DS(P) nº 44/8 del 25/9/2012

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Buenas tardes. Se abre la sesión. El Procurador del Común, como Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, reconocido en el Artículo 18 del Estatuto de Autonomía, expondrá oralmente, tal y como indica el Artículo 32 de la Ley reguladora de la Institución y el Artículo 52.3 del Reglamento de la Cámara, un resumen de su informe en una sesión específica del Pleno de las Cortes de Castilla y León, y, al final de la intervención del Procurador del Común, los Grupos Parlamentarios podrán intervenir para fijar su posición.

Por la señora Secretaria se da lectura del primer y único punto del Orden del Día.

Informe 2011

LA SECRETARIA (SEÑORA ALONSO SÁNCHEZ):

Gracias, señora Presidenta. Primer punto del Orden del Día: "Informe Anual del Procurador del Común de Castilla y León correspondiente al año dos mil once, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 116, de quince de junio del dos mil doce".

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias. Para la presentación del Informe ante el Pleno, tiene la palabra el Excelentísimo señor Procurador del Común, señor Amoedo Conde.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMOEDO CONDE):

Excelentísima señora Presidenta de las Cortes, Excelentísimo señor Presidente de la Junta, miembros de la Mesa de las Cortes, Consejeras, Consejeros, Procuradoras, Procuradores, señores y señoras. Cumpliendo el Artículo 32 de la Ley del Procurador del Común, voy a exponer oralmente un resumen del Informe correspondiente al año dos mil uno, que tiene una doble finalidad: poner en su conocimiento el trabajo desarrollado por la Institución y las quejas que los ciudadanos han presentado contra la actuación de la Administración.

Se han presentado 2.411 quejas, 455 más que en el año anterior. El número de quejas es significativo para evaluar la función del Procurador, pero tiene una valoración o un valor superior cuando se constata que, detrás de la queja, hay más de un ciudadano, hecho que se produce cuando las quejas son colectivas o están firmadas por varias personas.

En el año dos mil once se presentaron 257 quejas colectivas (funcionarios públicos, asociaciones que representan a los colectivos más vulnerables, asociaciones vecinales, etcétera) y 104 quejas firmadas por varios ciudadanos. Esto nos demuestra que la base social que sustenta las reclamaciones contra la Administración es muy superior al número de quejas presentadas.

El Servicio de Atención al Ciudadano ha realizado 906 entrevistas personales, de las cuales 531 se realizaron fuera de nuestra sede, y hemos contestado a 98 consultas de manera inmediata, evitando, en muchas ocasiones, la presentación de la queja.

De las quejas que se han presentado en la Institución, un 56 % corresponden a ciudadanos que no residen en las capitales de provincia, dato que revela un acercamiento de la Institución a quienes residen en poblaciones más pequeñas.

La distribución de las quejas por áreas es la siguiente –voy a hacer una pequeña enumeración-: régimen jurídico de las Corporaciones Locales, 386; medio ambiente, 358; fomento, 349; familia e igualdad de oportunidades, 176; sanidad y consumo, 118; y educación, 98.

La provincia que ha presentado más quejas, como siempre –siempre digo lo mismo-, es la provincia de León, que ha presentado 608 quejas; en Burgos, 324; en Valladolid, 274; Salamanca, 232; Palencia, 210; Zamora, 170; Segovia, 154; Ávila, 123; y en Soria, 61.

La Institución ha incoado en este año –el año dos mil once- 35 expedientes de oficio, uno menos que en el año anterior. Como saben ustedes -ya conocen-, los expedientes que tramitamos se terminan, se concluyen, con la correspondiente resolución.

A la Administración Autonómica se han dirigido 420 resoluciones: 194 de archivo por ausencia de irregularidad, y 226 en las que se formuló recomendación por haberse constatado, según nuestro criterio, una actuación irregular. De estas últimas, fueron contestadas 198, aceptadas 144, no aceptadas 54, y pendientes de contestación 26. Hemos archivado 2, finalizado el plazo, que fueron... que fueron contestadas con posterioridad al cierre de nuestro informe.

A la Administración Local hemos dirigido 644 resoluciones: 274 de archivo, 370 con la correspondiente recomendación, de las que se contestaron doscientos... 240, se aceptaron 191 y no se aceptaron 49.

Señorías, en total hemos dictado 1.064 resoluciones, todas ellas debidamente motivadas, lo que supone 3 resoluciones cada día en todos los días del año: 468 son de archivo por ausencia de irregularidad, y 596 resoluciones en la que se formuló recomendación a la Administración. De estas últimas, a fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil once, se habían contestado 438, aceptadas 335, y no aceptadas 103; pendientes de contestación, 116, de las que han sido ya contestadas en este momento, con posterioridad al cierre del informe y hasta el uno de septiembre, 95, habiéndose aceptado 66. Por lo tanto, quedan sin contestar, de momento, 21 resolución.

De estos datos se desprende que la Institución del Procurador del Común constituye un auténtico mecanismo de garantía y tutela de los derechos de los ciudadanos, siendo su nota esencial, además de la independencia, de su objetividad y de su imparcialidad -como digo, también de carácter esencial-, su cercanía. Cercanía no solo hacia las personas cuyos derechos defiende, sino también con la propia Administración.

La Institución es un observador cualificado de la realidad regional y de los problemas de los ciudadanos, y, de forma inmediata, puede incoar expedientes de oficio, sin tener que esperar a la presentación de una queja por parte del ciudadano.

Por datos objetivos que hemos elaborado a partir de los informes anuales del Defensor del Pueblo, de las Defensorías Autonómicas y del padrón municipal de uno de enero del año dos mil once, los ciudadanos presentan más quejas en las Comunidades donde existe un Defensor Autonómico.

La Institución del Procurador Común... del Común es una institución eficaz, porque los ciudadanos confían en su trabajo, y ello se demuestra por el número de quejas que se presentan. Pero, evidentemente, también las Administraciones implicadas, las Administraciones de nuestra Comunidad, confían también en la actuación del Procurador del Común por el número elevado de resoluciones que se aceptan, que alcanza el 79 %.

Evidentemente, esta aceptación tiene su fundamento en que las Administraciones supervisadas confían en el trabajo que se desarrolla por la institución.

La colaboración de las Administraciones para el cumplimiento de nuestra función, por regla general, ha sido aceptable, pero, evidentemente, en algunos expedientes no se ha producido, y en otros no tiene lugar con la diligencia que nos gustaría, siendo preciso el envío de recordatorios de las solicitudes de información, que, como es lógico, produce un retraso en la tramitación del expediente; o lo que es peor, el archivo sin poder cumplir con nuestra función.

Concluidos estos datos estadísticos, voy a exponer un resumen, que tiene que ser breve, porque sería imposible hacer referencia a todas las quejas que han llegado a la institución contra una actuación de la Administración; me voy a referir a las que yo... todas son importantes, pero a las que yo considero que pueden tener un mayor calado dentro de la Institución.

En materia de Sanidad, las quejas tienen un contenido variado: déficit de especialistas, sensación ciudadana que el principio de igualdad en el acceso a los sistemas sanitarios no se cumple de modo eficiente, tanto dentro como fuera del territorio castellano y leonés, el trato humano y personal dispensado a los pacientes en los servicios de urgencia, el acceso a la historia clínica de los pacientes y a sus informes médicos. Se ponen límites a dicho acceso, que hace que el interesado desconfíe de la asistencia recibida, o no se posibilita al paciente la comprobación de que el sobre que se le entrega contiene toda la documentación.

Hemos incoado expedientes solicitando en nuestras resoluciones medidas de apoyo para los afectados de fibromialgia, reintegro de los gastos de la hormona de crecimiento para que los afectados no tengan que acudir a la vía judicial, y regulación del uso de desfibriladores fuera del ámbito sanitario.

Hemos vuelto a reiterar la necesidad que la renuncia a las lista de... de espera tiene que ser expresa, y que debe constar por escrito, no resultando suficiente el reflejo documental de lo presuntamente indicado en una conversación telefónica.

Yo quiero constatar –leído el otro día- que, según el barómetro sanitario realizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas, los castellanos y leoneses siguen confiando en su sistema sanitario y se encuentran satisfechos con él, ocupando el tercer lugar en el periodo comprendido de febrero a octubre del año dos mil once, con una calificación del 7,06.

En el área de Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud, durante el año dos mil once, se han presentado 176 quejas; gran parte de ellas corresponden a colectivos especialmente vulnerables, reclamándose un sistema de responsabilidad pública que atienda con garantías y eficacia y suficiencia sus necesidades de atención y protección.

Aunque la situación de Castilla y León ha ido mejorando a lo largo de los sucesivos ejercicios, nosotros, la Institución, ha hecho algunas recomendaciones. Así, hemos recomendado nuevas medidas para garantizar la consolidación del sistema, tales como la aprobación de la normativa que regule en esta Comunidad Autónoma los requisitos de calidad que deben de cumplir los centros, servicios y entidades que actúan en el ámbito de la autonomía personal y de la atención a la dependencia; la mejora de la gestión de los procedimientos en los que se produce el fallecimiento de la persona interesada; o la eliminación de los perjuicios ocasionados por la aplicación al régimen... del régimen de incompatibilidades entre algunas prestaciones económicas y servicios.

La organización del sistema de salud mental existente en nuestra Comunidad sigue generando insatisfacción, especialmente por la insuficiente cobertura de las necesidades asistenciales de este sector vulnerable y marginado de la población, lo que ha motivado una parte destacada de nuestra intervención, tratando de lograr la adopción de las medidas necesarias para garantizar una atención rápida, corregir las situaciones de marginación y desamparo y facilitar un tratamiento integral y la protección social y sanitaria de los afectados.

Así mismo, hemos recomendado la mejora de la atención dispensada por el sistema público a las personas que padecen trastornos de la personalidad y a los que sufren discapacidad psíquica y enfermedad mental asociada, mediante la puesta en marcha de una unidad específica para su tratamiento en el régimen de hospitalización.

Esta necesidad de recursos específicos ha sido también constatada en el caso de las personas con autismo, que permita hacer efectiva una asistencia especializada y de calidad.

Se ha reclamado el ofrecimiento de las respuestas asistenciales necesarias para evitar la marginación de algunas personas con enfermedad mental crónica o prolongada, con escaso, nulo o arraigo familiar, con importantes dificultades para afrontar sus necesidades básicas de subsistencia, con aislamiento social, con una conducta de autonegligencia en la higiene generadora de alarma social y de problemas de salubridad y seguridad pública.

En materia de Atención a Mujeres Víctimas de Malos Tratos, hemos defendido la necesidad de posibilitar un marco estable de financiación de los centros integrantes a la red asistencial destinada a este colectivo y a los menores a su cargo.

Se ha hecho, asimismo, necesario reclamar nuevas estrategias en la política de conciliación de la vida familiar y laboral. Hemos instado a la Consejería de Educación la ampliación de la dotación de personal de los centros incompletos de primer ciclo de Educación Infantil en beneficio de un nivel de calidad asistencial y educativo satisfactorio.

La última de las causas que ha justificado la necesidad de impulsar la mejora de la política de conciliación está relacionada con el programa de Centros Abiertos, recomendándose a la Consejería de Educación la flexibilización del criterio de participación en el citado programa, permitiendo variaciones en la semana de asistencia a los niños cuando concurran causas o circunstancias de carácter especial.

En el área de Medio Ambiente, siguen llegando quejas por los ruidos producidos en el interior de establecimientos de ocio nocturnos, el incumplimiento de los horarios de cierre y, sobre todo, las actividades, los locales de peñas que existen en nuestra Comunidad a lo largo del año. Hemos solicitado en nuestras resoluciones el cumplimiento estricto de la legalidad.

En relación con los ruidos, hemos estimado que es necesaria una mayor implicación de las Administraciones Públicas en la adopción de medidas para erradicar las molestias que de forma reiterada se denuncian. Para lograr este objetivo, los Ayuntamientos y la Junta de Castilla y León, en la tramitación de los expedientes sancionadores, deberían acordar, además de multas... además de las multas, la suspensión de la actividad o la clausura de los establecimientos en los supuestos de reincidencia, y siempre con la mayor urgencia posible, porque, en definitiva, los ciudadanos lo que quieren es que estos locales se cierren y no se reabran hasta que no se garantice el derecho a la vida privada y familiar en su domicilio.

Hemos incoado un expediente de oficio dictando una resolución dirigida a todos los Ayuntamientos de más de veinte mil habitantes en la que se ponía de manifiesto la conveniencia de prohibir actividades musicales a menos de ciento cincuenta metros de los centros sanitarios con hospitalización o servicios de urgencia y de residencia de mayores. Me parece recordar que la única Comunidad en donde establece esa limitación es la Comunidad de Madrid.

Voy a destacar en este ámbito la intervención de la Procuraduría en un conflicto surgido en el Puerto de Pinos, paraje situado en el término municipal de San Emiliano, en León, pero que este terreno es propiedad del Ayuntamiento de Mieres desde el año mil novecientos veintiséis, circunstancia que ha provocado conflictos en relación con el aprovechamiento de los pastos entre los ganaderos de las dos Comunidades Autónomas, puesto que las Juntas Vecinales de alguna de las localidades leonesas poseen derechos históricos reconocidos como tales en la escritura pública de compraventa.

Hemos recomendado que era necesario regular el aprovechamiento de estos pastos, respetando, como no puede ser de otra manera, el derecho de propiedad del Ayuntamiento de Mieres, pero también los derechos consuetudinarios que corresponden a las entidades locales leonesas. Y, asimismo, hemos recomendado al Ayuntamiento de San Emiliano que ejerciera sus potestades para regularizar la situación jurídica del establecimiento denominado Casa Mieres, que está en el mismo pico ....., que no dispone de las licencias para su funcionamiento, y del resto de las construcciones, si fuera necesario.

Se han presentado cuarenta y tres quejas sobre las vías pecuarias, por lo que hemos considerado que es necesario valorar si su ubicación en zonas urbanas permite el mantenimiento de la función para la que fueron creadas. Se formuló una resolución que hemos dirigido a la Administración Autonómica en la que se recomendaba que se analizase si el tramo de una vía pecuaria colindante con la cañada de Valdestillas, del barrio de Puente Duero, de Valladolid, seguía siendo adecuado para el tránsito de ganado y, en caso negativo, se iniciasen los trámites para su desafectación, permitiendo así, de esta forma, la regularización de construcciones de más de sesenta años de antigüedad.

En el área de Educación, las expectativas puestas en el servicio educativo de cara al progreso de nuestra Comunidad requiere satisfacer demandas relativas a la mejora de la calidad de dicho servicio y la garantía de igualdad de oportunidades para todos los alumnos, con independencia de sus condiciones y circunstancias.

Debe mantenerse la preocupación por la prevención de conflictos y la adopción de medidas que aseguren un marco de convivencia pacífica en los entornos educativos. Con ello no solo nos referimos a situaciones de acoso que pueden darse entre alumnos, sino también a aquellas en las que se ve involucrado el profesorado.

Respecto a este último, las Administraciones Educativas deben velar para que reciban el trato, la consideración y el respeto acorde con la importancia social de su tarea y prestar atención prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo.

Los servicios complementarios de transporte y comedor escolar son imprescindibles para garantizar la adecuada escolarización de los alumnos en el ámbito rural. En nuestras resoluciones hemos recomendado que se deben evitar largas permanencias de los alumnos en los centros escolares a la espera de ser recogidos por los vehículos de transporte.

La virtualidad de los programas bilingües en los centros sostenidos con fondos públicos es incuestionable para garantizar el conocimiento de los idiomas extranjeros, pero dichos programas deben contar con los recursos apropiados, en particular con un profesorado suficiente y debidamente formado.

Mención especial merece la atención de los alumnos con necesidades educativas especiales, a los que la Administración Educativa debe de facilitar los recursos necesarios que permitan a dichos alumnos alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional.

Con carácter más concreto, es necesario que ciertos tratamientos que se facilitan en el ámbito escolar se mantengan en los periodos vacacionales, mediante la debida coordinación de los servicios sanitarios, educativos y sociales.

En el área de Urbanismo ha continuado el proceso descendente de las quejas, siendo la causa más probable el estancamiento de la actividad inmobiliaria y la consiguiente reducción del número de expedientes administrativos, pero sí han aumentado las resoluciones que hemos realizado, dirigidas fundamentalmente a los Ayuntamientos, sobre procedimientos de protección y restauración de la legalidad urbanística, expedientes de concesión de licencias y actuaciones de fomento de la conservación y rehabilitación de los inmuebles.

En materia de Vivienda, uno de los desafíos más relevantes a los que tienen que enfrentarse los poderes públicos es el de tratar de garantizar un adecuado nivel de protección y eficacia de los derechos sociales, en los que está comprendido el derecho a acceder a una vivienda digna, con especial, como es lógico, y atención a aquellos grupos de personas que presentan una singular desprotección.

Sin embargo, la intervención pública dirigida a procurar que todos los ciudadanos tengan una vivienda adecuada y con un coste económico asumible y razonable se debe o se tiene que desarrollar en el marco de una profunda crisis económica en general, y de la propia del sector inmobiliario en particular.

Adentrándonos en las quejas presentadas por los ciudadanos en el año dos mil once, se ha producido un aumento de quejas, pero su causa se halla, fundamentalmente, en la existencia de tres grandes grupos, referidas cada una de ellas a un mismo asunto: retraso en la entrega de una promoción de viviendas, oposición a la supresión de la ayuda estatal directa a la entrada, y la imposibilidad de cincuenta y dos adquirentes de viviendas protegidas de acceder a unas ayudas a la vivienda joven previamente reconocidas.

En cuanto a las resoluciones adoptadas, reiteran en esencia las de años anteriores, y se refieren fundamentalmente a procesos de promoción de viviendas protegidas y el impago del precio de protección pública; actuación de las Administraciones Públicas en orden a garantizar la adecuada conservación y la reparación de las deficiencias existentes, y sobre la tramitación y resolución de los procedimientos dirigidos a denegar o otorgar dichas ayudas; y, asimismo, las que hacen referencia al incumplimiento de la obligación de ocupar la vivienda adjudicada como residencia habitual y permanente por el adjudicatario.

Incoamos un expediente de oficio recomendando en nuestra resolución a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con el fin de reducir el stock de viviendas en Castilla y León, que, partiendo del completo estudio de la situación y a la vista del diagnóstico realizado, le recomendamos impulsar un nuevo acuerdo en donde se contengan medidas dirigidas a reducir dicho stock, tales como mantener la posibilidad de transformar las viviendas libres en protegidas, reorientación de una parte hacia el alquiler, o la configuración de viviendas con precio concertado.

En el área de Función Pública, la mayoría de las quejas se refieren a los sistemas de selección de personal y a la provisión de puestos de trabajo. Hemos manifestado que las convocatorias anuales de concursos generales generan efectos favorables inmediatos para los funcionarios e implican una garantía del cumplimiento de la legalidad, evitando que los nombramientos de personal funcionario interino se prolonguen de modo indefinido en el tiempo. Un considerable número de funcionarios ha denunciado el incumplimiento de la periodicidad anual que viene... viene generando situaciones personales insostenibles con la conciliación de su vida familiar y laboral.

En el área de Servicios Municipales y Bienes Municipales, seguimos recibiendo quejas sobre el servicio de abastecimiento de agua potable, tanto en su vertiente sanitaria como en relación con las deficiencias en las redes de prestación del servicio en las... en las urbanizaciones.

Los retrasos en el pago a proveedores y contratistas de la... de la Administración se ha puesto de manifiesto por las quejas recibidas, por lo que en nuestras resoluciones reiteramos a la Administración la obligación de pagar el precio convenido, ya que la demora en el pago produce perjuicios no solo para los contratistas, sino para la Administración, que tendrá que hacer frente al pago de intereses.

Al igual que en años anteriores, hemos recordado a algunas autoridades locales, a instancia de las corporaciones minoritarias, la amplitud con la que deben permitir el ejercicio de los derechos que le asisten; en especial, el derecho de acceder a la información y documentación municipal.

También hemos recordado a algunos Ayuntamientos que deben de llevar a cabo una actualización permanente del padrón de habitantes, y la obligación de inscribir al que lo solicita, sin perjuicio de que pueda acordarse su baja si los vecinos empadronados no residen en el municipio durante la mayor parte del año.

Para garantizar la seguridad en los circuitos biosaludables, hemos iniciado una actuación de oficio dirigiendo recomendaciones a las Diputaciones Provinciales y a los Ayuntamientos de más de cinco mil habitantes sobre su ubicación, accesibilidad, instrucciones sobre su uso, contraindicaciones e inspecciones de estado... de su estado, aconsejando que se les separe de los jardines infantiles.

Con el fin de impulsar la participación ciudadana a través de las asociaciones vecinales, hemos recomendado a los Ayuntamientos de más de cinco mil habitantes la aprobación de un reglamento municipal de participación, y, en el supuesto de que ya existiera, actualizar sus determinaciones para reforzar su intervención en la actividad municipal y crear un registro de asociaciones.

Concluyo. Concluyo haciendo referencia a la actividad institucional, pero solo voy a destacar nuestro contacto permanente con personas y asociaciones de los colectivos más desprotegidos, y las jornadas de coordinación de Defensores Autonómicos en las que se expuso y debatió, después de los trabajos realizados en cada una de las Defensorías, sobre los derechos socioeconómicos de las personas mayores, con especial referencia a los mayores en situación de dependencia y derechos sociosanitarios de esas personas.

Termino ya agradeciendo a la Junta de Castilla y León, a los Ayuntamientos, a las Diputaciones Provinciales y a las Juntas Vecinales la colaboración que en su momento han prestado a la Institución; a todo mi equipo de colaboradores, por el trabajo desarrollado; a los medios de comunicación, siempre atento a nuestras actuaciones; y, ¿cómo no?, a Sus Señorías, por la paciencia que han tenido de escuchar esta intervención. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias, señor Procurador del Común. A continuación, y de conformidad con el Artículo 166 del Reglamento de la Cámara, procedemos a la fijación de posiciones por los Grupos Parlamentarios.

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor González Suárez.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, señor Procurador del Común. Buenas tardes, Señorías. En primer lugar, ¿cómo no?, agradecer al señor Procurador del Común y a la oficina del Procurador del Común el esfuerzo realizado en todos esos miles de expedientes y en todos esos miles de páginas de los que consta el Informe; 1.200 páginas cuesta trabajo leerlas, pero cuesta mucho más resumirlas, ¿eh? Yo, cada... cuando iba leyendo, me iba acordando de quien haya tenido que hacer ese trabajo de síntesis de trasladar los informes a esas páginas. Muchas gracias.

Señor Procurador del Común, Señorías, como nos ocurrió el año pasado por estas fechas, nuestra mayor preocupación, tal día como hoy, reside en la discutida continuidad de la figura y la función de control y amparo que usted, que la oficina del Procurador, representa. Como bien sabe, la espada de Damocles sigue pendiendo de su oficina, solamente hay que poner el dial en algunos momentos del día para escuchar amenazas del interior y del exterior, del interior de Castilla y León, y del exterior; no tanto amenazas políticas del interior como amenazas que surgen desde ciertos sectores de la ciudadanía que consideran que sobramos todos, porque, si sobra el Procurador del Común, es que sobramos todos, y sobra la democracia. Pero, bien, siguen insistiendo, y, como ellos siguen insistiendo, nosotros tenemos que seguir insistiendo.

En Izquierda Unida, su función ha tenido siempre un firme apoyo, como bien sabe... sabe esta Cámara. La Procuraduría del Común de todos los ciudadanos sigue siendo, a pesar de los fallos que pueda presentar a lo largo de los años en que viene prestando su auxilio a quienes se sienten agraviados por el arbitrismo de las Administraciones, una garantía democrática de primer orden.

Por eso, le aseguro a usted que leemos con atención sus informes anuales, porque de los mismos se desprende el estado de salud de nuestra Comunidad y de nuestro sistema democrático, y se desprende también de ver que cuando planteamos en esta Casa, la casa de toda Castilla-León, algunas preocupaciones desde el punto de vista político y de forma crítica hacia la Administración, hacia el Gobierno de Castilla y León por esa Administración, vemos en el informe que también ahí se reflejan directamente desde los ciudadanos.

No hemos fijado nuestra atención, ni en este ejercicio ni antes, en la mera estadística. ¿Quién puede juzgar si los 2.446 expedientes iniciados en el dos mil once son pocos o son muchos? ¿O bien de qué vale justipreciar su aumento con respecto al ejercicio dos mil diez? Dado los tiempos que corren, con la depresión económica, el paro dramático, la rápida destrucción del tejido industrial y productivo, los desahucios constantes, la pobreza galopante que alcanza a uno de cada cuatro castellanos y leoneses, probablemente esos dos mil y pico expedientes parezcan un número muy reducido, que no se corresponde con las situaciones cotidianas de la gente.

No ignoramos cuál es la actitud de nuestra sociedad ante las Administraciones, con las que el ciudadano común prefiere mantener una prudente distancia, siempre temeroso de que una queja expresada oportunamente pueda conllevar algún tipo de represalia posterior, como ha sido la larga experiencia acumulada durante la historia de nuestro país, y también de nuestra Comunidad y cuando no era Comunidad Autónoma. De manera que esos 2.446 expedientes seguramente representan a otros tantos ciudadanos que han sido llevados por las circunstancias y el trato de la Administración a ese último acto de denuncia, en parte desesperado, en parte esperanzado, a utilizar esta suerte de última instancia que es la oficina del Procurador del Común.

En una sociedad en la que la queja sobre las Administraciones se queda casi siempre en el círculo íntimo, hay que valorar esos recursos ante el guardián de los derechos civiles que usted representa en su justa medida, en lo que significan en el entorno cultural y social de Castilla y León. Por lo tanto, nos congratulamos con usted, Señoría, por la labor realizada.

Pero, dicho esto, hay que señalar, como lo refleja su informe, que persiste la actitud de menosprecio hacia su labor por parte de un número, no indicado con nombres y apellidos, de responsables de su informe, un número importante de Administraciones que no se toman siquiera la molestia de dar respuesta a sus reclamaciones. Esas sí están en el informe, con nombre, no quién es el responsable final. Da la impresión de que para una parte de los responsables administrativos su figura debiera ser meramente decorativa, un adorno para fingir que estamos a la altura de los países democráticos de nuestro entorno, pero que en ningún caso debiera usted incordiarles con los expedientes que les remite. No es culpa del funcionario, sino de los alcaldes, directores, gerentes y cargos de libre designación que enmarcan los procedimientos en las Administraciones. De manera que le... de manera que no recibe respuesta alguna, o la que le responde no se corresponde con el contenido de lo solicitado, o la que le responden es que no aceptan el informe de la Procuraduría del Común, como hay numerosas Consejerías que así responden muy habitualmente.

Por ejemplo, el año pasado mi compañero del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Valderas, denunciaba en esta Cámara que la Administración Pública se resiste como gato panza arriba a poner a disposición del ciudadano que debidamente lo solicite la consulta física de expedientes con los que tiene una relación de interés, como es usual en países de nuestro entorno. De hecho, la Ley de Procedimiento Administrativo es de mil novecientos noventa y dos, y el proyecto de ley de transparencia y buen gobierno todavía se guarda en los cajones, aunque su redacción mantiene los viejos vicios de una Administración que no se considera al servicio del ciudadano, sino al contrario, trata al ciudadano como a un feudatario.

La Administración Pública, sus cúpulas gestoras, no han hecho todavía el reciclaje democrático preciso, y persisten en modos y prácticas del pasado, donde el arbitrismo y el abuso sobre el ciudadano era la norma. La figura del silencio administrativo puede ser un buen ejemplo. Si no conseguimos romper este círculo vicioso, la Administración Pública seguirá siendo por el... vista por el ciudadano con recelo, si no con miedo, y su figura, señor Procurador del Común, en efecto, acabará siendo por la fuerza de los hechos una simple apariencia, un escaparate, según van los tiempos. Está en sus manos, y en las de esta Oposición política, el intentar cambiar este estado de cosas.

Finalmente, insistir, de todos los informes, en algo que nos ha llamado poderosamente la atención, que no es la coincidencia con problemas que hemos traído aquí referidos a la Junta de Castilla y León, de reivindicaciones de los ciudadanos que tienen que ver con la educación, con el derecho a la salud, con los libros, con el transporte, con ciertas expropiaciones que se hacen y un largo etcétera, sino cómo hasta qué punto todavía en esta Comunidad tenemos algunos administradores que administran con el voto del pueblo, de su pueblo, creyendo que están administrando un cortijo. Y hago especial hincapié desde aquí para llamar... llamarnos a todas las fuerzas políticas, a todas, para que, allí donde tenemos mayorías absolutas, allí donde tenemos mayorías en Ayuntamientos, les hagamos ver que hay un derecho claro y contundente, que muy bien relata el señor Procurador del Común, que es el derecho de los concejales a la información, el derecho de los concejales a tener acceso a los expedientes, el derecho de los concejales a tener acceso a todos los expedientes, incluidos los que van al Pleno.

A mí me llama poderosamente la atención todos los problemas derivados de la Administración Local de los que habla el señor Procurador del Común, y que además entre ellos haya algunas capitales de provincia, como la de León y la de Soria, y haya alguna Diputación Provincial, como es la de León. Porque, claro, yo no sé si un pueblo, cuyo nombre no voy a decir, está ahí; he leído todo el listado y no voy a nombrar alguno de los pequeños pueblos de esta Comunidad (de Burgos, de Palencia, de Ávila, de Soria, de Valladolid o de León) que incumplen con el mandato del señor Procurador del Común, pero cuesta trabajo, en algunas ocasiones, cuando es un pueblo muy pequeño y con pocos recursos, a lo mejor, responder como hay que responder. Pero no estamos hablando solamente de poblaciones de 100 o de 150 habitantes o de 700, estamos hablando de importantes poblaciones de esta Comunidad.

Finalmente, siento decirle, señor Procurador del Común, que no habla en bien de la Institución que usted representa la noticia surgida hace algunos meses de los cargos de libre designación, que, supongo, le han sido sugeridos con una cierta fuerza desde el exterior de su oficina. Este entendido favoritismo por parte de la ciudadanía, un viejo cáncer de nuestras instituciones públicas, duele aún más cuando la Junta está recortando sin miramientos plantillas de funcionarios en sectores vitales, como la sanidad y la educación, mientras que los amigos de siempre encuentran un trabajo –algunos llaman un pesebre-, una sinecura bien pagada, la Función Pública se ve atacada, vilipendiada y explotada por el neoliberalismo de "este es el único camino". Creo que esas designaciones habidas en su departamento merecerían la apertura de los expedientes números 2447 y 2448.

Muchas gracias, señor Procurador del Común. Y pedirle que, si es posible, para el próximo ejercicio venga acompañado todo el Informe, además de la profundidad en los análisis de los expedientes, la profundidad en el desarrollo de los presupuestos, de la relación de puestos de trabajo de la Procuraduría. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias. Para fijar posiciones, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Redondo García.

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

Buenas tardes, Presidenta. Señorías, señor Amoedo. Gracias por este debate, siempre importante. Gracias al resto del equipo del Procurador por un debate necesario y oportuno. Lo es todos los años, pero quizá este año es más necesario que nunca porque los recortes están afectando de forma muy importante cada vez a más ciudadanos de Castilla y León. Y también es oportuno porque –hay que decirlo- la crisis nos obliga a todos a repensar determinados instrumentos, determinadas instituciones, determinados órganos de autogobierno. Y en ese sentido, yo creo que todos los que estamos aquí, como los ciudadanos en la calle –lo comentaba antes el representante del Grupo Mixto-, nos preguntamos por la viabilidad de esta Institución y si es necesaria y se puede seguir manteniendo exactamente como hasta ahora.

Bien, a lo largo de mi intervención, desde luego, intentaré dar respuesta a estas cuestiones, pero ya quiero avanzar al inicio un par de consideraciones:

La primera, que el incremento en el número de quejas que se recoge en el Informe 2011 demuestra no solamente que la situación de los ciudadanos ha empeorado –es verdad-, sino también que la confianza de los ciudadanos de Castilla y León en el Procurador del Común ha ido en aumento. Y, en ese sentido, las personas y los colectivos elevan sus quejas al Defensor porque lo consideran una garantía, una protección de sus derechos e intereses.

La segunda consideración que quería hacer al inicio es que un año más comprobamos que el grueso de las quejas se concentra en las mismas áreas, lo que significa –según entendemos- que las Administraciones, lejos de corregir sus actitudes de desprecio por los derechos de los ciudadanos, se empecinan en demostrar poco o ningún interés en seguir las recomendaciones del Procurador del Común para mejorar su gestión y servir así al interés general. Y esto, a pesar del avance que ha supuesto la creación en marzo de dos mil diez del Registro de Entidades no Colaboradoras, que se ha convertido ya en un escaparate de malas prácticas, que debería implicar consecuencias, entendemos, más contundentes sobre las Administraciones incumplidoras que repiten sistemáticamente su presencia en esta lista negra.

Pues bien, todos los años una de las Consejerías que acumula mayor número de quejas es la que dirige el señor Silván. En dos mil diez, la Consejería de Medio Ambiente encabezó el ranking de entidades incumplidoras, lo que hicimos constar en este debate, confiando en que ese liderazgo en la lista negra constituyese un aliciente, un acicate para el nuevo equipo en la octava legislatura. Pues bien, un año después, como destaca el Informe en su página 478, el número de quejas en este ámbito se ha incrementado muy notablemente, pasando de 191 en dos mil diez a 358 reclamaciones en dos mil once, esto es, pasando del 9,6 % al 15 % en el último año.

Es cierto –hay que reconocerlo- que 94 de estas quejas se refieren al proyecto de creación de un centro integral de residuos industriales en el municipio de Ampudia, en Palencia. Pero también es cierto que este asunto es un ejemplo evidente de falta de respeto de la Consejería no solo por el criterio de los ciudadanos y la protección del medio ambiente, sino también por las formas y los procedimientos. En este caso, los ciudadanos mostraban su disconformidad con el proyecto de instalación de una chimenea de aproximadamente 10... 16 metros de altura para expulsar a la atmósfera los humos procedentes de la incineración de residuos, una iniciativa que pretendía salir adelante como proyecto de interés regional.

Sinceramente, yo creo que no sé si hemos aprendido algo, yo creo que tendríamos que estar a estas alturas en otra predisposición, porque, señor Silván, tengo que recordarle el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley de creación del centro de residuos de Santovenia, o los problemas legales y medioambientales, aparte de problemas de otra índole, que salpicaron, por ejemplo, la creación del centro de residuos de Fresno de la Ribera, en Zamora, que también cuestionó, por cierto, la Audiencia Provincial ante el Tribunal Constitucional. Todas, Señorías, leyes ad hoc, leyes de caso único, leyes dictadas al albur del concepto de proyecto de interés regional para dar satisfacción a intereses muchas veces empresariales, pero, desde luego, no al interés general.

Pues bien, Señorías, ni el sentido común, ni las quejas de los ciudadanos, ni las críticas de esta Oposición, ni el Informe del Procurador del Común, por sí solos, han dado sus frutos. Ha tenido que ser el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que, en sentencia de dieciocho de octubre de dos mil once, pusiese fin a este despropósito, anulando el Plan Regional de Residuos Industriales por vulnerar la normativa comunitaria. [Aplausos]. Solo espero... solo espero, Señorías... solo espero que la paralización de esta infraestructura, como consecuencia –repito- de la sentencia judicial, permita una mejor planificación de los centros de tratamiento de residuos, más acorde con la legislación general y con los principios de eficacia y eficiencia en la protección del medio ambiente y de la salud de los ciudadanos de Castilla y León; entre otras razones, Señoría, para que no tengamos que encontrarnos con quejas similares en el Informe de dos mil doce.

Pues bien, al igual que sucede con el tratamiento de residuos, las quejas en torno al abastecimiento de aguas son ya –podríamos llamar- un clásico del Informe Anual del Procurador del Común. Este año no podía ser menos, y así se han incrementado el número de reclamaciones, siendo especialmente importantes las referidas a las 54 localidades burgalesas de la Mancomunidad de Campos de Muñó, que ya habían denunciado en dos mil diez problemas en el abastecimiento de agua potable.

Una vez más, el Informe demuestra la existencia de una sociedad a varias velocidades, en la cual, junto con ciudadanos que denuncian carencias propias de una sociedad desarrollada –en general, en el entorno de las capitales y de las grandes... de los grandes municipios-, muchos otros, especialmente en el ámbito rural, en el ámbito de los pequeños pueblos, siguen reclamando servicios básicos. Servicios básicos que no disfrutan barrios enteros, pedanías o pequeños municipios, donde los problemas no son de mejora de infraestructuras, sino simple y llanamente de inexistencia absoluta de las mismas; de carencia, por ejemplo, de transporte para desplazarse a recibir asistencia sanitaria; de falta de agua potable; de falta, también, de transporte para chavales con necesidades educativas especiales. Y, como recoge el Informe en su página 940, de prestación mínima y digna de los servicios locales, al no estar garantizados en la Comunidad unos mínimos prestacionales en todas las localidades de Castilla y León.

El aumento de las reclamaciones con respecto a los servicios esenciales en el medio rural resulta sorprendente, especialmente por dos motivos:

El primero, porque la puesta en marcha de la Agenda, de la famosa Agenda de la Población, con un presupuesto nada más y nada menos que de 1.000 millones de euros en dos años, marcaba como prioridad la de satisfacer los estándares mínimos de calidad de los servicios en el entorno rural. Lástima, porque, evidentemente, el objetivo no se ha cumplido, ya que el Informe pone de manifiesto, una vez más, que ser castellanoleonés en los pequeños pueblos sigue siendo, Señorías, una proeza para muchos ciudadanos. [Aplausos].

La segunda cuestión que sorprende es porque ayer mismo el Presidente Herrera hablaba de evitar que, por imperativo legal, desapareciesen algunos municipios de Castilla y León, cuando lo cierto es que, por imperativo de la asfixia económica que están sufriendo muchos pequeños municipios, y por la despoblación que llevamos sufriendo durante décadas, muchos de estos municipios ya han desaparecido o están al borde de desaparecer. Y eso es lo que la Junta debería haber previsto, y eso es en lo que la Junta debería estar trabajando prioritariamente.

Pero no son estas las únicas reclamaciones recurrentes. Como si de un déjà vu se tratara, el Procurador vuelve a detectar importantes irregularidades en los procesos de selección de personal, tanto en la Administración de la Comunidad como en las Administraciones Provincial y Local: la deficiente publicidad de las convocatorias, la falta de motivación de las calificaciones de algunos tribunales, o incluso –como reconoce textualmente el Informe- el incumplimiento por parte de la Consejería competente del deber de convocar con periodicidad anual concursos de méritos, llevan al Procurador a reiterar una vez más los argumentos expuestos en el Informe 2010 y a emitir resoluciones dirigidas, en esta ocasión, a las Consejerías de Economía y Empleo, de Sanidad y de Educación; hasta el punto de que el Procurador denuncia que la reestructuración acometida por la Junta en el mes de julio pone de manifiesto –y también cito textualmente- la pasividad de la Junta en años anteriores y el empleo de las modificaciones de las RPT para evadir el cumplimiento del deber de convocar anualmente concursos de méritos, tal y como establece, por cierto, la legislación estatal y autonómica.

Señorías, cuántas veces hemos escuchado en este hemiciclo, en boca de los distintos Consejeros, las loas a los funcionarios públicos de la Comunidad, pero obras son amores, y no tanta palabrería barata. Y lo cierto es que, un año más, el Procurador informa de la falta de respeto de la Junta por los más básicos derechos de los empleados públicos y de aquellos ciudadanos que aspiran legítimamente a serlo, precisamente por la falta de empleo, que ahora mismo es el problema que más preocupa a los ciudadanos.

Y precisamente por eso, porque mucha gente está desesperada por lograr un empleo, no es de recibo que las Consejerías se opongan a que se motiven las calificaciones hechas por algún tribunal de oposición, o que los aspirantes que han superado un proceso de selección se encuentren en situación de expectativa de destino durante meses.

Señorías, las Administraciones, especialmente la Administración Pública de Castilla y León, la Junta, es la empresa más importante de la Comunidad; y, a la vista de los informes sucesivos del Procurador, quienes dirigen esta empresa ni es... ni son tan eficientes como quieren aparentar, ni respetan los derechos de sus trabajadores como dicen hacer.

Y es cierto que la crisis obstaculiza la resolución de problemas que con más recursos tendrían más fácil respuesta, pero también es cierto que buena parte de los problemas que los ciudadanos denuncian podrían tener solución con una actitud proactiva de las Administraciones en defensa de los derechos, en lugar de la actitud indolente que con demasiada frecuencia las Administraciones demuestran. Es el caso, por ejemplo, del derecho a la vivienda. Como recuerda el Procurador, nuestro ordenamiento jurídico dirige a las Administraciones un mandato de intervención en el mercado de la vivienda con el fin de garantizar a todos el acceso a una vivienda digna y adecuada. Pues bien, el cumplimiento de este mandato cobra mayor relevancia también en un contexto de crisis económica y depresión, en la que los ciudadanos en general, y aquellos que se enfrentan a grandes dificultades, tienen especial problema en pagar su hipoteca, o incluso acceder a una vivienda digna.

Pues bien, en su Informe, el Procurador pone, por ejemplo, de manifiesto la necesidad de orientar el stock de viviendas hacia el alquiler asequible, elaborar una regulación de viviendas vacías, promover un sistema de mediación para resolver los conflictos, cada día más habituales, entre el deudor hipotecario y la entidad financiera.

Seguramente que a todos nos suenan estas recomendaciones, estas resoluciones que con tanto sentido común nos acerca el señor Amoedo. Y nos suenan porque la mayoría de estas recomendaciones han sido previamente objeto de propuestas, de proposiciones no de ley presentadas por este Grupo Parlamentario, presentadas por la Oposición, y rechazadas –hay que decirlo así- sistemáticamente por la mayoría del Partido Popular.

Por eso, Señorías, no tengo mucha confianza en que vayan a ponerse en marcha estas resoluciones, aunque, en apariencia, la mayoría de ellas han sido aceptadas de muy buen grado por las distintas Consejerías.

¿O es que alguno confía, por ejemplo, que las resoluciones dirigidas a la Consejería de Familia en relación con la aplicación de la Ley de Dependencia van a hacer cambiar un ápice la... la política del Partido Popular en relación con la aplicación de esta ley, una ley que, por cierto, jamás han compartido? Y hoy mismo, pues nos hemos desayunado con la información de que ciento cinco dependientes de Valladolid han perdido la prestación en menos de un mes. Eso, a pesar de que esa resolución ha sido –como decía- aceptada de muy buen grado.

Desde aquí, pedir a la Junta coherencia y responsabilidad, porque, desde luego, no es de recibo que los Consejeros acepten las recomendaciones sin parpadear y luego las incumplan sin ningún rubor. Ejemplos de esto hay a lo largo del Informe, sinceramente, para aburrir.

Por ejemplo, la recomendación relativa a la necesidad de agilizar la resolución de las ayudas para la adquisición de libros de texto. Fíjense a lo que se comprometió la Consejería de Educación en... -según consta en el Informe, en la página, además, 967- se comprometió a agilizar los trámites de gestión de las ayudas, poniendo especial esmero en el abono de las ayudas a los colectivos más necesitados en el inicio del curso escolar. Este es el compromiso, según consta en el Informe. ¿Qué ha pasado? A fecha de hoy ya todos los sabemos: la Consejería no solo no ha agilizado nada, sino que ha ido prorrogando y dilatando la convocatoria, que en lugar de salir, como lo hacía habitualmente, en el mes de abril, ha salido en septiembre, a finales del mes de septiembre, ya iniciado el curso y con un presupuesto mínimo para unos requisitos exorbitados. Este es el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Procurador del Común.

Aunque, en honor a la verdad, también hay que decir que determinadas Consejerías no entran en el juego de aceptar las resoluciones para luego hacer de su capa un sayo, sino que directamente rechazan las recomendaciones del Procurador; probablemente, porque ya descontaban los recortes que iban a afectar de manera tan grave a sus Consejerías. Es el caso de la Consejería de Sanidad. Como dice el Informe –cito también textualmente-, "uno de los órganos autónomos que más desacuerdo ha mostrado con la actividad de protección de los derechos de los ciudadanos llevada a cabo por el Procurador del Común".

Y es que, Señorías, la Junta no puede decir –como ha dicho recientemente el señor Rajoy- que no conocía la realidad. Evidentemente, la conocía, la conocía perfectamente cuando en campaña, y en el Debate de Investidura, anunciaba el blindaje de los servicios públicos; un blindaje que no existía ni antes ni después de aquella campaña electoral.

Y, en fin, Señorías, no quiero agotar el tiempo sin centrarme en algunas cuestiones. Creo que, tras este somero repaso... [murmullos] ... este somero repaso... la verdad es que en un cuarto de hora -como decía al compañero de bancada de... del Grupo Mixto- es difícil resumir mil... mil doscientos... mil trescientos folios. Efectivamente, es difícil resumir, pero creo que, tras este somero repaso a este Informe, siempre riguroso, siempre ponderado, que nos ha presentado el señor Amoedo, estamos ya en disposición de dar algunas respuestas a la cuestión... a las cuestiones que planteaba al inicio de mi intervención.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Concluya, Señoría, por favor.

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

(Voy concluyendo. Sí, Señoría). Creo, honestamente, que es necesario defender la Institución como garantía de los derechos de los ciudadanos, pero también creo que es imprescindible modificar la Ley del Procurador del Común para evitar que las recomendaciones que las Administraciones aceptan tan alegremente caigan en saco roto, sin que nada cambie año tras año.

Creo que la Institución tiene que ganar en autonomía y eficacia, para que, por ejemplo, pueda exigir a las Administraciones una motivación suficiente en caso de rechazo de las resoluciones. O para que la oficina del Procurador pueda llevar a cabo un seguimiento de los efectos prácticos que producen aquellas recomendaciones que sí son aceptadas por las distintas Administraciones. Concluyo ya, Señorías.

Creo que la crisis puede servir de excusa a los malos gobernantes para desmantelar el sistema democrático y el estado social, pero también puede servir y ser una oportunidad para corregir errores...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, señora Redondo.

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

... y superar dificultades. Creo sinceramente que los que estamos aquí tenemos firme voluntad de profundizar en nuestro estado autonómico, pero hay que actuar. Y llevamos casi dos años con un proyecto de reforma de la Ley del Procurador del Común que todavía duerme en el cajón sin que hayamos visto nada en esta Cámara.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias, señora Redondo.

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

Quiero finalizar ya, sí, agradeciendo al señor Amoedo, agradeciendo a todo su equipo el... el trabajo tan serio, el trabajo tan riguroso que se presenta, y que nos permite... [La Presidenta corta el micrófono a la oradora].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Señora Redondo, la he invitado a que abandone el... [Aplausos].

Gracias. A continuación, y para fijar posiciones, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández Carriedo.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ CARRIEDO:

Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Señoría. Señor Procurador del Común. En primer lugar, quiero felicitar al Procurador del Común por el trabajo realizado en este año, por la calidad de ese trabajo, que se refleja en el Informe que hoy aquí nos presenta. Un trabajo que quiero personificar en la persona de Javier Amoedo, y que le ruego que haga extensiva a las personas de su equipo que hoy aquí nos acompañan, muchas de ellas desde la tribuna de invitados.

Quisiera comenzar con algunas cuestiones previas. La primera de ellas es que hace tan solo unos meses las Cortes de Castilla y León han renovado su confianza en Javier Amoedo como Procurador del Común de Castilla y León. Y lo hemos hecho por unanimidad de todos los Grupos Políticos. Y yo le ruego a usted que vea este respaldo y esta confianza no solamente en clave de pasado, en clave de la calidad del trabajo hecho que se refleja aquí en este Informe, sino, fundamentalmente en clave de futuro, en la seguridad que tenemos en las Cortes de Castilla y León que usted va a seguir trabajando con la eficacia y con la calidad que ha demostrado en los últimos años, una expectativa y un ánimo que se refleja en la confianza que tenemos en Javier Amoedo, en su equipo más cercano y en la institución del Procurador del Común como institución propia de Castilla y León.

Un segundo aspecto es que en el mes de noviembre se puso ya en servicio la nueva sede del Procurador del Común, como cumplimiento de un compromiso que tenía la Junta de Castilla y León y que habíamos pedido también de las Cortes de Castilla y León de dotar de medios adecuados y suficientes a la institución.

Yo creo que aquí es de justicia, en primer lugar, reconocer el papel de la propia Junta de Castilla y León a dotar de esa sede, reduciendo el plazo sustancialmente sobre el inicialmente previsto y también reduciendo los costes sobre los inicialmente previstos. Un papel también importante el del propio Procurador del Común aprovechando los recursos disponibles en la anterior sede y reduciendo los costes de traslado.

Un tercer aspecto que yo quisiera destacar es la disposición del Procurador del Común a avanzar en el trabajo para mejorar la eficiencia de la institución. Y yo quiero desde aquí agradecer esa disposición y esa generosidad. Hace tan solo unas semanas, el Presidente de la Junta de Castilla y León invitaba a los Grupos Políticos a una serie de trabajos en común, a una serie de pactos en materia de crecimiento y empleo, en materia de sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales, en materia de ordenación del territorio y también en materia de eficiencia de las instituciones de la Comunidad. Y nuestro Grupo constata la buena disposición favorable de todos los Grupos Parlamentarios para avanzar en esa dirección y también la buena disposición del Procurador, en la parte que le afecta, para abordar con generosidad esta cuestión, lo que refleja muy claramente el compromiso con Castilla y León y el compromiso y conocimiento de los problemas tan graves que están atravesando los ciudadanos de la Comunidad.

Y, finalmente, quisiera destacar la importancia que para nosotros constituye este Pleno, una importancia estratégica para Castilla y León, porque estamos hablando de las demandas, de las aspiraciones, de las quejas, de las dificultades de muchos ciudadanos. Y cuando estos problemas se producen y cuando esta intervención en este debate es tan relevante, lo que hace nuestro Grupo Parlamentario es que es el Portavoz quien interviene, igual que ha hecho el Grupo Mixto, y, a la vez, lo contribuimos desde la perspectiva de cómo mejorar el servicio a los ciudadanos de Castilla y León y no cómo buscar rédito o crítica política a ningún adversario. [Aplausos].

Por analizar ya algunos aspectos más importantes del Informe, quisiera destacar dos cuestiones. En primer lugar, en cuanto al número de quejas, este es coherente y comparable con lo que ha ocurrido en años anteriores. El Procurador del Común hace en su informe del año dos mil once un análisis estadístico de los cinco años precedentes del trabajo de la institución. En la estadística que acompaña, por tanto, entre el año dos mil seis y dos mil diez. Pues bien, hay que constatar que entre esos cinco años previos a este año dos mil once, entre dos mil seis y dos mil diez, hay dos años en que el número de quejas fue mayor y tres en que fue menor al último ejercicio, y, por tanto, estamos en términos comparables a lo de ejercicios precedentes.

Pero lo que es muy relevante es que podemos afirmar hoy aquí que el número de quejas no ha variado sustancialmente a lo largo de la crisis económica. Si tomamos como referencia al año dos mil siete como el año de inicio de la crisis económica –ya sabemos que sobre este aspecto podríamos abrir un debate, porque nuestro Grupo sí que reconocía esta crisis el año dos mil siete, pero yo creo que esto es ya de sentir general... [murmullos] ... que en ese año dos mil siete sí que había ya crisis económica- podríamos considerar que el último año de crecimiento previo a la crisis fue el dos mil seis. Pues bien, en ese año dos mil seis, con crecimiento económico en Castilla y León y en el conjunto de España, el número de quejas de los ciudadanos ante el Procurador del Común fue 2.617; en el último año, ya en plena crisis económica, fueron 2.411, un 8 % menos de queja. Esto supone, claramente, que el tiempo, la evolución, la crisis económica no ha determinado un aumento en el número de quejas en Castilla y León, sino todo lo contrario.

Podríamos pensar que una parte importante de las quejas que se podrían presentar ante el Procurador del Común se han derivado ante la institución homóloga del Defensor del Pueblo, y no ha sido así, al menos en el caso de Castilla y León, porque también los datos de los informes del Defensor del Pueblo en España certifican que han reducido las quejas de los ciudadanos de Castilla y León presentados ante el Defensor del Pueblo, no en una cantidad relevante, pero sí suficiente para constatar ese no aumento. Si en el año dos mil diez fueron las quejas ante el Defensor del Pueblo procedentes de Castilla y León 1.502, en este último año fueron 1.485.

Y asimismo constatamos –lo ha dicho también algún Grupo y yo coincido con ello- que se ha facilitado el acceso al Procurador del Común y esa cercanía y esa proximidad, además del mayor conocimiento, facilita también esa mejor percepción del papel del Procurador del Común.

Téngase en cuenta simplemente un dato, que es que las modernas tecnologías de accesibilidad y conocimiento nos permiten datos que eran imposibles hace ya algunos años, cuando desde las Cortes de Castilla y León concebimos la figura del Procurador del Común. Y es que, por ejemplo, las quejas presenciales de este último año fueron el 32 % del total, incluyendo las del Registro o las de la atención ciudadana, en tanto que las quejas no presenciales, por correo electrónico, por correo ordinario o por fax, fueron el 68 %, y ese es un cambio muy importante, porque esa cercanía y accesibilidad de la figura del Procurador del Común está permitiendo también que más ciudadanos lo encuentren más próximo a la hora de presentar sus aspiraciones y sus quejas.

Y, finalmente, señalar que la variación del número de quejas tiene relación directa, también señalada aquí, con el número de veces que se repite alguna de ellas. Yo, simplemente, a título de ejemplo, citar una frase del propio Informe del Procurador del Común, en la página 958, cuando dice, en el caso concreto de medio ambiente, dice: "Es preciso señalar que el aumento de quejas en el área de Medio Ambiente se explica parcialmente como consecuencia de la interposición de 94 quejas sobre el proyecto de instalación de un centro de tratamiento integral de residuos industriales no peligrosos en el municipio de Ampudia (Palencia), 43 sobre el procedimiento de deslinde de una vía pecuaria en la localidad de Cillán (Ávila), y 43 sobre la propuesta de ubicación de una subestación eléctrica en el municipio de Otero de los Herreros, en Segovia. Estos tres motivos incorporan por sí mismos un total de 186 quejas relativas a Ampudia, a Cillán o a Otero de los Herreros".

Un siguiente ámbito de análisis de estudio es el de qué se quejan los ciudadanos, cuáles son las materias que han absorbido la mayor parte de las quejas por parte de los ciudadanos de Castilla y León. Y fundamentalmente aquí hay tres aspectos que convendría destacar, tres elementos.

Primero, y de forma coherente con los problemas reales de Castilla y León, el mayor número de quejas se centra precisamente en el régimen jurídico de las corporaciones locales y en los bienes y servicios municipales. Por sí solo, esta categoría absorbe el 16 % del total; y a eso hay que incorporar que una parte muy relevante de las quejas en otras áreas tienen que ver también con quejas ante las corporaciones locales: por ejemplo, en el área de Fomento y Medio Ambiente, gran parte de estas quejas son quejas ante las corporaciones locales, bien en materia de urbanismo, bien en materia de prevención ambiental por ruidos, malos olores, horarios de cierre, o bien por materia de obras municipales, que se imputan, a efectos estadísticos, dentro del área de Fomento a Medio Ambiente.

Esto refleja, en definitiva, las dificultades que tienen las corporaciones locales para prestar los servicios públicos que tienen encomendados con calidad. Y nos llevan a dos análisis: en primer lugar, al hecho de que se desaprovechó durante ocho años consecutivos, por parte del Gobierno de España, para poner en marcha una financiación local que garantice a los Ayuntamientos los fondos suficientes para prestar estos servicios de calidad; y, en segundo lugar, a cuán importante es impulsar, entre todos, el proyecto de ordenación del territorio, que está liderando la Junta de Castilla y León, y que participamos todos, y que nos va a permitir, sin lugar a dudas, mejorar la eficiencia en la calidad de los servicios públicos que se presta a los ciudadanos por parte de las corporaciones locales de Castilla y León. [Aplausos]. Y todos estamos invitados a participar en este acuerdo, porque va a ser un acuerdo muy positivo, porque afecta, sin lugar a dudas, al área de más quejas ante el Procurador del Común por parte de los ciudadanos.

Un segundo aspecto es el que corresponde a las actividades productivas. Aquí podríamos pensar inicialmente que el número fuera excesivo como consecuencia de la muy grave recesión que estamos atravesando; y muy al contrario, precisamente en este área el número de quejas porcentuales es significativamente mucho menor que en otras: en el área de Agricultura y Ganadería, a pesar de todos los problemas, el 3 % de las quejas totales; en el área de Hacienda, el 5 % de las quejas totales; Industria, Comercio, Empleo y Servicios Sociales, el 6 % de las quejas totales; y el área de Turismo, incluso incorporando Cultura y Deporte, el 4 % de las quejas totales.

Y esto es coherente con el hecho de que, a pesar de que los datos de Castilla y León son ciertamente negativos en términos económicos, pero tenemos un mejor comportamiento durante la crisis económica, tenemos menos nivel de tasa de paro, tenemos menos impuestos que la media, y tenemos menos déficit y menos deuda que el conjunto de las Comunidades Autónomas de España.

Y un tercer ámbito o materia donde se centra también el conjunto de quejas presentadas por los ciudadanos ante el Procurador del Común es el ámbito de los servicios públicos. Este es un ámbito que nos interesa particularmente de forma muy especial al Grupo Parlamentario Popular, porque en situación de crisis económica, siempre lo es, pero fundamentalmente ahora es una prioridad para nosotros garantizar servicios públicos de calidad en Castilla y León. Y aquí también nos satisface especialmente que el número de quejas presentados en esta área siguen siendo ciertamente reducidos en relación con el total.

En el área de Educación, un área vital, donde son decenas y decenas de miles de familias las que tienen contacto directo todos los días con el mundo educativo, absorbe únicamente el 4 % del total de las quejas presentadas. En el área de Sanidad, un área importante y vital, todos los ciudadanos somos conocedores del funcionamiento de los servicios sanitarios de Castilla y León, y solo absorben el 5 % de las quejas formuladas ante la institución del Procurador del Común. Y finalmente, el área de Familia e Igualdad de Oportunidades, que está soportando, sin lugar a dudas, un aspecto muy relevante en relación con los costes de la crisis, porque son muchísimas las personas que están acudiendo a esos servicios, que quizá no acudieron en otro momento de nuestra historia reciente, absorbe también el 7 % únicamente del total de las quejas presentadas.

Y esto se debe, sin lugar a dudas también, al hecho de que los servicios públicos, en Castilla y León, son percibidos como servicios públicos de gran calidad por el conjunto de los ciudadanos. Lo son percibidos por los ciudadanos y los son percibidos por las instituciones independientes que elaboran los informes al respecto: lo es en materia de educación, donde lideramos la calidad del sistema educativo; lo es en materia de sanidad, donde estamos entre los primeros en la percepción ciudadana del barómetro sanitario; y lo es también en el área de servicios sociales y dependencia, donde lideramos, dentro del conjunto nacional, estos servicios.

El propio Informe del Procurador del Común reconoce el liderazgo de Castilla y León en los servicios públicos y reconoce los avances de los últimos años. Con el fin de no ser exhaustivo, la página 979 –y a título de ejemplo- señala expresamente... dice: "No cabe duda que la situación de Castilla y León en la protección de los derechos derivados del reconocimiento de las situaciones de dependencia ha ido mejorando a lo largo de los sucesivos ejercicios, debiendo reconocerse los avances experimentados, y así también lo reconoce el conjunto de la sociedad".

En síntesis, Señorías, hay hoy menos quejas que al principio de la crisis económica, hay menos quejas también procedentes de Castilla y León en la figura del Defensor del Pueblo de España. Y las mayores quejas se concentran fundamentalmente en el servicio público municipal, donde tenemos que hacer un esfuerzo, a través del modelo de ordenación del territorio, para garantizar su mejor eficiencia, y donde hay que hacer un esfuerzo para recuperar el tiempo perdido en materia de estos últimos ocho años de la financiación local nacional, y las menores quejas precisamente en las áreas económicas y en las áreas de los servicios públicos esenciales.

Para finalizar, el Informe del Procurador del Común refleja gran parte de los problemas, de las aspiraciones, de las necesidades de los ciudadanos de Castilla y León, y les agradecemos por ello. Hace tan solo unos meses, poco más de un año, el Partido Popular se presentó a unas elecciones con un programa que hoy es plenamente vigente, a la luz de lo que plantea como necesidades e inquietudes de los ciudadanos el propio Procurador del Común, porque, precisamente, nos anima a seguir trabajando y a seguir colaborando en los objetivos de Comunidad que teníamos para esta legislatura: recuperación económica, servicios públicos de calidad y vertebración de Castilla y León, incluyendo ordenación territorial.

Y el Partido Popular se presentó a estas elecciones con la doble actitud de escuchar y de mejorar, y a esto también nos ayuda todos los días el Procurador del Común: a escuchar los problemas de los ciudadanos a través de sus quejas, y a mejorar todos los días en la acción de gobierno y en el respaldo a la acción de gobierno por parte de nuestro Grupo. Esto es lo que hemos hecho, esto es lo que queremos seguir haciendo, y nos gustaría contar con el apoyo del resto de los Grupos Políticos. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias. A continuación, y para contestar a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra de nuevo el señor Procurador del Común.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMOEDO CONDE):

Voy a ser breve. En primer lugar, quiero contestarle al Portavoz del... Izquierda Unida, del Grupo Mixto, en ciertas consideraciones.

Lo primero, me llama la atención que usted nos diga que las estadísticas no le interesan; verdaderamente, me quedo asombrado. Porque, claro, ¿qué le parecería a usted si yo le dijera que, de quinientas resoluciones, las Administraciones no me aceptan ninguna? ¿Qué me diría? Que no sirvo para nada, evidentemente.

Entonces, una de las razones fundamentales es la confianza que tiene el ciudadano y que tiene la Administración con la actuación del Procurador del Común; unos, porque se dirigen a nosotros, y otros, la Administración, porque acepta nuestras resoluciones.

A mí, el número de la... el número de las quejas no me interesa -creo que lo he dicho bien claro-, a mí lo que me interesa es el número de ciudadanos que sustenta esas quejas, y si hay dos mil y pico de quejas, habrá, a lo mejor, detrás de esas quejas, quince o dieciséis mil ciudadanos. Yo no lo he podido localizar, porque yo no sé, en una asociación de vecinos, cuántos vecinos hay; yo no sé en la asociación de Aspace cuántos dependientes hay; y yo no sé en la asociación de Aspaym cuántos hay; yo no sé, una queja de funcionarios, no sé cuántos son los funcionarios. Lo que me interesa son las personas, eso sí es lo que me interesa, no el número de quejas, las personas sí que me interesan, porque esos son los que sustentan a la Institución del Procurador del Común.

En segundo lugar le diré que, efectivamente, ya conozco que somos una Institución que se ha puesto en entredicho en diversos sitios o por diversas noticias, y en algunos casos ha sido suprimida, como en Castilla-La Mancha. Yo no sé si usted ha leído la reunión del Parlamento del País Vasco, la reunión del Parlamento del País Gallego, en donde hubo una defensa a ultranza de la Institución del Valedor do Pobo, en Galicia, y del Ararteko en Vizcaya. Y por lo que se refiere a la Comunidad de Castilla y León, yo le aseguro que no he tenido ni la más mínima impresión de que se pueda hablar de la supresión de esta Institución, porque se considera como una garantía para los derechos de los ciudadanos, y ahí lo ha reiterado también la Portavoz del Partido Socialista.

Le diré -y ya por último- una... una manifestación que ha hecho usted casi de carácter personal. Yo le voy a decir que llevo siete años y no he nombrado a nadie por recomendaciones, y han pasado por mi despacho infinidad de gente; yo sé a... usted a quién se refiere, ¿eh? Efectivamente, se me ha criticado, pero también se me ha felicitado por considerar que es una persona muy idónea para el cargo, y le puedo decir que llevo con él unos cuantos meses y es un asesor enormemente competente no solamente por lo que sabe, sino por la gran experiencia que tiene, que para nuestra Institución es tremendamente importante. Y es a un hombre al que yo conozco desde hace muchos años; cuando él tenía diecisiete años, ya le conocía. Por lo tanto, es un asesor, bajo mi punto de vista, muy competente; si no lo fuera, o si yo en algún momento dudara de él, puede estar usted seguro que a estas horas ya no estaba en la Institución.

La Defensoría no solamente existe en Castilla y León, los defensores son... han nacido en el siglo XIX, usted ya lo sabe, el Ombudsman famoso es del siglo XIX; estamos en el siglo XXI y siguen manteniéndose. Será por algo, será... para algo... alguna... alguna labor deben... deben de realizar.

Le diría a la defensora... a la Portavoz del Partido Socialista, en primer lugar, mi agradecimiento por las palabras al... a la institución del Procurador del Común. Y diría también, y estoy con usted, que, efectivamente, muchas quejas se reiteran, estoy con usted. Estoy con usted en que es necesaria una modificación de la Ley del Procurador del Común. Ello es así que si no... la memoria no me falla, yo creo que hace dos años, a cada uno de los Portavoces de los partidos, les remitimos un anteproyecto de modificación de la Ley del Procurador del Común, porque nos parecía que la actual está obsoleta, ¿eh?, y que además era necesario adaptar la nueva ley al Estatuto de Autonomía, que hoy recoge expresamente la figura del Procurador del Común en el Estatuto.

También estoy con usted que, efectivamente, hay muchas resoluciones que se aceptan y que a lo mejor... y que después no se cumplen. Nosotros hacemos todo el seguimiento posible, pero, claro, la Institución no puede convertirse en un perro guardián de los señores que presentan las quejas para saber si, efectivamente, esa resolución que se acepta se cumple. Pero nosotros, como usted conoce, en el momento que le remitimos la resolución a la persona que ha presentado la queja, le decimos: si en un plazo prudencial de dos o tres meses no se ha realizado por la Administración correspondiente lo que se ha aceptado, le ruego, o le rogamos, que nos lo comunique usted nuevamente para intervenir otra vez y para requerir su cumplimiento. Efectivamente, eso en algunas ocasiones sí se produce. No le puedo decir el número porque no lo sé, pero sí que, en algunas ocasiones, la persona que ha presentado la queja, efectivamente, nos dice que no se ha cumplido y nosotros volvemos a intervenir reiterando... reiterando el cumplimiento de lo que se ha aceptado.

Por lo que se refiere al Portavoz del Partido Popular, efectivamente, agradecerle también sus palabras de felicitación a la institución del Procurador del Común y a todo mi equipo. Pero le voy a dar un dato que antes no lo quise decir. Usted habló de las quejas al Defensor del Pueblo. Hemos tenido la santa paciencia, ¿eh?, de determinar cuántos ciudadanos castellanos y leoneses se dirigen al Defensor del Pueblo. Hemos hecho –aquí se los anuncié- un estudio del padrón de los habitantes de León... Castilla y León... (he tenido un pequeño lapsus, ¿eh?) [Murmullos]. Este... en segundo lugar... esto... el número de resoluciones, ¿eh?, o de quejas, mejor dicho, presentadas en la institución del Procurador del Común y el número de quejas presentadas en el Procurador del Común –en general, ¿eh?-. Nuestros datos... me parece que nosotros, del Defensor del Pueblo, hemos recibido sobre doscientas cuarenta o doscientas cuarenta y tantas que remitimos. Bueno, de los datos que hemos... que hemos establecido, es que los ciudadanos castellanos y leoneses presentan, por cada 10.000 habitantes, 14,9 quejas, en conjunto, al Procurador y al Defensor del Pueblo. Al Procurador, contando el número de quejas que nosotros tenemos con el número de habitantes, nos da un número superior a 8. Yo no lo recuerdo, lo tenía apuntado, pero no lo he traído. Nos da un número de quejas de más de 8... 8,7 aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que al Defensor del Pueblo, ¿eh?, de los ciudadanos de la Comunidad, van 5 quejas cada 10.000 habitantes. Ahora usted elimine, de esas quejas, las que son de competencia exclusiva del Defensor del Pueblo: de justicia, que hay muchas; de prisiones, que hay muchas; de la Administración Central; de defensa; de catastro; que estas son competencias exclusivas del Defensor del Pueblo. Si les reducimos eso, si les reducimos eso, yo le aseguro a usted... o les aseguro a ustedes que al Defensor del Pueblo, de Castilla y León, cada 10.000 habitantes, a lo sumo irán 2 quejas. El resto vienen al Defensor y al Procurador del Común; porque es el verdadero defensor, y en el que el ciudadano tiene confianza.

Al ciudadano le gusta conocer al Procurador, al ciudadano le gusta que el Procurador le reciba, el ciudadano le gusta que estemos a su lado, es lo que le gusta. Y yo quiero hablar con el Procurador; pues el Procurador tiene su despacho abierto. Eso es lo que le gusta al ciudadano. Por eso el ciudadano confía totalmente... confía totalmente en el Procurador del Común.

Y si alguna vez, efectivamente, no se aceptan las quejas, como decía la Portavoz del Partido Socialista, lo normal sería que, cuando una queja no se acepta, se motivara la no aceptación. Pero por una razón muy... muy simple, no solamente para el ciudadano, también para mí: cuando... si a mí la institución... la Junta me dice que no acepto una... no acepto una... una resolución, que me diga el por qué no la acepta; entonces... porque eso me sirve a mí y al ciudadano para tener conocimiento de cuál es la razón.

Por lo demás, nada más. Muchas gracias, y, si Dios quiere, hasta el año que viene. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias, señor Procurador del Común. Señorías, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta y cinco minutos].