DS(P) nº 111/8 del 16/7/2014

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Buenos días, Señorías. Señoras y señores, se abre la sesión. Por la señora Secretaria se dará lectura al primer punto del Orden del Día.

Debate de Totalidad PL/000030

LA SECRETARIA (SEÑORA ALONSO SÁNCHEZ):

Gracias, señora Presidenta. Primer punto del Orden del Día: "Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León de dos de mayo del dos mil catorce".

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias. Para la presentación del proyecto de ley, por la Junta de Castilla y León tiene la palabra el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Silván Rodríguez.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (SEÑOR SILVÁN RODRÍGUEZ):

Buenos días, señora Presidenta. Señorías, comparezco ante estas Cortes para presentar el Proyecto de Ley de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. Proyecto de ley de regeneración urbana al servicio de la calidad de vida de los castellanos y leoneses; proyecto de la triple erre: regeneración, rehabilitación y renovación urbana. Una ley... un proyecto de ley para las ciudades y para los ciudadanos de Castilla y León, que, respondiendo a los principios que orientan la política de vivienda y suelo, establece el marco normativo que asegura una eficaz actuación para la recuperación y revitalización de los núcleos urbanos, en los que se concentra casi las tres cuartas partes de la población de Castilla y León, contribuyendo con ello a garantizar tanto la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, incluyendo el contexto urbano (las dotaciones, los servicios y equipamientos necesarios), como a impulsar la actividad y el empleo en el sector de la construcción.

Al elaborar esta ley, partimos de una realidad objetiva: el 51 % de la población vive en las 15 ciudades de más de 20.000 habitantes; otro 21 % vive también en áreas urbanas, núcleos de más de 5.000 habitantes o en el entorno de las capitales; la población urbana crece, desde el año mil novecientos noventa y seis, en torno a un 8 %. Y en las ciudades la mitad de la población vive en barrios construidos entre mediados de los años cincuenta y finales de los años setenta. Es decir, uno de cada cuatro castellanos y leoneses viven en esos barrios, en esos entornos.

Proyecto de ley, Señorías, que centra la atención en la ciudad consolidada, en la ciudad existente, para actuar en los barrios en los que vive más de la mitad de la población urbana, evitando que los espacios más vulnerables entren en un ciclo de deterioro físico y social, y que los convierta en lugares de exclusión, y con el objetivo de que esa atención a la ciudad edificada sea de carácter global, para, más allá de los aspectos estrictamente físicos, seguir avanzando en la cohesión social, la sostenibilidad y la participación ciudadana.

A ello responde el proyecto de ley, a ello responde el Proyecto de Ley de Regeneración Urbana. Texto, Señorías, en cuya elaboración han participado más de 450 instancias públicas y privadas; 252 municipios de más de 5.000 habitantes o situados en las áreas urbanas; las Diputaciones Provinciales; los colegios profesionales; las Cámaras de Propiedad Urbana; las organizaciones económicas y sociales; las universidades; 41 expertos. Aportaciones, todas ellas, en los dos periodos de información y consulta pública al que ha sido sometido el texto, que han contribuido, sin duda alguna, a garantizar un esencial consenso de los agentes implicados en la actividad urbana en torno a una materia en la que confluyen relevantes intereses y que resulta determinante para un sinfín de actuaciones, tanto públicas como privadas.

Un proyecto de ley, Señorías, con un objetivo claro: que la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana sean la estrategia para las ciudades de Castilla y León en el siglo XXI. Para que nuestras ciudades evolucionen hacia el concepto de ciudad sostenible, que, aprovechando lo existente, mejore la calidad de vida de los ciudadanos, es decir, evolucionar hacia una más eficiente gestión de nuestras y en nuestras ciudades.

Por ello, Señorías, la Ley de Regeneración Urbana establece, por un lado, una serie de medidas específicas de rehabilitación, de regeneración, de renovación urbana, y, por otro, medidas orientadas a la sostenibilidad, a la coordinación y a la simplificación administrativa en materia de urbanismo. Medidas que, en su conjunto, conforman un completo régimen jurídico para la gestión de los procesos de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, con normas claras que den seguridad a los operadores, que rebajen las cargas administrativas y partan de la coordinación administrativa como herramienta de gestión.

Todo ello, como no podía ser de otra manera, de forma coherente con la nueva legislación estatal de referencia en la materia -la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, carácter... ley de carácter básico-, mediante la modificación en Castilla y León, fundamentalmente, de la Ley de Urbanismo y, en menor medida, de otras leyes, como la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley del Derecho a la Vivienda.

Así, la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbana se incorporan como objetivos de la actividad urbanística pública, haciéndose su objeto cada vez más ambicioso, en función del tipo de actuación, afectando -de forma muy resumida- a la rehabilitación aislada de edificios las actuaciones de rehabilitación; a la mejora, además de la calidad, accesibilidad y sostenibilidad del medio urbano, las actuaciones de regeneración urbana; y, además, a la renovación y mejora de equipamientos y demás dotaciones urbanísticas, a las actuaciones de renovación urbana. Estableciéndose como objeto preferente de estas actuaciones los denominados "espacios urbanos vulnerables", a los que antes me refería, y que la ley define desde una doble perspectiva: material y social. Vulnerabilidad que puede venir determinada por la degradación del tejido urbano o del patrimonio edificado, o porque un porcentaje mayoritario de la población residente se encuentre en riesgo de exclusión.

Ley –proyecto de ley- que asegura la efectiva ejecución de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, de las acciones dirigidas a resolver los problemas y las necesidades urbanas mediante la obligada cooperación y coordinación de las Administraciones Autonómica y Local y la acreditación de la idoneidad técnica y viabilidad económica de la actuación.

Como decía, Señorías, el Proyecto de Ley de Regeneración Urbana pretende contribuir a la evolución de nuestras ciudades hacia la sostenibilidad; y, en este sentido, se establecen una serie de medidas que tienen como objeto fundamental fomentar el crecimiento compacto de los núcleos de población frente a su extensión discontinua o dispersa, orientando el crecimiento a completar las tramas urbanas existentes y no a crear nuevos núcleos ni a ampliar los existentes que no puedan ser atendidos por las redes de servicios de interés general, optimizando con ello servicios e infraestructuras.

Y, para reforzar el objetivo de sostenibilidad, Señorías, se establecen medidas para la protección del medio ambiente frente al desarrollo urbano, de forma que habrá que asegurarse, por ejemplo, la depuración de aguas residuales o el tratamiento de residuos.

Medidas que favorezcan igualmente la eficiencia energética y el fomento de las energías renovables, con actuaciones tales como la mejora de la envolvente de los edificios o la implantación de sistemas colectivos de calefacción, con el objetivo de reducir el consumo y la factura energética de los edificios y de los ciudadanos.

Medidas que favorezcan la movilidad sostenible, reduciendo las necesidades de desplazamiento y fomentando la implantación, uso y eficiencia del transporte público.

Y medidas para la mejora de la accesibilidad, avanzando en la supresión de barreras arquitectónicas y fomentando la instalación de ascensores o aparcamientos adaptados.

Por último, Señorías, la ley establece una serie de medidas dirigidas a la simplificación de la actividad administrativa; de la actividad administrativa de la actividad urbanística. Medidas que redundan en una gestión urbanística ágil y eficaz, destacando, en este sentido, la declaración responsable, como trámite suficiente... declaración responsable, como trámite suficiente para la ejecución de actuaciones que podríamos considerar menores en el ámbito urbanístico –trámite más sencillo y que agiliza la ejecución-, exigiéndose la licencia solo para los actos más relevantes; y por otro lado, la generalización del procedimiento de firma electrónica y tramitación digital, con el consiguiente ahorro económico y temporal.

En definitiva, Señorías, y a modo de resumen, proyecto de ley que proporciona el marco jurídico adecuado, claro, seguro, con menores cargas administrativas, y coordinado, para avanzar en una gestión urbana eficiente y sostenible, como responsabilidad y compromiso de todos. Ley para atender las necesidades de la población residente en áreas urbanas; de las tres cuartas partes de la población de Castilla y León que vive en los grandes municipios y sus alfoces.

Rehabilitación, regeneración y renovación urbana como estrategia... estrategia básica para resolver las necesidades urbanas inevitables derivadas del paso del tiempo, los cambios demográficos y funcionales y el crecimiento disperso de los últimos años, contribuyendo a mejorar la calidad de vida, a través de la mejora del patrimonio edificado, de los espacios urbanos y de los servicios y dotaciones donde los ciudadanos desarrollan sus actividades prioritarias.

Y, ¿cómo no?, a impulsar el sector de la construcción, que puede encontrar en las actuaciones sobre lo ya construido una oportunidad de actividad y una oportunidad para todos de generar empleo que compense la menor demanda de la nueva construcción.

Regulación específica y detallada de las actuaciones de recuperación urbana, avanzando desde la mera rehabilitación de edificios hasta la más intensa renovación de equipamientos y dotaciones, prestando –y reitero- especial atención a los espacios urbanos vulnerables, para resolver las consecuencias derivadas del deterioro del patrimonio edificado y evitar la exclusión de ámbitos grupos... de amplios grupos de población residentes en los mismos.

Y para todo ello tres instrumentos, tres mecanismos, tres principios que han de regir las actuaciones sobre los entornos urbanos y que esta ley, este proyecto de ley, recoge: sostenibilidad, para una gestión urbana eficiente; simplificación, para una gestión urbana ágil; y coordinación, para asegurar una gestión urbana eficaz.

Proyecto de ley, Señorías, que tiene como objetivo la eficiencia, la agilidad y la eficacia en la gestión urbana al servicio de las ciudades, y muy especialmente de los ciudadanos de Castilla y León. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias, Consejero. Procede, a continuación, el debate de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la devolución a la Junta de Castilla y León del Proyecto de Ley de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. Proyecto publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 399, de dos de mayo de dos mil catorce.

Para la defensa de la enmienda a la totalidad, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Muñoz de la Peña González.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, Presidenta. El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta mañana enmienda a la totalidad a un proyecto de ley de nombre imposible de pronunciar sin respirar, tan farragoso como su propio contenido. Nada tiene que ver el contenido real del articulado con el objetivo fijado por el proyecto de ley en el preámbulo, que dice: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizar el derecho a disfrute de una vivienda digna. Esto, Señorías, se queda en una mera declaración de buenas intenciones. Solo es una máscara para encubrir lo que de verdad se pretende, ya que no regula nada nuevo que no está regulado ya en el marco general del... del Estado.

El objetivo real del proyecto es solo modificar cinco leyes, dos decretos, especialmente la Ley de Urbanismo –que se cambia en más de un tercio de su contenido-: de treinta artículos, se destinan 27 a modificar la Ley de Urbanismo. Es la undécima modificación que tiene, que, desde luego, mejor hubiera sido haber hecho una nueva ley de urbanismo que volver a modificarla.

Esta práctica normativa, que tanto le gusta utilizar al Partido Popular, de regular contenidos que nada tienen que ver con el objeto real de la ley que se pretende, incumple las directrices de técnica normativa, va en perjuicio de la calidad normativa, introduce dispersión, confusión y complejidad, tanto en su... en su comprensión como en su aplicación posterior, por lo que mucho mejor hubiera sido, desde luego, hacer una nueva ley de urbanismo que acometer su undécima modificación.

Un proyecto que solo modifica leyes no tiene sentido que además deje al menos catorce asuntos a... a regulación posterior mediante desarrollo reglamentario, por lo que el proyecto se queda vacío de contenido sustantivos y solo con principios programáticos. Se regulan asuntos que nada tienen que ver con el objeto original del proyecto, que nada tienen que ver con la rehabilitación, regeneración y reordenación urbana. Cuestiones alejadas... alejadas del motivo que inicialmente provocó este proyecto de ley, que, por ejemplo, regula áreas destinadas a actividades productivas, actuaciones en suelo rústico, asentamientos irregulares, protección de la legalidad, colaboración y acreditación de profesionales, objetivos de planeamiento general respecto a necesidades de suelo residencial, dotacional, industrial o de servicios; permite que se califique como suelo urbanizable terrenos de uso industrial, logístico o vinculado a otras actividades productivas; posibilita especulación con el subsuelo público para beneficio privado. Nada de todo esto, Señorías, tiene absolutamente nada que ver con la rehabilitación, regeneración y reordenación urbana.

Si entramos al análisis del contenido del farragoso artículo, es donde descubrimos el verdadero sentido de este proyecto, que es volver al modelo urbanístico del siglo pasado, con unos objetivos meramente recaudatorios y especulativos. Pretende crear e imponer por ley nuevos nichos de negocio para promotores y constructores, no para garantizar una vivienda digna a quien la necesita; pretende generar nuevos beneficios y plusvalías inmobiliarias, que antes estaban en las viviendas de nueva construcción y ahora se buscarán en la rehabilitación, y a costa del bolsillo de todos los ciudadanos. Volver, por lo tanto, a la creación de nuevas burbujas inmobiliarias, pero ahora en rehabilitación, regeneración y reordenación urbana.

Y, Señorías, las políticas para impulsar el sector de la construcción no pueden hacerse a costa del bolsillo de los ciudadanos y a cargo de sus necesidades de vivienda, con la colaboración de la Administración, facilitando legalmente el camino para el negocio de unos pocos, mientras se mira para otro lado con los problemas reales de los ciudadanos. La única garantía que ofrece la Administración son las de inspección y recaudación, pero pasan completamente de los derechos de los ciudadanos, en beneficio de intereses de promotores y constructores. Es perverso, Señorías, y es injusto.

El proyecto de ley esconde futuras injusticias respecto a realojos forzosos, expropiaciones, desalojos, desahucios, ventas forzosas, deber de conservación y pérdida de espacio y equipamiento público.

El proyecto de ley introduce nuevas figuras en la autorización, en el control y comprobación del cumplimiento de la normativa urbanística, que implican un traspaso de competencias y funciones propias de la Administración Pública, y que deberían contar con la garantía, independencia y seguridad que sólo puede ofrecer la Administración a través de los funcionarios públicos.

Se sustituye la licencia urbanística por una declaración responsable, dejando de operar la garantía y control de la Administración. Se establece sin determinar claramente su régimen, su procedimiento y sus efectos. Se aplica en determinados casos, y, en muchos de ellos, sin establecer parámetros para su alcance y utilizando conceptos jurídicos indeterminados.

Equiparar la licencia urbanística con la declaración responsable produce disfunciones; la licencia establece condiciones, plazos y caducidad, y la declaración no, por lo que no se pueden equiparar ni causar nunca los mismos efectos.

Y, acompañando a esta declaración responsable, se exige un nuevo requisito, que solo supone aumentar gastos para los ciudadanos, como es un documento firmado por un técnico competente que certifique que las obras pretendidas son conforme a Derecho. Es decir, habrá que pagar a un particular que certifique que las obras que se pretenden hacer son legales, algo que ahora mismo dicen los Ayuntamientos gratis. Por lo que el ciudadano, además de pagar las correspondientes tasas de licencia de obras, deberá pagar por este nuevo certificado.

Respecto a la acreditación y colaboración con los profesionales, tampoco se determina su régimen, su procedencia y sus efectos, cuando, además, hay un traspaso de competencias propias de la Administración a personas, colectivos y entidades privadas, ya que la Administración podrá encomendar a profesionales la comprobación del cumplimiento de la normativa urbanística en los proyectos para los que se solicite licencia, autorización o se presente declaración responsable. Es una privatización en toda regla de las tareas de inspección, control y elaboración de actas e informes de la Administración, si bien suavizada en su idea privatizadora inicial por los informes en contra emitidos por el CES, los Servicios Jurídicos y el Consultivo, que les obligan a dar marcha atrás ante el planteamiento privatizador inicial, sin embargo, mantienen toda su esencia para hacerlo con posterior desarrollo reglamentario.

La inspección, Señoría, debe contar con la garantía de la Administración, con la independencia de los funcionarios, a los que se les reconoce condición de autoridad. Además, el documento público que se formalice tendrá valor probatorio, y estas medidas no pueden ser, de ninguna forma, privatizadas.

Compartimos los criterios europeos de eficiencia energética y sostenibilidad -pues claro, evidentemente-, pero no como el Partido Popular lo plantea, con obligatoriedad y a costa de quienes no pueden asumirlo. La eficiencia energética y la sostenibilidad no puede aumentar la burocracia, no se puede imponer como una carga nueva para las familias, se consigue con ayudas, colaboración y cofinanciación. En plena crisis, con la economía de las familias al límite, ya se les obliga a pasar la Inspección Técnica de Edificación, que antes era gratis, subvencionada, y ahora con un coste que tienen que asumir y pagar cada propietario. Se obliga a pasar -y pagar, evidentemente- el Certificado de Eficiencia Energética, tanto para venta como alquiler, generando nuevos costes, comisiones, registros y sanciones administrativas. Miles de viviendas de la Comunidad son anteriores al Código Técnico de Edificación, por lo que no cumplen con las prescripciones de eficiencia energética y sostenibilidad, de manera que el Certificado de Eficiencia Energética será negativo y los propietarios se verán obligados a realizar las obras de adaptación. La consecuencia de la ITE, en muchos casos, será negativa y fijará la obligación de reparar y rehabilitar.

Respecto al deber de conservación, la ley estableció... la ley estatal suprimió el límite económico y trasladó la fijación de este límite, que es de competencia exclusiva del Estado, a cada una de las Comunidades Autónomas. Castilla y León fija y determina este límite, pero cada Comunidad Autónoma podrá tener un límite distinto; vamos, un barullo nacional y una chapuza. Castilla y León lo fija en la mitad del valor de reposición al nuevo, pero permite elevarlo al 75 % del coste de reposición de la construcción, lo que puede hacer inviable cualquier actuación rehabilitadora.

Muy preocupante las obligaciones que introduce para los propietarios de inmuebles, creando la responsabilidad y el deber de conservación y su financiación directa y obligatoriamente sobre lo particulares, sobre los propietarios, mediante la orden de ejecución dictadas por los Ayuntamientos, por las que se obliga a realizar las obras y actuaciones previstas de rehabilitación, regeneración y renovación, a realizar obras de accesibilidad, seguridad, salubridad, reducción de contaminación y de consumo de agua y energía, puedan económicamente las familias acometerlas o no, puedan pagarlas o no.

Señoría, la rehabilitación, regeneración y renovación urbana no se puede imponer por ley, no pueden ser obligatorias, perjudica cruelmente a los ciudadanos más necesitados y sin recursos.

Cuando una persona ocupa una vivienda sin rehabilitar es porque no tiene dinero suficiente para afrontar las obras necesarias, y estas no pueden imponerse por ley, cuando las familias no tienen medios suficientes para subsistir, y menos aún si... y menos aún se les pueden imponer obras de eficiencia energética o accesibilidad cuando carecen de recursos económicos o se encuentran en situación de pobreza energética, esto es, no pueden afrontar el pago mensual de la luz o del agua que consumen. Es cruel hablar y exigir eficiencia energética a quienes no pueden pagar el recibo mensual de luz y de agua.

Y no se les puede obligar... y, si no, se les puede obligar por la orden de ejecución, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad para que curse todos los efectos legales oportunos, y su incumplimiento para el deber de conservación conllevará ejecución subsidiaria o multas coercitivas mensuales de hasta diez meses seguidos.

El no cumplimiento de la orden de ejecución para rehabilitar permitirá a la Administración aplicar la venta forzosa o sustitución forzosa, esto es, la expropiación de una vivienda o de un inmueble. De forma que, puedas pagar o no, te obligarán a realizar las obras de rehabilitación, y, si no las haces, puedes llegar a perder tu casa. Esto generará un nuevo proceso de desahucios cuando un propietario no pueda pagar las obras de rehabilitación. Está claro que en este proyecto de ley lo único que se prima es la recaudación y la expropiación, y la especulación frente a la rehabilitación.

Mientras se habla de barrios vulnerables, no se menciona para nada la infravivienda, no se acomete su regulación ni se adoptan medidas para evitarlas. Está claro que al Partido Popular nada le importa la infravivienda ni los barrios socialmente degradados o vulnerables.

Al mismo tiempo, suprimen la rehabilitación aislada en las zonas rurales, que tiene un efecto multiplicador en nuestros pueblos. Se excluye la posibilidad de practicar actuaciones de rehabilitación, regeneración o reordenación en suelo rústico y en edificios situa... en edificios singulares situados en suelo rústico. Si bien la ley estatal es verdad que lo suprime, la autonómica puede mantener, potenciar y subvencionar estas actuaciones, sobre todo en una Comunidad como la nuestra, básicamente rural y despoblada. Argumentos que el Partido Popular está utilizando para incrementar la financiación autonómica, también deben ser utilizados para mejorar la calidad de vida en las zonas rurales.

Consejero, este proyecto de ley no se crea... no crea mecanismos que hagan viables y posibles las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación. No hay ayudas ni subvenciones públicas, se empezó recortando las existentes hasta su total desaparición. No dice nada respecto a la repercusión económica y presupuestaria sobre el nivel local, cuando las competencias de las entidades locales se ven afectadas. No se aprovecha para establecer programas autonómicos propios, o para corregir deficiencias y lagunas en el Plan estatal de Vivienda. No define ni establece qué son los programas puramente rehabilitadores, como los ARI, ARU, ARCH, AUPRU, Rehabilitare, Arquimilenios, Chabolismo o Renove, ni cuáles son sus condiciones, sus requisitos o su financiación. No hay en todo el proyecto de ley medidas concretas que financien, cofinancien o impulsen una política pública que incentive la rehabilitación, más allá de la obligatoriedad que impone. Falta estudio de impacto económico de esta ley. La Consejería de Hacienda les dice que sí hay impacto económico; Fomento dice que no, que no hay ninguna previsión de financiación ni de gasto, que solo aplican ventajas en términos administrativos, y, ciertamente, así es, está claro que solo hay previsiones de liberalización, recaudación, privatización, expropiación, externalización de competencias propias de la Administración, e imponen excesivas cargas a los propietarios.

Está claro que es un proyecto de ley pensado para que la Administración recaude y las empresas hagan negocio, no pensado para beneficiar a las personas. Cero euros para ayudar a los ciudadanos, cero euros para garantizar el derecho de acceso y disfrute a una vivienda digna. En áreas de regeneración y renovación urbana lo que se necesitan son ayudas y subvenciones, lo que se necesita es vivienda de protección pública y de promoción pública.

El proyecto de ley no plantea un crecimiento de la ciudad acorde a las necesidades reales de población, y, como bien sabe, Consejero, esto puede llegar a ser inconstitucional. Ante la especulación urbanística estaba, antes la especulación urbanística estaba en la recalificación del suelo, en la construcción de vivienda nueva, en las grandes urbanizaciones; y ahora este proyecto de ley abre la puerta al negocio y a la especulación sobre el suelo urbano, sobre la rehabilitación, regeneración y reordenación. Con el pretexto de la regeneración y renovación urbana se creará un modelo de ciudad urbana sobredensificada, congestionando las ciudades, pues aumenta la edificabilidad en los ámbitos y sectores de suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable en un 50 %; pero, al mismo tiempo, se disminuye la cesión para espacios públicos en otro 50 %. Con esto se perderá la mitad de los espacios públicos, al tiempo que se duplica la edificabilidad por metro cuadrado en nuestras ciudades. Con lo que se propone un nuevo crecimiento desproporcionado y especulativo, propio de la época franquista de los años setenta, y del modelo liberalizador de Aznar, que nos llevó a la especulación, la burbuja inmobiliaria y la crisis.

Dejar a criterios de acreditación subjetivos e interpretativos el cambio de espacios libres y públicos, así como los equipamientos públicos existentes y los previstos, es un peligro. Señorías, con la excusa de la renovación urbana, los cascos urbanos de nuestra Comunidad y los cascos históricos pueden caer en manos de promotores depredadores. Normalmente, en los barrios más degradados es donde vive la gente de más edad y las familias más necesitadas, las de menos... las que tienen y disponen de menos renta, y, evidentemente, no pueden rehabilitar sus casas sin ayudas. Y, como se permite la expropiación o la venta forzosa, cuando se incumpla la orden de ejecución para el deber de edificar o rehabilitar en los plazos establecidos, los intereses especulativos pueden llevar a la venta forzosa de una importante cantidad de inmuebles, por falta de medios económicos de sus propietarios. Barriadas enteras pueden ser objeto de especulación con el suelo, por promotores privados o por la propia Administración, Consejero, con el arma y la herramienta de la declaración de interés general.

Se podrán rehabilitar barrios expulsando a los vecinos que no puedan pagar, practicando una nueva modalidad de desahucio para quienes no pueden pagar las cuotas de rehabilitación. Es una barbaridad obligar a rehabilitar o expropiar a quienes no pueden pagar. Es inmoral. Personas humildes pueden ser presionadas para abandonar las zonas y barrios objetos de renovación. Por otro lado, no se hace con la garantía de la declaración de utilidad pública, o, en su caso, del interés social.

Y terminando, y para colmo de males, no se regula bien, no deja claro a quién corresponde la obligación de realojo y retorno, así como sus condiciones. Que la gente se quede en la calle sin casa, desde luego, al Partido Popular no les preocupa. Solo les preocupa recaudar a costa de las viviendas antiguas, la liberalización forzosa del suelo urbano y crear nuevos nichos de negocio y especulación para la vivienda. Y Señoría, el sector de la construcción no se puede reactivar a costa del sufrimiento de las personas, a costa de sus viviendas, por muchos años que estas tengan.

Consejero, retire este proyecto de ley, porque es injusto; porque para beneficiar a unos pocos, perjudica a los colectivos más vulnerables y más necesitados de esta Comunidad. Gracias, Presidenta. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría. Para un turno en contra de la enmienda a la totalidad presentada, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Sobrados Pascual.

EL SEÑOR SOBRADOS PASCUAL:

Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenos días, Señorías. Lo primero, permítanme agradecer al Consejero la exposición y las explicaciones que ha dado sobre este proyecto de ley.

Señorías, el urbanismo en España empezó a regularse mediante leyes y normas a mediados del siglo XIX, en una coyuntura global de plena revolución industrial. Desde entonces hasta nuestros días, la legislación urbanística ha tenido un marcado carácter desarrollista, centrado principalmente en la creación de nueva ciudad, descompensando el equilibrio entre la creación de nuevos barrios y el mantenimiento y conservación de los tejidos urbanos consolidados.

El crecimiento urbano ha sido, es y será fundamental y necesario para la evolución económica de Castilla y León y del conjunto de España, pero el urbanismo de hoy y de mañana debe centrarse en el desarrollo compacto y sostenible, y en la rehabilitación, la regeneración y la renovación de la ciudad existente. Y para conseguirlo, Señorías, por un lado, continuando con el camino abierto por el Gobierno de España con la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y, por otro lado, cumpliendo nuevamente con un compromiso electoral para esta legislatura, el Consejo de Gobierno aprobó y remitió a estas Cortes el Proyecto de Ley de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. Señorías, una ley que favorece el desarrollo sostenible y favorece a las personas, simplificando los trámites administrativos.

Señorías, tenemos que adaptar nuestras leyes a lo que demanda la sociedad en el tiempo que vivimos, y este proyecto de ley será una herramienta fundamental para regenerar el conjunto de ciudades de Castilla y León en un momento crucial, en el inicio de la... de la recuperación económica. Se revitalizarán las ciudades y sobre todo los barrios más desfavorecidos, evitando que entren en un ciclo de deterioro con el riesgo de convertirse en zonas deprimidas económica y socialmente. Además, no solo se trata de renovar edificios y espacios urbanos; el conjunto de medidas persigue la... la cohesión social, la sostenibilidad y la... la participación ciudadana en un medio urbano ordenado. Y también sumarse a toda la batería de medidas llevada a cabo por el Gobierno Regional para crear más empleo, impulsando y dinamizando un sector que tanto lo necesita, Señorías, como es el de la construcción.

Todo ello inmersos en un proceso de recuperación económica después de una dura crisis de la que ya estamos saliendo. Es incuestionable, Señorías, que esta crisis ha sido muy intensa en Castilla y León, pero también es cierto que nos encontramos entre las Comunidades Autónomas que mejor han resistido sus graves consecuencias sociales y económicas. Por eso, este proyecto de ley viene en un momento justo para Castilla y León, para la regeneración urbana, sus ciudades, y para acelerar y consolidar la recuperación social y económica.

Señorías, la ciudad tipo de Castilla y León es una ciudad media, que tiene entre 50.000 y 250.000 habitantes; todas ellas se organizan en torno a centros históricos con un gran valor patrimonial; con el paso de los años, los barrios cada vez se han equipado más y mejor, los nuevos barrios; según se han ido creando nueva ciudad, se iba ocupando nuevo suelo, y cada vez más lejos de ese centro histórico. En consecuencia, Señorías, las zonas más cercanas a esos centros históricos se han ido deteriorando y han sufrido una... una mayor degradación. Hoy muchos de esos barrios son potencialmente espacios vulnerables, donde se aglutinan problemas de tipo social y económico.

Por eso, Señorías, necesitamos que no solo se lleve a cabo una labor rehabilitadora en lo edificado y en los espacios urbanos; necesitamos una actuación global, con la integración de políticas sociales y la participación de las personas que viven en esos espacios; necesitamos que desde todas las Administraciones se gire la cabeza hacia la ciudad consolidada, con el objetivo de conseguir un desarrollo compacto y sostenible, y la regeneración y la renovación de la ciudad existente.

Hasta ahora, Señoría, las leyes, normas, reglamentos y las diferentes figuras del planeamiento solamente se ocupaban de cómo, cuándo y dónde llevar a cabo nuevos desarrollos urbanísticos; hoy necesitamos un marco jurídico que se centre en lo urbano y que regule los procesos de rehabilitación, regeneración y renovación de lo que ya está construido.

En definitiva, Señorías, este es un proyecto de ley que favorece el desarrollo compacto y sostenible, y hace nuestras ciudades más habitables y más vivibles; que apuesta por una gestión administrativa más eficaz y más eficiente, que redunde en el beneficio de las personas; y que pretende contribuir con la recuperación de unos sectores... uno de los sectores más afectados por la crisis, como lo es el de la construcción, con su apuesta firme por la rehabilitación. Este proyecto de ley ha de ser el germen de una estrategia de presente y futuro, que va a permitir revitalizar nuestras ciudades en su conjunto.

Señorías, el punto de partida de la tramitación de este proyecto de ley no es el debate que está teniendo lugar en la mañana de hoy. Saben que desde el Partido Popular se les tendió la mano con el único objetivo de tratar de conseguir llegar a acuerdos. Hace más ya de un mes y medio que entablamos una serie de negociaciones previas con los representantes del Grupo Parlamentario Socialista para tomar el pulso político, ver cómo y cuándo podíamos ir afrontando ese... ese trámite previo. Les trasladamos que nos encontrábamos en disposición de... de trabajar de forma seria y coordinada para tratar de encontrar puntos de unión y centrarnos en aquellos aspectos del proyecto de ley en los que teníamos más acuerdos para, posteriormente, en el trabajo en Ponencia, centrarnos en aquellas enmiendas parciales para tratar de llegar a nuevos acuerdos. Señorías, su única respuesta ha sido la presentación de esta petición de devolución que ha retrasado toda la... toda la tramitación y que, sencillamente, no entendemos.

Señoría, por cortesía política y parlamentaria, y después de las muestras de voluntad de acuerdo por parte del Grupo Parlamentario Popular y por parte de la Junta de Castilla y León, podrían haber cumplido con su compromiso y haberse tomado la molestia de dar una respuesta seria. Y cuando digo dar una respuesta seria, Señoría, no me refiero a que no... a que no hubieran presentado una enmienda a la totalidad si realmente estaban convencidos de que tenían que presentarla, sino que, si realmente querían presentarla, estuviera fundamentada en argumentos bastante más sólidos de lo que está la que han presentado.

Su enmienda se basa en siete líneas argumentales vacías, erróneas y contradictorias, que se convierten en siete excusas para tratar de justificar su... su petición de devolución.

La primera excusa dice que el expediente está incompleto. Les aseguro que el expediente está completo, Señoría, y no lo decimos nosotros, lo dice la Dirección de los Servicios Jurídicos y el Consejo Consultivo, que –como usted sabe- son los organismos que... que inspeccionan el expediente previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno. No obstante, si no está... si no estuviera completo, sería la competencia de los Servicios Jurídicos de esta Cámara y serían los que tendrían que decir algo al respecto.

Señoría, su segunda excusa dice que se incumplen las directrices de técnica normativa. Este es uno de los ejemplos cuando le digo que presentan argumentos vacíos y sin contenido, porque no tenemos más que... que acudir al visto bueno del Consejo Consultivo y a la... y a la dirección de servicios jurídicos para desmontar esa excusa.

Y le voy a aclarar, no obstante, que la incidencia que tiene este proyecto de ley sobre la Ley 5, de mil novecientos noventa y nueve, de Urbanismo de Castilla y León, es mínima. El proyecto afecta a 35 de los 168 artículos y disposiciones que contiene la Ley de Urbanismo de Castilla y León, a un 20 %. No a un tercio, como ha dicho usted. ¿Es una modificación importante? Sí, Señoría, sí lo es. Pero no tanto como... como para justificar una completa sustitución de la Ley de Urbanismo en vigor, que introduciría confusión en el sector de la actividad urbanística.

Señorías, se introducen nuevas figuras en autorización, en control y comprobación del cumplimiento de la normativa urbanística. Esa es su tercera excusa. Y aunque no lo dicen con claridad -tampoco lo ha hecho en su exposición-, me imagino que se refiere a la declaración responsable como técnica alternativa a la licencia urbanística para la utilización de los usos del suelo de... de menor relevancia y complejidad. Se trata, Señoría, de una novedad que ha sido especialmente bien recibida, en sintonía con la reclamación de una agilización y simplificación general de los procedimientos administrativos. Como se explica en la exposición de motivos de la... del proyecto de ley, la licencia urbanística propiamente dicha se reserva para los actos de uso de suelo más relevante, regulándose para los demás el régimen de declaración responsable, lógicamente más sencillo, pero que exige a la Administración un cierto cambio cultural: pasar de la cultura del control previo a la cultura de la inspección.

Señoría, en el cuarto punto dicen que se introducen obligaciones respecto a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana que no pueden ni deben imponerse por ley. Señoría, da la sensación de que el texto de la enmienda a la totalidad no sale del mismo sitio que el de las enmiendas parciales. Este párrafo se contradice frontalmente con el contenido de algunas de ellas, ninguna de las cuales solicita la supresión de ninguna obligación concreta. En todo caso se olvida que toda nuestra legislación urbanística, toda, y desde luego la aprobada también bajo los gobiernos nacionales del Partido Socialista, gira en torno a los derechos y los deberes de los propietarios del suelo y demás bienes inmuebles.

En particular, Señoría, el deber de conservación ha estado siempre presente en nuestra normativa, y fueron los gobiernos del PSOE quienes potenciaron extraordinariamente las posibilidades de la llamada expropiación-sanción para los propietarios incumplidores de sus deberes. Desde la óptica... desde esa óptica, Señoría, el proyecto de ley no impone nuevas obligaciones, sino que arbitra mecanismos para la efectividad del deber de conservación, y sobre todo instrumentos para que la Administración apoye y auxilie a esos propietarios obligados cuando se encuentren en situación de dificultad. De ahí la insistencia del proyecto de ley en singularizar los espacios urbanos vulnerables, porque es allí donde se concentran las personas que aunque sean propietarias de sus viviendas necesitarán una ayuda especial de la Administración para rehabilitar sus inmuebles.

Señoría, en su quinta excusa dice que hay una ausencia de mecanismos específicos que hagan viables y posibles actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y de medidas concretas que financien, cofinancien o impulsen una verdadera política pública que incentive la rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Señorías, es que precisamente ese es el objetivo y el principal contenido del proyecto de ley: actuaciones de rehabilitación, de regeneración urbana, de renovación urbana, planes especiales de reforma interior, modificaciones en materia de planeamiento, de gestión, de intervención en el uso y en el mercado del suelo, convenios urbanísticos, medidas complementarias de sostenibilidad, de coordinación, de simplificación; constituyen en su conjunto, Señoría, una amplísima batería de mecanismos y medidas al servicio de la rehabilitación, de la regeneración y de la renovación urbana.

En su sexta excusa dice que hay una ausencia de evaluación de la repercusión del impacto económico y presupuestario sobre el nivel local. Ninguna, ninguna de las previsiones de este proyecto de ley es susceptible, por si sola, de incrementar el gasto público a nivel local.

Señoría, se ha referido usted al tema de la declaración responsable, y ha de saber que los Ayuntamientos pueden establecer las tasas que correspondan para las declaraciones responsables. Lo que sí tiene repercusión económica para los Ayuntamientos es alguna de las enmiendas parciales que han presentado desde su Grupo.

Y en la última excusa dicen que hay una excesiva remisión reglamentaria. Por un lado, critican ustedes las imposiciones de obligaciones y las supuestas afecciones a la Administración local y, por otro, se critica que el proyecto de ley solamente contenga principios programáticos y que quede vacío de contenido sustantivo, o que deje mucho contenido al desarrollo reglamentario. Aclárense, Señoría. En la legislación urbanística la norma es buscar un equilibrio entre la regulación por ley de aquellas... de aquellas materias que lo requieran y la definición de un amplio espacio para un desarrollo reglamentario, minucioso y detallado. La Ley de Urbanismo ya cuenta con 150 artículos, lo que la convierte en una de las normas más extensas de nuestro derecho administrativo.

Señoría, en definitiva, han presentado una enmienda a la totalidad basada en siete puntos que no se sostienen. Podría darse el caso de que fueran argumentos que no compartiésemos con ustedes, por criterios políticos o por aspectos ideológicos, pero es que sencillamente es una enmienda que no hay por dónde cogerla. Está llena de inexactitudes y de contradicciones.

Voy terminando. Señoría, estamos seguros de que necesitamos una ley como esta, una ley que favorece el desarrollo sostenible y favorece a las personas, simplificando los trámites administrativos. Una ley que podrá ser mejorada con la aportación del resto de Grupos Parlamentarios. Les tendimos la mano para negociar previamente e ir avanzando trabajo en la tramitación anterior al día de hoy, convencidos de que el trabajo podría ser positivo para llegar a acuerdos sobre la base de este proyecto de ley. Ahora tenemos la oportunidad de trabajar desde ya mismo para contribuir, entre todos los Grupos Parlamentarios, en mejorar el texto, a través de las enmiendas parciales presentadas. Hoy tendemos la mano de nuevo a todos los Grupos, con la firme voluntad de llegar a acuerdos y conseguir un texto que cuente con la aportación de todos y con el que todos nos podamos sentir representados, y que sea la estrategia de presente y futuro que permita revitalizar sus ciudades en su conjunto. De momento, nada más y muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. Señoría, a continuación, para un turno de réplica, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene de nuevo la palabra la señora Muñoz de la Peña González.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

Gracias, Presidenta. Señoría, el problema de venir aquí con los textos hechos, sin escuchar los debates, nos lleva a que se centre en argumentos de un escrito sin haber utilizado ningún... [murmullos, aplausos] ... ningún argumento, al margen de lo... al margen de lo que ya... de lo que ya tiene escrito. No tiene argumentos...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Por favor, Señorías.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

... para defender este proyecto de ley, ninguno, ninguno, y se limita a hablar de las enmiendas parciales, que no tocan, que ya tocarán –el día que toquen, hablamos de las enmiendas parciales, todas las que quiera-. Pero, desde luego, no tiene valor ninguno para defender un proyecto de ley que, de verdad, solo pretende modificar la Ley de Urbanismo, la undécima modificación. Desde luego, no pretende ni garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna a los ciudadanos ni facilitar una vivienda adecuada a quien la necesita, esto no lo pretende; lo único que pretende es negocio y recaudación con la rehabilitación, regeneración y reordenación urbana.

¿Que no le parecen argumentos sólidos? Pues usted debería preguntar a la... a la Diputación de Soria, a la de León, a la de Salamanca, a la de Valladolid o a la de Palencia, que gobiernan ustedes, que gobierna el Partido Popular, que tampoco les gusta el proyecto de ley, que lo han enmendado, que no... no se acomoda y no se... Les presentan reparos todos: los Ayuntamientos (de Burgos, de León, de Salamanca...); las Consejerías, las propias Consejerías (la Consejería de Presidencia, la Consejería de Familia, la Consejería de Hacienda...). ¿Y saben cómo les contestan? ¿Sabe cómo contesta la Dirección General a la Diputación de León cuando le dice muchas de las cosas que yo le he dicho esta mañana aquí? Pues le dice y le acusa de derroche ideológico y radicalismo. ¿Pero no son de los suyos? ¿No son del Partido Popular todos? ¿Andan peleados, acaso? [Murmullos]. Hombre, Señorías; hombre, Señorías. Mire, se dedican...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Por favor, Señorías.

LA SEÑORA MUÑOZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ:

... a regular... a regular asuntos que nada tienen que ver, absolutamente nada tienen que ver, con la regeneración, renovación y reordenación urbana, nada: actividades productivas, logísticas, asentamientos irregulares, terrenos industriales, de servicios... ¿Qué tiene que ver esto con las tres erres? Único objetivo, Consejero: recaudar a costa de las necesidades de vivienda de los ciudadanos. Como el negocio con la vivienda nueva, el negocio con la recalificación de suelos se ha acabado, ¿dónde está el negocio ahora? En la necesidad de reparación de las viviendas que tienen los ciudadanos. A recaudar a costa de ellos: les obligamos... [aplausos] ... a pasar las impuestos técnicos de edificación, y a pagar la... los certificados de eficiencia energética, y a pagar... ¿Sabe cómo viven ahora las... muchas familias, a partir de que se apruebe esta ley? Vivirán en vilo, pendientes de su deber de conservación o de que una orden de ejecución les pueda poner multas coercitivas durante diez meses seguidos, o se tengan que someter a una ejecución subsidiaria, pagar la ejecución subsidiaria que pueda hacer un Ayuntamiento, la venta forzosa de sus casas, pendientes de un posible desalojo, un realojo forzoso, una expropiación, un desahucio... Señoría, esta es la ley que pretenden aprobar y que, desde luego, no tiene otro objetivo más que recaudar a costa de la vivienda de los ciudadanos, porque lo único que hacen es crear más cargas, gastos y muchos más pagos a los ciudadanos.

Otro argumento: especulación y negocio. Consejero, ¿le parece? Especulación y negocio. Aumentan la edificabilidad el 50 % al mismo tiempo que disminuyen los espacios públicos otro 50 %. ¿Ahí no hay negocio? Hay especulación y negocio. Mire, basado en un modelo franquista y aznariano, que nos llevó a este país a la crisis. [Murmullos].

Y luego, Señoría, permiten, por ejemplo, en un plan parcial sin... que, sin urbanizar, se autoricen anticipadamente usos y comenzar a construir. Señoría, una locura. Plantea crecimientos urbanos no acordes a las necesidades de la población, y bien lo sabe que puede ser inconstitucional. Tiene un ejemplo en Valladolid: calle 29 de octubre. Le voy a dar otro ejemplo, en Valladolid –es que es curioso, la Junta es que especula con sus propias viviendas, incumple la ley con sus propias viviendas; exige a los ciudadanos que cumplan la ley, cuando la propia Junta no la... la incumple, que debería dar ejemplo-, mire, hace prácticas de promotores depredadores –y lo hace la Administración, lo hace usted, Consejero, desde la Junta-, tiene un ejemplo muy claro en Valladolid, las viviendas del Puente Colgante: no pasan la inspección técnica de edificación, cuando ustedes a todos los ciudadanos les obligan a pasarla; y, en lugar de pasar la inspección técnica de edificación cuando corresponde, en lugar de es... plantear una rehabilitación sobre estas viviendas están solicitando una declaración de ruina económica; no rehabilitan, buscan la ruina, la demolición y el negocio. Eso es lo que esta ley tiene, es lo que esta ley pretende.

Y, Señoría, no se puede especular a costa de las necesidades de vivienda de los ciudadanos; no se puede poner en bandeja a promotores depredadores barrios enteros de esta Comunidad en... situados, como bien sabe, en plenos cascos urbanos, donde vive la gente más vulnerable de nuestra sociedad, la gente más mayor y las familias más necesitadas, y poner todos estos barrios en manos de especuladores, incluso de la propia Administración, que, por interés general, puede acometer el derribo, desahucio de todos estas viviendas, de todos estos barrios para hacer negocio. Porque salvar el sector de la construcción, Señoría, no se puede hacer a costa del sufrimiento de las personas y a costa de las necesidades que tienen de vivienda.

Es que no me diga usted que no es cruel que exija certificados de eficiencias energéticas a familias que no pueden pagar el recibo de agua, el recibo de la luz, que están en situación de pobreza energética. Eso es lo que pretende esta ley. Y esto, Señoría, es lo que ha motivado la enmienda a la totalidad.

Respecto al acuerdo, veremos cuál es la verdadera voluntad de acuerdo del Grupo Parlamentario Popular en Ponencia, cuando trabajemos las enmiendas parciales de esta ley; veremos a ver si es verdad esa voluntad de acuerdo o si solo es boquilla. Nada más. Gracias, Presidenta. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría. Para un turno de réplica, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra de nuevo el señor Sobrados Pascual.

EL SEÑOR SOBRADOS PASCUAL:

Muchas gracias de nuevo, Presidenta. Muy brevemente, Señorías. Señora Muñoz de la Peña, yo estuve sentado en una reunión en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en un despacho, con usted, en la que estuvimos analizando las enmiendas parciales que había redactado otra persona que no es de su Grupo, que ustedes se... después ustedes se comprometieron a dar una respuesta antes de finalización del plazo de presentación de enmiendas, y no nos han dado ninguna respuesta... [aplausos] ... no nos han dado ninguna respuesta. La única respuesta que nos han dado es una enmienda a la totalidad... es una enmienda a la totalidad, Señoría, que es... [murmullos] ... que es la cuestión... que es la cuestión que hemos venido a debatir esta mañana.

Señoría...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Por favor, Señorías.

EL SEÑOR SOBRADOS PASCUAL:

Señorías, no... decía usted que no le he dado argumentos para defender el... el proyecto de ley. Puede ser que usted... que usted tampoco me haya escuchado...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Por favor, Señorías.

EL SEÑOR SOBRADOS PASCUAL:

... Puede ser que usted no me haya escuchado a mí, porque creo que ha quedado bastante claro, pero no solamente a mí, sino también al señor Consejero. Pero es que la cuestión... la cuestión no era debatir hoy sobre el proyecto de ley, sino sobre su... su enmienda a la totalidad.

Tampoco vamos a debatir sobre sus enmiendas parciales, porque no podríamos; porque yo sí me las he leído, pero es que dudo que usted ni siquiera se las haya leído, Señoría, dudo que usted se las haya leído.

Mira, su enmienda a la totalidad, como le he dicho, no hay por donde cogerla. Es una... una enmienda que, como ya le he dicho, da la impresión de que sencillamente han tratado de ganar tiempo con ella, sin pensar más allá. Una enmienda basada en excusas vagas que ni tan siquiera consiguen justificar su posicionamiento político en este tema.

Después de leer su enmienda y de escuchar el resto de sus excusas, no me queda ninguna duda, Señoría, que ustedes han presentado esta enmienda a la totalidad para poder dedicarse a arreglar su partido en lugar de a trabajar en esta ley. [Aplausos].

Señoría, ya saben lo que dicen: "Solo tendrás tiempo para las cosas que realmente te interesan, y solo tendrás excusas para las que no te importan". Con esta enmienda ustedes han demostrado que están más preocupados por la rehabilitación de su partido que por la rehabilitación urbana, Señoría.

Mira, como le he dicho antes... como le... como les he dicho antes: les tendemos la mano a todos los Grupos que de verdad quieran llegar a un acuerdo, a los que de verdad quieran llegar a un acuerdo, no a los que presenten enmiendas parciales al peso, duplicadas, para justificar una... una posición injustificable.

Como les he dicho antes también, hemos entrado ya en el último año de legislatura, Señoría, en un momento de importantes cambios sociales, institucionales, políticos y también económicos. Estamos en el principio del fin de una crisis que Castilla y León ha sabido resistir mejor que el resto de Comunidades. Que, aunque queda mucho por hacer –porque sigue habiendo muchas personas que lo están pasando muy mal-, tenemos el deber de trabajar de forma incansable y aprovechar ocasiones como este proyecto de ley para llegar a acuerdos entre todos los Grupos y conseguir que sea el germen de una estrategia de presente y de futuro que permita revitalizar nuestras ciudades en su conjunto y favorecer a las personas que las habitan.

Señoría, usted ha cometido bastantes errores en su última intervención, y puede ser que –como le he dicho- no solamente no se haya leído sus enmiendas parciales, sino que no se haya leído el contenido completo de la ley. Lo de las Diputaciones es radicalmente falso: se ha llegado a un consenso con todas las Administraciones, con todas las Diputaciones, con todos los grandes Ayuntamientos –incluso Ayuntamientos de la Comunidad de Castilla y León gobernados por el Partido Socialista, como en Soria y Segovia-, y no han objetado absolutamente nada. Señoría, este proyecto de ley... este proyecto de ley no regula los... las certificaciones de eficiencia energética; no las regula, con lo cual... no, no las regula, con lo cual no tiene por qué entrar en esos términos.

Como les decía, Señoría, le tendemos la mano. Si de verdad quieren negociar, a partir de ya mismo podemos empezar a llegar a acuerdos y a trabajar en la ponencia de una ley que va a ser positiva para la regeneración urbana y para el... y favorable para las personas de toda Castilla y León. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR RODRÍGUEZ PORRES):

Muchas gracias. Para un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Valderas Alonso.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Muchas gracias, señor Presidente. Bien. En el reparto de tiempos del Pleno de hoy me ha correspondido la enmienda a la totalidad del PSOE a la Ley de Rehabilitación.

El Grupo Mixto (UPL e Izquierda Unida) va a votar a favor de la enmienda a la totalidad, pero no por los mismos motivos. Por lo tanto, lo que voy a contar es la opinión de UPL y no necesariamente la de Izquierda Unida.

Este proyecto de ley que hoy se nos presenta modifica la vigente Ley de Urbanismo de la Comunidad. Una ley que, como nos acaban de decir, se ha modificado ya once veces –doce con la de hoy-. Estas normas de urbanismo de la Comunidad se han reformado tantas veces que hay momentos en que hasta los propios técnicos tienen dudas de qué es lo que está en vigor.

Es sorprendente que las Cortes Generales hayan aprobado la Ley 8/2013, homónima de la presente, hace un año justo, con solo 19 artículos y 29 disposiciones... 25 disposiciones, de las que dedican exclusivamente un folio a reformar la Ley del Suelo, en su redacción del año dos mil ocho.

Pues bien, como dice esta Ley 8/2013, en su Preámbulo, deja suficiente margen a las Comunidades Autónomas para el ejercicio de sus competencias; pero, a juzgar por el conjunto de asuntos que se recogen en este proyecto de ley, se diría que la Junta desea aprovechar la circunstancia para darle un barrido a toda la Ley de Urbanismo y a varias más.

No es esta la fórmula adecuada para retocar el conjunto de normas urbanísticas. Creemos –como dice el PSOE en el texto escrito que nos han distribuido- que la fórmula adecuada debería ser la revisión general de nuestra Ley de Urbanismo. En el peor de los casos, UPL propone que se proceda a publicar un texto consolidado de esa ley inmediatamente.

La Ley 8/2013 -a la que hoy damos réplica autonómica- se ciñe a tres asuntos: eliminar trabas para favorecer la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas; ofrecer la rehabilitación de viviendas como salida al sector de la construcción para recuperar parte del empleo perdido; fomentar la calidad de la edificación, dotándola de sistemas de ahorro energético; y fomentar la calidad del suelo, dotándolo de servicios sin cargas innecesarias.

Tanto la ley nacional como este proyecto aluden a la necesidad de consumir el parque de viviendas nuevas sin vender, que asciende en esta Comunidad a más de 30.000. En realidad, es poco lo que el proyecto dedica a esta materia; más bien parece que desea bloquear la nueva construcción de terrenos urbanizables para forzar a los compradores a adquirir las viviendas actualmente construidas y en venta. Si así fuera –que lo veremos en la discusión-, hay que hacer dos comentarios inmediatos:

Primero, las viviendas acabadas están fundamentalmente en polígonos urbanos, no accesibles –por su precio- para todos los compradores. Por el contrario, las nuevas urbanizaciones exteriores a los centros urbanos tienen el suelo a un precio mucho menor.

Y segunda. Es una ley supuestamente liberalizadora, y sería bastante extraño que se dedicase a prohibir un tipo de negocio, en este caso el de las construcciones en terrenos urbanizables. Ya veremos en la discusión de la Ponencia cómo se aclara este asunto, que raya incluso con la expropiación de derechos urbanísticos sin derecho a indemnización. No vayamos a estar encareciendo la vivienda para los nuevos compradores, al obligarles a comprar en el centro, e impidiendo a la vez nuevos ingresos a los Ayuntamientos, favoreciendo que se vendan las viviendas ya hechas en el centro y no las del exterior.

Esas viviendas del centro, que están construidas y que son caras, no olvidemos en un 50 % son propiedad de los bancos; bancos que, como se sabe, presionan a ciertos partidos políticos.

Con respecto a la rehabilitación de viviendas, efectivamente, como dice el texto, la mitad de las que tenemos han cumplido los 35 años, y un 20 % tienen ya 50 años. Esto deja clara sus deficiencias en cuanto a servicios que hoy consideramos imprescindibles: cocheras, ascensores, redes eléctricas modernas, las TIC, e incluso la eficiencia energética.

La Junta parece presumir en el texto del proyecto de ley de haber hecho grandes avances en este sentido gracias a los proyectos de los ARI, pero olvida que la base de estos proyectos no era la declaración en el BOCYL de muchos ARI, sino la existencia de fondos de la Junta para subvencionar obras. La Junta ha desarrollado tantos ARI como los que ha dejado tirados; que también son muchos los que están paralizados.

Si la clave de la rehabilitación es que haya un mínimo crédito público o privado para ejecutarla, en esta ley no hay nada de ello. Así lo dicen los informes adjuntos, señalando que la Junta no pondrá un duro para aplicarla.

Más peligroso es cuando dice que los Ayuntamientos tampoco pondrán dinero. En realidad, en realidad, los Ayuntamientos y las Diputaciones van a perder dinero con esta ley. Las obras de rehabilitación, en muchos casos, van a tener licencias municipales gratuitas o estar exentas de ellas. Se modifican varios asuntos relativos al suelo que van a dejar a muchos barrios nuevos sin ciertas infraestructuras con las que contaban los vecinos cuando compraron las casas, y que ahora se van a considerar como innecesarias.

Pero mucho más grave es la idea que trasluce este proyecto de ley de impedir la construcción en terrenos declarados urbanizables, de los que los Ayuntamientos –que son propietarios en una parte muy importante- y las Diputaciones... –por ejemplo, la de León- de los que los Ayuntamientos y Diputaciones sacarían ciertos beneficios porque les corresponden aprovechamientos, porque son propietarios y porque habría nuevas licencias que cobrar.

Siguiendo con los Ayuntamientos, que día a día pierden competencias, ingresos y capacidad de endeudamiento, vemos temerario que esta ley les otorgue nuevas competencias de aprobación y de inspección para las que no disponen de personal.

Es necesario dejar claro quién va a tomar... quién va a tomar estas competencias en los Ayuntamientos pequeños que no dispongan de personal técnico adecuado, salvo, salvo, que lo que de verdad pretenda la Junta es que los promotores se vigilen a sí mismos. Creemos que hay que desarrollar más, y con más controles, la figura de declaración responsable, que, efectivamente, es nueva, está apareciendo en muchas leyes, pero que hay que ver cómo funciona, no vaya a ser un coladero.

Hay que vigilar, así mismo, lo que se ha de hacer cuando un Ayuntamiento prolongue innecesariamente un expediente urbanístico; un auténtico problema en nuestros municipios. Expedientes que duran uno o dos años, para cambiar una ventana, por ejemplo, en Astorga.

En el caso de que los Ayuntamientos no puedan acometer subsidiariamente las obras de rehabilitación de edificios privados o en peligro, que la ley les obligará a hacer, y que, desde luego, no tiene ninguna intención de hacer. Les doy el caso de León: León, 120.000 habitantes, no hace este servicio; pasa de él. Imagínese un pueblo pequeño.

O en el caso de que los Ayuntamientos pequeños puedan iniciar las obras a que por convenios urbanísticos se han obligado, y no lo hagan porque no tienen dinero. Se paraliza toda la urbanización, se reclaman daños y perjuicios al Ayuntamiento... Bueno, pues esto hay que ver la manera de resolverlo, y esta ley sería el buen momento para hacerlo.

Sorprende que se hable en la ley de fomentar la regeneración urbana, y en una Comunidad con cientos de conjuntos histórico-artísticos declarados se siga retrasando la norma que fiscalmente favorezca a sus dueños; una norma que llevamos esperando desde hace veinte años. Y, obviamente, se fomenta que mantengan en pie unos viejísimos edificios sin uso, sin beneficio, y ahora, además, multables. Es el momento de acometer ese problema.

Al hablar de las redes de servicios de interés general, sencillamente el redactor de esta norma se ha despistado, se ha despistado. Prevé que los cascos urbanos reciban más viviendas sin ningún problema, y deniega la construcción de nuevas viviendas en áreas exteriores porque van a cargar los servicios existentes, y provocando su ampliación cargan de gastos al Ayuntamiento. Hay que ser claro: los actuales servicios de los Ayuntamientos sirven para los actuales vecinos; se han dimensionado y se han ido reformando según ha crecido el número de vecinos.

Si aumentan, porque se habitan las 30.000 viviendas vacías, no sirve, y da igual que esos nuevos vecinos vengan de la periferia o del centro. Esas 30.000 viviendas construidas y sin vender no pueden mantenerse con los servicios actuales. En la ciudad de León se calculó que si solo 5.000 de las viviendas vacías se llenasen reventarían las tuberías, porque no se han diseñado para eso; se han diseñado para pisos vacíos, obviamente. Es decir, los Ayuntamientos, que llevan 10 años cobrando licencias y IBI y toda clase de impuestos a viviendas vacías, ahora parece que no quieren hacerse cargo de las necesidades de servicios que ello le implican. (Termino).

Esperamos de la Ponencia la aclaración a varios detalles de este punto e invitamos a los Ayuntamientos, que van a ser los paganos de los errores de este proyecto, a que se pronuncien cuando todavía están a tiempo. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. Muchas gracias, Señoría. Ruego, señores ujieres, cierren las puertas.

Votación Enmienda a la Totalidad PL/000030

Concluido el debate, procedemos a someter a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. Señorías, comienza la votación. Gracias, Señorías.

Votos emitidos: ochenta y uno. Votos a favor: treinta. Votos en contra: cincuenta y uno. Ninguna abstención. En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad de devolución a la Junta de Castilla y León del Proyecto de Ley de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

El proyecto será remitido a la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de esta Cámara para que continúe su tramitación reglamentaria. Muchas gracias.

Ruego a la señora Secretaria proceda a dar lectura del segundo punto del Orden del Día.

Debate de Totalidad PL/000032

LA SECRETARIA (SEÑORA ALONSO SÁNCHEZ):

Gracias, señora Presidenta. Segundo punto del Orden del Día: "Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, publicado en el Boletín de las Cortes de Castilla y León de veintitrés de junio del dos mil catorce".

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias. Para la presentación del proyecto de ley, por parte de la Junta de Castilla y León tiene la palabra el Consejero de la Presidencia, señor De Santiago-Juárez López.

EL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DE LA JUNTA (SEÑOR SANTIAGO-JUÁREZ LÓPEZ):

Gracias, Presidenta. Señoras y señores Procuradores, comparezco para presentar el Proyecto de Ley de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad.

La modernización, mejora y simplificación de la Administración es un proceso constante en el que la Junta viene trabajando desde hace tiempo, pero con mayor intensidad, si cabe, desde el inicio de la presente legislatura.

Como anunció el Presidente Herrera en el Debate de Investidura, estamos trabajando por una Administración más acogedora, más proactiva, más sencilla, presidida por los principios de austeridad, eficiencia, agilidad, transparencia y participación, y volcada al servicio de los ciudadanos y las empresas, reduciendo cargas administrativas y evitando solapamientos y duplicidades.

Desde el inicio de este ciclo político, desde el inicio de la legislatura, hemos adoptado medidas en esta dirección que me van a permitir que brevemente repase.

En primer lugar, el Gobierno de la Comunidad cuenta con nueve Consejerías, frente a las doce de la legislatura pasada, y hemos limitado por ley a diez el número máximo de Consejerías. También se ha reducido en un 20 % el número de centros directivos y altos cargos.

En segundo lugar, hemos impulsado una reforma de las instituciones propias en dos fases: la primera, en dos mil once, se redujo un 40 % el número de consejeros natos del Consejo Consultivo y de Cuentas; en dos mil trece, se aprobó, con el apoyo de los dos Grupos mayoritarios de las Cortes, la ley que reformaba las instituciones propias. Ahora, las cuatro instituciones dependen presupuestariamente de las Cortes; tienen ahora menos altos cargos que al inicio de la legislatura; tienen una estructura administrativa común mucho más reducida y más competencias, lo que redunda en mayor eficiencia y austeridad.

En tercer lugar, en diciembre de dos mil once, aprobamos un Plan de Racionalización del Gasto Corriente, que ha permitido ahorrar cerca de 240 millones de euros en los dos últimos años.

En cuarto lugar, en dos mil doce, pusimos en marcha el proyecto de Gobierno Abierto, que amplía la transparencia y la participación. Hemos recibido, como saben, un sobresaliente de la organización Transparencia Internacional, y el proyecto también ha recibido distintos premios. Los ciudadanos, que es lo importante, desde su puesta en marcha, han podido participar en 85 anteproyectos, proyectos, estrategias y planes de la Junta.

En quinto lugar, en los últimos tres años, hemos impulsado un proceso de reestructuración del sector público, que ha supuesto reducir de 36 a 18 el número de entes sobre los que teníamos plena capacidad de decisión. Y dejar de participar en un tercio de aquellos en los que no teníamos dicha capacidad. Todo ello ha supuesto un ahorro de casi 25 millones de euros hasta finales de dos mil trece.

Y para culminar este trabajo de reformas, cumpliendo un compromiso anunciado por el Presidente de la Junta en el Debate de Política General de dos mil trece, en diciembre del año pasado presenté ante este Pleno una comunicación para la reforma de la Administración Autonómica, en el que se contenía la aportación del Gobierno de Castilla y León al proceso de reforma impulsado por el Gobierno de España.

Las medidas trasladadas a Sus Señorías en esa comunicación se aprobaron posteriormente en un Acuerdo de Junta el treinta de enero de dos mil catorce. Son 65 medidas, agrupadas, como saben, en cuatro bloques. Transcurridos ya casi seis meses desde su aprobación, algunas de ellas ya se han cumplido, otras están en marcha, y precisamente avanzar en muchas de ellas es el objetivo del proyecto de ley que hoy les presento. La estimación que hemos hecho en cuanto al ahorro, cuando se hayan desarrollado... desarrollado el paquete de las 65 medidas, es de algo más de 280 millones de euros.

El contenido del proyecto, sus líneas de trabajo fundamentales no son, por tanto, una novedad para Sus Señorías. Hemos facilitado su conocimiento y garantizado la participación de todos los que pueden resultar afectados o estar interesados en la misma y, por supuesto, de los Grupos Parlamentarios.

Han sido varias las ocasiones en las que los Grupos han tenido ocasión de conocer el contenido de este proyecto, tanto en la comunicación de diciembre de dos mil trece como en el Acuerdo de Junta publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el tres de febrero de este año. En esos dos se enumeran las medidas cuyo cumplimiento requerían una modificación legal que se contiene en este proyecto de ley que les estoy presentando. Además, como saben Sus Señorías, hemos mantenido varias reuniones con los Grupos Parlamentarios, en la que se les ha ido informando de cómo avanzaba su contenido.

Por lo que se refiere a su tramitación, desde el primer momento avanzamos nuestra intención de solicitar, al amparo del Artículo 97 del Reglamento de esta Cámara, el trámite de urgencia, lo indicamos en la comunicación de diciembre de dos mil trece, está incluido en el Acuerdo de la Junta de treinta de enero de este año y lo hemos reiterado en las reuniones mantenidas con los Grupos Parlamentarios. Es más, desde la primera reunión, todos los Grupos Parlamentarios de esta Cámara y el Gobierno decidimos que las reuniones de trabajo se realizaban exclusivamente para facilitar el trámite de urgencias que íbamos a solicitar cuando enviásemos el proyecto de ley a esta Cámara.

También se ha informado a los sindicatos, lógicamente, de las medidas incluidas en el proyecto de ley que afectan al personal al servicio de la Administración de la Comunidad, que han sido objeto, lógicamente, de negociación en los órganos correspondientes. Igualmente, se ha dado a conocer a los representantes del Diálogo Social y a la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Y para garantizar la efectiva participación de todos los ciudadanos, el anteproyecto se publicó en el mes de marzo en el portal del Gobierno Abierto. Es la iniciativa que más participación ha suscitado desde la apertura del portal hace dos años.

Se ha seguido la tramitación prevista y se ha evacuado los trámites preceptivos. Se ha atendido todas las observaciones del Consejo Consultivo.

El proyecto, como ustedes ya conocen, modifica 44 leyes y consta de 42 artículos, distribuidos en 4 títulos, uno preliminar y tres dedicados a las medidas de recursos humanos, medidas de simplificación y medidas organizativas. Este último se estructura, a su vez, en cuatro capítulos, destinados a la organización de la Administración de la Comunidad, a los órganos de cooperación local, a los órganos de coordinación interdepartamental y, por último, a los órganos colegiados de asesoramientos y participación.

Permítanme Sus Señorías que a continuación explique el contenido del proyecto de ley, que explique las diferentes medidas recogidas en este texto y cuya aplicación permitirá que el funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma sea más eficaz y eficiente, adaptado a las necesidades de los ciudadanos, optimizando sus recursos humanos y simplificando sus procedimientos y organización. Estas medidas se clasifican en tres materias, que coinciden con los Títulos I, II y III: Recursos humanos, Simplificación y Organización.

En primer lugar, las medidas en materia de recursos humanos, recogidas en el Título I y en la Disposición Transitoria Primera, suponen la modificación de tres leyes.

Por un lado, la modificación de la Ley de Función Pública, y tiene por objeto tres cuestiones:

Primero, simplificar las funciones del Consejo de Función Pública, adaptándolas a su naturaleza de órgano de consulta, participación y asesoramiento, y evitando reiterar asuntos que ya se han tratado en los órganos de negociación correspondiente. Con esta medida, los órganos de negociación ni se suprimen ni se modifican.

En segundo lugar, agilizar la tramitación de las relaciones de puestos de trabajo. Serán aprobadas, a partir de que la ley entre en vigor, por acuerdo de Junta, y las modificaciones que deriven de cambios en la estructura orgánica no requerirán negociación. La publicación de las relaciones de puestos de trabajo se realizará en la sede electrónica, facilitando así su consulta, y, además, se publicarán en el portal de Gobierno Abierto, de manera actualizada, ordenada y sistematizada.

En tercer lugar, establecer dos límites a la atribución temporal de funciones, una figura que, como saben Sus Señorías, está prevista en el Estatuto Básico del Empleo Público: el primer límite, que su duración máxima sea de un año, eso sí, prorrogable por otro; y el segundo límite, que exista una necesidad que la justifique. Es así una modificación que busca incrementar las garantías para los empleados públicos.

Se modifica también la Ley del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, con las siguientes cuatro medidas: se adaptan cuestiones del personal sanitario al Estatuto Básico del Empleado Público; se establece la posibilidad de cesar a los titulares de puestos de libre designación en cualquier momento, con carácter discrecional, y se limita a cuatro años la duración máxima de estos nombramientos, si bien pueden volver a presentarse a una nueva convocatoria; se garantiza al personal estatutario el mantenimiento de sus retribuciones cuando pase a ocupar... cuando pasen a ocupar puestos directivos en el Sacyl; y se posibilita el traslado por causa de salud del trabajador, así como por razones de salud del cónyuge o de sus hijos; o se posibilita la promoción interna temporal, permitiendo acceder a puestos de otra categoría en caso de que existan vacantes y hasta la convocatoria de dichos puestos.

Finalmente, en este bloque, se modifica la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, para prever la posibilidad de modificar horario de mañana... el horario de mañana del personal del equipo de Atención Primaria, previa negociación y siempre que concurran circunstancias organizativas que así lo aconsejen.

El Título II... en el Título II se regulan las medidas de simplificación, con la finalidad de reducir y agilizar trámites, avanzando hacia una Administración fácil y accesible a los ciudadanos. Con esta finalidad, se recogen una serie de medidas:

En primer lugar, la posibilidad de reducir en un 50 % la sanción pecuniaria si se abona en el plazo de 30 días desde la propuesta de resolución, que se aplicará para sanciones recogidas en 24 normas de la Comunidad.

En segundo lugar, se modifica la Ley de Gobierno, para agilizar el procedimiento interno de elaboración de anteproyectos de norma. Los trámites de audiencia e información pública se realizarán de manera simultánea y preferente a través de la plataforma de Gobierno Abierto, y las Consejerías se pronunciarán en un solo momento sobre las cuestiones de su competencia.

En tercer lugar, no será preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo en el proyecto de ley de Presupuestos y en los proyectos de decreto organizativo, según propuesta del propio Consejo Consultivo.

En cuarto lugar, se modifica la Ley Reguladora del Juego, para que las autorizaciones y habilitaciones en materia de juego otorgadas por autoridades distintas de la Administración Autonómica sean válidas en la Comunidad, en la aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

En quinto lugar, se modifica la Ley de Cooperación al Desarrollo para simplificar la planificación a través de un único instrumento, el plan director.

En sexto lugar, se modifica la Ley de Hacienda y la Ley de Presupuestos, para que las modificaciones presupuestarias competencias de los Consejeros se contabilicen en el plazo de tres días, y las que afecten al Plan de Cooperación Local exigirán solo comunicación posterior a la Consejería de la Presidencia, no informe previo, como ocurría... como ocurre hasta el momento.

Se modifica también la Ley de Caza de Castilla y León, sustituyendo autorización... autorizaciones por... por –perdón- por comunicaciones.

Y, por último, se modifica la Ley del Deporte, para simplificar la distribución de competencias sancionadoras.

Por último, Señorías, el Título III se dedica a medidas organizativas. Se estructura en cuatro capítulos –como les he dicho anteriormente-, atendiendo a los distintos niveles de organización a los que se refiere:

El Capítulo Primero recoge las medidas que corresponden a la organización de la Administración de la Comunidad. Se atribuye al Delegado Territorial la coordinación de todas las entidades adscritas a la Administración General. Se posibilita que órganos de una Consejería puedan realizar funciones materiales y de apoyo en relación con sus entes adscritos. Se regula la encomienda de gestión a órganos de la misma, o a diferentes Administraciones, o a entes instrumentales del sector público, como ya se recoge en la ley del año noventa y dos. Y se atribuye a los servicios jurídicos la asistencia jurídica a entidades adscritas y otros entes del sector público autonómico, así como la asistencia... asistencia al personal y a los altos cargos en procedimientos judiciales.

El Capítulo Segundo está dedicado a los órganos de cooperación local, y tiene como finalidad configurar al Consejo de Cooperación Local como principal órgano de colaboración con las entidades locales. Se modifica la Ley de Régimen Local de Castilla y León, para simplificar su organización, pasando de cinco órganos que tiene en la actualidad a uno, pudiendo crearse, eso sí, grupos de trabajo. También se modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales y la Ley de Carreteras, con la finalidad de que el Consejo de Cooperación Local asuma las funciones que hasta ahora correspondían a la Comisión Regional de Coordinación de Policías Locales y a la Comisión de Carreteras.

El Capítulo Tercero está dedicado a los órganos de coordinación interdepartamental, con la finalidad de atribuir a la Comisión de Secretarios Generales todas las funciones de coordinación entre Consejerías. Para ello, se le atribuyen las funciones que hasta ahora desarrollaban la Comisión Autonómica de... de Publicidad Institucional, la Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología, la Comisión de Coordinación para la Política de Juventud de la Administración Autonómica, la Comisión Interconsejerías para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y la Comisión Interconsejerías de Apoyo a las Familias.

Y, por último, Señorías, el Capítulo Cuarto, dedicado a los órganos de asesoramiento y participación, que persigue racionalizarlos conjugando las altas cotas de participación que hemos logrado con la agilidad en la tramitación de las normas y procedimientos que requiere una Administración eficaz. Para ello, se modifican las normas reguladoras de esos órganos, un total de 20, sustituyendo la referencia expresa a órganos concretos por referencias genéricas, manteniendo en todo caso la necesidad de la existencia de un órgano de asesoramiento y participación en la materia correspondiente. Así mismo, se prevé modificar aquellos con materias y composición similar. Se suprimen, por no ser propiamente observatorios, sino órganos administrativos, las referencias al Observatorio Regional de Empleo y al Observatorio Autonómico de Servicios Sociales. Estas modificaciones no eliminan la participación en ninguna materia, esta sigue garantizada, canalizándose de forma diferente.

Señorías, con este proyecto de ley daremos cumplimiento a una gran parte de las medidas contempladas en el Acuerdo para la reforma de la Administración de la Comunidad que aprobaba la Junta el treinta de enero de este año, pensando siempre en los ciudadanos para que dispongan de una Administración más eficiente, más austera, más sencilla y que siga garantizando, e incluso incrementando, los mecanismos de transparencia y participación. Porque una Administración moderna debe adaptarse a las nuevas necesidades y debe suprimir la excesiva burocracia. Hoy los ciudadanos reclaman agilidad y, al mismo tiempo, seguridad y profesionalidad en la tramitación de sus asuntos. Con estas medidas, además, reforzamos el papel de los empleados públicos, verdaderos artífices del buen funcionamiento de la Administración, porque entienden el servicio al ciudadano como su razón de ser. Confiamos en su saber hacer para culminar con éxito este proceso.

Y es que este impulso debe darse desde la propia Administración, que ha de erigirse como protagonista de su mejora, porque conoce sus fortalezas y debilidades, y porque es una Administración responsable y comprometida con este proceso; una Administración sensible, atenta a las demandas ciudadanas, que ha decidido tomar las riendas para avanzar, mejorar y modernizar.

Termino, Señorías. En este proceso, al igual que durante la tramitación del proyecto, estamos abiertos a todas las propuestas. La falta de propuestas, la ausencia de alternativas, la oposición sin opción alguna es una muestra de inmovilismo, y el inmovilismo lleva al estancamiento, lleva a la inoperancia y lleva a la ineficacia, en definitiva, al retroceso de la organización. Y eso, estoy seguro, Señorías, ninguno lo queremos para la Administración de nuestra Comunidad. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias, Consejero. Procede a continuación el debate de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, solicitando la devolución a la Junta de Castilla y León del Proyecto de Ley de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 426, de veintitrés de junio dos mil catorce.

Para la defensa de la enmienda a la totalidad presentada, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Martín Martínez.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, Presidenta. Buenos días. Y empiezo... empiezo muy rápidamente por donde ha terminado el Consejero, diciéndole que... que, efectivamente, ahí tiene 89, 89 propuestas... 89 propuestas de... de modificación, sobre las que vamos a hablar a partir de... de ahora, espero que con un ánimo totalmente constructivo.

Se debate ahora la... la enmienda de totalidad, y muy rápidamente y... y al empezar, ¿por qué? Porque, a nuestro juicio, se trata de un proyecto de ley que va en contra de los intereses públicos, en contra de los trabajadores públicos y de su independencia y profesionalidad, en contra de la transparencia, en contra de la participación de la sociedad en asuntos públicos y en contra del fortalecimiento de los servicios públicos. Esta es la razón por la que hemos presentado la enmienda de totalidad, lo cual no quiere decir que, con las 89 propuestas que hemos presentado al mismo tiempo, pueda mejorarse sustancialmente este proyecto de ley.

Para empezar a hablar de la enmienda, hay que ver... hay que saber cómo estamos; cómo estamos, por ejemplo, en materia de Función Pública. En los últimos años la Comunidad ha perdido –según fuentes del Ministerio de Hacienda- 9.150 empleados públicos, de los cuales la Junta de Castilla y León ha reducido sus plantillas en más de 3.000 efectivos (el 4 %). Y, siendo esto importante, queremos destacar que el cuerpo de docentes se ha reducido en 822 profesores, y el del personal sanitario en 653 trabajadores, las Consejerías han recortado sus efectivos en 1.743 personas y las universidades públicas de Castilla y León en 950 profesionales. El 10 % de la tasa de reposición no cubre las necesidades de mantenimiento de los servicios públicos con la garantía de calidad y eficacia que requieren los ciudadanos.

De hecho, la última encuesta del CSIF, realizada entre los trabajadores públicos de la Junta de Castilla y León, según la cual el 72 % manifiesta que ha disminuido el número de profesionales que trabajan en su servicio; el 69 %, que dicen que nunca o casi nunca se han cubierto las bajas laborales y jubilaciones; el 66 %, que dicen que las medidas de reorganización y los recortes han aumentado su carga de trabajo.

En relación a otro apartado, la Administración B de la Junta –"los chiringuitos"-, no han sido objeto de la auditoría a la que se comprometió la propia Junta de Castilla y León, y ha sido... y han seguido siendo objeto de escándalo. Los informes del Consejo de Cuentas ponen de manifiesto las irregularidades, corruptelas y troceo de contratos en Sotur, Fundación Siglo, ADE Parques, etcétera, que empañan la gestión de las empresas públicas y fundaciones de la Junta durante años. Además, el último episodio ha sido impedir que el Consejo de Cuentas realizara dichas auditorías a estas empresas públicas y fundaciones. Un ejemplo más de la transparencia de la que presumen.

Se han detectado, por otra parte, y denunciado graves arbitrariedades en la paga de gratificaciones extraordinarias a determinados empleados públicos, además de decretarse de forma ilegal el secreto de las mismas. Un ejemplo más de la transparencia de la que presumen.

Las libres designaciones siguen incrementándose y no están justificadas en muchos casos. La externalización de funciones propias de la Administración Autonómica encarece y duplica el coste de algunos de estos servicios.

Esto es un esbozo muy rápido de cómo están algunos de los temas que trata el proyecto de ley. Pues bien, ninguno de estos problemas, que son los que verdaderamente afectan a la calidad y al mantenimiento de los servicios públicos y al buen funcionamiento de la Administración, se aborda en esta ley que ustedes llaman "ley paraguas" y que nosotros denominamos "ley saco", que modifica 44 leyes y que, a nuestro criterio, genera más problemas de los que resuelve.

Por lo tanto, si los problemas de la Administración de Castilla y León no se... no se abordan ni se pretenden resolver en este proyecto de ley, la pregunta es: ¿cuál es el objeto de este proyecto de ley? Y leyéndolo detalladamente se deduce, evidentemente, que detrás de este proyecto de ley hay una voluntad claramente expresada en el texto de someter a la Administración de Castilla y León a un largo pero inexorable proceso de privatización de servicios y de funciones públicas que, pasado algún tiempo, derivará en el alejamiento de lo que es la función principal de la Administración Pública, esto es, el servicio público y el interés general, de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, para garantizar la plena eficacia de la prestación de unos servicios públicos y de calidad.

Para evitar que se perpetren estos ataques al interés público, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta Enmienda de Totalidad, acompañada, como he dicho, de 89 enmiendas parciales. En relación a esta Enmienda de Totalidad, como indica el Artículo 110.3 del Reglamento, la enmienda versa sobre la oportunidad, los principios o -en este caso, y- el espíritu del proyecto de la ley.

En relación a los principios, la Enmienda a la Totalidad presenta... y que presentamos, versa sobre estos tres elementos: los principios que, según la exposición de motivos del... del proyecto de ley y el Artículo 1, inspiran el proyecto, que son la austeridad y optimización de recursos, y la simplificación. Pues bien, en ningún caso la austeridad está probada.

Es más, según el informe de la Consejería de Hacienda se desconoce... -leo-: se desconoce la repercusión económica de muchas de las medidas que se incorporan. No se cuantifica el ahorro. No se hace estimación económica, por ejemplo... -estoy leyendo el informe de... de la Consejería de Hacienda- no se hace estimación económica, por ejemplo, de la medida contemplada en el Artículo 3.5 del proyecto, relativa a la extensión del régimen de mantenimiento de retribuciones al personal directivo de centros e instituciones sanitarias. Tampoco... como tampoco se valora -siempre según la Consejería de Hacienda- qué repercusión económica puede tener la modificación de los aspectos relativos a la jornada laboral ordinaria. Este es también el criterio del Consejo Consultivo cuando afirma contundentemente que -leo- la memoria que acompaña al proyecto se limita a señalar que las medidas incluidas en el texto supondrán un ahorro de costes, que en ningún momento se cuantifican. Estoy leyendo los informes de la Consejería de Hacienda y del Consejo Consultivo.

Y es que, en efecto, la reducción de órganos consultivos y de participación que impulsa el proyecto puede suponer una reducción de los costes, pero, en este caso, los órganos que se eliminan son sustituidos por la previsión de que existan otros similares, con lo que la pretendida austeridad no está en absoluto garantizada. Por el contrario, lo que se produce, en todo caso, es una reducción de ingresos, al establecerse una rebaja al 50 % por el pronto pago de determinadas infracciones. Una rebaja que tampoco podemos aceptar, desde el entendimiento de que las normas sancionadoras no tienen esencialmente un carácter recaudatorio, sino que su objetivo último es evitar que se produzcan determinados hechos indeseables. Y, en este sentido, la reforma normativa que se propone reduce a la mitad este objetivo de compulsión administrativa con respecto a los hechos sancionables objeto de descuento.

En lo relativo al segundo principio que alienta el proyecto de la Junta, la simplificación, esta se pretende alcanzar por la vía de reducir a la mínima expresión la participación de órganos de asesoramiento técnicos y de representación de la sociedad, así como de los agentes económicos y sociales en la toma de decisiones. Con la contradicción añadida de que algunos de estos órganos de participación -que, por otra parte, no implican coste a mayores- han sido creados muy recientemente -en la Ley de... de Pesca, está recién... recién aprobada-, y han sido creados a iniciativa de la Junta. De tal modo que, en ocasiones, ni siquiera han llegado a constituirse y ya se les está sustituyendo por otros, que muy probablemente no tendrán la especialización que requieren los temas a tratar en cada caso.

Este hecho devalúa la calidad de la participación de la sociedad en la toma de decisiones, sin que ello suponga beneficio alternativo alguno, y con una afectación profunda del principio y derecho de participación de la sociedad y de los ciudadanos en los asuntos públicos, puesto que, junto con la eliminación de las funciones de dicho órgano, se suprimen las referencias a su composición y las garantías que establecían las diversas leyes para que la representación de la sociedad, de las organizaciones sindicales y empresariales, de los colectivos afectados en cada caso y sus representaciones, estuvieran garantizadas. El Grupo Parlamentario Socialista rechaza esta maniobra limitativa de la participación, como también rechaza la desproporción con la que el proyecto remite al reglamento para desarrollar estos futuros órganos, cuya creación no vemos justificada. La Junta no puede pedir a estas Cortes que firmemos un cheque en blanco para que el Ejecutivo, unilateralmente, concrete un derecho fundamental, como es el de participación en los asuntos públicos, que reconoce tanto la Constitución Española como el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Tampoco podemos compartir, por supuesto, el principio de opacidad... de opacidad, no de transparencia, que jalona el proyecto. El texto reduce y dificulta la información a los ciudadanos, incluso en trámites como las exposiciones públicas, la publicación de los acuerdos en el Boletín Oficial y la información en el Boletín Oficial de Castilla y León, y la información a las Cortes de Castilla y León de las actuaciones del Ejecutivo.

Señorías, una página web, por muy rimbombante que se denomine, es un instrumento, no un fin en sí mismo; y, desde luego, no puede ser la... la única alternativa a otras formas oficiales de información y publicidad; más cuando las alegaciones que se vierten en dicha página no son respondidas motivadamente y publicada dicha argumentación en la propia página ni incorporadas como documentación al proyecto, tal y como denuncian los servicios jurídicos y el mismo Consejo Consultivo. Una vez más, no lo decimos nosotros, lo dicen los servicios jurídicos y el Consejo Consultivo.

En relación al espíritu. Por estos motivos, rechazamos los principios que inspiran este proyecto, y también rechazamos el espíritu que invade el texto, que no es otro que abrir la puerta a la privatización de la gestión de servicios públicos a través de distintos procedimientos, como las encomiendas de gestión.

Estas situaciones, que en la actualidad ya se vienen produciendo, y que han llegado a ser detectadas por la Inspección de Trabajo, podrían suponer una cesión ilegal de trabajadores públicos, que no se compadece con la finalidad de servicio público de la Administración, y que, sin embargo, se refuerza y ampara en este proyecto de ley.

Si a ello le sumamos, por un lado, la pérdida de garantías en la gestión del empleo público; con unas relaciones de puestos de trabajo respecto de las que se elude la negociación, se devalúa la información y se evita su publicación en el Boletín Oficial; o con un sistema de adscripción de puestos de trabajo a los empleados públicos que, lejos de primar la profesionalidad y la independencia en el servicio a los intereses públicos, pretende fomentar la sumisión y la fidelidad a otros intereses no necesariamente públicos; y, por otra parte, un sistema en el que los empleados públicos –personas que optaron profesionalmente por el servicio público- se les puede forzar –y, de hecho, así se hace en algunos apartados del proyecto de ley- a prestar sus servicios a entes distintos de la propia Administración, cuya actuación no siempre está orientada al interés general. El resultado no podrá ser otro que la merma de la calidad y la progresiva privatización de la gestión de servicios públicos. Si este es el modelo de Función Pública que defiende el Partido Popular, el Grupo Socialista no puede estar en mayor desacuerdo.

Y, por último, la oportunidad. Porque tampoco compartimos la oportunidad del proyecto. Un proyecto que nace para dar cobertura normativa al Acuerdo 22/2014, de treinta de enero, de la Junta de Castilla y León, que -quiero recordar- establecía un plazo de tres meses para su desarrollo. Que, efectivamente, dicho acuerdo surge de la Comunicación realizada en esta Cámara el día diez de diciembre del año dos mil trece. Dicho plazo se ha incumplido ampliamente, y nada justifica, puesto que no ha habido ningún cambio significativo de circunstancias ni de coyuntura, que se pretenda reducir también la participación de estas Cortes imponiendo el procedimiento de urgencia, que reduce a la mitad los plazos para la presentación de enmiendas y el debate público.

Quiero aquí decir que, efectivamente, ha habido tres reuniones con el Grupo Parlamentario Socialista –el dieciséis de diciembre del dos mil trece, el veinte de enero del dos mil catorce y el catorce de marzo del dos mil catorce-, donde, en la primera sí, en la segunda también, en la tercera ya no, entendíamos los motivos de la urgencia; porque la urgencia no es para que se tramite algo rápidamente en estas Cortes, sino para que entre en vigor rápidamente; y a estas alturas, a estas alturas, parece de chiste que se pretenda una urgencia cuando el acuerdo de enero... [aplausos] ... establecía tres meses para la presentación del proyecto de ley; y nosotros estábamos de acuerdo, pero estábamos de acuerdo entonces; a los siete meses, ya no vemos la urgencia por ningún sitio.

En... de todas maneras, en cuanto a la oportunidad –y se acaba el tiempo-, simplemente decir que entendemos que tampoco es muy oportuno este proyecto de ley en el momento actual, en el que todavía falta por despejar la incógnita del mantenimiento de los servicios públicos mediante la financiación adecuada, tanto a nivel autonómica como local. Por ello, no parece oportuno iniciar un cambio de modelo de la Administración de la Comunidad como el que se plantea, sino todo lo contrario: lo más acertado sería luchar ahora por la mejor financiación posible para adaptar después la Administración a dichas mejoras.

En todo caso –y... y termino-, por tratarse de un proyecto de ley que, como he dicho, va en contra de los intereses públicos, de los trabajadores públicos y de su independencia y profesionalidad, de la transparencia, contra la participación de la sociedad en asuntos públicos y contra el fortalecimiento de los servicios públicos, es por lo que presentamos esta enmienda de totalidad, que sabemos que va a ser rechazada, pero emplazamos a la Junta de Castilla y León y al Grupo Parlamentario Popular a que las 89 propuestas, que entendemos que enriquecen muy sustancialmente este proyecto de ley, sean analizadas, debatidas y, al final, asumidas como única manera de mejorar en lo posible este proyecto de ley que se nos presenta. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias. Para un turno en contra de la enmienda a la totalidad presentada, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, señora Presidenta. Buenos días, señores Procuradores. Debatimos la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista a la Ley de reforma de la Administración. Y quiero que mis primeras palabras vienen motivadas por lo que ha planteado el Portavoz en este asunto del Grupo Socialista: por la tramitación por urgencia. Una vez más, esta Cámara ha habilitado los meses de julio y agosto para dar trámite a proyectos de ley que son importantes para el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. Hemos debatido la enmienda a la totalidad de la Ley de regeneración urbana; está trabajándose en Ponencia la Ley de Industria y la Ley de Prevención Ambiental y continuaremos con el trabajo en la Ponencia una vez sustanciado el debate de esta enmienda a la totalidad con la Ley de reforma de la Administración Autonómica, y creo que es una respuesta que esperan los ciudadanos y que... una vez más, que el conjunto de esta Cámara está dando la debida y oportuna respuesta a lo que los ciudadanos de Castilla y León nos demandan con la tramitación de estos importantes proyectos legislativos.

Centrando el debate en... que nos ocupa, debemos hacer referencia a los antecedentes. Ya se ha hecho esta mañana referencia a cuál es el principal antecedente que origina la tramitación de esta Ley de reforma de la Administración, y ese no es otro que el compromiso del Presidente Herrera, en su Discurso de Investidura, de trabajar por una Administración más acogedora, más proactiva, más sencilla, más amable y más transparente.

Y, Señorías, podemos decir que con la tramitación de este Proyecto de Ley de reforma de la Administración de la Comunidad culmina un proceso iniciado en dos mil once, y que las... tras las distintas medidas adoptadas durante estos tres años, y la tramitación de este proyecto de ley, junto con la tramitación, a futuro, de la Ley de Transparencia, este será un objetivo cumplido.

Señorías, durante esta legislatura hemos dado pasos firmes hacia ese objetivo. Es necesario recordar que el primer proyecto que se tramitó en esta Cámara fue una modificación de la Ley de Gobierno para reducir el número de Consejerías, fijando un límite máximo de diez. En la actualidad, la composición del Gobierno es solo de nueve Consejerías.

Se modificó -y se ha hecho referencia a ello también- la Ley de Instituciones de la Comunidad para reducir el número de Consejeros en un 40 %, además siendo los Consejeros que se suprimían los que correspondía designar a la Junta de Castilla y León.

Se ha reducido en más de un 24 % el número de altos cargos de la Administración Autonómica, y en el año dos mil trece aprobamos la modificación de la... de la Ley de Instituciones Propias de la Comunidad, que ha supuesto que el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas y el Procurador del Común dependan de las Cortes funcional y presupuestariamente. Y con la creación de una Secretaría General única para todas ellas, dotándolas de una mejor eficiencia, garantizando su continuidad y generando ahorros, que, tras la aprobación hace escasas fechas, en esta Cámara, de la Relación de Puestos de Trabajo, supondrá un ahorro de más de 2,5 millones de euros.

La aprobación de la Ley de Ordenación de Servicios y Gobierno en el Territorio también ha constituido una reforma esencial de la Administración Pública.

Y a todo ello hay que sumar el esfuerzo realizado en la reducción y simplificación de nuestro sector público autonómico. Ha sido aquí donde, a pesar de la moderación que ha presidido la actuación del Ejecutivo Autonómico en este ámbito –moderación que se acentúa más aún si lo comparamos con lo que ha sucedido en otras Comunidades Autónomas, donde los que aquí piden ser alternativa están en el Gobierno-, plantea claramente que en Castilla y León hemos sido austeros y hemos hecho las cuestiones de forma distinta a lo que se ha planteado en otras Comunidades Autónomas.

Los datos del Ministerio de Hacienda así lo ponen de manifiesto. Concretamente, en Castilla y León, en el segundo semestre del dos mil trece, de acuerdo con los datos recientemente publicados, en Castilla y León solo hay 14 entidades mercantiles sobre las que la Junta de Castilla y León tiene poder de decisión. En Andalucía, para compararnos con los que pretenden ser alternativa, hay 79 entidades mercantiles todavía. Allí no se llamarán "chiringuitos", serán enormes centros comerciales, señor Martín Martínez, lo que tienen ustedes en la Administración andaluza. [Aplausos].

Mire, Señorías, es que en Castilla y León no hemos cometido los errores que otros sí han incurrido; los que hoy defienden una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de reforma de la Administración, un proyecto que persigue convertir la Administración Autonómica en más eficiente y eficaz, para eliminar duplicidades, para hacerla más proactiva, crearon en las Comunidades donde gobernaron delegaciones en el exterior, televisiones autonómicas públicas, delegaciones provinciales por cada Consejería -frente a las delegaciones únicas en Castilla y León-, y pretenden hoy aquí darnos ejemplo.

Señorías, es que el Grupo Socialista trató de implantar un modelo similar en Castilla y León. Usted ha obviado que aquí han traído iniciativas a esta Cámara durante los últimos años para incrementar el número de Consejerías, para crear nuevas instituciones, y, en definitiva, porque en el ADN del Grupo Socialista, señor Martín Martínez, no está la reforma de la Administración para hacerla más eficaz y más eficiente; en el ADN del Grupo Socialista y en la inherencia de su forma de hacer política en la... en lo público está el sobredimensionar la Administración. Por ello, ustedes presentan aquí esta enmienda a la totalidad.

Señorías, esta legislatura hemos dado pasos fundamentales en lo referente a la reforma de la Administración, con reformas legislativas para hacerla más moderna, más eficiente, más eficaz, más dinámica, más sencilla, más austera; pasos que nos han permitido acercar la Administración a nuestros ciudadanos. Gracias a esa austeridad, hemos podido garantizar los recursos necesarios para seguir prestando unos servicios públicos esenciales de calidad contrastada, y todo ello cumpliendo los exigentes objetivos de déficit público, con una solvencia económico-financiera de la que pocas Comunidades pueden hacer gala, a pesar de la insuficiencia de las entregas a cuenta de un modelo de financiación que, como hemos venido diciendo, son claramente insuficientes, ejercicio tras ejercicio, para hacer frente al gasto social, sanitario y educativo, que garantice unos servicios de calidad como los que se prestan en Castilla y León, y que han sido, de nuevo, avalados con el informe de la Dependencia, que volvía a otorgar un sobresaliente –el décimo consecutivo- a Castilla y León en materia de servicios sociales. [Aplausos].

Señoras y señores Procuradores, este proyecto de ley pone de manifiesto el afán reformista del Ejecutivo autonómico. Se han dado pasos como para poner de manifiesto para simplificar nuestra Administración, para reducir nuestro ya de por sí reducido sector público, para acercar la Administración a los ciudadanos, a los que tienen que servir la modernización y reforma de la Administración, pero no hemos sido conformistas: el Presidente de la Junta se comprometió aquí, en el último Debate de Política General, a continuar con ese proceso reformista. Y de ahí, de ese compromiso adquirido en el Debate de Política General celebrado en el año dos mil trece, derivó la comunicación que se llevó a efecto en el Pleno del pasado diez de diciembre.

En esa... en esa comunicación se plantearon 65 medidas concretas, en cuatro ámbitos: en el ámbito institucional, en el ámbito de la coordinación y la reducción de duplicidades, en la modernización administrativa y en el área del sector público.

Esas medidas se han desgranado ya en la mañana de hoy por parte del Consejero de la Presidencia, y, efectivamente, de esa comunicación derivó un acuerdo –el Acuerdo 22/2014- que preveía, concretamente, la elaboración de un proyecto de ley, un Proyecto de Ley de reforma de la Administración, que diese cobertura a las iniciativas que en él se recogían. Se ha desgranado, efectivamente, cuáles son algunos de los principales aspectos que recoge ese proyecto de ley. Un proyecto de ley que se articula en 42 artículos y que tiene 4 títulos. El Preliminar, que recoge el objetivo y la finalidad de la ley, y dirigida a lograr un funcionamiento más eficaz y eficiente de la Administración; el Título I, que mantiene... plantea las medidas relativas a Función Pública, que se han desgranado también en la mañana de hoy; el Título II, que plantea medidas de simplificación, y en el que quiero hacer referencia a la única enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a este proyecto de ley. Una enmienda que persigue adecuar nuestra Ley de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad a las cuestiones que se plantean en las relaciones de la Administración Autonómica con las entidades financieras multilaterales, modelo Banco Europeo de Inversiones o Fondo Monetario Internacional, para poder cumplir las exigencias y adecuar nuestra regulación en materia de hacienda a la regulación estatal. Esta enmienda se incorpora, además, en la modificación que se plantea en el Artículo 10, en el que se plantea que las transferencias de crédito autorizadas por los Consejeros tengan que ser contabilizadas en el plazo máximo de tres días.

En definitiva, esta ley plantea aspectos importantes. Se ha dicho aquí, además, esta mañana una cuestión que no se sustenta, y quiero centrarme en ella. Cuando se plantea la rebaja de las sanciones pecuniarias, y quiero hacer referencia en aquellos supuestos de leyes, concretamente 22 leyes y dos decretos, que vienen perfectamente regulados, no se puede plantear aquí que se van a perder recursos económicos. Ustedes saben que la tramitación de los procedimientos sancionadores, con la regulación jurídica que hay en nuestro país, conlleva un tiempo. Y la interposición del recurso de reposición, inicialmente, continuado con la interposición de los recursos de alzada, incluso con la llegada al... al área... al ámbito contencioso, obviamente impiden la... la agilidad en la recaudación de esas sanciones.

Efectivamente, las sanciones no tienen afán recaudación; efectivamente, como usted ha dicho, lo que pretenden es evitar que se incumpla. Pero este es un mecanismo que ya se ha puesto en marcha y que ustedes han puesto en marcha en algunas leyes en el ámbito nacional. ¿Por qué en el ámbito nacional sí y aquí no? Pero ¿quién modificó la Ley de Tráfico para... el periodo voluntario al 50 %? Si fueron ustedes, señor Martín Martínez; fueron ustedes los que modificaron esa ley para plantear, por ejemplo, que al abono del 50 % ya plantee algo similar a lo que se está planteándose aquí en el ámbito de nuestra Comunidad. Eso de que de ahí se van a perder recursos yo no lo puedo compartir, porque estoy convencido que va a agilizar la recaudación de los... en el ámbito sancionador en materia... en materia... en la materia de las reguladas en esas 22... 22 leyes.

En definitiva, Señorías, estamos ante una ley que recoge infinidad de medidas. Se modifican 44 leyes, para eliminar duplicidades, para optimizar los recursos.

Ustedes sustentan su enmienda a la totalidad en un aspecto fundamental, y hacen toda, prácticamente –la mitad de su intervención-, en el ámbito de la Función Pública. Pero es que ustedes van mucho más allá en el ámbito de la Función Pública de lo que ha sido la posición de los representantes de los trabajadores en los ámbitos de negociación. Es que solo ha habido un sindicato que ha votado en contra de las medidas contempladas en la... en las mesas de negociación con la Función Pública, UGT, es que el resto se han abstenido, y usted lo sabe, usted lo sabe perfectamente. Y su posición va mucho más allá de la que han ido los representantes de los trabajadores. Si ustedes... si nosotros aceptásemos, en un ejercicio de responsabilidad, su enmienda, habría aspectos muy positivos, como la regulación de la atribución temporal de funciones, que no se podrían llevar a cabo. Y usted lo sabe perfectamente. Han sustentado en algo que va mucho más allá.

Y además, hace otra cosa, usted plantea aquí cuestiones, para sustentar y defender su enmienda, que no regula la ley. Si es que esta ley no hace, para nada, modificaciones en el ámbito de las gratificaciones extraordinarias, ni en la... en la regulación de las mismas. No hace nada de eso. Ni plantea aquí cuestiones relativas al Consejo Consultivo.

Mire, yo ya me he cansado de decirlo, pero lo voy a reiterar una vez más aquí en la Cámara: lo que hizo el Grupo Parlamentario Popular, presentar una enmienda, para que un informe, que no era de fiscalización del Consejo Consultivo, se retrasase al ejercicio dos mil quince, lo planteó este Grupo y usted lo planteó un año antes en el debate del Plan Anual de Fiscalizaciones del dos mil trece. Fue usted, y así lo recoge el Diario de Sesiones, se lo he dicho en distintas ocasiones, el que planteó que sería positivo que ese informe se retrasase, porque era un informe de fiscalización, para incorporar otros informes. Y eso usted lo sabe perfectamente. Nosotros en ningún momento hemos planteado eliminar ningún informe de fiscalización del Consejo Consultivo; lo que hemos planteado es que el Consejo Consultivo, que lo está haciendo, se vuelque en este ejercicio en colaborar con las entidades locales menores para facilitar la realización de la cuenta, cuestiones que también están recogidas en el Acuerdo 22/2014. [Aplausos].

Miren, Señorías, el Grupo Socialista, con la presentación de esta enmienda demuestra, una vez más, su inmovilismo. Sustenta la misma, y lo acabo de decir, en posiciones que ni siquiera han defendido los representantes de los trabajadores en las distintas mesas de negociación. Justifica su posición con argumentos relativos a cuestiones que, como he dicho, no se han planteado ni se regulan en este proyecto de ley: no se regula, para nada, cuestiones relativas a gratificaciones.

Ustedes defendían la opacidad. Y mire, si acabamos de poner en marcha la plataforma de Gobierno Abierto. El Consejero de la Presidencia ha puesto de manifiesto en el debate esta mañana que este proyecto de ley ha sido el que más participación ha tenido, con más de 1.455 votos. Es que yo creo que ustedes tienen un concepto de la participación en el que, si ustedes participan, la hay, pero no la hay si participa el resto. Y aquí lo que se trata es que participe el conjunto de la sociedad de Castilla y León, y ¿qué mejor plataforma, que la plataforma de Gobierno Abierto? Esa es la realidad. [Aplausos]. Aquí hay participación, ¡claro que la hay!, si están participando el conjunto de los ciudadanos. Es que ustedes entienden la participación cuando participan ustedes. Si lo importante no es que participen ustedes, que también es necesario, es que participe el conjunto de la sociedad y que el conjunto de la sociedad se pronuncie sobre los proyectos de ley que se están tramitando.

Mire, el Grupo Parlamentario Popular, voy terminando, rechaza esta enmienda, con el convencimiento de que esta ley redundará en una Administración más eficiente, más ágil y eficiente, simplificando la Administración, eliminando duplicidades, continuando con la reducción del sector público, en definitiva, optimizando recursos en aras a prestar un mejor servicio a los castellanos y leoneses, destinatarios finales de las mejoras que conllevará este proyecto de ley.

Somos conscientes que los ciudadanos demandan una Administración más eficiente y, para conseguirla, la Administración debe ser más dinámica, debe estar en continuo proceso de transformación. Debemos trabajar para que los ciudadanos recuperen la confianza y la credibilidad en su Administración. Aquí no caben posiciones inmovilistas que otros defienden, y lo contenido en esta ley persigue únicamente eso, la mejora de la eficiencia, la eficacia de la Administración para mejorar la prestación de servicio público al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León.

Si ustedes quieren que sigamos trabajando como lo hemos venido haciendo en algunos proyectos de ley importante, retiren esta enmienda a la totalidad, y continuemos el trabajo en Ponencia, como he dicho, durante los meses de julio y agosto, con total dedicación para avanzar, porque estoy convencido que los ciudadanos les van a agradecer que retirasen esta enmienda a la totalidad y que se sumasen a trabajar por hacer una Administración mucho más eficiente, más eficaz. Sus posturas inmovilistas no conducen a nada. Nada más y muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias, Señoría. Para un turno en contra de... para un turno de réplica –perdón-, tiene la palabra el señor Martín Martínez, por el Grupo Parlamentario Socialista.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí. Gracias, Presidenta. Y es verdad, porque ya no sé si es de réplica, porque tampoco ha hablado prácticamente de la enmienda de totalidad. Muy rápidamente. Posición del Grupo Parlamentario en relación al Plan de Fiscalización del Consejo de Cuentas: no vuelva a decir esa mentira, siempre hemos dicho, siempre hemos dicho –y el año pasado también- que lo que queríamos era la auditoría del sector público autonómico... [aplausos] ... –autonómico-, y que, para ello, si era necesario retrasar un año el sector público local estábamos de acuerdo, pero primero el autonómico, no ninguno, como están planteando ustedes; nunca ninguno, como han planteado ustedes, poniéndole la mordaza al Consejo de Cuentas.

Segundo, en esta ley saco usted dice que es todo muy coherente, es muy necesario para la reforma de la Administración, como, por ejemplo, asumir que los dueños de las máquinas tragaperras puedan traer con autorización de otras... de otras Comunidades Autónomas sus máquinas aquí. ¿A que usted no lo sabía? Eso está en la ley, eso está en la ley saco. ¡Fíjese qué reforma de la... de la Administración!

Tercero, en relación a la Función Pública. Efectivamente, nosotros recogemos cuestiones no solamente las que han planteado algunas organizaciones sindicales, sino las que han planteado muchos y muchos trabajadores públicos adicionalmente. Y dice usted: no, si es que aquí solamente un sindicato votó en contra y los demás se abstuvieron. ¿Y está usted satisfecho, no? ¿Y el Consejero está satisfecho? Pues sigan ustedes así. Si entienden que.... que un sindicato vote que no y los demás se abstengan eso es un apoyo a su proyecto de ley, sigan así. Desde luego, ellos no lo entienden para nada, y nos dicen que su ley es un bodrio, y que se abstuvieron simplemente porque entienden que hay muchas más modificaciones que hacer... [aplausos] ... en materia de Función Pública.

En relación al trámite de urgencia, ya le dije antes: efectivamente, cuando se nos dijo, el dieciséis de diciembre, por parte del Consejero "oye, esto es urgente, vamos a tramitarlo por el trámite de urgencia", dijimos "bueno, si tú lo ves tan urgente, pues vale". Cuando se nos dijo el veinte de enero "oye, esto es urgente, vamos a tramitarlo por el trámite de urgencia", dijimos "oye, si tú lo ves tan urgente, pues bueno, pues vale". Claro, cuando se nos dice el catorce de marzo "oye, que esto es urgente, vamos a tramitarlo por el trámite de urgencia", ya le dijimos "oye, joder, pero ¿no era urgente?, ¿por qué no lo has presentado antes?". Y claro, ya cuando se presenta en julio, y se dice "es tan urgente que lo vamos a tramitar por el trámite de urgencia", es que da risa, es que da risa. [Aplausos]. El problema... el problema es que han querido ustedes... han querido ustedes... –yo creo que es tan infantil como eso- han querido ustedes utilizar este momento en que muchos de los trabajadores públicos están disfrutando de sus vacaciones precisamente para que no puedan enterarse de cómo va la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley. [Aplausos]. Es la única... la única urgencia que yo le veo ahora, después del esperpento que hemos vivido en relación a la urgencia que tenía en diciembre, en enero y en marzo, y estamos –como les recuerdo- en dieciséis de julio.

Hay algo que usted no ha dicho, para nada, y que es el talón de Aquiles de esta ley: esta ley iba a suponer un ahorro... iba a suponer un ahorro, que la Consejería de Hacienda dice que no ve por ningún sitio, y que el Consejero es la primera vez, en su intervención, que ha dicho que es un ahorro de 280 millones de euros. Que me imagino que es el mismo cálculo que hicieron cuando presentaron el compromiso de reducción y simplificación administrativa... sí, sí, un... sí, sí, un programa completo, con todas estas medidas, donde iba a haber un ahorro de 240 millones, por ejemplo, en las subvenciones del Plan Renove de ventanas se iban a ahorrar 2.900.000 euros. ¿Dónde está ese ahorro? O se iban a ahorran en las subvenciones de ahorro energético... -sí, por simplificación administrativa- en las subvenciones por ahorro energético en el sector de la edificación 817.000 euros. O se iban a ahorrar –y es la cuarta vez que lo planteo aquí- en la solicitud de alta en el registro de beneficiarios de la Consejería de Agricultura y Ganadería cincuenta millones y medio. Claro, así ahorra cualquiera: todo, todo filfa, todo falso, igual que este plan... [el orador muestra un documento] ... nos tememos que sea el ahorro de esta ley, que lo dice la propia Consejería de Hacienda, que no lo ve por ningún sitio.

Chiringuitos, lo decimos nosotros, pero es que lo dice el Consejo de Cuentas. Y, además, ¿sabe quién lo va a decir también? Lo está diciendo ya... en el ámbito judicial se está hablando también de los chiringuitos de esta Comunidad Autónoma, y usted lo sabe, y eso es lo que les tiene realmente... realmente preocupados. Y no ha habido ninguna reducción. Ustedes lo que han hecho es ocultar, esconder... esconder Sotur detrás de la Fundación Siglo, esconder ADE Parques detrás de la... de la Agencia en general, para que no se vea, para que no se note, pero, a fin de cuentas, esos datos están ahí, las cosas que se han hecho están ahí, y están en los Juzgados, y la repercusión la vamos... la vamos a conocer.

Y mire, simplemente, hoy usted se ha ido... por los cerros de Úbeda no, yo creo que no ha leído la enmienda. Y ha hablado como un mérito en relación a las entregas a cuenta del sistema de financiación, etcétera, hoy, hoy, donde quiero hacer público en esta Cámara lo siguiente: se confirma totalmente lo que veníamos diciendo del "centimazo", porque hoy se conoce la liquidación del sistema de financiación de la Comunidad Autónoma del año dos mil doce, y hoy se sabe que solamente en relación al impuesto sobre hidrocarburos la Comunidad Autónoma, que puso el "centimazo" para ingresar 60 millones, va a tener que devolver, solamente por ese impuesto –y ya hablaremos del IVA-, solamente por ese impuesto, va a tener que devolver 75 millones de euros. [Aplausos]. Eso... eso es lo que ustedes han hecho con el "centimazo".

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, Señoría.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Sí, finalizo con una mención muy rápida a la rebaja por pronto pago. Mire, señor Cruz, es que no lo digo yo, lo dice la Consejería de Hacienda, que no hay en la ley ningún ahorro, y sí una disminución de ingresos, simplemente por la disminución de esta línea que se establece, que, efectivamente, para algunas sanciones puede estar justificada pero, por ejemplo, para las sanciones graves en materia de atención al mayor yo en absoluto reduciría por pronto pago ningún tipo de sanción. Hay temas con los que no se puede jugar, en absoluto.

Finalizo simplemente diciendo, por supuesto, ratificamos la necesidad de la Enmienda de Totalidad, la necesidad de que este proyecto de ley, a pesar de que es tan urgente, se replantee; y, a pesar de que es tan urgente, veamos rápidamente... –eso sí, si el Consejero lo necesita tan urgente- veamos las propuestas, que son muchas, muy válidas, y que vienen de muchos ámbitos...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, señor Martín.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

... para mejorar este proyecto de ley. Sé que no va a ser así, pero, desde luego, a nosotros nos tendrán ahí. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. Para un turno de dúplica, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cruz García.

EL SEÑOR CRUZ GARCÍA:

Gracias, señora Presidenta. Mire, otra vez volvemos a la referencia, volvemos al tema del Consejo de Cuentas. Yo, es muy sencillo, vamos a darle a los medios de comunicación la hoja en la que en el Diario de Sesiones, en el debate del Plan Anual de Fiscalizaciones para el dos mil trece, usted pedía que el informe que este Grupo ha enmendado –sector público local, que no es un informe de fiscalización- se retrasase al ejercicio siguiente. Cuando usted lo plantea no pasa nada, pero cuando lo plantea el Grupo Popular, lo aprueba, estamos coartando la libertad del Consejo de Cuentas. [Aplausos].

Mire, tan es así que figura en el Diario de Sesiones mi expresión: yo le dije -y reitero- que no existe ningún inconveniente por parte del Grupo Parlamentario Popular a que el Consejo de Cuentas incorpore ese informe en el próximo plan anual de fiscalizaciones, pero que, este año, la labor del Consejo de Cuentas debería centrarse –como lo ha hecho- en facilitar la rendición a las entidades locales menores para que no desaparezcan; es una prioridad de esta Cámara y también de esta Ley de la Acción de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

Mire, señor Martín Martínez, me lo pone usted, de verdad, blanco y en botella. Me dice que los Tribunales van a empezar a hablar de la situación de la Junta de Castilla y León; ¡pero si donde ustedes gobiernan llevan hablando años, años de las situaciones que se están dando con los eres en Andalucía! Y fue usted el que trajo aquí a la Consejera de Hacienda para decir que esa era la alternativa que pretendía el Grupo Socialista para Castilla y León. ¿Pero de verdad quiere eso para Castilla y León usted, de verdad? ¿De verdad quiere eso, la situación que se está dando en Andalucía? Hombre, no nos ponga como ejemplo lo que ustedes están haciendo donde gobiernan.

Y, mire, es cierto que el Informe de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda, que es un informe vinculante y se incorpora al expediente, no cuantifica; dice que todavía no se puede hacer una estimación real del ahorro que contiene la ley; pero es que el Consejero de la Presidencia ha dicho esta mañana que el ahorro está cuantificado en 280 millones de euros. Es que a ustedes les da igual lo que les vengamos a decir aquí, porque vienen con su discurso hecho: ya no hay ahorros. No, mire, hay ahorros, y los va a haber, como los ha habido en el Plan de Racionalización del Gasto; es que ustedes negaban hasta hace dos meses que había habido ahorros en el Plan de Racionalización del Gasto, y tuvo que comparecer la Consejera de Hacienda para explicarle cuál era el ahorro: 240 millones de euros.

Y, mire, trámite de urgencia, disponibilidad total del Grupo Parlamentario Popular, y me consta que también del Grupo Socialista. Esta misma mañana hemos hablado, antes de comenzar esta sesión, para fijar ya el calendario de Ponencias y que las Ponencias se desarrollen durante los meses de julio y agosto. Por nuestra parte, total disponibilidad, como me consta también la disponibilidad del Grupo Mixto. Pero creo que es importante poner de manifiesto algo: es que aquí nadie ha modificado ningún criterio, es que la Junta en la comunicación ya dijo que el trámite de esta ley iba a ser un trámite por urgencia. Y, mire, no... no llevemos el grito al cielo, es decir, permítame, es que la diferencia entre el trámite de urgencia y el trámite ordinario son diez días para el periodo de alegaciones; hombre, por favor, señor Martín Martínez, seamos serios. ¿Ese es el problema, el trámite de urgencia? Es que la diferencia en el Reglamento de la Cámara es diez días, diez días; y usted lo sabe perfectamente.

Y, mire, desde luego que este ha sido un ejemplo en el que, por nosotros, siempre, y el Ejecutivo Autonómico ha tendido la mano para llegar a acuerdos. Y hemos llegado a acuerdos importantes en esta Cámara, y hemos sido ejemplo yo creo que para otras Cámaras en otras Comunidades Autónomas: Ley de Ordenación del Territorio, Ley de Instituciones Básicas de la Comunidad, la Ley Agraria... Han sido ejemplos de acuerdos importantes en esta Cámara. Y aquí hemos tenido otra vez la mano tendida, por parte del Ejecutivo Autonómico, para llegar a acuerdos.

Pero mire, hay una realidad: es que nosotros... creo que ustedes han demostrado que, a día de hoy, no son fiables; y no lo han sido en Castilla y León, y lo están demostrando con la Ley de Ordenación del Territorio. Pero es que ni siquiera ya ni su nuevo líder es fiable, si es que en la primera decisión que toma se carga un acuerdo del Partido Socialista a nivel europeo y no votan al... [aplausos] ... el pacto que tenía en la Cámara Europea. ¡Por favor! Pero no nos pueden... Ustedes no son fiables, y usted lo sabe perfectamente que no son fiables.

Aun así, mano tendida para llegar a acuerdos siempre que esos acuerdos supongan una mejora en el objetivo de esta ley. La mejora es más eficacia, eliminar duplicidades, racionalizar la Administración, permitir optimizar los recursos y, desde luego, que tengan la certeza los empleados públicos que esta ley lo que hace es reforzar su papel, que no tengan ninguna duda de que no hay ninguna cuestión –ellos lo conocen perfectamente- que perjudique. Lo único que estamos buscando es racionalizar la Administración, optimizar los recursos y mejorar el servicio público para el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. Esta legislatura ha sido un ejemplo en todo ello, y he puesto múltiples ejemplos a lo largo de esta mañana.

Y, desde luego, vamos a avanzar, porque le hacía referencia: aquí no culmina la reforma de la Administración, vamos a potenciarlo dando un paso más con la Ley de Transparencia, que es lo que culminará realmente el compromiso que asumió aquí un Presidente responsable, que es el Presidente Herrera, en su Debate de Investidura, y para lo que el Ejecutivo Autonómico ha trabajado durante estos cuatro años. Nada más, y muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias, Señoría. Para un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Buenos días, Señorías, invitados. Dentro de la contrarreforma legislativa que lleva a cabo el Partido Popular en el Gobierno de la Nación y en el Gobierno de la Junta de Castilla y León, este proyecto de ley que se tramita sin justificación por vía de urgencia está en la misma línea del macrodecreto aprobado recientemente a nivel estatal. Son etapas de la demolición de los derechos de los ciudadanos a la información, a la participación, que el Partido Popular presenta como reforma de la Administración, regeneración democrática; pero ni reforma, ni regeneración: contrarreforma y degeneración democrática.

No es tal cosa publicitar el anteproyecto a través de la página del Gobierno Abierto y creer que con eso ya está todo hecho, cuando la audiencia de esa página es mínima; cuando todos ustedes saben -y sabe muy bien la Junta de Castilla y León- que el acceso a internet en nuestra Comunidad no alcanza ni al 32 % de los hogares; cuando, por desgracia, nuestra Comunidad está en el tercer puesto por la cola sobre el desarrollo del Plan de Banda Ancha –es decir, que se ha fracaso en el tema-.

Pero tampoco lo es el vaciar de contenido las funciones de los órganos colegiados o fusionados en uno solo. Tampoco lo es recortar drásticamente las funciones encomendadas al Consejo de la Función Pública y eliminar el informe preceptivo en materia de personal; entre la eliminación de derechos, por cierto, figura el de una fijación arbitraria de los servicios mínimos en caso de huelga. Tampoco lo es eliminar el informe preceptivo en la tramitación de las relaciones de puestos de trabajo, disminuyendo la seguridad jurídica, disminuyendo el derecho a la defensa judicial, limitando la negociación con los representantes sindicales, y un largo etcétera. Así mismo, tampoco lo es -ni reforma, ni regeneración- el atribuir funciones distintas al puesto de trabajo, el obligar a empleados públicos a trabajar para entes y empresas públicas, el omitir especificación de cuerpo, de escala, de especialidad en la libre designación. Tampoco lo es la discrecionalidad a la hora de seleccionar contratos temporales -por ejemplo en sanidad-, o al fijar discrecionalidad en salarios de directivos –por ejemplo, en la Gerencia de Salud-. Tampoco lo es el precarizar todo el empleo público al desviarlo, incluso, hacia la Administración B, la cual no se reduce, sino acaba siendo fortalecida por la vía de la encomienda de la gestión. No lo es el proponer un premio para el incumplimiento de la ley, y se propone un premio para el incumplimiento de la ley cuando se plantea reducir sanciones por infracciones, hasta graves, en materia de atención a personas mayores, en seguridad alimentaria, en sistema de salud, en servicios sociales, en protección a la infancia, en ordenación farmacéutica, en igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera; tampoco lo es impedir que el Consejo Consultivo emita su informe sobre la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad, paso previo para la anulación y eliminación por la vía del vaciamiento de ese órgano, cuyos informes –como hemos visto a lo largo de la mañana- no son muy queridos por el Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León; no lo es, así mismo, no elaborar un informe anual de conocimiento público sobre la... la planificación y los gastos en publicidad institucional, que se eliminan mediante este proyecto de ley, que parece un proyecto de ley expreso, como los antiguos expresos que... que cruzaban la Comunidad de norte a sur.

Y, en la misma línea, en este proyecto se eliminan una serie de informes que antes pasaban por el control de esta Cámara, como puede ser el de cooperación al desarrollo.

Al final, esto es una contrarreforma y una degeneración democrática fundamentada en la ocultación y en la arbitrariedad. Señorías, el Partido Popular está utilizando la modificación de las leyes, las modificaciones legislativas en todo el Estado, para desmontar la Constitución, para desmontar el Estatuto de Castilla y León, para desmontar el Estado de Derecho también de los castellanos y de los leoneses, retrotrayéndonos a tiempos excesivamente oscuros, excesivamente totalitarios.

Por todo ello, desde el Grupo Mixto, tanto desde UPL como desde Izquierda Unida, vamos a apoyar la petición de devolución de este proyecto de ley. Nada más. Gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias, Señoría. Ruego, señores ujieres, cierren las puertas.

Votación Enmienda a la Totalidad PL/000032

Concluido el debate, procedemos a someter a votación la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Señorías, comienza la votación. Gracias.

Votos emitidos: ochenta y uno. Votos a favor: treinta. Votos en contra: cincuenta y uno. Ninguna abstención. En consecuencia, queda rechazada la enmienda a la totalidad de devolución a la Junta de Castilla y León del Proyecto de Ley de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

El proyecto será remitido a la Comisión de Presidencia de esta Cámara para que continúe su tramitación reglamentaria.

Muchas gracias. Se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las trece horas quince minutos].