DS(C) nº 463/8 del 25/7/2014

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Buenos días. Se abre la sesión. ¿Los Grupos Parlamentarios desean comunicar a esta Mesa alguna sustitución? ¿Por parte del Grupo Parlamentario Socialista?

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Buenos días. Don Fernando Pablos sustituye a doña Ana María da Silva.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. ¿Por parte del Grupo Popular?

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, Presidente. Y a la espera de que se incorporen el resto de los compañeros, que tardarán en incorporarse unos segundos, don Juan Jesús Blanco Muñiz sustituye a doña María Isabel Blanco Llamas.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Cruz. Doy la bienvenida a esta Comisión a don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que comparece ante esta Comisión para presentar uno de los informes de fiscalización remitidos a las Cortes de Castilla y León por el Consejo de Cuentas. Su tramitación se desarrollará de conformidad con lo previsto en la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve.

Primer punto del Orden del Día. Por la señora Secretaria se dará lectura del primer punto del Orden del Día.

Informe

LA SECRETARIA (SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ):

Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para informar sobre el Informe de Fiscalización de las Universidades Públicas de Castilla y León en coordinación con el Tribunal de Cuentas, correspondiente al ejercicio dos mil doce: Universidad de Valladolid".

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para la presentación de este informe, tiene la palabra el Excelentísimo señor don Jesús Jaime Encabo Terry, Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias. Buenos días. El presente informe de fiscalización corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones del ejercicio dos mil trece, y resultó aprobado por el Pleno del Consejo de Cuentas con fecha veintidós de mayo de dos mil catorce. La publicación en la página web, tanto del texto íntegro del informe como de la nota resumen del mismo, tuvo lugar el dieciséis de junio del corriente año.

El Plan Anual de Fiscalizaciones correspondiente al año dos mil trece contempla, dentro del epígrafe 3, la colaboración con el Tribunal de Cuentas en las actuaciones que les sean solicitadas al efecto. La Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas adoptó sendos acuerdos, con fecha veinticinco de noviembre del dos mil nueve y dieciocho de diciembre del dos mil doce, en los que instó al Tribunal de Cuentas a elaborar un informe similar al desarrollado en cumplimiento de la petición formulada en dos mil tres y que se refería a una fiscalización de la organización de la actividad económico-financiera y de la gestión del conjunto de las universidades públicas en el marco de la normativa vigente y de los principios de eficiencia y economía para la prestación del servicio público de la educación superior que le corresponde.

Es conveniente poner de manifiesto que se dio cuenta, con fecha cinco de febrero de dos mil trece, de esta incidencia a la Presidenta de las Cortes, y manifestamos que realizaríamos ese trabajo en colaboración con el Tribunal de Cuentas.

Es de señalar que el Tribunal de Cuentas aprobó las directrices técnicas con fecha veintiuno de marzo de dos mil trece. El Consejo de Cuentas valoró la conveniencia de participar en esa colaboración con el Tribunal de Cuentas, por lo que, en base a las directrices técnicas que este aprobó, con fecha once de abril aprobó las propias para realizar el informe de fiscalización que nos ocupa.

Objetivos.

Se trata de una fiscalización especial y, de acuerdo con las directrices técnicas, los objetivos de la fiscalización son los siguientes: primero, analizar la gestión económico-financiera desarrollada en relación con la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto de la universidad para el ejercicio dos mil doce; segundo, examinar la organización administrativa y docente en la universidad, con especial atención a la existencia de entes dependientes y fundaciones, analizando las actividades que desarrollan y los recursos que le son transferidos o puestos a su disposición; tercero, valorar las funciones y procedimientos de los sistemas de control interno para saber si son suficientes y el cumplimiento de los procedimientos establecidos; cuarto, evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos encomendados en las áreas de docencia, personal e investigación, y, en consecuencia, valorar los criterios que permitan llevar una contabilidad analítica que facilite una adecuada asignación de costes; quinto, verificar la observancia de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en los aspectos que se abordan en la fiscalización.

Alcance.

Comprende el ámbito subjetivo de la fiscalización el conjunto de centros docentes, culturales y de investigación de la universidad, cualquiera sea su configuración y régimen jurídico. Como ámbito temporal, de acuerdo con la propia resolución de la Comisión Mixta Congreso-Senado, la actividad fiscalizadora se refiere al ejercicio dos mil doce y al curso académico dos mil doce-dos mil trece.

Limitaciones.

Es de señalar que la Universidad de Valladolid ha adoptado una actitud de colaboración con el equipo auditor; no obstante, han existido las siguientes limitaciones: los datos cuantitativos referidos a la actividad docente y coste realizados en función de la información recibida de la Universidad de Valladolid presentan diferencias con los datos empleados. No se dispone de la información, con base objetiva, para conocer la dedicación del profesorado a labores de investigación o de gestión distintas de las actividades docentes de estudios de Grado.

Trámite y alegaciones.

Se dio traslado del informe provisional a la Universidad de Valladolid, al Interventor General de la Administración de la Comunidad, a la Dirección General de Presupuestos y Estadística y a la Dirección General de Universidades e Investigación. Hay que poner de manifiesto que todos los destinatarios presentaron sus correspondientes alegaciones en plazo y han sido analizadas pormenorizadamente, dando lugar, cuando han sido admitidas, a las modificaciones pertinentes.

Organización de la universidad.

Por lo que se refiere a la composición de los tres órganos colegiados –Consejo Social, Claustro Universitario y Consejo de Gobierno-, incumple con lo preceptuado en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, al superar ampliamente los límites establecidos legalmente -no superar el 60 % ni ser menos del 40 %-.

La única entidad con personalidad jurídica propia y presupuesto independiente en la que la universidad participa en más de un 50 % es la Fundación General de la Universidad de Valladolid. Además, la Fundación Parque Científico de la Universidad de Valladolid, a pesar de que no tenía la condición de fundación universitaria, conforme a la Ley Orgánica de Universidades y las normas de ejecución presupuestarias para el año dos mil doce, lo cierto es que estaba controlada mayoritariamente –más del 50 %- por la propia universidad, y su actividad ha sido claramente de carácter universitario: investigación, facilitar contactos entre universidad-empresa y difusión de los resultados de la investigación.

Los departamentos, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 9 de la LOU, son las unidades de docencia e investigación encargadas de coordinar las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la programación docente de la universidad de apoyar las actividades e iniciativas docentes y de ejercer aquellas funciones que establezcan los estatutos.

Los departamentos existentes en dos mil doce eran cincuenta y ocho; se gobiernan mediante el Consejo de Departamento, integrado por los doctores y por una representación del personal docente e investigador no doctor, garantizándose además una representación de los estudiantes y del PAS.

En cuanto a la Gerencia, tiene encomendada la gestión de los servicios administrativos y económicos de la universidad, administrando el patrimonio y el presupuesto de la misma, no pudiendo ejercer funciones docentes. El Gerente es propuesto por el Rector y nombrado por este con acuerdo del Consejo Social; no tiene unidades periféricas y gestiona 37 cuentas bancarias, de las que 26 no tienen movimientos operativos.

Por lo que respecta a la unidad de control interno, se ha comprobado que cuenta con dos personas: un Jefe de Servicio de Control Interno, nivel 26, y un puesto base, Administrativo, con nivel 18. Se puede afirmar que es notoriamente insuficiente esta dotación de personal, de acuerdo con el volumen de recursos gestionados por la universidad.

El Servicio de Control Interno depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia. Por su parte, el Consejo Social de la Universidad no efectúa, tal como se establece en los Artículos 14 y 82 de la Ley Orgánica de Universidades, la supervisión económico-financiera. En el ámbito del control interno se han comprobado otras deficiencias: el Rector no ha aprobado el programa de trabajo de carácter plurianual sobre las actuaciones a realizar en el periodo dos mil doce. El Servicio de Control Interno no dispone ni de normas ni de procedimientos de cómo debe de efectuar su función de control de la actividad de la universidad. El Servicio de Control Interno efectúa una fiscalización previa limitada de los requisitos esenciales de los contratos administrativos, y se ha comprobado que no realiza ningún control sobre los anticipos de caja fija ni de los pagos a justificar, ni de las subvenciones ni de los gastos de personal ni de los ingresos de la universidad. Tampoco ha realizado ningún tipo de auditoría general de control de la gestión y del gasto, tal como establece el Artículo 234.2 de los Estatutos de la Universidad.

Actividad económico-financiera.

Una vez que expiró el contrato-programa entre la Comunidad de Castilla y León y la Universidad dos mil siete-dos mil diez, relativo a la financiación universitaria, no se ha procedido a la firma de uno nuevo, por lo que la Universidad de Valladolid desconoce la financiación que va a percibir en los próximos ejercicios. La autorización de los costes de personal docente y no docente de la universidad, con carácter previo a la aprobación del presupuesto de la misma, se concedió por la Consejería de Educación sin el pertinente informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística e incumpliéndose lo dispuesto en los presupuestos generales de la Comunidad para dos mil doce en su Disposición Adicional Quinta.

La Universidad de Valladolid aprobó los presupuestos de dos mil doce el siete de noviembre del dos mil doce, prorrogando los del ejercicio anterior. Es una práctica no deseable que se viene repitiendo desde hace nueve años, según hemos podido comprobar.

El Consejo Social, al aprobar los presupuestos de la universidad, no aprueba los de la Fundación General de la Universidad, ya que no se incluyen ni siquiera a título informativo. Al no establecer la Comunidad Autónoma unas normas y procedimientos para el desarrollo y ejecución del presupuesto de las universidades públicas de Castilla y León, la Universidad de Valladolid sigue aprobando unas normas o bases de gestión de ejecución del presupuesto, por lo que no hay la homogeneidad deseable en lo que se refiere a la ejecución presupuestaria.

Hay distintas incidencias en cuanto a las modificaciones presupuestarias. Así, se ha observado que si bien todas las modificaciones presupuestarias se aprobaron por el órgano competente, sin embargo se ha verificado que la aprobación definitiva del Consejo Social se produce al año siguiente en el que se tramitaron las modificaciones, y al mismo tiempo que se aprobaron las cuentas anuales. Se ha verificado que en dos expedientes se incorporan créditos sin diferenciar si se trata de incorporación de remanentes de crédito comprometidos en dos mil once o si se trata de incorporación de crédito para la financiación de nuevos gastos, a pesar de que las bases de ejecución presupuestaria contemplan ambos supuestos en apartados diferentes y la misma Ley de Hacienda establece la tramitación separada de ambos expedientes.

Las obligaciones reconocidas en dos mil doce ascendieron a 178.004.000 euros, siendo el grado de ejecución sobre los créditos definitivos del 83,42 %, lo que supuso unos remanentes de crédito de 35.390.000 euros, de los que 20.724.000 correspondieron al Capítulo VI, Inversiones Reales, cuya ejecución alcanzó el 59,12 % de los créditos finales. Los derechos reconocidos alcanzaron 178.563.000 euros, con un grado de ejecución, sobre las previsiones finales, del 83,68 %.

Por lo que se refiere al Capítulo VII, Transferencias de Capital, su ejecución apenas alcanzó el 69 %. Por el contrario, el Capítulo III, Tasas, Precios Públicos, el Capítulo V, Ingresos Patrimoniales y el Capítulo VI, Enajenación de Inversiones Reales, la ejecución fue superior al 100 %.

Se ha comprobado que la universidad registra como transferencias corrientes los pagos relativos al personal investigador en formación que se encuentra en fase de beca, mientras que contabiliza como subvenciones corrientes los pagos relativos a otros becarios y las ayudas convocadas por la universidad para el desarrollo de la actividad investigadora. El Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León diferencia estas cuentas en función de que los fondos concedidos por la entidad para la financiación de operaciones corrientes se destinen a operaciones concretas y específicas –esto es, subvenciones- o a operaciones no concretas y específicas –es decir, transferencias-. En consecuencia, no están debidamente registrados.

En cuanto a las tasas, precios públicos y otros ingresos, se han comprobado algunos incumplimientos. La universidad, en el ámbito presupuestario y financiero, no separa las tasas de los precios públicos, a pesar de su diferente naturaleza jurídica. No es correcta la contabilización por parte de la universidad de los ingresos por precios públicos de matrículas de enseñanzas oficiales, ya que no se adapta a lo establecido en lo dispuesto en el documento dos de los principios contables públicos.

En lo que concierne a la contabilización de los ingresos por precios de enseñanzas propias y cursos de especialización, se ha comprobado distintos incumplimientos. Así, la universidad contabiliza a nivel presupuestario y financiero, con criterio de caja, los ingresos derivados de la matriculación de alumnos en enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos propios gestionados por ellos, cuando deben contabilizarse conforme a los mismos criterios que para el registro de los precios públicos a satisfacer por la matriculación en enseñanzas conducentes a la obtención de titulaciones oficiales.

Se ha incumplido lo establecido en el Artículo 81.3 de la Ley Orgánica de Universidades al no recoger en sus cuentas anuales los ingresos y gastos derivados de la impartición de títulos propios y cursos de especialización, en el caso de que estos fueran gestionados por la Fundación General, cuando en las cuentas de esta, como gestora, solo deberían de figurar como ingresos las retenciones efectuadas en concepto de gastos de administración y gestión de los títulos propios.

Por lo que respecta a las transferencias y subvenciones corrientes y de capital, se ha comprobado que en todos los casos en que los derechos figuraban como pendientes de cobro, la universidad reconoció esos derechos sin tener constancia de que los entes concedentes de las subvenciones hubieran dictado los actos de reconocimiento de sus correlativas obligaciones, por lo que las subvenciones corrientes indebidamente registradas ascendieron a 2.248.000 euros y las subvenciones de capital a 3.469.000 euros. Esto trae como consecuencia, en la vertiente presupuestaria, que el saldo presupuestario y el remanente de tesorería están sobrevalorados en 5.937.000 euros.

En el año dos mil doce el resultado presupuestario ascendió a 752.000 euros y el saldo presupuestario a 560.000 euros. No obstante, tras los ajustes efectuados en los derechos reconocidos e imputados a presupuestos por subvenciones corrientes y de capital por un importe de 5.937.000 euros, el resultado y saldo presupuestario arrojan un déficit de 5.185.000 euros y 5.377.000 euros, respectivamente.

La capacidad de financiación del ejercicio, que en principio no debe de variar como consecuencia de los ajustes anteriores, alcanzó los 11.380.000 euros.

El remanente de tesorería total no considera de dudoso cobro ninguno de los deudores incluidos en el mismo. El remanente de tesorería de dos mil doce asciende a 36.518.000 euros, de los que 15.471.000 euros corresponden al remanente afectado y 21.047.000 euros al no afectado. Sin embargo, una vez hechos los ajustes de 5.937.000 euros, el remanente total se queda en 30.581.000 euros. El resultado económico-patrimonial obtenido en el año dos mil doce, tras el ajuste corregido en... recogido en este informe de las subvenciones corrientes y de capital por importe de 5.937.000 euros, asciende a unas pérdidas de 8.920.000 euros.

Gestión.

A treinta y uno de diciembre de dos mil doce, los recursos humanos de la Universidad de Valladolid estaban integrados por 3.261 personas, con el siguiente desglose: 2.279 correspondiente a personal docente e investigador (70 %); 982 correspondiendo al personal de administración y servicios (30 %). Es de señalar que desde el año dos mil ocho ha disminuido el personal en un 15,76 %, aunque de una manera singular en el año dos mil doce, afectando de modo especial al personal docente e investigador, ya que el personal de administración y servicios se ha mantenido constante.

La mayor reducción la ha experimentado el personal docente e investigador laboral, con una reducción de 448 personas, un 30,48 % menos que en dos mil once, como consecuencia de la disminución de las personas contratadas para la ejecución de proyectos de investigación, contratos del Artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, y en una mayor medida por la disminución de los contratados laborales, 367, fundamentalmente profesores asociados, cuyos contratos con vencimiento el treinta y uno de agosto no fueron renovados como consecuencia de la importante disminución de la transferencia para gastos corrientes de la Comunidad Autónoma.

Se ha comprobado que las retribuciones del año dos mil doce no han experimentado ningún incremento respecto a las retribuciones vigentes a treinta y uno de diciembre de dos mil once; en definitiva, se ha cumplido con lo preceptuado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año dos mil doce. Y tampoco se abonó la paga extraordinaria de diciembre, cumpliéndose lo preceptuado en el Real Decreto-ley 20/2012, de trece de julio.

Los costes de personal se han reducido en dos mil doce respecto al año anterior en 11.405.000 euros, lo cual es debido tanto a la disminución de personal como, ya hemos expuesto, a la supresión de la paga extraordinaria de diciembre.

La Consejería de Educación autorizó a la universidad el presupuesto del Capítulo I para el ejercicio dos mil doce por importe de 122.988.000 euros, mientras que la ejecución presupuestaria ascendió a 118.567.000 euros. No obstante, el coste que debió autorizarse por la Comunidad Autónoma debió incluir tanto el coste del Capítulo I como el del Capítulo VI, ya que el Artículo 81.4 de la Ley Orgánica de Universidades alude a la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías de la Universidad, y el Artículo 70.1 señala que en la relación de puestos de trabajo del profesorado se relacionarán, debidamente clasificadas, todas las plazas del profesorado, incluyendo el personal docente-investigador contratado con carácter permanente.

La universidad, a través del documento de plantilla del personal docente-investigador, disminuye la capacidad docente mínima y máxima que establece el Real Decreto 14/2012. La carga docente no se incrementó en el curso dos mil doce-dos mil trece respecto al año anterior, a pesar del Real Decreto 14/2012 y de que los profesores de plantilla tuvieron que asumir las horas de docencia de los profesores asociados no renovados. Esta situación es consecuencia de la importante reducción experimentada en los créditos impartidos y de la disminución de las horas de docencia mínima y máxima fijadas por dicha norma.

Por otro lado, en Artes y Humanidades, Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, los créditos impartidos se mantienen alejados de los 24 créditos anuales, equivalentes a 240 horas al año, produciéndose incluso evoluciones negativas en el periodo analizado, lo que, unido a que la media de alumnos equivalentes por profesor es 8, 5 y 10 alumnos respectivamente, pone de manifiesto el sobredimensionamiento del profesorado respecto a los alumnos existentes en esas ramas.

Por lo que respecta a los proyectos, contratos o convenios, hay que distinguir entre la gestión directa por la propia Universidad de Valladolid y la gestión externa por medio de la Fundación General o de la Fundación Parque Científico.

A finales del dos mil doce, había un total de 1.507 proyectos, convenios y contratos vivos. Cabe destacar algunas observaciones. Así, 511 eran gestionados por la Universidad, 968 por la Fundación General y 28 por el Parque Científico.

Si los analizamos por su naturaleza, ha de saberse que 858 eran contratos del Artículo 83 de la LOU, 463 proyectos y 186 convenios.

Si nos fijamos en la financiación, 936 estaban financiados con fondos privados, dándose el caso de que, cuando la financiación era privada o europea, mayoritariamente se gestionaban por la Fundación General: 41 de 42, con fondos europeos y 804 de 936, con fondos privados. Por el contrario, cuando la financiación era estatal, la Universidad asumía la gestión.

La unidad de patentes, encuadrada en el seno de la Oficina de Resultados de la Investigación de la Fundación General, en virtud del convenio de colaboración suscrito entre la universidad y la fundación, es la encargada de gestionar la cartera de patentes y otros activos de propiedad intelectual e industrial derivados de la actividad investigadora de la universidad. En el año dos mil doce, el número total de patentes inscritas en la Oficina Española de Patentes y de Marcas era de 140, habiéndose registrado 23 en el ejercicio. No obstante, no es fácil determinar el coste de los proyectos que han concluido con la inscripción de la patente, pues con frecuencia es el resultado de una investigación prolongada en el tiempo e incluso de varios proyectos con distinta financiación.

Se han incrementado los costes de inscripción de las patentes desde el año dos mil nueve. El número de licencias emitido a partir de las patentes inscritas en dos mil doce fue de 4.

La oferta de plazas de la universidad para el curso dos mil doce-dos mil trece fue de 7.546 plazas, mientras que ingresaron 6.613 alumnos. Cabe destacar que, en el caso de Artes y Humanidades, Ciencia e Ingenierías se cubrió el 68 % de la oferta y en cuanto a Arquitectura se llegó al 79 %. El número de alumnos matriculados en el curso dos mil doce-dos mil trece ascendió a 24.238, no apreciándose variaciones significativas en los últimos cinco años. Es conveniente expresar que Ingeniería y Arquitectura han disminuido el 20 % y Ciencias el 9 %; por el contrario, se ha incrementado el número de alumnos en Ciencias de la Salud, con el 28 %, y en Artes y Humanidades, con el 24 %. También es de resaltar que los alumnos graduados en el curso dos mil doce-dos mil trece han aumentado un 14 % respecto al año dos mil ocho-dos mil nueve.

Costes.

La Universidad de Valladolid no tiene implantado un sistema de contabilidad analítica, tal como establece la Disposición Adicional Octava de la Ley Orgánica de Universidades, que otorgaba el plazo de un año para elaborar el modelo referencial de costes que facilita a los poderes públicos el establecimiento de una financiación adecuada a las universidades públicas. No obstante, es de señalar que la obligación de implantar la contabilidad de costes ha sido establecido por el Decreto-ley 14/2012, de veinte de abril, con un horizonte temporal que alcanza, como máximo, el curso académico dos mil quince-dos mil dieciséis.

El coste de la Universidad de Valladolid ha ascendido a 193,6 millones de euros, de los que 175,4 corresponden a la enseñanza y 18,2 millones a la investigación. El coste inferior en enseñanzas oficiales corresponde a Ciencias, con algo más de 14 millones de euros, mientras que Ciencias Sociales y Jurídicas sobrepasa los 66,7 millones de euros. Y en cuanto al índice de cobertura del coste total de la enseñanza por los alumnos, excluidas las aportaciones del Ministerio en concepto de becas, asciende al 12,48 %. El coste medio del crédito impartido en la universidad en dos mil doce es de 4.904 euros. El coste por curso de un alumno equivalente en dos mil doce oscila entre los 5.567 euros en las áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas y los 16.125 euros en Ciencias. Y si nos referimos a coste de un graduado, oscila, en dos mil doce, entre los 63.353 euros en Ciencias Sociales y Jurídicas y los 209.750 euros en Ciencias.

Recomendaciones.

Primera. El servicio de control interno de la universidad debería depender orgánicamente del Consejo Social, en aras de un cumplimiento más eficaz de sus funciones y de una mayor independencia respecto de las distintas unidades gestoras de gastos e ingresos. Elaborar un manual en el que se regulen los diferentes aspectos a comprobar en la tramitación de los distintos tipos de gasto. Realizar una memoria o informe anual detallado sobre sus actividades, en el que se recogen las principales observaciones y recomendaciones en los procedimientos de fiscalización previa.

Segundo. La Comunidad de Castilla y León, teniendo en cuenta la previsión normativa contenida en el Artículo 81 de la Ley Orgánica de Universidades y 48.2 de la Ley de Universidades de Castilla y León, debería suscribir un nuevo contrato-programa de carácter plurianual con la universidad, similar al suscrito para el periodo dos mil siete-dos mil diez. Mediante ese contrato-programa, a partir de los ingresos por precios públicos y por transferencias, se podría garantizar un mínimo de financiación, vinculada a la consecución de unos objetivos. De esta forma, la universidad conocería con mayor antelación el importe de sus ingresos, lo que redundaría en una mejora de su planificación y gestión presupuestaria.

Tercero. En el nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad, que debe elaborarse por la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, debería establecerse la obligatoriedad de incluir información en la memoria de las cuentas anuales sobre los gastos con financiación afectada y sobre los compromisos de ingresos. Independientemente de lo anterior, la universidad debería recoger en la memoria de sus cuentas anuales información sobre los gastos con financiación afectada y sobre los compromisos de ingresos. La inclusión de esa información permite analizar las desviaciones de financiación del ejercicio, del estado del resultado presupuestario y la descomposición del remanente de tesorería en afectado y no afectado.

Cuarto. La Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Hacienda debería establecer, en coordinación con las universidades públicas de Castilla y León, por un lado, una única estructura funcional para los presupuestos de gastos de las universidades públicas de Castilla y León; y, por otro, desarrollar, con un mayor nivel de detalle, la estructura de la clasificación económica de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, a efectos de que esta recoja, con un mayor nivel de desarrollo, todos los ingresos y gastos de los presupuestos de las instituciones universitarias. De esta forma se conseguiría una mayor homogeneidad de las estructuras presupuestarias de las universidades públicas de Castilla y León, y se facilitaría su control y análisis.

Quinta. La Universidad de Valladolid debería aprobar sus presupuestos con anterioridad al comienzo del ejercicio en el que serán de aplicación, ya que el retraso en su aprobación imposibilita su utilización como instrumento de programación y disciplina de la gestión, a la vez que desvirtúa su utilidad como instrumento de programación de la actividad económico-financiera. Para facilitar esta tarea, a efectos de que las universidades puedan estimar mejor sus previsiones de ingresos, la Comunidad Autónoma, en ausencia del contrato-programa, debería comunicar a la universidad, con la antelación suficiente, la cantidad total a percibir para el ejercicio siguiente.

Sexto. Las Cortes de Castilla y León, en desarrollo de la iniciativa legislativa del Artículo 87.2 de la Constitución Española y del Artículo 24.6 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, deberían adoptar las medidas que se consideren más adecuadas para que por parte de las Cortes Generales se modifique la Ley Orgánica de Universidades, a efectos de: ampliar el concepto de fundación, empresas u otras personas jurídicas similares dependientes de las universidades, en las que además de tenerse en cuenta la participación mayoritaria en el capital social o fondo patrimonial equivalente, se tengan en cuenta otros parámetros como el control o dominio efectivo del patronato o junta general y la financiación mayoritaria por parte de la universidad; instar la aprobación conjunta por el Consejo Social de los presupuestos de las fundaciones, empresas u otras personas jurídicas similares vinculadas o dependientes de las universidades, de esta forma los ámbitos subjetivos e institucionales de presupuestos y cuentas anuales de las universidades a aprobar por los consejos sociales serían los mismos; además, la propia universidad, en el marco de su autonomía de organización y económico-financiera, debería introducir esas mismas modificaciones en sus estatutos o en sus normas de gestión presupuestaria.

Séptimo. La Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Hacienda, debería establecer normas a efectos de que los presupuestos de las universidades se consolidasen con los presupuestos de las fundaciones, empresas o cualquier otra persona jurídica similar vinculada o dependiente de las mismas. De esta forma el Consejo Social en el momento de proceder a la aprobación de los presupuestos podría conocer con exactitud la totalidad de los ingresos y gastos que se derivan de las actividades no universitarias de educación o investigación.

Octavo. Considerando que, de acuerdo con la nueva normativa de estabilidad presupuestaria, las Cortes de Castilla y León deben aprobar el límite de gasto no financiero de la Comunidad Autónoma en términos SEC-95, con carácter previo a la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad, que además las universidades y sus entidades vinculadas y dependientes se integran en el subsector de Comunidades Autónomas del SEC-95, y que, por consiguiente, es conveniente que las Cortes de Castilla y León puedan verificar el cumplimiento de ese límite al finalizar el ejercicio, deberían efectuarse las modificaciones normativas que sean necesarias para que los presupuestos y las cuentas anuales de las universidades y los de sus entidades vinculadas o dependientes se remitan a las Cortes de Castilla y León a efectos informativos. De esta forma, además, se daría cumplimiento al principio de transparencia de la Ley Orgánica de la Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera, que exige que los presupuestos y las cuentas generales de las Comunidades Autónomas integren información sobre todos los sujetos y entidades incluidas en el subsector de Comunidades Autónomas del SEC-95.

Noveno. La universidad debería establecer criterios para la calificación de los derechos de cobro presupuestarios y no presupuestarios como de dudoso cobro, teniendo como referencia, entre otros parámetros, la antigüedad de los créditos, su importe, la naturaleza de las operaciones de las que deriven o el porcentaje de recaudación en plazo. De esta forma, por un lado, se cumpliría con el principio de prudencia del Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León, y, por otro, se garantizaría que el remanente de tesorería utilizado por la universidad para financiar los presupuestos y modificaciones presupuestarias del ejercicio siguiente recogiesen de una forma más precisa los recursos que verdaderamente se encuadran... se encuentran disponibles para ser empleados con esa finalidad.

Décimo. A efectos de evitar una posible limitación de la autonomía económica-financiera de las universidades, las Cortes de Castilla y León deberían valorar la posibilidad de modificar la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad para dotarla de una mayor coherencia con la normativa orgánica y básica de la Ley Orgánica de Universidades. Para ello, deberían suprimirse las universidades y sus entidades dependientes del ámbito subjetivo de la ley, y, de otra, sus cuentas anuales deberían excluirse de la Cuenta General de la Comunidad. De esta forma, se evitaría la doble rendición, directa e indirecta, ante el Consejo de Cuentas de las cuentas anuales de las universidades y sus entidades dependientes.

Undécima. La Intervención General de la Administración de la Comunidad debería elaborar un nuevo Plan General de Contabilidad Pública para la Comunidad de Castilla y León adaptado al Plan General de Contabilidad Estatal, aprobado mediante la Orden 1307/2010, de trece de abril, considerando que se trata de un plan marco para todas las Administraciones Públicas y el tiempo transcurrido desde la aprobación de aquel. A continuación, una vez aprobado este nuevo plan, debería plantearse si este va a ser directamente aplicable a las universidades públicas, o, en su caso, la necesidad de establecer una adaptación sectorial para las mismas. Además, debería eliminarse la Disposición Transitoria Primera de la Ley de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad, ya que, considerando el tiempo transcurrido desde su redacción inicial, no parece tener sentido que continúen manteniéndose indefinidamente. En el caso de que optase por que el nuevo plan fuera directamente aplicable, debería incluirse a las universidades dentro del ámbito subjetivo de la Orden en la que se apruebe el nuevo plan. Al mismo tiempo, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como Administración que ostenta la tutela financiera y con fundamento en la norma que impone que el sistema contable y las cuentas anuales de las universidades públicas deben de adaptarse a la normativa autonómica, de acuerdo con el Artículo 82 de la Ley Orgánica de Universidades, debería, en colaboración con ellas, adoptar las medidas pertinentes para la implantación en las mismas del Sistema de Información Contable de la Comunidad de Castilla y León.

Duodécima. La universidad, además de formular y aprobar individualmente las cuentas anuales de la misma y las de sus entidades vinculadas o dependientes, debería formular y aprobar las cuentas consolidadas del grupo con el que forma una unidad de decisión, ya que de esta forma se mostrarían de forma conjunta las actividades desarrolladas por la universidad, tanto directamente como de forma indirecta, por medio de entidades creadas con el fin de cooperar con ellas en el cumplimiento de sus fines. A estos efectos, la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Hacienda, debería emitir normas expresas que regulen la obligación y los procedimientos a utilizar para que cada una de las universidades públicas formulen y aprueben esas cuentas consolidadas, y para que estas se rindan posteriormente de forma directa al Consejo de Cuentas de Castilla y León.

Decimotercera. La universidad, en el ejercicio de su autonomía, reconocida en el Artículo 2.2 e) de la Ley Orgánica de Universidades, y en cumplimiento del Artículo 32 de la Ley de Ciencia y Tecnología, debería establecer la distribución de la dedicación del personal docente e investigador a su servicio en cada una de las funciones propias de la universidad, establecida en la citada ley orgánica. A estos efectos, y para el personal con dedicación a tiempo completo, en vez de disminuir la carga docente en función de la actividad dedicada por el profesorado a otras actividades docentes, investigadoras y de gestión universitaria, que es lo que actualmente realiza la universidad al calcular la capacidad docente efectiva, debería disminuir la dedicación en esas actividades de la jornada semanal obligatoria de treinta y siete horas y media, y el resto asignarse a docencia, respetando los límites máximos y mínimos de docencia fijados como referencia en el Artículo 68, modificado por el Real Decreto-ley 14/2012.

Decimocuarta. La universidad debería externalizar los compromisos por pensiones asumidos en convenio colectivo con su personal de administración y servicios, y personal docente e investigación laboral, y con su personal de administración y servicios y personal docente e investigación funcionario, por acuerdo del Consejo de Gobierno, mediante contratos de seguro, planes de pensiones o una combinación de ambos, ya que, por un lado, se distribuiría presupuestariamente su coste durante los años en que se prestan los servicios por los trabajadores, evitando que se aplique en su totalidad al presupuesto del año en que se abonen los compromisos, y, por otro, se podría verificar el respeto de los límites establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro. Además, de esta forma se trasladaría la gestión de los recursos a entidades especializadas en la gestión e inversiones financieras, entidades gestoras de fondos de pensiones y entidades aseguradoras, lo que redundaría en última instancia en un menor coste para la universidad a la hora de financiar y atender sus compromisos por pensiones.

Decimoquinta. La Dirección General de Presupuestos y Estadística debería introducir las siguientes modificaciones en las resoluciones por las que se establecen los códigos de ingresos y gastos que definen la estructura económica de los Presupuestos de la Comunidad:

Los gastos que se derivan de la investigación realizada por las universidades, y que presupuestariamente se reflejan en el Capítulo VI del presupuesto de gastos, Artículo 69, deberían distribuirse presupuestariamente entre los distintos capítulos del presupuesto de gastos, ya que, desde un punto de vista estrictamente económico, la mayor parte de los mismos no pueden considerarse como una inversión. Además, de esta forma se conseguiría una mayor coherencia con la contabilidad económico-financiera, así como una mayor representatividad de los resultados por operaciones corrientes y de capital.

En coherencia con lo anterior, los ingresos por subvenciones destinados a financiar proyectos de investigación deberían reflejarse en el Capítulo IV, Transferencias Corrientes, del presupuesto de gastos, en lugar del Capítulo VII, Transferencias de Capital.

Recoger en el Artículo 32 "Otros ingresos procedentes de prestación de servicios" en el Subconcepto 327.09, "Otros ingresos procedentes de prestación de servicios"; o en uno específicamente habilitado a tal fin los ingresos recogidos en el Concepto 318, "Matrículas, expedición de títulos y otros servicios administrativos referidos a enseñanzas universitarias propias", ya que estos ingresos no tienen el carácter de precios públicos, sino el de precios privados, en la medida en que su fijación corresponde al Consejo Social, ya que el servicio prestado no es un servicio público, sino que se caracteriza por hallarse desprovisto de ese carácter por no responder a una finalidad legalmente tasada, y porque el servicio o actividad lo presta o lo puede prestar el sector privado.

Decimosexta. La universidad debería adecuar su oferta a la demanda social de la enseñanza mediante la asignación eficiente de los recursos docentes, ajustando su capacidad productiva a la realidad de su demanda y de su capacidad financiera.

Decimoséptima. Se debería implantar un sistema de contabilidad analítica que permita determinar los costes de las distintas actividades realizadas por la universidad como soporte necesario para la toma de decisiones.

Opinión.

Los trabajos de fiscalización llevados a cabo por el Consejo de Cuentas de Castilla y León han constatado, a efectos de este informe y teniendo en cuenta los objetivos, el alcance del mismo y las limitaciones encontradas, lo siguiente:

La universidad no cumple la normativa para la igualdad efectiva de hombres y mujeres en lo concerniente a la composición de los órganos colegiados de carácter general, ni tampoco en lo relativo al desarrollo de las unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

La única entidad con personalidad jurídica propia y presupuesto independiente en la que la universidad participaba en más de un 50 % en su dotación fundacional al finalizar el ejercicio dos mil doce era la Fundación General de la Universidad de Valladolid. No obstante, la Fundación Parque Científico de la Universidad de Valladolid, a pesar de que el porcentaje de participación de la institución universitaria en la dotación fundacional solo alcanza el 33,33 %, estaba controlada de manera mayoritaria por la propia universidad, ya que la mayoría de los miembros del Patronato eran designados por órganos dependientes de la misma, y, además, desarrolla actividades que son competencia de la propia universidad, al centrarse fundamentalmente a promover la investigación, facilitar el contacto universidad-empresa y la difusión de los resultados de la investigación universitaria en la sociedad. No se dispone, además, de ningún tipo de información acerca de las 12 empresas de base tecnológica participadas por la universidad a través de la Fundación Parque Científico.

La dependencia de la Gerencia, orgánica y funcional, del Servicio de Control Interno incumple lo establecido en los Artículos 14 y 82 de la Ley Orgánica de Universidades, que atribuyen al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico-financiera de la universidad. Además, en general, las funciones, competencias y procedimientos aplicados por el Servicio de Control Interno no son suficientes para garantizar una correcta gestión de las actividades desarrolladas por el mismo.

La gestión económico-financiera desarrollada por la universidad en relación con la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto de la universidad para el ejercicio dos mil doce se desarrolla, con carácter general, con arreglo a la legalidad aplicable, excepto por la salvedades referidas en el apartado IV.2 del informe (conclusiones 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 y 29).

La eficiencia y economía de la Universidad de Valladolid en la gestión de los recursos públicos relacionados con las áreas de personal, investigación, docencia y costes de la misma se encuentra condicionada por las salvedades recogidas en los apartados IV.3 y IV.4 del informe (conclusiones 30, 32, 35, 36, 37, 42, 44, 45 y 49).

La Universidad de Valladolid no había implantado un sistema de contabilidad analítica en los ejercicios fiscalizados que facilite una adecuada asignación de los costes.

Otras consideraciones.

Como hemos expuesto al principio de este informe, esta fiscalización es consecuencia de la colaboración existente entre el Tribunal de Cuentas y este Consejo de Cuentas, al igual que ha sucedido con la inmensa mayoría de los OCEX de España. Creo, muy sinceramente, que es una práctica muy aconsejable y que permite disponer de una visión de conjunto sobre algunas actividades del sector público que es preciso conocer en clave nacional. En esta misma línea, con ocasión de la reunión que celebramos los OCEX en Palencia, el pasado mes de febrero, bajo la Presidencia del Tribunal de Cuentas, se ha llegado a la conclusión que era deseable efectuar otra fiscalización en colaboración relativa a las encomiendas de gestión, y que es nuestro deseo incorporar al Plan Anual de Fiscalizaciones correspondiente al año dos mil quince, a cuyo fin se está trabajando coordinadamente para disponer de unas directrices de fiscalización homogéneas.

En próximas semanas remitiremos a este Parlamento, y por este orden, los informes de fiscalización de las Universidades de León, Salamanca y Burgos. No obstante, hemos pensado, en el seno del Consejo de Cuentas, que, para culminar este trabajo, sería deseable tener un informe comparativo de las universidades de Castilla y León que ofreciera a los poderes públicos y a los ciudadanos una visión de conjunto y que podría ser realizado con gran prontitud, partiendo de los datos de los que disponemos, con las actualizaciones que procedan, por lo cual sería otra de las propuestas para el Plan Anual de Fiscalizaciones del año dos mil quince. Entiendo que es nuestra obligación -como ya he manifestado en otras ocasiones ante esta Comisión de Hacienda- dar un buen servicio a la sociedad de Castilla y León, ser útil a sus ciudadanos y contribuir a la mejora de la gestión económico-financiera de la Comunidad de Castilla y León. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Se abre ahora un turno de intervenciones de los Grupos Parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, el Procurador señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Gracias, señor Presidente. No puedo empezar, lógicamente, mi intervención sin felicitar, una vez más, en nombre de mi Grupo, el trabajo del Consejo de Cuentas, y agradecer su presencia en el día de hoy y su permanente compromiso con la obligación que asumieron al estar en dicho Consejo.

Ni un solo aspecto ha quedado sin reflejar en el informe que hoy se nos ha dado a conocer sobre la fiscalización de la Universidad de Valladolid en el ejercicio dos mil doce. Desde su inicio, y siguiendo el esquema de la organización, la actividad económica y financiera, la gestión, los costes, son perfectamente analizados por el Consejo de Cuentas.

Y, en primer lugar, lo que manifiesta de la lectura de este informe es el viejo problema de la falta de un marco bien definido por parte de la Junta de Castilla y León que ordene, que ponga en orden, la elaboración por parte de las universidades públicas de las programaciones plurianuales. A esto se le añade -y no podemos dejar de aludir a ello, no puedo dejar de aludir a ello- un continuo recorte presupuestario desde el inicio de la crisis, que ha hecho sino crecer, a partir precisamente del año de la fiscalización, del año dos mil doce, y la voluntaria postergación de la firma de un nuevo contrato-programa sobre financiación universitaria, una vez caducado el contrato dos mil siete-dos mil diez. Es decir, que en lo relativo a la financiación se opera a salto de mata, y no por parte de la universidad, que no hace otra cosa que gestionar los escasos recursos que ha ido recibiendo. De ahí que el Consejo Social de la Universidad de Valladolid haya incumplido su deber de presentar una programación plurianual.

En el mismo orden de cosas, es de señalar que la elaboración del Presupuesto de la Comunidad de Castilla y León no recoge un programa concreto para gastos universitarios derivados de actividades y de servicios, ni tampoco otro de forma específica para la investigación científica realizada en la universidad, que debiera ser claramente uno de los elementos clave del futuro de Castilla y León. Todo ello condiciona el cumplimiento del llamado Plan Estratégico, válido para el periodo dos mil ocho-dos mil catorce, razón por la que la universidad elaboró unas directrices generales de política docente e investigadora. Pero tampoco esas directrices se salvan del impasse que viene derivado de los recortes presupuestarios y de la duda permanente sobre los ingresos provenientes de la Comunidad, de la Junta de Castilla y León.

Estos recortes han venido influyendo en la... en la rápida merma de recursos humanos. Hace dos años, en dos mil doce, el personal docente e investigador con carácter funcionario se recortó en un tres... un 3 %, y el personal docente e investigador laboral cayó casi en un 31 %; el total de la plantilla de recursos humanos de la Universidad de Valladolid decreció un 16 % con respecto al ejercicio anterior. Se supone que en el año dos mil trece ese proceso haya sufrido una aceleración absolutamente desastrosa, no para los intereses de los empleados de la universidad, sino para los intereses de la comunidad educativa que forma parte de la Universidad de Valladolid y para los intereses de Castilla y León.

Señor Presidente, con estas premisas del austericidio en marcha, no es extraño que el cúmulo de incumplimientos y deficiencias recogido por su excelente fiscalización no haya hecho otra cosa que consolidarse y que ampliarse.

A partir de la falta de igualdad de género en los órganos, las más de 50 anomalías que recoge el informe habla a las claras sobre los arraigados modos de desidia que rigen desde antiguo en nuestra Administración, para lo cual, por desgracia, es una seña de identidad saltarse las propias leyes a voluntad. Que esto sea un acontecer también -como se ve en el informe- en el ámbito universitario, que debiera ser un espacio y una institución cuidadosa con la imagen... con su imagen modélica para la sociedad, forma parte no de esa castiza idiosincrasia de la que se nos viene hablando permanentemente, sino de un hábito de falta de... de cumplimiento de la legalidad y de hábito de encuadrarse en un marco administrativo perfectamente definido.

Por mi parte, nada más, señor Presidente. Agradecer su informe, y sí decir que espero que algunos no utilicen este informe para pedir más recortes a la universidad. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor González Suárez. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el Procurador señor Pablos Romo.

EL SEÑOR PABLOS ROMO:

Gracias, Presidente. Señorías. Deseo, en primer lugar, en nombre de nuestro Grupo, agradecer también la presencia en esta Comisión del Presidente del Consejo de Cuentas, del señor Encabo Terry, y también del resto del personal que le acompaña, como agradecer su trabajo.

Corresponde hoy analizar el informe de fiscalización de la Universidad de Valladolid del año dos mil doce, un año que pasará a la historia negra de las universidades públicas, porque el Boletín Oficial del Estado publicó el veintiuno de abril de ese año el Real Decreto-ley 14/2012, de veinte de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Un real decreto-ley del Gobierno de España, elaborado sin ningún consenso con las Comunidades Autónomas que tienen competencias en materia de educación, y cuyas consecuencias se refieren palmariamente en el informe que hoy analizamos.

Así, este cambio legislativo recomendó a las Comunidades Autónomas elevar las tasas universitarias, estableciendo en su Artículo 5, apartado 2, lo siguiente: que, en las enseñanzas de grado, los precios públicos cubrirán entre el 15 % y el 25 % de los costes en primera matrícula, entre el 30 % y el 40 en segunda, entre el 65 y el 75 en tercera y entre el 90 y el 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. Nuestra Comunidad Autónoma fue alumna aventajada ante esta recomendación, y elevó de forma absolutamente abusiva las tasas de matrícula universitaria, hasta situarlas en las terceras más elevadas de España para el curso dos mil doce-dos mil trece, detrás de Madrid y Cataluña, que nos superan altamente en nivel de renta. Esta subida tuvo como consecuencia que se produjera una reducción sustancial del número de créditos matriculados, al ser razonable que los estudiantes ajustasen su matrícula a aquellas asignaturas que tenían más posibilidades de aprobar, dada la carestía de las tasas a partir de la segunda.

La página 134 del informe establece claramente este hecho, ya que, de más de 1.416.000 créditos matriculados en el curso dos mil once-dos mil doce, se pasó a menos de 1.349.000 créditos matriculados en el doce-trece, con una disminución de 67.000 créditos matriculados, cercana al 5 %, mientras el número de estudiantes se redujo menos de un 2 %, como puede comprobarse en la página 176 del informe. Todo esto tiene como consecuencia una disminución de los ingresos para la Universidad de Valladolid y dificultades añadidas para cuadrar sus presupuestos.

Asimismo, en el año dos mil doce el Gobierno de España también impuso una tasa de reposición del 10% en el personal docente e investigador y del 0 % en el personal de administración y servicios de las universidades públicas. Además, prácticamente se imposibilitó la renovación de los contratos temporales que finalizaban, con un impacto absolutamente negativo en las plantillas de personal en este periodo -ha hecho referencia a eso el señor Encabo-, dado que esta injusta tasa de reposición aún continúa vigente en sus mismos términos.

Estas medidas tienen una repercusión importante en el profesorado de la Universidad de Valladolid –se han dado aquí las cifras-, que se visualiza en la página 173 del informe, en el análisis de los créditos impartidos por la universidad -algo que, claramente, es proporcional a la plantilla docente-: se pasó de impartir 39.283 créditos en el curso dos mil once-dos mil doce a 35.361 en el curso doce-trece, con una disminución de más del 10 %, algo que en nada contribuye a mejorar la calidad de la docencia.

Y si el impacto está siendo muy relevante en el ámbito docente, no menos lo está siendo en el ámbito del personal de administración y servicios. Como muestra de las consecuencias de este hecho está la conclusión cuarta del informe, que pone de manifiesto que los medios materiales y humanos destinados al servicio de control interno son insuficientes. Esta insuficiencia es prácticamente imposible de ser solventada con la normativa impuesta por el Gobierno de España, salvo que sea a costa de dejar en una situación de precariedad otros servicios universitarios.

En otro orden de cosas, en el año dos mil doce la investigación dejó de ser prioritaria para el Gobierno de España y los recortes de las Comunidades Autónomas también se cebaron con ella. Todos los indicadores que se encuentran entre las páginas 139 y 142, con excepción del personal de investigación Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, y los becarios FPU y FPI, que se incorporaron en el año dos mil doce fruto de las convocatorias del año dos mil once, muestran esa grave realidad para la investigación en nuestras universidades.

De este modo, el número de becarios y personal contratado con cargo a proyectos de investigación, convenios y contratos del Artículo 83 de la LOU se redujo de 186 en dos mil once a 142 en dos mil doce. Los contratados por la Fundación General de la Universidad de Valladolid bajaron de 159 en dos mil once a 127 en dos mil doce. Y los que fueron contratados por la Fundación del Parque Científico de la Universidad de Valladolid se vieron reducidos casi a la mitad, pasaron, solo en un año, de 52 en el dos mil once a 28 en el dos mil doce. Igualmente, disminuyeron el número de contratos PIRTU de la Junta de Castilla y León, de incorporación de recientes titulados universitarios, y pasaron de 60 en el dos mil once a 47 en el dos mil doce.

Desde el punto de vista de la actividad económico-financiera, compartimos la relevancia de la conclusión número 7 del informe, que muestra las dificultades que para las universidades públicas de la Comunidad Autónoma significó la desaparición de los programas-contrato, que garantizaban certidumbres de financiación a nuestro sistema universitario público. Por ello, apoyamos totalmente la recomendación segunda del informe, que, en cumplimiento de la normativa en vigor, insta a la Junta de Castilla y León a la recuperación de estos programas-contrato. De hecho, apoyaremos todas salvo la 13, a la que haré alguna referencia en la segunda intervención.

Junto a esta fotografía de las negativas consecuencias de las decisiones en materia de universidad e investigación del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León, el Grupo Socialista desea resaltar que la gestión económica realizada por la Universidad de Valladolid en el año dos mil doce merece una alta calificación, más allá de las consideraciones hechas. Aunque sí deseamos que se adopten las medidas necesarias, si no se han hecho en estos dos últimos años, para que se subsane el incumplimiento de la normativa en vigor en materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres detectado en el informe.

Para acabar esta intervención haremos referencia a uno de los temas que se ha convertido en los últimos años en un mantra de quienes se dedican a desprestigiar a las universidades públicas, el que consideran "coste excesivo de cada titulado". La última de las conclusiones del informe, la número 52 -también ha hecho referencia exactamente a ella el señor Encabo esta mañana-, dice textualmente: "El coste de un alumno equivalente en dos mil doce oscila entre los 5.577 euros del de Ciencias Sociales y Jurídicas y los 16.125 euros del de Ciencias. Por su parte, el coste de un graduado oscila, en dos mil doce, entre los 63.353 euros de Ciencias Sociales y Jurídicas y los 209.705 euros de Ciencias". Apartado tercero, IV.4. Prácticamente el mismo texto es el último párrafo de la nota resumen emitida desde el Consejo de Cuentas el pasado dieciséis de junio, relativa a la... esta fiscalización de la Universidad de Valladolid en el año dos mil doce. A este Grupo le sorprende que la universidad fiscalizada no presentase alegaciones respecto a esta conclusión.

A primera vista, llama la atención sobremanera que el coste de un graduado, cuando la mayoría de los grados que se imparten en sus universidades es de cuatro años, sea, aproximadamente, doce veces el coste anual por estudiante de cada titulación. Es verdad que el coste por graduado siempre es superior al resultado de multiplicar el coste de cada titulación por estudiante al año por el número de años de duración de cada grado, porque hay estudiantes que tardan más tiempo en finalizar sus estudios, y también en el coste se debe incorporar el de aquellos estudiantes que abandonaron los estudios sin finalizarlos.

Si se considera que el coste medio de un graduado es el cociente entre el coste total de la titulación en un año fijo y el número de estudiantes que se gradúan ese año, que puede ser un criterio razonable, los datos que incorpora el informe de fiscalización son los siguientes:

En la página 184, aunque en numerosas ocasiones a lo largo del informe se hace referencia a la ausencia de una contabilidad analítica –que es verdad-, se consigue distribuir el coste de la enseñanza oficial de la Universidad de Valladolid en el año dos mil doce del siguiente modo entre las diferentes ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, 20.603.778 euros; Ciencias, 13.915.790 euros; Ciencias de la Salud, 21.884.544 euros; Ciencias Sociales y Jurídicas, 65.964.438 euros; e Ingeniería y Arquitectura, 51.050.437 euros.

Además, en la página 179 se recogen los datos sobre el número de graduados por cada rama de conocimiento, que son los siguientes: Artes y Humanidades, 281; Ciencias, 144; Ciencias de la Salud, 298; Ciencias Sociales y Jurídicas, 2.448; Ingeniería y Arquitectura, 1.221.

Por tanto, los datos que se recogen en el informe pueden deducirse... de estos datos se puede deducir que el coste por estudiante graduado en cada rama de conocimiento ese año es: Artes y Humanidades, 73.323; Ciencias, 96.637; Ciencias de la Salud, 73.438; Ciencias Sociales y Jurídicas, 26.946; Ingeniería y Arquitectura, 41.810 euros.

Comparando estos datos con los establecidos en la página 186 del informe, existe una gran discordancia entre los mismos: 73.323 euros es mucho menos que 140.482 euros que se incorporan en el informe; 96.637 es menos de la mitad que los 209.750 por cada graduado en Ciencias, 73.438 es muy inferior a 132.459 euros de coste por graduado en Ciencias de la Salud; 26.946 euros es mucho menos que 63.353 por cada graduado en Ciencias Sociales y Jurídicas; y 41.810 euros es poco más de un tercio de los 114.473 que el informe establece como coste de un graduado en Ingeniería y Arquitectura.

Esta no es una cuestión menor, y conviene que sea aclarada, a ser posible hoy. La discordancia entre los datos, pero fundamentalmente con el sentido común, ¿cómo va a ser el coste de un graduado doce veces el coste de un estudiante por año? Merece una explicación sobre la metodología aplicada, la corrección de la misma, y en caso de ser fruto de un error –o no-, una rectificación, porque los ciudadanos merecen una explicación adecuada de a qué destinamos sus impuestos, que al día de hoy financian mayoritariamente nuestra universidad pública, y nuestro Grupo está, por cierto, de acuerdo con ello.

Esperemos, señor Encabo, que esto sea posible, y le reiteramos de nuevo nuestro agradecimiento por su presencia y sus explicaciones.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Pablos. Para concluir este primer turno de intervenciones, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, Presidente. Sean mis primeras palabras para dar la bienvenida al Presidente del Consejo de Cuentas, así como al resto de los miembros del Consejo de Cuentas que le acompañan y al personal técnico que le acompaña en la mañana de hoy. Volver a poner de manifiesto el esfuerzo del Consejo de Cuentas y de esta Comisión para agilizar la tramitación de los expedientes que van y de los informes de fiscalización. Creo que esta Comisión, en unas fechas poco habituales, pone claramente de manifiesto ese esfuerzo.

Y, centrándome ya en lo que es el informe de fiscalización –yo sí voy a centrarme en el informe de fiscalización, no en las medidas del Decreto 14/2012, que se han centrado prácticamente los Portavoces que me han intervenido... me han precedido en el uso de la palabra-, este informe viene motivado –como ha explicado perfectamente el Presidente del Consejo- por la colaboración entre el Consejo de Cuentas y el Tribunal de Cuentas. Lo puso de manifiesto en el Plan Anual de Fiscalizaciones del dos mil trece, y se compone de tres partes, tres partes: la organización administrativa, la actividad económico-financiera y la gestión de la Universidad de Valladolid.

Quiero poner de manifiesto mi felicitación por lo que ha manifestado el Presidente del Consejo de Cuentas respecto a la posibilidad de establecer en el ejercicio dos mil quince una comparativa de las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Creo que sería en ámbito... un ámbito importante para establecer realmente las diferencias en la gestión de los recursos públicos, la eficiencia, el análisis de los ratios, que algunas cifras –como ha puesto de manifiesto, desde luego, el Portavoz del Grupo Socialista- son preocupantes. Es posible que pueda aclarar ese hecho del coste –que a mí me ha sorprendido- de 209.000 euros en algunas titulaciones, creo que pueda estar motivado porque hay titulaciones en las que la duración de la titulación se va muy muy por encima de... de la media. La media de las titulaciones de grado no son cuatro... de cuatro años se va a seis, y las titulaciones superiores de cinco se va a siete, y es posible que pueda ser... de hecho, pero sí sería bueno que se justificase porque, desde luego, desde luego, esas cifras son, desde luego, bastante alarmantes. Y sí sería positivo establecer la comparativa, en aras a esa eficiencia, de las universidades públicas de Castilla y León.

Creo, además, que se han puesto de manifiesto, respecto al ámbito de la organización administrativa, tres consideraciones importantes: la primera –que me parece menor pero que sí es significativa-, que no se cumpla en el ámbito de los órganos colegiados de la universidad con la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, con un ratio excesivamente... poderosamente la atención que no se cumpla ese 60/40 en los órganos colegiados de la universidad; concretamente, en el Claustro o en algunos de los órganos colegiados se pone claramente de manifiesto en el informe y sí llama poderosamente la atención.

Hay un aspecto creo que fundamental en este ámbito que usted ha vuelto a poner de manifiesto y que ninguno de los Portavoces ha... ha hecho referencia a él, y que ya lo vimos también en el último informe de fiscalización respecto a la universidad pública -a la Universidad de Salamanca, creo recordar del ejercicio dos mil nueve-: es la ausencia de personal, de control interno y de actividad económico-financiera en el ámbito de las universidades. Este es un hecho que se repite una vez más. Aquí usted ha puesto de manifiesto que en el ámbito del control interno solo hay dos personas destinadas y vinculadas a la Gerencia de la Universidad, lo que parece un personal muy insuficiente dado el volumen de recursos públicos que gestionan las universidades públicas.

Es cierto que el dato es más significativo en este informe que en el que se presentó aquí con motivo de la gestión y fiscalización de la Universidad de Salamanca en el dos mil nueve, donde había un mayor número de personas destinadas a este control interno de la actividad económico-financiera y vinculadas a la Gerencia, pero es un dato bastante significativo. Al igual que sucede el papel que tiene el Consejo Social en el seno de las universidades públicas de Castilla y León que empieza a ser ya preocupante, porque se reiteran las mismas consideraciones prácticamente que se vieron en aquel informe de la Universidad de Salamanca, donde el papel del Consejo Social... y hay datos significativos en este un... este informe de la Universidad de Valladolid, por ejemplo, algunas modificaciones presupuestarias se aprueban un año después de haber sido tramitadas las modificaciones presupuestarias de forma definitiva.

O, por ejemplo, el hecho... que es curioso que se plantee, y es cierto que ha habido una modificación de ese programa-contrato, pero hay que tener en cuenta que en el periodo dos mil once hemos vivido un periodo de crisis y que, incluso, aquí ha habido una modificación sustancial, porque ha habido que modificar los objetivos de déficit continuamente, y la Junta de Castilla y León no le ha permitido llevar a cabo ese control y ese esfuerzo en la consolidación fiscal, ese contrato-programa con las universidades públicas de Castilla y León, pero manifestando que están perfectamente financiadas.

Y quiero hacer referencia a ello porque es algo importante. El Consejo Social tiene un papel fundamental y en... parece que su papel en el ámbito de la... del control económico, y también de las inversiones, queda un poco desmarcado de la realidad diaria en la gestión de las universidades públicas.

Y hay un hecho también importante. El hecho de que se pida conocimiento de la... de la financiación, y un hecho que nadie ha puesto de manifiesto aquí, que es que la Universidad de Valladolid aprobó el presupuesto del ejercicio dos mil doce en noviembre, y que además lo hace de forma reiterada, porque pone de manifiesto el Consejo de Cuentas que lo ha hecho así en los últimos nueve años y ha habido una prórroga. Es decir, por un lado, los Portavoces de los Grupos están planteando que se comunique mucho antes los recursos que van a tener, pero luego la gestión presupuestaria, que es autónoma, de las universidades públicas pone de manifiesto que esta se desarrolla prácticamente al final del ejercicio, lo que, de verdad, parece un poco contradictorio.

Creo además que hay que decir que en esa ejecución presupuestaria en la Universidad de Salamanca y en el ámbito de la actividad económica-financiera hay una buena ejecución presupuestaria, porque el ratio de ejecución presupuestaria se sitúa por encima del 80 % -concretamente en el 83,6 %-, pero también llama poderosamente la atención cómo se ha puesto... nos ha puesto de manifiesto que la ejecución, por ejemplo, en el Capítulo VI es bastante baja; no supera el 50 % de los créditos del presupuesto de la universidad.

Y los Portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, efectivamente, han centrado su intervención en las... en las consecuencias del Real Decreto 14/2012, en materia de educación, que han puesto de manifiesto un hecho importante, y que el informe de fiscalización del Consejo así lo ha... lo ha puesto de... de relevancia, es el hecho de la disminución en materia de personal docente, que, efectivamente, pasamos de las 3.261 personas en total –de las que un 70 % son personal docente- y que se ha producido concretamente una modificación de más de un 15 % del personal –toda ella en el personal docente, no en el personal de administración y servicios- y que, concretamente, se centró en este ejercicio dos mil doce, por las medidas, obviamente, del decreto.

Pero creo que han pasado por delante un hecho fundamental, que es que el Consejo de Cuentas habla del sobredimensionamiento del personal docente en la Universidad de Valladolid, y lo dice claramente, y en algunas titulaciones lo ha hecho específica... específicamente en tres ramas: en Arte y Humanidades, en Arquitectura y en Ciencias e Innovación. Así lo ha puesto de manifiesto el propio informe del Consejo de Cuentas.

Y yo quiero manifestar una cuestión. Desde luego, en este periodo de tiempo y estas medidas que se han adoptado –medidas de ajustes, medidas de recorte de gasto-, desde luego no han sido medidas caprichosas. Porque aquí es muy fácil venir a decir cuánto han recortado, cuánto han ajustado, pero es que, Señorías, es que la prioridad, efectivamente –lo decía antes el Portavoz del Grupo Socialista-, en el año dos mil doce, en España no era la investigación; la prioridad del Gobierno de España en dos mil doce era evitar el rescate de la economía española. Esa era la prioridad. Y, desde luego, ha habido que hacer ajustes, y estamos ya en una modificación económica que implementa ya la posibilidad de crecimiento económico y recuperación del empleo, pero, desde luego, la prioridad en ese ejercicio dos mil doce, señor Pablos Romo, era evitar el rescate de España; esa era la prioridad del Gobierno de España, y esa era la prioridad, que se consiguió. Y desde luego que hubo que hacer ajustes, pero, desde luego, quiero manifestar que las universidades públicas de Castilla y León gozan de calidad. Hay aspectos mejorables y algunas de las recomendaciones que ha planteado el Consejo de Cuentas serán objeto de propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular, pero no tenemos que olvidar en qué situación partíamos en este ejercicio dos mil doce, y creo que la prioridad está perfectamente determinada.

Y considerar algún aspecto. Ese sobredimensionamiento del personal también se puso de manifiesto en el informe de la Universidad de Salamanca, y ese informe era del año dos mil nueve; este es del año dos mil doce, ha habido una reducción de personal y se habla de sobredimensionamiento.

Y al final lo que estamos hablando es de la gestión de los recursos públicos, y, en definitiva, hay aspectos mejorables, y desde luego uno, para mí fundamental, es una mejora del control financiero de las universidades públicas –lo ha puesto de manifiesto todos los informes del Consejo de Cuentas-. Sería bueno que aclarase realmente si esos datos de coste por titulación que se han puesto de manifiesto, y en el que el Portavoz del Grupo Socialista ha explicado –y es verdad- que parecen bastante elevados, pero también quiero plantear que esa comparativa nos va a determinar, entre las universidades públicas, la gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos, y sería importante analizar datos como el ratio –que he puesto antes de referencia- de coste/titulación, el ratio de... de aportación del alumno al coste real de las titulaciones universitarias, a pesar de la subida de tasas, y el esfuerzo que el conjunto de la ciudadanía está haciendo en la universidad y en el ámbito educativo para mantener una educación de calidad; porque, en definitiva, las universidades y la educación la estamos financiando entre todos, y es necesario... y nosotros también apostamos por una universidad pública de calidad, desde luego, pero tenemos que tener en consideración la situación económica en la que se encontraba en el año dos mil doce este país, y que la prioridad era evitar el rescate de nuestra economía. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Para contestar a las intervenciones de los distintos Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Portavoces, pues por sus intervenciones, que comprueban y constatan pues que se han leído muy atentamente el Informe de Fiscalización de la Universidad de Valladolid que hemos examinado en la mañana de hoy. Y yo, sin... sin entrar en... en muchos detalles, porque es un... un informe tremendamente extenso y denso, sí quería hacer unas consideraciones previas.

En... en primer lugar, como he dicho a lo largo de... del informe y en distintas ocasiones, este es un informe de fiscalización que se hace en colaboración con el Tribunal de Cuentas. Y eso ¿qué quiere decir? Bueno, pues que, por ejemplo, en el caso concreto de lo que es el cálculo de costes, a los que se ha aludido por el... el Portavoz del Grupo Socialista, se hace de acuerdo con los criterios que marca el Tribunal de Cuentas, porque, como ya he expresado en mi primera intervención, hay unas directrices de fiscalización homogéneas para todas y cada una de las universidades de España, y nosotros lo que hemos hecho, de acuerdo con ese criterio de colaboración y que se marcan esas directrices por el Tribunal de Cuentas, que, como dije, se aprobaron en el mes de febrero o marzo del año dos mil trece, nosotros aplicamos esos mismos criterios metodológicos por el Tribunal de Cuentas.

Por lo tanto, sin perjuicio... y tiene el Portavoz del Grupo Socialista, pues el compromiso del Presidente de verificar todos y cada uno de los datos que han puesto sobre la mesa en la mañana de hoy, sí le digo que no se han formulado alegaciones, pues en ese aspecto, por la Universidad de Valladolid ni se han cuestionado las cifras que nosotros hemos incorporado, pero partiendo –insisto- de la metodología marcada por el Tribunal de Cuentas. No obstante, reitero, y no hay por nuestra parte ningún compromiso, ningún problema, para comprometernos ante esta Comisión de Hacienda de efectuar las aclaraciones oportunas sobre cada uno de los aspectos que se han suscitado en su intervención; intervención que, por otro lado, sí me gustaría resaltar que es una intervención que acredita que ha... ha estudiado de una manera exhaustiva nuestro informe de fiscalización, y, en ese sentido, pues no tengo más que expresar el agradecimiento del Consejo de Cuentas, así como también en sus intervenciones de los Portavoces del... del Grupo Mixto y del Grupo Popular se ha puesto de manifiesto.

Pero hay algo que los tres han... han dejado constancia y que a mí me gustaría también incidir en la mañana de hoy, y es lo deficiente del servicio de control interno que existe en el caso concreto de la Universidad de Valladolid, y que es una constante, yo creo, en el conjunto de las universidades. Porque seamos conscientes que estamos hablando de un presupuesto de 193,6 millones de euros, que es superior, por ejemplo, al presupuesto de cualquier Ayuntamiento de nuestra Comunidad Autónoma, creo que con la excepción de Valladolid. Es superior el presupuesto de la Universidad de Valladolid a cualquier otra entidad local de nuestra Comunidad Autónoma y se gestiona todo ese gran contenido económico única y exclusivamente, pues por dos personas. En ese sentido, yo creo que es algo que igual que pusimos de manifiesto cuando estuvimos tratando aquí, en el ámbito local, la deficiencia que existía en lo que se refiere a secretarios e interventores en nuestra Comunidad y en España, pues se detecta de una manera clara y evidente esa deficiencia, desde el punto de vista de lo que es el control interno, y que, por lo tanto, muchas de la conclusiones y algunas de las recomendaciones yo creo que se podrían solventar de una manera mucho más sencilla si estuviese suficientemente dotado el servicio de control interno de la Universidad de Valladolid.

Yo con esto, si no es cuestión de entrar en otra serie de manifestaciones, como se han puesto en la mañana de hoy, en relación a... a los recortes o la caída de presupuestos, evidentemente hay una caída importante en... en los presupuestos, producto del personal, que, como ya he dicho, sobrepasan los 11 millones y medio, tanto por la supresión de la paga extra como de la no renovación de los contratos, como se pone de manifiesto, y eso ha originado, evidentemente, una importante caída del Capítulo I, en el caso concreto de la Universidad de Valladolid.

Decir que yo creo que lo que ya he anunciado en mi exposición de hacer ese quinto informe que nos permita el... el comparativo y conocer cuál es la situación de nuestras universidades de Castilla y León, va a contribuir a tener un conocimiento más exhaustivo y profundo de cómo están nuestras universidades y, en su caso, adoptar aquellas medidas oportunas y necesarias para conseguir una optimización en la gestión de estas universidades de nuestra Comunidad Autónoma.

Y con esto creo que... que he dado contestación a las cuestiones que han sido formuladas por cada uno de los intervinientes. Nada más y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. En un turno de réplica, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Gracias, señor Presidente. Más que turno de réplica, no pienso replicar al señor Presidente del Consejo de Cuentas, bastante esfuerzo hace el Consejo de Cuentas y su Presidente con esta comparecencia y con el análisis que se nos ha planteado. Pero sí aprovechar este turno de intervención para incidir en algo que venimos incidiendo permanentemente y al que él ha hecho alusión, y que yo he hecho alusión casi metafóricamente en mi intervención, cuando he hablado de los hábitos de gestión que existen en la Administración; y la universidad pública es una Administración Pública más, y tiene unas deficiencias que aquí, en esta Comisión, cada vez que existe un informe del... del Consejo de Cuentas, que se nos traslada por parte de su Presidente, ponemos sobre la mesa y revindicamos otra forma de gestión de la contabilidad de los recursos públicos y otro compromiso. Por eso yo también he aludido a la necesidad de que la Junta de Castilla y León elabore un marco, no solamente un marco contable, sino un marco de seguimiento de la normativa de la gestión de los recursos públicos, y es obligatorio que eso vaya hacia adelante. Porque yo estoy seguro que este informe de la Universidad de Valladolid no se va a diferenciar para nada de otros informes que nos van a llegar, que anuncia el señor Presidente hoy aquí, en esta Comisión, de otras universidades.

Y, ciertamente, ya veremos la preocupante diferencia, en cuanto al costo, entre diferentes titulaciones y lo elevado de los grados; que, ciertamente, yo no he aludido a ello, desde el convencimiento de que se ajustaban a la realidad, desde el momento que la propia Universidad de Valladolid no ha presentado alegaciones, pero son sumamente sorprendentes, pero sumamente sorprendentes. Porque, claro, esto tiene un riesgo en la universidad actual y en la universidad que algunos han diseñado.

Durante los últimos años se han tomado decisiones para que las universidades estén cada vez más alejadas de las necesidades que tiene la ciudadanía de acceder a la universidad. Lo digo desde el punto de vista de las tasas, de los costes para los universitarios y del problema que tienen las familias.

Y si en el año dos mil doce el porcentaje de alumnos titulados que salían de las universidades de Castilla y León que eran hijos de asalariados o de la pequeña clase media era solamente el 10 %, qué no va a pasar... qué no va a pasar, en perspectiva de futuro, con lo que yo me temo que sea una realidad del costo de los grados, porque se va a un diseño de universidad fundamentado en ir a que paguen los ciudadanos todo el costo de lo que debiera ser un servicio público, y hacia un diseño en el que la finalización del primer ciclo de los estudios universitarios no sirva, no sirva, y se les fuerce a los futuros segregados... egregados de la universidad a avanzar hacia el costo... a costearse unos grados, para ir acumulando currículum en titulaciones. Y eso es... ese es el modelo hacia el que se está avanzando y que nos hace temer muy mucho que estas cifras vayan a seguir fundamentando la clasificación que se hace de quién llega y quién acaba los estudios universitarios. Nada más. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Suárez. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, en turno de réplica, tiene la palabra el señor Pablos Romo.

EL SEÑOR PABLOS ROMO:

Gracias, señor Presidente. Tres consideraciones. La primera, agradecer al señor Encabo el compromiso de aclarar algo que no es una cuestión menor; el desprestigio de la universidad pública en ciertos ámbitos está también vinculado a estos datos: vale... un graduado nos cuesta a todos 200.000 euros, pues no es una cuestión menor. Para que le traslade a quien desde el Tribunal de Cuentas marcase los criterios, les doy solo un método -que yo no sé si sería como la prueba del nueve-: si cada uno multiplica el coste de cada graduado por el número de graduados ese año, el presupuesto total daría 404 millones de euros para la Universidad de Valladolid; no parece posible. Por tanto, nosotros no tenemos nada en contra de las metodologías, sé que hay varias, pero tienen que ser racionales, y los datos que de esa metodología se deduzcan tienen que ser acordes a la realidad, y esto aquí no ocurre.

Por tanto, nos damos –de verdad, señor Encabo- por satisfechos con su compromiso, aclarémoslo, pero no porque pueda ser algo que el Grupo Socialista quiera hacer más o menos empeño, es que es bueno que la sociedad sepa cuánto cuesta y es bueno que, si ese es el método que se ha aplicado a otras universidades, en el futuro, cuando lleguen los informes, lleguen, a ser posible, con datos que sean, desde el sentido común, más correctos que los que se plantean aquí esta mañana.

Cuando nosotros trasladábamos nuestra calificación positiva, permítame que solo le diga que algunos de los datos que el señor Cruz trasladaba como no positivos, ya los quisiéramos para esta Cámara y la Administración a la que fiscalizamos; ojalá el 56 % fuese el porcentaje de ejecución del Capítulo VI de la Junta de Castilla y León sobre el presupuesto cada año. Ojalá, estaríamos satisfechos.

Y luego, la última referencia. Sale sobredimensionamiento del personal docente; es verdad que el cálculo que se hace es un cociente que no es real, porque se plantea número de alumnos dividido número de profesores, cuando cada profesor da diferentes cursos a lo largo del año, y en algunos casos hay limitaciones en alguna de las titulaciones. Pero no vamos a entrar en eso, es decir, nos preocupa que la Universidad de Valladolid haya perdido el 10 % de créditos en un año, porque eso no es un buen síntoma para la calidad de la docencia en un momento en el que la diversificación de las enseñanzas es fundamental para competir.

Y le decía antes -porque luego tocará, y lo hará nuestro Grupo, registrar las recomendaciones-: no vamos a registrar la número 13. Y les pido que la lean bien, porque lo que dice la número 13 es lo siguiente: conviene que la universidad determine qué tareas de investigación y de gestión realiza un profesor, y se le asocie el resto de las treinta y siete horas y media a la docencia. Digo que lo piensen bien porque puede ocurrir que la mayor parte de los profesores dejen de dar clase inmediatamente, porque hay muchísimos profesores que, más allá de otras consideraciones, dedican más de treinta y siete horas y media a la investigación, porque lo hacen con jornada continua. Valoren bien ese procedimiento, porque las consecuencias no pueden ser las deseables. Entendemos bien lo que dice el Consejo de Cuentas, estamos ante trabajadores públicos que tienen que cumplir con su compromiso, pero no parece que esta sea la mejor manera. Les aseguro que hay investigadores en áreas –que algunos conocerán- del ámbito biosanitario que pasan los fines de semana en sus centros de investigación, que están muchísimas horas siguiendo un cultivo por la noche; como hagamos esa cuenta, tengamos cuidado con lo que ocurre a la hora de asignar después la docencia. Y como esto es muy serio –nosotros nos lo tomamos muy en serio-, valórenlo bien.

El resto de las recomendaciones, por nuestra parte, no tiene ningún tipo de consideración, y, de hecho, formarán parte de nuestra propuesta.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Pablos. Por parte del Grupo Popular, en un turno de réplica, tiene la palabra el señor Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Sí. Gracias, Presidente. Y con brevedad. Aclarado el término que ha planteado el Presidente del Consejo de Cuentas en los criterios de los que ha fijado el Tribunal de Cuentas y que van a ser datos homogéneos, desde luego, eso pone de manifiesto más la necesidad de ese informe de comparativa que ha planteado el Consejo de Cuentas para el plan anual de... de dos mil quince, porque realmente ahí vamos a ver la eficiencia... la eficiencia y la eficacia en la gestión de los recursos públicos.

Yo creo, señor Encabo, que he sido el que ha hecho referencia a la situación del control interno en las universidades públicas. Pero, mire, que de 2.279 personas del personal de Administración y Servicios de la Universidad de Valladolid ustedes me digan que hay 3 personas –habrá personal de auxiliar y administración vinculado- destinadas al control de la gestión de 193,6 millones de euros, me parece algo preocupante. Y este es un hecho, desde luego, que se puso de manifiesto también, en menor dimensión, en el informe de la Universidad de Salamanca del ejercicio dos mil nueve, que es que no se destina el personal necesario para efectuar un control de los recursos económicos públicos que se gestionan en las universidades.

Y yo, es cierto que aquí se ha puesto de manifiesto el dato preocupante del coste, pero no me haga usted trampas, señor Pablos, no me multiplique el coste de los graduados por el coste total de la titulación, porque, claro, entonces serían 404 millones de euros. Es decir, el gasto es preocupante porque es un coste muy elevado, pero, desde luego, la comparativa... la comparativa lo que pone... va a poner de manifiesto es la eficiencia y la eficacia en la gestión de los recursos públicos, porque es un dato significativo que un grado cueste 209.000 euros de coste de media; es un dato muy significativo.

Vaya por delante también otra cuestión que se ha puesto aquí de... Yo he planteado que la Universidad de Valladolid tiene una ejecución presupuestaria alta, un 83 %, y que baja sustancialmente en el Capítulo VI, de Inversiones. La gestión presupuestaria de la Junta de Castilla y León, la que fija el Consejo de Cuentas en sus cuentas... en el Informe de la Cuenta General y en los ratios que ha fijado, se ha situado siempre entre el 80 y... y por encima del 90 %. Por lo tanto, mejor que el de la Universidad, la de Valladolid.

En todo caso, quiero finalizar planteando eso, que es fundamental establecer una comparativa, que se debe reforzar el sistema del control interno y que, una vez más -y el señor Pablos ha hecho referencia a ello-, nadie va a cuestionar la capacidad y el esfuerzo que hacen los investigadores en... -me consta, además, a los que usted se refiere, porque a algunos les conocemos personalmente- en materias. Pero también es verdad que se pone de manifiesto una realidad: las universidades públicas solo hacen el control de los horarios al personal de Administración y Servicios; y sucedió en el Informe de la Universidad de Salamanca y no hay un control de horario efectivo del resto del personal de las universidades públicas. Y es verdad que hay en ámbitos donde la investigación es fundamental, pero hay en titulaciones de muchas universidades donde la investigación... no vamos a entrar en los niveles de investigación en los que estamos en las áreas de las ciencias de la salud o en el ámbito de... de, por ejemplo, comparándolo con el ámbito de la ciencia jurídica o de la ciencia social, donde la investigación no juega un papel tan importante.

Por eso parece razonable que se establezcan mecanismos para un control efectivo, lo dice el Consejo de Cuentas en este informe, y lo hizo también en el de dos mil nueve, para un control efectivo, con cierta flexibilidad, que podemos... del control de los horarios, que sí se le aplica a una parte del personal -en este caso al 30 % de la Universidad de Valladolid-, que es el personal de Administración y Servicios, y no al personal docente, que también tiene una obligatoriedad en el cómputo de su jornada, como cualquier funcionario público. Nada más. Y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Cruz. Tiene de nuevo la palabra el Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ENCABO TERRY):

Muchas gracias, Presidente. Yo, y volviendo a escuchar las intervenciones de cada uno de los Portavoces, pues yo, si les parece, les sugiero, como ya les he dicho al principio de intervención, que hemos aprobado el Informe de la Universidad de León antes de ayer, es decir, el pasado miércoles, y lo remitiremos en la próxima semana a estas Cortes de Castilla y León -si no recuerdo mal, el próximo día veintinueve-, pues yo les sugiero –si les parece- que con ocasión de cuando tenga que comparecer con la Universidad de León, pues con carácter previo o preliminar a la exposición del Informe de Fiscalización de la Universidad de León, podríamos hacer –si les parece- una explicación de la metodología seguida para la... el establecimiento de la asignación de costes. Yo, de esa manera, como creo que es oportuno y conveniente que exista la máxima transparencia en todos los ámbitos en los que fiscaliza el Consejo de Cuentas, creo que, en vez, también, de intentarlo resolver de una manera apresurada y precipitada en la mañana de hoy, les sugiero, pues que podríamos abordar, pues los criterios metodológicos utilizados e impartidos desde el Tribunal de Cuentas, pues con carácter previo a lo que sería el Informe de Fiscalización correspondiente a la Universidad de León. Es decir, ustedes me dirán cuándo tengo que comparecer con la Universidad de León y haríamos, con carácter previo –como digo-, las pertinentes aclaraciones.

Respecto a... a otras cuestiones que se han vuelto a incidir, una cuestión también muy clara, es decir, en... en la recomendación número 13, que no va a ser propuesta o suscrita por el Grupo Socialista, solamente hacer mención que nosotros, en definitiva, lo que trasponemos en la recomendación número 13 es lo que dice el Artículo 32, cuando establece que las universidades públicas, en el ejercicio de su autonomía, podrán establecer la distribución de la dedicación de personal docente e investigador a su servicio en cada una de las funciones propias de la universidad establecidas en la Ley Orgánica 6/2001, de veintiuno de diciembre, siempre de acuerdo con lo establecido en dicha ley y en su desarrollo normativo, así como lo establecido en el Artículo 68 del Real Decreto-ley 14/2012. Eso es lo que nosotros venimos a proponer, es decir, nosotros lo que hacemos es una remisión de carácter legal, y en ese aspecto es la propuesta decimotercera, que nosotros argumentamos desde el punto de vista de recomendación que sería deseable su cumplimiento.

Por lo demás, nada más. Muchas gracias a todos ustedes. Y, desde luego, queda el compromiso del Consejo de Cuentas de explicar de una manera suficiente y exhaustiva las dudas que han sido formuladas en la mañana de hoy. Nada más, y muchísimas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Presidente. Una pequeña aclaración, por aquello de ordenar y por aquello de atender al Reglamento: dentro de la presentación del propio informe podrá usted hacer la explicación que estime oportuna, pero yo diría que, con carácter previo, dentro de lo que es propiamente el informe, atendiendo un poco al Reglamento. Gracias.

Finalizado el debate, de conformidad con lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, se abre un plazo de cinco días para que los Grupos Parlamentarios puedan presentar ante la Mesa de la Comisión propuestas de resolución relativas al informe de fiscalización que acaba de ser examinado. Dicho plazo finalizará el próximo jueves, día treinta y uno de julio, a las catorce horas.

Segundo punto del Orden del Día. Por la señora Secretaria se dará lectura del segundo punto del Orden del Día.

Propuestas de Resolución Informe Fiscalización

LA SECRETARIA (SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ):

Segundo punto del Orden del Día: "Debate y votación de las Propuestas de Resolución relativas al Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad, correspondiente al ejercicio dos mil once, del Consejo de Cuentas de Castilla y León".

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señora Secretaria. Hacemos un pequeño receso para despedir al Presidente del Consejo de Cuentas y su equipo.

[Se suspende la sesión durante unos minutos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Se reanuda la sesión. Debatido en Comisión el Informe de Fiscalización del Consejo de Cuentas al que se acaba de referir la señora Secretaria, en relación con el mismo han presentado propuestas de resolución admitidas a trámite por la Mesa de la Comisión los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Mixto.

De conformidad con lo establecido en la norma quinta de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de siete de abril de dos mil nueve, para la presentación y defensa de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en representación de dicho Grupo, el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Sí. Gracias, señor Presidente. Voy a intentar ser muy escueto, porque todos tenemos las propuestas de resolución presentadas. Desde la preocupación, tal como expuse en mi... mi intervención en la comparecencia respecto al Informe de la Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad del ejercicio dos mil once, presentamos las siguientes propuestas de resolución, un... un total de 15 propuestas de resolución, a la... para instar a la Junta de Castilla y León para que adopte medidas y evitar los problemas que entendemos se habían detectado, entendemos, asumimos que detectaba el informe... una vez más el informe de fiscalización de... de ese año, empezando por la petición de incorporar de inmediato, aunque sea fuera de plazo, las cuentas de las entidades públicas sujetas al régimen de contabilidad pública; asimismo, que se incluyan de forma inmediata los datos de los entes que integran la Cuenta General y que faltaban no solamente en ese informe, sino en los tres últimos informes realizados por el Consejo de Cuentas respecto a la Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León; que se utilicen criterios compatibles con los utilizados con el Estado para la conformación de la Cuenta General, ya que la Comunidad sigue formando la Cuenta por agregación del balance, y la Cuenta es de resultado económico patrimonial, y no por consolidación, y eso trae consigo una duplicidad, duplicidades, y... y la consolidación del estado de liquidación de una forma absolutamente parcial; que, tanto la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario como las universidades –hoy es día también de universidades- implanten el SICCAL, el Sistema Informático Contable, como es preceptivo; que se auditen las cuentas sujetas al régimen general de contabilidad pública; que se complete la relación de deudores, cuyos derechos pendientes de cobro alcanzan nada menos que en el año mil novecientos noventa y seis; que se proceda a realizar los ajustes propuestos por el informe del Consejo de Cuentas; y que se corrija la falta de amparo legal que existía... –nos parece sumamente importante- que existía en los avales otorgados por el Itacyl en el ejercicio dos mil once; asimismo, que la Junta elabore un informe explicando el endeudamiento, el fuerte endeudamiento y peligroso endeudamiento del hospital privatizado de Burgos. Por mi parte, nada más. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor González. Para la presentación de... y defensa de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín Martínez.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Gracias. Buenos días. Y... y, muy rápidamente, en primer lugar, decir que... que el Grupo Parlamentario Socialista ha recogido... –como ya anunciamos en... en la Comisión en que se debatió la Cuenta General del año dos mil once- ha recogido exactamente las 19 propuestas de... las 19 propuestas de resolución, vamos, las 19 recomendaciones que hacía en su informe el... el Consejo de Cuentas, las ha asumido como propuestas de resolución en su integridad. Y... y hasta ahí la defensa de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.

En todo caso, como el debate es único de las propuestas realizadas por... realizadas por los tres Grupos, nosotros necesitamos concreción en relación a las propuestas realizadas por el Grupo Popular para saber qué podemos votar en relación a las mismas y por eso queremos preguntar al Grupo Popular cuáles son las causas por las que no han aceptado algunas de... o algunas o bastantes de las recomendaciones que considera imprescindibles el Consejo de Cuentas. En concreto, por qué... por qué no consideran necesario que la Junta de Castilla y León modifique la... la Orden 1219 del dos mil ocho para que pueda cumplirse con la exigencia prevista en el Artículo 227.2 de la Ley de Hacienda que establece que la elaboración de las cuentas del sector público se realizará de forma compatible con el sistema seguido por el Estado, ¿es que no... no les interesa que sea... que se consiga esta compatibilidad?.

También nos gustaría saber por qué están en contra de que la Intervención de la Comunidad aumente la... la información contenida en la memoria, de forma que complete, amplíe y comente la información de... de dicha... de dicha memoria. Hombre, con el debate que tuvimos de la Cuenta General del año dos mil doce, ya entendemos por qué no quieren que se amplíe esa información de la memoria por parte de la Junta de Castilla y León, pero nos gustaría saber exactamente si... si es que se niegan a ello. ¿Por qué no el... el Partido Popular se posiciona en contra de que las universidades públicas de Castilla y León implanten el... el SICCAL? ¿Por qué no quiere el Partido Popular que la Junta de Castilla y León realice la depuración de los saldos de las cuentas que son contrarios a la naturaleza de las mismas? ¿Por qué no quiere que dicho saldo se ajuste a la normativa reguladora de las operaciones que sustentan y de la cuenta de inmovilizado transitorio? Bueno, claro, sabiendo lo que hicieron con las facturas en los cajones en el año dos mil once, entendemos por qué no están de acuerdo con esta depuración de... de saldos.

Nos gustaría saber por qué el Partido Popular está en contra de que el balance de situación de la Administración incluya todas las existencias de metálico de saldos en cuentas bancarias titularidad de la misma, independientemente del tipo de cuenta. Esto sí que nos llama muchísimo la atención; aunque, según la utilización del Partido Popular de algunas cuentas, igual está ahí la... la explicación.

Y nos gustaría saber por qué el Partido Popular está en contra de que la Intervención General pueda velar para que la Cuenta General rendida proporcione información sobre la liquidación y ejecución de los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas y de las fundaciones, así como de las desviaciones producidas y sus causas. Aunque, claro, hablando de empresas públicas y de fundaciones, y del año dos mil once, entendemos por qué el Partido Popular está en contra.

Claro, ¿por qué está en contra el Partido Popular de que la Intervención General realice las reclasificaciones necesarias en las cuentas individuales de las empresas públicas y de las fundaciones que se integran en la cuenta? Aunque, claro, sabiendo que estamos hablando de empresas públicas y fundaciones del año dos mil once, entendemos por qué no le interesa para nada al Partido Popular.

¿Y por qué no le interesa que la Intervención General vele por que la información remitida por las entidades a través del CICO coincida con la que se desprende de sus cuentas anuales aprobadas, de forma que las cuentas generales agregadas, tanto de empresas públicas como de fundaciones... –ah, claro, por esto- tanto de empresas públicas como de fundaciones públicas, no presenten discrepancias con las que resultan de las cuentas aprobadas por las entidades que integran cada una de ellas? Claro, que hablando de empresas públicas y de fundaciones del año dos mil once, entendemos por qué no le interesa para nada al Partido Popular.

Y por qué no le interesa, tampoco, para nada, el que los presupuestos anuales de las empresas públicas y de las fundaciones públicas se... modifiquen las normas de elaboración de los mismos para que el... el modelo de presupuesto de capital se adapte a la nueva normativa contable y sea una previsión de verdad del estado de flujos de efectivo y no una previsión del cuadro de financiación. Claro, que estamos hablando de empresas públicas y de fundaciones, y por eso entendemos que no le apetece nada al Partido Popular.

Y la última pregunta para saber qué votamos en relación a las propuestas de... de resolución del Partido Popular es ¿qué es la Comunidad?, ¿qué es la Comunidad? Me explico: es que en las propuestas de resolución del número... número 4, 5, 6 y 9 del Partido Popular se sustituye "la Junta de Castilla y León" por "la Comunidad". Claro, se sustituye a una Administración, la Junta de Castilla y León, que en la propuesta de resolución del Partido Popular número 4 debe agilizar los trabajos para la elaboración del inventario general, que en la número 5 debe completar la documentación justificativa a incorporar en los expedientes de reconocimiento, que en la número 6 debe realizar un seguimiento de los derechos pendientes de cobro y que en la número 9 debe establecer lo antes posible el sistema de información pública trimestral al que hace referencia la Ley 15/2012, se sustituye a esa Administración por la Comunidad. Entonces, lo que necesitamos es la explicación de a qué se refieren con Comunidad.

Yo entiendo que... que debe haber algún error; no sé si es la Comunidad en los términos de Estatuto; no creo, no creo, ¿no? Igual se están refiriendo al sector público autonómico en su definición del Artículo 2 de la Ley de Hacienda. Yo eso lo podría entender, que... que esas propuestas de resolución las ampliaran al sector público autonómico en... en estos términos, aunque estaríamos más de acuerdo en que se refirieran al sector público autonómico en la línea de las propuestas del propio Consejo de Cuentas, teniendo en cuenta el principio de capacidad de influencia efectiva; pero, podría... podría ser esto. O igual es que alguien se ha dejado llevar por el título de la Cuenta General, que es la Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León y cree que esto de la Comunidad es una Administración o que está compuesta –que es la... la otra posible explicación- por... por una parte -me refiero a la Cuenta General-, por las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública –podría ser una explicación-, además de las empresas públicas de la Comunidad y además de las fundaciones públicas de la Comunidad. Podía ser. Pero, en todo caso, quien lo ha redactado ha puesto "la Comunidad", sin... sin explicar más.

Y, bueno, dado que parece ser que está aquí el redactor, nos gustaría mucho que nos explicara, desde un punto de vista jurídico. Y pediría informe al Letrado, en relación a la posibilidad de que... de que se presenten propuestas de resolución que atribuyen funciones propias de una Administración a la Comunidad, porque igual estamos votando algo imposible... de imposible cumplimiento o de cumplimiento etéreo. Muchas gracias.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias...

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias, señor Martín Martínez. Silencio, por favor. Para la presentación y defensa de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cruz.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, señor Presidente. Mire usted todas las propuestas y las proposiciones no de ley en las que ustedes hablan de la Comunidad, las que quiera; y las que hace el Consejo de Cuentas, porque el Consejo de Cuentas también habla en sus recomendaciones de la Comunidad. Revíselo, señor Martín Martínez. En todo caso, quiero matizar una cosa: le preocupa a usted excesivamente la autonomía parlamentaria de este Grupo. Porque, fíjese, aquí usted mantiene un discurso que es: nosotros asumimos íntegramente las recomendaciones del Consejo de Cuentas. Mire, eso no es verdad. Su compañero acaba de decir, y lo hace en el ejercicio anterior, que no van a asumir una recomendación del Consejo de Cuentas, una. Pero, fíjese, es que en las últimas recomendaciones presentadas aquí, ustedes modificaron todas las recomendaciones; para donde el Consejo de Cuentas no hacía referencia ni a la Comunidad ni a la Junta de Castilla y León, incorporarla. Repase usted el debate. El señor Ramos defendió esas proposiciones... propuestas de resolución, y en todas las recomendaciones, donde el Consejo de Cuentas no hacía ninguna referencia ni a la Junta de Castilla y León ni a la Comunidad, ustedes lo incorporaron. [Murmullos]. Efectivamente, esa es la realidad, y las hacían ustedes.

Mire, yo pensaba votar a favor de su propuesta de resolución. Se lo digo de verdad. Y las tenía aquí marcadas, porque creía que estábamos hablando de que éramos coincidentes íntegramente en ocho propuestas de resolución. Pero mire, después de ese debate, solo le voy a votar a favor a cuatro, porque me parece usted, además, que es que intenta generar siempre una distorsión... La Junta de Castilla y León es la Comunidad. A lo mejor yo he cometido ese error en la redacción, y lo puedo asumir si usted lo entiende, pero yo interpreto que las propuestas de resolución del Grupo Socialista 6... perdón, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 y 18 eran íntegramente idénticas que las del Grupo Parlamentario Popular, a diferencia del concepto "Junta de Castilla y León" y "Comunidad", que son cuatro. Porque, efectivamente, hay una modificación en una, que es la número 7, la propuesta número 7 del Grupo Socialista, que es prácticamente idéntica a la del Grupo Parlamentario Popular, en la que la única diferencia es que nosotros hemos excluido al Consorcio de Bibliotecas de Castilla y León, y le voy a explicar por qué -aunque tengo que reiterar los debates, pero que se lo explico, en el debate de la Cuenta General, y no sé qué estaba usted pensando; estará pensando en la situación de la gestora del Grupo... del Partido Socialista en Castilla y León, no se entera usted, señor Martín Martínez-: el Consorcio de Bibliotecas no le incluimos porque no tiene actividad económico-financiera, y por eso no lo hemos incluido. Ustedes lo han incluido; nosotros entendemos que no debemos incluir a un ente que, como hemos puesto de manifiesto, no tiene ninguna actividad económico-financiera.

Y tampoco quiero reiterarle los argumentos que ya son de repasar continuamente las propuestas de resolución de los debates derivados de la Cuenta General del dos mil once, de la Cuenta General del dos mil diez, del dos mil nueve... Nosotros entendemos que la memoria tiene la... la información suficiente, la memoria tiene la información suficiente; y, como entendemos que tiene la memoria la información suficiente, no incorporamos la propuesta de resolución número 2. Como tampoco hemos incorporado nunca la propuesta de resolución derivada a que las universidades públicas implanten el SICCAL, nunca la hemos incorporado, y le hemos explicado el porqué: porque entendemos que las universidades públicas deben tener también autonomía financiera. ¿Por qué no presentan ustedes propuestas de resolución para que se mejore en el ámbito del control interno de las universidades públicas o... -yo respeto la autonomía parlamentaria- o el control de horarios del personal docente, que no la van a incorporar ustedes en el futuro debate? Ustedes, dentro de su autonomía parlamentaria, presentan lo que les parezca razonable y nosotros personamos... presentamos lo que nos parece razonable.

Y, en ese sentido, creo que centramos las propuestas de resolución en los aspectos más importantes que se han puesto de manifiesto. Fíjese si es así, nosotros hemos incorporado que la Gerencia Regional de Salud deba tener en cuenta, a la hora de dotar los créditos en la elaboración... en la elaboración de los presupuestos, las facturas que quedan pendientes, que están perfectamente contabilizadas, señor Martín Martínez, que están perfectamente contabilizadas en la Cuenta 409, que se lo explicamos aquí, se lo ha explicado el propio Interventor de la Comunidad en la comparecencia en esta Comisión de Hacienda, a los efectos de presentar la Cuenta General del año dos mil doce.

Nosotros tampoco hacemos referencia a algunos aspectos de las propuestas de resolución porque son... son reiteradas por el Consejo de Cuentas. Hombre, es que cuando plantean los ámbitos de las empresas públicas y la rendición de la cuenta en las empresas públicas, es que el Artículo 233 de la Ley de Hacienda dice lo que dice, señor Martín Martínez, ¿de acuerdo?, una ley que se aprobó por unanimidad en esta Cámara, y dice: la falta de remisión de las cuentas correspondientes a alguna entidad del sector público no constituye obstáculo para la formación de la Cuenta General con la que sí se... con las que sí se hayan recibido; como tampoco el hecho de que falte alguna auditoría de alguna de las empresas, no constituye ningún obstáculo para la formación de la Cuenta General, de acuerdo con lo que recoge el Artículo 233 de la Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad –le recuerdo, aprobamos por unanimidad en esta... en esta Cámara-.

Mire, dicho esto –y le reitero, y voy finalizando-, nosotros vamos a presentar estas 9 propuestas de resolución, que pasan por que la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario implante el SICCAL; para que la Intervención General de la Administración debe impulsar las mejoras necesarias al sistema de información contable de Castilla y León; para que la Intervención de la Administración de la Comunidad deba establecer controles en el SICCAL; para que la Comunidad o la Junta de Castilla y León deba agilizar... agilice los trabajos para la elaboración del inventario general, de forma que recoja todos los bienes y derechos, que es algo que hemos debatido aquí y, como usted sabe, falta únicamente los montes, las vías pecuarias y algunos aspectos muy puntuales para ya finalizar el trabajo del inventario; para que la Junta de Castilla y León o la Comunidad complete la documentación justificativa a incorporar en los expedientes de reconocimiento de derechos, incluidos en la liquidación del presupuesto de ingresos; para que se agilice un seguimiento de los derechos pendientes de cobro, de forma que se lleven a cabo las gestiones necesarias para evitar su prescripción, así como la depuración de aquellos que hubieran prescrito a treinta y uno de diciembre del dos mil once; o para que la Junta de Castilla y León o la Comunidad deba establecer lo antes posible el sistema de información pública trimestral que hace referencia a la Ley 15/2010.

Esas son nuestras propuestas de resolución. Yo, le he dicho, pensaba votar a favor de las suyas, que son coincidentes en 8 puntos, 8, 9, 10; pero mire, después de su intervención, no lo voy a hacer. Nada más, y muchas gracias. [Murmullos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Gracias. Concluido el debate de las propuestas... [murmullos] ... (Silencio, por favor). ... de resolución, vamos a proceder a su votación.

En primer lugar, sometemos a votación las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Mixto. [Murmullos]. ¿Solicita turno en contra? Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín Martínez en un turno en contra de la propuesta de... presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Muy rápidamente, porque... para fijar definitivamente el... el voto del Grupo Parlamentario Socialista en relación a las propuestas de resolución del Partido Popular. No se me ha contestado por qué no se quiere hacer absolutamente nada en relación a las empresas públicas y fundaciones, absolutamente nada. Pero, sobre todo, no se me ha contestado... y ya digo que es una duda jurídica que tengo yo: pediría... pediría informe al Letrado de si es posible aprobar una resolución en el que se atribuye agilizar los trabajos para la... la elaboración del inventario general a la Comunidad, si jurídicamente eso es posible; o si es posible pedir completar la documentación justificativa a incorporar en los expedientes de reconocimiento de derechos incluidos en la liquidación del presupuesto de ingresos, atribuirle esto a la Comunidad; o si es posible que, para realizar un seguimiento de los derechos pendientes de cobro, de forma que se lleven a cabo las gestiones necesarias para evitar su prescripción, si esto lo puede hacer la Comunidad, sin saber qué es. ¿Cómo...? Esta... estas resoluciones se van a aprobar con... con el voto de mayoría del Partido Popular. ¿Cómo se van a cumplir? ¿Es posible jurídicamente? [El letrado asesora a micrófono cerrado]. Y saber quién es el órgano competente. [Murmullos]. ¿Esto qué es? [Murmullos].

Si aquí... si aquí el problema es que... que el Grupo Popular ha sustituido en sus propuestas de resolución, cuando el Consejo de Cuentas –y por algo será- establece estas funciones y estas... y estas recomendaciones, evidentemente, al órgano, que es la Junta de Castilla y León, y el Consejo dice que es la Junta de Castilla y León la que debe agilizar los trabajos para la elaboración del inventario, la que debe completar la documentación, la que debe realizar un seguimiento de los derechos, el Grupo Popular lo sustituye directamente por la Comunidad. Y he dicho desde el principio... [murmullos] ... he dicho desde el principio que entenderíamos que el Grupo Popular quisiera ampliar esta obligación, estos mandatos, no solamente a la Junta de Castilla y León, sino, por ejemplo, a todos los entes que forman el sector público autonómico, o... o solo a las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública, o, además, a las empresas públicas o a las fundaciones; pero "la Comunidad" es la manera de aprobar algo de imposible cumplimiento, y todos lo sabemos. Entonces, mientras no se aclare esta... esta circunstancia, evidentemente votaremos en contra de algo que no tiene ningún sentido jurídico.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

En un turno de réplica, tiene la palabra el señor Cruz...

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Con brevedad. Gracias, señor Presidente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

... en representación del Grupo Parlamentario Popular.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Mire, yo ya le he dicho antes: la cantidad de proposiciones no de ley en las que ustedes se dirigen al Estado... El Estado es un concepto, la Comunidad es otro.

Y, fíjese, es que ustedes antes han dicho: estas son las recomendaciones del Consejo de Cuentas al Informe de Fiscalización de la Universidad de Valladolid. Ustedes han dicho que van a... a asumir íntegramente todas ellas, salvo la número 13 –y hay algunas-: "la Comunidad de Castilla y León", "la Comunidad", "la Comunidad Autónoma", "la Comunidad"... "la Comunidad Autónoma"... Si es que es la metodología que establece el propio Consejo en su propuesta de recomendación. No vea usted fantasmas, haga usted con el sentido de voto lo que usted estime oportuno, ¡faltaría más!... [murmullos] ... ¡faltaría más!

Desde luego, mire, yo pensaba votar -para que tenga usted la certeza- a 8 propuestas de resolución a favor del Grupo Socialista, para que no viera usted fantasmas. [Murmullos]. Votad vosotros las del Grupo Parlamentario Popular.

Y, en todo caso, de verdad, la Comunidad, el órgano es la Junta de Castilla y León, como los órganos personales son los Consejeros. [Murmullos]. Cada uno... Respete usted la autonomía parlamentaria; le digo que yo respeto a usted la suya... yo respeto su autonomía parlamentaria y su sentido del voto.

Y, mire, espero que no aparezca ninguna recomendación más, porque en el próximo debate le voy a traer a... todas aquellas recomendaciones donde ustedes, siguiendo lo que dice el Consejo de Cuentas, han establecido "la Comunidad".

Y, en todo caso, le he dicho antes: ¿y por qué ustedes, cuando no hacen referencia a la Junta de Castilla y León o a la Comunidad, lo establecen? Por su autonomía parlamentaria, supongo, ¿no? Porque ahí no siguen al pie de la letra las recomendaciones del Consejo en los informes del sector público local, en las que no se hace referencia, para nada, a la Junta de Castilla y León ni a la Comunidad, y ustedes lo incorporan en todas y cada una de ellas.

Por tanto, respete usted. Y, si no quiere votar la propuesta de resolución, pues no lo haga... [murmullos] ... allá usted. Desde luego, nosotros sabemos lo que vamos a hacer, claramente. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO):

Concluido el debate de las propuestas de resolución, vamos a proceder a su votación.

Votación Propuestas Resolución

En primer lugar, sometemos a votación las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Votos a favor: uno. Votos en contra: diez. Abstenciones: seis. En consecuencia, el... en consecuencia, quedan rechazadas las propuestas de resolución que se acaban de votar.

En segundo lugar, sometemos a votación las propuestas 8, 9, 15 y 16 del Grupo Parlamentario Socialista y los puntos 2, 3, 7 y 8 de la propuesta de resolución formulada por el Grupo Parlamentario Popular, por ser idéntico en su contenido. ¿Están de acuerdo los Portavoces? ¿Votos a favor? Por unanimidad, queda aprobada las propuestas de resolución que se acaban de votar, dieciséis votos a favor... [murmullos] ... diecisiete –perdón-.

En tercer lugar, votamos el resto de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, propuestas 1 a 7, 10 a 14 y 17 a 19. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Resultado de la votación. Votos emitidos: diecisiete. [Murmullos]. ¿Abstenciones? Habían votado todos, habían votado todos ya. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: diecisiete. Votos a favor: siete. Votos en contra: diez. En consecuencia, quedan rechazadas las propuestas de resolución que se acaban de votar.

Por último, sometemos a votación el resto de los puntos de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular, puntos 1, 4, 5, 6 y 9. ¿Votos a favor? [Murmullos].

Por último, sometemos a votación el resto de los puntos de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular. Punto 1. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación del punto... de la propuesta de resolución primera del Grupo Parlamentario Popular. Votos a favor: diez. Abstenciones: siete. En consecuencia, queda aprobada la propuesta de resolución primera del Grupo Parlamentario Popular.

Sometemos a votación el resto de los puntos (4, 5, 6 y 9) del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación de las propuestas de resolución 4, 5, 6 y 9 del Grupo Parlamentario Popular. Votos a favor: diez. Abstenciones: siete. [Murmullos]. Votos en contra: seis. Abstenciones: una. En consecuencia, queda aprobada la propuesta de resolución número 4, 5, 6 y 9 del Grupo Parlamentario Popular.

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma... en la norma sexta de la Resolución de la Presidencia de la Cámara de siete de abril de dos mil nueve antes citada, en la redacción dada a la misma por la Resolución de la Presidencia de la Cámara de veintinueve de agosto de dos mil doce, esta Presidencia trasladará a la Presidenta de las Cortes de Castilla y León las resoluciones que acaban de ser aprobadas por la Comisión, junto con el Informe de Fiscalización sobre el que versan, en orden a la publicación de dichas resoluciones en el Boletín Oficial de la Cámara y en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Concluido el Orden del Día de esta Comisión, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos].