DS(C) nº 520/8 del 18/11/2014

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Buenos días, Señorías. Se abre la sesión. Disculpen el retraso en el inicio de la misma, pero les comunico que se ha recibido por parte de esta Presidencia una comunicación a la Comisión sobre la renuncia de don David Jurado Pajares como Secretario de la Comisión.

De acuerdo con el Artículo 73.2 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, el Orden del Día puede ser alterado por acuerdo de la Comisión, a propuesta del Presidente o a petición de un Grupo Parlamentario.

Por lo tanto, les propongo, a raíz de la comunicación recibida, pues que se altere el Orden del Día y se introduzca como primer punto del Orden del Día la elección de nuevo Secretario de la Comisión. ¿Se aprueba por asentimiento? Bien.

Pues por parte... (No, después, ¿no? ¡Ah! Bueno, claro, para poder votar, claro. Claro). En todo caso... antes de ya empezar, ¿se quiere comunicar por parte de algún Grupo Parlamentario alguna sustitución a la Presidencia? ¿Por parte del Grupo Parlamentario Socialista?

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Gracias, señora Presidenta. Don Javier Campos de la Fuente sustituye a don David Jurado Pajares.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. ¿Por parte del Grupo Parlamentario Popular?

LA SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ:

No hay sustituciones en el Grupo Parlamentario Popular.

Elección Secretario

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Pues ahora sí, ¿algún Grupo Parlamentario quiere proponer a un candidato como Secretario de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades? ¿Por parte del Grupo Parlamentario Socialista?

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Por parte del Grupo Socialista, proponemos a don Fernando María Rodero García como Secretario de la Comisión.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. ¿Por parte del Grupo Parlamentario Popular?

LA SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ:

No haremos ninguna propuesta. Gracias, señora Presidenta.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Pues se somete, por tanto, a votación la propuesta realizada por el Grupo Parlamentario Socialista de don Fernando Rodero como Secretario de la Comisión.

¿Votos a favor? Cinco. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Nueve. Por tanto, queda nombrado don Fernando Rodero como Secretario de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, que ya puede ocupar su... su asiento para empezar a ejercer de... de Secretario.

Ahora sí, ya, procedemos a seguir con el Orden del Día previsto en la Comisión. Y, por parte del señor Secretario, se dará lectura al primer punto del Orden del Día.

PNL/001285

EL SECRETARIO (SEÑOR RODERO GARCÍA):

Proposición No de Ley número 1285, presentada por los Procuradores don Jorge Félix Alonso Díez, don Fernando Rodero García, doña Ana María Agudíez Calvo, doña Esther Pérez Pérez, don David Jurado Pajares, doña María Teresa López Martín, instando a la Junta de Castilla y León a modificar el Decreto 70 del dos mil once, del veintidós de diciembre, en relación con la cantidad mensual mínima garantizada a las personas que sean atendidas en un centro público de servicios sociales y a las personas con discapacidad que acuden a un centro de día y desarrollan una vida independiente, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 448, del doce de septiembre del catorce.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Para la presentación no de ley, por parte del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra don Jorge Félix Alonso Díez.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Gracias, señora Presidenta. A través del Decreto 70/2011, de veintidós de diciembre, se establecen los precios públicos por servicios prestados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de los servicios sociales. Este decreto modificaba el sistema de abono en el acceso a los precios públicos residenciales o de centro de día para personas mayores y personas con discapacidad.

El Procurador del Común de Castilla y León, en enero del dos mil trece, emitía una resolución sobre el contenido de este decreto y sus repercusiones en las personas que utilizan los centros de día o los centros residenciales. Lo cierto es que ninguna de aquellas observaciones que realizaba el Procurador del Común la Consejería de Familia las ha tenido en cuenta.

El Decreto 70/2011 establece, en el Artículo 7, que existirá una cantidad mínima garantizada para gastos personales, para que las personas en situación de dependencia puedan disponer para hacer frente a los gastos no cubiertos por su asistencia al centro de día o permanencia en un centro residencial. La cuantía de la cantidad mínima garantizada, conocida popularmente como "dinero de bolsillo", se determina en función del tipo y grado de dependencia y si el centro al que se acude es de día o residencial. Esta cuantía oscila entre el 20 % de la pensión mínima de jubilación sin cónyuge a cargo (117,4 euros) y el 100 % de la pensión no contributiva (357,7).

El dinero de bolsillo para la persona que vive en un centro residencial se destina a la adquisición de medicinas -ahora más caras como consecuencia del copago-, así como para hacer frente a los pequeños gastos que son necesarios para desarrollar una vida normal (peluquería, ropa, calzado, etcétera). Si la persona acude a un centro de día, el dinero de bolsillo lo necesita para hacer frente a todos sus gastos domésticos (calefacción, electricidad, alimentación, alquiler).

El Procurador del Común realiza diversas observaciones sobre las que sería necesario modificar para garantizar que el dinero de bolsillo sea suficiente para cubrir los gastos básicos.

Primero, plantea que puedan tenerse en cuenta que la Junta calcula la capacidad económica a partir de los ingresos brutos, cuando los ingresos reales son inferiores. Esta primera reflexión se hace, fundamentalmente, en relación con todos los que reciben este tipo de... de tratamiento; los que tienen que pagar por los ingresos reales, por el... por los ingresos brutos y no por los ingresos reales; en consecuencia, parece que sea lógico que si al final estamos hablando de que hay que garantizar una cantidad mínima, pues que se garanticen los... los ingresos reales y no los ingresos brutos, porque luego, en realidad, los ingresos reales serán inferiores.

Y la segunda cuestión que plantea es que es necesario incrementar la cuantía del dinero de bolsillo para las personas con discapacidad, en atención a su edad y mayores apoyos para la promoción de la autonomía personal.

Con la aplicación que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades hace del Decreto 70/2011, hay algún número muy importante de personas que no le queda dinero de bolsillo.

El... está claro que cuando una persona tiene, además, atención en un centro residencial y atención en un centro de día, que además en muchos casos está en el propio centro residencial –estamos hablando fundamentalmente de las personas con discapacidad-, nos encontramos con que existe un doble pago, con lo cual el centro de... el dinero de bolsillo o el... la cantidad mínima garantizada que le queda, incluso en muchos casos, es cero, no existe. Este es un tema que hemos planteado en más ocasiones y que... bueno, cuando hemos visto que el Procurador del Común abundaba en la mismo... idea, pues nos parecía que no estábamos muy desacertados lo que en su día planteaba el Grupo Socialista.

Y por eso planteamos la siguiente propuesta de resolución: las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a modificar el Decreto 70/2011, de veintidós de septiembre, por el que se establecen precios públicos por servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma y... y Castilla y León... de Castilla y León en el ámbito de los servicios sociales, introduciendo las siguientes actuaciones: se garantizará que, independientemente de la cuantía que resulte a abonar después de aplicarle el Decreto 70/2011, todas las personas que sean atendidas en un centro público de servicios sociales les quedará como mínimo el dinero de bolsillo equivalente a la cuantía líquida de la cantidad mensual mínima garantizada que se establece en el citado decreto -como decía antes, esta sería para todas las personas que tienen que pagar un precio público-; y la segunda iría dirigida de forma específica: las personas con discapacidad que acuden a un centro de día y desarrollan una vida independiente se les incrementará la cuantía de la cantidad mensual mínima garantizada, a fin de que puedan cubrir los gastos mínimos habituales (alquiler o piso tutelado, electricidad, calefacción, alimentación, ropa, medicinas, etcétera), en definitiva, pues todo aquello que una persona tiene que hacer frente en su vida cotidiana, y que, indudablemente, con la cantidad que... que se establece pues es insuficiente. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. En un turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Procuradora doña Sonia Palomar Moreno.

LA SEÑORA PALOMAR MORENO:

Gracias, Presidenta. Buenos días, Señoría. Señor Alonso, yo he leído con detenimiento el contenido de la resolución del Procurador que menciona en los antecedentes de la proposición, y, bueno, del mismo, no han mencionado –y yo creo que es importante- las premisas de las que parte el informe.

En relación con el dinero de bolsillo, dice el Procurador que en dos mil doce, en el Consejo Interterritorial, se acuerda adoptar normativas mínimas y comunes para todo el territorio nacional; nuevos criterios para la determinación de la capacidad económica de los usuarios, así como la aportación de los beneficiarios.

A estos efectos, han sido muchas las Comunidades Autónomas que han modificado su normativa para adaptar a estas... para adaptar su normativa a estos acuerdos. Dice el Procurador que en el caso de Castilla y León no se ha producido esa adaptación normativa, bien por la coincidencia existente en la regulación establecida para determinar la capacidad económica personal y la determinación de la renta y del patrimonio de cada beneficiario, o bien porque algunas de esas diferencias suponen que la normativa autonómica resulta más beneficiosa para los usuarios. Recordamos que el Acuerdo del Consejo Interterritorial es de dos mil doce y el Decreto de Precios Públicos del año dos mil once. En relación con la cantidad garantizada para gastos de bolsillo establecidas por el Consejo Territorial, se establece la equivalente al 19 % del IPREM. Recoge el informe que esta cuantía es siempre inferior a lo previsto en la normativa de nuestra Comunidad, donde oscila entre el 20 y el 55 % de la pensión mínima de jubilación con cónyuge no... no a cargo.

Al margen de estas apreciaciones, y en relación con el primer punto que nos proponen, que es que se garantice que todas las personas sean atendidas... que sean atendidas en un centro público de servicios sociales les quedará como dinero de bolsillo la cuantía líquida de la cantidad mensual mínima garantizada que se establece en el citado decreto, tenemos que decirle que no es necesaria realizar ninguna modificación del Decreto 70/2011, puesto que lo que nos proponen es lo que se viene haciendo desde el inicio de la entrada en vigor de... de dicho decreto que hoy nos ocupa. Todas las personas afectadas por el Decreto de Precios Públicos tienen garantizados los gastos de bolsillo establecidos en este decreto.

Para calcular la capacidad económica de las personas se computan los ingresos netos anuales, no lo brutos, como indica la observación del Procurador y ustedes en los antecedentes de la propuesta; se aplican los ingresos netos anuales y se prorratean mensualmente para sacar la cuantía mensual.

¿Qué ocurre respecto a la capacidad económica y las aportaciones de los beneficiarios? Que estas se calculan considerando los rendimientos y las rentas del ejercicio impositivo inmediatamente anterior al año, pero se aplican en el año siguiente. Se puede dar la situación de que durante el año esas rentas o esos... esa previsión de ingresos –que es la del año anterior- se vean modificadas a las rentas, pero la propia normativa ya contempla que, si se produce una variación en las prestaciones periódicas percibidas por el interesado, se efectúe una revisión de su capacidad económica y se calculen con arreglo a la nueva situación. Y esto tiene efectos en el mes siguiente del copago. Esto es importante, pues evita situaciones en las que la capacidad económica del usuario haya podido disminuir, y de esa forma, pues impide que se... esa disminución perjudique económicamente a la persona.

Con respecto al segundo punto que plantean, pues decirles que, tras la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia y toda la normativa que posteriormente la desarrolla, era necesario adaptar en nuestra Comunidad la normativa para conseguir unificar el procedimiento de acceso de las personas a los servicios y recursos de la Gerencia de Servicios Sociales. El Decreto 70/2011 es la respuesta a esa necesidad, y se publica el cinco de enero de dos mil doce.

A tal efecto, pues tenemos que señalar que, debido al necesario equilibrio que debe de contener cualquier norma reguladora –y con más motivo esta, que tan... tan gran alcance tiene para nuestra Comunidad-, el contenido económico del derecho tiene que estar armonizado con la Hacienda de la Comunidad. Ello obliga a realizar un estudio económico-financiero de las medidas a contener en la norma, y eso es lo que tuvo que realizarse como justificación del propio decreto.

Analizando el decreto, no obstante, con... con el sistema anterior, se llega a la conclusión de que nos encontramos en la actualidad con un sistema mucho más justo, puesto que beneficia a las personas con menor nivel de renta y aporta más quien más tiene –como no puede ser de otra manera-. De hecho, pues usted mismo, en la visita que realizó al CAMP de Burgos, pues hace esas declaraciones, diciendo que en algunos casos el usuario del servicio ha salido ganando con... con la reforma.

Con la aplicación de este decreto la aportación varía según la capacidad económica de las personas, pero el propio decreto blinda la aportación económica máxima que pueden abonar las personas por los servicios recibidos. Hay que destacar del decreto que ninguna persona pagará más del 90 % del precio de referencia para el coste del servicio ni más del 90 % de su propia capacidad económica. Y además, en todos los casos, en... o sea, en los casos de personas con plaza pública propia o concertada de la Gerencia de Servicios, se respeta el mínimo de ingresos para gastos de bolsillo. Este mínimo varía en función de la tipología del servicio y de las necesidades de las personas beneficiarias.

Hay que recordar que antes de la entrada en vigor del decreto la situación era garantizar un capital... se garantizaba un capital de bolsillo de 61,56 euros mensuales -además, ese era el... la cantidad que se garantizaba-, sin embargo, con la reforma, el dinero garantizado es superior. En... en el momento en que entra en vigor el decreto se garantizan 339,70 euros en los casos de centro de día, y entre 115,50 y 250,88 en personas con residencia permanente. Y esta... cuantías, este mínimo de bolsillo, es variable en función de la situación que tengan las personas. No es lo mismo un anciano ya asistido, que difícilmente va a necesitar dinero para realizar actividades de ocio fuera del centro residencial, y... de la de unas personas o de personas con discapacidad, que además lo precisan, precisamente, para ayudarles a... a ser más independientes y más... promocionar su autonomía... su autonomía personal para que puedan salir, ir al cine, de compras o con los amigos, que para eso sí que necesitan más dinero. De hecho, cuando se aprobó este decreto, les recuerdo que se promulgó con una amplia participación de los agentes sociales y de los representantes de las asociaciones y federaciones representativas, tanto de empresas como de usuarios de los servicios.

Por ello... bueno, por ello consideramos que los precios que establece... o la aplicación de... de los precios establecidos en el decreto ahora son mucho más... provocan mucha más igualdad entre los beneficiarios, y que no consideramos necesario realizar ninguna modificación. Por lo tanto, le comunico que vamos a rechazar las propuestas de resolución que nos plantean. Nada más. Y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra nuevamente el Procurador don Jorge Félix Alonso Díez.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Bueno, este tema le hemos tratado aquí en múltiples ocasiones; nunca han querido entrar a analizar la repercusión real que tiene el Decreto de... de Precios Públicos. Nos rechazaron el que se pudiera hacer una evaluación pasado un tiempo de la aplicación, nos rechazaron el que se pudiera crear una comisión que analizara la... la repercusión que estaba teniendo, y cuando después hemos empezado a tener conocimiento de que había quejas al Procurador del Común, y que el Procurador del Común avalaba aquellos temores que, de alguna forma, se... se planteaban, o aquellas dudas, o aquellos casos que íbamos teniendo conocimiento, pues entendíamos que estábamos totalmente acertados cuando pedimos que es necesario que se revise el Decreto de Precios Públicos.

El Decreto de Precios Públicos no se ha hecho pensando en garantizar una atención a las personas; yo estoy convencido que el Decreto de Precios Públicos se ha hecho pensando a ver cómo cuadraban las cifras y han dicho: ojo, no cambiemos nada con respecto a lo que se venía haciendo, o cámbiese lo justo, porque, de lo contrario, a lo mejor no nos salen las cuentas. Claro, y nos encontramos con que ha habido un incremento en los copagos y, en consecuencia, una reducción en las cantidades que quedan, como mínimas, garantizadas a las personas.

Está claro que no es igual cuando una persona está en un centro residencial que cuando una persona está en un centro de día. Pero es que, precisamente, cuando una persona está en un centro de día y tiene una discapacidad, en muchos casos es una persona que tiene una vida normal, tiene una vida que tiene que hacer frente a todos sus gastos, y es que la cantidad mínima que se le garantiza son 365 euros al mes. Si esa persona, desde luego, vive sola... porque aquí siempre se piensa que las personas con discapacidad viven con los padres, o viven con la familia, y que, al final, son los que van a hacerse cargo de... de los costes que tiene a mayores, pero está claro que, si una persona con discapacidad vive sola... y hay muchas personas, porque, además, esa es un poco la... lo que usted me dice, o sea, hay que intentar que las personas tenga una vida autónoma, y, para que tengan una vida autónoma, desde luego, es imposible pensar que alguien puede tener una vida autónoma con 365 euros al mes, que es actualmente la pensión no contributiva, ¿no? En consecuencia, nos parece que está totalmente justificado y que es totalmente necesario el que se revise la cantidad mínima que se queda a las personas con discapacidad que tienen que acudir a un centro de día.

Yo comprendo que revisar el conjunto del procedimiento es una cosa que requiere tiempo; no se puede hacer, desde luego, en una proposición, por eso en su día planteamos que se hiciera una comisión que estudiara con profundidad cómo quedaban compensados. Desde luego, hay casos ya claramente conocidos y sangrantes, como es el de las personas con discapacidad que tienen un centro de día, que es en lo que especialmente poníamos énfasis en la proposición.

Y, bueno, pues veo que, una vez más, no tenemos éxito, y que ustedes se van a oponer. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Pues, finalizado el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley debatida.

Votación PNL/001285

¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Diez. Pues queda, por tanto, rechazada la proposición no de ley.

Por parte del señor Secretario, se dará lectura al tercer punto del Orden del Día.

PNL/001287

EL SECRETARIO (SEÑOR RODERO GARCÍA):

Tercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley número 1287, presentada por los Procuradores don Jorge Félix Alonso Díez, don David Jurado Pajares, doña Ana María Agudíez Calvo, don Fernando María Rodero García, doña María Teresa López Martín y doña Esther Pérez Pérez, relativa a la puesta en marcha del Programa de Atención Integral a Menores durante los meses de vacaciones escolares, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 448, de doce de septiembre del dos mil catorce".

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, en representación del... del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Esther Pérez Pérez.

LA SEÑORA PÉREZ PÉREZ:

Gracias, Presidenta. Buenos días. En un contexto de crisis como el actual, las familias, y también la infancia, se enfrenta a muchos desafíos, entre ellos los relacionados con la exclusión social, la pobreza y la vulnerabilidad.

La Ley Orgánica 1/96, de quince de enero, de Protección Jurídica del Menor, y la Resolución de ocho de junio del noventa y dos del Parlamento Europeo, sobre una Carta Europea de los derechos del niño, han ido dotando a los niños y niñas de un adecuado marco jurídico de protección consecuente con la filosofía de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En nuestra Comunidad, el... en nuestra Comunidad Autónoma, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 14 de dos mil siete, de treinta de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, se pronuncia también en este mismo sentido al recoger en su Artículo 13.6 los derechos de las personas menores de edad, y señalando que los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones Públicas de Castilla y León, con prioridad presupuestaria, la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto familiar y social, en los términos que se determinen normativamente.

Por otra parte, la normativa específica recogida en la Ley 14/2002, de veinticinco de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León, aprobada por unanimidad en estas Cortes, garantiza los derechos de los menores de 18 años, promoviendo su pleno desarrollo e integración sociofamiliar y regulando las actuaciones y procedimientos necesarios para atender y proteger a la infancia en situación de riesgo o desamparo.

Sin embargo, y aparte... además de existir toda esta legislación, si atendemos al informe de Unicef sobre la situación de la infancia en Castilla y León, de dos mil trece, se indica que en España había un 29,9 % de menores en riesgo de pobreza; en Castilla y León esta cifra, este porcentaje, bajaba al 24,9. Pero es que, detrás de estos porcentajes, que pueden parecer datos abstractos, hay niños y niñas que están sufriendo las consecuencias de la falta de respuesta por parte de las Administraciones. Si Castilla y León tuviese el mismo porcentaje de menores en riesgo de pobreza que en España, habría más de 100.000 niños (del entorno de 109.000 niños, menores); al estar 5 puntos por debajo, son más de 91.000 (91.208 concretamente) los... los menores en riesgo de pobreza en nuestra Comunidad.

Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se justifica su falta de actuaciones para dar respuesta a este número importante de menores que necesitan una intervención desde la Comunidad Autónoma en el razonamiento de que Castilla y León está esos 5 puntos por debajo de la media estatal. Desde luego, desde mi Grupo Parlamentario, pensamos que las Administraciones Públicas no pueden quedarse en esas frías cifras, en esos porcentajes, puesto que estamos hablando de personas, de menores, en el caso que hoy nos ocupa.

El propio informe de Unicef incluye más cuestiones fundamentales para entender la situación actual en que se encuentran nuestros menores en Castilla y León. Y, desde luego, son los recortes realizados en tres Consejerías de las que principalmente depende el desarrollo equilibrado de los niños y las niñas, cifrando los recortes de cada Consejería, pues, si hablamos de Educación, el recorte ha sido del nueve... del 19 %, lo que supone 422 millones de euros; o el recorte en Servicios Sociales, del 7,2 %, supone 63 millones de euros; o en Sanidad, con un recorte del 7,7 %, con 271 millones de euros de recorte.

Desde luego, la calidad de vida de los niños y niñas y su futuro, para que no caigan en esa exclusión social, depende no solamente de las ayudas sociales, de los servicios sociales, sino también de esa educación o de esa sanidad. Por eso, entendemos que es imprescindible proteger la inversión en educación, como elemento fundamental en el desarrollo de niños y niñas; y promover, además, las medidas que garanticen esa calidad educativa y la eficacia de la inversión; así como promover también el acceso a una alimentación adecuada y de calidad para todos los niños y niñas de la Comunidad, con especial atención en aquellos que precisamente disponen de menos recursos.

Por ello es por lo que planteamos esta propuesta de resolución, en que las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a realizar las siguientes actuaciones:

Poner en marcha, durante los meses no lectivos, un programa de atención integral a menores, dirigido a todos los niños y niñas de Castilla y León, que, bajo la fórmula de "Campamentos desde el Cole", bien sean urbanos y rurales, puedan participar de forma gratuita los menores en situación o riesgo de pobreza y exclusión. Esos campamentos deberán de tener o podrán tener los siguientes contenidos: desarrollo de actividades lúdicas, deportivas y de conocimiento del entorno; la alimentación como forma de evitar esas situaciones de desnutrición y malnutrición infantil al cerrarse los comedores escolares durante el periodo vacacional; y la apertura de los centros escolares necesarios para garantizar, precisamente, los objetivos del programa.

Además de evaluar el programa por parte de los servicios sociales y de educación, e informar a esta Cámara para la mejor previsión de cara al próximo año, para poderlo incorporar, además, en los presupuestos de dos mil quince.

Promover la suscripción de un pacto de Castilla y León por la infancia, para cuya elaboración y suscripción se contará con la participación de Grupos Políticos, representados en las Cortes de Castilla y León. Además, para su elaboración serán oídos los agentes económicos y sociales y las entidades del tercer sector con implicación directa en la atención a los menores. Se articulará, así mismo, un procedimiento de participación de los menores para que también se puedan escuchar sus opiniones. Dicho pacto deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos: la actualización de la Ley de Promoción, Atención y Promoción a la Infancia de Castilla y León, donde, de forma específica, se incluirán medidas para actuar contra la violencia contra la infancia y, así mismo, se articularán medidas para que los menores puedan participar también en el ámbito municipal; el establecimiento de objetivos dirigidos a la reducción de la tasa de menores en riesgo de pobreza, así como las acciones necesarias para lograr esos objetivos, que, además, serán objeto de evaluación periódica; la definición de actuaciones integrales con las familias, por ser el núcleo natural de desarrollo del menor; y, con la finalidad de detectar las situaciones de necesidad lo antes posible, se deberá de articular la coordinación entre los servicios básicos de sanidad, educación y servicios sociales (Atención Primaria, colegios de Primaria y Secundaria y centros de acción social), y así mismo se garantizará su coordinación con las entidades locales.

Entendemos, con esta propuesta, que sería un plan integral, que ayudaría a paliar, en parte, la situación por la que pasan muchos de los menores de nuestra Comunidad y, por tanto, esperamos el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. En un turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Procuradora doña Purificación Pozo.

LA SEÑORA POZO GARCÍA:

Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Esta es la segunda vez que debatiremos en estas Cortes esta PNL, puesto que el Grupo Mixto presentó el once de junio de este mismo año una con un contenido muy similar a este que nos ocupa hoy; pero, bueno, con mucho gusto vuelvo a debatirla con usted, señora Pérez.

Cierto es que el estudio de Unicef sitúa a Castilla y León entre las cuatro Comunidades con menor porcentaje de niños con privación material severa -un 4,4 %-, la mitad que la media nacional. Bien, pues, aun contando con una mejor situación con respecto a los indicadores de pobreza y exclusión social, es evidente que cada uno de los casos individualmente considerados es igualmente dramático y que requiere una actuación urgente y efectiva.

En concreto, en Castilla y León, consideramos que los recursos han de garantizar la atención a los menores de una manera integral, cubriendo todas sus necesidades; la alimentaria es, desde luego, prioritaria, pero no puede olvidarse la necesidad de garantizarles una vivienda, sanidad, escolarización, etcétera, etcétera, y que eso se produzca en el seno de su propia familia. No podemos considerar al menor como alguien aislado de su familia. Los menores han de comer con sus familias, y a ello tiende el modelo establecido en Castilla y León.

Consideramos, Señoría, que no es solo un modelo de apertura o no de comedores escolares, centrado en elementos individuales y en situaciones estacionales, como han adoptado otras Comunidades Autónomas, sino que es un modelo mucho más amplio, integrado y permanente, que cubre todas las necesidades de la familia en su conjunto, dando prioridad, insisto, a su adecuada y suficiente alimentación.

Entendemos que el problema de la alimentación infantil no debe restringirse a los comedores escolares, campamentos urbanos o actividades lúdicas, sino que debe garantizarse desde el propio hogar familiar, durante el tiempo que sea necesario y mientras dure la situación de desprotección familiar. Es decir, aportar soluciones que ayuden a resolver la situación de riesgo dentro del seno familiar de manera definitiva y no para momentos –como decía antes- y situaciones concretas, como piden ustedes con la apertura de los comedores escolares.

Y les pregunto: ¿qué pasaría con las cenas y los desayunos?; en el caso de los fines de semana, también, ¿qué pasaría?, entre otros, ¿no? ¿Acaso no son imprescindibles también para garantizar una suficiencia alimentaria?

Castilla y León ha adoptado una serie de medidas extraordinarias para el apoyo a las familias afectadas por la crisis, que, junto a las que ya existían, configuran -lo que ustedes también conocen- la Red de protección a las familias de Castilla y León afectadas por la crisis. Hay que destacar que en su definición y desarrollo ha sido esencial el consenso político y social, la contribución de las... de las Corporaciones Locales, organizaciones del tercer sector, organizaciones sindicales y empresariales y el firme apoyo de todos los Grupos Políticos representados en estas Cortes, incluido el suyo, Señoría, su Grupo Parlamentario. No sé por qué lo piden ahora de nuevo.

Estoy segura que ustedes conocen también los 23 programas que esta red incorpora, pero voy a ir detallándoselos.

En concreto, en cuanto a la alimentación, se ha establecido el servicio de distribución coordinada de alimentos con la participación del sector empresarial, Cruz Roja y el Banco de Alimentos, que se incorpora también al sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, para garantizar a los ciudadanos que lo precisen de manera urgente una alimentación básica suficiente y adecuada. Una llamada de teléfono de información de la Junta, 012, servirá para que se active un mecanismo único y coordinado de reparto de alimentos para cubrir las necesidades urgentes en menos de 24 horas, en cualquier rincón de la Comunidad.

Y también conocen, ¿cómo no?, la Renta Garantizada de Ciudadanía. Esta prestación se ha convertido en un instrumento decisivo para atender las necesidades de inclusión social en nuestra Comunidad. Y conscientes de ello, el presupuesto para dos mil quince se ha incrementado respecto a dos mil catorce en un 27 %, alcanzando los 55 millones de euros, una cantidad que duplica la presupuestada en dos mil once.

Igualmente son imprescindibles las medidas para ayudar a mantener la vivienda: servicio de apoyo a las familias en riesgo de desahucio. Gracias a este servicio, personas o familias en dificultades para abonar las cuotas de su deuda hipotecaria reciben de la Administración apoyo profesional y acompañamiento para afrontar las consecuencias de situación de sobreendeudamiento familiar, proponiendo soluciones adaptadas a su capacidad económica actual, con un fin, con el fin de evitar la pérdida de su vivienda, que es lo más importante.

Además, las ayudas de emergencias... de emergencia, perdón, han venido a complementar las tradicionales ayudas económicas destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, reformadas a través del Decreto 12/2013, y que ha supuesto un cambio cualitativo en la prestación. El importe máximo de estas ayudas es de 3.195 euros anuales, aunque, excepcionalmente, puede ser ampliable. El presupuesto destinado a ayudas de emergencia ha sido de más de 5.000.000 de euros.

Además, la red incorpora entre sus programas un mecanismo de detección y respuesta rápida de posibles casos de desnutrición infantil que pudieran darse en nuestra Comunidad Autónoma. El sistema Centinela de Alerta Infantil está formado por equipos multidisciplinares de trabajadores de los servicios sociales –educación, sanidad...- y de las entidades locales; en total son, Señorías, sesenta profesionales. Si estos equipos detectan que algún menor presenta algún síntoma de desnutrición o carencia alimentaria, se activa un protocolo de actuación que, a través de la red, prestará de forma urgente la ayuda alimentaria necesaria para garantizar la alimentación del menor. Y es necesario recalcar, Señoría, que, además de las medidas específicas, la protección a la infancia está presente en la mayoría de los programas que integran esta red, la Red de protección.

Y ya existe un Pacto por la Infancia. Para dar otro impulso, y con la finalidad de mejorar el bienestar de los más de 370.000 menores que viven en Castilla y León, y reconociendo y desarrollando sus derechos, las Cortes de Castilla y León, bajo el impulso de Unicef, aprobaron... aprobamos, en marzo de dos mil doce, una proposición no de ley instando a la Junta de Castilla y León a apoyar y fomentar, dentro del marco de un Pacto por la Infancia, diversas medidas a favor de los niños y niñas de la Comunidad Autónoma.

El Consejo Regional de Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León, con la participación de todos los Grupos representados en el Pleno del Consejo, y la colaboración de Unicef, fue desarrollando diversos trabajos para la redacción de este Pacto por la Infancia en nuestra Comunidad. El documento se presentó el veinte de noviembre de dos mil doce y su objetivo es implicar a todas las Administraciones Públicas, al tejido social y empresarial, a todas las entidades –fundamentalmente las representadas en el tercer sector-, y, por ende, a todos los agentes políticos, sociales, económicos y de cualquier otra índole, de Castilla y León, con la finalidad siempre de mejorar el bienestar de los niños y... y niñas, reconociendo y desarrollando sus derechos, y, por tanto, transformando a mejor nuestra Comunidad y las comunidades locales para el presente y el futuro, movilizando de este modo los recursos necesarios para asegurar un desarrollo humano justo y solidario, basado en el principio del interés superior, que es siempre el del niño y la niña. Bien.

Pues, Señorías, se trata, en definitiva, de comprometer a toda la sociedad...

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Por favor, vaya terminando. Por favor.

LA SEÑORA POZO GARCÍA:

(Sí, Presidenta). ... toda la sociedad castellano y leonesa con la infancia.

Pues bien, una vez firmado el pacto, debo decirle, Señoría, que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha trabajado para el impulso y las actuaciones llevadas a cabo en cada uno de los cuatro compromiso del pacto, y han sido muy numerosas.

Y no debe... y nos debemos –pienso- sentir orgullosos del trabajo realizado, puesto que Unicef ha avalado el modelo de pacto autonómico, del mismo modo que valora el trabajo de la Junta de Castilla y León a través de la Red de protección a las familias y el esfuerzo presupuestario de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en materia de infancia, que se ha incrementado un 11 % desde dos mil once.

Este es nuestro modelo, el modelo de Castilla y León, que debemos seguir potenciando para mantener la igualdad en el acceso a los servicios básicos. No podemos señalar a unos cuantos niños, no debemos estigmatizarles, como lo hace otro modelo –por ejemplo, el andaluz-. Nosotros apostamos más por la igualdad y la responsabilidad...

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Señora Pozo, por favor, vaya terminando porque ha pasado su tiempo con creces, ¿eh?

LA SEÑORA POZO GARCÍA:

(Perdón. Sí). Por todo ello, pues decir, Señoría, que no podemos votar a favor de su propuesta de resolución.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Para terminar el debate... para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra nuevamente doña Esther Pérez Pérez.

LA SEÑORA PÉREZ PÉREZ:

Gracias de nuevo, Presidenta. Señora Pozo, el problema no es las veces que aquí se debatan las iniciativas, presentadas mayoritariamente por el Grupo Parlamentario Socialista –y, como usted también ha dicho, por el Mixto-; desde luego, muy poquitas presentadas por su Grupo Parlamentario. Y digo que el problema es... no es que las traigamos; el problema es que hace falta sensibilidad de su Grupo para que salgan adelante. Desde luego, lo estamos viendo: puede pasarse los diez minutos de la intervención -doce o quince, con la benevolencia de la Presidenta- diciendo todos los programas que se están desarrollando, pero, desde luego, es evidente que no están dando los resultados que, al menos desde mi Grupo, se esperan.

Y me dice que podemos estar orgullosos del trabajo realizado. Desde luego, desde mi Grupo estaríamos mucho más orgullosos si la situación fuera una muy diferente a la que hoy tenemos, si no hubiera en esta Comunidad más de 90.000 niños en riesgo de exclusión social.

Y sí, me habla de todo lo que se ha trabajado en ese pacto firmado, en esas iniciativas que aprueban. El problema no es las que no aprueban, pero ni siquiera las que aprueban, porque en el caso de las iniciativas que aprueban nada hacen después, porque nada nos han dicho de lo que han hecho con el Consejo de la Infancia. O ese pacto al que hacía referencia, efectivamente –lo tengo por aquí, y podríamos relatar todos los objetivos y también todos los compromisos-, en el que la referencia que nos ha hecho es que han sido numerosos y que los van a impulsar. Desde luego, entre el potenciar, el impulsar, el apoyar, el fomentar, pasamos el rato, los minutos y los días, pero, desde luego, no solucionamos la situación de unas familias que, desde luego, tienen que afrontar la situación tratando precisamente de eso, de que el problema lo puedan solucionar.

Porque me hablaba de que sería muy positivo que... y que sería lo... lo ideal el que los niños comiesen en sus casas con sus familias. Desde luego, podríamos estar de acuerdo; podríamos estar de acuerdo siempre y cuando en las casas y en las familias hubiese algo para que esos niños y esas niñas se pudiesen llevar a la boca. Porque me preguntaba también usted que qué pasaba con las cenas, los desayunos y los fines de semana. Creo que la respuesta la tiene usted.

Y, desde luego, nos habla de que... sí, cifras, datos, la cuarta Comunidad con menor problema, la media nacional... Desde luego, es que... no es que a mi Grupo esos 92.000 niños les parezcan muchos; es que uno ya nos parecería demasiado.

Desde luego, en toda la retahíla de medidas que nos ha contado, los programas, esa Red mágica de protección a las familias, que parece ser que solamente con tenerla ya las familias están protegidas, cuando luego estamos viendo que entidades locales, Ayuntamientos, bancos de alimentos, tienen que hacerse cargo. Tendríamos que... que también ver eso que nos afirma, que en veinticuatro horas está todos los problemas solucionados.

Desde luego, nosotros no podemos quedarnos con las cifras. Pero es que, si hablamos de cifras, hablamos de 3.000.000 de niños y niñas en España, esos más de 90.000 en Castilla y León; y hablamos del informe de Unicef, que cifraba -en esa primera intervención lo decíamos- en el 29 % en España o el 24 en Castilla y León. Desde luego, alarmante, pero es que todos los datos nos llevan al mismo lugar. El propio Gobierno de España, sustentado por el Partido Popular, reconoce la cifra del 23 % de menores en el umbral de la pobreza en nuestra Comunidad; que, por cierto, sitúa a tan solo dos puntos de la media nacional, que sitúa en el... en el 25 %. Desde luego, deberían de plantearse si, con cualquiera de los datos -y hablando de niños y de niñas, no de cifras-, no estamos obligados a tomar las medidas que estén en nuestra mano.

Y me hablaba usted de que no podía ser solamente un modelo de comedores escolares, pero es que nosotros hablábamos de mucho más. Claro que cuando traen el discurso preparado y planteado para vender y alabar lo que hace la Consejería sin mirar las iniciativas, pues suceden este tipo de cosas, porque, desde luego, la iniciativa era mucho más.

Y se lo decía también en mi primera intervención, en referencia a esos recortes en educación, en servicios sociales y en sanidad, cuando me habla de ese modelo más amplio y de que además desde la Consejería se trabaja. Desde luego, recortes que generan desigualdades, que se están incrementando en los últimos años. Generan problemas a las familias y, desde luego, afectan a todos los miembros de las mismas, pero también a los menores: esos problemas de alimentación, de vivienda; problemas de calefacción, de vestuario; problemas de acceso en esos medios que se necesitan para el estudio. Desde luego, demasiados problemas; problemas generados por los recortes que el Partido Popular –su Grupo- están llevando a cabo y están planteando a las familias.

Por eso nosotros planteábamos esta iniciativa, para tratar de paliar, en lo posible, el sufrimiento de estas familias, con ese planteamiento de un programa de atención integral; y lo planteábamos con actividades lúdicas, deportivas –también con esa adecuada alimentación, para evitar esas situaciones de malnutrición y desnutrición que también se están produciendo con el cierre de los comedores escolares-; y, desde luego, entendemos que es necesario el otorgar la máxima protección a esos menores, con un pacto, pero un pacto que se desarrolle y que sirva para algo. Desde luego, ya estamos acostumbrados, en esta Consejería, a ver grandes titulares de prensa, grandes fotografías, que solo sirven para eso; porque, desde luego, en la práctica –y no es que lo diga este Grupo Parlamentario-, pues se está viendo que los resultados no son los que se nos venden en esos grandes titulares.

Y, desde luego, sí, me habla de que nuestra Comunidad está por... en la mitad de la media nacional, la cuarta con menor situación... pero es que, claro, tenemos que tener en cuenta -que usted no ha tenido en cuenta- que España es el tercer país en niños y niñas en riesgo de exclusión social, solo por detrás de Letonia y Grecia, y que la desigualdad –como le digo- sigue aumentando. Por lo tanto, es que estamos hablando de un problema en el que hay que poner solución.

Desde luego, vemos, una vez más, como desde su Grupo Parlamentario, señora Pozo, se ha esmerado usted en defender los intereses de un Gobierno, en vender humo –porque estamos viendo que, desde luego, las medidas que se están vendiendo, si son buenas, son insuficientes, y por tanto algo más habría que hacer-, y, desde luego, nosotros, lo que defendemos son los intereses de los menores en nuestra Comunidad. Porque a un menor, sinceramente –y créame-, de nada le sirve que yo mañana le cuente –ni a él ni a su familia- todos los programas que se están desarrollando si tienen las necesidades que tienen.

Y, desde luego, el propio informe de Unicef hace que leamos frases que dice un niño de 10 años, en que dice: "Les diría a los políticos que lo estamos pasando mal, que si a ellos les parece normal" –son frases-; o un niño de 12 años, que tiene que decir que "si tuviera poder, gastaría el dinero en lo que fuera necesario"; el niño que dice: "Ya no me compran juguetes mis padres, y además discuten porque no tienen dinero", cuando los padres y las madres se esfuerzan por que los niños, evidentemente, sufran lo menos posible las situaciones que están sufriendo todas las familias.

Por eso les pedimos, una vez más, que reflexionen, que no se queden en esas frías cifras, que, entendiendo que pueden ser positivos muchos de los programas, desde luego, se demuestra bien a las claras, con la situación, que son insuficientes, y que aprueben esta propuesta; pero no solamente que la aprueben -porque, como decía, de poco sirve aprobarla si luego nada hacen con ella-, sino que además se lleve a la práctica y permita así paliar en parte –solamente en parte- esa situación que muchos niños y niñas padecen, también en nuestra Comunidad. Nada más y muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Cerrado el debate, sometemos a votación la proposición no de ley.

Votación PNL/001287

¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Diez. Pues queda, por tanto, rechazada la proposición no de ley.

Por parte del señor Secretario se dará lectura al cuarto punto del Orden del Día.

PNL/001290

EL SECRETARIO (SEÑOR RODERO GARCÍA):

Cuarto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 1290, presentada por los Procuradores don Jorge Félix Alonso Díez, doña Esther Pérez Pérez, don Fernando María Rodero García, doña Ana María Agudíez Calvo, don David Jurado Pajares, doña María Teresa López Martín, instando a la Junta de Castilla y León a realizar ajustes en la aplicación del complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de dieciocho años y con un grado de discapacidad igual o superior al 75 %, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 448, del doce de septiembre del dos mil catorce".

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra don Jorge Félix Alonso Díez.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Gracias, señora Presidenta. Cuando una persona tiene discapacidad, tiene dos tipos de... de prestaciones: una, dirigida a ellas mismas, y, otra, dirigida a sus familiares. Cuando la que está dirigida a ellas mismas es como consecuencia de... de su dificultad que tiene para trabajar y, en consecuencia, se le... se le da una prestación para compensarle ese... esa situación. La que tiene dirigida a la familia la tiene dirigida precisamente –que es lo que se llama "hijo a cargo"- para que se le atienda al... al hijo, en este caso, por parte de los padres. Y, si la discapacidad es superior al... al 75 %, se le complementa con lo que se llama "ayuda a tercera persona".

La Consejería de Familia tiene un Decreto de Precios Públicos, que hablábamos antes y que volvemos a hablar ahora, mediante el cual se... se determinan las cantidades que tienen que pagar por acceder a un servicio público –bien centro de día o bien centro residencial... también en un centro público o en un centro concertado- las personas que... que acceden a estos centros y, concretamente, en el caso que estamos hablando, las personas con discapacidad.

La Ley de la Dependencia establece que en el pago de los servicios que se reciben por tener dependencia deben también incluirse determinadas prestaciones, lo que llaman "las prestaciones de análoga naturaleza".

Lo que está claro es que en la determinación que hace la ley, y que... posteriormente, el acuerdo que hubo del Consejo Territorial, establece que se deberán destinar, pero no se dice que de forma completa. Es decir, se deberán destinar, y parece lógico que, si no se está todos los 365 días del año en un centro, como ocurre en muchos casos –que, o bien se está en un centro residencial o en un... sobre todo, cuando se vive en los pueblos, y se... solo se está de lunes a viernes, o cuando se va a un centro de día, que no se está más que unas horas, porque el resto del tiempo se está en casa-, no parece lógico que aquellas prestaciones que recibe la familia como complemento para ayudar a la persona con discapacidad se le computen por parte de la Junta al 100 %, puesto que una parte de esas prestaciones, de ese complemento, debería de quedarse la familia con ello para que pueda atenderle fuera de las horas que no está en el centro residencial.

Y, en definitiva, eso es lo que nos viene a decir también el Procurador del Común y nos dice una sentencia que tenemos del Juez de lo Contencioso-Administrativo, del Juzgado número 4 de Valladolid, que dice que la prestación que recibe el progenitor por hijo minusválido a cargo se debe de tener en cuenta solo parcialmente a la hora de contribuir al pago de los servicios públicos.

Por eso planteamos esta proposición, que nos parece que es de sentido común. Si no estás los 365 días al año en un centro atendido por la Junta de Castilla y León, que solo se está... –o bien porque estás en un centro de día solo unas horas, o bien porque solo asistes de lunes a viernes- parece lógico que no destines toda la cantidad de esos 182 euros mensuales que se da como complemento... se destinen a pagar el centro, y que una parte quede a la familia.

Por eso, en definitiva, lo que estamos planteando es que las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que ajuste la aplicación del complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 75 a la financiación del coste de servicios prestados por la Administración de la Comunidad, en el ámbito de los servicios sociales, en aquellos porcentajes que resulten adecuados, en función de los días o periodos de tiempo que las personas usuarias sean cuidadas por sus familiares, y estos, en consecuencia, estén a cargo de su asistencia y manutención.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. En un turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Álvarez-Quiñones.

LA SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ:

Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular quiere dar la enhorabuena a don Fernando Rodero por su nombramiento como Secretario de la Comisión.

Entrando ya en el debate de su proposición, don Jorge Félix, y agradeciéndole la presentación de la misma, pues mire, nosotros aquí encontramos dificultades para aprobarla tal cual -a pesar de la sentencia que usted nos ha... nos ha presentado, y que tendría interés en que me... después verla con usted, o que me pasara una copia-, pues mire, precisamente por las prescripciones que establece, no ya el Decreto de la Junta –el 70/2011, de Precios Públicos-, sino la propia Ley de la Dependencia.

En primer lugar, desde la implantación y desarrollo de esa ley, cada persona dependiente que está en el sistema recibe un servicio que ha sido previamente valorado y que se ajusta a las necesidades de esa persona en concreto, y que puede ser de una intensidad u otra (atención completa, diurna, nocturna, etcétera), y, por supuesto, siempre se calcula el copago que tiene que realizar esa persona, prorrateado en... prorrateado en función del número real de días en los que ese servicio se recibe, en que el usuario se encuentra en situación de alta y, por tanto, el tipo de servicio y la intensidad sí, a priori, por supuesto, se tiene en cuenta el cálculo... en el cálculo de ese copago, como no podía ser de otra manera.

¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que está el complemento de la prestación por hijo a cargo, al igual que el complemento de necesidad de tercera persona en las pensiones no contributivas de invalidez, el subsidio de ayuda a la tercera persona, que preveía la LISMI, y el complemento de pensión de gran invalidez, que se crearon antes de la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia, para que las personas que entonces tenían ciertas necesidades relacionadas con su situación de discapacidad o de dependencia pudieran afrontar el pago de los servicios que necesitaran, dada, pues, la escasa cuantía de ese sistema de pensiones.

Es importante destacar que estas prestaciones fueron recibidas, en su día, y se diseñaron para hacer frente a esos gastos de atención; y en este caso sí que es verdad que se trataba de un pago que yo diría que es lineal, es decir, independiente de la naturaleza e intensidad de los servicios que... que recibieran, ya fueran ayuda a domicilio, centro de día, residencia, etcétera.

Estos complementos eran, entonces, digamos, prestaciones, verdaderas prestaciones por dependencia, si bien no eran universales, no todos los dependientes tenían derecho a ellas, sino solo... estaban limitadas a una serie de personas que cumplían unos requisitos establecidos en el sistema de pensiones, y, además, bueno, pues es verdad que la Ley de la Dependencia lo que hizo fue, en primer lugar, venir a universalizar ese derecho para todos los dependientes, no solo para aquellos incluidos en el sistema de pensiones.

Pero es que la Ley de la Dependencia sí que tuvo en cuenta que existían esas prestaciones análogas a las que usted aludía y que, efectivamente, es la propia ley quien dispone en el Artículo 31 que esos complementos se deducirán de la cuantía de las prestaciones de la Ley de la Dependencia. Es verdad que no se dice si todo, parte, pero sí se dice que esos complementos se deducirán. Con lo cual, el propio Artículo 31 entendemos que establece ahí que esos complementos deben deducirse de las prestaciones. El equivalente a esa deducción, cuando se recibe un servicio y no una prestación económica, es la aportación de esos complementos para hacer frente al coste del servicio, independientemente de la participación que deba hacer el usuario, con... con arreglo a su capacidad económica.

Y esto es lo que se recoge, precisamente, en el primer gran acuerdo que hubo del Consejo Territorial, en dos mil ocho -cuando gobernaban ustedes, pero el acuerdo fue de todas las Comunidades Autónomas, independientemente de su signo político-, sobre determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de este en las prestaciones del Sistema de la Dependencia. Ese acuerdo se tomó allí, en el Consejo Territorial, y decía que, si el beneficiario de alguno de los servicios del Sistema de la Dependencia fuera titular de alguna prestación de análoga naturaleza y finalidad de las citadas en el Artículo 31 de la Ley de la Dependencia, dicho complemento o prestación deberán ser destinados a la financiación del coste del servicio, sin que en ningún caso la participación del beneficiario supere el precio de referencia del servicio que recibe. Y posteriormente, un acuerdo en similares términos, pues se... se validó por parte del Consejo Territorial en dos mil doce.

Es decir, como se puede observar, es el propio Consejo Territorial de la Dependencia quien ha, digamos, cerrado esa obligación de aportar el complemento en su integridad, claro, sin que se superen los límites señalados y sin que esté en función del tipo de servicio ni de la intensidad de la atención. El servicio que recibirá, finalmente, cada persona es el más adecuado a sus condiciones y necesidades, con costes y copago muy variables, en los que ya sí se contempla precisamente esa intensidad, así como la participación económica del usuario.

Mire, Señoría, nosotros interpretamos, con el escenario general que hay y con los acuerdos del Consejo Territorial, que realmente la proposición que ustedes nos presentan, si se piensa despacio, se comprende que quizá es completamente arbitraria, porque lo que se está solicitando, al final, es un privilegio, digamos, no justificado o injustificado para una serie de personas, porque, si se les concede a estas personas que perciben esos complementos de antes, obviar lo que disponen los acuerdos y obviar lo que dispone el Artículo 31 de la Ley de la Dependencia, ¿no tendríamos que hacer lo mismo con una persona que tiene iguales necesidades, que recibe una atención con un servicio idéntico, pero que no gozara de la percepción de este complemento porque no estaba incluida en los viejos requisitos establecidos en el sistema antiguo de pensiones?

Y, mire, Señoría, nosotros pensamos que, efectivamente, se pueden proponer beneficios para unas personas determinadas, ya sean determinadas personas con discapacidad, con determinado grado, menores, etcétera, pero habría que hacerlo por otras razones, no porque perciban unos complementos, digamos, de la época anterior a la implantación de la ley. Entonces, es completamente injustificado e inadecuado y fuera de lógica pretender que los mantengan unas personas y, en cambio, no los perciban otras que tienen iguales características y necesidades. Si hiciéramos esto, estaríamos entrando, de una manera directa, en un trato totalmente desigual a los perceptores de distintas prestaciones y servicios que reciben estos complementos y que se les deducen íntegramente, y a la totalidad de personas con dependencia que no reciben esos complementos y que tienen idénticas necesidades a quienes sí lo reciben.

Y hablaba usted del Decreto de Precios Públicos, el 70/2011, de la Junta, y es cierto que lo que ha hecho el decreto es prever la incorporación de esas cuantías, de estos complementos, a la financiación de las prestaciones, pero ello se ha hecho porque así se prevé para las prestaciones de análoga naturaleza en la Ley de la Dependencia. Imagínese que al final, pues resulta que asumiéramos esta proposición no de ley y que esto terminara por provocar que determinadas personas que reciben distintos servicios, porque así lo han elegido, pero tienen circunstancias muy parecidas con respecto a su situación de dependencia, pues reciban un trato económico también desigual, al descontar de forma distinta ese complemento considerado en la capacidad económica del usuario. Muchas gracias, Señoría.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra nuevamente el Procurador don Jorge Félix Alonso Díez.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí. Gracias. Bueno, la situación de distinto trato se produce en este momento, se está produciendo en este momento, en la medida de que a las personas que se les descuenta en el precio público... vamos, les descuentan no, al contrario, se les recarga, se... se les descuenta de... de lo que le quedaría, pero, en realidad, se les carga en... en el copago la cantidad de los 182 euros o casi 183 que supone el complemento por hijo a cargo, están mucho peor tratados que quien no lo tiene. Quiero decir, mire, dos situaciones muy semejantes económicamente, que están en centro de día, a uno le queda dinero de bolsillo 343, quien no tiene esta... esta prestación, y al que la tiene le quedan solo 158, porque, después de hacer los cálculos, le descuentan ese dinero. Es decir, entonces, la situación actualmente ya se produce y que hay un agravio; y está claro que hay un agravio en la medida de que uno tiene gastos fuera del centro, porque tiene una vida aparte de estar en el centro de día, tiene que desarrollar su vida, pues insisto, de comida, de alimentación, de vivienda, fuera, y el otro está en... en un centro, en el cual la situación es diferente. Por eso está claro que la familia tiene que hacerse cargo de unos gastos en un caso y otros gastos distintos en otro. Por eso, nos parece que no existe ese agravio que usted dice entre unas situaciones y otras.

En cualquier caso, está claro que estas son cuestiones muy técnicas y muy concretas. Y si ustedes, en su cerrazón de oponerse a todo lo que planteamos, pues nos hubieran hecho caso ya... -estoy hablando de hace dos años, cuando planteamos de que se creara una comisión que estudiara con profundidad esto-. Porque, si al final, desde la Consejería, se tiene tan claro todo y se tiene tantos argumentos, técnicos y políticos, como para no admitir ninguna de las iniciativas que planteamos, ¿qué problema tienen de que haya una comisión...? Que, precisamente, en esa comisión, en la que estuvieran todas las partes interesadas, saldrían convencidas, si tiene tanto argumento la Consejería, de que es verdad lo que... lo que está haciendo es lo más adecuado y lo más justo. Pero lo primero que hacen es oponerse a que los temas se analicen, se profundicen, y, desde luego, está claro que hay situaciones de una clara injusticia en... en este asunto.

Las referencias que he hecho antes al Procurador o a... o a esa sentencia está claro que son simplemente referencias que no son tajantes, porque, además, afectan en una forma limitada, pero lo que está claro es que es un argumento más para que la Consejería reconsiderara su cerrazón a que se pueda analizar el Decreto de Precios Públicos. Yo sigo insistiendo que el Decreto de Precios Públicos no se ha hecho pensando en garantizar una calidad de vida a las personas o garantizar unos mínimos, sino se ha hecho garantizando de que cuadren las cifras y, en consecuencia, las personas han quedado en un segundo lugar, y lo que debería hacer la Consejería es poner a las personas en primer lugar y, al final, no condicionar los servicios a otro tipo de... de circunstancias.

Yo creo que se han dado suficientes argumentos, yo creo que... que debería reconsiderarse su... su posición, y, en definitiva, mantenemos el texto. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. [Murmullos]. Disculpen. Una vez cerrado el debate, sometemos a votación la proposición no de ley debatida.

Votación PNL/001290

¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Diez. Pues queda, por tanto, rechazada.

Y por parte del señor Secretario, se dará lectura al quinto y último punto del Orden del Día.

PNL/001335

EL SECRETARIO (SEÑOR RODERO GARCÍA):

Proposición No de Ley 1335, presentada por los Procuradores don Francisco Ramos Antón, doña María Sirina Martín Cabria, doña Ana María Agudíez Calvo, relativa a funciones y responsabilidades de los CEAS, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 461, del nueve de octubre de mil novecientos catorce.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra, en representación de los Procuradores Proponentes, doña María Sirina Martín Cabria.

LA SEÑORA MARTÍN CABRIA:

Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. La Orden EDU/319/2014, de treinta de abril, por la que se regula el Programa de reutilización de libros de texto (Releo), dirigida a los centros docentes públicos dependientes de la Consejería competente en materia de educación que impartan enseñanza... que imparten enseñanzas obligatorias en la Comunidad de Castilla y León, en su Artículo 12 atribuye a un informe del Ceas de la zona de acción social a la que pertenezca cada alumno el único criterio para la adjudicación de los libros de los bancos de libros de texto. Concretamente dice: "Criterios para la distribución de libros en el alumnado. La comisión de gestión y valoración del Programa Releo de cada centro procederá a adjudicar los libros del banco priorizando al alumnado que se encuentre en situación económica desfavorecida, debidamente acreditada mediante el correspondiente informe social emitida por el centro de acción social perteneciente a la zona donde esté ubicado el centro".

Los Ceas son un servicio social de primer nivel de Atención Primaria, que... de competencia y titularidad local, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 25.2.e) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local; en el Artículo 20 de la Ley 1/98, del Régimen Local de Castilla y León; en la Disposición Transitoria 2.ª de la Ley 27/13, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; y los Artículos 1 y 4 del Decreto-ley 1/14, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de la entrada en vigor de la Ley 27/13, en relación a la legislación sectorial de aplicación, que concreta las competencias de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y Diputaciones en materia de servicios sociales en los Artículos 45 y 48 de la Ley 16/2010, de servicios sociales de Castilla y León.

Los centros de acción social constituyen la puerta de entrada a los servicios sociales, constituyen en sí una red básica en todo el territorio rural y urbano de Castilla y León, reciben las solicitudes de los ciudadanos relativas a necesidades sociales, realizan la valoración técnica de las situaciones que se les plantean, gestionan y prestan servicios sociales básicos. Los tres servicios sociales básicos que gestionan son: información y orientación sobre prestaciones y derechos sociales; apoyo a las familias y convivencia; valoran las necesidades de autonomía personal y de integración social, y de animación y desarrollo comunitario. Estos servicios sociales están cofinanciados por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, al amparo del Acuerdo Marco de cofinanciación de los servicios sociales que deben prestar las entidades locales. Sin embargo, permanentemente se atribuyen nuevas funciones y responsabilidades en la normativa autonómica, en un momento de fuerte incremento de las necesidades y demandas de prestaciones y servicios sociales, sin nueva dotación de recursos humanos y técnicos, que impide que se mantenga la calidad de atención y que se pueda atender como requieren todas las necesidades que se plantean.

Por otro lado, el Artículo 83.4 de la Ley 1/98, de Régimen Local de Castilla y León, introducido por el número 9 de la Disposición Final 1.ª de la Ley 7/13, de veintisiete de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, establece que la Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá encomendar la realización de actividades de carácter material, técnico o de gestión de servicios propios a las entidades locales, acompañando la dotación con medios económicos previstos para llevarla a cabo. A este efecto, se prevé la figura administrativa de la encomienda de gestión, sin que quepa descartar otros instrumentos de cooperación.

Por lo expuesto, se formula la siguiente propuesta de resolución: las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que cualquier nueva tarea, función o responsabilidad que se atribuya a los centros de acción social por cualquier normativa autonómica, primero, sea sometida a una evaluación de compatibilidad con las funciones de los Ceas y de disponibilidad de recursos humanos por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, en colaboración con las entidades locales con competencia en esta materia; segundo, que sea dotada con recursos económicos y, por tanto, humanos y técnicos suficientes para que su atención no repercuta en detrimento de los servicios y prestaciones atribuidos a los Ceas tanto por la normativa autonómica como local; y, tercero, que se formalice a través de los instrumentos de cooperación interadministrativa previstos en el derecho. Y por... y de momento, nada más, Presidenta.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, en un turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el Procurador don Juan Jesús Blanco Muñiz.

EL SEÑOR BLANCO MUÑIZ:

Muchas gracias, Presidenta. Bueno, los Ceas cuentan con los recursos necesarios -no vamos a decir que los apetecibles- para desarrollar los servicios que tienen encomendados y atender las necesidades de las personas que allí acuden o que son identificadas para su ayuda.

Como saben Sus Señorías, el Acuerdo Marco entre las Administraciones con competencias en servicios sociales aprovecha la proximidad de los profesionales del Ceas con los usuarios de los mismos, y, a su vez, el acuerdo garantiza que los criterios de prestación de esos servicios sean homogéneos en toda la Comunidad e independientemente del medio rural o urbano donde se desarrollen. Los criterios son establecidos por la Junta de Castilla y León y estas Cortes, lo que evita que se produzcan duplicidades en esa gestión. El acuerdo goza de estabilidad presupuestaria para el periodo dos mil trece-dos mil catorce, con casi 88 millones de euros por año, yendo parte de este importe a la financiación de los equipos de acción social básica, entre otras grandes áreas de actuación.

La Comunidad Autónoma atiende la financiación, en su cien por cien, del módulo establecido para el personal técnico de los Ceas, así como del nuevo personal técnico incorporado a los equipos multidisciplinares. Las entidades locales financian el cien por cien del módulo establecido para el personal administrativo y auxiliar de los Ceas. Los equipos de acción social prestan sus servicios en los Ceas y en el territorio que corresponde con la zona de acción social, existiendo al menos un Ceas por cada una de estas zonas, y su número, que es de 189, nos da idea de la importancia de su contribución para la mejora de calidad de vida de los ciudadanos e igualdad de oportunidades que conlleva.

El personal que se financia en los Ceas son de 3 técnicos medios por cada Ceas, y el personal de coordinación y técnicos de apoyo. La financiación con la que cuentan es de 20.250.000 euros anuales para sufragar el trabajo de estos profesionales, destacando que supone un incremento del 6,35 respecto al año dos mil doce, lo cual, en unos presupuestos ajustados, por razones evidentes, indica que este incremento pone de manifiesto la clara voluntad de la Junta de Castilla y León y del partido que la sustenta en la prioridad que debe tener la asistencia a los ciudadanos, y especialmente a los más desfavorecidos.

Por otra parte, parece que la presente PNL depende su origen en la Orden EDU/319/2014, de treinta de abril, por la que se regula el Programa de reutilización de libros de texto, Releo. Tanto en esta orden como en la convocatoria EDU/355/2014, de participación en este programa, se prioriza a la hora de adjudicar libros y material en los centros públicos la situación económica desfavorecida, que puede acreditarse mediante informe emitido por el Ceas.

El trabajo añadido, vinculado a las informaciones ordinarias, con datos que ya... siempre se tienen, y notablemente corto en el tiempo, no parece que en la situación actual, de racionalización del gasto, sea aconsejable dedicar partidas a contratación, minorando las de atención. Y entiendo que no se puede... no puede ser... y, entendiendo también que no puede ser una carga a los Ceas, se ha empezado a articular nuevas fórmulas de colaboración -Educación con la Gerencia de Servicios Sociales- para la identificación de las familias desfavorecidas, sin que sea necesario que se acuda a los Ceas, y priorizando en estas familias otros beneficios otorgados por la propia Consejería de Educación; y es el caso de la Orden EDU/803/2014, por la que se convocaron ayudas para financiar la adquisición de textos.

Por lo expuesto, no le parece necesario a este Grupo Parlamentario proponer ninguna alteración, evaluación o instrumento más a la gestión actual. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, tiene la palabra nuevamente doña María Sirina Martín Cabria.

LA SEÑORA MARTÍN CABRIA:

Gracias, Presidenta. Señor Blanco, de verdad siento que usted, o no haya entendido, o no haya querido responder al fondo de esta proposición no de ley.

Verá, usted dice: los Ceas están para atender los servicios que tienen... tienen capacidad suficiente como para atender los servicios que tienen encomendados. Es una frase literal suya. Es que ahora mismo estamos hablando, con esta proposición no de ley, justamente de los servicios que están prestando y que no tienen encomendados. Verá, la realidad, a día de hoy, de los Ceas es cada vez más compleja y sus servicios están cada vez más saturados; con ello, la pérdida de calidad de estos servicios es patente.

Cada una de las demandas y de necesidades... -y yo sé que usted las conoce muy bien, porque su Ayuntamiento tiene uno de los Ceas más grandes de la provincia de Palencia- digo que las demandas y necesidades son atendidas de forma individualizada y, frecuentemente además, cada una de estas demandas conlleva la elaboración de un... de un plan integral de... de atención con las personas interesadas y un seguimiento de las prestaciones que... que se tramitan en... en esos Ceas.

En una época de crisis como la que estamos atravesando las necesidades, y, por lo tanto, la necesidad de tramitar prestaciones sociales, son cada vez mayores, se han disparado, sin que el personal básico se haya acomodado a este incremento de las demandas. Prácticamente no se ha acomodado. Su Ceas contaba con dos trabajadoras sociales y sigue teniendo, ahora mismo, si no me equivoco, las mismas. Y las demandas claro que se han incrementado, hasta el punto que Ayuntamientos como el suyo, por ejemplo, tienen que aportar una cantidad para otro personal técnico complementario, en su caso, administrativo, porque no se llega, no se llega a la actividad que... que está desarrollando, en este caso, su Ceas y otros de... de la Comunidad Autónoma. Mire, se ha pasado de trabajar a demanda a trabajar con cita previa, ¿eh? Y ahora mismo, además, no solamente eso, sino que, además, cada vez mayor, de mayor... hay un mayor... una mayor lista de espera en servicios sociales básicos de Atención Primaria, donde no debiera de haber lista de espera.

Estos servicios, que se reparten y distribuyen por todo el territorio de Castilla y León, en el medio rural a veces constituyen el único recurso de atención directa al ciudadano, ¿eh? Y por eso, a menudo, son objeto de demanda de servicios que son impropios, unas veces porque los ciudadanos no saben dónde ir y van a los Ceas, mal orientados, a pedir o a plantear cuestiones que nada tienen que ver con los servicios sociales; otras veces, porque los propios Ayuntamientos carecen de personal técnico adecuado para dar respuesta a lo que otras Administraciones lo requieren -por ejemplo, informes... se me ocurre ahora mismo, informes de reagrupación familiar o de... o de arraigo social-; otras veces son los juzgados quienes solicitan peritajes familiares.

Bueno, todos estos... todas estas actividades impropias están saturando los servicios sociales. Se saturan con demandas y funciones de actuaciones impropias, a veces colaterales a los servicios sociales básicos de... que son realmente el objeto de los Ceas. En la medida en que otras Administraciones y servicios ven recortadas prestaciones y personal propio, los servicios sociales básicos, los Ceas, se ven obligados a asumir o derivar diversas demandas que, a pesar de ser impropias, tienen que ser atendidas, aunque solamente sean en la primera visita.

Así, es habitual que se soliciten en los Ceas -esto es solamente un... un ejemplo, porque la... la casuística sería casi infinita, ¿eh?-: se... se plantean informes complementarios de infancia y adopción; prestaciones del Imserso y Club de los 60, donde no hay Gerencia de Servicios Sociales; canalización de voluntariado; red de apoyo que afecta a... a familias afectadas por la crisis; red de reparto de alimentos; alimentación urgente, el 012 -cada vez que se llama al 012, que eso tampoco es una competencia propia de los servicios sociales, los servicios... los Ceas emiten una nota o un informe social para que se entreguen los alimentos, ¿eh?-; los peritajes judiciales; los programas de alimento del FEGA y de Cruz Roja, que también conllevan un trabajo, a veces, tremendo por parte de los Ceas.

Pero, si otras instituciones y entidades requieren la intervención de los centros de acción social, cada vez más la propia Administración de la Comunidad Autónoma también empieza a encomendarles tareas técnicas o de gestión de servicios propios; que puede hacerlo, ojo, puede hacerlo, pero que no están dentro del ámbito de los servicios sociales, como en el caso que nos ocupa, que es... es un caso... es una casuística.

Pero el... el fondo de la proposición de... de ley es otra, señor Blanco, no solamente es esta orden. Que yo me alegro muchísimo que haya una coordinación entre Educación y la Gerencia de Servicios Sociales para liberar a los Ceas de... de lo que decía esta Orden EDU, que era vincular la adjudicación de libros del Programa Releo a un informe social emitido por los Ceas. ¿Sabe lo que supone un informe social? Un informe social supone conocer exhaustivamente a cada una de las familias, de las cien, doscientas, trescientas familias que pueden participar en el Programa Releo, ¿eh?, supone conocer su dinámica y estructura familiar, su dinámica económica, su... su política familiar de gasto, conocer la vivienda, supone hacer una visita a cada vivienda. Eso es imposible atender, estos... esta encomienda de la Junta, sin dejar las propias funciones y actividades de... de los Ceas; y más en este caso, que los equipos... que la... la Consejería de Familia dispone de equipos multidisciplinares, los equipos de... psicopedagógicos, que, entre sus profesionales, tienen trabajadores sociales que quizá puedan hacer este trabajo.

Pero bueno, en cualquiera de los casos, sea Educación o sea otra... otra Consejería que requiera informes sociales técnicos, como vivienda o empleo, u otros que puedan requerirse a cada... en cada momento, a lo que nos... nos referimos es que, dada la saturación actual de los Ceas, que ha visto incrementada de forma exponencial su actividad durante los últimos tiempos, es necesario que... que esos informes vayan acompañados... esa encomienda vaya acompañada de dotación de personal suficiente. Para este caso, que ya hemos visto que lo que han hecho las Corporaciones Locales es o no hacer informes o, simplemente, hacer una nota social, porque era imposible, porque habría que paralizar totalmente para hacer estos informes... habría que paralizar totalmente el funcionamiento de los centros de acción social, o atender estas actuaciones... para atender estas actuaciones impropias, pues habría que contratar personal, o bien por parte de la propia Administración, o dotando de... de recursos económicos a las Corporaciones Locales para llevar, como digo, esta encomienda u otra.

Ese es el fondo de esta proposición no de ley, que no propone otra cosa que se imponga el sentido común en las demandas que se hacen a los centros de acción social desde la propia Junta de Castilla y León. Unos servicios que hasta hace... hasta ahora han funcionado de una forma excelente, que ahora están saturados, ¿eh?, y... y a los que se sigue asociando funciones. No me diga así que no, y más desde su Ayuntamiento, desde su Ayuntamiento, no me diga que no están saturados los servicios sociales de Guardo, como en el resto de... como en el resto de... de zonas de acción social de Castilla y León, pero Guardo todavía más. Y además se siguen asociando funciones impropias, lo que incide directamente... cuando no se puede atender de forma adecuada, pues eso incide negativamente en la calidad de los servicios, ¿eh?

Yo siento mucho que no haya llegado al fondo de esta proposición no de ley, que nos beneficia a todos, beneficia a los Ayuntamientos, a la prestación de los servicios y, desde luego, a la calidad en la prestación de... de estos. Y nada más, Presidenta.

LA PRESIDENTA (SEÑORA ROMERAL MARTÍN):

Muchas gracias. Finalizado el debate, sometemos a votación la proposición no de ley debatida.

Votación PNL/001335

¿Votos a favor? Seis. ¿Votos en contra? Diez. Pues queda, por tanto, rechazada la proposición no de ley.

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenos días y muchas gracias.

[Se levanta la sesión a las doce horas cinco minutos].