DS(P) nº 101/8 del 9/4/2014

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Buenos días, Señorías. Se reanuda la sesión. Por la señora Secretaria se procede a dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

Mociones

LA SECRETARIA (SEÑORA ALONSO SÁNCHEZ):

Gracias, señora Presidenta. Tercer punto del Orden del Día: "Mociones".

M/000159

"Moción 159, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, derivada de la interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, relativa a política general en materia de empleo, sustanciada en la Sesión Plenaria de veintiséis de marzo del dos mil catorce".

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. Para la exposición de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor López Díaz.

EL SEÑOR LÓPEZ DÍAZ:

Muy bien. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Señorías. Bien, traemos una moción en materia de empleo, que yo creo que estaremos de acuerdo en que el empleo, la falta del mismo, es la principal preocupación que tienen los ciudadanos y, por tanto, la principal preocupación que deberíamos tener quienes tenemos algún tipo de responsabilidad política.

No es menos cierto que la situación, lejos de mejorar, sigue una situación... yo creo que cada vez es más complicada, y prueba de ello tenemos el triste balance de los dos años que llevamos de legislatura. Ya sabemos lo que ha traído la reforma laboral: cada vez hay más personas en desempleo, cada vez entre los que están en desempleo hay más personas que no cobran la prestación, cada vez hay menos trabajadores, cada vez hay menos trabajo indefinido.

El problema es que, en este contexto, Castilla y León está liderando los malos registros en toda España. Si cogemos los dos últimos años, insisto, que son los dos años de vigencia laboral, quiero recordar que Castilla y León, pues está liderando el crecimiento en número de parados, el crecimiento del número de personas que pierden su puesto de trabajo, está liderando la pérdida de puestos de trabajo a tiempo indefinido, la pérdida de trabajo a tiempo completo y también –como ustedes saben- está liderando la pérdida de trabajo... de puestos de trabajo ocupados por nacionales.

En este contexto también, no voy a dejar de reconocer que hay una serie de datos que parece que está mejorando, que indican que la situación está mejorando. Los últimos datos de paro registrado anuncian una reducción del número de personas que están inscritas en el Ecyl, pero no es menos cierto que esto es un dato estadístico, es una ficción estadística, porque el que haya... –y no me voy a cansar de repetirlo cada vez que tenga ocasión de subir a esta... a esta tribuna- el que se reduzca el número de personas que están paradas en el Ecyl es bueno si lo hacen porque encuentran trabajo, pero no es bueno si es porque se quedan en casa o porque se van a otras Comunidades Autónomas a buscar mejor fortuna. Y eso es lo que está sucediendo. En el último dato del mes de marzo –cogemos los 12 últimos meses-, tenemos que el número de parados ha caído en más de 5.000 personas, que eso estaría bien en principio, pero nos vamos al número de afiliados y vemos que el número de afiliados a la Seguridad Social cae en casi 10.000. Por tanto, esa es una situación de mejora ficticia. Lo que nos tiene que preocupar de verdad, si nos... queremos resolver o intentar paliar las consecuencias de la crisis, nos tenemos que intentar... nos tenemos que preocupar de que desde la Consejería de Economía se haya más responsabilidad y se sea más eficaz.

Y, en ese sentido, quiero recordar que se puede incidir en el mercado de trabajo, en el empleo, de forma directa y de forma indirecta. De forma directa, a través de las políticas activas de empleo; y de forma indirecta a través de las políticas de la ADE, de la Agencia, que se encargarán de generar más actividad económica, favoreciendo la labor de las... de las empresas.

Y, en ese sentido, desde mi Grupo tenemos que denunciar la absoluta ineficacia, ineficacia, tanto de las políticas activas de empleo como de las políticas desarrolladas por la... por la ADE. Y no es porque no tengan el aval social, porque tienen el magnífico respaldo del Consejo del Diálogo Social en el diseño, en la estrategia, el problema es que después eso hay que llevarlo a la práctica, y ahí es donde falla la Consejería de Economía y Empleo, falla en la ejecución de las políticas, en las políticas activas de empleo, porque, obviamente, los recursos que tiene son muy insuficientes. No es de recibo que las cantidades de las que dispone la Consejería para luchar contra el paro sean inferiores a las que había cuando había solo 100.000 parados; eso es un dato objetivo que no se puede poner en duda.

Y, por otro lado, no se puede poner en duda tampoco que, aunque hay un ingente volumen de recursos destinados desde la Agencia a favorecer la competitividad, a favorecer el cambio de modelo productivo, a favorecer que todas las empresas tengan acceso a las nuevas tecnologías, el grado de ejecución de las políticas es paupérrimo, es sonrojante. Y este caso no es que lo diga el Grupo Socialista -espero que esta vez no nos acusen, como siempre, de que falseamos los datos ni nada por el estilo-, hace unos días el BOCYL publicó el listado de incentivos de la Agencia para el año dos mil trece, y los datos son más que sonrojantes, y voy a subrayar solamente un par de ellos: hay un dato importante, que es la política de innovación, para la cual teníamos presupuestados en el presupuesto 76 millones de euros, 76 millones. ¿Cuántos han sido los incentivos ejecutados? Un millón. De 76 millones, 1.000.000; no se puede sacar pecho por eso. O si nos vamos al Programa de Competitividad, que tenían presupuestados 137 millones, el listado de incentivos suma tan solo 12 millones de euros, menos del 10 %.

Por tanto, ante una absoluta ineficacia por parte de la Junta de Castilla y León, en esta moción, ¿qué es lo que traemos? Pues traemos que se sea más eficaz. Y en lo que tiene que ver con las políticas activas de empleo, lo que pedimos es:

Que haya los mismos recursos en dos mil catorce que en dos mil trece, y que, por tanto, se incremente la partida en 10 millones, como sucedió en septiembre del año pasado.

Dos. Que las políticas activas de empleo destinadas a los Ayuntamientos se convoquen en el plazo de un mes; lo que están esperándolo todos los Concejales y todos los Alcaldes para convocar esas ayudas.

Y tres. Que no se excluya ningún Ayuntamiento porque tenga menos de 10, 12, 15 parados, que sean ayudas para todos. Eso en cuanto a las políticas activas de empleo.

Y en cuanto a lo que tiene que ver con la Agencia –y voy terminando, Presidenta-, solamente pedimos que se sea eficaz. Hay tres líneas fundamentales, que son: competitividad, innovación y comunicaciones; pedimos que se flexibilicen los requisitos para que sean más las empresas que puedan aceptar... que puedan acudir a esos... a esos incentivos y se puedan beneficiar.

Y séptimo punto, último punto de la moción: en la medida en que tiene recursos propios la Agencia, que no espere al mes de septiembre u octubre a convocar, y que en un plazo de un mes convoque para que todas aquellas empresas que quieran desarrollar proyectos de inversión puedan hacerlo.

Por tanto, en definitiva, esta moción no pide nada desorbitado, no pedimos en... ninguna cuestión que no se pueda llevar a cabo, lo único que pedimos es que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería, sea más eficaz. Y eso creemos que está obligado a hacerlo, y, por tanto, esperemos que todos los Grupos aquí presentes apoyen dicha moción. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. Para la fijación de la posición del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Sí, buenos días. Yo he subido creo que en varias ocasiones a este estrado a hablar de lo que aquí vamos a hablar, de lo que se habla en esta moción, y he de decir... -igual que en otros momentos critico algunos elementos de mociones del Grupo Socialista, de las entradillas- he de decir que he leído con satisfacción los argumentos que da el Grupo Socialista sobre los datos de la situación laboral de nuestra Comunidad, que se desprenden de las estadísticas mensuales y trimestrales, pero que al final siempre quedan ocultas en la maraña de cifras y porcentajes y que acaban siendo tergiversadas al socaire de un dato insignificante. Es lo habitual que hace el Gobierno con estos datos.

Al menos desde Izquierda Unida y desde el Grupo Mixto, hemos venido denunciando lo que estos datos, de paro registrado y de EPA, ponen de relieve sobre la gravedad con la que la depresión económica castiga a Castilla y León. Hemos denunciado, desde hace tiempo, que la nuestra es la Comunidad que con mayor intensidad ha destruido empleo, y la que una mayor pérdida del pulso económico viene perdiendo, como bien indican los recientes datos sobre el producto interior bruto. Y como se puede comprobar en las propias hemerotecas, en las más recientes, hemos puesto de relieve que incluso a la hora de crear empleo precario con salarios basura Castilla y León vuelve a mostrarse en el pelotón de cola, como ha sido en el caso del pasado mes de marzo.

Personalmente también he subido aquí en alguna ocasión para cuestionar la eficacia más que dudosa de los repetidos Planes de Estímulo para el Crecimiento y el Empleo ofrecidos por el Gobierno a los agentes sociales como solución para los males que aquejan a nuestros ciudadanos. Hace escasos días, me decía un joven que él cree que desde que ha nacido viene escuchando y viene oyendo hablar de los Planes de Estímulo para el Empleo en Castilla y León, que viene escuchando desde que era niño, y que han llovido Planes de Estímulo para el Crecimiento y el Empleo en nuestra Comunidad, pero que él considera que no han servido, que no han servido porque en su entorno no solamente él está en el paro, sino en su entorno muchos jóvenes de su edad nunca han accedido a un puesto de trabajo.

Planes para los que se aprueban unos recursos por parte de una Consejería que se caracteriza por su escandaloso bajo nivel de ejecución a lo largo de todos estos años. El monto de esos 92 millones de euros se quedará en los titulares del pasado mes de enero -titulares de prensa- y no se invertirá ni un tercio de dicha cantidad al final del ejercicio dos mil catorce, como es rutina. Y ojalá me equivoque y... ojalá me equivoque y en esta ocasión sean invertidos.

Señorías, dudo mucho que sirva de algo inyectar al postizo enésimo plan del dos mil catorce la cantidad propuesta en el punto uno de la moción. Lo mismo digo de la intención de los puntos dos y tres en un momento en que nuestros Ayuntamientos tienen sus arcas vacías y ya no pueden ni sostener a sus propias plantillas de funcionarios, cuanto menos soñar siquiera con poder crear directamente empleo, por mucho apoyo que tengan desde la Junta. Lo que sí tiene sentido es que los socios negociadores del plan exijan que se inviertan las cantidades presupuestadas en el dos mil trece que se quedaron en ese escaparate publicitario de la Junta al que aludía con anterioridad.

Como esto forma ya parte de un ritual que se escenifica a fecha fija cada año, va a resultar muy difícil que esta ceremonia de los Planes de Estímulo, que solo estimulan al final la propaganda de sus impulsores, vaya a cambiar en ejercicios próximos. No obstante, a pesar de la crítica que hago a la ejecución de los Planes de Estímulos, la crítica que hago a la situación que está viviendo Castilla y León con el elevado número de parados, con el elevado número de parados que pierden la esperanza en encontrar empleo y con la falta de dinamización económica y social, desde el Grupo Mixto vamos a votar a favor de esta moción. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría. A continuación, y para la fijación de la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De la Hoz Quintano.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

Gracias, Presidenta. Buenos días. Permítame, señor López, que yo no entre en el juego de la lectura sesgada de los datos estadísticos, sobre la evolución de los mismos o sobre cómo resaltar aquellos que nos resultan negativos y cómo poner excusas a aquellos que nos resultan positivos. Yo solamente le voy a coger dos datos: el más antiguo y el más reciente. El más antiguo: la tasa de paro en el año dos mil siete en Castilla y León difería un punto de la media nacional; hoy difiere cuatro puntos. En el periodo de evolución de crisis económica, Castilla y León ha evolucionado mejor que la media nacional. Y el dato más reciente, señor López, los datos de desempleo del mes de marzo, quinto mes consecutivo de caída interanual, segundo mes consecutivo de caída intermensual -duplicando, por cierto, la media nacional-: en marzo, en Castilla y León hay 2.127 parados menos que en febrero y 9.803 parados menos que en marzo del año pasado.

A partir de ahí, y a partir del reconocimiento que ustedes a nivel nacional han hecho -no a nivel autonómico, no es de extrañar-, podemos poner todos los matices que ustedes quieran, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero la evidencia es que, primero, estamos ante buenas noticias en materia de empleo; y segundo, y más importante, que la etapa de destrucción de empleo en nuestro país, y también en Castilla y León, por fin ha terminado, y ya gracias a las políticas económicas del Partido Popular a nivel nacional, a nivel estatal, gracias a las reformas, también gracias a la reforma laboral, gracias a las reformas para mejorar la competitividad, para controlar el déficit, para mejorar la política de innovación y la internacionalización de nuestra economía, gracias a todo ello hoy podemos decir, en Castilla y León, con prudencia, con mesura, pero por supuesto también con esperanza, que Castilla y León, que España están empezando a ver la luz al final del túnel, y que estamos en la esperanza de la salida de la crisis económica, algo que, con ustedes, hace muy poco tiempo... [aplausos] ... hace muy poco tiempo era absolutamente imposible de pensar. Pues bien, hoy los españoles podemos ver con esperanza, con esperanza, que el futuro es mejor que el pasado, y que los datos económicos hoy nos desvelan que Castilla y León evoluciona bien, evoluciona mejor que la media nacional, no solo en cuanto a los datos de empleo, también podemos hablar de los datos del sector exterior, de los datos de inversión extranjera, de producción industrial, de entrada de pedidos, de cifra de negocio del sector industrial, de creación de sociedades, de matriculación de vehículos -fíjese, en el último año ha incrementado la matriculación de vehículos en nuestra Comunidad Autónoma un 30 %- y, por supuesto, también los datos de paro reciente.

Mejora de los datos macroeconómicos, sí, pero también constatación de que seguimos teniendo un problema, y ese problema en Castilla y León son 240.000 personas que, queriendo trabajar, no pueden trabajar. Y esa es la máxima preocupación del Partido Popular de Castilla y León, y esa es la máxima preocupación también de la Junta de Castilla y León: mejorar los datos de desempleo, el drama que supone que 240.000 personas en nuestra Comunidad no puedan hoy trabajar. Y ese es el objetivo principal de la política de empleo que desarrolla la Junta de Castilla y León.

Política de empleo, por cierto, señor López, absolutamente pactada, absolutamente consensuada con los agentes económicos y sociales. Una política de empleo con unos fondos. ¿Que nos gustaría que fueran más? Por supuesto, se lo reconozco. Pero le reconozco también otra cosa, y espero que usted lo haga: Castilla y León es la Comunidad Autónoma que más fondos propios aporta a las políticas activas de empleo. Hay otras Comunidades Autónomas que se limitan única y exclusivamente a gastar lo que viene de Europa y los fondos finalistas que le vienen del Ministerio de Empleo. Castilla y León aporta 92 millones y medio de fondos autónomos a políticas activas de empleo; somos la Comunidad Autónoma que más fondos propios aporta a las políticas activas de empleo; y lo hacemos de forma pactada, de forma dialogada, de forma consensuada con los agentes económicos y sociales, y en un escenario, sí, de caída de fondos finalistas que provienen del Estado y también de Europa.

Y ahora lo que usted nos plantea –con tres meses de retraso, señor López- son enmiendas al Plan de Estímulos que aprobamos el veintinueve de enero con los agentes económicos y sociales. Y, sinceramente, se lo digo con absoluta claridad: no vamos a aceptar, tres meses después, enmiendas a un plan de estímulos pactado con los agentes económicos y sociales; no modificaremos, señor López, el Plan de Estímulos para el Crecimiento del Empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

Pues mire, la distribución de fondos pactada con UGT, con Comisiones Obreras y con Cecale atiende a las necesidades que entendemos tiene nuestra Comunidad Autónoma, sobre la base de la existencia de unos fondos limitados, sí, y sobre la base de la necesidad de que con esos fondos limitados es necesario priorizar.

Por eso, ustedes nos piden que destinemos fondos a todos los municipios. Y, le digo, UGT, Comisiones Obreras, Cecale y la Junta de Castilla y León estiman que los fondos han de ir destinados únicamente a aquellos municipios más necesitados, aquellos municipios que presentan mayores tasas de paro.

Ustedes quieren que la convocatoria sea ya; UGT, Comisiones Obreras, Cecale y la Junta de Castilla y León estima que la convocatoria se va a hacer en el periodo estival, para que cuando más necesidades tienen los Ayuntamientos se puedan beneficiar de esos incentivos a la contratación. Y eso también figura en el pacto, eso también figura en el plan, señor López. No me diga usted que la ejecución corresponde a la Junta de Castilla y León, porque, le digo, se ha constituido –lea usted el plan- un grupo de trabajo para ejecutar, para controlar la ejecución del Plan de Estímulos. Y en ese control de ejecución, sobre la base...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

(Voy concluyendo, Presidenta). ... sobre la base de una simplificación también de los trámites, sobre la base de una simplificación también de los trámites, es sobre la base de lo cual se va a convocar los incentivos a los Ayuntamientos.

Concluyo, Presidenta...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, señor De la Hoz Quintano.

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO:

... concluyo, Presidenta, diciendo: ustedes, señor López, tardaron dos años en reconocer la crisis. No voy a esperar, ni mucho menos, que ustedes reconozcan en este momento que estamos empezando a ver la luz al final del túnel; lo que les pido, por favor, es respeto, es prudencia, sobre todo respeto y prudencia con el Diálogo Social. Y no hagan, por favor, lo que hace la señora Valenciano, no nos pongan ustedes de ejemplo...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, señor De la Hoz Quintano. [La Presidenta corta el micrófono al orador]. [Aplausos]. Gracias.

Para cerrar el debate de la moción y fijar el texto definitivo, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor López Díaz.

EL SEÑOR LÓPEZ DÍAZ:

Muy bien. Antes de nada, y que... para que no se me olvide, como me ha sucedido en otras ocasiones, agradecer el apoyo a la moción por parte de... del Grupo Mixto.

Y, en cuanto a la intervención del señor De la Hoz, pues agradecer el tono, pero lamentar que vaya mitin nos ha soltado, vaya mitin; ni en un mitin de Nuevas Generaciones usted estaría tan cómodo soltando la cantidad de aberraciones que ha estado... que ha estado diciendo. Y nos ha llegado a decir, señor De la Hoz... [aplausos] ... nos lo ha repetido dos veces... nos ha repetido dos veces que ve con esperanza la luz al final del túnel. A ver si es el tren es conducido por Esperanza Aguirre y nos tenemos que ir todos, quitándonos de en medio, por si acaso... por si acaso nos atropella. [Aplausos]. Esa luz... esa luz es muy confusa, señor... señor De la Hoz.

Mire, voy a decirle dos cosas. En cuanto a los datos, vuelve a sacar pecho. Es verdad que en dos mil siete la diferencia de tasa de paro era... era de 1 punto; es verdad que ahora la diferencia de tasa de paro es de 4 puntos. Pero no me va a negar que hace año y medio la diferencia era de 6 puntos, y, por tanto, vamos de mal en peor: de... en año y medio la diferencia de tasa de paro era de 6 puntos a favor de Castilla y León, y ahora estamos por debajo de 4, 3,99. Primera cuestión.

Y, segunda cuestión, repito: es verdad, el Partido Socialista lo reconoce, -5.000 parados registrados en Castilla y León en los últimos doce meses; es verdad. Ahora, usted reconozca que, al mismo tiempo, hay 10.000 puestos destruidos en ese... en ese periodo de tiempo, y, por tanto, hay 15.000 personas en el mercado laboral que han desaparecido en Castilla y León. O sea, que eso está bien clarito.

No le acepto que usted diga que estamos enmendando el Plan de Estímulos. El Plan de Estímulos está diseñado, ahora se está en la fase de ejecución. Nosotros respetamos lo acordado, pero no es menos cierto... no es menos cierto que usted dice que sindicatos y patronal dice que hay que convocar las ayudas a los Ayuntamientos en verano. Bueno, pues yo le digo que hay 2.248 Alcaldes que están esperando esas convocatorias para que puedan crear empleo, y nosotros tenemos que hacernos eco de las 2.248 peticiones de Alcaldes que llevan meses esperando contratar.

Porque a usted le voy a decir una cosa, y debería saberlo: el año pasado las políticas activas de empleo destinadas a los Ayuntamientos se convocaron en marzo -excepto una puntual, que se convocó en septiembre gracias al incremento de crédito extraordinario-, en marzo. ¿Cuántas llamadas tenemos desde la Oposición, y cuántas tendrá el Gobierno de Alcaldes diciendo cuándo se van a convocar?

Usted sabe de sobra que no se convoca absolutamente nada cuando hay la expectativa de una ayuda posterior. Un Alcalde no va a contratar a una persona hoy, cuando cree que la Junta le va a ayudar a contratar, dentro de unos meses; y, por tanto, cada vez que retrase esa decisión, cada vez que se retrase la convocatoria, cada mes de retraso es un mes que se retrasan las decisiones de contratar por parte de los Ayuntamientos –es de cajón-. Y, por tanto, no es descabellado ni es negar la mayor, ni es negar, por parte del Grupo Socialista, lo que está haciendo el Consejo del Diálogo Social pedir que se convoquen con celeridad las ayudas destinadas a Alcaldes, las ayudas destinadas a entidades locales. No supone enmendar la plana a lo que hace el Consejo del Diálogo Social.

Y, en cuanto a la Agencia de Desarrollo –que es importante, porque ustedes han repetido hasta la saciedad que aquí no se va a generar empleo hasta que no haya crecimiento económico-, ya nos hemos llevado el jarro de agua fría, porque, por mucho que ha intentado maquillar el servicio de manipulación estadística de la Consejera de Hacienda, manipulando las cifras de dos mil doce de una forma vergonzante, hemos visto que hemos caído en la producción. Da igual que sea un -1,3, que es el cuento de la lechera de la Consejera, a que sea lo que de verdad dice el INE, que hemos caído un 2,1 % (la Comunidad Autónoma que más ha caído en dos mil trece). No generamos empleo, y, por tanto, la Agencia tendrá que ser eficaz. ¿Cómo va a ser eficaz si tiene 76 millones presupuestados para innovación y solamente da 1.000.000. De eso usted no ha hablado, de eso usted no ha dicho nada. Por eso dice que no vamos a hablar de hablar... no vamos a hablar de estadísticas.

Tiene un grado de ejecución paupérrimo. ¿Y sabe por qué tiene un grado de ejecución paupérrimo? Porque si ahora cualquier empresario se mete en la página de la ADE, verá... verá que hay la nada, que no hay absolutamente nada, que tiene un montón de paginitas en las que dice que hay información y asesoramiento. Hay información y asesoramiento en la oficina de emprendedor, los talleres de trabajo, el acelerador de empresa, las comunidades de emprendedores y la difusión del espíritu emprendedor. Esa es la política en materia de creación de empresas de la Agencia. Pero, cuando va a ver los fondos –que es lo que hace falta-, cuando va a ver los fondos, no hay nada; no hay nada, no hay absolutamente nada. Un empresario que quiera invertir hoy no tiene ayudas.

Claro, nos vamos a ver cuál es la línea de incentivos que sacó en esta materia la Agencia, y vemos que la convocatoria fue el veintiuno de octubre del año pasado, y que finalizó el plazo el veintinueve de noviembre. Desde el veintinueve de noviembre, cualquier empresario que quiera invertir no tiene ayudas por parte de la Junta, no tiene un préstamo; eso sí, tiene mucha información y mucho asesoramiento, pero con información y asesoramiento pocos empresarios dan el paso.

Y usted no me va a decir que no tiene dinero. No me va a decir que no tiene dinero la Agencia, porque tiene mucho dinero para prestar, y, por tanto, no es tanto... no es tanto que no tenga recursos, no es tanto que a los empresarios les cueste dar la cara, que les cueste dar el paso, como el hecho palmario de que la Agencia tiene –por decirlo de alguna forma- unos plazos de convocatoria que son absolutamente ridículos y que impiden que los empresarios puedan acogerse a los incentivos que se supone que tiene la Junta de Castilla y León.

Por tanto, lamentamos que, una vez más, ustedes vivan en el mundo de Montoro y no estén en el mundo de Cáritas. Los españoles viven en el mundo de Cáritas, y ustedes están... están viviendo en el mundo que... que defiende Montoro. Así nos va, señor De la Hoz, así nos va. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría. Ruego a los señores ujieres cierren las puertas. Vamos a proceder a la votación de la... a la votación de la moción debatida en este tercer punto del Orden del Día.

Votación M/000159

Procedemos a la votación, en los términos fijados por su Proponente, de la Moción 159, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de empleo, consecuencia de la interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario y sustanciada en la sesión plenaria de veintiséis de marzo de dos mil catorce. Señorías, comienza la votación. Gracias, Señorías.

Votos emitidos: setenta y siete. Votos a favor: treinta. Votos en contra: cuarenta y siete. Ninguna abstención. Queda rechazada la Moción 159. Muchas gracias.

Ruego a la señora Secretaria proceda a dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

Proposiciones No de Ley

LA SECRETARIA (SEÑORA ALONSO SÁNCHEZ):

Gracias, señora Presidenta. Cuarto punto del Orden del Día: "Proposiciones No de Ley".

PNL/000566

"Proposición No de Ley 566, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a avanzar en el sistema de atención a la dependencia, favoreciendo la concesión de prestaciones que proporcionen servicios profesionales a las personas dependientes, publicada en el Boletín de las Cortes de Castilla y León de veintiocho de noviembre del dos mil doce".

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. Para la presentación de la iniciativa, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Quiñones Sanz.

LA SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ:

Señora Presidenta, muchas gracias. Buenos días, Señorías. La proposición no de ley que venimos a plantear hoy aquí trata de reforzar aún más y de potenciar la atención profesional a las personas dependientes en Castilla y León.

Como Sus Señorías bien conocen, la Ley 39/2006, de catorce de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, atribuye a los poderes públicos la necesidad de dotar y disponer de los recursos necesarios para hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad.

La ley determina, en sus Artículos 14 y 18, el carácter excepcional de la atención a personas dependientes por parte de cuidadores no profesionales, basando la calidad del sistema de atención a la dependencia en la cualificación profesional, en la competencia en los servicios y prestaciones que proporcionarán, precisamente, profesionales, además de establecer también, en su Artículo 15, un Catálogo de Servicios y Prestaciones adecuados a la situación individual de cada persona.

Castilla y León cuenta hoy con un sistema de atención a la dependencia de calidad, basado fundamentalmente y ciñéndose a lo que la ley prescribe en la prestación de servicios de carácter profesional, que es necesario no solo sostener, sino también potenciar y continuar desarrollando.

Y miren, Señorías, la apuesta de Castilla y León por estos servicios profesionales en la atención a la dependencia ha sido de tal manera que desde dos mil ocho –en que había poco más de 3.500 personas, 3.500 profesionales dedicados a la atención de personas dependientes, hemos alcanzado prácticamente 16.000 profesionales o personas con cualificación profesional dedicadas a esa labor en el... en el año dos mil trece.

Me gustaría también, Señorías, destacar una cuestión que creo que tiene relevancia y que es importante, y que es que, precisamente, el incremento en estas personas con cualificación profesional dedicadas a atender a las personas dependientes se ha realizado, sobre todo, en la presente legislatura, a partir del año dos mil once.

La tasa de empleados por cada 1.000 habitantes -de empleados y empleadas, de personas con cualificación, personas profesionales para atender a esos dependientes- dobla prácticamente la media de lo que ocurre en el resto del territorio nacional, pues tenemos una tasa de 6,18 empleados por cada 1.000 habitantes.

En estos momentos, Señorías, Castilla y León cuenta creo que con 62.064 personas dependientes, con el reconocimiento de su dependencia en fecha... estamos hablando al cierre del mes de febrero. La mayor parte, el 65 %, son mujeres y la mayor parte también, un 58 %, viven en el medio rural, y es por eso que también se ha procurado por parte de la Junta de Castilla y León trabajar en el acercamiento de los servicios a los ciudadanos, y hoy contamos con numerosos centros multiservicio, la mayor parte de ellos en el medio rural.

Además, y a pesar de la crisis económica, en estos últimos años y en esa apuesta por la prestación de servicios profesionales de calidad, se han abierto doce nuevas residencias con 1.200 plazas.

Y les leo, concretamente, el texto de la propuesta, Señorías, nuestra proposición no de ley dice: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a avanzar en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia, favoreciendo la concesión de prestaciones que proporcionen servicios profesionales a las personas dependientes, tanto a las que permanezcan en su hogar como a aquellas que deseen acceder a centros residenciales, de acuerdo con lo que establece la Ley 39/2006, de catorce de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia".

Señorías, para el texto de esta proposición no de ley espero contar con su respaldo. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría. A continuación, y para un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Resulta penoso, en algunas ocasiones, fijar... me ha resultado penoso, en algunas ocasiones, fijar posición ante frecuentes iniciativas del Grupo Socialista sobre materias que tienen que ver con este tipo de asuntos sociales, cuyas iniciativas pasaban por alto –igual que hace esta iniciativa del Grupo Popular- cualquier alusión al Artículo 135 de la Constitución, que ha venido marcando todas las políticas sociales durante los últimos años.

Pero esta proposición no de ley del Grupo Popular, que ha defendido la señora Quiñones, alcanza ciertos grados de... diría que de cinismo político, que deberían ser considerados como, incluso, de sarcasmo absolutamente inaceptable y de falta de respeto hacia los ciudadanos de nuestra Comunidad, a quienes conciernen los problemas de dependencia, y lo mismo a esta Cámara.

Señorías, cuando el utensilio favorito del Partido Popular, que gobierna la Junta de Castilla y León, no es otro que el de la tijera de podar, el que el Grupo Popular acuda a este Pleno mencionando la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que ha sido una de las bestias negras de los inquisidores del recorte del gasto público desde la aprobación de ese... de ese fatídico Artículo 135 de la Constitución, y que han convertido a la dependencia en objetivo a demoler, sobre todo desde que está al frente del Gobierno el señor Rajoy, resulta de una cierta propaganda –yo no sé si preelectoral- que desborda los límites de la política, esta proposición no de ley.

La redacción de... de esta propuesta... de esta proposición realmente no tiene desperdicio. El Grupo Parlamentario Popular insta a la Junta a avanzar en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia, sobre cuya situación actual se han lanzado previamente encendidos halagos, y a favorecer la concesión de prestaciones que proporcionen servicios profesionales a las personas dependientes.

Tengo la sospecha de que tras esta inusual defensa de la Ley de Dependencia solo puede estar la sombra de un nicho de negocios para la iniciativa privada, que se dibuja en esa llamada a proporcionar servicios profesionales, tanto a los dependientes que permanecen en sus domicilios como a aquellos que deseen acceder a centros residenciales.

Hago notar aquí que en estas peticiones brilla por su ausencia la palabra "público", brilla por su ausencia el aludir a la gestión pública y brilla por su ausencia aludir a la gestión pública en cada uno de los servicios, tanto en los servicios profesionales como en el servicio de residencia.

Y es público y notorio también el interés que tiene la iniciativa privada en el tema, pero interés que desaparece tan pronto como no hay rastro de financiación pública por medio.

Pero bueno, en esta especie de carnaval retrasado, no se pide nada en lo que nuestro Grupo Parlamentario, en Izquierda Unida, no esté de acuerdo. Estamos de acuerdo en lo que se pide, solamente nos parece que habría que pedir más, teniendo delante al Gobierno que está gestionando estos servicios y que está apostando por lo privado, y sería pedir lo público. Pero, como estamos de acuerdo con lo que se pide, aunque nos parezca escaso y aunque nos parezca que sea el Grupo que apoya al Gobierno el que pide al Gobierno que insista en una línea de defensa de la ley... de la aplicación de la Ley de Dependencia, por el hecho de que haya sido presentado por el Grupo Popular no vamos a dejar de votarlo. Es decir, vamos a unirnos al voto favorable, pero sí queremos desde el Grupo Mixto que consten estas críticas, que tienen que ver con la no comprensión de la presentación de esta proposición no de ley por el Grupo que apoya al Gobierno.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría. A continuación, y para un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alonso Díez.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Gracias, señora Presidenta. La señora Álvarez-Quiñones empezaba su intervención diciendo que se apoyaba la atención profesional con esta iniciativa. Y yo la pregunto que cómo es posible que se apoye a la atención profesional con esta iniciativa, cuando desde la propia Consejería, en este momento, se está despidiendo a trabajadores, se están amortizando puestos de trabajo. ¿Cómo se puede plantear que se apoya con esta iniciativa la profesionalidad? ¿Cómo se puede decir que se apoya la profesionalidad, cuando se tienen 500 plazas vacías en las residencias de la Junta de Castilla y León? [Aplausos]. O sea, 500 plazas vacías. Menos plazas vacías, menos trabajadores. Está claro que, cuantas más plazas hay vacías, habrá menos trabajadores.

¿Cómo se puede decir que se apuesta por los profesionales, cuando en los últimos tres años se han reducido 63 millones de euros en el presupuesto? Y entonces, cuando empezó la legislatura, la Consejera decía que los servicios sociales eran un generador de empleo y que cada millón de euros gastado en servicios sociales generaba 25 puestos de trabajo. Eso está recogido en múltiples declaraciones y medios de comunicación. Bueno, pues ahora hay 63 millones menos, en consecuencia, hay 1.575 puestos de trabajo menos. O sea, es una cuenta que... que es evidente. [Aplausos].

Pero, claro, por arte de magia, ahora resulta que, con 63 millones menos, tenemos más empleo, que es lo que se nos decía antes por la señora Procuradora. O sea, con 63 millones de presupuesto menos para la dependencia, tenemos más empleo. Está claro que todo es un juego de palabras y que realmente se está destruyendo empleo.

Y luego se dice... ¿cómo se puede decir que se apuesta por los servicios profesionales, cuando se ha reducido un 40 % las horas de ayuda a domicilio, un 40 % las horas de ayuda a domicilio?

Mire, tengo aquí el expediente que presentó una empresa de las que presta ayuda a domicilio, como consecuencia de esto, y en el expediente dice cosas que como "Se prestará solo atención personal. No se prestará atención doméstica". Desde que se aprobó la Ley de la Dependencia se produjo un incremento de horas y de usuarios, que conllevó el incremento de plantilla de trabajadoras y jornadas. Quizá eso tenga mucho que ver con lo que nos decía antes Su Señoría, en el sentido de que se habían pasado de 3.000 a 16.000; pero es que ahora, se ha precarizado de tal manera el trabajo en el sector, que se está atendiendo hasta 45 minutos a los usuarios al día, lo cual es como no atenderles.

Y dice más: "El ajuste actual supone una disminución muy importante de usuarios y de intensidades. Los potenciales usuarios no llegarán a través de los servicios municipales, sino a través de la ayuda vinculada a la prestación de servicios profesionales". Y es que aquí se está jugando con el lenguaje, y lo vamos a aclarar.

Pero todavía me queda alguna pregunta y la voy a hacer, y luego lo aclaramos.

Mire, ¿cómo se puede decir que se apuesta por los profesionales, cuando, desde que se han iniciado los recortes en el dos mil doce, hay 826 personas en situación de dependencia que ya no están en plazas residenciales públicas, 826? ¿Cómo se puede decir que se apuesta por los servicios profesionales, cuando hay 525 personas menos en centros de día? ¿Cómo se puede decir que se apuesta por los servicios profesionales, cuando se ha reducido en 16 millones de euros el dinero de los Acuerdos Marcos de Financiación con las Corporaciones Locales, el dinero que iba dirigido... de 16 millones, al salario de los trabajadores de los servicios sociales y a la ayuda a domicilio?

Entonces, todo esto cómo se casa con esta proposición que se nos presenta, pues con el doble juego de palabras. Porque la proposición no dice que se apueste por los servicios profesionales, dice: "favoreciendo la concesión de prestaciones que promocionen... proporcionen servicios profesionales", prestaciones que proporcionen servicios profesionales. O sea, prestaciones económicas. Eso es lo que apuesta la proposición. La proposición no apuesta por los profesionales, porque, si apostara por los profesionales, desde luego nosotros no tendríamos ninguna duda sobre qué había que hacer con esta proposición. Pero es que dice eso, que proporcione prestaciones, y las prestaciones que ustedes están siempre haciendo referencia, a los cuidados en el entorno familiar, cuestión que no les discutimos, pero es que nunca leen el Artículo 17. La Ley de la Dependencia, en el Artículo 17 dice claramente: la prestación económica –esto que ustedes proponen- la prestación económica tendrá carácter periódico, se reconocerá en los términos que se establezca, únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público concertado, únicamente cuando no tenga un acceso a un servicio público. Con lo cual, esta iniciativa va en contra de los servicios públicos. Eso es el contenido de esta iniciativa.

Por eso, nosotros no estamos en contra de lo que se propone, porque es algo que está contemplado en la ley, pero tampoco estamos en contra, y ustedes sí lo manifiestan con su proposición, en contra de los servicios públicos y en contra de los cuidados en el entorno familiar, que están obsesionados con los cuidados en el entorno familiar.

En consecuencia, esta proposición es excluyente. No podemos apoyar una iniciativa que es excluyente, porque, si apostamos por lo que usted dice, estaríamos apostando en contra de los servicios públicos y de los cuidados en el entorno familiar.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Nosotros hemos defendido siempre posiciones incluyentes, y, en consecuencia, esta iniciativa es excluyente. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la proposición, tiene la palabra la señora Álvarez-Quiñones Sanz.

LA SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ:

Disculpe, señora Presidenta. Disculpen, Señorías. Señor Alonso Díez y señor González Suárez, para su tranquilidad –que ustedes han hablado los dos sobre lo público-, tengo que decirles que, precisamente, cómo pueden decir lo que han dicho cuando en este momento, precisamente, se está modificando la relación de puestos de trabajo, en distintos aspectos, de la Gerencia Regional de Salud y se están creando 68 nueve... 68 nuevos puestos de atención directa a personas dependientes.

En primer lugar, miren, y hay otra cuestión, y es que Castilla y León es la Comunidad Autónoma... –y esto no es que lo diga yo, es que es una realidad, los datos están ahí- Castilla y León es la Comunidad Autónoma que dedica más dinero de sus presupuestos, es decir, dinero público, a la atención a la dependencia: 140 euros por cada habitante. Mire, esto no ocurren... Señorías, esto no ocurre en otras Comunidades Autónomas. Y los datos están ahí, los tiene el Sistema de Información de Atención a la Dependencia, el IMSERSO, por supuesto, el Observatorio de la Dependencia.

Y además, mire, señor González Suárez, en su caso, yo tengo que decirle una cosa, que es que, precisamente, claro que contamos con plazas públicas y también plazas privadas concertadas, pero es que son los propios ciudadanos los que deciden optar por un centro o por otro, o por un servicio o por otro. Con lo cual, mire, yo le quiero agradecer el respaldo que va a dar a nuestra proposición -y, por supuesto, a todas Sus Señorías-, pero no tiene que tener temor, ni tratar de llevar las cosas a su terreno, que siempre es el de demonizar la iniciativa privada. Cuando, además, sabe que en el sector de la dependencia tiene muchísima importancia el tercer sector, que, además, no está constituido precisamente puramente por empresas, como usted dice.

Mire, don Jorge Félix, ¿qué le voy a decir?, por supuesto que la ley está para cumplirla, por eso yo no puedo admitir que vengamos aquí a hacer el paripé ni nada de lo que usted ha dicho. La ley la promovió su Grupo Parlamentario en las Cortes Españolas, se aprobó con amplio consenso de todos los Grupos. Por tanto, es la ley de todos, todos tenemos y debemos cumplirla. ¿Y se imagina usted lo que sería un sistema de financiación directa a las familias, no solo en la dependencia, sino en el resto de servicios públicos?

Mire, la Consejería ha manifestado en reiteradas ocasiones que va a cumplir la ley escrupulosamente; la ley que ustedes promovieron, pero que es de todos, y que todos contribuimos, todos los Grupos Parlamentarios, a que fuera una realidad en un momento. Ha reiterado la Consejería que va a primar, como dice la ley, los servicios profesionales, y lo está haciendo. Y mire, ponía usted el ejemplo de una Corporación Local, y, efectivamente, conozco que en algún municipio está ocurriendo esto. Pero es que alguna vez me gustaría que Su Señoría me explicara por qué casualmente esos problemas de financiación a los que usted alude ocurren en municipios gobernados por el Partido Socialista, don Jorge Félix.

Vamos a ver, mire, yo tengo que decirle, don Jorge Félix, que el discurso permanente que hacen ustedes -también lo hace el señor González Suárez-, de las tijeras, del recorte, es que resulta que en Castilla y León no nos vale, porque es que en Castilla y León el presupuesto para la atención a la dependencia se ha mantenido. Y, por cierto, cuando usted dice que faltan 63 millones... –y es que no se lo quiero recordar, pero es que me lleva usted ahí a ese sitio-. Cuatrocientos veintisiete millones, don Jorge Félix, 427 millones del Gobierno Socialista con la financiación de la dependencia, que es una deuda que, hasta hoy, está lastrando nuestro sistema. Y me había prometido no recordárselo, pero es que me lleva usted ahí siempre.

Finalmente, mire, tenemos... y voy a terminar ya, aquí no se trata de sacar notas, pero sí es verdad que tenemos la mejor nota en el sistema de la dependencia por parte de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Para nosotros eso es importante por dos cosas: porque sabemos que estamos avanzando en el camino correcto; y la segunda cuestión es que, miren, sabemos que estamos contribuyendo a crear no solo en Castilla y León, sino también en España, un sistema sólido de servicios sociales para el futuro, Señoría, que es lo que creo que todos queremos.

Agradezco a todas Sus Señorías el respaldo de esta proposición no de ley, que queda fijada en los términos que les he comentado antes, y que les vuelvo a leer, si quieren. Pero quiero...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Vaya concluyendo, por favor, Señoría.

LA SEÑORA ÁLVAREZ-QUIÑONES SANZ:

(Sí, concluyo ahora mismo, señora Presidenta). Mire, Castilla y León, dice la Asociación de Gerentes que tenemos estabilizado el sistema, mantenemos la red de centros y servicios, y no hemos provocado los despidos masivos que hay en otras Comunidades.

El texto, por tanto, queda: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a avanzar en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia, favoreciendo la concesión de prestaciones que proporcionen servicios profesionales a las personas dependientes, tanto a las que permanezcan en su hogar como a aquellas que deseen acceder a centros residenciales, de acuerdo con lo que establece la Ley 39/2006, de catorce de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a la dependencia". Muchas gracias, Señorías. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría. Ruego al señor Letrado dé lectura al texto de la siguiente proposición no de ley.

PNL/001173

EL LETRADO (SEÑOR ORTEGA SANTIAGO):

Proposición No de Ley 1173, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a no modificar los libros de texto y materiales curriculares adoptados por los centros educativos durante un período mínimo de cuatro años, así como a establecer un sistema de ayudas directas individuales de financiación de los gastos en libros y material escolar. Con número de Registro de Entrada 1665.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias. Para la presentación de la iniciativa, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Marqués Sánchez.

LA SEÑORA MARQUÉS SÁNCHEZ:

Gracias, señora Presidenta. Buenos días a todos y a todas. Pues el objetivo de esta proposición no de ley que hoy defendemos los socialistas es garantizar que todos los alumnos de Castilla y León, desde los tres años hasta los estudiantes de Bachillerato y de Formación Profesional, dispondrán de sus libros al inicio del próximo curso sin que su situación socioeconómica sea un obstáculo. Y esto es un objetivo concreto, ambicioso, sí, pero perfectamente alcanzable.

Nuestra propuesta contribuye a garantizar el derecho a la educación de todos, consagrado en la Constitución Española, y desarrolla también nuestro Estatuto de Autonomía al plantear medidas para garantizar de forma efectiva la gratuidad en los niveles educativos obligatorios. Pero actuamos también para cumplir ese mandato que el Estatuto encomendaba a los poderes públicos de establecer un sistema de ayudas que garantice el acceso a los niveles educativos no obligatorios. Algo, Señorías, completamente ignorado por la Junta de Castilla y León desde el mismo día que se incluyó en nuestro Estatuto.

En lo que se refiere a las ayudas de libros de texto, hay que reconocer que el Gobierno de Juan Vicente Herrera no tiene modelo, y así lo ha demostrado los bandazos que ha venido pegando a lo largo de los últimos años. Lo que sí tiene el Partido Popular es un criterio, un criterio claro: que hay que recortar, porque esto es caro. Y las consecuencias de esa falta de modelo y de ese afán por recortar las sufren los estudiantes y sus familias.

En la pasada legislatura, la soberbia del Partido Popular le impidió poner en marcha un plan de préstamo de libros de texto, que, a estas alturas, estaría ya funcionando en todos los centros de nuestra Comunidad. Y digo soberbia, porque no solo rechazaban nuestras propuestas, sino que tampoco quisieron tener la humildad suficiente para mirar a otras Comunidades que venían años ya implantando sistemas semejantes a estos.

Arrancamos esta legislatura en Castilla y León con casi 20 millones de euros para ayudas directas a la compra de libros de texto, con un programa cofinanciado por el Gobierno de España; unas ayudas que llegaron a más de 156.000 estudiantes de Primaria y de la ESO, y que se cobraron en los primeros meses del curso. Este año, este curso escolar, estas ayudas han bajado a 6.000.000 de euros, es decir, han tenido una reducción del 70 %; el número de las concedidas se ha quedado en poco más de 72.500 y han sido denegadas más de 46.000; y a punto de alcanzar las vacaciones de Semana Santa, todavía hay familias que no han recibido el dinero de unos libros que han comprado hace ya ocho meses.

Tenemos también un programa de préstamo de libros de texto, pero que no llega ni siquiera a un tercio de los centros públicos de Castilla y León.

Ante esa situación, los socialistas hoy traemos una propuesta concreta, bien armada, que pide, en su primer punto, blindar nuestros libros de texto cara a la implantación de la LOMCE, y asegurar así que no habrá cambio de textos para el próximo curso. Pedimos que en la educación obligatoria se extienda este programa de acceso gratuito a los libros de texto a todos los centros sostenidos con fondos públicos. Y creemos que la gran novedad que hoy aportamos es introducir un sistema de ayudas directas para Educación Infantil, en ese tramo de tres a seis años que, si bien es cierto que no es obligatorio, también es cierto que conocen Sus Señorías que está prácticamente el cien por cien de los niños y las niñas escolarizado. Y extendemos esas ayudas directas a los niveles de Bachillerato y de Formación Profesional, con el objetivo de incentivar la prolongación de la vida estudiantil, de ayudar a promocionar titulaciones de grado medio y de grado superior.

¿Cómo deben ser esas ayudas? Aquí, los socialistas apostamos claramente por la participación real y por dar protagonismo a los órganos de representación. Y, en ese sentido, proponemos que la Junta de Castilla y León se dirija al Consejo Escolar de nuestra Comunidad para que allí se establezcan tres tramos:

Un primer tramo, por debajo del cual... un nivel de renta por debajo del cual los gastos tienen que ser costeados... los gastos tienen que ser costeados al cien por cien por la Junta de Castilla y León; no puede ser que niños de tres, de cuatro, de cinco años estén viviendo en una situación... prácticamente en el umbral de la pobreza y que no tengan ni ayudas –como digo- para... o que se les den unas pequeñas ayudas. Esta gente... tiene que estar este material sufragado al cien por cien.

Un nivel de renta de unidad familiar por encima del cual no habrá ayudas. Y que en esa franja intermedia se fijen criterios para garantizar también la progresividad.

No nos olvidamos de los alumnos de Educación Especial. Pedimos que las ayudas se cobren antes del inicio del curso.

Y, finalmente, pedimos también dirigirnos al Gobierno de España para que vuelva a financiar... a cofinanciar este tipo de programas, algo que, en plena crisis, un Gobierno de España socialista sí que hacía. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría. Para un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Valderas Alonso.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Muchas gracias, señora Presidenta. El Grupo Mixto, Unión del Pueblo Leonés e Izquierda Unida, va a votar a favor de esta propuesta del PSOE, de facilitar el acceso de las familias con menos recursos a los libros de texto. Este tema ya ha venido otro par de veces a las Cortes y el Grupo Mixto ha apoyado igualmente las propuestas.

No obstante, para que sean mínimamente efectivas, hay que encontrar un punto en el cual el Partido Popular pueda apoyarlas; si no, pues no... estamos dando vueltas siempre a lo mismo.

No estamos tratando solamente de temas más o menos ideológicos, como puede ser la consideración de la enseñanza pública o el acceso a la enseñanza de forma universal, estamos hablando de algo mucho más sencillo, de dinero. Dinero que las familias necesitan urgentemente, en medio de una crisis económica que no va a remitir a corto plazo, en absoluto. El año que viene tendremos este problema otra vez.

La propuesta del PSOE es para hacerla efectiva inmediatamente, para el próximo curso, que ya se empieza a organizar en muchos hogares. Dentro de un mes estaremos ya en periodo de prematriculación en varios niveles educativos. Desgranando la proposición no de ley del Partido Socialista, vemos lo siguiente.

Primero: pedir que los libros de texto sirvan para varios años no es ilegal y no es algo completamente nuevo, ya se ha hecho otras veces, y ya ha funcionado durante muchos años. En realidad, es difícil justificar que la ciencia o la historia vayan a cambiar sus contenidos de un año para otro, cuando los mínimos requeridos por la ley los fijó la Junta hace diez años. No tienen por qué cambiar cada diez años siquiera, con lo cual, cada uno, es absurdo. En realidad, es un tema que se puede negociar directamente con las propias editoriales. Es mejor una negociación con ellas que andar a la greña con las instituciones para el tema de los libros nuevos cada año.

Ampliar las ayudas directas a nuevos colectivos es algo que sin duda tendrá un coste, pero que se plantea como una medida anticrisis, una medida temporal -temporal y urgente-. Es preferible este sistema, el dar unas ayudas específicas para libros de texto y para material escolar a más grupos de los que se da actualmente, que el complicadísimo sistema de apoyar económicamente a una familia con problemas económicos a través de ayudas sociales, que es muy latoso, muy complicado, y que al final lo que se consigue es que el dinero va a parar al alquiler o a la hipoteca, no a los libros de texto, no al niño que más lo necesita.

Que los niños de tres a seis años y los alumnos de FP existen, es una obviedad; y que normalmente se les excluye de ayudas educativas para los libros, es otra obviedad muy difícil de justificar. Parece ser que solo tienen derecho a los libros ciertos alumnos, de ciertas familias, de ciertas enseñanzas. Hombre, es un poco extraño. Es más fácil hablar de cuáles son las familias necesitadas y que lo gasten en la enseñanza que más necesiten.

Lo mismo podemos decir de los alumnos de educación especial. No hace falta dedicar tiempo a explicar sus especiales circunstancias ni la carga económica que suponen para sus familias. Aunque es probable que reciban simultáneamente otro tipo de ayudas, las necesitan todas. Su problema es mucho mayor que el de los demás alumnos, empezando porque no se escolaricen en su barrio ni, a veces, en su propia ciudad.

El pago de las ayudas a comienzo de curso es algo bastante lógico. Estamos hablando de familias con recursos limitados y con problemas económicos. Gastos... gastos escolares que se concentran en cierta época del año. Si no cuentan con el dinero en ese momento, se convierten en prestamistas de la Administración: ellos adelantan el dinero y ya se lo pagará la Administración. Realmente están mucho peor que la Administración, ellos. El resultado comprobado es que racanean el gasto en material escolar e incluso se saltan la compra de algunos libros. Hoy día los niños van al colegio sin diccionario, de ningún tipo, porque se lo han ahorrado; así de sencillo.

El sistema Releo funciona, pero hay que reordenarlo. Es necesario ampliar su uso a más centros, incluso contar con las propias editoriales. Es un crimen que ciertas editoriales prefieran destruir miles de libros de texto que les ocupan demasiado espacio en sus torres de almacén antes que donar una pequeña partida a la Junta para que la reparta en los centros donde más se necesitan. Esto se podría gestionar con las propias empresas.

Con respecto a la idea de exponer las peticiones ante el Consejo Escolar de la Comunidad, no tenemos ningún problema, ya que se trata de una entidad consultiva reconocida. Pero queremos aprovechar esta mención para recordar que la inmensa mayoría de esta llamada Administración consultiva está muy mediatizada por la propia Administración Autonómica, que es quien elige a la mayoría de sus miembros y orienta demasiado sus propuestas. Como, a su vez, la Administración Autonómica está formada por tres décadas de poso del Partido Popular, no hace falta ser un matemático para deducir que estos Consejos son en la práctica correas de transmisión del PP. No estaría mal iniciar un proceso de despolitización de toda la Administración consultiva.

Volviendo al tema, finalmente, reclamar del Gobierno Central su participación en la financiación de los libros de texto no es una novedad, se ha hecho durante muchos años. Habría que ver la manera de incluir esta propuesta en las Conferencias Sectoriales. No creo que nuestro Consejero estuviera solo en ese caso, y, sin duda, habrían más que pretenderían algo muy similar. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría. A continuación y para un turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Majo.

EL SEÑOR MARTÍNEZ MAJO:

Gracias, Presidenta. En primer lugar, adelanto ya desde este mismo instante que vamos a rechazar la moción del Grupo Socialista, porque plantea en su conjunto medidas, si no innecesarias, que ya se están aplicando -yo creo que las hemos escuchado aquí por parte de quien la plantea-, y plantea actuaciones y medidas confusas y de difícil aplicación en este momento para adaptación a la nueva Ley Orgánica de Educación, con el momento de adaptación. Pero, sobre todo, yo creo que conviene recordar lo que ya se está haciendo, que se hace de manera sesgada, y yo voy a intentar recapitular.

En el primer punto, debe indicarse que la Consejería de Educación cuenta con un procedimiento que insta y obliga a los centros a mantener los libros de texto por un periodo de cuatro años. Las Órdenes de Educación 1045, 1046, de doce de junio, y la de Educación 1061, de dos mil ocho, de diecinueve de junio, regulan respectivamente la implantación y el desarrollo de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachiller, en la Comunidad de Castilla y León. En estas, los libros de texto y materiales curriculares adoptados, específicamente dice podrán... no podrán ser sustituidos por otros durante un periodo mínimo de cuatro años, si bien el titular de la Dirección General con competencias en la materia de ordenación académica podrá concretar el periodo de vigencia de los libros de texto adoptados, respetando, en todo caso, el periodo mínimo establecido.

En el marco de esta previsión se dictó la resolución de veintiocho de febrero de dos mil trece, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se concreta el periodo de vigencia de los libros de texto adoptados... adoptados para los cursos 2012-2013, en las enseñanzas Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, y cito literalmente: "La elección que sobre los libros de texto resulte aplicable en los centros educativos para el curso 2012-2013 se mantendrá en los mismos términos hasta el curso 2015-2016 incluido, independientemente del momento en que dicha elección se hubiere producido".

Excepcionalmente, y de forma motivada, el director del centro público o, en su caso, el titular de centro privado concertado que desee sustituir de una forma excepcional un libro de texto, podrá solicitar a la Dirección Provincial de Educación, identificando el texto cuya sustitución se pretende, número de alumnos afectados; y, analizada la solicitud, la Dirección Provincial resolverá –siempre tiene que haber ese margen a la flexibilidad-.

El libro de texto, si bien es un elemento didáctico para la enseñanza y la educación -actúa entre el estudiante y la materia-, es un recurso... no es el único recurso relevante, no es el único de los recursos didácticos con los que cuenta en este momento el profesorado para el desempeño de su actividad docente.

Por ello, y ante los continuos cambios curriculares, derivados de la Ley Orgánica 8/2013, que se van a producir, de mejora de la calidad educativa, desde la Consejería se está planificando, en este momento, alternativas y metodologías y sistemas, tanto tradicionales como innovadores, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, que respondiendo a la parte del nuevo currículo complementario de los libros de texto existentes, y no sea necesaria su sustitución antes de que finalice el plazo de vigencia antes mencionado.

No obstante lo anterior, la aplicación de la LOMCE supondrá la implantación de nuevas áreas o materias, circunstancia que por causa... sería causa suficiente para que, en determinados casos, los centros optarán por... por la implantación de libros complementarios. Así, con carácter general, podía hacerse referencia, en este sentido, a las dos áreas: valores sociales cívicos, en Educación Primaria; o materia de valores éticos, en Educación Secundaria.

En relación con el segundo punto, yo creo que se está desplegando, y el Grupo Popular consideramos que se está desplegando en los últimos años una amplia línea de ayudas relacionadas con el sistema educativo, tratando de facilitar el acceso de su alumnado a una enseñanza de calidad y estableciendo como una de sus máximas prioridades la garantía de igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.

Estas ayudas se han dirigido a corregir la dispersión geográfica y poblacional, y muy especialmente a corregir las desigualdades económicas, facilitando la adquisición de libros de texto mediante la concesión de ayudas económicas a las familias.

Solo en esta última materia –y aquí se ha puesto de manifiesto- se han invertido en los siete últimos cursos escolares casi 120 millones de euros, concediéndose casi 1.000.000 de ayudas de libros de texto a las familias de Castilla y León. Y en este curso escolar, cuya convocatoria ha sido resuelta recientemente –y aquí se... se ha puesto de manifiesto-, la Consejería de Educación ha realizado un gran esfuerzo presupuestario, manteniendo la misma cifra de 6.000.000 de euros del curso anterior, para conceder 72.642 ayudas, que beneficiarán directamente a las familias de Castilla y León, lo que representa el 61 % de las solicitudes, superando el 52... un 52 % la convocatoria anterior.

Apostando por un modelo educativo basado en el principio de equidad, la convocatoria de ayudas prioriza y atiende con mayor intensidad a las familias con mayores dificultades económicas, concediendo las ayudas por orden inverso a la renta de la unidad familiar y estableciendo diferentes cuantías de las ayudas en función de la misma. En este sentido, es de destacar los más de 36.300 beneficiarios de las ayudas, que van a recibir entre 75 y 105 euros, que representa el 50 % de las ayudas concedidas y el 63 % del presupuesto.

Las difíciles circunstancias económicas que nos ha tocado...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría.

EL SEÑOR MARTÍNEZ MAJO:

... vivir hacen que no tengamos recursos suficientes, que no podamos, en este momento, más que recursos, concretar las circunstancias que ustedes están planteando aquí. Pero sí yo creo que el punto 7 convendría decir que ayer mismo sería... ayer mismo la conferencia se reunía...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, señor Martínez Majo.

EL SEÑOR MARTÍNEZ MAJO:

... la conferencia sectorial, y sería más interesante que sus propuestas se dirigieran a ayudar a mejorar y a optimizar las actuaciones que se están realizando, y, en todo caso, con una negociación con la Consejería de la mano. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la proposición no de ley, tiene la palabra la señora Marqués Sánchez.

LA SEÑORA MARQUÉS SÁNCHEZ:

Gracias de nuevo, señora Presidenta. Comienzo agradeciendo al Grupo Mixto el apoyo a nuestra iniciativa, y... y reconociendo que comparto también el fondo de... de su planteamiento.

Y dirigiéndome al Portavoz del Partido Popular, tengo que decirle, señor Martínez Majo, que confieso que me irrita profundamente la pasividad, el pasotismo con el que ustedes se preparan los temas y defienden su posición en el Pleno de las Cortes de Castilla y León. [Aplausos]. Venir hoy aquí... venir hoy aquí a decir que lo que hoy propone el Partido Socialista, que en parte de esta proposición no de ley estamos desarrollando lo que el Estatuto de Autonomía le ha encomendado a este Gobierno y ha estado mirando para otro lado, decir que ya se está haciendo, esto es insultar a la inteligencia, señor Martínez Majo. Decir que, respecto al primer punto –que es en el que usted más se ha... se ha detenido-, para blindar los libros de texto cara al próximo curso, yo no sé si se ha leído lo que nosotros... lo que nosotros pedimos. Lo que nosotros decimos es: amparándose en la normativa autonómica actualmente en vigor, no modificar los libros de texto y materiales curriculares adoptados... tal tal tal. ¿Me... me puede explicar alguien qué problema hay, por qué el Partido Popular hoy va a votar "no" a, amparándose en la normativa actualmente en vigor, no modificar los libros de texto? ¿No será que el Partido Popular está enredando, está sacando al Secretario General de la Consejería –como hizo ayer-, a la Directora General de Innovación, diciendo que no van a... a modificar los libros, y luego va a ser que sí? ¿No estarán temporizando, intentando tranquilizar a las familias para que luego no tengan margen de reacción, y lo que ustedes van a hacer es modificar los libros de texto?

Porque usted hoy ha hablado aquí de que es necesario que haya un margen de flexibilidad, y de que tiene que haber libros complementarios. Con lo cual, si ustedes hoy votan "no" a lo que nosotros pedimos, que es, amparándose en la normativa autonómica en vigor, que no se modifiquen los libros, las familias tienen que tener claro que el Partido Popular lo que está haciendo es ganar tiempo para, al final, modificar esos libros de texto.

Luego, también, dice usted, en el punto 2 de la propuesta de resolución, que habla de las ayudas directas, y me empieza a dar los datos de las ayudas directas que está concediendo la Junta de Castilla y León. Mire, las ayudas directas que concede la Junta de Castilla y León es para Primaria y para Secundaria. Y el punto 2 de la propuesta de resolución del Grupo Socialista habla de tres a seis años, de Formación Profesional y de Bachillerato; y de eso no hay nada en Castilla y León, señor Martínez Majo. Por eso que sus argumentos no sirven para rechazar el punto 2.

Quiero decir también que usted nos hablaba de la cantidad de ayudas que dan, la cantidad de ayudas que dieron el año pasado, pero se le ha olvidado mencionar que casi 40.000 familias con derecho a esas ayudas... –es decir, con unos niveles de renta muy bajos, porque ya los bajaron ustedes en la convocatoria del año pasado- que esas familias que necesitaban esas ayudas se quedaron sin ella, teniendo derecho, porque ustedes no pusieron todo el dinero que se necesitaba para cubrir esa convocatoria.

Y luego me habla de que no hay recursos. Bueno, no hay recursos porque a ustedes no les da la gana; porque quiero recordar que el año pasado ustedes encontraron más de 70 millones de euros para sobrefinanciar a la escuela privada concertada... [aplausos] ... por encima de lo que ustedes habían presupuestado; y el año anterior encontraron 77 millones de euros para sobrefinanciar a la escuela privada concertada por encima de lo que estaba presupuestado. No le oigo desde aquí, pero, si tiene una respuesta clara a esta pregunta que llevamos meses haciendo en las Cortes de Castilla y León, ruego encarecidamente que busque un artículo en el Reglamento para que la señora Presidenta le pueda volver a dar la palabra y nos diga, de una vez, a los socialistas a qué se debe esa sobrefinanciación, y por qué para eso sí encuentran dinero y para esto no.

Y, además, le quiero decir que, si aplicaran de una vez la política impositiva que los socialistas estamos pidiendo, encontrarían también dinero para esto que nosotros hoy demandamos. Porque, si ustedes hubieran querido poner ese impuesto a las grandes superficies comerciales, a los depósitos bancarios, para que pagaran más los que más tienen, los que más ganan, los que más heredan, hoy habría dinero para afrontar esta iniciativa.

Miren, los socialistas hoy hemos propuesto acciones concretas para solucionar problemas reales, mientras, hoy, el Partido Popular va a defender aquí un proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado que no demanda... no demanda la gran mayoría de la comunidad educativa, y que, como muy bien demostrará mi compañero Fernando Pablos, solo confiere autoridad a quien ya la tiene, porque es una ley desfasada por la entrada en vigor de la LOMCE.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría.

LA SEÑORA MARQUÉS SÁNCHEZ:

No habrá... (concluyo, señora Presidenta) ... no habrá un antes y un después en nuestras aulas si hoy se aprueba esa Ley de Autoridad del Profesorado, pero sí habría un antes y un después en el sistema educativo de Castilla y León si hoy se aprobara la proposición no de ley que hemos defendido los socialistas. Gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias. Ruego al señor Letrado dé lectura al texto de la siguiente proposición no de ley.

PNL/001174

EL LETRADO (SEÑOR ORTEGA SANTIAGO):

"Proposición No de Ley 1174, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a implementar los medios económicos y técnicos necesarios para garantizar a las entidades locales menores y a los Ayuntamientos de la Comunidad la prestación del servicio de Secretaría e Intervención para el asesoramiento y puesta al día de sus cuentas, con número de Registro de Entrada 1666".

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. Para la presentación de la proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Redondo García.

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

Gracias, señora Presidenta. Señorías, con esta iniciativa, con esta propuesta, queremos traer al debate público una doble preocupación.

Evidentemente, la primera es la preocupación porque las entidades locales menores tienen un riesgo en este momento, un riesgo derivado de la aplicación de la Ley de racionabilidad y sostenibilidad de la Administración Local, y entendemos que es nuestra responsabilidad defender y apoyar que las entidades locales menores permanezcan en Castilla y León tal y como las conocemos, esto es, con personalidad jurídica propia y con capacidad para gestionar su propio patrimonio y su presupuesto.

Todos conocemos que la Ley 27/2013, de veintisiete de diciembre, en su Artículo 3, apartado segundo, no las recoge en el listado de entidades locales, y que, asimismo, la Disposición Transitoria Cuarta de esa misma ley permite que las entidades locales existentes puedan mantener su personalidad jurídica propia y su condición de entidad local siempre y cuando con fecha de treinta y uno de diciembre de dos mil catorce no... estén al tanto... estén en disposición de presentar las cuentas ante los organismos correspondientes, tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma –en nuestro caso, ante el Consejo de Cuentas—.

Esta exigencia, por lo tanto, legal nos preocupa, y de ahí que presentemos una propuesta encaminada a facilitar a las entidades locales menores los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para que cumplan con ese deber, con esa obligación legal.

Pero esta no es la única motivación de esta propuesta, porque también nos preocupa que se perviertan o se puedan pervertir las funciones del Consejo de Cuentas. Ayer lo recordaba el Portavoz de mi Grupo Parlamentario, y que nosotros hoy aquí también queremos insistir. Como todos ustedes conocen, el Grupo Parlamentario Popular presentó el veintiocho de febrero de este año una enmienda de adición a la introducción del proyecto de Plan Anual de Fiscalización del Consejo de Cuentas para el ejercicio dos mil catorce. El objeto de dicha enmienda era compensar de alguna manera el contenido de otras dos enmiendas en las que el mismo Grupo Parlamentario Popular solicitaba la supresión de varias propuestas de fiscalización especial que el propio Consejo de Cuentas incorporaba, y cuyo contenido no era otro que la fiscalización especial de las empresas públicas y la fiscalización especial de las fundaciones de la Comunidad.

Bueno, parece evidente que el objeto de la enmienda sobre entidades locales es evitar de alguna manera que el Consejo de Cuentas pudiera sacar adelante su propia propuesta de fiscalización especial sobre la denominada "Administración B" de la Junta de Castilla y León, haciendo, precisamente, que el órgano de control y fiscalización que es el Consejo de Cuentas se convirtiera en un órgano de asesoramiento de las Administraciones sometidas al control de fiscalización.

En principio, repito, es una enmienda a la Exposición de Motivos; la hemos apoyado, no nos parecía que comprometiera, pero, lógicamente, la motivación del resto de enmiendas sí que pone en riesgo, precisamente –y como luego se comprobó por la votación del Grupo Parlamentario Popular-, la posibilidad de que el propio Consejo de Cuentas pudiera incidir, pudiera insistir en esa fiscalización especial de la Administración B de la Junta de Castilla y León.

Por eso, y de este modo, entendemos que subvertiendo y desnaturalizando al órgano de fiscalización se le cargaba de trabajo, se le pretende cargar de trabajo con competencias en principio que no le corresponden, y con la finalidad espuria de que no lleve a cabo las funciones que sí le corresponden, y que son la fiscalización y el control de la Administración B de la Junta -las empresas públicas y fundaciones-, donde el Consejo ya ha detectado muy importantes irregularidades y corruptelas, algunas de las cuales están siendo ya investigadas por la Fiscalía Anticorrupción.

Es evidente que si el interés de la Junta, el interés real, fuera exclusivamente apoyar a las entidades locales menores para que pudieran presentar sus cuentas antes del treinta de uno de diciembre, como prevé la ley, se habrían puesto en marcha hace tiempo medidas como las que hoy, precisamente, tratamos aquí y traemos aquí a la propuesta y al debate.

Y, por otra parte, sorprende también que, si esta es la finalidad de la Junta, no se haya incluido en el decreto-ley, que probablemente hoy convalidaremos, algún tipo de mención, algún tipo de apoyo, precisamente para evitar que las Administraciones menores, que las entidades locales menores tengan dificultades adicionales para el cumplimiento de su obligación legal.

Pues bien, ninguna de las normas, ninguno de los artículos de ese decreto-ley establecen medidas adicionales –ninguna medida en realidad- encaminada a facilitar la actividad de rendición de cuentas que deben realizar las entidades locales menores.

Por lo tanto, sí que somos conscientes de las dificultades reales que estas entidades tienen, y por eso, y ante la ausencia de nuevos y mejores medios técnicos y de apoyo, traemos una propuesta que, precisamente, incide en eso, y que insta a la Junta a que implemente los medios económicos y técnicos necesarios para garantizar a las entidades locales menores y a los Ayuntamientos de la Comunidad la prestación del servicio de Secretaría e Intervención para el asesoramiento y puesta al día de sus cuentas, tal y como exige la ley y la normativa en vigor.

Y también insistimos en instar a la Junta en que colabore y tutele...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría.

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

... un plan del trabajo urgente que garantice la rendición de las cuentas –termino ya, Presidenta- de las entidades locales menores ante el Consejo de Cuentas con anterioridad al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, garantizando así su supervivencia como entidades locales con personalidad jurídica propia. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. [Aplausos]. Para un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Valderas Alonso.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Muchas gracias, señora Presidenta. El Grupo Mixto, Unión del Pueblo Leonés e Izquierda Unida, va a votar a favor de esta propuesta del PSOE, que creemos, sinceramente, que debería recibir el apoyo explícito del PP sin grandes problemas.

Hace un año que la Junta y el Gobierno Central decidieron meterse en un vergel con la reforma de la... del régimen local. El tema era necesario, pero el momento ha sido muy discutido. Toda reforma implica adaptación y gastos, mientras esta reforma se ha planteado como un sistema para ahorrar supuestas cantidades de dinero –que son teóricas todavía- y se ha planteado en el peor momento económico que se podía plantear: en un momento de crisis, cuando el Estado no puede financiar siquiera los cambios que ha obligado a hacer.

Estamos corriendo el peligro de desmantelar los servicios públicos en manos de las Administraciones Locales en el peor momento. Estamos corriendo, incluso, el peligro de perder para siempre instituciones locales milenarias que funcionan, aunque requiriesen unas cuantas reformas.

Los dos partidos del Grupo Mixto, desde nuestra experiencia en el mundo local, hemos apoyado todas las propuestas que se nos han presentado para preservar la existencia de las entidades locales menores y de los pequeños Ayuntamientos.

Para nosotros, su desaparición no aseguraría que hubiese una mejor Administración de los pueblos, ni tampoco que el grado de democracia fuese a mejorar.

Ambos partidos nos hemos opuesto a la reforma local tal como la planteó el Ministro Montoro, desde un fin de ahorro, y no desde una finalidad de profundizar en la democracia o de mejorar la atención a los vecinos.

La Ley Montoro, al tratar a las entidades locales menores, es tan lejana a la realidad de nuestra Comunidad que confunde las Juntas de Distrito, que delegan la actividad municipal para un barrio o localidad, con las Juntas Vecinales o los Concejos; un despiste del redactor de la ley que puede convertir a muchas entidades locales menores en simples delegaciones de Alcaldía.

La permanencia de las pedanías como entes con personalidad jurídica propia pende de un hilo; el hilo de que completen sus trámites administrativos fiscales. Pues bien, si esa es la meta a lograr, todos los esfuerzos que podamos hacer desde las Cortes para ayudarles serán pocos.

Hoy nos propone el PSOE dos fórmulas comunes con los pequeños Ayuntamientos, que tienen un problema similar. La verdad es que los historiadores que estudien nuestras actas se van a sorprender. Es la tercera vez en un año que este asunto vuelve a esta casa. Se preguntarán en el futuro si no nos poníamos de acuerdo, y verán que las votaciones y los discursos dicen que sí, que todos pedíamos ayuda excepcional y urgente para las pedanías. Pero, entonces, ¿por qué los pesados de la Oposición sacaban el tema cada tres meses? La explicación es simple: porque el problema aún no se ha resuelto. Las cuentas de las pedanías no se resuelven con declaraciones públicas unánimes, no se resuelven aprobando un decreto que a los seis meses quedó invalidado, no se resuelven recordando a las Diputaciones que tienen obligaciones que atender frente a pedanías y municipios pequeños, porque están desmantelando los SAM.

UPL ha apoyado la propuesta de la Federación de Concejos, presentada por el PP en la Comisión de Hacienda recientemente, en el sentido de pedir ayuda al Consejo de Cuentas. No confiamos mucho en esta medida, pero no vamos a negar esta posible solución.

Estos problemas, de urgente solución, solo avanzan si nos gastamos un dinero en mejorar los servicios públicos de atención a las pedanías y municipios pequeños. Hay que gastar, hay que otorgar una ayuda extraordinaria a quienes pueden ayudarles a hacer las cuentas.

Y esto no supone un gasto continuado en el tiempo, porque la pedanía que cuadra sus números hoy, el año que viene solo tendrá que copiar y ponerlos al día.

Montoro ha descongelado hace unos días los cientos de plazas de secretarios de Ayuntamiento, que llevaban cinco años congeladas. Como se ha señalado recientemente en la Comisión de Hacienda, al tratar del asunto del Ayuntamiento de Valderas, no es que no quisieran hacer las cuentas, es que no había ni secretario ni interventor. Y así es difícil ponerse al día.

Necesitamos más secretarios, más interventores, más empleados de los SAM de las Diputaciones; sobre todo necesitamos un poco de cabeza para resolver este problema, cuando estamos a punto de consumir la última prórroga que se nos ha concedido. No desaprovechemos la ocasión.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ PORRES):

Muchas gracias. Para un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García-Prieto Gómez.

EL SEÑOR GARCÍA-PRIETO GÓMEZ:

Sí. Gracias, señor Vicepresidente. Señorías, hoy trae aquí el Grupo Parlamentario Socialista una propuesta que, si se contempla de forma aislada, parece coherente y razonable, lo que pasa yo creo que olvida algo fundamental, ¿eh?, que es que este problema ya se viene abordando, ¿eh?, por parte de la Junta de Castilla y León desde hace mucho tiempo, y yo creo que con la dedicación y la responsabilidad suficiente.

Mire, solo le voy a recordar algunas cosas que la Junta de Castilla y León ha tenido yo creo que a bien, ¿eh?, plantear, y yo creo que también lo ha hecho de forma acertada. Mire, hay tres cuestiones: una es en el plano político, otra en el plano financiero y otra en el plano técnico-administrativo.

Mire, a nadie se le oculta que en el plano político, ya hace un año, la Junta presentó, ¿eh?, un informe muy crítico en relación con el entonces anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Yo creo que ahí, de alguna manera, lo que se está determinando ya era la defensa, ¿eh?, la defensa clara y rotunda de la permanencia de las entidades locales menores en el territorio de la Comunidad Autónoma. Mire, pero, además, posteriormente, cuando se estaba tramitando ese anteproyecto, ¿eh?, parlamentariamente, tanto en el Congreso como en el Senado, la Junta de Castilla y León también consiguió, ¿eh?, a través de los Parlamentarios del Partido Popular, que esa ley mejorase notable y progresivamente sobre el texto originariamente presentado, y como consecuencia fundamental, fundamental, es que en ese plazo, que inicialmente estaba previsto en tres meses para la rendición de cuentas, se consiguiera garantizar las cuentas en un año más. Por lo tanto, compromiso político, defensa política de las juntas vecinales.

En el plano financiero, no hay que olvidar que tradicionalmente la Junta de Castilla y León ya viene, hace mucho tiempo, contribuyendo de una forma clara a facilitar la asistencia y el asesoramiento a las entidades locales menores a través de los... de las Diputaciones Provinciales, en particular, con los fondos que se asignan al Servicio de Asistencia a Municipios. Mire, no es ninguna cantidad desdeñable, ¿eh?, en el presente ejercicio económico hay una disponibilidad de casi 3.000.000 de euros para esta finalidad.

Y, por último, en el plano técnico-administrativo, mire, Castilla y León ha sido la única Comunidad Autónoma, la única, ¿eh?, que ha realizado convocatorias de puestos reservados a funcionarios locales con habilitación de carácter estatal durante los años que ha tenido competencias en la materia. Estas competencias, ejercidas, ¿eh?, hasta hace muy poco tiempo, pueden tener algún soporte numérico. Se lo voy a decir: en el año dos mil ocho, se ofertaron 40 plazas libres; en el dos mil nueve, 28; en el dos mil diez, 10, y 20 plazas de consolidación; y también en el dos mil once, 4 plazas. Esto permite, ¿eh?, permite una reasignación de medios humanos a esas tareas de defensa, garantía y asesoramiento de las juntas vecinales.

Por eso, Señoría, yo creo que la propuesta que ustedes plantean olvida, ¿eh?, todas estas cuestiones, como si fuera un problema nuevo, y yo... por eso este Grupo Parlamentario lo que le planteamos es una enmienda, una enmienda de sustitución, ¿eh?, que solo trata de decir que ese compromiso sigue en vigor, que sigue en pie. Y la voy a leer textualmente, por mantener y renovar ese compromiso, la voy a leer de forma literal. Y es que: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, en coordinación con el Consejo de Cuentas, la Federación Regional de Municipios y Provincias, las Diputaciones Provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo, se continúen impulsando medidas que contribuyan a que las entidades locales menores rindan sus cuentas con anterioridad al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce para garantizar así su pervivencia como entidades locales con personalidad jurídica propia". Muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ PORRES):

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, por el Grupo Proponente tiene la palabra la señora Redondo García.

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

Señor García-Prieto, ojalá siguiera usted siendo Presidente de la Diputación de León, porque, si lo siguiera siendo, esta iniciativa la apoyaría y, probablemente, también habría traído antes... [aplausos] ... una iniciativa como esta. Lamentablemente, no ostenta usted ese cargo.

Y usted dice que se han hecho cosas. Sí, se han hecho, es verdad, se han hecho cosas. Y, de hecho, los resultados, los resultados de este año con respecto a dos mil doce son mejores. En dos mil doce, y según las... las propias estadísticas del Consejo de Cuentas, solamente el 13,4 % de las entidades locales menores presentaron sus cuentas. Y este año, en dos mil trece, ya han sido 49,2 % las entidades locales que han logrado presentar sus cuentas en tiempo y forma.

Por lo tanto, es cierto, es cierto que se han hecho cosas; pero, fíjese, todavía hay... un 51 % de entidades locales menores que no han logrado presentar las cuentas. Precisamente, nuestra iniciativa va encaminada a que el 100 % de las entidades locales menores puedan presentar sus cuentas.

Y la enmienda que hoy nos propone usted incide en la misma estrategia, en una estrategia errónea, en la estrategia de que sea el Consejo de Cuentas el que colabore y sea juez y parte en lo que es la labor de fiscalización. Mire, no se puede exigir al Consejo de Cuentas, que es un órgano de control, que es un órgano de fiscalización, que sea el asesor de aquellos órganos a los que tiene la obligación de controlar. Esa es la perversión absoluta, la desnaturalización absoluta del Consejo de Cuentas.

Y lo que hay que preguntarse es por qué ustedes inciden en esta estrategia de distracción, porque es una estrategia de distracción. Pues yo quiero recordar hoy aquí a mi compañero, mi compañero en la anterior legislatura, a don Pascual Fernández, porque Pascual, durante mucho tiempo, insistía en que los problemas reales de la Junta de Castilla y León, las irregularidades más importantes y, probablemente, las corruptelas estaban en las fundaciones y en las empresas públicas de esta Comunidad. Y eso es, precisamente, lo que ha destapado en estos años el Consejo de Cuentas, con informes muy contundentes, que han dado pie a la Fiscalía Anticorrupción a investigar importantes actuaciones, que, desde luego, no se corresponden, a juzgar por esos informes, con la legalidad.

Y mire, dice el cronista –hace muy poco tiempo lo decía- que hay que ser sin parecer, porque ser sin parecer es un mal asunto -dice el cronista-. Y es cierto, yo estoy convencida de que ser sin parecer es un mal asunto. Y no puede pregonar la Junta, no puede pregonar el señor Herrera que esta Junta de Castilla y León es la más transparente de España; que la Junta de Castilla y León tiene las paredes y los techos de cristal, si cuando llega el momento de la verdad, el momento de comprometerse con la transparencia, se da un paso atrás tan importante como dio el Grupo Parlamentario Popular al no aprobar, al enmendar la cuenta y el plan de fiscalización general del Consejo de Cuentas. Ahí se demostró la voluntad real de la Junta por la transparencia. Y se optó por todo lo contrario, por la opacidad, por el oscurantismo, por impedir que el Consejo de Cuentas investigara a fondo los contratos de las empresas públicas y fundaciones de la Comunidad.

Yo creo, sinceramente, que esa actuación del Partido Popular deja en muy mal lugar las palabras del Presidente Herrera. Deja en entredicho el compromiso de la Junta de Castilla y León con la transparencia y con el necesario control de legalidad de las cuentas públicas, del dinero de todos los contribuyentes. ¿Y por qué ese empeño, por qué ese empeño de la Junta de Castilla y León en impedir que el Consejo investigue? Pues seguramente tiene mucho que ver con las irregularidades y corruptelas que el Consejo de Cuentas ha denunciado y ha investigado en Somacyl, en ADE, en PROVILSA, en Sotur, en la Fundación Siglo, en esos contratos troceados que están al margen de la legalidad, en esos pliegos sin motivación, en tantas y tantas irregularidades y corruptelas que se han ido acumulando a lo largo de estos años. Y que yo creo que es el momento, y este es el momento, porque la sociedad está demandando precisamente ese conocimiento y esa transparencia, este es el momento de que salieran a la luz todas esas irregularidades. Pero, como digo... [aplausos] ... el Partido Popular no tiene ninguna voluntad de transparencia.

Y, sinceramente, yo creo que ese empeño del Partido Popular por evitar que el Consejo de Cuentas controle pormenorizadamente la Administración B amenaza muy seriamente, muy seriamente al Presidente Herrera y a toda la Junta de Castilla y León.

Y la excusa, Señoría, la excusa no puede ser que se apoye a las entidades locales menores por el Consejo de Cuentas. Esa excusa no se sostiene, esa excusa es imposible de mantener, Señorías, y más cuando hemos visto las enmiendas del Grupo Popular y las motivaciones del Grupo Parlamentario Popular. Si son realmente de vergüenza, Señoría, son, Señoría, de vergüenza.

Si realmente quieren apostar por que las...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ PORRES):

Muchas gracias.

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

... entidades locales menores puedan presentar las cuentas, apoyen nuestra propuesta; y también apoyarán, probablemente, las enmiendas que presentaremos si, finalmente, el decreto-ley que hoy se convalida se convierte en ley, porque –repito- ese decreto-ley no se acuerda de las entidades locales menores para nada, es curioso, ¿no?

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ PORRES):

Muchas gracias. [Aplausos]. Ruego al señor Letrado dé lectura al texto de la siguiente proposición no de ley.

PNL/001175

EL LETRADO (SEÑOR ORTEGA SANTIAGO):

"Proposición No de Ley 1175, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la ejecución de las obras de Alta Velocidad Ferroviaria previstas en Castilla y León, con número de registro de entrada 1673".

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ PORRES):

Muchas gracias. Para la presentación de la proposición no de ley, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Muñoz de la Peña González.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, Vicepresidente. La Comunidad, por su situación geográfica, juega un papel fundamental para el desarrollo ferroviario. Terminar los cinco corredores previstos en Castilla y León es irrenunciable. El corredor norte, con tres líneas, garantizará las conexiones con el País Vasco, con Asturias y Cantabria, a través de las líneas de Venta de Baños-Burgos-Vitoria, hasta la "Y vasca", Venta de Baños-León-Gijón, y Palencia-Santander. Tres líneas importantísimas, afectan a cuatro ciudades, que se convertirán en nudos fundamentales para conectar Castilla y León por AVE. Una cuarta línea prevista pondría a Ávila en la alta velocidad.

Estas líneas, para su efectividad, se complementan con la necesaria e imprescindible creación y remodelación de las infraestructuras ferroviarias, como, por ejemplo, la construcción de los intercambiadores de La Robla; la ejecución del nudo de Venta de Baños, triángulo ferroviario que permitiría movimientos directos entre Valladolid, Palencia y Burgos; la remodelación y adaptación de la estación de Venta de Baños; la nueva estación de Miranda de Ebro; la accesibilidad a las estaciones de Ponferrada y Segovia; y también Soria, en otro corredor; y la integración y soterramiento de Valladolid, León, Palencia y Miranda de Ebro.

Por otro lado, el corredor noroeste, también fundamental, dispone de líneas como Olmedo-Zamora-Galicia, Madrid-Ávila-Salamanca, Medina-Salamanca-frontera portuguesa, León-Ponferrada-Monforte-Galicia.

La Ministra de Fomento, en septiembre del dos mil doce, compareció para presentar el nuevo PITVI, el nuevo plan de infraestructuras, confirmando que impulsaría cuatro de los cinco corredores AVE en Castilla y León, por su demanda y por priorizar los que cuentan con cofinanciación de fondos europeos. También confirmó que antes de treinta y uno de marzo del dos mil trece presentaría un plan específico para la revisión de los proyectos y de las estaciones ferroviarias de AVE, en las que estaba prevista una importante inversión, plan del que no se tiene noticias... o no, o quizás sí tengamos noticias –lo veremos-.

Los diferentes planes estatales de infraestructuras, tanto en el PEIT como ahora el PITVI, han contemplado estos corredores y las líneas de alta velocidad proyectadas. Sin embargo, recientes anuncios, comunicados e informes emitidos desde el Ministerio, desde ADIF -acaso este plan de revisión anunciado pueda ser este documento que ronda por la Comunidad-, entregado a la Delegación del Gobierno, plantea serias dudas y numerosas contradicciones respecto a las ambiguas declaraciones emitidas desde el Ministerio de Fomento.

A pesar de que ahora parece que nadie quiere hacerse responsable, las contradicciones entre lo que dicen y lo que escriben son evidentes. Están generando incertidumbres y dudas respecto a la finalización de las obras (ya se han dejado de establecer fechas concretas); a las grandes y... a los grandes y evidentes retrasos que acumulan los tramos, trasladando fechas de finalización del doce y el catorce al diecisiete y al dieciocho; se plantean de nuevo dudas sobre los trazados, diseños y cumplimientos de plazos ya establecidos, anuncios de renuncia a determinados proyectos con rectificaciones posteriores. En fin, Señorías, la falta de transparencia es alarmante, lo que genera un temor permanente respecto a la ejecución proyectada en algunas líneas y a la finalización de las líneas de AVE, ya en obras en Castilla y León.

Señorías, las obras de infraestructuras se trasladan de una legislatura a otra; deberían continuar independientemente de quién gobierne. Un Gobierno hereda y, como todas las herencias, estas pueden ser buenas, malas o regulares. Mientras el PSOE solo recibió proyectos en el aire, sin redactar, sin adjudicar, vamos, en la nube virtual, y, a pesar de ello, batió todos los récords históricos de inversiones en infraestructuras en Castilla y León. Entre el año dos mil cinco y dos mil doce, nuestro país multiplicó por más de cinco el número de kilómetros de alta velocidad en servicio, pasando de 550 kilómetros a más de 3.100 kilómetros; y extendió de 7 a 31 ciudades el beneficio de este modo de transporte rápido, seguro y eficiente.

El Partido Popular heredó del PSOE tramos terminados, obras empezadas muy avanzadas, proyectos redactados y, lo más importante, les aseguró la financiación. El PSOE, en octubre del dos mil once, les garantizó la financiación al conseguir incluir en las redes transeuropeas de transporte los cinco corredores ferroviarios españoles; 50.000 millones de euros hasta el periodo dos mil veinte... hasta el año dos mil veinte. Consiguió, por tanto, garantizar que las obras AVE iniciadas pudieran completarse en los próximos años y consiguió la financiación necesaria para ello. Lógicamente, si la Ministra Pastor hoy puede priorizar cuatro corredores en Castilla y León, es porque cuenta con financiación suficiente, financiación europea suficiente, y porque el PSOE se la garantizó.

Señorías, todas estas líneas necesitan terminar con la incertidumbre creada, que se establezcan los presupuestos necesarios, con una gestión firme y fechas concretas de finalización. Por otro lado, el plan del Partido Popular, el PITVI, establece que los soterramientos, las integraciones urbanas y... las financiaría... las financiarán las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos afectados, para lo cual deberá garantizarse también financiación suficiente.

Por todo ello, planteamos: uno, garantizar financiación suficiente para ejecutar las obras de inversión vinculadas a las integraciones urbanas previstas, previo acuerdo con las Administraciones Locales afectadas; dos, reclamar al Gobierno de España que adopte las medidas presupuestarias y de gestión necesarias para finalizar de manera inmediata y con fecha de ejecución concreta las obras de alta velocidad ferroviarias previstas en la Comunidad.

Señorías, por coherencia...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ PORRES):

Muchas gracias.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

... por responsabilidad –termino, Presidente-, por sentido común, por interés de la Comunidad... por anteponer el interés de la Comunidad por encima de cualquier otro interés partidista, espero contar con el respaldo del Grupo Parlamentario Popular. Gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ PORRES):

Muchas gracias. Para un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Esta proposición no de ley, defendida por el Grupo Socialista, tiene inercias potentes de la burbuja del cemento. Es un discurso que se sostiene sobre la inmadurez que dominó a la clase política estatal en esos años demenciales en los que se construía con iguales argumentos un aeropuerto en cada capital de provincia, un puerto deportivo en cada municipio -incluso, en algunos casos, casi hasta sin costa-, autovías y autopistas para ir de ningún lugar a ninguna parte, y un largo etcétera.

Pretender que los llamados corredores del AVE en nuestra Comunidad sirvan para vertebrar la misma, a estas alturas, cuando los efectos de esa política dispendiosa, que favorece un modo de transporte, que es el de la alta velocidad, caro, insostenible y en detrimento del ferrocarril convencional, es seguir empeñado en una modernización ostentosa, ignorando las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

Señorías, no hay razón alguna para mostrarnos orgullosos de ser el segundo país del mundo en trazados de alta velocidad, solo detrás de un país 19 veces más extenso y 32 más poblado, como es China. Lo cierto es que nuestra red de alta velocidad es motivo hasta de burla en el conjunto de la Unión Europea, porque no se trata solo de construirla, ni siquiera de darle un rendimiento con un movimiento de viajeros que actualmente no tiene, sino que hay que hacer ingentes inversiones para el mantenimiento y la seguridad de los trazados, que se come por sí sola toda la improbable rentabilidad que pueda llegar a tener.

Pero estamos todos inmersos en la atmósfera de mostrar a todo el mundo que nuestro país juega en primera liga, que estamos a punto de alcanzar a las economías más desarrolladas, y otras fantasías casi de adolescentes. Mientras apostamos por cumplir el mapa garabateado por técnicos sobre los corredores necesarios para el AVE, la mitad de los castellanos y leoneses se han visto privados del transporte ferroviario que comunicaba sus localidades con las capitales, o han visto cercenadas por la mitad las frecuencias que articulaban de verdad las provincias y las ciudades de nuestra Comunidad.

Si seguimos con el pelotazo de los cinco corredores fundamentales mientras dejamos a nuestra población rural aislada en sus municipios, mal nos va a ir. Vendemos modernez casi rancia, mientras fingimos ignorar que los precios de esos trenes son prohibitivos para la mayor parte de la población; vendemos la idea de esos corredores como vertebradores, sin decir a la ciudadanía que esos AVE nos cruzarán sin detenerse apenas, como bien sabemos en lo que ocurre entre Madrid y Valladolid. Es decir, que Castilla y León servirá de corredor para los mismos como pasillo de paso, porque los AVE no pararán en la mayor parte de las estaciones por razón de distancia media y de demanda de viajeros. Hoy, incluso, algunos no paran en la estación de Segovia, que está dentro del recorrido.

Mientras utilizamos el dinero público español y europeo en este hacer de nuevo rico, el Gobierno del señor Rajoy sigue adelante con su programa de thatcherización del ferrocarril español. Ha despiezado Renfe y la ha puesto en venta. Enseguida le tocará al ADIF. El futuro de la alta velocidad en manos privadas tiene todo el tufo de las autopistas radiales del entorno de Madrid, construidas con dineros de los contribuyentes, privatizadas con favoritismo y ahora rescatadas con dineros públicos de nuevo, de una deuda insalvable, dada su absurda concepción y falta de necesidad.

Desde la UPL-Izquierda Unida de Castilla y León, desde el Grupo Mixto, estaríamos en disposición de aprobar las dos propuestas de resolución que plantea la proposición no de ley, porque es negativo enterrar recursos públicos, es negativo enterrar recursos públicos, y a mí me exaspera cada vez que viajo por la comarca del Tiétar, en la provincia de Ávila, o parte de Cáceres, y me encuentro con el no nacido ferrocarril Madrid-Plasencia. Y digo me encuentro porque están los terraplenes, están los túneles, pero detrás de la República vino el golpe de estado franquista y acabó con un tren que sí habría servido.

Entonces, como no queremos que se sigan enterrando recursos públicos, apostamos por apoyar estas dos propuestas de resolución, proponiéndole el cambiar en la segunda propuesta lo de "previstas" por "iniciadas". Es decir, finalizar las líneas ya iniciadas. Gracias.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ PORRES):

Muchas gracias. Para un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García Vicente.

EL SEÑOR GARCÍA VICENTE:

Muchas gracias, señor Vicepresidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta en el día de hoy una proposición no de ley que pide, entre otras cosas, que se fijen fechas y plazos de ejecución concretos para las obras de alta velocidad en nuestra Comunidad Autónoma. Y yo me pregunto, ¿pero acaso esos plazos y esas fechas de ejecución no existían ya?

Mire, programa de gobierno del Partido Socialista, Plan Especial para el Oeste de Castilla y León, punto 71, periodo dos mil ocho-dos mil doce: "Se finalizarán las conexiones de las redes de alta velocidad del norte de España, entre León-Ponferrada y Galicia, Palencia-Burgos y Vitoria, Zamora y Galicia, y Salamanca con Portugal". Eso sí que eran plazos concretos, Señoría.

Pero mire, quienes prometieron que estarían finalizadas esas obras para los años dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once y no cumplieron ni en dos mil ocho, ni en dos mil nueve, ni en dos mil diez, ni en dos mil once, porque lo único que hicieron en dos mil ocho, en dos mil nueve, en dos mil diez y en dos mil once fue cometer el mayor recorte de infraestructuras de la historia de nuestro país, diferir anualidades y legar una deuda en el sector ferroviario tan grande como el 100 % del PIB de Castilla y León. No me extraña que vengan ahora, no a pedir que nosotros resolvamos lo que ustedes dejaron empantanado, sino a intentar pretender que todos olvidemos lo que ocurrió en este país entre los años dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once. [Aplausos].

Pero mire, Señoría, en estas Cortes en los últimos tiempos hemos debatido acerca de muchos medios de transporte. Hemos debatido acerca del transporte por carretera, hemos debatido acerca del ferrocarril convencional, de la alta velocidad, como hoy, incluso de los modelos aeroportuarios. Yo quiero introducir una novedad en el debate: vamos a hablar de la máquina del tiempo. Porque con la máquina del tiempo podríamos retrotraernos a un año que seguro que le va a sonar: vamos a volver al año dos mil diez. Y en ese año dos mil diez, allá por la primavera, podríamos escuchar al que por aquel entonces era el máximo responsable del Gobierno socialista en materia de infraestructuras y cuál era su compromiso con la alta velocidad ferroviaria en Castilla y León. Don José Blanco, quince de junio de dos mil diez: "No quiero engañar a nadie -decía-, los recursos a 8 años -8 años- no permiten la construcción de nuevas líneas de tren". Don José Blanco, quince de junio de dos mil diez: "No se puede pedir a los ciudadanos que entiendan los ajustes y al mismo tiempo gastar miles de millones para ahorrar unos pocos minutos de viaje". Don José Blanco, diez de abril de dos mil diez: "No es posible que las autovías y el AVE lleguen a la puerta de cada casa". Don José Blanco, quince de junio de dos mil diez: "Yo no hubiera hecho este plan de infraestructuras y transportes".

Pero ahora que lo pienso, Señoría, no hace falta ir para atrás, al año dos mil diez, porque ustedes vienen hoy, vienen en el año dos mil catorce, a reivindicar plazos de ejecución concretos para las obras de alta velocidad en la Comunidad Autónoma, al mismo tiempo que por la tarde, ya en campaña preelectoral, piden el voto para una lista de su partido a las elecciones europeas que incorpora en el número 10 al Ministro de Fomento que ejecutó el mayor recorte de infraestructuras que ha sufrido nuestra Comunidad, entre ellas, las de la alta velocidad. [Aplausos].

Y mire, discúlpeme si introduzco una cuña preelectoral, ¡qué le vamos a hacer! Pero es que cuando hablamos de la alta velocidad ferroviaria, a mí me viene a la cabeza también esas famosas declaraciones de la cabeza de lista de su partido, doña Elena Valenciano, cuando pone a la Comunidad Autónoma de Andalucía como el ejemplo de lo que ustedes quieren para Europa y para España. Porque sí, efectivamente, durante los años de bonanza no tuvieron el más mínimo inconveniente en invertir 134 millones de euros en ejecutar soterramientos en Andalucía, como en Málaga, mientras que aquí, en Castilla y León, ¿sabe lo que ocurría por aquel entonces? Pues que el por aquel entonces Secretario Provincial del Partido Socialista de Palencia aparecía en el Diario de León, en El Norte de Castilla, o en el Diario Palentino, diciendo que sería José Blanco el Ministro que acabaría con los problemas que aquejaban la viabilidad de los soterramientos en esas ciudades. ¿Y sabe lo que hizo el Ministro José Blanco? Nada, absolutamente nada. Y, sin embargo, ahora vienen ustedes a exigir.

Pero mire, Señoría, lo cierto es que, a día de hoy, se están haciendo realidad los compromisos asumidos con nuestra Comunidad Autónoma respecto de la alta velocidad, porque somos la primera región de España en inversión ferroviaria por parte del Gobierno de España, porque se están ejecutando -y a muy buen ritmo- las obras pendientes de la alta velocidad en Castilla y León, porque ya tenemos un horizonte claro para la finalización de muchas de esas infraestructuras en la finalización del año dos mil quince; fecha, por cierto, que no es casual, es que es la fecha más temprana en la que ustedes en los presupuestos de dos mil once asumieron que se podían finalizar las obras de la alta velocidad.

Y, por supuesto, no renunciamos a la integración del ferrocarril mediante la fórmula del soterramiento en ninguna de las ciudades, pero, eso sí, con un marco financiero que permita llevar a cabo esas infraestructuras.

Pero mire, para terminar...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ PORRES):

Muchas gracias.

EL SEÑOR GARCÍA VICENTE:

... y ya que he hablado mucho acerca de lo que han dicho diferentes miembros del Partido Socialista –como siempre, para mal-, voy a decirle cuál es la clave de todo ello; y la clave la dio también un miembro del Partido Socialista, doña Elena Salgado, también en el año dos mil diez. Fíjese lo que decía en el mes de agosto; decía: "Si se reduce el coste de nuestra deuda, tendremos un pequeño margen para inversiones en infraestructuras". Y, efectivamente, eso es lo que ha hecho el Gobierno de España...

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ PORRES):

Muchas gracias.

EL SEÑOR GARCÍA VICENTE:

... poner las cuentas en orden para poder continuar con muchos proyectos, y no como ustedes, que lo único que soterraron fue el futuro de los ciudadanos españoles. Muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ PORRES):

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo por el Grupo Proponente, tiene de nuevo la palabra la señora Muñoz de la Pena Gon... de la Peña González.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, Vicepresidente. En primer lugar, decirle al Grupo Mixto que aceptamos la modificación propuesta, sin ningún problema. Y solo una recomendación: Señoría, no es incompatible la alta velocidad con la red convencional, con la media distancia. Es más, no solo son compatibles, es que son necesarias que... que funcionen juntas. Mire, de verdad, no deje arrastrarse por los postulados del Partido Popular, que es precisamente eso lo que están defendiendo: que desaparezca la media distancia y la red convencional.

En segundo lugar, Señoría, mire, señor García Vicente, las fechas previstas se hubieran cumplido si el Partido Popular, cuando llegó al Gobierno de España, no paraliza todas las obras en marcha... [aplausos] ... se hubieran cumplido, porque llegaron al Gobierno teniendo garantizada la financiación europea; tenían el dinero, tenían los recursos y tenían las obras empezadas, y lo que hicieron fue paralizarlo absolutamente todo.

¿Y sabe lo que tiene que hacer? Lo que tienen que hacer es escuchar a la gente, escuchar a la calle. Se lo han dicho el domingo 20.000 leoneses en la calle y... que León no puede quedarse sin el tren. Escuchen a esta gente. Escuchen a Álvarez Cascos, que reclama que el AVE no termine en León y continúe a Asturias. Escuchen al Alcalde del PP de León, escuchen a sus compañeros del Partido Popular en León, que están en la calle, con la gente, pidiendo que continúen las obras, que no paralicen las obras. Porque, mire, Señoría, es que del PP ya no se fía ni el propio PP: ni se fía el Alcalde de León ni se fían sus compañeros de León. No merecen confianza.

Mire, ayer la Ministra vino a Castilla y León con un argumentario de los mensajes a dar -el argumentario que tenía que haber pasado a la... a los Delegados del Gobierno, se ve que tampoco se fía de los Subdelegados del Gobierno, no vayan a dar el mensaje, y vino ella directamente a dar el mensaje-, y desperdició la oportunidad de concretar su gestión, de explicar qué es lo que va a pasar con la tradición ferroviaria de León, que acaban con la hegemonía ferroviaria de León; qué va a pasar con el AVE Palencia-León, que se queda en una sola vía; qué va a pasar con la desaparición de la integración del ferrocarril de vía estrecha en León; qué ocurrirá con los soterramientos de León y Palencia; qué va a pasar con la nueva estación de Miranda de Ebro, la remodelación de Venta de Baños, la accesibilidad de la estación de Ponferrada, el intercambio de La Robla, el triángulo ferroviario de Venta de Baños, la continuidad del AVE a León, de León a Asturias, o que Ávila se queda sin la alta velocidad. Todas las obras paralizadas y sin explicar nada, absolutamente nada, desaprovechó la oportunidad. Porque dígame, Señoría, ¿dónde están hoy sus reivindicaciones históricas del año dos mil nueve?, ¿dónde están?

Mire, la Ministra lo que tiene que hacer es dejar de llorar, dejar de llorar por las esquinas y de culpar a todos y a otros de esa ineficacia, que ya no cuela, Señorías; después de dos años de Gobierno, ya no cuela.

Mire, las herencias. La máquina del tiempo. Claro que vamos a poner la máquina del tiempo, parece que usted se quedó en la máquina del tiempo... subido en la máquina del tiempo, con Cascos y con Aznar. [Aplausos]. Yo le voy a explicar dónde está la máquina del tiempo. Mire, la herencia que recibieron... la herencia que recibieron se la voy a enseñar en un gráfico, hombre, porque es bastante más representativo. [La oradora muestra un gráfico]. Récord histórico de inversión, doble: dos legislaturas del Partido Popular, 5.000 millones; dos legislaturas del Partido Socialista, 10.000. [Murmullos]. El doble, el doble de la inversión. [Aplausos]. Esta es la herencia que ha recibido la Ministra Pastor, esta es la herencia que ha recibido, Señorías, esta es la herencia.

¿Sabe lo que... una inversión... la inversión del Ministerio de Fomento en Castilla y León en el dos mil doce? 381 millones. En el dos mil trece, 344. Setenta y seis de la Junta y 140 de la Junta. Ni sumando la inversión de la Junta y sumando la inversión del Ministerio jamás llegarán a los 2.000 millones... [murmullos] ... de euros anuales que invirtió...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Por favor, Señorías.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

... el Gobierno... [aplausos] ... Socialista en esta Comunidad.

Mire, señoría, hasta ahora, le voy a decir la herencia que han recibido: la línea Olmedo-Zamora, la recibieron con un 90 % de ejecución, 90 % de ejecución; Valladolid-Palencia-León, recibieron un 94 % de ejecución de la línea; Valladolid-Venta de Baños-Burgos, la encontraron con un 42 % de ejecución. Si no hubieran parado las obras, estas líneas estarían... hubieran estado terminadas en la fecha prevista, si no hubieran paralizado las obras.

Pero claro... [murmullos] ... lo que... de qué están hablando ahora. A mí lo que me gustaría es que la Ministra ayer hubiera dicho qué va a pasar con la Palencia-Santander, con Ávila-Medina del Campo, con Ávila -que se queda totalmente fuera de la... de la alta velocidad- o con la línea Madrid-Ávila-Salamanca.

Dice que no descarta, dice la Ministra, no descarta, no renuncia a que Soria, Valladolid o Salamanca tengan alta velocidad. Pero habla de mejoras. No, Señorías, es que "mejoras" no es construir una línea de alta velocidad, no es lo mismo. Lo que está haciendo es suprimir y eliminar los trenes de media distancia. A estas capitales, a estas provincias las deja sin alta velocidad, pero también sin media distancia. Las deja sin tren, sin ferrocarril.

Mire, vuelvo a la máquina del tiempo, Señoría, de esa que no se baja usted, con Cascos y con Aznar. Primero, Rajoy dijo que el AVE en Salamanca y en Ávila era un despilfarro, para más tarde, en el dos mil nueve, el Partido Popular reclamar precisamente alta velocidad -no altas prestaciones, alta velocidad-. Herrera, en dos mil diez, se reunió con Blanco y dijo que había garantizado el Ministerio estas líneas, AVE y alta velocidad en Ávila y en Salamanca. Pues mire, hoy la realidad, hoy la realidad es que se ve que el Partido Popular vuelve a considerarlo un despilfarro, porque están desaparecidas.

En la Oposición exigían más inversión, más inversión, más inversión; y ahora, en el Gobierno, lo consideran despilfarro o exceso de gasto. Señoría, es hipocresía política lo que practica el Partido Popular permanentemente.

Díganos qué va a pasar con la León-Ponferrada-Monforte. Díganos...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

... qué va a pasar con la Valladolid-Soria, con Soria-Calatayud.

Miren, Señorías, es verdaderamente lamentable. Ciertamente, Rajoy tenía un plan oculto para España; la Ministra tiene un plan oculto para las infraestructuras de Castilla y León.

Y, por último, por último, si el Plan de Eficacia...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, señora Muñoz de la Peña.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

(Termino, Presidenta). ... si el Plan de Eficacia consiste en alquilar las estaciones de ferrocarril como platós cinematográficos, estamos arreglados, Señorías, estamos arreglados; bastante lamentable. Muchas gracias. [Aplausos].

Votaciones PNL

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. Procedemos, a continuación, a la votación de las cuatro proposiciones no de ley debatidas en este cuarto punto del Orden del Día. Ruego a los señores ujieres cierren las puertas.

PNL/000566

Procedemos, en primer lugar, a la votación, en los términos fijados por su Proponente, de la Proposición No de Ley 566, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, instando a la Junta de Castilla y León a avanzar en el sistema de atención a la dependencia, favoreciendo la concesión de prestaciones que proporcionen servicios profesionales a las personas dependientes. Iniciativa publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 167, de veintiocho de noviembre de dos mil doce. Señorías, comienza la votación. Gracias, Señorías.

Votos emitidos: ochenta. Votos a favor: cincuenta y dos. Votos en contra: ninguno. Veintiocho abstenciones. Queda aprobada la Proposición No de Ley 566.

PNL/001173

Procedemos a la votación, en los términos fijados por su Proponente, de la Proposición No de Ley 1173, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a no modificar los libros de texto y materiales curriculares adoptados por los centros educativos durante un periodo mínimo de cuatro años, así como a establecer un sistema de ayudas directas individuales de financiación de los gastos en libros y material escolar, proposición admitida a trámite por la Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión del día tres de abril de dos mil catorce. Comienza la votación. Gracias, Señorías.

Votos emitidos: ochenta. Votos a favor: treinta. Votos en contra: cincuenta. Ninguna abstención. Queda rechazada la Proposición No de Ley 1173.

PNL/001174

Votamos, finalmente, en los términos fijados por su Proponente, la Proposición No de Ley 1174, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León a implementar los medios económicos y técnicos necesarios para garantizar a las entidades locales menores y a los Ayuntamientos de la Comunidad la prestación del servicio de Secretaría e Intervención para el asesoramiento y puesta al día de sus cuentas, admitida a trámite por la Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión del día tres de abril de dos mil catorce. Señorías, comienza la votación. Gracias.

Votos emitidos: ochenta. Votos a favor: treinta. Votos en contra: cincuenta. Ninguna abstención. Queda rechazada la Proposición No de Ley 1174.

PNL/001175

Votamos, en los términos fijados por su Proponente, la Proposición No de Ley 1175, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a ejecución de las obras de alta velocidad ferroviaria previstas en Castilla y León, admitida a trámite por la Mesa de las Cortes de Castilla y León en su reunión del día tres de abril de dos mil catorce. Comienza la votación. Gracias.

Votos emitidos: ochenta. Votos a favor: treinta. Votos en contra: cincuenta. Ninguna abstención. Queda rechazada la Proposición No de Ley 1175. Muchas gracias.

Ruego a la señora Secretaria dé lectura al quinto punto del Orden del Día.

PL/000021

LA SECRETARIA (SEÑORA ALONSO SÁNCHEZ):

Gracias, señora Presidenta. Quinto punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Educación del Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado".

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. Para la presentación del proyecto de ley, en representación de la Junta de Castilla y León, tiene la palabra el Consejero de Educación, señor Mateos Otero.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN (SEÑOR MATEOS OTERO):

Gracias, señora Presidenta. Señorías, un sistema educativo de calidad es uno de los pilares de una sociedad moderna y con vocación de futuro. Educar y educar bien adquiere una extraordinaria importancia en los centros educativos, pues son los lugares claves en dicha tarea, y en ellos resulta decisivo el papel que desempeña el profesorado.

En nuestros centros educativos son lugares de esfuerzo, convivencia, superación personal, donde los alumnos se forman como personas capaces de transformar la sociedad de manera positiva, preparándose para afrontar los retos de un futuro complejo y, al mismo tiempo, ilusionante.

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje adquiera cuotas adecuadas de calidad es preciso crear un ambiente de convivencia positiva, requisito esencial para alcanzar los objetivos académicos establecidos.

La Constitución Española establece el derecho a la educación, y este derecho solamente puede garantizarse con un profesorado que goce del respeto y autoridad que merece para el desempeño de sus funciones. Es así como la autoridad del profesorado no se opone a la libertad de los alumnos, sino que refuerza y la salvaguarda.

El desarrollo de una sociedad democrática y del conocimiento necesita de figuras que representen y ejerzan la autoridad como la mejor garantía de futuro y de relaciones basadas en el diálogo para convencer y resolver conflictos que surjan entre los diferentes miembros de la comunidad educativa; pero estas figuras también deben disponer de un expreso y adecuado reconocimiento social e institucional.

Es necesario, por tanto, concretar el reconocimiento institucional y legal de nuestro profesorado, estimulando su reconocimiento social, trabajando a favor de un clima escolar óptimo que proporcione a los alumnos los valores de respeto y reconocimiento de la labor docente.

Estos son principios generales de la Ley de Autoridad del Profesorado de Castilla y León, recogiendo lo que gran parte del profesorado de la comunidad educativa y de la sociedad en general vienen demandando desde hace tiempo.

Conviene recordar que el término "autoridad" encierra una doble significación: auctoritas y potestas. La primera tiene que ver con la autoridad moral, con la profesionalidad, el buen ejemplo, el respeto, la dedicación, el diálogo y la comunicación; en definitiva, con el buen hacer personal. Esta auctoritas está relacionada con el ámbito personal, pues se construye y se gana en el trabajo diario en la comunidad educativa. En cambio, la potestas es otorgada de acuerdo con aspectos formales bien definidos, y está relacionada con un reconocimiento social de facultades públicas, como es el caso del profesorado.

La Ley de Autoridad del Profesorado de Castilla y León recoge ambos significados. Reconoce al profesorado la condición de autoridad pública, implica la protección reconocida por el ordenamiento jurídico y la potestad de tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces, lo que tiene una indudable repercusión en el ámbito personal, contribuyendo con ello a la mejora integral del proceso educativo.

En el modelo educativo de Castilla y León, la convivencia escolar es un requisito básico para un proceso educativo de calidad, y así queda recogido ya en el Plan de Convivencia Escolar que iniciamos en el curso 2004-2005, cuyo objetivo central es garantizar el respeto de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de todos los protagonistas de la educación.

Tanto el Decreto 51 de dos mil siete, de diecisiete de mayo, por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos y la participación y los compromisos de las familias en el proceso educativo y se establecen las normas de convivencia y disciplina en los centros educativos de Castilla y León, como en la Orden de Educación 1921 de dos mil siete, de veintisiete de noviembre, por el que se establecen medidas y actuaciones para la promoción y la mejora de la convivencia en los centros educativos de Castilla y León, incorporan aspectos directamente relacionados con el escenario, el refuerzo y la autoridad de los profesores para un correcto desarrollo del proceso educativo, así como para garantizar la debida protección asistencial y jurídica del personal docente.

Asimismo la Administración Educativa viene impulsando medidas, herramientas e instrumentos necesarios para que el docente pueda desarrollar su trabajo en condiciones óptimas, poniendo a su disposición estrategias y medidas, apoyo y formación, coordinación y recursos.

Los resultados de estas medidas, Señorías, son positivos. Los principales indicadores reflejan que la situación de la convivencia en los centros educativos de Castilla y León es buena. Además, es importante resaltar que la mayoría de los centros resuelven sus conflictos con la utilización de medidas correctoras y educativas de diferente tipo, y que solo uno de cada cuatro centros, la mayoría de Educación Secundaria, abre expedientes disciplinarios al alumnado.

Y precisamente, como corolario de todo lo que ya se viene realizando desde el año dos mil cuatro, ahora se propone la Ley de Autoridad del Profesorado de Castilla y León.

Una ley que se estructura en tres capítulos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

En el primer capítulo se establece el objeto y finalidad de la ley, que, como ya se ha apuntado, no es otro que reconocer la autoridad del profesorado y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en los centros docentes de Castilla y León y garantizar, con ello, el pleno ejercicio del derecho a la educación de todo el alumnado.

El ámbito de aplicación que incluye la ley se extiende a los centros sostenidos con fondos públicos de Castilla y León y a todos aquellos lugares o actuaciones donde el profesorado desempeñe actuaciones directamente relacionadas con las actividades lectivas, complementarias, extraescolares o vinculadas al desempeño de la función docente.

Asimismo, en este primer capítulo se incorporan los principios generales, en los que se incluye la consideración del profesorado como figura fundamental para que el alumnado adquiera y desarrolle al máximo sus competencias y capacidades, así como los derechos que le son reconocidos al profesorado en el desempeño de sus funciones, entre las que se incluye la protección jurídica adecuada a sus funciones docentes y el apoyo y formación precisa por parte de la Administración Educativa, que velará para que el profesorado reciba el trato y la consideración que le corresponden, de acuerdo con la importancia social de la tarea que desempeña.

En el segundo capítulo, denominado "Protección Jurídica del Profesorado", se reconoce la condición de autoridad pública del profesorado en el ejercicio de las funciones de gobierno, docentes, educativas y disciplinarias que tenga atribuidas, y como aspecto esencial y clave del reconocimiento social el hecho de que el profesorado dispondrá de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones, presunción de validez en caso de versiones contradictorias en un litigio por agresión.

Además, los delitos cometidos contra el profesorado, una vez reconocida la condición de autoridad, podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía. Esto eximirá al profesorado agredido de ser agente principal de la denuncia, facilitando el desarrollo de los posibles procesos judiciales.

Tendrá, asimismo, la potestad de tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces contra los alumnos que contravengan las normas de convivencia.

Significa también reconocer explícitamente la cobertura de la responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven del ejercicio profesional y de las funciones realizadas dentro o fuera del recinto escolar.

En todo caso, gozará del derecho a la representación y defensa en juicio. Así mismo, los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, o hacerse cargo del coste económico de su reparación. Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda.

En el tercer capítulo de la ley, denominado "La convivencia en los centros docentes", determina la competencia de la Comunidad de Castilla y León para establecer el marco regulador de la convivencia de los centros docentes de la Comunidad, así como la obligación de comunicar aquellas incidencias relativas a la convivencia escolar que pudieran ser constitutivas de delito o falta, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares oportunas y la posibilidad, por parte del alumnado, sus familias o representantes, de reparar el daño moral causado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer la corrección, sin perjuicio de la posible responsabilidad civil que se haya podido incurrir conforme a la legislación vigente.

Se busca con ello no solo la reparación del daño, sino también la finalidad educativa de que debe inspirar el procedimiento sancionador en el ámbito escolar, siendo este un aspecto relevante para la adecuada resolución de los conflictos y recuperación de la convivencia escolar.

Se concreta, a los efectos de la ley, lo previsto en la Disposición Adicional Vigésimo Tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de tres de mayo, de Educación, en virtud de la cual los centros podrán recabar de las familias o representantes legales del alumnado, o, en su caso, de las instituciones públicas competentes, la colaboración necesaria para la obtención de la información necesaria para el ejercicio de la función educativa, así como para la aplicación de las normas que garanticen la convivencia en los centros docentes.

Así mismo, y en el ámbito de la mejora de su protección jurídica, una consecuencia directa del reconocimiento como autoridad pública del profesorado en el ámbito penal es que, en el caso del profesorado de centros públicos, por su condición de funcionarios, las agresiones o intimidaciones graves al profesorado, derivadas de su tarea docente, podrán ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad y castigados judicialmente con penas y multas superiores a las actuales, reforzando el efecto disuasorio de la ley.

En definitiva, el texto es preciso y delimita los aspectos centrales y realmente importantes en relación con el objeto y la finalidad de la ley.

Es importante, Señorías, reseñar la amplia participación que ha habido en relación con la elaboración del texto de la ley y que ha sobrepasado los sectores de la comunidad educativa.

Llegados a este punto, conviene reseñar un aspecto clave a lo largo del dilatado proceso de elaboración de la ley, como es la publicación de la Ley Orgánica 8/2013, de nueve de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE, siendo la primera norma de rango estatal que reconoce la autoridad del profesorado. Ello reafirma la necesidad de aprobación de la Ley de Autoridad del Profesorado de Castilla y León, pues desarrolla y precisa lo que aparece como declaración de principios en la LOMCE, incorporando criterios precisos y concluyentes en relación con los supuestos de aplicación, ya sea en espacios, actividades, personas afectadas, y produciendo notables efectos en el ámbito externo e interno de los centros educativos.

Con la publicación de la Ley de Autoridad del Profesorado de Castilla y León, esta Comunidad se incorpora a otras que ya disponen de leyes similares. No obstante, hay dos aspectos que, para finalizar, caracterizan y, por ello, es preciso resaltar en la norma de Castilla y León: son su sencillez y cercanía a la realidad social. Pues, por un lado, se dirige a reconocer lo esencial del tema, dejando otros aspectos relacionados para posteriores regulaciones normativas, y, por otro lado, cercanía a la realidad social actual, aportando soluciones eficaces con el objetivo prioritario de elevar la calidad y mejorar los resultados del sistema educativo, y, en concreto, del de Castilla y León. Muchas gracias, Señorías. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias, Consejero. Señorías, les comunico que se mantienen para su debate ante el Pleno veinte enmiendas parciales del Grupo Parlamentario Socialista, así como once enmiendas parciales del Procurador González Suárez y una enmienda parcial del Procurador Valderas Alonso.

Comenzamos con el debate de las veinte enmiendas que permanecen vivas del Grupo Parlamentario Socialista, números 1 a 3, 7, 9, 10, 16 a 22, 24, 25 y 27 a 30. Para un turno a favor de las enmiendas, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pablos Romo.

EL SEÑOR PABLOS ROMO:

Bueno, mientras se pone el tiempo, empezamos. Señora Presidenta, Señorías, permítanme que comience esta intervención trasladando nuestro reconocimiento al trabajo realizado en la Ponencia por doña María Isabel Blanco Llamas y doña Canto Benito Benítez de Lugo, por el Grupo Popular, por don Alejandro Valderas Alonso, por el Grupo Parlamentario Mixto, por mi compañera –la tutearé-, Ángela Marqués, y por la señora Letrada, doña Ana María Díaz de Mera, por su asesoramiento durante todo el desarrollo de la Ponencia.

Empezaré trasladando con claridad la opinión de nuestro Grupo respecto a este proyecto de ley: es innecesario en los términos en los cuales fue redactado y, en buena medida, en los que finalmente se presenta a aprobación de este Pleno. Y lo es porque el Grupo Popular se ha empeñado en que el único objetivo de esta ley sea catalogar el profesorado como autoridad pública –algo lo acaba de reconocer el señor Consejero-, que ya viene establecido en la LOMCE. Por si alguien no lo sabe, se lo leemos. Artículo 124 de la Ley Orgánica de Educación, apartado tercero, dice textualmente al día de hoy: "Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio, y disfrutarán de presunción de veracidad iuris tantum o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas".

La única explicación que tiene, por tanto, su empeño en aprobar esta ley es que tenga un carácter preventivo. El primer borrador del anteproyecto tiene fecha de ocho de febrero de dos mil doce, y más de dos años después, la someten a aprobación. Entre medias, se ha aprobado la LOMCE, y también ha ocurrido un hecho sin precedentes en la Democracia Española: el acuerdo de todos los Grupos de Oposición para que, cuando sean mayoría, independientemente de quien esté en el Gobierno, la LOMCE, una ley impuesta y claramente ideológica, sea derogada.

Por ello, ante la más que probable pérdida en las próximas elecciones de la mayoría absoluta del Partido Popular, pareciera que ustedes quieran aprobar esta ley exclusivamente para que tenga efectos cuando la LOMCE no esté en vigor.

Han perdido la oportunidad de hacer una ley de reconocimiento social del profesorado. Así se lo habíamos planteado desde el Grupo Socialista. Y ello, con certeza, hubiese sido más acorde a las necesidades actuales de los docentes; unas necesidades que, le recordamos, que están más vinculadas con las consecuencias de los recortes, con el aumento de la ratio en las aulas, o con el retraso en las sustituciones de las bajas por enfermedad, que con los objetivos planteados por el Gobierno Autonómico en esta ley.

Y eso es así no porque lo diga el Grupo Socialista, sino porque el informe del curso escolar 2011-2012, el último disponible, sobre la convivencia en los centros educativos de Castilla y León, establece como principal conclusión: "La situación de la convivencia escolar en Castilla y León es satisfactoria. Apenas se registran problemas graves de convivencia en los centros, y la tendencia es favorable en el número de casos registrados". A la vista de esta realidad se entiende aún menos su empeño en aprobar la ley.

Esta no es la primera ley de autoridad del profesorado. Eso sí, todas que se han aprobado con anterioridad lo hicieron previamente a la entrada en vigor de la LOMCE. Pareciera de sentido común analizar entonces cómo han funcionado estas leyes una vez que entraron en vigor. Y, por ello, desde el Grupo Socialista se propuso que se invitase a la Ponencia a representantes de la comunidad educativa de esas Autonomías. A esta propuesta, que fue respaldada por el Grupo Mixto, se opuso el Grupo Popular, evitando a la Ponencia de un elemento de juicio que hubiese sido muy relevante, a fin de corregir, en su caso, los aspectos de estas leyes que hayan sido... que se hayan visto susceptibles de mejora durante su aplicación.

A este proyecto legislativo el Grupo Socialista presentó 31 enmiendas. De ellas, 2 fueron retiradas, 9 transaccionadas y 10... 20 han sido rechazadas. Es sorprendente que ni una sola enmienda de los Grupos de la Oposición haya sido aprobada en los términos en los que fue registrada.

Quiero empezar recordando qué ha aportado nuestro Grupo a la redacción final de esta ley:

"Desde nuestra convicción de que la educación es competencia del Estado, defendemos que la autoridad es inherente al ejercicio de la función docente y a su responsabilidad a la hora de desempeñar dicha función". Esta referencia, incorporada en nuestra Enmienda número 23, ha pasado a formar parte de la Exposición de Motivos de la ley.

Lamentamos, sin embargo, que no se aceptase el siguiente texto, que planteábamos en nuestra Exposición de Motivos alternativa: "Sin embargo, queda pendiente desarrollar medidas que refuercen la importancia de la labor del docente ante la sociedad, máxime en estos momentos en que desde distintas instancias, incluso desde Administraciones Públicas, se emiten mensajes que están deteriorando su imagen y, por lo tanto, su prestigio y su autoridad, entre el alumnado, sus familias y el conjunto de la sociedad".

Esta referencia a la importancia de defender la labor del docente ante la sociedad no es baladí, ya que hay quienes, incluso desde puestos de responsabilidad pública, hacen declaraciones absolutamente contraproducentes. Quiero recordarles hoy que hace unos meses doña Monserrat Gomendio, actual Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, aseguró públicamente: "Los profesores van a la huelga porque tienen un trabajo fijo". Confío que la Portavoz del Grupo Popular hoy, cuando justifique su voto contrario a nuestra propuesta en este sentido, al mismo tiempo, se desmarque públicamente del exabrupto de la señora Gomendio.

En lo referido al articulado de la ley, el Artículo 2.º incorpora parte de nuestra Enmienda 4, ampliando el ámbito de actuación a las tareas docentes realizadas en hospitales, centros de reforma de menores y centros penitenciarios.

El Artículo 3.º, transaccionando nuestra Enmiendas 6, 8, 11, 12 y 13, se incorporan como principios generales de la ley los siguientes: la garantía del ejercicio de la función docente del profesorado y su reconocimiento y apoyo social como factor esencial de la calidad de la enseñanza; también la corresponsabilidad entre todos los miembros de la comunidad educativa y de la Administración para la consecución de un clima de convivencia adecuado en los centros escolares, enmarcado en principios democráticos, que evite conductas de acoso en cualquiera de sus manifestaciones; y finalmente, se ha incorporado que es necesaria la coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas, para participar de forma más efectiva en la prevención y resolución de conflictos que afecten al normal desarrollo de la actividad escolar.

Así mismo, en el Artículo 4.º, porque hasta aquí, hasta este artículo llegó la voluntad del Grupo Popular de aceptar enmiendas del Grupo Socialista, se han transaccionado nuestras Enmiendas 14 y 15, incorporando los siguientes derechos en el ejercicio de la función docente: primero, el respeto de su identidad, integridad, dignidad y consideración hacia su persona por parte del alumnado, sus padres, madres y familiares y representantes legales, el resto del profesorado y otro personal que preste su servicio en el centro docente y de la Administración Educativa.

Segundo, tiene derecho a la posibilidad de adoptar, durante el desarrollo de las actividades lectivas, complementarias y extraescolares las decisiones que considere precisas, en el ámbito de sus funciones, con la finalidad de mantener un ambiente adecuado de convivencia y respeto, como factor esencial de la calidad de la enseñanza, y respetando los derechos del alumnado establecidos en la normativa vigente, actuar de acuerdo con los principios de inmediatez, proporcionalidad y eficacia en el desempeño de sus funciones.

Señores del Grupo Popular, aún están a tiempo de mejorar la ley, aceptando enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. Porque las mejoras introducidas por nuestro Grupo en el texto requieren los mecanismos necesarios para llevar a cabo los principios establecidos, y hasta ahora el Grupo Popular ha rechazado, tanto en Ponencia como en Comisión, las enmiendas que lo recogían.

Así, no han aceptado –y aún están a tiempo- que en el objeto y finalidad de la ley quede establecido que se deben proponer... promover actuaciones que garanticen la coordinación y participación real en el proceso educativo y, en concreto, en la consecución de un clima adecuado de convivencia en el centro por parte del profesorado, del alumnado y de sus familias. Difícil de entender que lo hayan rechazado.

O han rechazado que se deban desarrollar medidas de carácter formativo y laboral que faciliten la dedicación del profesorado a mejorar la convivencia en sus centros escolares. Seguro que usted no lo entiende, señor Mateos; nosotros tampoco –su Grupo lo ha rechazado-.

Igualmente, han rechazado que los efectos de la ley se extiendan a los demás trabajadores de los centros educativos, quedándose más cortos que la LOMCE, que –como antes les recordábamos, al referirse a que es innecesaria esta ley- se aplica a los miembros de los equipos directivos, que, especialmente en centros concertados, no tienen por qué ser profesores.

Además, a pesar de que, entre las recomendaciones del Informe sobre Convivencia Escolar del curso 2011-2012, se establece textualmente que es muy importante seguir reforzando la formación del profesorado, alumnos y padres en temas de convivencia para que se vayan implicando efectivamente en los proyectos de actuación de los centros, el Grupo Popular ha rechazado que, entre los principios generales de la ley, se incorpore textualmente el apoyo a la labor del profesorado, impulsando su formación en materias que puedan contribuir a una mejor convivencia en los centros educativos y a poder dar respuesta adecuada a las nuevas realidades y necesidades sociales del alumnado. Imposible entender por qué han rechazado eso –todavía están a tiempo hoy de corregirlo-.

En este mismo sentido, tampoco han apoyado que figure en la ley el reconocimiento de que, para su buen funcionamiento, los centros docentes necesitan contar con normas de convivencia y con procedimientos de actuación precisos, y que es responsabilidad de las Administraciones Públicas dotar a los centros de los medios materiales y humanos suficientes y adecuados para que el profesorado pueda velar por el cumplimiento de estas normas.

Esta enmienda tiene su base en otra de las recomendaciones del informe antes mencionado, que dice: "Se debe revisar el Plan de Convivencia para adaptarlo más a las características del centro, así como el Reglamento de Régimen Interior, y realizar protocolos propios, de fácil uso, para unificar más los distintos criterios de los miembros de la comunidad educativa". Parece obvio, o que la Consejería de Educación no se ha leído este informe, o que le hace poco caso –el Grupo Popular tampoco-; no tenemos claro cuál de las dos cosas es más preocupante.

En lo referido a los derechos en el ejercicio de la función docente, el Grupo Popular ha rechazado hasta ahora enmiendas que pretenden que el profesorado tenga derecho al apoyo y formación precisa por parte de la Administración Educativa, que velará para que el profesorado reciba el trato y consideración que le corresponden, de acuerdo con la importancia social de la tarea que desempeñan.

También han rechazado que tenga derecho a recibir de la Administración Educativa los recursos necesarios para el correcto desempeño de sus funciones; o que tenga derecho a que la Administración Educativa le garantice la adecuada atención psicológica que pueda requerir derivada de hechos acontecidos en el ejercicio de sus funciones.

Todos estos planteamientos parecen de sentido común, y no hay ninguna explicación para que no estén incorporadas a la ley, más allá de que hayan sido propuestos por el Grupo Socialista.

También es sorprendente que no se haya aceptado la enmienda de nuestro Grupo que planteaba que, junto con los derechos, también se establecieran deberes en el ejercicio de la función docente. Entre nuestras propuestas aún no aceptadas se encuentran deberes tan razonables como contribuir a mejorar la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, respetando las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interior. ¿Por qué solo establecen en esta ley derechos y no deberes? En otras leyes de autoridad también hay deberes. Aún están a tiempo de rectificar.

Nuestro Grupo ha propuesto suprimir -por innecesarios, al estar incluidos en la LOMCE- los Artículos 5 y 6 de la ley, que están referidos a la condición de autoridad pública del profesorado y a la presunción de veracidad. Aquí sí entendemos por qué no nos las han rechazado... por qué nos las han rechazado: se quedarían sin ley, aunque esta, en el momento actual, no tenga ninguna virtualidad. Como nuestro Grupo ha aceptado transaccionar nuestra enmienda relativa a la condición de autoridad como inherente a la función docente para mejorar un poco la exposición de motivos, les informo que votaremos a favor, y pediré a Izquierda Unida que así lo haga de las Enmiendas 7 y 8, que coincide con nuestras propuestas de retirar y de suprimir estos artículos.

En lugar de reiterar normativa estatal en vigor, desde el Grupo Socialista le planteamos una serie de medidas para impulsar la protección y el reconocimiento social del profesorado -también lo han rechazado-: favorecer el reconocimiento de la labor del profesorado, estimular la realización de actividades de formación, investigación e innovación educativas, crear una unidad administrativa para atender, proteger, asesorar y apoyar al profesorado en todos los conflictos surgidos en el aula o establecer una carrera docente para satisfacer las legítimas aspiraciones profesionales del profesorado no han contado con el respaldo del Grupo Popular. No sé si lo sabía, señor Consejero, pero alguna de estas, desde luego, debiera haber cabido en la ley. Todavía están a tiempo.

Han rechazado también que haya una memoria económica de aplicación de la ley. Una ley que pretende hacer algo más de lo que se hace ahora no puede tener coste cero, salvo que sea un brindis al sol o se generen falsas expectativas entre los docentes.

Por ello, porque esta ley es innecesaria, porque los socialistas no estamos dispuestos a avalar declaraciones sin contenido para no defraudar a los profesores y a las profesoras, si no aceptan buena parte de nuestras enmiendas, no van a contar con nuestro apoyo. Nos abstuvimos en Comisión y lo volveremos a hacer hoy.

Pero miren -lo más importante-, ya que hoy hablamos de dignificar la tarea de los profesores, queremos decirle algo que, con certeza, ayudaría a esta tarea: recuperar inmediatamente los presupuestos de Educación de dos mil once, que se han visto recortados en tres años en 680 millones de euros. [Aplausos]. No tengan ninguna duda, ello contaría con el apoyo de toda la comunidad educativa, esa que lamentamos profundamente no esté hoy presente en estas Cortes. [Aplausos].

Para ello, para poder recuperar esa cantidad, pueden contar con todo nuestro respaldo. Tengan la certeza, es lo que la comunidad educativa de Castilla y León demanda y lo que ustedes hoy también deberían hacer. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias. Para un turno en contra de las enmiendas, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Blanco Llamas.

LA SEÑORA BLANCO LLAMAS:

Buenos días y gracias, señora Presidenta. Al igual que mi compañero de Ponencia, quiero empezar agradeciendo a los Procuradores que han trabajado en esta ley, don Fernando Pablos, doña Ángela Marqués, don Alejandro Valderas, don José María González y mi compañera doña Canto Benito, así como la Letrada doña Ana Díaz de Mera, el esfuerzo realizado en las diferentes sesiones de la misma para mejorar el texto presentado, tratando de buscar el máximo consenso sobre la ley.

Y quiero hacer extensivo también ese agradecimiento a todas las personas y colectivos que de una manera u otra han participado en la elaboración de este texto.

Y antes de continuar, señor Fernando Pablos, me desmarco –como usted ha solicitado- de las declaraciones de la señora Gomendio, a la que... a las que usted ha hecho referencia.

Cuando iniciamos los trabajos de la Ponencia partíamos de posturas opuestas. Ustedes planteaban la elaboración de una ley distinta, totalmente diferente a la presentada en esta Cámara, y con un intenso trabajo, y desde la responsabilidad de todos, hemos conseguido alcanzar acuerdos en algunos aspectos de la misma.

Hemos trabajado de manera muy intensa para que esta ley salga hoy con el máximo apoyo posible de esta Cámara. Hasta el momento, la ley ha pasado por Comisión sin recibir votos en contra, y nosotros seguimos esperando que hoy esas abstenciones se conviertan en votos afirmativos.

En segundo lugar, quiero señalar la convicción que tiene este Grupo Parlamentario sobre la necesidad de esta ley, de la que disponen ya muchas Comunidades Autónomas (Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Valencia, Madrid o La Rioja).

Primero, porque es una ley demandada por el sector. Por ponerle un ejemplo, la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria manifiesta que la consecución de esta ley supondrá una mejora de las condiciones laborales del profesorado, y cuya aceptación social está más que probada en las encuestas de opinión.

Y segundo, porque este compromiso con los docentes figuraba en el programa del Partido Popular. Un programa que se materializó en el Discurso de Investidura del Presidente, donde se reiteró el firme compromiso de Castilla y León con un sistema educativo de calidad, abierto, plural y participativo, en un entorno de formación integral y de igualdad de oportunidades de acceso, así como la prioridad para nuestra Comunidad en el mantenimiento, e incluso la mejora de los resultados que han venido poniendo de manifiesto los Informes PISA.

Un sistema donde las necesidades de nuestro extenso territorio son atendidas para combinar la calidad y la equidad del sistema. Por ejemplo, mantenemos en el medio rural las unidades de Infantil y Primaria que tengan, al menos, cuatro alumnos.

Más de 34.000 alumnos asisten a su centro educativo haciendo uso de 1.796 rutas de transporte escolar, con un coste de 51 millones de euros, y casi 40.000 alumnos tienen a su disposición 496 comedores escolares, con un coste total del servicio de 18 millones.

Y es un sistema que cree en la excelencia y que quiere seguir avanzando en este sentido, para lo que se continúa reforzando las actuaciones del Plan de Convivencia iniciado en el curso escolar 2004-2005, estructurado desde su inicio en tres bloques: puesta a disposición del profesorado de información, formación y recursos, incluyendo acciones formativas específicas, proporcionando documentación y medios; dotación al profesorado de las herramientas disciplinarias necesarias para apoyar el ejercicio de su autoridad; y garantía de la protección y de la asistencia jurídica del personal docente.

A partir de este marco de actuación es donde se suscribe el compromiso de la puesta en marcha del Plan de Autoridad del Profesorado, cuyo principal exponente es la actual tramitación de esta ley.

Por cierto, una tramitación que, como se ha puesto de manifiesto, se ha buscado la más extensa participación de toda la comunidad educativa y que comenzó en el año dos mil once con la constitución de un grupo de trabajo de profesores que tenía la finalidad de elaborar un primer borrador.

Dicho texto sirvió como base del anteproyecto inicial, y ha contado con la intensa participación de todos los sectores de la comunidad educativa: de representantes sindicales; de miembros del Observatorio para la Convivencia Escolar de Castilla y León; de ciudadanos, que a título particular, mediante el trámite de audiencia pública o el del Gobierno Abierto, han tenido la oportunidad de hacer propuestas, de manifestar su opinión y de participar.

Luego, Señoría, usted no puede decir que esta ley no ha sido ni trabajada ni participada. Que en la Ponencia no se haya aceptado dilatar más los... la tramitación de la misma para que comparecieran expertos de otras Comunidades Autónomas, con el objetivo de hablar sobre la misma, sencillamente obedece a que no era el momento para realizar estas aportaciones. Han tenido mucho tiempo para escucharlos y para hacerlo y para dejarse asesorar por ellos.

La aprobación de esta ley vendrá a significar un fortalecimiento del prestigio social e institucional del profesorado. Los problemas de conducta y la desmotivación de los alumnos se han convertido en uno de los obstáculos en la tarea docente.

Además de buscar estrategias que permitan prevenir conflictos, es necesario que el... que al profesorado se le dote de herramientas que les permitan resolver las situaciones problemáticas. No solo con los alumnos, los docentes tienen derecho a la dignidad y al respeto por parte de los demás, y tienen el deber de respetar y de asumir la responsabilidad de sus actos.

¿Pero qué ocurre cuando falta ese respeto? Entendemos que en ese momento es cuando se debe de utilizar la autoridad, y no solo la moral, que por supuesto es inherente al docente en el ejercicio de su trabajo.

Ustedes plantean que la LOMCE recoge en su Artículo 124 dos cuestiones básicas: que los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública y que en los procedimientos de adopción de medidas correctoras los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo tendrán carácter probatorio y disfrutarán de veracidad.

Y así es, Señoría. Nosotros siempre hemos manifestado que esta ley ha estado a caballo entre la tramitación y la aprobación de la LOMCE, pero que va más allá de lo que se establece en el Artículo 124.

Esta ley refuerza y desarrolla ese artículo. Reconoce, por ejemplo, por ley, el derecho a la asistencia y a la protección jurídica que ahora la Consejería proporciona pero sin obligación expresa sobre el mismo.

Será esta ley la que ponga a disposición del profesorado esta asistencia en actuaciones civiles y penales derivadas de su actuación profesional. Y también será esta ley la que marcará las actuaciones contra el... que... contra el profesorado que pudieran ser constitutivas de falta o delito tengan que comunicarse al Ministerio Fiscal, para que adopte, si fuera preciso, las medidas cautelares necesarias. Señoría, ¿acaso esto no es importante para los docentes? Porque, desde luego, es una reclamación que nos han efectuado muchos de ellos.

Y sí, Señorías, esta ley cobra cada vez más sentido cada vez que ustedes dicen que van a derogar la LOMCE en el momento que cambie la mayoría parlamentaria. ¿También van a derogar el Artículo 124? En este caso, la ley que hoy estamos debatiendo es necesaria en esta Comunidad, porque en ese momento quedaría un vacío legal en este tema.

Por lo tanto, Señorías, es responsabilidad de todos aprobar hoy esta ley y garantizar a nuestros docentes, ahora y en un futuro, la condición de autoridad pública, de la misma manera que se hace en otras Comunidades Autónomas.

Y sobre las enmiendas presentadas por su Grupo, quiero empezar, al igual que usted, por la parte positiva; es decir, por aquello que hemos logrado consensuar, por aquellos puntos en los que hemos logrado llegar a un acuerdo, ya que encajaban perfectamente en el objeto de este proyecto. De las 30 enmiendas presentadas por su Grupo, se han transaccionado hasta el momento 9, retirado 2 y han llegado vivas a este Pleno 20. Y es importante poner en valor y señalar en esta Cámara lo que entre todos hemos aportado al texto.

En el Artículo 2, ámbito de aplicación de la ley, como ha indicado, se añade la propuesta realizada de que este sea extensivo también a las tareas desarrolladas por el profesorado en los espacios educativos ubicados en centros hospitalarios, centros de reforma de menores y centros penitenciarios en los que se imparten enseñanzas.

En el Artículo 3 se añade la petición de su Grupo de poner de manera expresa en la ley el reconocimiento y el apoyo social como factor esencial de la calidad de la enseñanza.

Y de igual manera se han añadido dos principios que quiero volver a citar: el de la corresponsabilidad entre todos los miembros de la comunidad educativa y de la Administración para la consecución de un clima de convivencia adecuado en los centros escolares, enmarcado en principios democráticos, que eviten conductas de acoso en cualquiera de sus manifestaciones; y el de la coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas para participar de forma más efectiva en la prevención y resolución de conflictos que afectan al normal desarrollo de la actividad escolar.

Y, Señoría, antes de que comenzara el debate de esta ley, se ha transaccionado la Enmienda número 5. Es cierto que no hemos podido hacerla extensiva en esta ley a todos los trabajadores de los centros educativos, ya que, como se indica en el título y es el objeto de esta ley que hoy estamos debatiendo aquí, es la autoridad del profesorado. Pero sí compartimos con usted la filosofía planteada en la enmienda, de que hay determinadas agresiones que se producen fuera del centro escolar por la condición profesional de los docentes. Por... por lo tanto, el texto propuesto y aceptado consiste en añadir un nuevo apartado en el Artículo 2, que diga: "También será de aplicación lo establecido en esta ley para aquellas conductas que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas por la condición profesional del profesorado".

Respecto al resto de las enmiendas que permanecen vivas para este Pleno y que usted ha detallado, en alguno de los casos señalar, en primer lugar, y dejar de manifiesto cuál es el objeto de la ley que hoy estamos debatiendo. Y leo el Artículo 1: "La presente Ley tiene por objeto reconocer la autoridad del profesorado y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en los centros docentes de Castilla y León y el pleno ejercicio del derecho a la educación de todo el alumnado". Luego, Señoría, hemos de rechazar las Enmiendas 1, 2, 3, 19, 22 y 30, porque no se ajustan al objeto de esta ley.

Hay otro grupo de enmiendas en las que ustedes plantean la supresión del articulado. Entendemos que no procede la supresión de capítulos ni de artículos básicos, porque... y en concordancia con lo anterior, no encajaban, efectivamente, con la ley que ustedes proponían. Pero es que esa no es la ley que hoy estamos debatiendo, y tienen un perfecto encaje dentro de la Ley de Autoridad del Profesorado, ya que además establecen el marco normativo básico sobre el que se realizarán las... las posteriores desarrollos del mismo.

Quiero hacer referencia, Señorías, en especial a su Enmienda número 24. Usted manifestó en Comisión, respecto a la eliminación del artículo correspondiente a la presunción de veracidad, que la presunción de veracidad debe de estar limitada a ser funcionario público. Respecto a esto, nosotros entendemos que la presunción de veracidad debe extenderse a todos los docentes, ya que todos ellos se encargan de la formación de los niños. Entendemos que todos los docentes son profesionales y desarrollan su trabajo de la mejor manera posible. Cuando los padres eligen de manera libre el centro en que quieren que estudien sus hijos, saben perfectamente si los funcionarios son públicos o no lo son. Y les aseguro, Señorías, que ese no es un criterio de elección de centro. Por lo tanto, cualquier docente de estos centros debe tener la misma consideración y respeto, ya que los padres, libremente y conociendo la situación laboral de los mismos, han elegido que sean ellos los que eduquen y enseñen a sus hijos. Por lo tanto, Señoría, deben tener la misma presunción de veracidad en el ámbito de aplicación de esta ley.

Parece que usted tiene algunas dudas o manifestó algunas dudas en Comisión sobre la profesionalidad de esto. Una... cito sus palabras: "Una persona que como único mérito tenga haber sido elegida a dedo por un líder religioso, ¿va a ser alguien que tenga presunción de veracidad respecto a ustedes si tienen un conflicto con cualquiera de sus hijos?". Me gustaría que nos dijera cuántos profesores hay en esta Comunidad con estas características, porque nosotros entendemos que todos los docentes han sido contratados por sus méritos profesionales, más allá de su sexo, raza o religión, bien se... se les realice una contratación de manera privada o mediante convocatoria pública.

Y respecto al resto de las enmiendas, usted plantea que cambiemos, por ejemplo, el derecho de colaboración de las familias con el profesorado por el derecho de solicitar la colaboración. Evidentemente, no es lo mismo. Sin embargo, en otra de sus enmiendas solicitaban que cuando se incumplía ese deber de colaboración se sancione, y así queda reflejado en la Comisión de Educación. Luego, Señorías, ¿en qué quedamos? ¿Hay que solicitar que colaboren o hay que sancionar si no colaboran? Son dos cosas bien diferentes, y las dos fueron planteadas por ustedes.

Habla de dotación de medios, de memoria económica, de ayuda psicológica. Por supuesto que estamos de acuerdo, y así se lo hemos manifestado, en que los profesores reciban más medios y la formación necesaria para su trabajo, así como la adecuada asistencia sanitaria que se pueda derivar de hechos acontecidos en el ejercicio de sus funciones, y no solo la asistencia psicológica. Pero es que eso, Señoría, ya se está realizando por parte de la Administración y está plasmado tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la normativa de riesgos laborales, o en otra normativa de aplicación y de desarrollo de esta ley. Y, le reitero, no tiene que ver con el objeto de esta ley.

Y, por último, Señorías, ¿me podía explicar cómo afecta a la autoridad del profesorado algunos aspectos que ustedes plantean incluir en la ley, como reconocer la función tutorial mediante los oportunos incentivos económicos o premiar, en los términos en que se desarrolle en un plazo no superior a tres meses desde la aprobación de esta ley, el especial esfuerzo del profesorado a lo largo de su vida profesional?

Parece que en algún momento quieren dar un aspecto muy mercantilista de los docentes, que no se corresponde con la realidad. Parece que ustedes quieren, en cierta manera, vender que el respeto, el reconocimiento social y la autoridad del profesorado va ligado a la remuneración económica que reciban. Si un tutor cobra más, como ustedes plantean en alguna de sus enmiendas, ¿quiere eso decir que va a tener más autoridad en el aula, que las normas de convivencia van a ser mejores?

Finalizo. Esta ley no es un cajón de sastre en la que vamos a incluir todos los aspectos que se nos ocurran que puedan afectar a los docentes. Esta ley tiene un objeto muy claro, muy definido y muy sencillo, que les puede gustar o no, y que pueden compartir o no, y que se centra en el carácter de autoridad pública dentro de su ámbito de actuación del profesorado. Gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ PORRES):

Muchas gracias. Para un turno de réplica, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene de nuevo la palabra el señor Pablos Romo.

EL SEÑOR PABLOS ROMO:

Gracias, señor Vicepresidente. Nos decía la Portavoz del Grupo Popular que a ver si conseguíamos votar a favor de la ley; con parte de su intervención casi nos quedan ganas de votar en contra. La verdad es que hay algunas referencias de las que hace que son... [aplausos] ... de difícil entendimiento, y tan solo nuestra responsabilidad en este tema, nuestro apoyo y nuestro respaldo a los docentes es lo que hace que vayamos a abstenernos hoy, porque han perdido ustedes una gran oportunidad de mejorar esta ley con alguna de nuestras iniciativas.

Nos preguntaba al final de su intervención cómo afectan a la autoridad del profesorado... Es que no han entendido nada. Es que lo que nosotros queremos hacer es una ley de reconocimiento social del profesorado, la misma que están haciendo ahora mismo en Finlandia, que eso es lo que verdaderamente se necesita en sociedades como la actual.

Pero miren, es que no solo lo dice el Grupo Socialista. Uno de enero de dos mil catorce: casi 700.000 profesores iniciarán dos mil catorce con condición de autoridad pública. Y un sindicato que es, obviamente, bien conocido, no creo que por su simpatía o no con este Grupo, que es ANPE, dice textualmente: "Una reivindicación histórica del sindicato de profesores ANPE que llega en un momento de especial dificultad para los profesores, denostados, cuestionados por algunos dirigentes políticos –la señora Gomendio entre ellos- y más perjudicados por los recortes". Precisamente para eso, para corregir esas cosas, es para lo que hemos presentado nuestras enmiendas.

Y me dice: ¿cuántos profesores hay en esta Comunidad Autónoma elegidos por líderes religiosos? Tantos como profesores de religión, por un obispo, por un imán o por un pastor evangelista, es lo que marca la normativa. Ustedes consideran que eso es suficiente para que tenga presunción de veracidad. A nosotros nos cuesta entenderlo. Allá ustedes.

Lo más sorprendente de todo. Le escuchado además bien al señor Consejero, a la Portavoz del Grupo Popular, y le hemos leído al señor Consejero hoy unas declaraciones que dicen: esta ley desarrolla la ley estatal, tiene una mejora sustancial, garantiza la protección jurídica del profesorado.

Portal de la Junta de Castilla y León, programa de protección y asistencia jurídica al profesorado y al alumnado, creado por Circular del veintisiete de diciembre del año dos mil seis. Van a hacer en el dos mil catorce una ley para hacer lo que, supuestamente –no sabemos si lo hacen de verdad-, llevan haciendo desde el dos mil seis. ¿De verdad que eso tiene algún sentido? [Aplausos]. ¿De verdad que tiene algún sentido? No lo parece.

Pero dicen: vamos a dotarle de una condición a mayores, va a ser ahora una obligación legal. Pues mire, para eso no hacía falta que hiciesen una ley. Se pueden ir al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, veintinueve de septiembre del dos mil once, y encontrarán una Resolución de la Consejería de Educación que establece eso para los docentes andaluces. Si algo que pueden resolver con una resolución, hacen una ley, ¿no se están dando cuenta que no están yendo a ningún sitio y que han perdido una oportunidad fundamental para lo que nuestro Grupo planteaba, que es para utilizar esta ley para reconocer socialmente, aumentar el prestigio social de los docentes?

Le hemos escuchado con tanta atención que hemos visto cuál era el único motivo. Han dicho... y nos parece bien, además; ojalá lo hagan en otras cosas, pero ha dicho: esto lo hacemos porque viene en el programa electoral del Partido Popular y fue compromiso de investidura del señor Herrera.

Bien. Compromisos de investidura del señor Herrera: mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras; en estos años han congelado el número de auxiliares de conversación y hay más secciones bilingües.

Compromiso del señor Herrera: aumentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas; en estos años, los recursos en muchos colegios no han llegado casi ni para pagar la calefacción.

Compromiso de investidura del señor Herrera: continuar impulsando el Programa de Éxito Educativo para reducir el abandono escolar; y han eliminado el Programa PROA, de Refuerzo, Orientación y Apoyo.

Y, finalmente, compromiso del señor Herrera: financiar el 100 % de los gastos de personal de las universidades públicas; y han subido las tasas hasta las terceras más caras de España.

Si hacen esto, que es lo que supuestamente tiene coste cero, para impulsar la educación, lo que deberían hacer con certeza es todo aquello otro que desde esta tribuna en junio del dos mil once el señor Herrera se comprometió y que hasta hoy no lo ha hecho.

Y finalizo, nos ha estado diciendo en numerosas ocasiones que esta ley tiene que ver con la autoridad o no autoridad, que... nos han intentado dar lecciones sobre cómo se hace eso. Respecto al respeto a la autoridad, teniendo en cuenta que quien impulsó esto en su momento fue la señora Aguirre, lecciones, al Partido Socialista, ni una. Muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ PORRES):

Muchas gracias. Para un turno de dúplica, en representación del Grupo Parlamentario Popular tiene de nuevo la palabra la señora Blanco Llamas.

LA SEÑORA BLANCO LLAMAS:

Gracias, señor Vicepresidente. Una pregunta, Señoría: los profesores de religión, por ser profesores de religión, ¿no tienen derecho a tener ninguna autoridad sobre sus alumnos? Porque parece que eso es lo que usted... [aplausos] ... ha manifestado hoy en esta Cámara, que no tienen que ser autoridad pública.

Lamento que los argumentos que hemos dado no le hayan convencido para votar a favor esta ley. Aunque existen diferentes opiniones, quiero reiterar que es una ley demandada por un amplio sector del profesorado, sector que muchas veces se encuentra indefenso ante situaciones de convivencia que ocurren en los centros educativos, no solo en las aulas y no solo con los alumnos.

El Diario de Burgos publicaba el diez de marzo un artículo que decía "La odisea de ser profesor": El 68,1 % de las quejas remitidas por colegios e institutos a Educación tienen como causa el mal comportamiento de los alumnos en la clase. Los sindicatos advierten de que los docentes cada día tienen menos autoridad. La secretaria en Burgos del Sindicato de Trabajadores de Enseñanza afirma que "en general, el comportamiento del alumnado ha empeorado y sí que es cierto que hay poco respeto. También es cierto que eso va un poco en nuestra sociedad. Hay veces que recibimos a las familias y vemos que el comportamiento de los padres es irrespetuoso hacia nuestra labor. Está claro que si los padres descalifican, también lo harán los alumnos". De opinión parecida es un representante de la Federación de Enseñanza de UGT: "El problema de la falta de autoridad va con la sociedad, viene de casa. Podríamos decir que es una falta de compromiso educativo". Mal comportamiento. Y en estos porcentajes -que se citan arriba- no se incluyen los enfrentamientos directos del alumnado hacia el profesorado o personal del centro [que suponen, más o menos, el 3 % de las quejas y se mantienen estables desde hace años], sino que ese 75 % o el actual 68 de las incidencias denunciadas se refiere solo al entorpecimiento del desarrollo de la clase o al mal comportamiento en general, que no solo repercute en el escolar o en los escolares que molestan con su mal comportamiento en materia, sino en el conjunto del grupo.

Luego, Señoría, esa es la situación actual, y esa es la demanda que nos están haciendo. En Castilla y León invertimos en educación, por supuesto, en educación de calidad. Desde hace años se pone a disposición de los más de 26.000 docentes de la enseñanza pública estrategias y medidas de apoyo. En los últimos años ha habido... en el último año una inversión en formación de 712.000 euros; 3.376 actividades; 98.500 horas; 61.000 plazas; de estas, 1.010 se han realizado en centros, 683 por los CFIES, en formación on-line 54 cursos; y las universidades regionales en el extranjero, 173 actividades, con 4.000 plazas.

Se invierte en medios materiales. En el curso 13-14, la inversión total en obra nueva realizada fue de más de 20 millones de euros; y en obras de reforma, 8. Y en gastos complementarios de funcionamiento de centros públicos, vinculados a actuaciones de mejora, más de 10 millones de euros.

Invertimos en una educación adaptada a nuestro territorio y a nuestras realidades. En una Comunidad Autónoma con una población tan dispersa, donde los servicios básicos cuestan más que la media, obtenemos los mejores resultados en el Informe PISA, 511 puntos, sobre los 490 de media de España, 492 de media de la Unión Europea y 497 de media de los países de la OCDE; siendo, además, la única Comunidad española que se sitúa siempre entre las tres primeros puestos para todas las materias consideradas.

Y por eso, Señorías, porque queremos seguir teniendo una educación de calidad, y porque queremos seguir apoyando a nuestro profesorado, es por lo que estamos tramitando hoy esta ley que vamos a aprobar aquí. Entendemos que con esta ley estamos invirtiendo en nuestro personal, y estamos dando una respuesta a una de sus demandas. Es una herramienta más a disposición de los docentes, de manera que complemente a todas las existentes para el reconocimiento social del profesorado. Es una herramienta más que tendrán a su alcance para garantizar una convivencia en las aulas y un respeto en el ejercicio de su labor profesional, al que tienen derecho.

No estamos convirtiendo a los profesores en policías, les estamos reconociendo la labor que realizan en la educación de nuestros niños y adolescentes; les estamos diciendo que gozan de nuestro respeto; que creemos en ellos; que por eso dejamos en sus manos la educación de los niños; y que, ante un conflicto, los vamos a apoyar. Las familias van a colaborar con ellos, y van a tener la asistencia jurídica que necesiten. Eso es lo que plasma esta ley, y ese es el principio que espero compartamos todos los que estamos en esta Cámara.

¿Que no hay memoria económica? Cierto, como tal, en la ley no se plasma, pero hay presupuestos consignados para asistencia, para formación, para medios, como les he indicado. ¿Que podrían ser más? Pues sí, es algo que todos desearíamos, y que todos apoyaríamos. Pero, Señorías, hoy es necesario buscar un equilibrio estable entre los recursos que se poseen y el uso que se les da a los mismos.

Finalizo. Castilla y León educa y educa bien. Y esta ley es el reconocimiento de una sociedad a un colectivo, y la respuesta a una demanda de nuestros docentes, que son uno de los pilares de nuestro sistema educativo. Porque se lo debemos a ellos, Señorías, espero que rectifiquen y que voten a favor de esta ley. Gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ PORRES):

Muchas gracias. Terminado el debate de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, a continuación procedemos al debate de la Enmienda parcial número 8 del Procurador Valderas Alonso, que permanece viva para su defensa ante el Pleno. Para un turno a favor de la enmienda, tiene la palabra el señor Valderas Alonso.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Muchas gracias. Como es solamente una enmienda, pues seré más breve. Bien, en el caso de Unión del Pueblo Leonés, la ley que nos trae hoy nos parece una ley suficiente, aunque es un poquito escasa en cuanto al tamaño; nos hubiera gustado que pudiera incluirse más temas aprovechando que había una ley educativa, que no es frecuente, pero no la consideramos de una forma tan crítica como ha hecho el Partido Socialista, como hará a continuación mi compañero de Izquierda Unida, ni tampoco tan triunfalista como la está presentando el PP. Es una ley pequeñita, con unas pretensiones escasas, no es la piedra filosofal, no nos lo parece.

Toda la Oposición, cuando se nos presentó el proyecto –hace un año-, pues dimos una primera idea, y, cuando vimos el texto, pues simplemente nos pareció escaso. Por esa razón, los cuatro partidos presentamos una serie de enmiendas con la intención declarada de retorcer el texto y hacer de esta ley otra ley distinta, con otras materias y con más... con más información o con más documentación.

En el Partido Popular se decidió finalmente por hacer una ley de lo que decía el título exclusivamente, tomando como ejemplo la de Madrid, que no es que sea la mejor, pero es la más antigua y la que está más probada su eficacia y su trabajo durante varios años; y nos hemos quedado en una ley exclusivamente de autoridad del profesorado.

En nuestro caso, hemos presentado 9 enmiendas, de las cuales se han aprobado 8 y tres cuartos, lo cual, lógicamente, implica que tenemos que votar a favor, puesto que realmente se ha metido prácticamente todo lo que incluimos. Nos queda solamente un trozo –la parte final de la Enmienda número 8-, que no hemos llegado a un acuerdo, y tiene una explicación: el Partido Popular nos indica que son temas administrativos, que se pueden llevar a cabo perfectamente al margen de la ley, posteriormente, a través de normativa de la propia Junta; y es verdad, es verdad. Simplemente nos hubiera gustado que constara más desarrollado en la norma, y por eso queremos dejar constancia de cuáles son estos dos temas.

El primero era lograr que el profesional docente encontrase mencionado en esta breve ley toda la legislación relacionada con... con su materia –con la materia de autoridad del profesorado-. Con frecuencia nos acusan de... de marearles con mucha legislación, muy dispersa, que no hay forma de seguirle la pista; y nos hubiera gustado, pues que aquí figuraran todas ellas. Se han incluido todas, pero no se han incluido con la obligación de desarrollarlas, que es lo que nos hubiera gustado.

Hay dos puntos finales, que son los que nos gustaría que se estirasen, bien en esta norma –obligadamente-, o bien porque la Junta considere que es oportuno hacerlo a continuación de... de la ley. Son temas muy cercanos a la autoridad del profesorado y que tienen que ver con la asistencia jurídica al profesorado. Esta asistencia jurídica existe –como se nos acaba de indicar- desde hace años, pero, a pesar de eso, es bastante desconocida por la plantilla. En la plantilla de profesores, cuando tienen un problema de cualquier tipo, lo primero que hacen es acudir al sindicato y, ya en segundo punto, acercarse a la Consejería o a la... o a la Delegación Territorial y marear un poco a los... a las personas que encuentran allí –a los trabajadores-. La mayoría desconoce que existe este servicio y que tiene un lugar físico, y que tiene unos procedimientos de consulta, y que contesta con bastante rapidez, además.

Nos hubiera gustado que se desarrollara un poco más: cómo es el servicio, dónde radica, qué fórmulas tiene para trabajar con los profesores, qué tipo de protocolos, qué tipo de impresos, en qué plazos contesta, sobre qué materias les está asesorando y sobre qué materias se considera que son asuntos privados del profesor. Esto sí que nos hubiera gustado que... que apareciera. Y, sobre todo, que nos dijeran si tienen algún tipo de protocolo, si se están desarrollando protocolos específicos para casos de agresiones, de mobbing o de... o temas similares.

El segundo elemento que proponíamos que se desarrollase en esta ley y que figurase en el texto que la Junta, en el plazo de un año, iba a desarrollarlo es el tema de la tipificación de estos hechos -agresiones y similares-. Proponíamos un reconocimiento, pues algo parecido a lo que se llama "accidente en acto de servicio", o "accidente laboral", o alguna figura equivalente, de cualquier actuación en la que existan indicios de que se ha empleado fuerza o intimidación contra los profesores. Estos hechos existen -efectivamente, como nos acaban de leer-, acaban en una denuncia, acaban en una estadística, pero eso no es muy práctico. Cuando un profesor se enfrenta a un problema de este tipo, a la mañana siguiente tiene que volver al trabajo y hacer lo mismo. Solamente, si al cabo de un par de meses tiene una depresión importante, un doctor le hará un papel. Bueno, pues esto no es muy razonable, puesto que hay otras muchas profesiones que también son autoridad y que tienen desarrollado un amplio protocolo sobre qué hacer en estos casos y si se pueden tomar una horas libres, o... o pueden tipificar de alguna manera qué es lo que ha sucedido. No es el caso de los maestros –de momento- pero creo que... creemos que se podría desarrollar próximamente, además con bastante... con bastante simpleza, puesto que ya lo hay, en Sanidad, en la propia Junta.

No estaría fuera de lugar pedir que esta breve Ley de Autoridad del Profesorado se autoobligase a desarrollar estos dos puntos en un plazo breve –un año, proponíamos-.

En el caso, concretamente, de los... de las... las agresiones y similares, la protección al... al funcionario, en nuestro caso, hemos pensado que debería ser una protección automática. Es decir, se produce el hecho, se... se presenta una denuncia y, automáticamente, se le aplica lo que dice el Artículo 95 de la Ley de Función Pública de Castilla y León, del dos mil tres, o el 2.b) del Estatuto Básico del Empleado Público –la Ley 7/2007-. Es una protección inmediata; no tiene por qué asistir al día siguiente y encontrarse con esas personas con las que ha tenido un problema sin más; tiene que tener algún tipo de...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

... de separación. Eso es lo que nosotros hemos propuesto, y, bueno, la verdad es que, si no se incluye en esta ley, lo podemos proponer que se siga haciendo de otra manera distinta. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. A continuación, y para un turno en contra de las enmiendas, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, la señora Benito y Benítez de Lugo.

LA SEÑORA BENITO BENÍTEZ DE LUGO:

Gracias, señora Presidenta. Señorías, buenos días a todos; buenos, buenos días.

Quiero, ante todo, agradecer, en mi primer turno de intervención, la colaboración que he tenido en esta Ponencia a los... al Grupo Parlamentario Socialista -con sus representantes, doña Ángela Marqués, don Fernando Pablos Romo-, muchas gracias; a mi compañera inestimable... y su inestimable ayuda, y su inestimable trabajo, que creo que es la que ha llevado el peso importante de esta Ponencia, por mis circunstancias personales –doña Isabel Blanco Llamas-; y también quiero agradecer su especial colaboración a doña Ana María Díaz de Mera, que la verdad es que ha trabajado intensamente y ha ayudado a unificar criterios y a sacar esta ley adelante, ¿no?, y su.. y su texto; un texto que yo creo que hemos mejorado –que se ha mejorado a través del debate de las enmiendas-, y que, por lo tanto, ha sido, bueno... hemos sacado de provecho esa mejoría en ese texto. Dejo para el último momento mi agradecimiento a don Alejandro Valderas y a don José María González Suárez, representantes del Grupo Mixto, pero muy muy especialmente a don Alejandro Valderas, porque, la verdad, su colaboración, su intervención, sus propuestas han sido... la verdad, ha aportado muchísimo y han sido muy positivas en esta Ponencia. Ha estado trabajando codo con codo con todos nosotros, con los representantes del Grupo Parlamentario Socialista y también con los representantes del Grupo Parlamentario Popular, y la verdad es que, de sus ocho enmiendas presentadas, han quedado vivas única y exclusivamente una enmienda, la Enmienda 8, que sabe usted que está íntimamente relacionada con la Enmienda 5 y 2; la cual, la número 5 fue retirada por usted, y la 2 transaccionada. Y que usted sabe perfectamente que el argumento que nosotros adujimos y que, bueno, presentamos es que introducir referencias a otras disposiciones legales, numerosas, como las que regulan en este momento la legislación educativa y que ya existen en materia de derechos y deberes de los alumnados y de la convivencia escolar, no procede en un desarrollo normativo. Y para ello contamos también –insisto- con la inestimable colaboración y asesoramiento de nuestra Letrada Ana María Díaz de Mera.

Por lo tanto, tengo que decirle que no vamos a admitir la Enmienda número 8, que permanecía viva para el día de hoy. Entendemos que esta enmienda –insisto- está íntimamente relacionada con la 2, que ha sido transaccionada. Por lo tanto, en parte, el objetivo de su enmienda ha sido aceptada por esta Ponencia. En definitiva, agradecerle –insisto- su colaboración, su trabajo, su empeño por... por sacar adelante esta ley; ley que, efectivamente, unos dicen que es insuficiente, otros –como veremos después- dicen que es innecesaria y que usted dice que es una ley escasa.

En definitiva, es una ley yo creo que necesaria, que desde aquí le digo que va a tener su desarrollo reglamentario -como ya le dijimos en la Ponencia-, desarrollo reglamentario y desarrollo normativo, para especificar todos esos aspectos a los cuales usted ha hecho referencia, y que usted y yo hablamos, en relación con la autoridad que establece al empleado público en la sanidad, como los protocolos que se cubren o que se tienen que hacer o seguir cuando hay un maltrato en el tema sanitario ante el personal facultativo, y un largo etcétera de situaciones que se pueden dar.

Insisto, todo lo que usted ha manifestado en la... en el día de hoy, nos comprometemos a que sea desarrollado, no en esta ley, porque no es así el objetivo de esta ley, sino tendrá su desarrollo reglamentario con posterioridad a la publicación de esta ley.

Muchas gracias, señor Valderas. Y insisto, su Enmienda 8 no vamos a admitirla, pero porque –insisto- se transaccionó la 2, y que, por lo tanto, estimo que sus criterios y sus objetivos estaban recogidos en esta transacción. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. Para un turno de réplica, tiene de nuevo la palabra el señor Valderas Alonso.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Sí. Muchas gracias. Quería terminar la intervención agradeciendo, efectivamente, la colaboración de todos los miembros de la Ponencia, porque, aunque toda la izquierda parece ser que va a votar en contra, también son autores de muchas mejoras de las que hemos podido incluir, aunque no las suficientes para que la votasen a favor.

En el caso de las dos propuestas que he planteado, sí quería recordar a la Consejería que... –ahora me dirijo a la Consejería, no a las Cortes- que en un plazo más o menos breve deberían desarrollarlas, concretamente el tema del servicio jurídico de apoyo al profesorado; mejorarlo, concretarlo, darle más presencia dentro de los medios educativos, y, en el caso de la tipificación de los casos de agresiones y de mobbing, yo creo que debería haber un protocolo claro de qué hacer en esos casos, porque, en la actualidad, hay disparidad de criterios, y en cada caso se hacen cosas completamente diferentes.

Creo que en el año que queda hasta finalizar la legislatura se podría perfectamente resolver estos dos temas, con tiempo para que el próximo curso los tengamos ya en marcha. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría. Para un turno de dúplica, en representación del Grupo Parlamentario Popular... Renuncia a su intervención la señora Benito y Benítez de Lugo.

Señorías, terminado el debate de la enmienda del Procurador Valderas Alonso, a continuación procedemos al debate de las 11 Enmiendas parciales, números 1 a 11, del Procurador González Suárez, que permanecen vivas para su defensa ante este Pleno. Para un turno a favor de las enmiendas, tiene la palabra el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Sí. Me van a permitir que, aunque no sea miembro de la Ponencia, no haya sido miembro de la Ponencia, y aunque no voy a considerar el trabajo realizado de la Ponencia como un trabajo mío, aunque no voy a considerar el trabajo salido de la Comisión como un trabajo mío, porque los planteamientos son absolutamente diferentes a los que Izquierda Unida de Castilla y León planteaba no en las 11 enmiendas que quedan vivas, sino en las 11 enmiendas que... que había presentado y que siguen quedando vivas, me van a permitir que sí agradezca a los miembros de la Ponencia su apertura hacia la discusión de las enmiendas de Izquierda Unida de Castilla y León, aunque yo no fuese miembro de la Ponencia. Y, lógicamente, cuando hablo de la Ponencia, hablo también de la señora Letrada, que sé, por experiencia de otras Ponencias, que siempre hace grandes aportaciones tecnico-jurídicas.

Bien, dicho esto, vamos a hablar de qué significa que yo aquí hoy suba a defender las 11 enmiendas presentadas y que siguen vivas. ¿Por qué siguen vivas? Porque, realmente, eran enmiendas de supresión. Esto quiere decir claramente no que las enmiendas presentadas por Izquierda Unida fuesen nefastas, sino que este proyecto de ley es nefasto; que las enmiendas presentadas tenían un calado claro que en el fondo era parcializar lo que hubiese sido una perfecta enmienda a la totalidad –lo digo desde aquí claro y alto-, pero se han parcializado en pequeñas enmiendas parciales, que, sumadas, serían una enmienda de totalidad.

¿Y por qué hemos realizado esto en esta ocasión? Pues bien, porque estamos ante un proyecto de ley, en primer lugar, absolutamente innecesario; absolutamente innecesario ya cuando nació del horno de la Junta de Castilla y León, y hoy, con la LOMCE aprobada, más innecesario todavía –lo dije en Ponencia, lo dije en Comisión-. Sigo sin entender... bueno, sí puedo entender el por qué el Partido Popular y la Junta de Castilla y León, erre que erre con que en estas Cortes se debatiese este proyecto y de estas Cortes saliese una ley como la que va a salir.

No obstante, lo más innecesario de este proyecto de ley tiene que ver porque la convivencia en un centro y la autoridad a una profesora o a un profesor no la da una ley, no lo va a dar este proyecto de ley, no lo va a dar la LOMCE según está, no lo va a dar ninguna ley que se titule "Autoridad del Profesorado"; quien lo da es el reconocimiento público, el reconocimiento de la dignidad de los trabajadores de la enseñanza por parte de la Administración, el reconocimiento de la dignidad que está en el reconocimiento y la validez de sus derechos, derechos que han ido perdiendo durante los últimos tiempos.

Y, cuando hablo de derechos, hablo derecho a una dotación en recursos humanos suficientes en los centros educativos; hablo de una... de una dotación de recursos económicos y físicos en los centros educativos; hablo, ni más ni menos, de que aquellas personas que trabajan en la enseñanza, aquellas profesoras, aquellos profesores que trabajan en la enseñanza no se vean abocados a trabajar en disminución de calidad de su trabajo por las medidas que la Administración de Castilla y León ha tomado durante los últimos tiempos, igual que las que se han tomado a nivel nacional. Bien.

Y digo que debe venir también dado ese título de autoridad por el liderazgo que debe hacer cada equipo de gobierno de cada centro educativo; liderazgo del equipo directivo del centro; liderazgo pedagógico dentro de los equipos educativos; liderazgo pedagógico en el aula por parte del profesorado, que suele ser una realidad del 99 % de los que ejercen la enseñanza en esta Comunidad y también en este país.

Por otra parte, estas 11 enmiendas –algunas de ellas- vienen a intentar evitar ciertas cuestiones; ciertas cuestiones que dan lugar, incluso, a la ironía: hablar de la infalibilidad de cualquier profesional cuando ya hasta en señor Rouco Varela sabe perfectamente que él no es infalible, pues tiene una cierta carga de ironía; y es lo que hace este proyecto de ley.

En estos momentos, y ya desde hace algunas semanas, el Senado ha aprobado una ley de la que algunos de los que nos sentamos aquí –y de Izquierda Unida de Castilla y León soy el único- hemos hablado; una ley por la cual se decide sancionar a un ciudadano o a una ciudadana conductores por la infalibilidad de aquellos que tienen un uniforme y que creen haber percibido que un conductor o conductora van hablando por teléfono, o que han percibido que un conductor o conductora no llevan el cinturón; pero su infalibilidad va a llegar hasta sancionar sin verlo directamente y sin darlo a conocer. Pues eso es lo que quiere hacer la Junta de Castilla y León, el Partido Popular de Castilla y León, con los trabajadores de la enseñanza de esta Comunidad con la aprobación de este proyecto de ley que van a hacer como ley dentro de unos minutos –por desgracia-.

Por otra parte, este proyecto de ley viene a cargar de responsabilidades, a mayores, al profesorado. No es lo mismo ser un profesor con auctoritas que ser un profesor uniformado con la autoridad que le da la legislación. Si los partidos mayoritarios –y aquí aludo a los partidos mayoritarios- hubiesen realmente tenido interés en dotar de autoridad al profesorado, y hubiesen tenido interés de evitar ciertos problemas derivados de algunos problemas de convivencia en algunos centros educativos –mínimos en Castilla y León y mínimos en todo el país, por mucho que mediáticamente parezcan muchos y de gran... y de alta gravedad-, si hubiesen tenido interés, hubiesen aprovechado su mayoría en Madrid durante los últimos años –unos y otros- para, desde el Gobierno Central o desde el Congreso de Diputados, modificar los Códigos Civil y Penal. Y con eso se hubiese solucionado el problema, se hubiese solucionado el problema.

Pero no, ustedes, lo que han querido es cargar con más responsabilidades al profesorado en aras de que, a partir de ahora, la ley, el Código Penal, les va a amparar en su Artículo 550 y subsiguientes.

Pues bien, señores de la bancada del Grupo Popular, señor Consejero de Educación, ustedes no van a solucionar los problemas que existen de convivencia, que son mínimos, van a generar problemas al actual profesorado.

El problema que tienen algunos compañeros y compañeras... -y digo compañeros y compañeras por... los que aquí se sientan, ustedes, son mis compañeros de escaño, pero yo me sigo sintiendo compañero de aquellos que cada día van a un centro educativo, y así me seguiré sintiendo incluso cuando deje el escaño y cuando sea alguien jubilado, me seguiré sintiendo uno más en la enseñanza- y los problemas que tienen ellos vienen derivados de esa falta de implicación de la Administración de turno en defender sus derechos y en defender realmente la calidad de la enseñanza.

Poco más puedo decir en defensa de las enmiendas. De verdad, estaría encantado en que fuesen votadas por unanimidad, pero, visto lo visto, no va a ser así; y, visto lo visto, va a salir de aquí una ley absolutamente innecesaria; eso sí, va a cumplir con el programa del... electoral del Partido Popular; va a cumplir con... con la intervención de investidura del señor Presidente; pero decir que yo lo lamento, y no por mí mismo como Procurador, ni siquiera por Izquierda Unida de Castilla y León, lo lamento por la uniformización que se va a hacer en el profesorado. Y cuando digo esto, no es que se les vaya a poner un informe... un uniforme, y cuando hablo de una posible militarización no es que ellos vayan a intervenir como militares, sino que se les van a dar obligaciones de los uniformados, se les van a dar obligaciones de policía y se le van a dar obligaciones de militares.

Yo el otro día en la Comisión traía el recuerdo de las últimas prejubilaciones que ha habido en Renfe. Eran prejubilaciones de trabajadores de Renfe, que muchos desconocen -algunos por su juventud-, pero que tenían obligaciones militares porque habían entrado en Renfe cuando todo trabajador de Renfe estaba militarizado. Pues eso es lo que quieren ustedes hacer en la enseñanza, pero les recuerdo...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

... que un trabajador de la enseñanza no trabaja con tornillos, no trabaja con... con tuercas, sino trabaja con un material muy moldeable, educable y que es digno de trabajar con él y para él sin que se le ponga un uniforme, pero sí se le reconozcan sus verdaderos derechos y se les apoye por parte de la Administración, que no siempre se hace como debiera. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. Para un turno en contra de las enmiendas, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Benito Benítez de Lugo.

LA SEÑORA BENITO BENÍTEZ DE LUGO:

Nuevamente gracias, señora Presidenta. Y gracias a todos. Señor González, la verdad es que pretendo iniciar mi intervención tranquila cuando me toca debatir con usted y la verdad es que me saca de los nervios. Porque, mire usted, yo creo que está proyectando, con tanta militarización y tanto... situación que usted ha comentado en este momento de lo que pretende la Ley de Autoridad del Profesorado... no sé, pretende crear... está proyectando usted los propios deseos que usted puede tener si usted gobernara, y eso, la verdad, es que me pone los pelos de punta.

Porque, mire usted, y para empezar, quiero y me gustaría que retirara de su intervención, y que recapitulara sobre lo que ha dicho en relación con la infalibilidad de la policía, cuando ahora usted creo -y corríjame si no... si lo he entendido mal- que se dedica a poner multas sin ver las infracciones, ¿eh? Eso yo creo que es una falta de respeto a la autoridad de la policía, del Cuerpo Nacional de Policía o de Tráfico, que yo creo que ejerce su función como... de forma... –o así por lo menos lo creo- de forma inmejorable. Por lo tanto, plantear aquí, en esta... en esta Cámara Plenaria, que la policía nacional o la policía de tráfico pone multas sin ver, sin oír y sin hablar, me parece un craso servicio, de verdad, a esta sociedad.

Pero vamos a sus enmiendas. Vamos a ver, usted –como muy bien ha dicho- ha presentado 11 enmiendas; 11 enmiendas referidas a todo y cada uno de los artículos de esta ley. Ello enmascara -como es típico suyo- una enmienda a la totalidad. Y, por lo tanto, creo que es una pantomima lo que usted ha venido presentando, porque presenta 11 enmiendas, parece ser que íbamos a tener un debate, bueno, fluido, pero, vamos a ver, en todas, el argumentario es el mismo: el rechazo absoluto a cada artículo, y, por lo tanto, el rechazo absoluto a la ley. Usted hubiese presentado una enmienda a la totalidad y creo que hubiese sido más digno.

Unas enmiendas, por otra parte, sin contenido, señor González, que no aportan ni han aportado nada, tan solo pretendían y tan solo pretendían... pretenden la anulación por la anulación, sin más argumentos, del articulado. Y una enmienda... unas enmiendas que, por muy parciales que sean y que enmascaran una enmienda a la totalidad, nos es imposible aprobar cuando su motivación fundamental, Señoría, es la supresión de la totalidad del texto. Por lo tanto, desde este momento le digo que vamos a rechazar todas las enmiendas presentadas por usted.

Usted ha etiquetado esta ley como innecesaria. Una Ley de Autoridad del Profesorado donde la Consejería de Educación, Señoría, pretende única y exclusivamente -y creo que es importantísimo- blindar a los docentes con algo tan importante y sencillo como es la presunción de veracidad ante posibles casos de conflictos en las aulas; conflictos en las aulas reales, conflictos en las aulas cada vez más numerosos, según las estadísticas que nos aportan los últimos tiempos, y, por lo tanto, conflictos en las aulas que hay que solucionar.

Una ley, la Ley de Autoridad del Profesorado, que hoy se presenta y se debate, que busca que el profesorado goce de respeto y autoridad. Una ley que busca apuntalar el reconocimiento, la importancia, el trabajo y la dignidad que ya tienen de por sí y que se merecen los docentes; docentes que consideramos una parte muy esencial del sistema educativo dentro de los centros educativos, donde el diálogo –y eso no me cabe la menor duda- y la salvaguarda de las libertades son objetivos prioritarios de los mismos.

Señoría, insisto: respeto, autoridad, reconocimiento, importancia, trabajo y dignidad lo tienen los profesores y lo tiene la persona de por sí, nadie... a nadie se le otorga nada por ley, uno se lo tiene que demostrar y creérselo. La ley lo que hace es ayudar y blindar... y, bueno, apuntalar estos propios méritos y estos valores que el profesorado de por sí tiene, como todos los trabajadores, blindar estas circunstancias o estas características mediante la presunción de veracidad.

Pero nunca, nunca, Señoría, hablaremos, por otra parte, en el Partido Popular de la militarización –como usted ha venido defendiendo en las Comisiones, y que hoy lo ha vuelto a decir- del profesorado. Nosotros no pretendemos militarizar a nadie. Señoría, yo soy médico, trabajo en sanidad, y soy autoridad sanitaria, y, por eso, no estoy militarizada. Simplemente, esa ley que me... que me permite ser autoridad sanitaria, lo que me permite es el desarrollo de mis funciones y de mi trabajo cuando hago labores de inspección; lo digo porque prefiero poner ejemplos propios que no ajenos, que a lo mejor no llego a conocer. Hoy, aquí, el Consejero ha dicho que en esta nueva ley pretende devolver el auctoritas potestas a los docentes, insisto, nunca su militarización.

El ejercicio de uno y otro reconocimiento social exige, por supuesto, responsabilidad y capacidad moral para mantener el respeto para... por parte de la ciudadanía, y, en el caso hoy debatido, también de los alumnos.

Señoría, como le decía antes, los datos de acoso en los centros demuestra la urgencia y la necesidad de que la Ley de Autoridad del Profesorado sea aprobada en el día de hoy.

Tenemos que trabajar por un profesor respaldado y protegido, Señoría, profesor respaldado y protegido, pues la realidad es que se han detectado un aumento considerable de casos de presiones, mobbing, acoso y persecución hacia los docentes. Y eso, Señoría, tiene que acabar.

El argumento universal utilizado como excusa de todo lo que está ocurriendo hoy en día es el deterioro de la convivencia dentro de la comunidad escolar, dentro de los centros docentes. La figura del "profesor quemado" tiene que acabar. Es una figura representativa de la escuela desde ya los años ochenta del siglo pasado.

Absentismo laboral, abandono de la docencia y gente con grave deterioro de la salud es el plantel que nos plantea el profesorado de hoy en día de nuestros centros. Y todo ello son diferentes diagnósticos sobre una misma situación que hay que acabar con ellos. Esta nueva ley devolverá la dignidad y la auctoritas potestas al docente.

Señor González, no podemos, no debemos y no vamos a aprobar sus enmiendas. La... el profesorado, en este momento, necesita esta ley, que llevará un desarrollo reglamentario –como le comentaba a su compañero del Grupo Mixto- con posterioridad a su entrada en vigor.

Por lo tanto, no le voy a pedir, porque sé que es... usted es incapaz de flexibilizar sus opiniones, no le voy a pedir ni tan siquiera que lo apoye. Me gustaría que, al menos, se abstuviese, aunque desde aquí ya sé que va a votar en contra, cosa que siento. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene de nuevo la palabra el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Señora... señora Del Canto Benito, gracias por su intervención, la claridad y la sinceridad. Ya lo sabía, pero gracias. Está muy bien.

Incluso en el apartado de la inflexibilidad, porque en algunos momentos uno debe ser inflexible, y además voy a decir algo luego, en mi intervención, que creo que he dicho el otro día en la Comisión, ¿eh? Y soy persona muy flexible, soy casi un junco, pero... [murmullos] ... pero bueno, el junco es flexible pero no rompe. Pues bien, esa es mi postura.

Mire, señora Del Canto Benito, por si acaso yo me he explicado mal –no digo que usted me haya entendido bien-: yo no he dicho que ni los policías ni la Guardia Civil de Tráfico pongan sanciones solamente porque creen que han visto. He dicho que la nueva ley se lo va a permitir hacer, o he querido hacer; con lo cual, estoy retirando que lo hagan.

Pero, por la misma, yo le voy a pedir que retire algo que usted ha dicho. Ha hablado usted de desmotivación del profesorado, de absentismo laboral. Ciertamente, durante los últimos meses hay una gran desmotivación en el electorado, porque considera... perdón, en el electorado... en el profesorado, porque considera... considera que la Administración, que el Partido Popular está atacando los derechos de los ciudadanos escolares y de los ciudadanos profesores. Y está desmotivado porque, realmente, le incrementan el número de alumnos por aula, bajan los recursos, y eso le desmotiva. Pero de ahí al absentismo laboral sí le pido que lo retire, lo del absentismo. Bien.

En cierto momento -y miro al señor Consejero de Educación para ponerle por testigo- nos sentamos en un despacho de la Consejería de Educación personas componentes de la Comisión de Educación, más este Portavoz, que no era de la Comisión de Educación, pero como somos dos fuerzas políticas... que además aclaro aquí algo que ustedes todos conocen, pero parece que no quieren conocer: somos un Grupo, el Mixto, pero dos fuerzas políticas diferentes, y yo ni siquiera planteé a mi compañero de Grupo el presentar la enmienda a la totalidad, porque era conocedor de su postura con este proyecto de ley, entonces, lógicamente, yo no impongo a nadie ni intento imponer a nadie la enmienda a la totalidad. Ni siquiera se lo he planteado. ¿Para qué? Entonces, si no, claro que había enmienda a la totalidad, por supuesto.

Pues bien, en aquel momento, en el despacho de la Consejería de Educación yo advertí al señor Consejero que le pedía que tuviese en cuenta las cargas que iba a traer, de llegar a ley, lo que se nos estaba planteando. ¿Fue así? El tema fue así. Y, ciertamente, yo hubo un momento que llegué a creer... nunca más le pregunté al señor Consejero por el tema, pero llegué a creer que sus técnicos habían estudiado algunas de las cuestiones que yo había planteado o insinuado, sobre las cargas que trae para el profesorado. Porque pasó el tiempo y nunca más supimos del proyecto hasta... hasta cierto momento que ya entra de... ya entra por aquí.

Y al entrar por aquí y al salir por... de esta Cámara, como va a salir hoy, yo planteo al Gobierno de Castilla y León y al Partido Popular y a la Cámara que estaría bien que alguien asumiese aquí el compromiso de elaborar para que sepa todo el profesorado qué obligaciones va a tener a partir del momento que se publique en el Boletín la Ley de Autoridad del Profesorado, obligaciones explícitas y otras implícitas, obligaciones claras y otras no tan claras, para que ningún profesor se llame a andana; que aproveche lo positivo de esta ley –si tiene algo de positivo- y que sepa que le va a traer unas obligaciones.

Entonces, me gustaría que alguien dijese: "Ah, pues José María, dentro de su inflexibilidad, tiene razón; vamos a informar al profesorado por escrito para que no cometa errores y para que no sea José María González el que le hace advertencias, que no sea Izquierda Unidad Castilla y León, sino la Junta, que quiere defender al sector, va a decir estas obligaciones, hasta aquí podéis llegar, y de aquí no debéis pasar". Háganlo ustedes, y contarán con mi apoyo para que lo hagan. Incluso estoy dispuesto a ir a presentarlo con el señor Consejero a cualquier centro educativo.

Y por ir finalizando, antes que la bondad de la señora Presidenta empiece a avisarme cuando me falte un minuto, he de decir que hasta tal punto estamos convencidos en Izquierda Unida de Castilla y León, y estoy convencido de lo que aquí estoy defendiendo, que voy a decir algo que no me han escuchado ustedes en ningún otro proyecto de ley: yo siempre digo: aunque voto en contra, cuando sale de la Cámara, sale de este horno, la ley que sale es mi ley. Y, ciertamente, esta ley tengo la obligación de acatarla, y no le voy a decir a ningún trabajador de enseñanza que no la acate.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Pero, por primera vez, por primera vez, no siento esta ley como mía. Y fíjense ustedes todos los debates que hemos tenido y todas las veces que hemos... he votado en contra, que creo que han sido alguna más de haber votado a favor.

Sinceramente, vamos a hacer un flaco favor todas y todos a quien está esperando medidas positivas para el sector educativo en Castilla y León, que necesita de medidas positivas...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

... de los... después de los infernales 48 meses que lleva. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. A continuación, para un turno de dúplica, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Benito y Benítez de Lugo.

LA SEÑORA BENITO BENÍTEZ DE LUGO:

Señor González Suárez, dos cosas: cuando me refería al absentismo laboral, ¿eh?, me refería a que el profesorado, dada la presión que tiene por el acoso, en este momento, por parte del centro, de los alumnos, porque yo etiquetaría, sin demonizar a nadie –insisto-, sin demonizar a nadie, por parte del colectivo escolar, me refería a que muchos de ellos se ven obligados no a tener absentismo laboral porque no quieren ir a hacer docencia, sino absentismo laboral por bajas por enfermedad, ¿vale? Entonces... ¿que cuánto? Mucho. Sí, Señoría, sí, más de lo que todos creemos.

Pero no es peyorativo, por favor. Si mi concepto y mi defensa del absentismo laboral en el profesorado, es decir, que esta gente no hay derecho a que tenga un absentismo laboral provocado por una presión y por un acoso por parte del colectivo escolar, y que, por lo tanto, nuestra labor en este momento establecer una ley que apoye a ese profesor para que se sienta amparado y apoyado. Por lo tanto, no creo que deba retirar nada.

Sí creo que... bueno, usted, en este momento, ha dicho –que ya me ha parecido un poco rizar el rizo- que esta ley no la siente como suya. Correcto, ¿eh?, porque usted no ha presentado ninguna enmienda constructiva ni que apoye ninguno de los argumentos de esta ley. Más bien, lo único que pretendía es –insisto- hacer una enmienda a la totalidad, que... que bueno, que no ha surgido su efecto, presentándolo mediante 11 enmiendas.

Pero de ahí a que se ponga las medallas de decir que esta ley, en el momento en que se apruebe, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, que nos lo ha otorgado los ciudadanos –dicho sea de paso-, que gracias a esta ley que se va a aprobar, usted no va a decir que no se acata, y que usted la va a acatar. Eso me parece, por parte de un Parlamentario, algo, de verdad, de juzgado de guardia, discúlpeme, ¿eh? Decir que una ley aquí que no la considera suya, puedo admitirlo; pero que usted la acata, pues claro que tendrá que acatar esta ley. Lo siento muy mucho, claro que tendrá que acatar esta ley, ¿vale?

Y, por último, y para finalizar, decir que nos hemos esforzado, y tanto mi compañera de partido como yo –yo, en este caso, porque me ha tocado argumentar y, bueno, debatir con usted-, me he esforzado en motivar y argumentar el porqué del rechazo a sus enmiendas, aspecto que usted creo que no lo ha hecho. Ni ha motivado sus enmiendas cuando las planteó, ni ha motivado ninguna alternativa a la ley que hoy aquí presentamos. Por lo tanto, argumentos, cero.

Y por última cosa... por último decir, sin demonizar al alumnado, pero lo que el Partido Popular no está por la labor es de que el profesor no puede ser un títere ante un mal estudiante. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias, Señoría. Muchas gracias. Ruego a los señores ujieres cierren las puertas. Concluido el debate de las enmiendas parciales que permanecían vivas para su defensa ante el Pleno, procedemos a su votación.

En relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, se ha presentado a esta Presidencia una enmienda transaccional, cuya aceptación a trámite comporta la retirada de la Enmienda número 5 de dicho Grupo Parlamentario.

De conformidad con lo dispuesto en la norma segunda de la Resolución de esta Presidencia de seis de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, la señora Secretaria procede a dar lectura de la enmienda transaccional antes de someterla a votación.

LA SECRETARIA (SEÑORA ALONSO SÁNCHEZ):

Los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Mixto de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el Artículo 119.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León y de la Resolución de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León de seis de marzo de mil... de mil novecientos ochenta y nueve, presentan la siguiente enmienda transaccional al Dictamen elaborado por la Comisión de Educación del Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado, que supone añadir un nuevo apartado 3 al Artículo 2 del Proyecto de Ley citado, del siguiente tenor literal:

"Artículo 2.3: También será de aplicación lo establecido en esta ley para aquellas conductas que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas por la condición profesional del profesorado".

La aceptación de la presente enmienda comporta la retirada de la Enmienda número 5 del Grupo Parlamentario Socialista.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias, señora Secretaria. ¿Algún Grupo Parlamentario solicita la votación de esta enmienda transaccional? Voto... el Grupo Parlamentario Mixto. Votamos, por tanto, la enmienda transaccional presentada. Comienza la votación. Gracias, Señorías.

Votos emitidos: ochenta. Votos a favor: setenta y nueve. Ningún voto en contra. Una abstención. Queda aprobada la enmienda transaccional. Muchas gracias.

Continuamos con la votación de las enmiendas parciales restantes del Grupo Parlamentario Socialista, Enmiendas con los números 1 a 3, 7, 9, 10, 16 a 22, 24, 25 y 27 a 30. Señorías, comienza la votación. Gracias. Votos emitidos: ochenta. Votos a favor: veintiocho. Cincuenta votos en contra. Dos abstenciones. Quedan rechazadas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.

En segundo lugar, procedemos a la votación de la enmienda parcial del Procurador Valderas Alonso. Se trata de la Enmienda número 8. Comienza la votación. Gracias. Votos emitidos: ochenta. Votos a favor: dos. Cincuenta votos en contra. Veintiocho abstenciones. Queda rechazada la enmienda presentada por el Procurador Valderas Alonso.

Seguidamente, procedemos a la votación de las enmiendas parciales del Procurador González Suárez. Se trata de las Enmiendas con números 1 a 11. Votamos, en primer lugar, las Enmiendas 7 y 8. Comienza la votación. Gracias, Señorías. Votos emitidos: ochenta. Votos a favor: veintinueve. Cincuenta votos en contra. Una abstención. Quedan rechazadas las Enmiendas 7 y 8 del Procurador González Suárez.

Votamos las Enmiendas 1 a 6 y 9 a 11 del Procurador González Suárez. Comienza la votación. Gracias, Señorías. Votos emitidos: ochenta. Un voto a favor. Cincuenta votos en contra. Veintinueve abstenciones. Quedan rechazadas las referidas enmiendas presentadas por el Procurador González Suárez.

Votación PL/000021

Señorías, concluida la votación de las enmiendas parciales que permanecían vivas para su defensa ante el Pleno, finalmente procedemos a la votación del Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado, Artículos 1 a 11, Disposición Adicional, Disposición Derogatoria, Disposiciones Finales Primera y Segunda, Exposición de Motivos y Título del Proyecto de Ley. Comienza la votación. Gracias, Señorías. Votos emitidos: ochenta. Cincuenta y un votos a favor. Un voto en contra. Veintiocho abstenciones. Queda aprobada la Ley de Autoridad del Profesorado. Muchas gracias.

Ruego a la señora Secretaria dé lectura al sexto punto del Orden del Día.

Convalidación Decreto-ley 1/2014

LA SECRETARIA (SEÑORA ALONSO SÁNCHEZ):

Gracias, señora Presidenta. Sexto punto del Orden del Día: "Convalidación del Decreto-ley 1/2014, de veintisiete de marzo, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de veintisiete de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, número 62, de treinta y uno de marzo del dos mil catorce".

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. Para la presentación del Decreto-ley 1/2014, tiene la palabra, en representación de la Junta de Castilla y León, el Consejero de la Presidencia, señor De Santiago-Juárez López.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DE LA JUNTA (SEÑOR SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ):

Gracias, Presidenta. Buenas tardes, Señorías. Comparezco para presentar, en el contexto del debate para su convalidación, el Decreto-ley 1/2014, de veintisiete de marzo, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de la entrada en vigor de la Ley Estatal 27/2013, de veintisiete de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Una reforma llamada a tener singular importancia en nuestra Comunidad Autónoma, no en vano contamos con el 27 % de los municipios de nuestra nación, con dos tercios de las entidades locales menores de España y con más de 6.000 núcleos de población distribuidos en 9 provincias.

Pero los Ayuntamientos, Señorías, no son el problema; así lo han demostrado al cerrar dos mil trece con un superávit de cuatro décimas del PIB. Los... los Ayuntamientos –siempre lo dijimos- forman parte de la solución para que nuestra Comunidad siga prestando unos servicios públicos de calidad y en cercanía en un territorio tan amplio como el nuestro. Por eso la Junta de Castilla y León asumió una postura muy crítica respecto a los primeros borradores de reforma que el Ministro... que el Ministerio hizo públicos.

No hemos escatimado el esfuerzo a la hora de defender todos los cambios que estimábamos convenientes y precisos. Así, y cuando todavía estaba en fase de anteproyecto de ley, en marzo de dos mil trece, remitimos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe detallado, completo y respetuoso, pero a la vez firme y muy crítico; informe que conocen Sus Señorías, primero, porque se remitió desde el Gobierno de Castilla y León, y, en segundo lugar, porque fue objeto de debate en la Comisión de la Presidencia.

Esto sirvió, este informe, entre otras cosas, para que el posterior proyecto introdujese mejoras sustanciales, como, en primer lugar, la sustitución del coste estándar -que tanto nos habría perjudicado- por el coste efectivo; en segundo lugar, la desaparición del concepto de competencias impropias, aunque algunos siguen sin leerse la ley y lo continuarán utilizando de por vida, o, al menos, de por vida política; en tercer lugar, la ampliación de plazos en las Disposiciones Adicionales y Transitorias del proyecto; en cuarto lugar, el reconocimiento del carácter vinculante de los informes de la Comunidad en materia de tutela financiera y de inexistencia de duplicidades; y, en quinto lugar, la eliminación en el texto del anteproyecto de la pérdida de competencias de los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes a favor de las Diputaciones cuando aquellos no cumpliesen o no cumplieran con sus cuentas.

Posteriormente, ya en fase de proyecto, en septiembre de dos mil trece –por primera vez en la historia-, el Gobierno de Castilla y León aprobó un acuerdo en el que concretaba diferentes enmiendas al proyecto de ley, las cuales enviamos a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y el Senado. Fuimos el único Gobierno de una Comunidad Autónoma que planteó a los Grupos Parlamentarios nacionales enmiendas parciales al proyecto, un hecho sin precedentes que sirvió para que su tramitación en el Congreso recogiera mejoras de indudable calado, como el aumento de plazos para la asunción de determinados servicios por parte de las Comunidades Autónomas o la vinculación de la asunción de determinadas funciones en materia educativa a la aprobación de los nuevos modelos de financiación autonómica y de las Haciendas Locales.

Continuamos trabajando para mejorar el proyecto a través de nuestra participación directa en la fase final de su tramitación en el Senado. Esto de nuevo sirvió para que el texto introdujese modificaciones de calado: en primer lugar, la garantía de la personalidad jurídica de las entidades locales menores -les recuerdo que todavía en el Senado no tenían reconocida esa personalidad jurídica, la habían perdido-; en segundo lugar, la ampliación de tres meses a un año del plazo para presentar sus cuentas a las entidades locales menores; o la vinculación de la asunción de funciones en materia de salud y servicios sociales a las reformas de los modelos de financiación autonómica y de las Haciendas Locales, como ya se había conseguido para las funciones en educación en el Congreso.

Así pues, la Junta ha tenido una participación –entiendo- muy activa a lo largo de toda la tramitación de la reforma. Siempre, eso sí, en defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, especialmente de los ciudadanos que viven en el mundo rural y también en defensa del municipalismo.

Pero el destino final de una ley, Señorías, no es aparecer publicada en el Boletín Oficial del Estado, el destino final es ser aplicada y de manera más adecuada posible, pero ser aplicada en la vida real. Por eso la ley, esta y cualquiera, ha de encontrar encaje con el resto de normas que constituyen eso que llamamos "el ordenamiento jurídico"; tiene que ser interpretada por los operadores jurídicos de forma coherente con sus objetivos y principios; y tiene que ser comprendida de manera unívoca para poder ser aplicada de manera cabal. Encaje, interpretación y comprensión son requisitos para la adecuada aplicación de cualquier ley.

Pero estos requisitos no presentan el mismo grado de dificultad en el caso de una norma de naturaleza y contenido simple, o simples, que en el de una ley como la que ha vehiculado a la reforma local, caracterizada por ser extraordinariamente compleja.

Compleja, en primer lugar, porque en un único texto legal se modifican los dos pilares básicos del régimen de las Corporaciones Locales: la Ley de Bases de Régimen Local, de hace treinta años, del año ochenta y cinco, y el texto refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada hace diez años, en dos mil cuatro.

Compleja, en segundo lugar, porque en ella conviven mandatos que son aplicables de forma directa e inmediata junto a otros cuya aplicación resulta diferida, y otros aun condicionados al cumplimiento de ciertas exigencias o a la adopción de ciertas decisiones por parte de las Comunidades Autónomas o por parte del propio Gobierno de la Nación.

Compleja, en tercer lugar, por las muchas normas sectoriales, no solo estatales, sino también autonómicas, que han de ser tenidas en cuenta en relación con los distintos puntos de la reforma estatal.

Y compleja, en cuarto lugar, por factores ajenos a su propia regulación, pero que podían afectar a los operadores jurídicos a la hora de aplicarla. Me refiero a la multitud de ideas y conceptos erróneos acerca del contenido y alcance de la ley que han llegado a calar en la sociedad a lo largo de su debate político. Recordarán Sus Señorías, por ejemplo –como les comentaba anteriormente-, la obsesión de algunos por seguir calificando como competencias impropias funciones atribuidas a las entidades locales por leyes absolutamente eficaces y en vigor, incluso después de que la reforma local aclarase en su redacción, expresamente, que todas las competencias atribuidas por ley son propias, y muy propias.

Por todo lo anterior, y después del esfuerzo que habíamos desplegado durante el proceso de tramitación de la reforma, entendimos que no podíamos en absoluto relajarnos o quedarnos parados una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y no solo por una situación de incertidumbre en las Administraciones Locales en relación con las competencias que debían gestionar, sino, sobre todo, porque esa incertidumbre podría derivar en la aparición de disfuncionalidades en servicios públicos con una transcendencia inmediata y directa sobre los ciudadanos de Castilla y León.

Era preciso, pues, clarificar con la máxima urgencia la forma en que debían ser atendidos los servicios públicos que corresponden gestionar a las Administraciones Locales, garantizando de este modo su continuidad y manteniendo así nuestros modelos en educación, en servicios sociales y en sanidad, que sin duda son modelos ..... y en donde la participación de las entidades locales es imprescindible.

Como saben Sus Señorías, el Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad nos ofrecía, nos ofrece, en su Artículo 25.4, la posibilidad de utilizar la vía del decreto-ley, y así lo hicimos en el Consejo de Gobierno del pasado veintisiete de marzo aprobando la norma cuya convalidación hoy estamos planteando. Con este decreto-ley, el Gobierno de Castilla y León ha optado por hacer una lectura constitucional, estatutaria y, en consecuencia, municipalista de la ley estatal, y ello con los siguientes objetivos: en primer lugar, clarificar el régimen legal competencial de las entidades locales; en segundo lugar, evitar resultados indeseables o disfuncionalidades en el funcionamiento de los servicios públicos, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos; en tercer lugar, no incrementar el coste para las Administraciones Públicas en la financiación de los servicios públicos; en cuarto lugar, evitar vacíos competenciales en todas las materias, pero especialmente, y sobre todo, en educación, sanidad y servicios sociales; en quinto lugar, evitar, así mismo, duplicidades indeseables en la prestación de los servicios públicos; en sexto lugar, poner al servicio de las entidades locales una herramienta legal dirigida a facilitar su gestión; en séptimo lugar, dar contenido y continuidad a los importantes servicios públicos que prestan las entidades locales; y en octavo lugar, garantizar la continuidad de los empleos asociados a tales servicios públicos. Unos servicios públicos que se caracterizan, precisamente, por ser intensivos en capital humano, y con mayor intensidad aún cuando su despliegue se produce en nuestro extenso medio rural.

Hacer esta lectura constitucional, estatutaria y municipalista de la reforma estatal nos parecía, en primer lugar, de sentido común. Es, además, coherente con nuestra trayectoria de participación en la elaboración de la ley estatal, que siempre fue de compartir sus objetivos básicos y de argumentación constructiva en nuestra crítica. Y sitúa la cuestión en los que, a nuestro juicio, son sus justos términos: no un hipotético conflicto con la Constitución, sino dificultades objetivas asociadas a una norma compleja, cuya correcta aplicación por parte de nuestras numerosísimas entidades locales requería de la máxima certidumbre y homogeneidad en su interpretación.

En este sentido, Señorías, el pasado... el paso que dio el otro día el Gobierno de Castilla y León con la aprobación de este decreto-ley estoy seguro que será seguido por la mayoría de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, independientemente de que hayan apoyado o no otras iniciativas jurídicas. Eso sí, será seguido siempre que quiera garantizar los importantes servicios de proximidad que prestan los Ayuntamientos.

En esta lectura constitucional, estatutaria y municipalista de la ley estatal, partimos de la base de que no existe en la Constitución Española ningún precepto que, de manera expresa, regule las competencias locales. Es, y ha sido, el Tribunal Constitucional el que ha ido perfilando el modelo competencial a través de distintas sentencias; entre ellas, resulta especialmente digna de mención la Sentencia 214 del año ochenta y nueve, de veintiuno de diciembre, pues contradice de manera frontal una interpretación errónea de la ley estatal, que es la que presupone que las competencias que en ella se consignan son las máximas que pueden ser asumidas por las entidades locales. Dicha sentencia determina con rotundidad que lo que corresponde al Estado no es fijar los máximos, sino garantizar los mínimos competenciales que otorgan contenido y efectividad a la autonomía local.

Más allá de estos mínimos, el sistema competencial de las entidades locales se organiza en torno a dos tipos de competencias: las propias y las atribuidas por delegación. Las propias incluyen todas las atribuidas por normas con rango de ley; esto es: las fijadas como mínimas en la reforma local, en el Artículo 25, más todas las recogidas en leyes sectoriales, tanto estatales como autonómicas. En el segundo tipo, en las delegadas, están las... la atribución que tiene lugar por los mecanismos propios de la delegación competencial.

Además, Señoría, la ley permite a las entidades locales ejercer un tercer tipo de competencias distintas a las anteriores, ni propias ni atribuidas por delegación; competencias que denominamos "complementarias", que exigen ciertos requisitos adicionales y que todo el mundo conoce como las recogidas en el 7.4 de la reforma local estatal.

Este esquema legal, con tres tipos de competencias locales (propias, atribuidas por delegación y complementarias), conviene que lo tengamos presente a la hora de abordar, como paso ahora a hacer, el contenido de nuestro decreto-ley.

La norma se estructura en cinco artículos, y consta, además, de dos disposiciones finales, relativas a su desarrollo reglamentario y a su entrada en viguar... en vigor –perdón-, la cual se produjo, como bien saben, el pasado día uno de abril.

En primer lugar, y siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional antes citada, el decreto-ley determina con toda claridad que las competencias atribuidas a las entidades locales por leyes autonómicas anteriores a la entrada en vigor de la ley estatal se ejercerán por las entidades locales según lo previsto en la norma de atribución y conforme a lo recogido en el Artículo 7.2 de la Ley de Bases de Régimen Local -esto es, en régimen de autonomía-, y bajo la propia responsabilidad, atendiendo, eso sí, siempre a la debida coordinación con las demás Administraciones Públicas.

En segundo lugar, el decreto-ley aborda cuáles son los órganos de la Junta de Castilla y León competente para la emisión de los dos informes vinculantes que exige la ley estatal para que las entidades locales puedan desarrollar competencias complementarias, las del Artículo 7.4. En concreto, estos informes son: uno, acreditativo de que no se pone en peligro la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal; y el otro, de que no existe duplicidad con otra Administración en el ejercicio de una misma actividad sobre los mismos usuarios o beneficiarios. El primero deberá ser emitido por la Consejería de Hacienda y el segundo por la Consejería de la Presidencia, previa consulta al departamento competente por razón de la materia.

En tercer lugar, el decreto-ley precisa cómo debe realizarse la adaptación de los convenios, acuerdos y demás... y demás instrumentos de cooperación económica, suscritos por la Comunidad Autónoma con toda clase de entidades locales, y que afectan a competencias y servicios municipales. Como saben, la reforma local estatal recoge que la adaptación se debe realizar antes del treinta y uno de diciembre de este año. Pues cuando las competencias municipales afectadas sean complementarias, será preciso incorporar al expediente los dos informes a los que hacía referencia anteriormente, el de no duplicidad y el financiero. Cuando las competencias municipales afectadas sean delegadas, será preciso incorporar una cláusula de garantía de pago exigido, que lo... que se recoge en el nuevo Artículo 57... en el 57 bis de la Ley de Bases de Régimen Local, consistente en una autorización a la Administración General del Estado para que, en el caso de incumplimiento de las obligaciones financieras derivada del convenio o del acuerdo, aplique retenciones en las trasferencias que correspondan a la Comunidad Autónoma por aplicación de su sistema de financiación –es decir, que nos haga una quita en las entregas a cuenta-. Como es lógico, la incorporación a un convenio de dicha cláusula de garantía exige el previo informe de la Consejería de Hacienda.

En cuarto lugar, el decreto-ley se detiene en las competencias en materia de educación, salud y servicios sociales. Lo que recoge es que las competencias, todavía propias, de los municipios, que un día pasarán a ser asumidas por la Comunidad Autónoma, conforme a lo dispuesto en las Disposiciones Adicional Decimoquinta y Transitoria Primera, Segunda y Tercera de la ley estatal, debe continuar siendo ejercida por los municipios, en tanto no hayan sido asumidas por parte de la Comunidad; y esto no se producirá hasta que se reformen las leyes de financiación autonómica y la de las Hacienda Locales.

Por último, el decreto-ley determina que el traspaso a la Comunidad de los medios económicos, materiales, personales, vinculados a las citadas competencias locales, se articulará conforme a los criterios que determine reglamentariamente el Gobierno de Castilla y León, la Junta, en el marco de la normativa básica estatal y de lo que dispongan las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales.

Este es, Señorías –y voy terminando-, el contenido del decreto-ley, cuya convalidación se plantea y para el que pido su voto favorable.

Por otro lado –y termino-, el hecho de que determinados mandatos de la reforma local sean directamente aplicables desde el momento de su entrada en vigor nos ha aconsejado dictar –estoy seguro que lo conocen Sus Señorías- una circular con objeto de ofrecer a las entidades locales de Castilla y León unos criterios interpretativos...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Consejero.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DE LA JUNTA (SEÑOR SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ):

... y aplicativos armónicos y homogéneos sobre la incidencia que algunas de las cuestiones planteadas por la nueva regulación estatal puede tener en su quehacer cotidiano. Dicha circular fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado día dos de abril, coincidiendo con la entrada en vigor del decreto-ley.

Entiendo, Señorías, que con estas actuaciones ofrecemos a nuestras numerosísimas entidades locales unas herramientas que -estoy convencido- van a permitir solventar las múltiples cuestiones que puede plantear la reforma local estatal en el funcionamiento ordinario de cualquier entidad, garantizando así la calidad, la cercanía y el buen funcionamiento de unos servicios públicos que se encuentran entre los más valorados por los ciudadanos. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias, Consejero. Para comenzar con los turnos sobre la convalidación del Decreto-ley 1/2014, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ramos Antón.

EL SEÑOR RAMOS ANTÓN:

Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, buenas tardes. Vamos a ver cómo hacemos digerible este debate a estas horas. Cuando se pone una solución donde no hay un problema, se suele crear un problema más grave, y este es el caso de la reforma local del Partido Popular. En el ámbito de lo público, el lema del Gobierno es acabar con lo que funciona bien y no arreglar lo que funciona mal; lo vemos en la sanidad, lo vemos... [aplausos] ... en la educación, lo vemos en los servicios sociales, en algunos aspectos del modelo energético que nos afectan gravemente, y, en ese caso... en este caso, en la ordenación del régimen local.

El Gobierno del Partido Popular ha creado un problema muy grave... muy grave con la reforma local aplicando principios ideológicos de baratillo a prestaciones de servicios públicos esenciales para la ciudadanía. Estos dos principios son los siguientes: primero, una Administración, una competencia -o que cada uno esté a lo suyo y de espaldas a los demás-; y en segundo, las economías de escala como garantía de eficiencia, como si la deuda municipal no se concentrase precisamente en los cinco Ayuntamientos más grandes del país.

Veamos, el principio de una Administración, una competencia es un sofisma, un eslogan que parece de sentido común, del que, sin embargo, no se conocen ejemplos en un nivel de gobierno sin capacidad legislativa como el de la Administración Local. Pero es que, además, es un principio de la máxima inoportunidad política. La Administración Local es el nivel de gobierno que ha producido más cohesión social y mayor articulación territorial en el Estado de las Autonomías. Los Ayuntamientos bajan de las musas al teatro a las Comunidades Autónomas, porque la esencia de la política de proximidad es precisamente poner el principio de necesidad por delante del principio de identidad.

Los Ayuntamientos siempre han estado en lo que nos une, que es la responsabilidad de dar respuesta pública a las necesidades y demandas sociales relacionadas con la vida cotidiana, con lo común, y eso no ha ocurrido siempre con las Comunidades Autónomas. La ciudadanía cree estos días que nos sobra autogobierno y exigen, precisamente, más cogobierno para dar respuesta a la pobreza y a las desigualdades sociales crecientes, para recuperar los servicios públicos del estado de bienestar que hemos perdido, para crear empleo digno y futuro que merezca la pena vivirse.

El otro pilar básico de la reforma, el de las economías de escala, aplicado precisamente a la Administración Local, parece una contradicción en sus propios términos, puesto que la esencia del Gobierno local no es su dimensión, sino, precisamente, su proximidad. Y su fuente de eficiencia es precisamente esa proximidad, porque en las economías de escala siempre están las soluciones más baratas para los problemas locales, que nunca son completamente nuevos en ningún territorio.

Esta es la reforma local que el Grupo Parlamentario Popular defendió en el pasado Pleno. Una reforma que crea incertidumbre en el nivel más frágil de Gobierno; la que pone en riesgo la garantía y continuidad de los servicios públicos locales de bienestar, como reconoce el propio decreto-ley que ahora debatimos; la que supone una amenaza para los colectivos, las familias y las personas más débiles de la sociedad y los territorios más precarios, como es el caso del medio rural.

Señorías, ayer, la reforma local del Gobierno del PP era el paradigma de la perfección, que iba a resolver todos los problemas de los Ayuntamientos, que no querían más competencias, sino más financiación; así acabó usted su intervención, señor Sanz Vitorio, avalado en su experiencia de Alcalde. [Murmullos]. Pues bien, hoy estamos debatiendo un decreto-ley que restituye a los Ayuntamientos precisamente no su financiación, sino su espacio político, sus competencias. Hoy, la Junta de Castilla y León le está llevando directamente la contraria al Grupo Parlamentario Popular. [Aplausos].

Doy por hecho que el Grupo Parlamentario Popular y el señor Sanz Vitorio, como yo, no conocíamos que este decreto-ley estaba ya en el horno cuando debatíamos nuestra propuesta de recurso de inconstitucionalidad, porque, de otra manera, no entiendo su defensa cerrada -pero sin convicción, eso es verdad- de la reforma local, cuando hoy estamos debatiendo aquí un decreto-ley de la Junta que es –en mi opinión- la otra cara de la misma moneda de aquel recurso de inconstitucionalidad que nosotros proponíamos, al menos en materia competencial. [Aplausos].

Veamos, nosotros decíamos: la reforma local es inconstitucional porque nos impide disponer de nuestras competencias exclusivas, y, en segundo lugar, porque despoja a los Ayuntamientos de las suyas, hasta hacerlos inconstitucionalmente irreconocibles, tal como advertía de inconstitucionalidad el Consejo de Estado.

Bien, el decreto-ley dice "hagamos como si". Hagamos como si esta ley fuera incons... fuera constitucional; hagamos como si respetara el Estatuto de Autonomía; hagamos como si fuera una ley municipalista, y reafirmemos a los Ayuntamientos en las competencias que les ha atribuido en el pasado la legislación sectorial de la Comunidad Autónoma. Así, de paso, la Junta no tiene que hacerse responsable ni jurídica ni política ni económicamente de los servicios públicos locales que la reforma local deja a sus pies. Yo creo que este es el asunto.

Mire, hasta tres o cuatro veces repetía textualmente la nota de prensa lo que hoy ha repetido el Consejero tres veces en su discurso: "La Junta ha hecho una lectura constitucional, estatutaria y municipalista de la reforma local". El señor Consejero, mejor que nadie, puede calificar este mecanismo de proyección.

Desde el primer momento, los socialistas reconocimos en este decreto-ley un instrumento de reducción de daños, esto es cierto. Y, por tanto, el reconocimiento expreso de la Junta de los perjuicios que la reforma local causa a la ciudadanía cuando pone en riesgo los servicios públicos locales de bienestar.

Señorías, nosotros creemos que el decreto-ley le hace un roto importante a la reforma. Tiene la virtud de estar entre los primeros instrumentos autonómicos, como ha señalado el Consejero, que la interpretan conteniendo daños y eludiendo, al mismo tiempo, las responsabilidades políticas que la reforma imputaba a unas Comunidades Autónomas sin recursos para asumir nuevos servicios, cuando no saben cómo recortar los propios con menos daño social y electoral.

Pero, precisamente, por ser el primero, este decreto-ley no... en nuestra opinión, no apura toda nuestra capacidad de defensa y de confrontación jurídica con esta nefasta reforma. A este decreto-ley y al proyecto de ley de Galicia se han unido las circulares, que ya conocemos, del País Vasco, de Canarias, de Madrid –no sabemos si habrá alguna más en estos momentos-. Y, sin ninguna duda –en este sentido estoy de acuerdo con el Consejero-, todas las Comunidades Autónomas, una tras otra, van a ir diciéndole al Gobierno que es imposible lo que es imposible, y que si no pueden hacerse cargo de lo suyo, mal pueden asumir lo que venían haciendo los Ayuntamientos, ni por razones económicas de contención del déficit, ni por razones políticas, en un contexto preelectoral de la máxima incertidumbre.

Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista propondrá la tramitación posterior como proyecto de ley, para agotar nuestros recursos jurídicos contra la reforma local del Gobierno del Partido Popular.

Porque hay que afinar mucho el tratamiento que le damos a los servicios sociales municipales. Porque hay que darle una salida clara y estable a las escuelas infantiles municipales, en un sistema único de gestión con las de la Junta, por supuesto, en el ámbito educativo. Porque hay que acabar con la incertidumbre de los Ayuntamientos para intervenir en la economía, en la innovación y en el empleo en sus propios territorios, con el liderazgo que les corresponde. Porque hay que salvar a los Ayuntamientos del medio rural del desapoderamiento intensivo, a favor de las Diputaciones, que promueve esta reforma, y a las entidades locales menores de la muerte civil que le sigue amenazando, a pesar del aplazamiento que consiguió en su día, en su opinión, el Consejero.

Señorías del Partido Popular, reconozcan en esta tribuna la chapuza, los daños y la mala intención de la reforma local, respecto al modelo territorial y al modelo social del Estado, como hace la Junta con el decreto-ley. Un decreto-ley que nos vale como dispositivo de urgencia para reducir daños en los servicios públicos locales de bienestar... de bienestar, que ya se vienen produciendo desde antes de aprobada esta reforma. Pero estamos obligados a ir, en este tema, tan lejos como nos sea posible, y aún más, por razones de identidad municipalista, pero, sobre todo, por razones de necesidad social.

Hoy mismo conocíamos un informe, cuya fuente ustedes han acreditado con reiteración en esta Cámara, de la Asociación de Gerentes y Directores, los compañeros de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, que advierten de que 3.000.000 de personas corren el riesgo de dejar de ser atendidos por los servicios sociales municipales como consecuencia de esta reforma en el conjunto del país.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la... –perdón- el Grupo Parlamentario Popular –doy por hecho-, y el Grupo Parlamentario Socialista también, va a apoyar... [aplausos] ... la convalidación de este decreto-ley, porque no podemos permitirnos que entre esos 3.000.000 de personas haya ni un solo ciudadano de Castilla y León. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría. A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Señorías, la Junta ha tratado, con este decreto que hoy convalidamos, salvar la cara –y no está mal- ante los miles de ciudadanos que tiene al frente de municipios de esta Comunidad, que están dando la cara para solucionar problemas de ciudadanos de esta Comunidad desde su responsabilidad en municipios; y lo hace buscando con este decreto de medidas urgentes convencer también a la población de que los servicios públicos en Castilla y León van a tener una continuidad garantizada, cosa que nosotros ciertamente dudamos, una vez que ha entrado en vigor la Ley estatal 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

En ambos textos legislativos –el del Gobierno de Rajoy, y en este decreto que hoy se va a convalidar- flota no la sombra, sino flota con claridad la amenaza del Artículo 135 de la Constitución, que en el neolenguaje del Partido Popular se traduce por racionalidad y sostenibilidad financiera. Es decir, que lo que estamos hablando es, de una parte, recortes de derechos, recortes de servicios públicos para los castellano y leoneses, y, de otra, cómo desde la Junta se intenta modular, cómo desde quien gobierna en esta Comunidad se intenta modular.

Por supuesto que el Grupo Mixto –Izquierda Unida de Castilla y León y la UPL- defienden la forma de presentar que... que ha tenido la Junta... la forma de presentar a la brutal Ley 27/2013 este decreto; la forma de presentar oposición a la Ley 27/2013, que así entendemos este decreto; y subrayo lo de defender la forma, porque en lo que atañe al fondo ciertamente tenemos discrepancias con el decreto, diversas, que yo voy a intentar clarificar.

Para empezar, pido desde aquí –lo pediré después en nombre del Grupo Mixto- que lo veamos, que lo debatamos en esta Cámara en su momento como proyecto de ley, para debatir, pero sobre todo para mejorar, entre todos los Grupos de la Cámara este decreto que hoy se convalida, y que mejorarle significa seguir haciendo defensa del municipalismo real en Castilla y León; que mejorarle significa poner pie en pared ante los desmanes que se derivan de la aplicación de la mal conocida Ley Montoro; digo mal conocida Ley Montoro porque, en realidad, es una ley del Partido Popular, del Gobierno que preside el señor Rajoy.

También debería regir en los objetivos de este decreto, en vez de la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad social, pues este último concepto es el más urgente para los ciudadanos de Castilla y León. Echamos en falta en el decreto una mención expresa al principio de suficiencia financiera, que permitiría profundizar en el proceso de descentralización marcado por el... por la reforma de nuestro Estatuto –el Estatuto en vigor, el Estatuto de Castilla y León- y con el que poder financiar dignamente las competencias que se tienen y que aquí se dejan.

En la exposición de motivos del decreto, con respecto a las entidades locales, lo único que queda claro es que se retrasa para después de las elecciones municipales y autonómicas la decisión de mantener o no los servicios públicos esenciales en estas entidades; es decir, se busca ganar tiempo, y no es malo; sobre todo, no es malo cuando alguno tenemos en mente gobernar en esta Comunidad dentro de muy poco tiempo, cuando pasen esas elecciones municipales y autonómicas futuras.

En el Artículo 1 garantiza algo que el propio Gobierno Central no se ha atrevido todavía a poner en ejecución -no se ha atrevido todavía-, es decir, garantiza las competencias que ya tenían atribuidas los entes locales, manteniéndolas; pero, en realidad, según está, no es ningún regalo, porque la ley estatal puede originar un caos ingobernable en nuestra Comunidad, en Castilla y León, con lo cual esperamos que, si somos capaces de que lo veamos como proyecto de ley, profundicemos para evitar ese caos en esta Comunidad.

La prerrogativa de la Junta prevista en el Artículo 2, que se... es decir, la asunción de la emisión de un informe que permita a un Ayuntamiento prestar un servicio nuevo, implica dos ambivalencias: por una parte, sinceramente, preferimos que sea la Junta a que sea el Gobierno Central el que tome la decisión; pero, por otra, hay un riesgo, y el riesgo es de que la Junta decida, en su momento, prohibir a un Ayuntamiento que sí tenga capacidad financiera, que tenga capacidad de... que tenga financiación suficiente... pueda impedirle, mediante un informe negativo, la asunción.

No estamos de acuerdo con la propuesta financiera acerca de convenios, acuerdos y medidas semejantes que aparece en el Artículo 3; y no estamos de acuerdo porque no estamos de acuerdo cómo se estaba realizando hasta este momento, porque nosotros defendemos el modelo más habitual en Europa, que es el de la participación de los Ayuntamientos en la política... en la política tributaria, lo que haría realmente a los Ayuntamientos de Castilla y León y del resto del país que tuviesen la autonomía financiera y la estabilidad financiera que tienen Ayuntamientos de Centroeuropa, de al norte de los Pirineos, sin tener que estar dependiendo ni de subvenciones, ni de ayudas, ni de caracteres finalistas.

La argumentación del Artículo 4, en materia de competencias en educación, salud y servicios sociales, es casi de Perogrullo. El problema es que esas competencias debieran ser dotadas financieramente para cumplirse. Si el Gobierno del señor Rajoy ha asfixiado a las Haciendas Locales, difícilmente podrán los Ayuntamientos mantener estas competencias, que nosotros defendemos que las siga teniendo, tal como el decreto dice.

Lo mismo sucede con el Artículo 5, que lleva a calendas griegas el espinoso tema de la financiación para el traspaso de los medios materiales y personales en los sectores de los que estábamos hablando (en los sectores de la educación, la salud, los servicios sociales), ya que todo dependerá de un futuro reglamento, y ya sabemos -tenemos experiencia aquí en esta Cámara- lo que tardan en aparecer los reglamentos en la legislación de Castilla y León, de la Comunidad de Castilla y León. Y si tarda mucho en aparecer, igual son innecesarios por inanición de los municipios de nuestra Comunidad.

Finalizar diciendo que sería positivo, porque, aunque fuésemos a debatirlo como proyecto de ley -como pedimos-, lleva unos plazos y unos tiempos, y no digo a mí, a nosotros, tanto al compañero de UPL como a mí, de Izquierda Unida de Castilla y León, ya se han dirigido algunos munícipes, y no siempre de nuestras fuerzas políticas, ante la dificultad de entendimiento del decreto, la dificultad de entendimiento del decreto; y la dificultad de entendimiento del decreto en relación a la posterior comunicación surgida desde Hacienda. Con lo cual, sí sería bueno un esfuerzo explicativo al respecto, por quien tiene capacidad y autoridad para hacerlo.

Finalizo diciendo que, con la flexibilidad del junco que me caracteriza, desde el Grupo Mixto nos vamos a abstener ante la convalidación de este decreto, con el ánimo de ser copartícipes de una ley que salga con posterioridad, a partir de que se acepte ser debatido como proyecto de ley. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias, Señoría. A continuación, y para un turno a favor de la convalidación del Decreto-ley 1/2014, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Sanz Vitorio.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías. Señor Ramos, mire usted, cuando... cuando se falla un penalti, se falla el penalti. Es imposible tratar de meter el penalti en la repetición, ya se ha fallado, eso no es posible. Y cuando acaba el partido, el resultado es el que es. Uno puede tratar de negar el resultado del partido, pero, al final, eso no se puede cambiar. Y yo creo que es usted un poco lo que le ha pasado... lo que le ha pasado hoy.

Porque... si yo le entiendo, pero, mire, es verdad que es un texto pendiente de su última revisión, dice el señor Ramos, no yo, el señor Ramos: "Señor Herrera, esto no es un problema de financiación, no se engañe". Lo dijo usted, yo dije que sí era un problema de financiación. No es un problema de competencia, es un problema de tener capacidad para financiar las competencias. Eso es lo que ocurrió.

Pero yo le reconozco que hoy usted aquí, al que le agradezco además el tono –y voy a tratar de mantener el mismo tono, más allá de la discrepancia en el fondo-, lo tenía complicado. Lo tenía complicado porque era hablar sobre un decreto de ley sobre el que usted no quería hablar, porque se sigue empeñando en seguir hablando de lo que ya hemos hablado, pero además tiene el problema de que tenía que mantener la postura de su Grupo en relación al decreto-ley, teniendo en cuenta que tenía que poner de manifiesto lo que usted piensa, tenía que no contrariar demasiado lo que algunos de ustedes piensan, y, además, que eso no entrara en demasiada contradicción con lo que piensan otros. Yo comprendo que conjugar esas tres posiciones, para usted, no debía ser nada fácil.

Mire, ya hace 15 días debatimos sobre la oportunidad o no de la presentación de un recurso de constitucionalidad en relación a esta ley, y digo debatimos sobre la oportunidad, porque ni se presentó ni se ha presentado ningún informe que motiven aquello. Es verdad que se vertieron por su parte, al igual que hoy, absolutamente, de manera respetable, educada, correcta, posiciones políticas en relación a una ley. Y yo respeto, aunque no comparto. Y nosotros rechazamos, en coherencia con lo que habíamos hecho también en relación a la presentación de ese recurso por parte... por parte de la Junta. Fuimos coherentes en su momento y seguimos siendo coherentes ahora, con lo que se ha hecho seguimos siendo coherentes.

Mire, Señoría, realmente, después de la detalladísima exposición que ha hecho el Consejero, he tenido la tentación de subir aquí y decir "el Grupo Parlamentario Popular reitera todas y cada una de las palabras manifestadas por el señor Consejero", y hubiera sido... [murmullos] ... hubiera sido seguramente suficiente. Pero, dada su intervención, lo cierto... lo cierto es que, Señoría, independientemente de la valoración política que a usted le merezca la ley, independientemente de la valoración y de la opinión que sobre la Ley de racionalización tenga su Grupo y su partido, independientemente de las consecuencias que se deriven de la presentación del recurso de constitucionalidad que ha sido presentado... los recursos que han sido presentados -pero voy más lejos-, independientemente de que la resolución del Alto Tribunal les diera la razón en alguna parte y fuera parcialmente inconstitucional, independientemente de todo eso, lo cierto es que esta ley está en vigor, y esta ley extiende su eficacia con todas las consecuencias desde el momento de su entrada en vigor. Y, por lo tanto, es necesario ser consciente de ello. Y, además, con alguna peculiaridad que también aquí se ha dicho. Hay previsiones contempladas en la ley que tienen una inmediata aplicación, hay previsiones que es verdad que son diferidas; pero también hay previsiones de la propia ley que obligan a que las Comunidades Autónomas, que obligan a que la Junta de Castilla y León tenga que adoptar algunas medidas.

Una ley, Señoría, tan compleja como esta aconseja clarificar, cuanto menos, cuáles son... cuanto menos, cuáles son los criterios homogéneos de interpretación de la misma. Por parte, sobre todo, de quienes son los principales actores de la aplicación de esta ley (Concejales, Alcaldes y el conjunto de los empleados públicos de la Administración Local). Actores que, desde la entrada en vigor, se preguntan... –y usted lo sabe igual que yo- se preguntan: ¿qué ocurre con aquellas competencias que veníamos desempeñando antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, con aquellas competencias que tenemos encomendadas... teníamos encomendadas, desde el punto de vista de leyes sectoriales, de las Comunidades Autónomas?; ¿qué ocurre con aquellas competencias que pudiéramos querer realizar, que no están contempladas específicamente y que, por razones de circunstancias especiales de un municipio en concreto, queremos realizar, y que la ley prevé que es necesario la emisión de informes?; ¿qué ocurre con los convenios, con los acuerdos, con los demás instrumentos de colaboración, Señoría? Esto se lo preguntan los Alcaldes. ¿Qué ocurre –y eso también se lo preguntan los ciudadanos- con aquellas competencias especialmente sensibles, y especialmente sensibles en el medio rural, en las que parcialmente las entidades locales tienen también competencias, como la sanidad, la educación o los servicios sociales? Bien, a todas y cada una de estas respuestas que se hacen los principales actores da respuesta este decreto-ley.

Por lo tanto, supone, en primer lugar, un ejercicio de responsabilidad por parte de la Junta de Castilla y León, que tiene que, en el ámbito de sus obligaciones, garantizar la continuidad de la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. Clarifica y fija el ámbito competencial, el nuevo escenario, lo cual, sin duda, tranquiliza al conjunto de los Alcaldes, Concejales y empleados públicos. Permite a la Junta y a esta Cámara seguir avanzando en el desarrollo de nuestra Ley de Ordenación de Servicios y Gobierno del Territorio, en cuestiones tan importantes como la determinación de un catálogo común y homogéneo para desempeñar prestaciones por parte del instrumento que es la piedra angular del desarrollo de nuestra ley, como son las mancomunidades de interés general. Define, también, como contempla la propia ley, quiénes son los órganos de la propia Junta que tienen que emitir los informes que evitan, garanticen, no la prohibición, señor González, sino evita saber si se producen duplicidades o no y se garantiza la sostenibilidad de la Hacienda Municipal. Y, Señorías, por último, este decreto-ley, la Junta, se vuelve a anticipar; se anticipó incluso desde su previsión política expresa con la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio. Se vuelve a anticipar con la herramienta que permite no solamente aplicar la Ley de Racionalidad sino que, además, permite asegurar la continuidad de la prestación de los servicios... de los servicios públicos.

Señorías, no tengan ninguna duda, no solamente todas las Comunidades van a tener que hacerlo; yo estoy seguro que este decreto va a ser referente y referencia para muchas Comunidades Autónomas. Es necesario, Señorías, por lo tanto –y yo creo que en eso coincidiremos-, que sigamos avanzando, por una parte, en la dotación de instrumentos que permitan a las Entidades Locales, al conjunto de las Entidades Locales, prestar aquellas obligaciones que tienen encomendadas por ley, aquellas obligaciones que consideran las propias entidades locales la oportunidad de la prestación, desde la garantía de la sostenibilidad, como no puede ser de otra manera, y tenemos que seguir avanzando también en la dotación de instrumentos.

Y, para ello, es necesario que sigamos avanzando, que sigamos avanzando en nuestra propia ley en la dotación de instrumentos a las entidades locales que les permitan no solamente seguir garantizando, no solamente seguir garantizando la prestación de esos servicios públicos, sino haciéndolos de una manera eficaz, de una manera eficiente, que sigan contribuyendo, como lo han hecho, especialmente en una Comunidad como la nuestra, a la construcción de la Comunidad de una manera cada vez más cohesionada desde el punto de vista social y desde el punto de vista territorial.

Señorías, de eso es de lo que estamos hablando. Y yo les invito a que se sumen, a que se sumen a esa posición, a que seamos capaces de superar no ya las distintas sensibilidades o diferencias que pueda haber de las posiciones de los distintos Grupos y partidos políticos, le invito a que contribuya, porque, además, usted lo conoce, porque a usted, además, cierto predicamento tiene en esta materia. Sean capaces de superar esas diferentes sensibilidades en su entorno que nos permita seguir aplicando la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio en beneficio de quien tiene que ser los últimos destinatarios de la acción política en todo caso, los ciudadanos de Castilla y León. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias, Señoría. Para comenzar el turno de réplica, tiene de nuevo la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ramos Antón.

EL SEÑOR RAMOS ANTÓN:

Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, señor Sanz Vitorio, voy a tratar de... de atender, uno por uno, todos sus... su requerimiento. Dejo lo de las sensibilidades, como usted, para el final.

Claro, yo he creído que mi papel, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, era hacer un compromiso serio de trabajar en el futuro para mejorar este... este decreto-ley desde una posición crítica, que es la nuestra, que entiendo que el señor Consejero valorará, al menos, en la misma medida que el turno de las alabanzas, que es el que usted ha cubierto aquí, en fin, como ha podido, porque yo también comprendo que es un turno difícil... difícil de sostener.

La financiación, señor Sanz Vitorio. Mire, le voy a explicar cómo viene este asunto, desde mi punto de vista. Mire, la estrategia del Gobierno en materia de financiación local es ir al ajuste, a un ajuste que siempre va a ser ficticio, entre competencias y financiación. El Gobierno les va a decir a los Ayuntamientos: señores, les he recortado competencias, ahora les ajusto y les recorto financiación. Y, ante este tipo de respuestas a las Comunidades Autónomas, el Gobierno les va a decir: ¡ah!, así que ustedes dicen... ¿quieren que los Ayuntamientos sigan desempeñando las mismas competencias que hasta ahora?, pues páguenlas ustedes, señores de las Comunidades Autónomas.

Por lo tanto, en esta materia, en materia de régimen local, nunca el debate es el de un ajuste mecánico entre competencias y financiación, sino el debate es qué parte del presupuesto público estamos dispuestos a que se gestione desde la política de proximidad, y que se gestione con eficacia, y dejar amplia capacidad competencial para que los Ayuntamientos gestionen con autonomía política y respondiendo a las necesidades de sus vecinos esa parte del presupuesto público; ese es el debate. El otro debate del ajuste a lo que nos lleva es a la reducción de la financiación local, como nos va a llevar a la reducción de la financiación autonómica. Si es inevitable.

El segundo aspecto que usted ha abordado, el de la... el del debate sobre la constitucionalidad que abordamos aquí en el... en el Pleno pasado. Nosotros tenemos que seguir hablando de la reforma local porque esto es de lo que trata este asunto. Mire, yo creo que no ha habido ninguna ley que haya suscitado tanta conflictividad ante el... el Tribunal Constitucional como... como esta ley. Nosotros defendemos lo que han defendido 130 Diputados en el... en el Congreso de los Diputados, lo que han defendido 4 Ejecutivos de Comunidades Autónomas, 3 Legislativos y más de 2.000 Ayuntamientos, muchos de ellos del Partido Popular; y tengo aquí algunas declaraciones de Alcaldes y Alcaldesas del Partido Popular que dicen: bueno, yo lo que no quiero es que me digan... No le voy a decir quién; ¿qué más da? No... no como usted... [murmullos] ... que ya sabe usted que en todos los sitios cuecen habas, y usted en... en su casa más... [aplausos] ... porque tienen más Alcaldes. Pues esta Alcaldesa decía: mire, yo soy la Alcaldesa de mi pueblo y he aprobado el... el recurso de inconstitucionalidad porque no quiero que nadie me diga cómo tengo que gobernar en mi pueblo, porque nadie sabe cómo hay que gobernar en mi pueblo más que yo... mejor que yo. Ese es, por lo tanto, nuestro... nuestro debate.

Y ahora el Gobierno, es verdad que de... desde un tercer nivel, yo creo, ¿no?, desde un tercer nivel ha amenazado con llevar al Tribunal Constitucional este decreto-ley que hoy estamos aquí convalidando y el proyecto de ley... el proyecto de ley de Galicia, en caso de que saliera en los términos en que está planteado. Hay declaraciones de altos cargos del Ministerio que dice que van a ver la legalidad, la constitucionalidad... Supongo que eso sea llevarlo al Tribunal Constitucional.

Mire, yo creo que uno de los... uno... uno de los aspectos positivos que valoramos muy positivamente desde el Grupo Parlamentario Socialista de este decreto-ley es que contribuye a incrementar la presión sobre la reforma local, y... y que constituya en sí mismo un... el negativo de un recurso de inconstitucionalidad que ustedes no han tenido la valentía de presentar. Y confiamos también en que el Tribunal Constitucional, ante esta conflictividad, en un nivel de gobierno que es absolutamente fundamental, pues responda con la mayor urgencia posible. Y además, y además, creemos que este decreto-ley y este debate contribuye a que eso sea posible.

Ya termino. Mire, nuestro compromiso con la ciudadanía, con los Ayuntamientos y con la política de proximidad nos lleva a aprobar un decreto-ley de cuidados paliativos, y los cuidados paliativos no se pueden negar... negar a nadie. Pero nosotros lo que queremos es que se convierta en una ley de salud para los Ayuntamientos, para los servicios públicos y el empleo local, y particularmente para los servicios sociales municipales, que suponen el 5 % del producto interior bruto de este país, y también para los Ayuntamientos rurales -un poco olvidados en este decreto-ley, pero ya lo vamos a corregir eso- y las entidades locales menores. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. Para continuar con el turno de réplica, tiene la palabra el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Bien. A pesar de que ciertamente a uno le pide el cuerpo subir aquí y volver a dar argumentos en contra de la Ley Montoro y a favor de... de recursos de inconstitucionalidad, lo que nos trae realmente es hablar del decreto; y, en base a eso, yo hice mi primera intervención, en base al propio decreto.

A mí del decreto yo he de decir que, cuando una exposición de motivos en un decreto ocupa más espacio físico que las disposiciones del decreto, pues me hace leerlo, releerlo y volver a leerlo, y es lo que me ha... me ha pasado, ¿eh?, con este decreto. Una exposición de motivos especialmente amplia, extensa e intensa, lo digo, después de esa relectura. Y al final de la... de la lectura y relectura de la exposición de motivos, yo lo que tenía muy claro es que la Junta de Castilla y León estaba buscando argumentos para no decir... hablar de las maldades de la ley aprobada en Madrid, pero no perjudicar en exceso a los municipios de Castilla y León. Por eso me encantó ver la Sentencia del Tribunal Constitucional 240/89, donde alude al tema de las competencias de los municipios y las competencias mínimas.

Por eso yo en mi intervención aludía al decreto y reivindicaba que, en el futuro, si somos capaces de que entre como proyecto de ley y sea una ley, nos fijemos en cómo responder a las necesidades que tenemos en Castilla y León; cómo, de lo que hoy son artículos de un decreto que yo he criticado desde la disconformidad de las dudas que... que uno tiene ante un decreto, y desde las dudas que uno tiene teniendo en cuenta la ley que está aprobada en Madrid, yo planteo que esto es absolutamente mejorable. Igual que yo he dicho públicamente, no tengo ningún problema en decirlo desde aquí de nuevo, que en el país de los ciegos el tuerto es Presidente de la República, yo he de decir que este no es un decreto que nosotros aprobaríamos de tener mayoría absoluta en el Gobierno, porque iríamos a un decreto que clarificase aún más en qué situación competencial se quedan los municipios, en qué situación financiera para hacer frente a esas competencias se quedan los municipios, en qué situación no van a tener los municipios la espada de Damocles respecto al informe, que es cierto que he dicho lo que dice el señor Sanz Vitorio, pero también he dicho que yo prefería que esa espada de Damocles la tuviese la Junta de Castilla y León, ¿eh?, a que la tuviese quien... quien la pudiese tener más allá.

Lo he dicho, lo mantengo. Pero, claro, es dejar muy en el aire... porque en este momento tenemos situaciones que se han dado en diferentes municipios de esta Comunidad, alguno con suficiencia financiera para hacer frente a una competencia que no es del Ayuntamiento, y otros sin suficiencia financiera; y, al final, en ambos municipios se ha tomado la misma decisión por informe, no el... el informe del que vamos a hablar... estamos hablando, necesario, por parte de la Junta, sino otras decisiones de la Junta que han impedido que un municipio burgalés y un... un municipio leonés pongan en marcha un comedor escolar municipal. Y digo, uno tenía suficiencia financiera y otro no la tiene; de ahí hablar de la... de la espada de Damocles que significa este... este informe, pero que... –insisto- que lo haga la Junta de Castilla y León, que está más cercana, para decirle lo que podemos decirle en caso de que aproveche parcialmente esos informes para aplicar medidas de mayor recorte y medidas de invasión de competencias.

Y, por ir... y, por ir finalizando, espero que, mientras esté el decreto en vigor y no esté la ley, no tengamos que volver a hablar de que la Junta de Castilla y León ha aprovechado el decreto solamente para tapar con una medida propagandística el gran boquete que ha dejado en el municipalismo la Ley... la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría. A continuación, y para un turno de dúplica, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sanz Vitorio.

EL SEÑOR SANZ VITORIO:

Gracias, señora Presidenta. Señorías, muy brevemente ya, muy brevemente. Hombre, señor Ramos, claro, nosotros, evidentemente, hacemos una lectura constitucional de la ley; y, en consecuencia, actuamos. Evidentemente, hacemos una lectura constitucional, ajustada al... al Estatuto y... e incluso introducimos una valoración, que le... le admito que sea una valoración, entendemos que es claramente municipalista. Punto.

Por lo tanto, somos coherentes, somos coherentes con eso que dijimos, y, por lo tanto, ¿eh?, hoy convalidaremos este decreto.

En segundo lugar, diga... diga verdad, ¿eh?, fue la Secretaria General de Cooperación con las Comunidades Autónomas, en un congreso de periodistas económicos, que, ante la pregunta, responde una obviedad: que se cumplirá el procedimiento, como siempre, y se cumplirá la ley. Que ni siquiera lo conocía, ni siquiera lo conocía. Tiene conocimiento allí, y dice: se seguirá el procedimiento de siempre; se lee, se estudia, se analiza y se obra en consecuencia, es decir, se cumple el procedimiento y la ley. A ustedes eso no les... no les entra mucho, pero... pero es como es. O sea, es que nunca es triste la verdad, señor Ramos, lo que no tiene es remedio, ¿eh?, y esta es así.

Hombre, me llama la atención... me llama la atención que, de verdad, insista en el tema de la financiación, y que lo haga un representante del Grupo que alberga a quien hablaba de la financiación, del traje a medida para Castilla y León, sin añadir lo de "traje no, camisa de fuerza". Que lo haga un representante que ha sido incapaz... como le decía ese Alcalde, que no le voy a poner nombre, que usted y yo conocemos, y le di mi palabra ayer que hoy no se le mencionaría, pero me obliga, ¿eh?, cuando dice: "Hemos tenido ocho años para cambiar la Ley Local y la Ley de Haciendas Locales". Les tiene absolutamente sin cuidado, sin cuidado. Por lo tanto, es curioso.

Hombre, me llama la atención que siga insistiendo en la gran capacidad de movilización que han tenido con los Ayuntamientos para firmar la presentación de recursos de inconstitucionalidad: en Castilla y León, 2.248 municipios, 315 han firmado. Solamente... 315 entre los tres, los suyos, más los de UPL, más los de Izquierda Unida. Solamente ustedes... [murmullos] ... cuatro... y alguno del PP. Bueno, solamente ustedes... [aplausos] ... solamente ustedes tenían 416, solamente ustedes tenían 416. Tienen tanta capacidad de movilización, son tan creíbles entre su gente, que les dicen: mire, seguro que llevan razón, pero no nos protejan. Porque ni los suyos, ni siquiera los suyos, lo han respaldado. [Aplausos].

Pero miren, si yo... si yo le comprendo, yo le comprendo, señor Ramos, yo le comprendo. Pero ¿de qué estamos hablando? [Murmullos]. ¿Me quiere decir de qué estamos hablando? Es evidente, una ley compleja, que tiene múltiples afecciones, complicada, de difícil aplicación –claro que sí- necesita de una interpretación en algunos aspectos, y necesita de tranquilidad a quienes son los principales actores de la puesta en funcionamiento de la propia ley.

Pero mire... y eso es lo que se hace con este decreto, del que yo entiendo... si yo entiendo, yo entiendo, señor Ramos; usted y yo sabemos –en alguna ocasión lo hemos hablado- que, en fin, a veces, las cosas son como son. Y no ya lo que le he dicho al principio; probablemente, quien... lo que mejor define esta situación... yo le decía: usted tiene que defender su posición, la posición de parte del Grupo Parlamentario, la posición del partido –no siempre coincidente entre sí, es más, en alguna ocasión claramente contradictoria-; encajar eso -yo le felicito, creo que ha estado brillante, ¿eh?- no es fácil.

Pero mire, mejor que eso: en la última Junta de Portavoces, su representante lo definió mucho mejor. Cuanto estábamos discutiendo sobre los tiempos, sobre turnos en contra, turnos a favor, yo recuerdo que un representante –al que no le pondré nombre- decía aquello de "bueno, realmente, utilizaremos un turno a favor, no sé si para defender una posición en contra, y, en caso de que el Grupo Mixto presente un grupo en... una posición en contra, tal vez la... la utilizaremos también, no sé si para definir una posición a favor". Ese es el problema, señor Ramos... [murmullos] ... es el problema. Felicidades, ¿eh?, porque encajar todo eso tiene su enjundia, y solamente alguien con su habilidad es capaz de hacerlo.

En cualquiera de los casos, les invito a algo: déjense de hacer política pequeña, pequeñita, de la señorita Pepis, estas así, de juguete, ¿eh?; hagan política de verdad, en una ley como esta y en un decreto de tanta trascendencia; y, lo que es más relevante, lo que es más relevante, a partir de mañana, trabajemos juntos en lo que es importante, en el desarrollo de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, que están esperando nuestros Alcaldes -créame, tenemos bastantes más, nos lo dicen-. Y también les tenemos que decir que esperamos de su sentido de la responsabilidad para que así sea. Muchas gracias. [Aplausos].

Votación Convalidación Decreto-ley 1/2014

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señorías. Ruego a los señores ujieres cierren las puertas. Concluido el debate, procedemos a la votación de la convalidación del Decreto-ley 1/2014, de veintisiete de marzo, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de veintisiete de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, número 62, de treinta y uno de marzo de dos mil catorce.

Señorías, los votos afirmativos se entenderán favorables a la convalidación y los votos negativos se entenderán favorables a la derogación. Comienza la votación. Gracias, Señorías.

Votos emitidos: setenta y ocho. Votos a favor: setenta y seis. Ningún voto en contra. Dos abstenciones. Queda convalidado el Decreto-ley 1/2014, de veintisiete de marzo, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de veintisiete de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Convalidado el Decreto-ley, ¿algún Grupo Parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley? Los tres Grupos Parlamentarios lo solicitan.

Votación tramitación Decreto-ley 1/2014 como proyecto de ley

Por tanto, procedemos a someter a votación la solicitud de que el Decreto-ley 1/2014 se tramite como proyecto de ley. Señorías, comienza la votación. Comienza la votación. Gracias.

Votos emitidos: setenta y ocho. Votos a favor: setenta y ocho. El decreto-ley se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, sin que sean admisibles las enmiendas de totalidad de devolución.

Muchas gracias, Señorías. Se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las quince horas cinco minutos].