cuentas, y creo con sinceridad que sería conveniente abordarlo en una futura reforma legislativa. No obstante, sí es preciso recordar que el Consejo de Cuentas deberá remitir a las Cortes el Informe de la Cuenta General de la Comunidad en el plazo de un año, desde su recepción. Es decir, en este mismo año deberemos aprobar el informe correspondiente a la Cuenta General del año dos mil doce. Nada más. Y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones para los Grupos Parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, en representación del Grupo Mixto, el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Presidente del Consejo de Cuentas. Una vez más, bienvenido a esta Comisión, a usted y a su equipo. Aunque el pasado año, en el debate sobre la Cuenta General del dos mil diez, yo no tuve ocasión de asistir a la presentación de dicho informe –asistió mi compañero, Alejandro Valderas-, sí había estudiado el contenido con alguna antelación. Por lo tanto, a estas alturas, además de que también lo resalte el propio informe del Consejo de Cuentas, puedo afirmar que lo recogido en esta fiscalización de la Cuenta General relativa al ejercicio dos mil once no difiere gran cosa de la presentada para el ejercicio anterior.

Como de costumbre, la Junta se mantiene sorda a los llamamientos que el Consejo hace en sus conclusiones, sorda a las conclusiones de la propia Comisión de Hacienda, y persiste en los defectos y carencias denunciados en el informe. Y hace, además, un quiebro simbólico con sus alegaciones improcedentes. Un ejercicio más y una repetición en el comportamiento del Gobierno del Partido Popular en esta Comunidad. Si esta va a seguir siendo su actitud, yo casi me preguntaría de qué va a servir la anunciada... la tan anunciada Ley de Transparencia Administrativa y de Gobierno. Me temo que este voluntario enfoque opaco va a seguir siendo la tónica general.

Mi compañero de Grupo, el señor Valderas, señalaba en el informe de las cuentas del año dos mil diez la enorme disparidad en el cómputo de los llamados entes públicos, que, según la fuente, pueden ir de los 75, que reconoce vagamente la señora Consejera de Hacienda, a los más de 300 que tenía identificados el Consejo en la relación del año pasado. Este informe rebaja considerablemente el número de empresas públicas y deja más aseado el de las fundaciones. Pero mucho nos tememos que, usando de sus facultades para borrar toda huella o indicio, los entes ocultos superen con mucho el listado de los fiscalizados.

Ciñendo la intervención a los contenidos del informe, señalar una vez más que la participación del sector público autonómico en el sector público empresarial no hace sino que crecer en este año dos mil once, que... cuyo informe hoy conocemos. Aunque se dice que la agregación se ha hecho de forma correcta, la memoria no recoge información de las operaciones precisamente hechas para la elaboración de los estados agregados, algo que viene siendo usual en ejercicios anteriores.

Destaca el informe la empresa de financiación que lleva sin presentar, a fecha dos mil once, los dos últimos estados, hecho que no se recoge tampoco en la memoria. Hay defectos de la Intervención General, y, como decía, la Cuenta General no aporta información sobre la ejecución y liquidación de los presupuestos de explotación y capital, como sucedió también en ejercicios anteriores. Y hago especial hincapié en remachar "como también sucedió en ejercicios anteriores", por mucho que en el Diario de Sesiones aparezca como repetitivo; lógicamente, no es el interés de ocupar espacios, sino el interés político de recalcar como, año tras año, la Junta de Castilla y León, el Partido Popular al frente del Gobierno, incumple con sus obligaciones.

La cuenta de resultados agregada sitúa a ADE Parque a la cabeza del balance negativo, con casi 14 millones de euros, lo que nos... lo que no dice nada bueno de la estrella de las empresas públicas de la Junta. También en el capítulo de endeudamiento crediticio destaca ADE Parques, con algo más de la mitad de la deuda de entidades de crédito. El nivel de subvenciones de capital y explotación sigue siendo para la mayoría de las empresas públicas la única fuente de financiación; y en cuanto a morosidad de las empresas públicas, la mayoría ha incumplido los plazos para el pago de deudas con proveedores, aunque hayan incluido los aplazamientos en la memoria de cuentas. Y esto es sumamente grave.

Hay que recordar que estamos hablando de la cuenta del año dos mil once, momentos en los que ya llevábamos casi cuatro años de crisis económica y la situación de la pequeña y mediana empresa en Castilla y León era absolutamente complicada ya entonces; no tiene ningún sentido que desde la Administración Pública y desde las empresas públicas no se cumpliese con el pago a proveedores y se mantuviese la morosidad.

ADE Financiación ha eludido el informe de auditoría, lo que pone en cuestión la fiabilidad de las cuentas presentadas; y ADE Parques no presenta la memoria explicativa.

Y en cuanto a las fundaciones incluidas en este informe, la situación no ha... no ha variado nada respecto a otros ejercicios. Es decir, más de lo mismo: carencia de información explicativa de operaciones para los estados agregados, la intervención no ha hecho las reclasificaciones que exige la legislación para las cuentas individuales de las fundaciones y falta parte de la información exigida.

Y en cuanto a las deudas con entidades de crédito, la de parque científico del... la del Parque Científico de la Universidad de Salamanca ha seguido creciendo, y, ciertamente, no es nada extraño, teniendo en cuenta la penura... penuria presupuestaria que sufren nuestras universidades públicas, derivado ya en el año dos mil once de los fuertes recortes de los recursos que le llegaba desde la Administración Pública.

Más llamativa es la situación de la Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León, con casi 1.000.000 de deuda crediticia acumulada; un sector en el que la Junta permanentemente se ha vanagloriado, y se vanagloria, de proteger presupuestariamente de manera importante, aunque la redujo en ese ejercicio dos mil once en casi un 50 %.

Las subvenciones de capital y de explotación tiene un total importante para los tiempos de recorte y penuria que se vivían y que vivimos, de sesenta y un millones y pico de euros, que representan casi el 50 % de los ingresos totales de las fundaciones relacionadas.

Por lo demás, los defectos de la memoria son iguales que los de las empresas públicas: morosidad con proveedores, de nuevo; falta de información exigible de la memoria; no hay informe de auditoría en sus cuentas anuales, etcétera.

En suma, podría ser repetitivo del informe presentado por el señor Presidente de... del Consejo de Cuentas, y ser repetitivo con otras intervenciones de calado político realizadas ante la señora Consejera de Hacienda o en diferentes intervenciones en Pleno o en Comisiones. En suma, es un paisaje chapucero, bastante opaco, tanto el de las fundaciones como el de las empresas públicas de Castilla y León, que acaban encubriendo graves asuntos de desvíos presupuestarios, también de favores, también de amiguismo y otros de igual índole.

Ni que decir tiene que, lógicamente, apoyamos la relación de recomendaciones del informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León, aun a sabiendas de que el apoyo que vayamos a hacer desde Izquierda Unida de Castilla y León y UPL, desde el Grupo Mixto, no va a servir de nada, porque el Gobierno de esta Comunidad se va a seguir llamando a andana, por desgracia. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín Martínez.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, buenos días. Por supuesto, dar la bienvenida al Presidente del Consejo de Cuentas, al resto de los Consejeros y demás trabajadores. Y antes que nada, mostrar, en relación a este informe, mis dos sentimientos, de decepción y de satisfacción. Decepción porque estamos a cuatro de julio del año dos mil catorce, y estamos hablando de la Cuenta General del año dos mil once. Esperemos que con ese trabajo que acabo de leer hoy, que es tan frenético, del Consejo de Cuentas, consigamos recuperar el tiempo perdido y que antes de que acabe el año podamos ver, por lo menos, la Cuenta General del año dos mil doce.

Y a partir de ahí, satisfacción; satisfacción porque este informe, correspondiente al primer año de la legislatura –ahora, que estamos en el último año-, correspondiente al primer año de la legislatura, sirve para desmontar absoluta... una parte muy importante de todas las mentiras que hemos venido oyendo aquí, en las Cortes de Castilla y León, tanto en Comisión como en Pleno, tanto a la Junta de Castilla y León como a los distintos Portavoces del Partido Popular, a lo largo de estos años.

Hay que decir que no se cumple el refrán de que se pille antes a un mentiroso que a un cojo, en este caso –los cojos ya nos han ganado en agilidad-, pero, como decimos en León, "a todo gochín le llega su San Martín", y con esta... y con esta Cuenta General hay determinadas mentiras, que se han mantenido por la Junta de Castilla y León y por los Portavoces del Partido Popular, que se desmantelan directamente.

Una de ellas, la primera, la encontramos en relación a ese incremento bestial del déficit que produjo el último Gobierno Zapatero, precisamente en el año dos mil once, cuando llegó el Gobierno de Rajoy y se encontró ese incremento tan bestial del Gobierno Zapatero, en el año dos mil once, que nosotros decíamos –porque teníamos los datos- que no correspondía al Gobierno de Zapatero, que correspondía a los Gobiernos Autonómicos del Partido Popular, en el año dos mil once en más de un 80 %, y que se nos negaba por parte de la Junta de Castilla y León y de los sucesivos Portavoces del Partido Popular, incluso en esta Comisión; hasta que ahora, con la Cuenta General del año dos mil once, en su Tomo 5, apartado quinto de la memoria, nos encontramos en la página setenta y dos con que, por fin, la Junta reconoce... la propia Junta reconoce que, en términos de contabilidad nacional... no estamos hablando ya de los ajustes del Consejo de Cuentas de otros años, sino que, en términos de contabilidad nacional –o sea, dato, según ella, según la Junta y según el Partido Popular, totalmente certificado por la Intervención General del Estado-, en el año dos mil once, mira tú por dónde, sobre un objetivo de déficit de 747 millones de euros, la Junta de Castilla y León llegó a un déficit real de 1.446 millones de euros, el doble del objetivo, el doble del objetivo que estaba aprobado.

Ahora se comprueba la mentira del Partido Popular y de la Junta de Castilla y León y la realidad de lo que nosotros decíamos; ese déficit tan horroroso del año dos mil once, el 80 %, el 80 %, era consecuencia del déficit de las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular, y en concreto del déficit de Castilla y León, que dobló el objetivo que tenía de déficit en dicho año, hasta llegar a 1.446 millones en términos de contabilidad nacional.

Hemos tenido que esperar a esto para el reconocimiento por parte de la Junta, y, evidentemente, a esto hay que sumarle el ajuste que hace el Consejo de Cuentas, como todos los años, por la mala contabilización de la Junta de Castilla y León, que nos lleva a un déficit en ese año ni más ni menos que de 1.513 millones, con el ajuste al Consejo de Cuentas.

Pero, en todo caso, primer reconocimiento de que oficialmente la Junta de Castilla y León, en ese año tan horroroso, en que aumentó tanto el déficit el Gobierno de Zapatero, la causa estaba aquí, precisamente, duplicando el déficit permitido (página setenta y dos del Tomo 5 de la memoria). Primera... primera conclusión. Bueno, y, por supuesto, con los ajustes que ustedes proponen, el resultado económico-patrimonial, ya no le digo, hay que hacer un ajuste de 1.117 millones, y quedaría el resultado ajustado en un desahorro de 2.584 millones.

Segunda... segunda mentira. Aquí se ha dicho, tanto por parte de la Junta de Castilla y León –en Pleno como en Comisión- como por parte de los sucesivos Portavoces del Partido Popular, aquí se ha dicho reiteradamente, en la presentación de las cuentas generales de la... de la Comunidad de años anteriores, que no era verdad, que no era verdad la mala contabilización de las deudas pendientes, sobre todo por parte de la Gerencia Regional de Salud, y que no era verdad que hubiera facturas en los cajones. Bueno, pues, una vez más, la Cuenta General del año dos mil once -y ahora ya totalmente certificado, porque se acogen al Plan de Pago a Proveedores-, ustedes certifican que, efectivamente, existen obligaciones pendientes de imputar al Presupuesto de dos mil once por importe de 1.169 millones de euros, de los cuales más de 483 corresponden al ejercicio dos mil diez y anteriores.

Pero es más -y le voy a poner un deber-, la deuda de la Gerencia Regional de Salud aumenta cada ejercicio. Una parte importante de esa deuda corresponde a obligaciones en gastos corrientes, generadas en ejercicios anteriores, que aún no han podido ser satisfechas. Este retraso genera intereses de demora, que también están pendientes de satisfacer, lo que a su vez repercute en los créditos del presupuesto de la entidad. ¿Me puede hacer el Consejo de Cuentas, para una próxima comparecencia, un cálculo de los intereses de demora de todos estos años -no solamente del año dos mil once, sino de años anteriores- qué ha significado? Los del Plan de Pago a Proveedores ya lo sabemos: 380 millones, que vamos... 380 millones, según el Plan de Pago a Proveedores, que vamos a pagar en intereses todos los ciudadanos de Castilla y León por los 1.062... –que no 1.168- los 1.062 millones del Plan de Pago a Proveedores. Y por los de años anteriores, ¿me podría decir el Consejo de Cuentas cuánto vamos a tener que pagar de intereses por esa malísima... malísima gestión?

A partir de ahí se repite absolutamente todo lo que viene diciendo el Consejo de Cuentas en relación a años anteriores: el balance de operaciones extrapresupuestarias sigue sin reflejar la realidad, ya que no contiene todas las cuentas de esa naturaleza; la Administración General de la Comunidad sigue sin realizar una adecuada contabilización –fíjense ustedes qué complicación- del impuesto sobre el valor añadido y de las cuotas de la Seguridad Social –que esto sí que me preocupa, la situación en la que estén los trabajadores de... en relación a la cotización de las cuotas de la Seguridad Social-.

En avales, otra... otra mentira. En el ejercicio dos mil once se han concedido 8 avales por importe de 265 millones, etcétera, etcétera. Pero hay que ir al Tomo 4, correspondiente a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en sus... en sus anexos, hay que ir a la página 278 para comprobar que, del riesgo vivo de los avales a treinta y uno de diciembre del dos mil once, la última empresa, el último aval fue el veintinueve de marzo del año noventa, del año mil novecientos noventa, porque, a partir de ahí, los únicos avales concedidos por la Administración han sido -¿sabemos a quién?- a los chiringuitos: a la Administración B y a los chiringuitos financieros (a Gical, a Gical, ADE Financiación, ADE Parques, ADE Financiación, Somacyl, Cylsopa, Somacyl y Provilsa; no queda ni un chiringuito que no esté avalado por la Junta de Castilla y León). Y este es el ejercicio de esa labor de promoción económica que deberían ser los avales, este es el resultado, y por eso es bueno el estudio de la... de la Cuenta General.

Aparte que, bueno, los que... los que formalizan los chiringuitos... Porque, claro, los avales formalizados –lo dicen ustedes- por el Instituto, por el Itacyl, no se encuentran amparados por la normativa, ya que la Ley de Presupuestos para el ejercicio dos mil once no ha fijado ningún límite para el ITA, por lo que no le faculta para que pueda avalar ninguna clase de operación de crédito durante el ejercicio dos mil once. Otra... otro lucimiento.

En relación al deber de información sobre el plazo de pago a proveedores –usted ya lo ha dicho-, la Comunidad no ha realizado ningún informe sobre el cumplimiento del pago de plazos a proveedores; más lo que sabemos... más lo que sabemos de cómo... de cómo sí había nada más que mil ciento y pico millones de facturas en los cajones. La Cuenta General de las empresas públicas rendida no recoge toda la información exigida, al no suministrar información sobre la ejecución y liquidación de los presupuestos de explotación y de capital; el endeudamiento con las entidades de crédito de las empresas públicas -que sabemos todos, hasta ese año, que era horroroso, que era pecado- aumentó hasta 640 millones de euros, con un incremento del treinta y uno coma cero por... cero cinco por ciento en relación al año anterior. Especialmente relevante es la referida a la empresa ADE Parques, en cuanto a la existencia de una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la sociedad para continuar con sus operaciones, que ya sabemos que ha tenido que ser absorbida directamente por Somacyl ante su suspensión de pagos, etcétera, etcétera.

Hasta aquí el repaso normal a la Cuenta General en base al informe que ustedes hacen, y especialmente este año, por ser el año primero de legislatura; y aquí es donde ya se les pilla, a la Junta de Castilla y León y a los sucesivos Portavoces del Partido Popular, en todas las mentiras que han dicho.

Pero yo creo que hay que hacer un avance en relación al estudio de la Cuenta General; y el otro día lo hicimos en esta Comisión, y yo se lo cuento con mucho gusto al Presidente del Consejo de Cuentas. El otro día, a petición de mi Grupo, analizamos la Cuenta General del año dos mil doce -no nos hace falta... no nos hizo falta esperar al informe del Consejo de Cuentas-, y la analizamos en esta Comisión y vimos cuál era la situación. Hicimos un análisis doble, que ustedes no están haciendo, porque, además del análisis –digamos- contable al que el Consejo de Cuentas, de momento, se está limitando, nosotros hicimos un análisis también del control de eficiencia, de eficiencia, de la Cuenta General; que es lo mismo que pedimos en esa modificación legislativa que ha incluido la posibilidad de auditorías de gestión, que a partir de ahora el Consejo de Cuentas haga esas auditorías de gestión con ese análisis de eficiencia -no solamente de eficacia, sino de eficiencia- en relación al cumplimiento, por parte de la Administración auditada, de los objetivos perseguidos.

Porque, haciendo ese análisis de eficiencia en base a la Cuenta General del año dos mil once, nos encontramos, por ejemplo, que el número de horas de ayuda a domicilio, que debía ser, según el objetivo, de cinco mil... de 5.100.000, han pasado a menos de 4.500.000; que el número total de prestaciones económicas reconocidas a personas dependientes son 4.000 menos que el objetivo; que el número de actuaciones de formación de cuidadores de personas dependientes son la mitad que el objetivo; que las ayudas...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Señor Martín, debe ir acabando.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... que las ayudas de nacimiento que había previstas para el año dos mil once se concedieron 2.977, pero que quedaron sin pagar por falta de crédito 1.420 solicitudes favorables por importe de 1.122.000 euros; que en la consolidación de ayuda económica de reducción de jornada para la conciliación de vida familiar y laboral, ¿sabe cuántas solicitudes se concedieron? Quinientas catorce en toda la Comunidad Autónoma; en Zamora, 43. Puedo poner así algún ejemplo más. Por ejemplo, en empleo, las visitas realizadas a empresas en el año dos mil... Bueno, en el Plan de Inserción y Empleo, las solicitudes tramitadas en el año dos mil once, ¿sabe usted cuántas fueron, aparte de los números que hemos visto? Ciento ochenta y nueve, de las cuales se concedieron 68 –menuda... menuda eficiencia-. O, por ejemplo, las visitas realizadas por el Ecyl a empresas -número de visitas realizadas-: en el año dos mil diez hicieron más que en el año dos mil once, con un promedio provincial, ¿sabe de cuánto -eficiencia-? De 86 en el año dos mil diez y de 79 en el año dos mil once. Le puedo poner muchos más ejemplos. Los Consejeros del Ecyl de... de ofertas en el extranjero, el número de puestos introducidos en la base de datos en el año dos mil once fueron de 51. Y el último ejemplo que le voy a poner es el... -por tocar otro programa- las viviendas de promoción directa concertada y convenida tenía un objetivo en el año dos mil once de actuación sobre mil viviendas. ¿Sabe... sabe cuántas... sobre cuántas actuaron -control de eficiencia-? Cincuenta y ocho, en el año dos mil once.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Martín.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Yo creo que es el momento... es el momento de... Aparte de que nos sirve muy bien el trabajo realizado por el Consejo de Cuentas para desmontar las mentiras que hemos venido oyendo a lo largo de toda la legislatura en las Cortes de Castilla y León, pero es el momento también de reorientar el informe del Consejo de Cuentas, que tenga un mayor acceso a los ciudadanos y que incluya, además de este control estrictamente de auditoría financiera, el control de auditoría de gestión, el control del déficit. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, Presidente. Sean mis primeras palabras para dar la bienvenida al Presidente del Consejo de Cuentas, así como al resto de los Consejeros que nos acompañan y al personal técnico de la institución, que en el día de hoy ha presentado la Cuenta General de la Comunidad del año dos mil once.

Quiero, en primer lugar, también agradecer su comparecencia. Creo que se ha conseguido un objetivo que se fijó el Consejo de Cuentas y esta Comisión de Hacienda, que era agilizar la tramitación ante esta Comisión de Hacienda de los informes de fiscalización. Y buen ejemplo de ello es que en un periodo inhábil, una vez más, se ha habilitado a las Cortes de Castilla y León para que se pueda comparecer, y así tramitar informes de fiscalización. Y creo que esa agilidad se pone de manifiesto, en este caso más aún, cuando este informe se presentó ante la Cámara el dieciséis de junio pasado, ha sido calificado por la Mesa de la Cámara el pasado lunes día treinta de junio y hoy, cuatro de julio, cuatro días después, estamos ya viendo y debatiendo sobre el informe de fiscalización que se ha presentado.

Entrando en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de dos mil once, yo quiero en primer lugar destacar la opinión del Consejo, que considera, textualmente, que la Cuenta General se presenta, con carácter general, de acuerdo a los principios y normas contables que le son de aplicación, y refleja de forma fiable su actividad económico-financiera, excepto determinadas salvedades, sobre las que entraré ahora. Y también destacar lo que ha hecho usted referencia, y que es una realidad, respecto a la diferencia de Castilla y León con otras Comunidades Autónomas. Usted hacía referencia en la mañana de hoy -y así consta en el documento que nos ha pasado- que Castilla y León es una de las Comunidades que más información aporta por lo recogido en una Ley de Hacienda de la Comunidad, que además fue aprobada por los dos Grupos, en su momento, en el año dos mil seis, cuando se tramitó. Lo que supone que Castilla y León, frente a lo que algunos pretenden plantear, que no hay transparencia, es una Comunidad transparente. Y buen reflejo de ello lo pone de manifiesto no solo la opinión de este Portavoz, sino lo que dice el propio Consejo de Cuentas, frente a la realidad de otras Comunidades Autónomas.

Pero vamos a analizar, efectivamente, el contenido principal de lo que ha sido la Cuenta General del ejercicio dos mil once. Y en ella se ha puesto de manifiesto, efectivamente, que la Cuenta respeta la estructura prevista en el Artículo 229 de la Ley del dos mil seis, de la Hacienda... de la Ley de Hacienda y del Sector Público, y manifiesta el Consejo que existen carencias en la información suministrada, y sigue sin incluir las cuentas de todas las entidades; y quiero matizar este dato. Porque, efectivamente, no se han incorporado las cuentas de algunas entidades -bien fundaciones o bien empresas públicas-, y concretamente se ha explicado -y así se ha puesto de manifiesto en las alegaciones presentadas por la Junta de Castilla y León- que, por ejemplo, el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León carece de actividad económica, por tanto difícilmente puede presentar sus cuentas; la Fundación Investigación Sanitaria de León no es una fundación pública, porque solo está... en su... en su composición fundacional, la Administración Pública tiene un 44 %; la Fundación Anclaje -y usted ha hecho referencia en el informe- tampoco ha tenido actividad económica durante dos mil once; y las referentes a la Sociedad de Gestión de Infraestructuras de Burgos y la Fundación CEI Studii Salmantini no presentaron sus cuentas antes de la formación de la Cuenta General de la Comunidad.

Y a ese respecto, quiero decir y recordar en esta Comisión lo que dice el Artículo 233 de la Ley 2/2006, de Hacienda y Sector Público de la Comunidad, que dice textualmente que la falta de remisión de las cuentas correspondientes a alguna entidad del sector público no constituye obstáculo para la formación de la cuenta con las que se hayan realizado, como tampoco representa obstáculo el que el preceptivo informe de auditoría de las cuentas anuales haya denegado la opinión o haya expresado salvedades, caso que en esta Cuenta General de dos mil once sucede con dos empresas, Appacale y Concursos Internacionales de la Universidad de Salamanca.

Por lo que respecta a la conclusión número 12, en la que el Consejo manifiesta que la consolidación efectuada en el estado de ejecución del presupuesto es parcial, al no haberse eliminado todas las operaciones internas entre todas las entidades que integran la cuenta, por lo que no representa fielmente -y digo textualmente- la ejecución en el resultado presupuestario, es bien cierto que esa consolidación es así, pero creo que hay que ponderarla en su justa medida, porque esa consideración del Consejo de Cuentas se sustenta en que se ha dejado sin suprimir una... en la consolidación 390.281 euros sobre el presupuesto consolidado, lo que supone el 0,0037 %. Llegar a la conclusión de que la Cuenta General no representa fielmente la ejecución presupuestaria porque hay una diferencia del criterio de contabilización respecto a 390.000 euros, me parece una afirmación excesivamente dura.

Sin embargo, sí plantea el Consejo, en sus conclusiones 16 y 17, que se cumple con los requisitos básicos de la tramitación económico-presupuestaria, y se ha comprobado que, en general, las operaciones se han registrado de acuerdo con los principios y normas contables definidas en el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad, siendo correcta su imputación, salvo honrosas excepciones.

Y quiero... quiero centrarme en lo que es lo referente a su conclusión número 19, y que además ha centrado aquí parte de la intervención de los Portavoces que me han precedido en el uso de la palabra; y es la referencia a la Gerencia Regional de Salud y a la fiabilidad y exactitud de la Cuenta General, que dice textualmente el Consejo: se ve afectada por salvedades correspondientes a la Gerencia Regional de Salud.

Y quiero, en primer lugar, destacar que esas salvedades que se desprenden de los... del informe del Consejo de Cuentas no las ha destapado el Consejo de Cuentas. Ustedes tienen que reconocer -y usted lo sabe, señor Presidente- que esas salvedades las ha puesto de manifiesto el informe de la auditoría elaborada por la Intervención General de la Comunidad. Esos datos se han emitido al Consejo de Cuentas por parte de la Junta de Castilla y León. No es que el Consejo de Cuentas haya destapado esa salvedad, es que el informe de auditoría de la Intervención General de la Comunidad pone de manifiesto esas obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de dos mil once por un importe de mil ciento sesenta y ocho novecientos cincuenta y nueve... novecientos cincuenta y nueve mil ciento diez euros con sesenta y uno, de los que usted pone... ustedes ponen de manifiesto que 483 corresponden a ejercicios anteriores de dos mil diez, y consideran incluso que hay indebidamente imputados 395 millones.

Sobre ese último detalle de la indebida imputación de los 395 millones, me centraré posteriormente, pero quiero manifestar una cosa. En primer lugar, que los datos los ha puesto de manifiesto el informe de auditoría de la propia Intervención General de la Administración y han sido comunicados por la Junta de Castilla y León al Consejo de Cuentas. Por lo tanto, aquí hablar de oscurantismo y de transparencia es faltar claramente a la realidad.

En segundo lugar, que esos datos están perfectamente contabilizados en la cuenta 409. Y le voy a poner de manifiesto, aquí se ha reconocido en el día de hoy, efectivamente, que en julio del dos mil doce la Junta de Castilla y León se vinculó al mecanismo de pago a proveedores, un mecanismo al que se vincularon prácticamente todas las Comunidades Autónomas de régimen común, si no me falla la memoria, excepto dos, Madrid y la Comunidad Autónoma de Galicia. Y que supuso además, ese Plan de Pago a Proveedores, una globalidad de 16.000 millones de euros, de los que Castilla y León inicialmente presentó 1.162 millones, y definitivamente recibió del Ministerio de Hacienda 1.052 millones de euros.

Sin entrar en algunas de las barbaridades que se han dicho aquí, en las que se confunden los mecanismos de pago a proveedores con el concepto de intereses de demora; nada tienen que ver los intereses de demora -ya le dirá el Consejo de Cuentas, si puede- con los intereses derivados de una operación de préstamo, en definitiva, vinculada al pago de proveedores; los tipos son totalmente distintos, y usted, señor Martín Martínez, debería de conocerlo. Creo que hay que hablar con una cierta propiedad cuando se plantean esas cuestiones; no son intereses de demora los intereses derivados del mecanismo a Plan de Pago a Proveedores. Lo que puso de manifiesto es lo que ha venido diciendo este Grupo Parlamentario Popular desde siempre: es que el sistema de financiación de dos mil nueve supone un problema porque no cubre las entregas a cuenta de los gastos de las Consejerías sociales -de Educación, de Sanidad y de Familia-. Mire si es así, que Castilla y León se vinculó con 1.052 millones de euros, pero es que el volumen total fueron 16.000 millones de euros, de los que el 95 % de ese volumen a nivel nacional era gasto sanitario.

Por lo tanto, el problema es hacer frente al gasto sanitario. Y obviamente, esa es una problemática derivada de un modelo de financiación impuesto y negociado bilateralmente por un Gobierno socialista, al que no hubo más remedio que vincularse, a pesar de que nosotros no votamos a favor -nos abstuvimos-, porque... no quiero recordar el chantaje al que se sometió en aquel momento al conjunto de las Comunidades Autónomas.

Pero, dicho esto, lo que sorprende mucho más aún es que ahora el déficit del año dos mil diez, que quiero recordar aquí que fue del 11 % -y ese no debe ser culpa de las Comunidades Autónomas-, y el déficit -se ha dicho aquí- del 9,2 % sea responsabilidad de las Comunidades Autónomas. Pues mire, lo curioso en que cuando en el Gobierno Central... en el Gobierno Central hay un partido, que es el Partido Socialista, la responsabilidad es de las Comunidades Autónomas, y ahora, que ya no está el Partido Socialista, la responsabilidad es del Gobierno Central. Mire, el déficit, entonces y ahora, la mayor... porcentaje de déficit del conjunto de la Administración Pública de este país no es de las Comunidades Autónomas. Y mire, la mayor parte del déficit público del conjunto de la Administración está en la Administración Central del Estado y está en la Seguridad Social, y usted lo sabe. Y mire, es muy curioso que se pregunte desde la bancada socialista cuáles son los intereses que tiene que pagar la Comunidad por la deuda y cuánto repercute, pero que no se pregunte cuánto repercute al conjunto de los españoles el incremento de la deuda pública que tuvo en la segunda legislatura el señor Zapatero: 350.000 millones de euros. Eso no se lo preguntan ustedes, para eso no hay ningún problema. Ahora, sí es un gran problema la deuda de la Comunidad.

Yo quiero recordar aquí que esta Comunidad ha sido austera, y esta Comunidad es una deuda –y lo pone... y lo pone de manifiesto, además, curiosamente, el informe- que está por debajo del límite de endeudamiento, en el año dos mil once y en la actualidad, de la media de las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, eso es una realidad que es indiscutible.

Y otra mentira que se ha puesto de manifiesto en la mañana aquí es que las facturas no estaban contabilizadas y que estaban en los cajones. Quizás el señor Martín Martínez no leyó el contenido del Plan de Pago a Proveedores, porque no le gustaba al Partido Socialista, pero usted sabe que para las facturas que se vincularon al Plan de Pago a Proveedores era obligatoria que estuviesen contabilizadas, era conditio sine qua non que estuviesen contabilizadas. Por lo tanto, no plantee usted aquí ese discurso de la confusión, que le encanta, en el que todos mentimos y uno únicamente dice la verdad.

Fíjese si es así, fíjese si es así que le he puesto de manifiesto una cuestión: aquí, el único ente o persona autorizada para el cómputo del déficit público es la Intervención General del Estado, la Intervención General del Estado; ni el Consejo de Cuentas ni el propio intervención... la Intervención General de la Comunidad, y usted lo sabe. Y Castilla y León ha cumplido el objetivo de déficit. Por tanto, lo ha cumplido porque estaba... lo estaba... lo cumplió en el año dos mil once, lo ha cumplido en el dos mil doce y lo ha cumplido también en el ejercicio dos mil trece; es más, en este propio ejercicio, y encarando la última... el último año de legislatura, Castilla y León está en la senda del cumplimiento del déficit, porque los últimos datos del Ministerio de Economía y Hacienda, que han sido publicados en el primer trimestre de dos mil catorce, ponen de manifiesto que Castilla y León está en la senda del cumplimiento del objetivo del 1 % fijado para este año, con un déficit que se sitúa, en el primer cuatrimestre, en el 0,19 %.

Hombre, es que es curioso que cuando gobierna el Partido Socialista, la culpa es de las Comunidades Autónomas, y ahora, que está el Partido Popular, la culpa es del Estado Central. No, es que la realidad es la que es: el déficit del conjunto de la Administración Pública –y los datos avalan lo que yo estoy diciendo- se centra en la Administración General del Estado y en la Seguridad Social.

Además, flaco favor hacen ustedes en ese planteamiento, porque, si el problema son las Comunidades Autónomas, el reparto, entonces, ¿por qué ustedes protestaban en el reparto del déficit público cuando se modificaron los criterios, y decían que el reparto era injusto? Porque el Estado se queda con un mayor porcentaje y, obviamente, ese déficit implica a la Administración General del Estado y a la Seguridad Social, y no a las Comunidades Autónomas, como tampoco lo hacen los Ayuntamientos, que ya en su gran mayoría están en superávit.

Por tanto, dicho esto, creo que se pone claramente de manifiesto que aquí hay alguien que tergiversa la información y que, desde luego, no se puede plantear que ese ajuste que plantea el Consejo de Cuentas computa como déficit, porque el déficit solo lo analiza la Intervención General del Estado, y ha dicho, ejercicio tras ejercicio, que Castilla y León ha cumplido los objetivos de déficit público; así lo ha avalado en el año dos mil doce, en el año dos mil trece y, como acabo de poner de manifiesto, estamos en la senda de...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Debe ir acabando, señor Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

... del cumplimiento del objetivo del déficit.

Me gustaría, señor Presidente, que sea tan generoso como ha sido con el Portavoz; creo que han sido casi quince minutos. Pero voy terminando.

Voy terminando respecto a una cuestión: creo que hay una modificación de criterio por parte del Consejo de Cuentas respecto a una parte que ha dicho; es que ahora, en su intervención, no ha dicho que la Junta de Castilla y León fuese... hubiese incumplido el Programa de Endeudamiento. Pero quiero matizar el porqué: es que un Gobierno Socialista no mandó el convenio, un Gobierno Socialista, en el dos mil once, no mandó el convenio para que la Junta firmase el protocolo para el PAE. Pero, en todo caso, quiero recordar que todo el endeudamiento de la Comunidad Autónoma estaba autorizado por el Ministerio de Hacienda.

Y, para finalizar -y es un minuto-, únicamente una consideración sobre la posible indebida imputación de 395 millones de euros que ha puesto de manifiesto el Consejo en su informe. Y, en ese sentido, quiero recordar lo que regula la Ley de Hacienda en el Artículo 116, en el que dice que las obligaciones generadas en ejercicios anteriores como consecuencia de compromisos de gasto adquiridos de conformidad al ordenamiento jurídico pueden ser abonadas de acuerdo a lo que establece el Artículo 116, si bien la regla general del 115 dice lo que ustedes han planteado en su informe.

Agradecer el informe. Y, desde luego, creo que ha servido mi intervención para aclarar algunos términos importantes sobre la tergiversación que se hace siempre en esta Comisión de Hacienda. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Cruz. Esta Mesa, y usted lo sabe, es igual de transigente con un Grupo Político que con otro; y, afortunadamente, a mi izquierda y a mi derecha están sentados miembros de diferentes partidos... de Grupos Políticos, y se lo podrán aseverar si es cierto lo que digo o no es cierto.

Para contestar a las intervenciones de los distintos Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Sí. Muchas gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, y en relación a la intervención del Portavoz del Grupo Mixto, señor González, pues coincido plenamente con usted, es decir, estamos en presencia de un informe que es plenamente coincidente, el de la Cuenta General de dos mil once, con el del año dos mil diez. Es decir, yo ya lo he dicho cuando he intervenido, pues que las recomendaciones, pues prácticamente es una traslación íntegras de las del año anterior. Y, en ese sentido, pues nosotros volvemos a reiterar todas y cada una de esas recomendaciones, en tanto en cuanto no se han rectificado en la Cuenta General del año dos mil once.

Y ahora decir, y ya voy anticipando también algo de la contestación al Portavoz del Grupo Socialista, ahora estamos estudiando y tenemos muy avanzado ya el estudio de la Cuenta de dos mil doce. Y sobre eso, una serie de consideraciones, es decir, y creo que es el momento oportuno de hacerlo.

Es decir, nosotros tenemos que cumplir lo que ha aprobado estas Cortes de Castilla y León, y estas Cortes de Castilla y León dicen exactamente, en su apartado 7.3 -y, por cierto, les he facilitado a todos ustedes, pues es un... el compendio de lo que es la normativa aplicable en el ámbito del Consejo de Cuentas-, y dice exactamente que el informe sobre la Cuenta General incluirá una declaración sobre la fiabilidad y exactitud de las cuentas presentadas y se elevará a las Cortes a los efectos de la resolución que proceda, dando traslado a la Junta de Castilla y León. Es decir, nosotros tenemos la obligación legal –como sabe perfectamente- de hacer una declaración sobre la fiabilidad y exactitud de las cuentas, y nosotros estamos cumpliendo, con este informe, esa obligación legal.

Al mismo tiempo, tiene usted también razón cuando dice que, en el Artículo 5.2, "Se implantarán progresivamente fiscalizaciones operativas o de gestión para el análisis de la utilización de los recursos disponibles atendiendo al grado de cumplimiento de los objetivos, siguiendo los nuevos modelos de control de las finanzas públicas". Estoy de acuerdo. Pero yo ya he dicho en mi intervención que la Cuenta General que se elabora en Castilla y León es quizás la más extensa de España, quizás la más extensa de España. Entonces, el plazo de presentación –como he puesto también de manifiesto- es el más tardío de España, es decir, en el mes de noviembre es cuando se remite la Cuenta General al Consejo de Cuentas. Entonces, si estamos hablando de que la Cuenta es la más extensa y es la que se envía más tarde, intentar hacer también una exhaustiva auditoría de gestión o... como dice usted, para concretar la eficiencia de lo que han sido las políticas en la ejecución presupuestaria, yo, desde luego, lo que sí le digo es que no es compatible esa extensión con un... una auditoría de carácter operativo. Es decir, nosotros estamos plenamente dispuestos, y ustedes son los que, en definitiva, nos marcan el camino al Consejo de Cuentas; y si quieren cualquier tipo de auditoría de gestión concreta sobre cualquier ámbito de las... del sector público de la Comunidad Autónoma, el Consejo de Cuentas lo hará, como –recuerdo- recientemente ha hecho el informe sobre el Ayuntamiento de Valderas, es decir, y lo haremos sin ningún problema.

Pero decir y poner de manifiesto que, para nosotros, creemos que es, en primer lugar, conveniente anticipar la fecha de rendición. Es decir, ya lo hemos comentado de que lo idóneo sería el mes de junio-julio, como está sucediendo en otras Comunidades Autónomas.

Y yo entiendo que el periodo de elaboración del informe prácticamente es un año, y estamos obligados, de acuerdo con la ley... sí les recuerdo que el 7.2 nos obliga ya –por eso he hecho referencia en nuestro informe- en el plazo de un año; es decir, en este año nosotros tendremos que haber remitido el informe de la Cuenta General dos mil doce. Entonces, yo creo que, por un lado, está lo que marca la ley en cuanto a lo que es nuestra obligación en que tenemos que hacer un análisis sobre la fiabilidad y exactitud de la Cuenta General, y eso es algo que, por ley, estamos obligados a hacerlo; y otra cuestión distinta es la posibilidad de hacer algún tipo de auditoría de gestión, alguna auditoría que analice aspectos concretos que se determinen para saber la eficiencia de esas políticas en cualquiera de las materias que se digan. Pero eso es otro informe distinto al informe en el que estamos inmersos en Cuenta General; porque, al final, no podríamos hacer lo que es capital, que es analizar la fiabilidad y exactitud de la Cuenta General. Es decir, nosotros... y yo le puedo... y usted me consta que lo sabe, don José Francisco, conoce, pues, la cualificación de los empleados del Consejo de Cuentas, y la Cuenta General les lleva mucho tiempo su análisis y su... la elaboración del informe. Y, desde luego, ir a plazos de un año con una auditoría de carácter operativo, yo le digo que no tiene precedentes en los órganos de control externo de España.

Después, sobre lo que nos estaba... me estaba sugiriendo la posibilidad de calcular los intereses de demora en relación a eso. Es decir, si nos acota los años, y, si se acotan los años, pues nosotros podremos ver lo que hubiera podido ser los intereses de demora, pero de una manera incierta. Usted sabe mejor que yo que en todos los ámbitos de lo que es la auditoría hay que fijar los periodos, y, entonces, en estos momentos... es decir, nosotros, no habría ningún problema, en un futuro, pues presentar lo que sería el cálculo de los intereses de demora, pero bien entendido que estaríamos hablando de un ámbito temporal concreto, no de un ámbito indeterminado.

Y, después, también, y en relación a lo que se ha comentado por el Portavoz del Grupo Popular, hacer una serie de consideraciones.

Es cierto de que fue detectado por la misma Intervención General, pero eso consta perfectamente claro, y yo a todos les llamaré la atención, de la manera en que se han contestado las alegaciones, en que en todas las alegaciones se pone de manifiesto de que ha sido detectado esos problemas en la gestión de nóminas en la Gerencia Regional de Salud en función de esos informes de control financiero permanente que se realice por la Intervención General de la Junta. Entonces, en ese sentido, que no quede ninguna duda, que nosotros lo reconocemos de una manera expresa.

Y, desde luego, hay otro aspecto que a mí sí me gustaría incidir. Es decir, evidentemente, la opinión es la que está reflejada en el informe, tal como lo han ustedes examinado y analizado; y nos referimos fundamentalmente a aquellas salvedades: la 12, 17, 19, 24, 28, 25... bueno, todas esas, en el mismo informe en el que yo les he facilitado de mi intervención, verán que todas están en letra cursiva; es decir, todas y cada una de esas salvedades, que, para nosotros, son las deficiencias más importantes del informe. Es decir, esas son, para lo que es el Consejo de Cuentas, los aspectos más destacables en cuanto a poner de manifiesto esas deficiencias que contiene la Cuenta General.

Y creo que he dado ya contestación a las interrogantes o preguntas que se habían formulado por los distintos representantes de los Grupos Políticos. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. En un turno de réplica, por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Poco tengo que decir después de la intervención del señor Presidente del Consejo de Cuentas. Pero no quiero finalizar esta Comisión, en el día de hoy, con la presencia de todo el Consejo de Cuentas, sin hacer un par de salvedades, que tienen que ver con el fin de la... y objetivo por el cual existe el Consejo de Cuentas. Y hay diferentes fórmulas de depauperar el objetivo del Consejo de Cuentas. De esas diferentes fórmulas, una se ha puesto en práctica en Castilla y León cuando se han reducido los recursos humanos, los recursos materiales al servicio del Consejo de Cuentas, con lo cual reduces la capacidad de trabajo; y la otra, que me parece sumamente grave, es que quien tiene la mayor responsabilidad política, administrativa y técnica de esta Comunidad, que es la Junta de Castilla y León, dé el mal ejemplo de, permanentemente, despreciar las recomendaciones que hace el Consejo de Cuentas y que se aprueban en esta Comisión. Con lo cual, difícilmente otras Administraciones de esta Comunidad Autónoma u otros organismos de esta Comunidad Autónoma pueden decir de que todo el monte es orégano, si el orégano de la Junta es el que es.

Poco más que decir. Que sirva esta intervención final mía para hacer de nuevo que conste en el Diario de Sesiones un llamamiento a la Junta de cumplir con las recomendaciones que se plantean por parte del Consejo de Cuentas referidas a las... a la Cuenta General de la Comunidad. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Por parte del Grupo Socialista, en un turno de réplica, tiene la palabra el señor Martín Martínez.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí, gracias. Muy rápidamente. Efectivamente, entiendo que la auditoría de gestión es complicada en relación a... en relación al volumen, al tiempo, etcétera. Pero yo creo que puede tener cabida en el propio... en el propio 7.3, en relación a la declaración sobre la fiabilidad y exactitud de las cuentas presentadas; yo quiero recordar -o estoy muy equivocado- al Presidente del Consejo de Cuentas que las cuentas presentadas incluyen la memoria, que es de lo que... de donde yo he sacado todos los datos que he dado. Y, en relación a esa memoria, que son cuentas presentadas, pues igual, poco a poco, se podía ampliar, y, ese análisis de fiabilidad y exactitud, ver hasta qué punto es fiable un organismo que recibe 300 solicitudes para el Plan de Inserción y Empleo y resuelve 58 –por ejemplo-.

Entonces, yo creo que se puede... se puede ir avanzando en el propio ámbito de la Cuenta General, y, desde luego, en el ámbito de auditorías de gestión, departamento por departamento, para lo cual el Consejo de Cuentas tiene una base, ya se lo digo, por si ustedes no lo conocen, porque veo que analizan poco la memoria; a pesar de que en otros apartados del... del informe se quejan de que hay organismos, empresas públicas y fundaciones que no aportan la memoria, pero veo que... que lo analizan poco. Entonces, yo creo que se podía ir avanzando en esa línea y si algún día ustedes, que se lo tienen que plantear ya hacer auditorías de gestión de estos departamentos, de estas líneas de actuación, yo le digo que hay una información muy buena en la Cuenta General para tener gran parte de ese trabajo hecho.

A partir de ahí, un tema en el que usted no ha entrado, en el déficit... en el déficit oficial. Claro, yo sé que escuece mucho, escuece mucho, pero es que, por fin, tenemos documento de la Junta de Castilla y León que reconoce que el déficit del año dos mil nueve, que se atribuía al Gobierno de Zapatero, tiene que atribuirse, en más de un 80 %, a las Comunidades Autónomas, y en concreto a la de Castilla y León, que, sobre un objetivo de 747 millones de euros, llegó a los 1.446, doblando, doblando el déficit permitido en dicho año dos mil once.

En relación a facturas en los cajones, o no, yo no sé, señor Presidente del Consejo de Cuentas, si alguno aquí presente sabe leer o no. Vamos a leer la conclusión número 22, recogida en la página cincuenta y tres de su informe, que, además, es lo mismo que dijo... Le he comentado que tuvimos ya una comparecencia aquí acerca de la Cuenta General del año dos mil doce, que no se atrevió a venir la Consejera, que tuvo que venir el Interventor General. Y el Interventor General reconoció –y está recogido, porque yo me encargué muy mucho de que así fuera, en el Diario de Sesiones- que, efectivamente, esas facturas en los cajones no se podían pagar, porque, como ustedes dicen en la conclusión número 22, el registro contable de los gastos de la Gerencia Regional de Salud, a través de la cuenta 409 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto", no recoge –que es lo que reconoció el Interventor General-, a treinta y uno de diciembre, el importe de todas las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Facturas en los cajones.

Y mire, en relación a los intereses de demora, usted sí sabe diferenciar los intereses de demora de los intereses financieros... de los... del coste financiero de un préstamo como el anticipo a proveedores. Entonces, yo he dicho: a partir del año dos mil doce, en que se suscribe el Plan de Pago a Proveedores, el coste financiero de ese préstamo por 1.052 millones, según está recogido en el propio Plan de Pago a Proveedores, es de 380 millones –a partir del año dos mil doce-. Yo lo que le... lo que le preguntaba es cuáles son los intereses de demora que se hubieran devengado –que se han devengado- por la mala contabilización de esas facturas en los cajones en años anteriores. Usted me dice que se lo acote. Mire, yo se lo acotaría muy claramente -pero me temo que ya no sirve-, que son los años que no hayan prescrito, por si existiera o existiese algún tipo de responsabilidad patrimonial en la gestión de esas facturas. Pero, como están prácticamente prescritos todos, pues le pido que se... que vayan atrás, yo le diría hasta el primer informe de Cuenta General que haya analizado el Consejo de Cuentas habiendo asumido las... las competencias de Sanidad, y en que se haya ido iniciando esta bola, que no ha parado de crecer, de facturas en los cajones en materia... en materia de sanidad.

Pero vamos, me es lo mismo, con que... con que me diga: pues mire, solo llegamos a cinco años o la... o la anterior legislatura, con eso... con eso me vale, pero creo que los ciudadanos necesitan saber cuánto nos hubiera costado, por esa mala gestión en materia de pago a proveedores.

Y ya lo último, que es de aurora boreal, es el tema de... del incremento de la deuda, ¿eh? La pregunta que yo haría es cuánto se ha incrementado el servicio de la deuda total en Castilla y León desde el... desde el inicio de la legislatura, desde el dos mil once. Lo vamos a ver -si es que siempre, al final, ya sabe que las mentiras acaban cantando-, lo vamos a ver el año que viene, el siguiente, con la Cuenta General del dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce, etcétera; y ya en España, ya ni le cuento, ya ni le cuento; cuando... cuando el volumen de deuda ya supera, desde... desde el inicio del Gobierno Rajoy, que partía de un 72 % y ahora mismo supera el 96 % del PIB, pues ya ni le cuento el servicio de esa deuda a cuánto puede ascender. A usted no se lo cuento; al Portavoz del Partido Popular se lo voy a contar en otro sitio. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Me refiero a Pleno, ¿eh?

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. [Murmullos]. Gracias, señor Martín Martínez. En un turno de réplica, por parte del Grupo Popular tiene la palabra el señor Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, señor Presidente. En primer lugar, efectivamente, yo he dicho que el propio Consejo de Cuentas, en su informe, reconoce que es el informe de la auditoría de la Intervención General el que pone de manifiesto ese... esa falta de abono por parte de la Gerencia Regional de Salud de 1.169 millones de pesetas.

Yo lo que he cuestionado es que el propio Consejo de Cuentas –y usted no ha hecho referencia a ello- plantea que hay 395 millones de euros debida... indebidamente imputados, y que al menos yo entiendo que tienen perfectamente cabida en lo que regula el Artículo 116 de la Ley 2/2006, de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, porque fueron facturas que están contabilizadas y que se abonaron en ese ejercicio dos mil once.

Y, bueno, estamos otra vez en la ceremonia de la confusión. Yo, al final, quiero –y que quede constancia- que en el reparto del déficit público del ejercicio dos mil diez, en el que aquí se ha dicho que el 80 % de ese déficit público del 9,2 %, 9,2 % que ni siquiera se reconoció por el Gobierno saliente, porque se estuvo diciendo hasta quince días antes que el déficit público era del 6 %, ese reparto de déficit... [Murmullos]. No lo dice este Portavoz, lo dicen los datos del Ministerio de Hacienda del año dos mil diez. Mire, el 5,72... [murmullos] ... 5,72 %... en dos mil once, cinco... es que en el dos mil diez el déficit público fue del 11 %, señor Martín Martínez, si me lo... me lo pone usted mejor. En el dos mil diez, el déficit público es el mayor de la historia de España con un Gobierno, que fue del 11 %.

Pero me centro en el dos mil once. Déficit público, 9,2 %; déficit de la Administración Central del Estado –dato-, 5,72 %. Cinco... es decir, 57.200 millones de euros. Déficit de las Comunidades Autónomas, 2,94 %; déficit de las Corporaciones Locales –y respete usted los turnos-, 0,48 %; y déficit de la Seguridad Social, el 0,20. Es decir, solo el 6 % del déficit público correspondía –como sucede siempre- a la Administración Central. Lo que pasa es que cuando ustedes gobiernan la culpa es de las Comunidades Autónomas y cuando gobierna el Partido Popular la culpa es la Administración Central, porque ustedes todavía gobiernan una Comunidad Autónoma.

Y además, quiero recordarle un dato. Mire, de la... del déficit del conjunto de las Comunidades Autónomas, ese 2,94 %, que estaba en torno a unos 27.000 millones, 16.500 eran del Gobierno Catalán, de la Generalitat de Catalunya, 16.500.

Hombre, no diga usted que la culpa del déficit público es de la Comunidad de Castilla y León, que históricamente ha cumplido el objetivo de déficit público; es una de las cinco Comunidades Autónomas que ha cumplido los objetivos de déficit público ejercicio tras ejercicio; y lo dice quien lo tiene que decir, que no es usted ni yo; lo dice el Interventor General del Estado, que es el que analiza el déficit público del conjunto de las Comunidades Autónomas.

Y agradecerle al Presidente del Consejo de Cuentas lo que ha dicho en la mañana de hoy, porque ya se ha caído el discurso de la transparencia y el oscurantismo: Castilla y León es la Comunidad que rinde la cuenta de una forma más exhaustiva y más detallada. Lo ha dicho usted, lo dice en la página veintiuno del documento que nos ha facilitado. Por tanto, ya está bien de decir que somos los menos transparentes, cuando hasta el próximo Consejo de Cuentas ha dicho textualmente que es la Comunidad Autónoma que rinde la cuenta de una forma más exhaustiva y más detallada.

Y respecto a la deuda. Si nosotros hemos reconocido que la deuda de la Comunidad ha crecido, y el último presupuesto de dos mil catorce, obviamente que ha crecido; pero, aun así, nuestro nivel de deuda, sigue siendo Castilla y León una de las Comunidades menos endeudadas, concretamente, casi prácticamente a treinta y uno de diciembre del dos mil trece, 4 puntos por debajo de la media. Y lo dicen los datos del Ministerio de Hacienda. Pues claro que la deuda de la Comunidad ha crecido, claro que ha crecido; ha tenido que crecer, porque nuestro... el modelo de financiación que aprobó un Gobierno socialista en dos mil nueve es insuficiente para atender los principales servicios que presta la Comunidad. Lo venimos diciendo desde el inicio de la legislatura; venimos diciendo que las entregas a cuenta no cubren el coste de las Consejerías sociales -ni de Educación, de Sanidad y de Familia-, ejercicio tras ejercicio. Y por eso hemos tenido que recurrir a la deuda para garantizar los servicios de calidad que presta la Junta de Castilla y León.

Respecto a la agilización, por parte de las Cortes de Castilla y León, poco más se puede hacer. Y, en todo caso, la propuesta que ha hecho el Consejo de Cuentas implicaría una reforma de la Ley de Hacienda de la Comunidad, porque el plazo de entrega y de presentación de la cuenta lo regula la Ley de Hacienda del año dos mil seis.

En todo caso, usted reconoce que esta cuenta es la más exhaustiva del conjunto de las Comunidades Autónomas, y el periodo en el que podemos mejorar la tramitación es un periodo muy muy pequeño; estamos hablando, aproximadamente, de tres, cuatro meses de diferencia entre el mes de julio al mes de noviembre, e incluso se podría presentar en algún ejercicio en el mes de octubre. Pero creo que es un esfuerzo que supondría una modificación legislativa, creo que la... el Consejo de Cuentas reconoce el detalle y la exhaustividad de la Cuenta que presenta la Junta de Castilla y León, y a lo mejor... es mejor tramitarlo con la agilidad que lo estamos haciendo aquí, que la Cuenta –como he puesto de manifiesto en mi primera intervención- se presentó ante las Cortes de Castilla y León el dieciséis de junio, la Mesa la calificó el día treinta de junio, y el día cuatro estamos ya procediendo a su debate.

Y en aras a esa transparencia, el propio Portavoz del Grupo Socialista reconocía que el Interventor General de la Comunidad, que es el responsable de la rendición de la Cuenta General –y quiero recordarle lo que recoge la propia Ley de Hacienda de la Comunidad-, fue el que presentó, hace escasamente un mes aquí, la Cuenta General rendida ante el Consejo de Cuentas, en una comparecencia en el que, por cierto, le dijo que la contabilización se hacía en la cuenta 409, que, efectivamente, es una cuenta extrapresupuestaria, señor Martín Martínez, y usted perfectamente lo sabe. Pero están contabilizadas, porque el Plan de Pago a Proveedores –y quiero finalizar ya- exigía que las cuentas estuviesen contabilizadas, como exigía que fuesen anteriores al treinta y uno de diciembre del ejercicio dos mil once.

Por eso el dato de esos 1.052 millones que vinculó a Castilla y León a ese Plan de Pago a Proveedores y que permitió poner el contador a cero en la deuda sanitaria, no solo en Castilla y León, sino en el conjunto de las Comunidades Autónomas; porque el problema no es un problema de esta Comunidad, es un problema del conjunto de las Comunidades Autónomas por un mal modelo de financiación, que lo puso de manifiesto esos 16.000 millones de gasto sanitario...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Debe ir acabando, señor Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

... pendiente de pago.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Pues muchas gracias. Tiene de nuevo la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Bien. Muchas gracias, Presidente. Sí, para concluir. En primer lugar, y yo le puedo asegurar, señor González, que el Consejo de Cuentas no va a desfallecer y va a seguir poniendo de manifiesto todas aquellas recomendaciones que entienda que son necesarias para mejorar la Cuenta General de nuestra Comunidad.

Y en ese sentido, pues algo que, también gracias a las Cortes de Castilla y León, figura en nuestra nueva normativa, y que no es ni más ni menos que el informe de seguimiento de recomendaciones; informe de seguimiento de recomendaciones que en estos momentos estamos elaborando, y que próximamente remitiremos también a las Cortes de Castilla y León para su análisis, donde se va a dar, evidentemente, un repaso exhaustivo a todos y cada una de las recomendaciones que se han emitido en los distintos informes del Consejo y ver si han sido fructíferas esas recomendaciones. Por lo tanto, ya le digo que nosotros vamos a perseverar en la realización de los informes, y, por supuesto, en proponer aquellas recomendaciones que estimemos necesarias y oportunas.

Respecto a las propuestas que se hacen desde el Grupo Socialista, pues, en primer lugar... es decir, a mí... sinceramente, creo que no es bueno estar mezclando una... tipo de auditoría operativa, tal como la que sugiere usted, con una auditoría de fiabilidad y de exactitud, que es, en definitiva, el informe de fiscalización que hay aquí.

Nosotros, evidentemente, haremos lo que se determine por las Cortes. La disponibilidad del Consejo de Cuentas es plena. Pero lo que sí quiero poner de manifiesto es que la exhaustividad del informe de la Cuenta General, pues, no es lo más propicio para hacer al mismo tiempo una auditoría operativa de gestión o de eficiencia, como ha puesto usted de manifiesto. Pero que conste la plena disponibilidad del Consejo de Cuentas a hacer aquello que se determine por estas Cortes de Castilla y León.

Y en cuanto a la memoria... y no es contradecirle: si usted se lee nuestra conclusión quinta, lo que ponemos de manifiesto es la deficiencia de la memoria. Es decir, si bien la memoria, evidentemente, contiene mucha información –y yo le puedo asegurar que por el departamento encargado de la fiscalización de la Cuenta General se lee de una manera auténticamente detallada y analiza exhaustivamente esa memoria-, lo que nosotros, precisamente, ponemos de manifiesto en nuestro informe es la deficiencia en esa memoria porque omite mucha información que aclararía muchos aspectos de la Cuenta General. Por lo tanto, por nuestra parte, coincidir en la importancia de la memoria, y que, desde luego, ponemos de manifiesto que es necesario mejorar y aumentar la memoria.

Respecto a lo que son los intereses de demora, pues nosotros en un futuro podríamos... no hay ningún problema en ver lo que hubiera podido ser en estos últimos años los intereses de demora proveniente de esa deuda; no hay... no hay por nuestra parte ningún problema.

En relación a las manifestaciones efectuadas también por el Portavoz del Grupo Popular, significar que, si lee atentamente, el Artículo 116 no es de aplicación; es decir, si lo lee atentamente... y sobre todo le llamo la atención sobre el apartado c) del Artículo 116, no es de aplicación, en tanto en cuanto no hay un compromiso de gasto adquirido. Otra cosa es la posible contabilidad en la cuenta 409, pero no hay un compromiso de gasto formalmente adquirido. Es decir, no es cuestión de entrar en discusiones, y, por supuesto, mantener y defender los términos en los que ha sido formulado el informe.

Y después ya, aunque no tenga nada que ver con esto, como ustedes sabrán, nos hemos comprometido a actuar de una manera intensiva en la materia de rendición de entidades locales y de colaborar, pues fundamentalmente, en aquellos ámbitos territoriales donde existe un mayor número de entidades locales, y decirles que, desde ayer, ya dentro de nuestra página web hay un apartado específico para entidades locales, para todas aquellas entidades que quieran acudir y conocer a través de la página web del Consejo de Cuentas qué trámites han de seguir para la rendición de cuentas, está disponible desde ayer jueves; y que próximamente, en este mismo mes, pues haremos pues una comunicación a las entidades locales menores de nuestra Comunidad Autónoma. Nuestro deseo es hacerla tanto correo electrónico como por... como por escrito. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo jueves, día diez de julio, a las catorce horas.

Concluido el Orden del Día de esta Comisión, y agradeciendo de nuevo la presencia del señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas veinte minutos].