La habilitación del mes de julio, cuya iniciativa ha partido de la mayoría absoluta de los procuradores, estará destinada a la celebración de la Comisión de Economía y Hacienda para la comparecencia del presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, así como para las correspondientes propuestas de resolución.
Además, se habilita este periodo de forma extraordinaria para la tramitación, en la Comisión de la Presidencia, de los asuntos relativos al control de la aplicación del principio de subsidiariedad en los proyectos de acto legislativo de la Unión Europea.
La propuesta para habilitar un periodo extraordinario de sesiones viene amparada por el Estatuto de Autonomía, que en su artículo 23.5 señala que «las Cortes de Castilla y León se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos ordinarios de sesiones se celebrarán entre septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y junio, el segundo. Las sesiones extraordinarias habrán de ser convocadas por su Presidente, con especificación del orden del día, a petición de la Junta, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los Procuradores, y serán clausuradas una vez agotado dicho orden del día».