DS(P) nº 6/8 del 27/9/2011

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Buenas tardes, Señorías. Se abre la sesión. El Procurador del Común, como Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, reconocido en el Artículo 18 del Estatuto de Autonomía, expondrá oralmente, tal y como indica el Artículo 32 de la ley reguladora de la Institución, un resumen de su Informe en esta sesión específica del Pleno de las Cortes de Castilla y León, al final del cual, los Grupos Parlamentarios podrán intervenir para fijar su posición.

Por la señora Secretaria, se procederá a dar lectura del primer punto del Orden del Día.

Informe 2010

LA SECRETARIA (SEÑORA ALONSO SÁNCHEZ):

Gracias, señora Presidenta. Primer punto del Orden del Día: "Informe Anual del Procurador del Común correspondiente al año dos mil diez, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 10, de veintidós de agosto del dos mil once".

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Amoedo Conde.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMOEDO CONDE):

Excelentísima señora Presidenta de las Cortes. Excelentísimo señor Presidente de la Junta. Miembros de la Mesa de las Cortes. Consejeras, Consejeros. Procuradoras, Procuradores. Señoras y señores. Es un honor comparecer nuevamente en estas Cortes para informar sobre el... sobre el trabajo desarrollado durante el año dos mil diez por la Institución del Procurador del Común.

Se presentaron mil novecientas cincuenta y seis quejas; novecientas cuarenta y una contra la Administración Local y seiscientas sesenta y siete contra la Administración Autonómica. El resto de las quejas se refieren a cuestiones que se escapan del ámbito de nuestra competencia -quejas contra la Administración del Estado, Administración de Justicia, etcétera-. Y, así mismo, hemos tramitado treinta y seis expedientes de oficio.

La distribución de las quejas por área es la siguiente: régimen jurídico de las Corporaciones Locales, bienes y servicios municipales, trescientas ochenta; fomento, doscientas ochenta y nueve; Función Pública, doscientas dieciocho; medio ambiente, ciento noventa y una; familia, ciento setenta y una; sanidad y consumo, noventa y ocho; y educación, noventa y una.

La provincia que más quejas ha presentado -como todos los años- es León: quinientos dieciocho quejas; Valladolid, doscientas cuarenta y ocho; Burgos, doscientos cuarenta y cuatro; Salamanca, ciento setenta y seis; Palencia, ciento cuarenta y siete; Zamora, ciento quince; Segovia, ciento cuatro; Ávila, noventa y tres; y Soria, ochenta y siete.

Hemos dictado mil ciento cuatro resoluciones, todas ellas motivadas y dictadas con independencia y objetividad.

La finalización del proceso de investigación se termina una vez que, examinada toda la documentación y los informes recibidos de la Administración, decidimos dictar una resolución que comunicamos a la Administración que ha sido objeto de investigación. Podemos concluir que el órgano administrativo actuó de modo correcto, a pesar de los indicios de irregularidad que motivaron la reclamación, o podemos estimar que se tomó alguna decisión inadecuada por parte de la Administración, lesionando indebidamente los derechos de quien presenta la queja. En seiscientas diecisiete quejas se ha estimado –siempre según nuestro criterio- la existencia de irregularidad en la actuación de la Administración; y en cuatrocientas ochenta y siete se concluyó que la actuación administrativa había sido correcta.

En la fecha de cierre de este Informe se habían contestado por las Administraciones a cuatrocientas cincuenta y ocho resoluciones, habiéndose aceptado trescientas cuarenta y tres, lo que supone un 75 % de las resoluciones dictadas. Se encontraban pendientes de contestación ciento veinticinco resoluciones, de las que, a fecha de hoy, se han contestado noventa y nueve, habiéndose aceptado sesenta y cuatro.

Los datos que cada año ofrecemos sobre el número de resoluciones dictadas y sobre el grado de aceptación o rechazo de las mismas por las Administraciones es la principal referencia que tenemos para calibrar la eficacia de nuestra Institución, cuyos principales instrumentos de acción son siempre de tipo sugestivo. Yo creo –es una opinión particular- que el número de resoluciones dictadas y aceptadas anteriormente reseñado valora positivamente la eficacia del trabajo que hemos desarrollado en defensa de los derechos de los ciudadanos.

Como todos los años, hacemos una pequeña referencia a la falta de colaboración de las Administraciones con el Procurador del Común.

La falta de colaboración, yo la clasifico en tres grupos: primera, retraso en la remisión de la información, que dilata la tramitación del expediente (Señorías, en algunas ocasiones hemos tenido que hacer hasta cuatro requerimientos para recibir la información de la Administración); la segunda, cuando no se envía la información, que, como es lógico, impide que el Procurador del Común dicte resolución; y la tercera, cuando no se contesta a la resolución dictada, aceptándola o rechazándola.

Estimo que los dos últimos casos vulneran de una manera flagrante los derechos de los ciudadanos, que esperan en vano una respuesta del Procurador del Común, que no la puede dar porque no se le remite la información o no se contesta a la resolución. Precisamente, y con el ánimo de reducir estos supuestos -como ustedes ya conocen-, se creó el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras, que se actualiza mensualmente y se hace pública en la página web de la Institución. Este no es el momento de hacer una enumeración, porque dilataríamos casi toda... el tiempo para nuestra intervención.

El servicio de atención al ciudadano en el año dos mil diez realizó mil treinta y tres entrevistas, en las que atendió a mil quinientas personas aproximadamente.

A través del año pasado hemos intervenido en reuniones, jornadas, seminarios, actos, etcétera; yo voy a destacar dos:

El primero, las Jornadas sobre Asistencia a Municipios, celebrado en la ciudad de León los días dieciséis y diecisiete de marzo, con la intervención de los representantes de la Administración de todas las provincias de la Comunidad. Ahí se trataron temas sobre la protección de la legalidad urbanística, control del cumplimiento de los límites de niveles de ruido, accesibilidad y supresión de barreras, y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de control sanitario del agua.

Y la segunda a la que me hago referencia son a las Jornadas de Coordinación de Defensores Autonómicos, celebrada en Logroño precisamente hace un año. El tema era el impacto de la crises... crisis económica en el ejercicio de los derechos a las personas. Estas jornadas concluyeron con un escrito de conclusiones, después de todo el trabajo que se desarrollaron en cada una de las Defensorías, elaboradas por los Defensores Autonómicos. Yo solamente les voy a leer la segunda conclusión, que dice: "La crisis económica no puede traducirse en una merma de los derechos del estado social. Los poderes públicos deben garantizar el impulso de la sanidad, la educación, protección al desempleo y los servicios sociales, especialmente a favor de las personas que padecen un mayor riesgo de olvido o de exclusión social".

Ante la experiencia acumulada en los años de funcionamiento de nuestra Institución, y especialmente ante las modificaciones del Estatuto de Autonomía de diciembre del año dos mil siete, nos pareció conveniente dirigirnos a esta Cámara a través de la Mesa y de los Portavoces de los Grupos para trasladar la conveniencia de abordar una modificación en la regulación actualmente vigente. Dicha iniciativa fue bien acogida por la Presidencia de estas Cortes, que encargó a la Institución la redacción de un proyecto que recogiera de forma articulada las líneas maestras de una posible reforma y que, además, pudiera servir de auxilio, en su caso, para el trabajo que en este sentido puedan llevar a cabo estas Cortes. En mayo del año... del año actual, se dio traslado por parte de la Institución del citado borrador a la Mesa de la Cámara y a los Portavoces de los Grupos.

A continuación, voy a exponer un resumen de las principales quejas que los ciudadanos han dirigido a la Institución.

En materia de Función Pública, nos hemos pronunciado sobre la necesidad de motivar las puntuaciones de los órganos de selección de personal cuando se solicite por alguno de los opositores o cuando sean impugnadas. Fundamentamos nuestra petición en el hecho de que la ausencia de... de motivación produce una clara indefensión para presentar los recursos y reclamaciones procedentes.

De la misma manera, nos hemos ocupado de la composición de los tribunales de oposiciones, entendiendo que el principio de profesionalidad a que se refiere el Estatuto Básico del Empleado... del Empleado Público supone que sus miembros, al menos la mayoría, cuente con la titulación específica exigida para el acceso a las plazas convocadas.

Hemos incidido en la necesaria difusión de las convocatorias, con el fin de permitir su conocimiento por la totalidad de los posibles candidatos.

Destacamos también que un importante número de funcionarios públicos ha puesto de manifiesto en esta Procuraduría situaciones personales insostenibles con la conciliación de la vida familiar y especial... y laboral –perdón-, en especial los funcionarios que después de... de varios años continúan en un destino provisional. Nosotros hemos solicitado la convocatoria anual de concurso para el personal funcionario de la Administración de nuestra Comunidad, como establece el Artículo 48.2 de la Ley de Función Pública.

En sesión celebrada el día veinte de julio en Valladolid, de este año, la Excelentísima señora Consejera de Hacienda ha manifestado su intención de convocar en el primer semestre del año dos mil doce el primer concurso para que los empleados públicos puedan satisfacer sus necesidades de movilidad o de promoción interna y profesional.

En el Área de Sanidad se presentaron setenta y siete quejas. Vamos a destacar las siguientes:

Solicitud de implantación de las llamadas unidades de cirugía sin sangre. En nuestra resolución, siendo conscientes de las exigencias económicas y organizativas, indicamos que, a nuestro juicio, su implantación podría suponer un avance para el colectivo que formuló esta petición.

Hemos solicitado también el reintegro de los gastos médicos por la adquisición de cascos craneales para menores prescritos por personal de Sacyl, resolución que no fue aceptada por la Consejería. Pretensiones, sin embargo, que están siendo estimadas judicialmente; entre otras, una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, y dos Sentencias de los Juzgados de lo Social número 1 y 2 de León, de tres del dos del dos mil diez y siete del cinco del dos mil diez.

En el ámbito de la práctica profesional, la dificultad de su estudio limita nuestra actividad; por un lado, porque carecemos de conocimientos técnicos y, por otro lado, porque no podemos solicitar informes médicos. Pero esto no nos impide que actuemos para salvaguardar el derecho de los pacientes, proponiendo la incoación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, para que el instructor, con las pruebas que él sí puede practicar, constate la existencia de elementos necesarios para estimar tal pretensión.

La cuestión de los plazos y de las listas de espera se repite cada año ante los Defensores del Pueblo. La aplicación del decreto del dos mil ocho, Decreto 68, por el que se crea el registro de pacientes en lista de espera de Atención Especializada y se regulan las garantías de espera máxima en intervenciones quirúrgicas en el sistema de salud de Castilla y León, evidentemente, ha mejorado sensiblemente con respecto a los años anteriores.

Al igual que en años anteriores, estamos asistiendo a la creciente preocupación de los castellanos y leoneses por la tutela de sus datos de carácter personal y la salvaguarda de su intimidad en materia sanitaria. Esta circunstancia ha dado lugar a un incremento de las quejas en esta materia.

Otra cuestión de importancia ha sido el tratamiento de los pacientes aquejados de la llamada enfermedad de Pompe; enfermedad muy grave de carácter degenerativo y que está considerada como una enfermedad rara. La problemática se deriva de la denegación por un centro hospitalario a los pacientes del único fármaco hasta el momento existente para retrasar la evolución de la enfermedad.

Nuestra resolución, que la hemos dictado ya en este año, solicitando fuera dispensado ese tratamiento por nuestro sistema sanitario público fue rechazada, fundamentando la decisión –evidentemente, a mí me parece que correctamente- por parte de la Consejería que cualquier tratamiento... instaurar o suspender cualquier tratamiento corresponde a los facultativos, en función de la valoración de beneficios y riesgos de los mismos sobre los pacientes. Sin embargo, hemos tenido conocimiento que las personas que presentaron la queja en nuestra Comunidad han cambiado de residencia y hoy están asistiendo en otra Comunidad distinta a la nuestra.

Teniendo en cuenta la estrategia del Ministerio de Sanidad denominada la sanidad... "sanidad en línea", se formuló una resolución para que se adoptaran las medidas necesarias para la implantación de la tarjeta sanitaria electrónica, resolución que tampoco fue estimada. Recientemente, el Consejero de Sanidad presentó la Estrategia de Eficiencia para la Sanidad de Castilla y León, destacando la importancia de la historia clínica electrónica, digitalización de imágenes radiológicas y receta electrónica; medidas que apuntan a una decidida modernización del sistema sanitario castellano y leonés.

Los datos del barómetro sanitario del dos mil diez, elaborado por el Ministerio de Sanidad y Política Social, sitúan nuestro sistema en el cuarto lugar, en cuanto a la valoración general, con un 7,01, casi medio punto por encima de la media nacional, que está en 6,57. Al mismo tiempo, el 93 % de los ciudadanos encuestados manifestaron estar satisfechos o muy satisfechos con la sanidad de nuestra Comunidad.

En materia de Urbanismo ha continuado la tendencia descendente del número de quejas, posiblemente como consecuencia del estancamiento de la actividad inmobiliaria por la crisis económica. El mayor grado de irregularidad se produce en la concesión de licencias, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido: omisión del informe jurídico de los servicios municipales, no presentación del proyecto técnico de la obra autorizada, ausencia de resolución expresa de una petición de licencia, etcétera.

Respecto a la protección de la legalidad urbanística, hemos solicitado el tratamiento... el procedimiento de restauración de la... de la legalidad, sancionando al responsable, previa tramitación del correspondiente expediente sancionador.

En relación con las viviendas de protección pública, se recomendó que en los procesos de adjudicación se garantizaran los principios de publicidad, concurrencia y transparencia; que se reforzase la inspección de la Administración dirigida a supervisar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las... a los adquirentes -pago del precio, ocupación de vivienda, etcétera- y que se sancionase de forma adecuada las conductas infractoras.

Las reclamaciones en materia de Medio Ambiente siguen refiriéndose a las molestias que causan las actividades sujetas a la normativa de prevención ambiental. La contaminación acústica no procede solo de los bares y discotecas, sino también de actividades festivas, peñas e incluso de los equipos de aire acondicionado.

Hemos pretendido que los Ayuntamientos adopten las medidas precisas para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia otorgando... otorgada, clausurando aquellas actividades que no dispongan de la misma o que vulneren las condiciones impuestas.

Con carácter general, destacamos la necesidad de que tanto las Diputaciones Provinciales como la Administración Autonómica deben ejercer las competencias subsidiarias que las leyes autonómicas de ruido y de prevención ambiental les atribuyen, pues en nuestra Comunidad muchos Ayuntamientos carecen de medios para aplicar las potestades que les otorga la normativa vigente.

En el año dos mil nueve iniciamos una actuación de oficio relacionada con la obligación impuesta por la Ley de Espectáculos Públicos. Se formularon varias resoluciones en el año dos mil diez, en el que se ponía de manifiesto la necesidad de exigir en los expedientes de concesión de licencia ambiental y de cambio de titularidad un seguro... de que disponían de un seguro de responsabilidad civil, considerando también que era necesario se exigiera a los titulares de los locales ya en funcionamiento la presentación de las mismas.

En materia de Obras Públicas, la mayor parte de las quejas se refieren a la tramitación del procedimiento expropiatorio, y más concretamente en el retraso del pago del justiprecio. Hemos instado a las Administraciones Públicas a una mayor agilidad en la tramitación, en primer lugar, para satisfacer los derechos de los particulares, y, en segundo lugar, para evitar la generación de intereses de demora, que suponen siempre unos mayores costes al erario público.

En el Área de Bienes y Servicios Municipales, destacan, como cada año, las reclamaciones relativas al servicio del abastecimiento del agua potable en su vertiente sanitaria; deficiencias en las redes; la prestación del servicio en urbanizaciones; la denegación del suministro o la problemática que se deriva de sus costes de implantación o mantenimiento.

Hemos tramitado un expediente de oficio en relación con este servicio público esencial, y hemos formulado una resolución a cada una de las Diputaciones Provinciales para que prestara asistencia a las... a los municipios con menor capacidad económica y de gestión, en relación con las obligaciones que derivan para los mismos de la aplicación que la normativa estatal, en materia... en materia de criterios sanitarios del agua, y del programa Vigilancia Sanitaria del Agua de Castilla y León.

Igualmente, hemos elaborado un informe sobre la seguridad en... en zonas deportivas municipales, que ha culminado con la formulación de varias resoluciones a la Consejería de Cultura y Turismo, a las Diputaciones Provinciales y a los Ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma que superaban los cinco mil habitantes, dirigidas a elevar los niveles de seguridad de estas instalaciones, principalmente en relación con los usuarios de las mismas.

Respecto al patrimonio de las entidades locales, la intervención de la Institución va dirigida básicamente a demandar una adecuada protección y gestión de su patrimonio ante la ocupación de espacios o terrenos de titularidad pública, como calle, plazas, etcétera, que se realiza por los particulares.

En el Área de Familia e Igualdad de Oportunidades y juventud, se han presentado ciento setenta y una quejas. Gran parte de ellas corresponden a colectivos especialmente vulnerables: personas mayores, menores, personas con discapacidad y personas con enfermedad mental. Hemos tramitado una actuación de oficio, en la que se recomendó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades una serie de propuestas, como que las solicitudes sean resueltas dentro del plazo de seis meses desde su presentación; reducir el tiempo que transcurre hasta la concesión de las prestaciones; contar con un procedimiento preferente para casos de urgencia; aprobar con carácter provisional una normativa específica para los supuestos de fallecimiento de la persona para la que se solicita la valoración de la dependencia, etcétera, etcétera. Resolución que sí fue aceptada por la Consejería de Familia.

Debemos de señalar que ha disminuido de modo considerable el número de quejas sobre la Ley de Dependencia, disminución que está relacionado de modo necesario con la agilización por la Consejería de Familia en la tramitación de los expedientes relativos a esta materia. Según los últimos datos que nosotros poseemos, el porcentaje de resoluciones respecto a las solicitudes presentadas alcanza el 91,6 %.

El informe elaborado por el Observatorio Estatal de Dependencia de mayo del dos mil diez... Castilla y León es la Comunidad Autónoma que tramita con mayor agilidad los expedientes.

En las pasadas Jornadas de Coordinación de Defensores Autonómicos, en el mes de junio de dos mil once, en Cartagena, sobre los derechos de las personas mayores, se valoró la situación de cada Comunidad Autónoma en relación con la atención a las personas en situación de dependencia. En las conclusiones apuntadas por el Director de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, se otorgó una opo... perdón, una posición destacable a Castilla y León en la escala de valoración de la implantación y desarrollo de la ley, destacando los bajos porcentajes de persona con derecho que estén todavía pendientes de recibir una prestación.

La mayoría de las quejas que afectan a las personas con discapacidad se refieren a la existencia de barreras en edificios públicos, en vías públicas y en el transporte urbano. La Institución estimó que debía de dotarse a dichos espacios de las condiciones necesarias de accesibilidad, salvo que no fuese posible técnicamente efectuar estas reformas en los edificios públicos y en los edificios protegidos por la normativa que regula el patrimonio de Castilla y León.

En relación con la defensa de los menores, se ha intervenido de oficio para reforzar el apoyo y atención de la infa... a la infancia y juventud expuesta a la violencia de género en el ámbito de la convivencia. Se formularon resoluciones dirigidas a profundizar en el conocimiento de este problema, a reconocerles o declararles como víctimas directas o indirectas, a promover la prevención del maltrato y a atender las necesidades específicas de los menores mediante un modelo de asistencia integral específico e individualizado.

En materia de familia, hemos visto que la regulación estatal actual de las familias numerosas no equipara a las uniones de hecho con el vínculo conyugal. Nos hemos dirigido de oficio al Defensor del Pueblo con el fin de que valorase la conveniencia de sugerir la modificación de la ley dieciocho-once del dos mil tres, para el reconocimiento de familias numerosas a las uniones de hecho de forma estable análoga a la conyugal. Siguiendo la opinión de la mayoría de las Comunidades Autónomas, esta Institución estimó necesario modificar en Castilla y León la interpretación dada hasta el momento al apartado tres del Artículo 2 de la ley de... del dos mil tres, de forma que su aplicación se... se extendiera, por equiparación, a las parejas estables no matrimoniales debidamente acreditada.

Nos hemos dirigido también a la Consejería de Familia para que se valorase la posibilidad de promover ante las Cortes de Castilla y León una ley de parejas de hecho que promueva la igualdad de trato o la no discriminación de las personas unidas de forma estable en relación de convivencia y afectividad análoga a la conyugal. Así se ha entendido en la mayoría de las Comunidades Autónomas al abordar el tratamiento legislativo de las uniones de hecho.

En el Área de Educación, se ha demandado el respeto de los derechos de los alumnos con ocasión de la ejecución de actuaciones correctoras e imposición de sanciones. La tramitación de dichas quejas ha puesto de manifiesto la escasa utilización de la mediación prevista en la normativa vigente como instrumento alternativo dirigido a mantener la disciplina escolar.

Se han presentado varias quejas sobre Educación Especial, solicitando fundamentalmente una mayor dotación de medios materiales y humanos. Varios expedientes estuvieron relacionados con la escolarización de alumnos de Educación Infantil, con domicilio en Valladolid, diagnosticados de trastorno de espectro autista y de trastorno generalizado del desarrollo.

En relación con los alumnos con discapacidad auditiva que optan por el lenguaje de signos, hemos considerado precisa la presencia de intérpretes, tanto en la implantación de secciones bilingües en los centros de actividad como en las actividades extraescolares debidamente programadas.

(Termino ya, casi). En el Área de Cultura, hemos reiterado la necesidad de concluir los expedientes de declaración de Bien de Interés Cultural iniciados hace décadas, lo que motiva la preocupación de diversos ciudadanos y asociaciones que han trasladado a nuestra Institución.

Y en el Área del Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en bienes y servicios municipales, áreas en la que se ha presentado mayor número de quejas, entre otras: las referentes al derecho de información a los Concejales, derecho a la formulación de preguntas, cumplimiento de la obligación de resolver, notificación de las convocatorias de sesiones, etcétera.

Así mismo, hemos puesto de manifiesto que el desempeño de las funciones de Secretaría en las entidades locales menores se encuentra reservada a funcionarios públicos, sin que las mismas puedan ser realizados por los vecinos, aunque sean miembros de la Junta Vecinal; criterio que también aparece recogido... recogido en una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de dieciséis de noviembre del dos mil diez, que es posterior a nuestra resolución.

Quiero terminar, pero no quiero terminar sin resaltar que el día seis de septiembre se ha formalizado la cesión de la nueva sede de la Institución del Procurador del Común por la Consejería de Hacienda, pregunta que todos los años –como ustedes recordarán- me hacía el Consejero Otero; era la pregunta que siempre me dirigía, si se había terminado o no la Institución del Procurador. Mi agradecimiento al Presidente de la Junta, a la Consejera de Hacienda y al Consejero de Fomento y Medio Ambiente, que han hecho factible que la Institución cuente hoy con un edificio emblemático, en el centro de la ciudad de León, que va a satisfacer todas nuestras necesidades.

Quiero también extender mi agradecimiento a las Administraciones que han colaborado con la Administración; a todo mi equipo de la institución del Procurador del Común por el trabajo desarrollado; a los medios de comunicación, siempre atentos a nuestras actuaciones; y, ¿cómo no?, a Sus Señorías por haberme prestado la atención a mis palabras. Muchas gracias a todos. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias, señor Amoedo Conde. A continuación, y siguiendo lo previsto en el Artículo 166 del Reglamento de las Cortes, para fijación de la posición del Grupo Parlamentario Mixto, tienen la palabra los señores González Suárez y Valderas Alonso.

EL SEÑOR GONZÁLEZ SUÁREZ:

Señora Presidenta, señor Procurador del Común, Señorías, buenas tardes.

Como nuevo Procurador en esta Cámara, no había tenido la ocasión de saludar a don Javier Amoedo desde esta tribuna ni valorar la gestión del Procurador del Común.

En esta primera ocasión, y dados los vientos que soplan, armados de tijeras de podar los órganos de control sobre las Administraciones y los dineros públicos, en vez de tomar medidas a favor de una fiscalidad más justa y de una lucha decidida contra la evasión y el fraude, permítanme Sus Señorías que defienda en nombre de mi Grupo Político la Institución que usted representa: el señor Amoedo y su papel esencial de árbitro entre particulares y Administraciones, sobre cuya necesidad no es preciso insistir, pero que se explicita perfectamente en el detallado y extenso Informe que acaba de sintetizarnos y ya habíamos podido estudiar.

El Procurador del Común es una garantía democrática a la que ni debemos ni podemos renunciar, sino reforzar. La prueba más contundente del papel esencial que esta Institución juega en las labores de control de la tarea de las Administraciones es el Informe que anualmente presenta ante esta Cámara, cuyo contenido es un indiscutible contrapeso a la, con frecuente desigual, relación que las distintas entidades administrativas mantienen con los ciudadanos.

Las casi dos mil quejas de particulares tramitadas por su departamento son buena prueba del deficiente funcionamiento de la burocracia administrativa, que arrastra todavía modos del siglo XIX a la hora de respetar los derechos de los ciudadanos del siglo XXI.

Es encomiable el alto porcentaje de resoluciones adoptadas, lo que habla a favor de la dedicación con que la oficina del Procurador del Común atiende cada una de las quejas presentadas, que no son sino una postrera petición de amparo ante el silencio con que sus asuntos son acogidos por los organismos afectados. Habla también a favor del nivel de civismo y de conocimiento de los propios derechos de los ciudadanos reclamantes el reducido número de recomendaciones de archivo de quejas presentadas sin fundamento.

En todo caso, mejor que entrar en la estadística del profundo trabajo que han desarrollado, para lo cual nos haría a todos falta mucho más tiempo, creo que es importante tocar el capítulo de actuaciones de oficio, de cuyos expedientes se desprende que las convocatorias de empleo público en nuestra Comunidad sigue presa en el medieval sistema de favoritismos, enchufes y nepotismos que están detrás de las denuncias presentadas. Que esas actuaciones en bienes y servicios municipales ponen una vez más de manifiesto la precariedad de medios con que los Ayuntamientos de Castilla y León han de hacer frente a sus competencias, entre ellas al abastecimiento de agua potable, tan deficiente en el medio rural. O bien, observar que varios años después del estallido de la burbuja inmobiliaria, el problema de la vivienda sigue acuciando a nuestros conciudadanos, bien a causa del impago hipotecario, bien por la débil oferta de alquiler. Constatamos que las operadoras de telecomunicaciones siguen campando por sus respetos ante la falta de voluntad inspectora y sancionadora de sus prácticas abusivas con los consumidores.

Es sumamente preocupante la acumulación de quejas y el poco interés por aceptar las resoluciones del Procurador del Común que se siguen dando en el acceso al derecho a la salud y en atentados al medio ambiente.

La costumbre arrogante de que ciertas Administraciones mantienen, contraviniendo las reglas de la propia Función Pública del Estado de Derecho, de no dar respuesta a la diligencia presentada por la oficina del Procurador, de dar una información inadecuada o insuficiente, cuando, al fin, se digna a responder, da una pista del concepto que en dichas Administraciones tienen del servicio público. Hago aquí un paréntesis para aludir a la desagradable sorpresa que supone leer el Informe y ver que también la máxima expresión ejecutiva de nuestra Comunidad, la Junta, y, dentro de la Junta, algunas Consejerías como las que he aludido anteriormente, también desprecian la Institución que nuestro Estatuto define al servicio del amparo de los derechos de todos los habitantes de nuestra Comunidad, en lugar de colaborar con diligencia.

Las negativas actuaciones de estas Administraciones, que no solo aplican a los ciudadanos el concepto de siervos, sino que, además, desprecian las peticiones y resoluciones del Procurador del Común, obligan a una urgente modificación de la Ley del Procurador del Común, para ser adaptada al Estatuto reformado, pero también para dotar de instrumentos al Procurador en su relación con las diferentes Administraciones. Esa mejora de la ley ha de permitir que los castellano y leoneses se sientan más amparados.

Señor Procurador del Común, enhorabuena por el trabajo de todo su equipo. Mi Grupo Político le otorga plena confianza en que seguirá dando su servicio y apoyo a los ciudadanos, especialmente en tiempos de extremada dureza para los más desasistidos ante el abuso y el olvido. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. A continuación tiene la palabra el señor Valderas Alonso.

EL SEÑOR VALDERAS ALONSO:

Bien. Muchas gracias. Inicio una breve intervención sumándome a las felicitaciones que los Grupos Políticos aquí representados han hecho, y en la prensa principalmente, sobre el trabajo del Procurador del Común. Le felicito por los mil ciento sesenta y siete folios, que nos ha costado bastante leer, pero bueno, lo hemos conseguido al final. Tras ello, entro directamente en el fondo del asunto.

La obligación de las Administraciones de colaborar con el Procurador del Común es incumplida, según vemos en el Informe, por una cuarta parte de las mismas. Esto, a mi juicio, deriva de dos motivos principales: el primero es la aversión de las Administraciones en general a enseñar físicamente los expedientes a sus administrados -yo soy funcionario y lo practico también alguna vez; tengo que decirlo-; y lo segundo es la imposibilidad de empapelar, claramente, a aquellas Administraciones que no colaboran.

En el primer caso, la inecsac... ine... -bueno, no debería haber escrito una palabra tan rara- la falta de acceso a los expedientes, hay que darle un premio extraordinario a la Junta de Castilla y León; yo jamás he visto un expediente de la Junta en veinticinco años de funcionario. [Murmullos]. No los vemos. Y no los vemos porque resulta que la Junta presenta notas, informes, pero no te deja verlos realmente. Muchas de las quejas que hemos visto en este Informe del Procurador se refieren a eso, a que nadie accede realmente al expediente, sino que te cuentan (una pequeña notita, una información). Hay incluso una queja con respecto al número de los profesores de religión católica, que jamás hemos podido saber cuántos son, pues porque nadie ha visto el papel.

Así mismo, habrá que abordar, aparte de esa... ese problema, lo que se menciona en la página novecientos sesenta y ocho, que es la sospecha de que algunas Administraciones, algunas, alguna vez, pueden aprovechar un procedimiento muy sencillo, que es la corrección de errores, para retocar los documentos. Hemos visto que ha ocurrido en algunas ocasiones, y, evidentemente, pues eso pasa con más frecuencia de la que nos gustaría.

El segundo problema es la incapacidad del Procurador para conseguir que una... una Administración determinada colabore y le presente la información que ha requerido. Es un tema que requiere soluciones, ya sé que difíciles; he visto informes de otros Procuradores y son verdaderamente complejas. No podemos emplear la que utilizó el... el Procurador vasco contra el Ayuntamiento de Pasajes hace bastantes años, que fue aplicarle directamente el Artículo 505 del Código Penal; no es... no está en nuestras posibilidades.

Hemos visto que una lista de deshonor de las entidades que no colaboran, que se ha publicado, pues no es suficiente; hay Ayuntamientos que les da igual estar año tras año en la lista de los que no colaboran. Habría que recurrir a otros procedimientos, como pueden ser las multas, que se están ensayando en el Defensor del Pueblo, en Madrid -vamos a ver si funciona-, o a medidas del tipo del bloqueo del expediente de aquellas convocatorias públicas en las que no se satisfagan las reclamaciones; esto sería bastante más complejo llevarlo adelante, pero bueno, podría funcionar.

La falta de adecuación de la institución del Procurador del Común al vigente Estatuto de Autonomía y su propuesta de nueva ley reguladora fue recogida por mi predecesor, Joaquín Otero, en el discurso del año dos mil nueve; han pasado dos años ya, y seguimos con el tema. Espero que su reiteración hoy surta efecto y, pronto, la Comisión correspondiente empiece a tramitarla.

Lo mismo espero para esas recomendaciones recogidas en el Informe referentes a la obligación de desarrollar ciertas normativas autonómicas; se menciona la Ley de Régimen Local, la de Prevención Ambiental, algunas más. Yo creo que todos los presentes conocemos alguna ley reciente de la Junta, en la que se dice en el apartado zp-11 "y esto la Junta lo desarrollará posteriormente". Y nunca se desarrolla. Pasan los años... Bueno, pues deberíamos intentarlo.

Otero también propuso la existencia de una encuesta de satisfacción del cliente, como tienen muchas entidades; bueno, pues habría que intentarlo.

Hay una duda que flota en este Informe: tras la intervención del Procurador, ¿los asuntos se arreglan o no se arreglan? Es evidente que se producen unas notas que se remiten a la Administración de si... la Administración a veces dice incluso que sí, que va a hacer caso de ellas, pero no hay un seguimiento, no sabemos si realmente funcionan o no funcionan.

Comento tres ejemplos en los que se hizo una queja, el Procurador hizo una propuesta, la propuesta fue aceptada por la Administración competente, y nunca más se supo. Un caso es histórico; posiblemente el más antiguo que tengamos: el de Ricardo Carro, un vecino de Astorga, de hace muchos años. Un problema muy complejo, realmente -no... no lo vamos a describir porque es muy complejo-, que no se ha llegado a sustanciar en un acuerdo de indemnización, a pesar de los años transcurridos. Otro es del año dos mil nueve, también con dos o tres años de antigüedad, en el que el Procurador dijo el "sí" a una reclamación de varios colectivos que pedían el apoyo de la Junta a temas relativos a la lengua leonesa; hasta hoy, nunca se ha sabido más del tema. Hay otro "sí" de la Consejería... perdón, del... del Procurador, con respecto a una queja contra la Consejería de Cultura, en el tema de lo que decían los libros escolares, concretamente de Bachillerato, relativos al proceso autonómico. Son unos libros de texto que se acaban de reeditar hace un mes en el que se dice que Castilla y León accedió a la Autonomía mediante un referéndum. Yo no voté en ese referéndum, pero es que no lo hubo realmente. Ese tipo de despistes, se han quejado varias veces al Procurador, se ha dicho que es la Consejería la encargada de revisar los libros de texto; nunca se han revisado.

Sería interesante hacer un seguimiento a esos expedientes que la Consejería... las diversas Consejerías dicen que sí, que lo van a hacer, por lo menos dentro de esta empresa, de la Junta, y ver si realmente lo hacen o no lo hacen. Con los Ayuntamientos ya sabemos que es más complicado.

Esta encuesta, llevada a cabo un año después de la resolución -la resolución por parte del Procurador-, nos permitiría una información muy interesante, y es si realmente las recomendaciones del Procurador se sustancian en una satisfacción al reclamante; y así sabríamos si esta Institución está sirviendo realmente para algo, que es, principalmente, para tutelar los derechos básicos de los ciudadanos. El muestreo que se hace habitualmente es que no, que no, que muchas de estas resoluciones realmente no satisfacen al ciudadano, con lo cual nos estamos quedando un poco cojos en el fin de la Institución.

Termino con una reflexión sobre un conjunto de quejas, no muchas, la verdad, pero que existen, que tienen que ver con la identidad regional. Y he mencionado un conjunto de quejas que llegan reiteradamente al Procurador, en principio desde León, pero me imagino que desde otros sitios también, que podrían resumirse así: la Junta dificulta actuar a los que queremos ser, sentirnos y desarrollar nuestra identidad como leoneses. Lo dificulta de diversas maneras: se le pide colaboración, se dice siempre que sí, muy formalmente, muy amablemente, pero luego no pasa nada. Pedimos una cosa muy sencilla a la Junta, y es que nos trate con igualdad frente a las... a otras iniciativas de tipo oficial, como las que hace la Fundación Villalar, que son en sentido contrario.

Creemos que el fomento de la identidad cultural leonesa, o de la castellana en su caso, no conculcaría ningún valor fundamental, no tendría ningún problema con respecto al Estatuto, puesto que la... la mantiene, no conculca el Estatuto en absoluto. Dejarnos fuera, dejarnos fuera de ese tipo de... de actividades sí que conculca nuestros derechos, todos los que nos sentimos leoneses, o de los que se sienten castellanos, o aquellos que no acaban de entender qué es esto de Castilla y León, que apenas tiene veintitantos años. Llegan quejas continuamente al Procurador del Común; vamos a ver si alguna de ellas se llega a resolver. Hasta la fecha, que yo sepa, muy poquitas.

Termino indicando, una vez más, la necesidad que todos los administradores y administrados tenemos de que una institución como es el Procurador del Común exista y funcione con éxito. Le deseamos mucha suerte al actual Procurador, a sus colaboradores, y que prontamente se revise esa ley que tenemos, por lo visto, desde el año dos mil nueve redactada. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias. Para fijación de la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Redondo García.

LA SEÑORA REDONDO GARCÍA:

Gracias, Presidenta. Señorías. Saludos muy cordiales al Procurador, y saludos a todo su equipo, que hoy ha querido estar aquí para presenciar un debate sobre una cuestión importante. Por lo menos para nosotros, para los socialistas, este, desde luego, es un debate importante. Y lo es porque nos muestra como ningún otro las dificultades con las que se enfrentan a diario muchos ciudadanos que, ante el rechazo de las Administraciones, acuden al Procurador buscando asesoramiento y propuestas; algunas respuestas, también, que en muchas ocasiones no ofrecen las Consejerías o las Administraciones Locales, más preocupadas, por lo general, en mostrar la cara amable de su gestión ante los medios de comunicación que en resolver los problemas que denuncian los ciudadanos.

Hoy, a través del riguroso informe que presenta el señor Amoedo, las personas ponen voz y rostro a las grandes cifras macroeconómicas, a los recortes en sanidad o educación, a las diferencias de calidad de vida entre las grandes ciudades y los pequeños municipios, a los porcentajes de desigualdad que desequilibran el amplio y extenso territorio de nuestra Comunidad.

El debate de hoy es, ante todo, un ejercicio de realismo, sí, pero también en las actuales circunstancias tiene que ser un alegato en defensa de la institución que colabora con estas Cortes y que cumple una función estatutaria de primer orden, como mecanismo de fiscalización de la actuación de los poderes públicos y garante de los derechos de los ciudadanos.

Señorías, corren malos tiempos para los instrumentos de colaboración y control del poder autonómico. Con la excusa de la crisis, asistimos a la eliminación del Defensor del Pueblo en Castilla-La Mancha y a la poda improductiva de órganos de control que, en lugar de ser profundamente reformados para garantizar su utilidad y eficacia, se cercenan sin rigor para que dejen de ser simplemente molestos al poder. Flaco favor se hace a la democracia cuando se adelgazan o eliminan estos órganos, cuyo objetivo es que los errores se corrijan y se acometan las reformas necesarias para mejorar la calidad de los servicios públicos.

Señorías, la crisis puede servir de excusa a los malos gobernantes, o puede ser una oportunidad para hacer las cosas mejor cuando hay voluntad política de ello. Y en este sentido creo que es oportuno –ya se ha dicho aquí- tener en cuenta la propuesta de modificación de la Ley del Procurador, que ya anunció el señor Amoedo el año pasado y que hoy vuelve a recordarnos, y que bien puede incardinarse en el conjunto de reformas que sobre la calidad democrática pretendemos abordar con consenso en los primeros compases de la legislatura. Reforzar esta institución es reconocer que la garantía de los derechos de los ciudadanos constituye la razón de ser de la actuación de los poderes públicos. Y eso no tiene por qué suponer más gasto, sino todo lo contrario: puede significar una mejora de la eficiencia de la Institución en aras de garantizar mejor los derechos de los ciudadanos de esta Comunidad.

Y para muestra, Señorías, un botón: la creación en marzo de dos mil diez del Registro de Entidades No Colaboradoras ha supuesto un avance importante, puesto que las Administraciones se han visto obligadas a ser más diligentes con los requerimientos del señor Amoedo. De hecho, el que la Consejería de Medio Ambiente encabece el ranking de entidades incumplidoras en dos mil diez seguramente constituye un aliciente para el nuevo equipo de cara a intensificar la colaboración con el Procurador y ofrecer en lo sucesivo la información y las respuestas que se requieren.

Creo, honestamente, que se debe seguir mejorando el funcionamiento de la Defensoría, y para ello es necesario adaptar su Ley al Estatuto, de tal modo que la institución gane en autonomía y eficacia, para que, por ejemplo, pueda exigir a las Administraciones una motivación suficiente en caso de rechazo de alguna de sus recomendaciones, o para que la oficina del Procurador –se ha dicho aquí anteriormente- pueda llevar a cabo un seguimiento de los efectos prácticos que producen aquellas recomendaciones que sí son aceptadas y asumidas por las Consejerías. Es bueno reforzar la utilidad de la Defensoría para afianzar su prestigio, y para ello mi Grupo se compromete a incorporar la modificación de la Ley del Procurador al paquete de reformas que sobre calidad democrática vamos a abordar próximamente.

Dicho esto, y entrando ya en el análisis del Informe 2010, lo primero que hay que señalar es que este documento presentado por el señor Amoedo, desde luego, no tiene desperdicio. En él, ya sea a través de las treinta y seis actuaciones de oficio, ya sea a través del estudio de las mil novecientas cincuenta y seis quejas concretas, se desgranan los errores, lagunas y deficiencias de las Administraciones Autonómica, Provincial y Local que tienen repercusión directa en la calidad de vida de los ciudadanos.

Si bien es cierto que algunas de las reclamaciones tienen que ver con la coyuntura de crisis económica que padecemos, no obstante, buena parte de los problemas son recurrentes y, por lo tanto, estructurales; lo que nos lleva a preguntarnos cuándo va la Junta a abordar, de una vez por todas, las reformas imprescindibles que necesita la Comunidad para atajar los tres grandes problemas que son motivo constante de queja, a saber: la falta de igualdad de oportunidades, las deficiencias de los servicios públicos –específicamente en el ámbito rural- y la carencia de evaluación y seguimiento de las políticas públicas.

Pues bien, en relación con la primera de las cuestiones planteadas, la desigualdad de oportunidades, esta resulta especialmente grave en el acceso al empleo público. Como ocurría en años anteriores, el Informe detecta importantes irregularidades en los procesos de selección de personal, tanto en la Administración de la Comunidad como en las Administraciones Provincial y Local. La deficiente publicidad de las convocatorias, la falta de motivación de las calificaciones de algunos tribunales, o incluso -como reconoce textualmente el Informe en la página 962- la ilegal constitución de algunos tribunales, llevan al Procurador a emitir dos resoluciones dirigidas a las Consejerías de Agricultura y Ganadería y de Economía y Empleo a fin de que se dé mayor publicidad a la convocatoria de empleo público que ofertan tanto el Itacyl como la ADE, y de las que, sorprendentemente, solo tienen conocimiento aquellas personas con información privilegiada -sabe Dios por qué motivos-, pero, desde luego, no el común de los ciudadanos de Castilla y León.

Algo similar sucede con la fijación de reglas para la selección de aspirantes a ingresar en algunas fundaciones que dependen de las Administraciones, y que es motivo de una resolución específica relativa a la falta de publicidad de los criterios de selección de veterinarios.

Un año más la Defensoría constata irregularidades y demoras injustificadas en los procesos de selección y promoción de funcionarios de las Consejerías de Educación y Sanidad, así como de determinados Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. Sorprende, por ejemplo, la controversia suscitada entre el Procurador y la Consejería que dirige el señor Juan José Mateos en relación con la necesidad de que un tribunal evaluador motive suficientemente las calificaciones obtenidas por los aspirantes a ocupar una plaza. Desde luego, ni el Procurador, ni este Grupo Parlamentario, ni creo que ninguno de los ciudadanos, puede entender por qué la Consejería se opone a que se expliquen claramente los criterios seguidos por el tribunal para puntuar el ejercicio realizado por las personas que se presentan a unas oposiciones. Y no se entiende, Señorías, porque en un Estado de Derecho la arbitrariedad está absolutamente prohibida por la Constitución, el Estatuto y las leyes. [Aplausos].

El hecho de que el Procurador denuncie falta de transparencia e incluso prácticas ilegales en la Administración, que es la mayor empresa de la Comunidad, y que esa denuncia se repita año tras año, es razón suficiente para que exijamos la responsabilidad política de la Junta y que se intensifiquen los controles para evitar que estos abusos continúen produciéndose. Porque, Señorías, si estas prácticas resultan siempre odiosas, en la coyuntura actual, con doscientos mil parados en Castilla y León y con la escasez de empleo que padecemos, son simplemente intolerables. [Aplausos].

Señorías, en el acceso al empleo el principio de igualdad de oportunidades exige también el apoyo directo a quienes más dificultades encuentran en su camino. En este aspecto, resulta evidente, y tan interesante como lo anterior, la resolución que dirige el Procurador a la Junta para que desarrolle políticas activas que incluyan –y leo textualmente, página 1.023- "auténticas acciones de formación de las personas con discapacidad que faciliten su acceso al empleo público". Y es que, lamentablemente, día sí, día también, leemos en la prensa anuncios relativos a actuaciones tendentes a la integración de personas con discapacidad, pero en contadas ocasiones dichos anuncios se traducen en verdaderas acciones útiles para estas personas, que son, precisamente, aquellas que reclama el señor Amoedo.

Señorías, cuando los bienes son escasos y la demanda supera ampliamente la oferta las Administraciones han de actuar con mayor transparencia y rigor para garantizar esa igualdad de oportunidades. Sin embargo, un año más, y no solamente en el acceso al empleo, sino también en la adjudicación de viviendas de protección oficial o en la concesión de determinadas ayudas y subvenciones, el Procurador detecta opacidad en los procesos de selección, lo que es sinónimo de arbitrariedades y abusos.

Otro paquete importante de reclamaciones tiene que ver con el funcionamiento de los servicios públicos. La crisis económica no ha hecho sino minar la confianza de los ciudadanos de Castilla y León en el estado de bienestar. Por lo que respecta, por ejemplo, al derecho a la salud, a las noticias sobre impagos a proveedores y deuda millonaria del Sacyl se une el incremento de quejas sobre reintegro de gastos médicos, así como los tradicionales problemas que un año más son objeto de denuncias, a saber: el importante déficit de especialistas en algunas disciplinas médicas y la gestión de lichas... de listas de espera, que sigue siendo un mal endémico de nuestra sanidad.

Todos estos problemas... [aplausos] ... todos estos problemas se agravan notablemente en el ámbito rural. Como viene siendo habitual, el documento que presenta el señor Amoedo muestra con rotundidad la fotografía de una Comunidad a dos y tres velocidades, en la que los ciudadanos que residen en los pequeños pueblos se enfrentan a diario con mayores dificultades que el resto para acceder a los servicios esenciales.

Como afirma el Informe -y leo otra vez textualmente-: "La escasez de medios materiales y personales viene siendo invocada por algunas entidades locales de menor tamaño que tienen muchas dificultades para garantizar el pleno ejercicio de los derechos a sus ciudadanos". En ocasiones, las quejas se refieren a barrios enteros, y sobre todo a pedanías o anejos de población, donde prácticamente todos los servicios públicos básicos (abastecimiento de agua potable, transporte, recogida de basura, alumbrado público, pavimentación, servicios asistenciales), todos, se prestan de manera deficitaria. La constatación año tras año de esta realidad lleva a la Defensoría a pedir el esfuerzo y compromiso de las Administraciones para conseguir una equiparación de mínimos en los servicios esenciales que llegue a toda la geografía de Castilla y León.

No basta, Señorías, con decirles a los Ayuntamientos que, o se agrupan, o una mano invisible los agrupará, ni basta con estudiar cómo redefinir las Diputaciones para que atiendan mejor a los pequeños municipios. Desde luego, no bastan ni las mesas, ni las agendas, ni las estrategias, ni los observatorios para resolver los problemas que denuncian los ciudadanos que viven en el entorno rural. [Aplausos].

Señorías, ser castellanoleonés en los pequeños pueblos tiene mucho mérito, mucho mérito, pero algunos se cansan de las desigualdades y se van, como nos acaba de recordar el señor Amoedo en relación con unas personas que accedían al Procurador en relación con una queja concreta.

Los anuncios y la palabrería tienen que ser sustituidos cuanto antes por una financiación local justa e incondicionada y por una ordenación racional del territorio, que lleva pendiente más de dos décadas. De lo contrario, año tras año seguiremos analizando informes del Procurador en los que cada vez serán más evidentes las desigualdades, que están, desde luego, en la base de la sangría demográfica que sufren importantes zonas de la Comunidad.

Pero si muchos de los problemas detectados por el Procurador tienen que ver, en buena medida, con las necesidades de más recursos y medios materiales, y en este sentido las Administraciones pueden encontrar cierta justificación en la crisis económica, muchos otros, sin embargo, tienen su origen en la falta de voluntad política o en la desidia de unos gobernantes más preocupados en inventar términos y aparentar iniciativa que en desarrollar normativamente las leyes que aprueban estas mismas Cortes.

Y esto, Señorías, nos parece especialmente grave. A lo largo del Informe, la Defensoría detecta carencias normativas, de regularización, pasividad sistemática de la Administración y falta de evaluación de las políticas públicas.

En una resolución de oficio, el Procurador pide a la Junta –y cito textualmente- que agilice el procedimiento de elaboración del reglamento de aplicación de la Ley 1/98, de Régimen Local de Castilla y León, para que se cumpla de este modo lo previsto en la propia ley autonómica, que después de trece años –se dice pronto, trece años- sigue esperando desarrollo reglamentario. [Aplausos].

En esta misma línea, en esta misma línea, una reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de cinco de mayo de dos mil once, a propósito de un litigio suscitado en una entidad local menor, señala -y también cito textualmente- "este problema seguramente no se hubiera planteado si la Junta hubiera procedido a desarrollar reglamentariamente -como era su obligación- la previsión legislativa de la Ley de Régimen Local".

Señorías, la Junta lleva trece años sin cumplir con su obligación de desarrollar esta ley, creando problemas y arrinconando a las entidades locales menores, a las que ahora recomienda lacónicamente que se agrupen. Eso sí, mientras tanto, se han anunciado todo tipo de planes y estrategias, la última un gran pacto por la ordenación del territorio. Y yo me pregunto, Señorías: ¿no hubiera sido más fácil, y sobre todo más útil para los ciudadanos, que la Junta hubiese elaborado un reglamento para poner orden, al menos cierto orden, en las Administraciones Locales, en vez de marear la perdiz con tanta terminología hueca?

En fin, Señorías, y lo peor es que la falta de diligencia en desarrollar reglamentariamente esta ley no es un caso aislado. Sucede lo mismo con la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental, insuficientemente desarrollada; con la normativa de acceso a escuelas infantiles; con la relativa a la conciliación de la vida profesional y familiar; con la de regularización de las actividades extraescolares y la figura del monitor deportivo, que está dando muchísimos problemas a los colegios; con el desarrollo reglamentario del derecho de admisión a los espectáculos públicos, que genera problemas de discriminación, denunciados ante el Procurador; o con el retraso de más de siete años en la adaptación de las relaciones de puestos de trabajo en la Consejería de Economía y Empleo.

Señorías, si las leyes no se desarrollan y, por tanto, no se pueden aplicar en plenitud, ¿para qué las aprobamos en estas Cortes? ¿Acaso para satisfacer la matemática parlamentaria, o simplemente para que la Junta pueda exhibir públicamente una ficticia capacidad de iniciativa?

Miren, Señorías, esta apariencia de liderazgo no sirve, no es útil a los ciudadanos, no resuelve los problemas denunciados ante el Procurador del Común. Esta política de ficción podrá darle buenos resultados electorales -yo no lo discuto-, pero no es lo que necesita la Comunidad, es una rémora para Castilla y León, que se empequeñece año tras año con un exceso de gestos y una escasez de resultados.

Cuando la crisis aprieta y los recursos disminuyen, es imprescindible que las Administraciones sean más diligentes en el desarrollo de sus funciones normativas y en la evaluación de las políticas públicas. Por desgracia, con demasiada frecuencia hemos leído en el Informe expresiones como "un año más", "como en ocasiones anteriores", "nuevamente", "tenemos que insistir"; en fin, todos ellos términos que demuestran claramente que los problemas no se resuelven solos, y que la desidia y la lentitud de las Administraciones tiene damnificados con nombres y apellidos en Castilla y León.

Concluyo ya, Señorías, porque, entre otras cosas, la modificación de la ley podía incorporar algún tiempo más a este debate, porque es interesante, y, ciertamente, un cuarto de hora da muy poco de sí. Pero, concluyo ya, Señorías, estas breves pinceladas al amplio Informe que constituye una auténtica auditoría anual, con el agradecimiento, lógicamente, el agradecimiento al señor Amoedo y a todo su equipo por la labor desempeñada, por su diligencia en la tramitación de las quejas, por la iniciativa de oficio tan ampliamente desarrollada con esos treinta y seis informes, con el rigor y la tenacidad en la investigación de los asuntos y, muy especialmente, con la independencia en la elaboración de las recomendaciones que traslada a las distintas Administraciones.

Creo que es de justicia reconocer el trabajo realizado, que se traduce en prestigio para una Institución que, ciertamente, no tiene potestas, pero que va ganando en auctoritas año tras año. Gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, señora Redondo García. Para la fijación de la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández Carriedo.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ CARRIEDO:

Muchas gracias. Señora Presidenta, Señorías. Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación al Procurador del Común por la calidad del Informe, en primer lugar; una vez más, un informe completo y detallado, un informe a la altura de lo que esperaba nuestro Grupo Parlamentario, de lo que esperaban las Cortes de Castilla y León y de lo que merecían los ciudadanos de nuestra Comunidad.

Quiero felicitar al Procurador, a don Javier Amoedo, y ruego que haga extensiva esta felicitación a las personas de su equipo, muchas de ellas nos acompañan hoy aquí esta tarde en la sede de las Cortes. Y la segunda felicitación es porque hemos comprobado, poco a poco, que el Procurador del Común va disponiendo cada día de mejores y más medios, y algunos de ellos como esa nueva sede que hoy se ha manifestado y que históricamente siempre se reflejaba, debate tras debate, aquí, en las Cortes de Castilla y León, como una necesidad, y que ningún otro grupo político ha sabido reconocer. Parece que para algunos nada bueno de lo que pasa en Castilla y León existe.

Y no solamente es que se ha terminado la sede, es que se ha terminado reduciendo los plazos y reduciendo los costes sobre el presupuesto inicialmente previsto. Y esto a mí me parece especialmente importante en estos momentos, y hay, por ello, que reconocer el esfuerzo de la Junta de Castilla y León en ese sentido, se ha acabado -como usted bien sabe- cinco meses antes de lo inicialmente previsto, y el coste se ha reducido un 21 % sobre el presupuesto inicial: menos plazos y menos costes, naturalmente, que algunos podrían tomar ejemplo también de estas cuestiones.

Y naturalmente que, en esta voluntad de mejorar la Institución, estamos dispuestos a mejorar los medios y a mejorar la normativa en aquello que sea preciso para asegurar un mejor funcionamiento de la importante figura del Procurador del Común.

Y, en efecto, estamos ante un Pleno muy importante, un Pleno... porque se habla de las demandas, de las aspiraciones y de las quejas de los ciudadanos de Castilla y León. Y es especialmente importante en tiempos de crisis como los que vivimos ahora. Y, cuando un Grupo considera que un Pleno es muy importante –y nosotros así lo consideramos-, ocurren dos cosas:

Primero, que interviene el Portavoz del Grupo Parlamentario. Así lo ha considerado... [aplausos] ... el Portavoz del Grupo Mixto, que ha querido intervenir en este Pleno; así lo ha considerado el Grupo mayoritario de la Cámara –el Grupo Parlamentario Popular-, cuyo Portavoz tiene el privilegio de intervenir en esta ocasión; y el Grupo Socialista, una vez más, nos habla de la importancia del Pleno, pero su Portavoz permanece también hoy ausente de este debate. [Murmullos]. Y esta es la realidad: se habla de la importancia, pero cuando llegan los momentos importantes, nuevamente hay cuando... quien se esconde a la hora...

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Les ruego silencio, Señorías.

EL SEÑOR FERNÁNDEZ CARRIEDO:

... de defender los intereses de Castilla y León.

Y, cuando el Pleno es importante, lo que hace falta, en segundo lugar, es... [murmullos] ... sí, sí, sí, es que... es que es así, señora Redondo. Usted sabe que intervino usted como Portavoz en la pasada legislatura, en el anterior debate del Procurador del Común, y usted sabrá por qué en esta ocasión sigue siendo usted, porque renuncia el Portavoz del Grupo Socialista a esta intervención. Afortunadamente, hay Grupos, como el Mixto y el Popular, que consideramos importante que los Portavoces estemos presentes en este debate.

Y queremos estudiar también, cuando hablamos de importancia del Pleno, estudiar el Informe con detalle y con profundidad. Y estudiar el Informe con detalle y profundidad es estudiar cómo mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León. Porque lo que no es el Informe del Procurador del Común es un instrumento de utilización para la crítica de los adversarios políticos; nosotros lo utilizamos exclusivamente para mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León.

Y esto me recuerda, precisamente, una de las intervenciones que hemos oído hoy aquí, esta tarde. Mire, yo también soy funcionario, y puedo asegurar que he visto, a lo largo de mi carrera profesional, miles de expedientes de la Junta de Castilla y León; y, como yo, me atrevería a decir que prácticamente todos los funcionarios que tienen interés por su trabajo al servicio de la sociedad; y estoy seguro que también el señor Amoedo, a lo largo de su trabajo, habrá visto miles de expedientes de la Junta de Castilla y León. Si alguna persona que ha intervenido hoy no lo ha hecho, es sencillamente porque a lo mejor no le ha dedicado la atención o el esfuerzo suficiente que merece esta tarea.

Y para analizar con detalle –como digo- este Informe, hacen falta tres preguntas: la primera de ellas es cuánto se quejan los ciudadanos; la segunda, a quién o de quién se quejan; y la tercera es de qué se quejan.

El cuánto se quejan. En este año ha habido mil novecientas cincuenta y seis quejas. Cada una de estas quejas nos merece mucho respeto y mucha reflexión, porque estamos hablando de los problemas de ciudadanos concretos. Pero tenemos que decir que el año anterior, el dos mil nueve, las quejas ascendieron a dos mil cuatrocientas ochenta y cuatro. Esto supone, Señorías –y aquí no se ha dicho, porque, como digo, hay quien tiene interés en que las cosas buenas que pasan en Castilla y León no existen-, hay quinientas veintiocho quejas menos que el año precedente, lo que supone una reducción del 21,3 % -ahí es nada- en el número de quejas. Hemos pasado, como bien dice el Procurador del Común en su Informe, de nueve quejas cada diez mil habitantes a siete quejas en el momento presente. Y, lo que es ciertamente relevante, la reducción del número de quejas ha sido generalizada: lo ha sido entre mujeres y entre hombres, entre quejas individuales y entre quejas colectivas. Y ha sido una reducción que ha afectado a ocho de las nueve provincias de Castilla y León.

Y hay quien podría pensar que es normal que estas quejas se reduzcan; y seguramente habrá quien intentara demostrar que se ha reducido en toda España, o que, si se ha reducido más en Castilla y León, es por motivos que quizá son de difícil explicación. Pues bien, no es verdad que la reducción sea generalizada en toda España. La reducción en Castilla y León de las quejas al Procurador del Común, como digo, ha sido del 21,3 %. Pues bien, en la figura homóloga nacional –el Defensor del Pueblo- las quejas del informe del año dos mil diez crecieron un 56,1 % respecto del ejercicio precedente.

Este es un debate muy importante, porque aquí las quejas –en Castilla y León- bajan, mientras las quejas en el conjunto de España aumenta. Y quien utiliza palabras gruesas, a veces, para criticar lo que ocurre en Castilla y León es tremendamente complaciente cuando las quejas aumentan un 56 % en el conjunto nacional. [Aplausos]. Pero es que incluso las quejas presentadas por ciudadanos de Castilla y León en el Defensor del Pueblo han perdido participación sobre el total nacional: han pasado, en el año pasado, del 6,6 al 4,4 % del total nacional. En definitiva, el número de quejas al Procurador del Común disminuye, y nuestra participación en el total nacional también disminuye; hay menos quejas que en el dos mil nueve, y además menos quejas en Castilla y León por habitante de las que hay en el ámbito nacional.

Pero es que hay más. Si analizamos las series históricas desde la constitución del Procurador del Común, veremos que la cifra de este último año –mil novecientos cincuenta y seis- es la cifra más baja desde el año mil novecientos noventa y cinco. Es decir, estamos por debajo de las dos mil quejas, cifra que no se alcanzó en Castilla y León en los últimos quince años. Y esta es la realidad. Hay quien no quiere verla, porque hay quien no quiere ver la realidad de Castilla y León, hay quien no quiere ver, siquiera, Castilla y León. Señorías, y esta reducción es especialmente reseñable cuando hablamos de crisis económica, porque cada queja refleja un problema, y un problema a resolver.

La segunda cuestión: ¿de quién se quejan? La primera Administración en el número de quejas es la Administración Local, la que más quejas absorbe –novecientas cuarenta y uno-, el 49 % del total de las quejas. A pesar de lo cual, reduce el número de quejas prácticamente en un 7 %. La Administración Autonómica es la que experimenta la mayor reducción de todas en el número de quejas, tanto en número como en porcentajes: trescientas treinta y tres quejas menos y un 33 % de reducción respecto del año anterior.

Y, finalmente, la Administración Central del Estado es la que registra el único aumento, de todas las Administraciones que operan en Castilla y León, en el número de quejas formuladas ante el Procurador del Común. [Murmullos]. "¡Hala!", pero es la verdad. Es la única con más quejas que el año anterior; y es que, mientras las quejas de la Administración Local bajan, las quejas a la Junta de Castilla y León bajan, las quejas a la Administración Central suben. Estos son los datos y esta es la realidad. [Aplausos].

Y el Procurador del Común presenta un anexo comparativo de la evolución de las quejas desde el año dos mil cinco –cualquiera puede leer el anexo, que haya tenido el más mínimo interés-. Pues bien, las quejas dirigidas a la Administración Autonómica son las más bajas de toda esa serie histórica el año pasado; y, por contra, las quejas dirigidas a la Administración Central alcanzaron el máximo histórico de toda esa serie, precisamente, el año pasado. Estos son los hechos y estas son las realidades; lo demás, como siempre, son palabras huecas.

De las mil novecientas cincuenta y seis quejas, seiscientas sesenta y siete se dirigen a la Administración Regional; una mejora, sin duda, pero cada queja es un reto, un desafío en el ámbito de nuestras competencias.

Y la última pregunta: ¿de qué se quejan los ciudadanos? Fundamentalmente, de cuatro ámbitos.

En primer lugar, de los servicios municipales. Esta materia es la que absorbe el mayor número de quejas; y lo absorbe porque pone de manifiesto la escasez de recursos de estas Administraciones, porque la crisis les ha tocado a ellas –como a todos, pero, fundamentalmente, a ellas- de lleno, y porque ha habido un incumplimiento manifiesto del Gobierno de la Nación en aprobar, como se prometió, un sistema de financiación local.

El segundo ámbito más importante de quejas son las infraestructuras. Ocupan un número ciertamente relevante en el número de quejas, y esto, sin duda, es reflejo del recorte que todas las Administraciones Públicas –bien es verdad que algunas más que otras- están realizando en un desplazamiento temporal de las inversiones previstas en tiempos de crisis.

El tercer ámbito que conviene señalar –y aquí ha habido también una reducción importante- es el de la área económica. Las quejas en el área de economía y de agricultura no llegan, en ningún caso de los dos, al 5 % del total de las quejas. Y esto, que puede resultar paradójico en un momento de crisis, no lo es tanto si tenemos en cuenta los datos de empleo de Castilla y León comparados con la media nacional, o la percepción menos desfavorable de la situación económica que atraviesa Castilla y León, como refleja la encuesta del CIS recientemente conocida.

Y el último ámbito son los servicios públicos esenciales. Pues bien, tanta crítica que hemos oído en sanidad y en educación, resulta que el número de quejas -ni en sanidad ni en educación- llegan, en ningún caso, a las cien, y no superan –en ningún caso de los dos- ni siquiera el 5 % del total; sin duda, son áreas especialmente importantes para nosotros. Y es que, Señorías, en Castilla y León estamos demostrando que se puede tener menos deuda, menos déficit y menos impuestos que en el conjunto de España y, a la vez, tener también menos paro, mejor educación, mejor sanidad y mejores servicios sociales. [Aplausos]. Estos son los datos, y esto también se ve en la realidad, y esto reflejan los informes; lo que pasa es que hay quien tiene interés por no ver nada bueno que ocurra en Castilla y León. Y también se demuestra en el día a día, porque es la realidad, que hay muchas Comunidades Autónomas -de todo signo político, es verdad- donde tienen más deuda, más déficit y más impuestos que la media española y, a la vez, tienen también más paro y peor sanidad, peor educación y peor servicios sociales que nosotros.

Estos son los datos y esto nos reafirma en nuestra intención de seguir trabajando en los objetivos de nuestro programa electoral: trabajar para la recuperación económica y fortalecer y consolidar los servicios públicos en Castilla y León.

En síntesis, Señorías, quiero destacar cinco puntos de este informe: en primer lugar, que el número de quejas el año pasado al Procurador del Común se redujo en Castilla y León un 21 %, cuando aumentaba un 56 % las que recibió el Defensor del Pueblo en el conjunto de España; en segundo lugar, que el número de quejas al Procurador del Común en el año dos mil nueve... dos mil diez, perdón, fue el menor de los últimos quince años, la cifra más baja de los últimos quince años; en tercer lugar, que la Administración Local es la que más quejas recibe, pero la Administración Central es la única que ha aumentado el número de quejas el ejercicio anterior, y la Administración Autonómica es la que recibe una mayor reducción del número de quejas, un tercio de las actualmente existentes; y, finalmente, que las mayores quejas se dirigen a los servicios municipales y las menores al ámbito económico y al ámbito de la gestión de los servicios públicos, sanidad y educación.

Todos estos datos son ciertos, Señorías; pero también es verdad que muchas familias atraviesan en estos momentos importantes y dramáticos problemas que también se reflejan en este Informe. Y estos datos, por tanto, no van a aumentar nuestra complacencia; si acaso, van a incrementar nuestra responsabilidad.

Y es que, Señorías, el Procurador del Común ha hecho, una vez más, un excelente trabajo en Castilla y León. Ha atendido y ha escuchado las quejas de los ciudadanos y las ha tramitado, nos aña... nos ha señalado cuánto se quejan, a quién se quejan y de qué se quejan, y nos ayudan también a mejorar.

Nuestro Grupo ha obtenido, hace muy pocos meses, una amplia confianza de los ciudadanos, y esto nos otorga más responsabilidad, más trabajo y la necesidad de estar más cerca de los ciudadanos, porque sabemos que las cosas se pueden hacer mejor y vamos a trabajar para mejorarlas. Y en este sentido, y en esta dirección, el informe que hoy nos presenta el Procurador del Común nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a atender mejor a los ciudadanos, nos ayuda a escucharles mejor y nos ayuda, también, a seguir entendiendo –como así entiende nuestro Grupo Parlamentario- mejor a los ciudadanos de Castilla y León; porque aquí hay problemas –sin duda-, pero también es una tierra donde ocurren cosas buenas, por más que algunos no quieran hablar de ellas. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Gracias, señor Portavoz. Para contestación a las posiciones de los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el Procurador del Común, señor Amoedo Conde.

EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR AMOEDO CONDE):

Presidenta, con la venia. Dos minutos. En primer lugar, para agradecer a todos los Portavoces de los partidos los elogios que se han dirigido hacia la Institución del Procurador del Común. Yo tengo que decir que nosotros trabajamos día a día, cuento con un equipo extraordinario, dedicados de lleno al desa... al trabajo de nuestra Institución. Fíjense ustedes que, si pensamos que hemos dictado mil ciento catorce resoluciones en el año, supone más de tres resoluciones diarias, si contamos el año de trescientos sesenta y cinco días; si todavía descontamos los domingos y días festivos, subiríamos bastante más. Ello indica que, efectivamente, nosotros atendemos a los ciudadanos cuando vienen a nosotros, cuando se quejan porque estiman que se ha vulnerado alguno de sus derechos. Estamos pendiente de ellos.

Algo decía, señor Valderas, sobre la eficacia de la Institución. Señor Valderas, lo he dicho muchas veces, yo podía traer aquí muchas cartas de agradecimiento por el trabajo desarrollado por la Institución, incluso de personas en donde hemos dictado una resolución diciendo que no había una actuación irregular de la Administración, pero reconociendo el trabajo que nosotros habíamos desarrollado; también le podía traer otras manifestaciones diciendo que... que no nos hacen caso, evidentemente que sí.

Por otro lado, ese es nuestro trabajo de todos los días, yo quería decir que, efectivamente, los datos que aquí nos ha señalado el Portavoz del Partido Popular se ajustan a la realidad, ahí están, no se pueden negar. Se ha reducido el número de quejas que hemos tenido con relación al pasado año en número aproximado a quinientas quejas; eso puede decir que parece ser que la Administración va funcionando mejor, que se van solucionando problemas o, a lo mejor, alguno de los problemas que se habían planteado con anterioridad se han resuelto precisamente, a lo mejor, por las recomendaciones que ha hecho el Procurador del Común. Porque, como yo digo siempre, nuestra Institución no es una institución que quiera criticar a las instituciones o a las Administraciones, ni mucho menos; nosotros solamente lo que tratamos es de decirle a la Administración, cuando creemos que hay una actuación irregular, hacérselo ver con el fin de que pueda rectificar lo que ellos... o lo que nosotros decimos que han actuado mal y ellos consideran que, efectivamente, nosotros tenemos la razón.

Siempre pensamos que, evidentemente, hay entidades no colaboradoras. Aquí se ha hablado de las Consejerías; yo creo... quiero discrepar –no recuerdo cuál han sido de los Portavoces que lo ha dicho-: la única Consejería que se ha retrasado en alguna información me parece que fue la Consejería anterior de Medio Ambiente, las demás siempre han cumplido debidamente con la actuación del Procurador del Común.

Efectivamente, el mayor número de quejas siempre provienen de la Administración Local.

Otra cosa que decía el señor Valderas, para determinar la eficacia, que, efectivamente, nosotros hacemos una resolución y a lo mejor se acepta por la Administración y después no se cumple. Señor Valderas, ese es un problema que nosotros no... en principio, no podemos vigilar; sí tratamos de vigilarlo y al ciudadano, cuando se acepta una resolución y se lo comunicamos, le decimos que, si no se cumple esa resolución aceptada, nos lo vuelva a comunicar, y, en ese caso de que nos lo comunique, nosotros volvemos a reabrir el expediente. Yo no sé, a lo mejor el año pasado cinco, o seis o siete pudieron haberse reabierto por no cumplir la resolución que se había aceptado.

Evidentemente, yo creo... también hacía referencia el señor Valderas, a la eficacia de nuestras... nuestra actuación. Yo creo que la eficacia se mide por el trabajo que se desarrolla, por el número de resoluciones que se dictan, no solamente las resoluciones que podemos examinar o podemos creer que hay una actuación irregular de la Administración, la eficacia también se demuestra en la que nosotros decimos que no hay actuación irregular de la Administración. Yo tengo un equipo de ocho o diez funcionarios, letrados, cada uno con su especialidad, y, efectivamente, es eficaz decirle a un ciudadano... es tan eficaz decirle a un ciudadano que no tiene razón cuando se lo motivamos, y se lo motivamos debidamente, que cuando se lo decimos a la Administración que ha actuado irregularmente, y que también se lo motivamos de modo adecuado.

Evidentemente que sería... usted hacía una referencia a la... una resolución condenatoria. En los años que yo creo que se ha creado el Procurador... los Defensores Autonómicos solamente hay una sentencia condenatoria, me parece que una localidad -siempre lo he dicho-, del País Vasco, pero ahí era porque el propio Alcalde del Ayuntamiento manifestó que no le contestaba porque no le daba la gana; o sea que, lógicamente, ya no había más remedio que dictar contra él una sentencia condenatoria.

Evidentemente, hay que seguir trabajando. El hecho de que se hayan rebajado... se hayan disminuido las quejas de los ciudadanos, yo pienso que hay que seguir trabajando, hay que mejorar la actuación de la Administración. Estamos viviendo un momento económico difícil, que, por lo tanto, se puede reflejar en la actuación de las Administraciones. Pero yo confío que hay una serie de áreas... -y me parece que me refería a ellas- una serie de áreas, la sanidad, discapacidad, esto... bueno, falta de trabajo, evidentemente, y educación, esas tendrían que seguirse manteniendo, aunque la crisis económica nos pueda perjudicar o pueda evitar que podamos atender a otras necesidades.

Quiero reiterar mi agradecimiento a todos los Grupos por los elogios que ha realizado a la institución del Procurador del Común, y solamente decirle que nosotros lo único que hacemos es cumplir con nuestra obligación cuando las quejas llegan a nuestra Institución. Muchas gracias. [Aplausos].

LA PRESIDENTA (SEÑORA GARCÍA CIRAC):

Muchas gracias, señor Procurador del Común. Señorías, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las dieciocho horas treinta y cinco minutos].