PNL/000125-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de septiembre de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000122 a PNL/000125.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

Nuestra Carta Magna consagra, en su artículo 156, los principios que deben regir el sistema de financiación autonómica: "Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y la solidaridad entre todos los españoles".

La imperiosa necesidad de abordar la reforma del modelo de financiación autonómica ha sido un tema recurrente en los debates en esta Cámara desde el año 2014. El actual modelo regulado en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, respaldado por el PSOE y los nacionalistas, ha resultado un fracaso por ser claramente insuficiente para poder satisfacer, siquiera, las necesidades de gasto social de la Comunidad. Al respecto cabe destacar un dato más que relevante: el peso relativo de Castilla y León en el sistema de financiación ha pasado de representar el 7,12 % en 2008, último año de aplicación del modelo anterior, al 6,34 % en 2017, último año de liquidación del modelo vigente. Datos como este provocan que hoy ya nadie defienda el modelo de financiación vigente, ni siquiera aquellos que no hace mucho lo calificaron como un "traje a la medida de las necesidades de Castilla y León".

El 13 de abril de 2016 los grupos con representación Parlamentaria, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto y la Junta de Castilla y León, rubricaron un acuerdo que sirvió para fijar la posición de la Comunidad de Castilla y León ante la reforma del modelo de financiación autonómica, fijando cuáles han de ser los principios irrenunciables que deben guiar la reforma del modelo y entre los que cabe destacar la necesidad de que sea el resultado de un consenso multilateral, y que deba tener en cuenta en mayor medida variables tales como la dispersión la baja densidad o el envejecimiento poblacional, la garantía de prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las Comunidades Autónomas, y la garantía de los principios de suficiencia estática y dinámica del total de los servicios públicos de competencia autonómica atendiendo a las necesidades reales de la Comunidad y, por último, que ninguna Comunidad empeore su situación financiera como consecuencia de la reforma.

Transcurridos más de tres años desde la rúbrica de ese acuerdo, poco se ha avanzado en la reforma de modelo. De hecho, la llegada al Gobierno del Partido Socialista ha supuesto un freno a los trabajos iniciados. Así, la reforma del modelo ha dejado de ser una prioridad para el ejecutivo socialista, buena muestra de ello es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano en el que debe de abordarse de forma multilateral la reforma del modelo de financiación no se ha convocado en lo que llevamos del año 2019 y lleva más de un año sin convocarse, la última convocatoria data del 22 de agosto de 2019.

En las últimas fechas ha sido general el clamor de las CC. AA. contra la decisión del Gobierno de no actualizar las entregas a cuenta del año 2019, y de no hacer efectivos en la liquidación definitiva de 2017 los recursos compensatorios de la implantación, en 2017, del suministro inmediato de información del IVA. Estas decisiones suponen para nuestra Comunidad 440 millones de euros, 298 de la actualización de las entregas a cuenta y 142 de los recursos compensatorios del IVA. La no entrega de estos recursos está causando dificultades en la sostenibilidad de los servicios públicos de nuestra competencia y en especial aquellos que más directamente afectan a los castellanos y leoneses; la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Los ciudadanos de Castilla y León no pueden sufrir la consecuencias de la actitud de un gobierno socialista, que primero, fue incapaz de recabar los apoyos necesarios para aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que segundo, adelantó unas elecciones generales sobre la base de encuestas que le eran favorables anteponiendo los intereses partidistas a los generales, y que tercero, mantiene, a día de hoy una posición de deslealtad institucional frente al conjunto de las Comunidades Autónomas al no articular una solución legal factible que permita hacer llegar a nuestra Comunidad los 440 millones de euros necesarios para garantizar los principales servicios públicos que presta la Junta de Castilla y León.

Por lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que convoque, de forma inmediata, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que:

1.- Deberá anunciar a las Comunidades Autónomas la solución al bloqueo financiero al que el Gobierno de España las está sometiendo, procediendo a comunicar a estas las medidas que va a adoptar para hacer efectivo el abono de los anticipos a cuenta que les corresponden (298 M€ en el caso de Castilla y León), así como para compensar el desfase del IVA que se generó tras la implantación del Sistema Inmediato de Información (142 M€ en el caso de Castilla y León).

En el caso de que el Gobierno manifieste que no es posible el abono por encontrarse en funciones, articule de forma inmediata la concesión de un crédito a tipo 0 a las Comunidades Autónomas cuya devolución se compensará con las entregas a cuenta que el Gobierno tiene pendiente liberar.

2.- Deberá presentar los avances realizados en el diseño de propuesta de modelo de financiación desde la última reunión del Consejo, hace más de un año, comprometiendo, en todo caso, que el modelo tendrá en cuenta los principios acordados por los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, el 13 de abril de 2016, es decir que sea el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que permita garantizar la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las Comunidades Autónomas teniendo en cuenta el déficit de en la financiación del gasto sanitario y en materia de dependencia y la dinámica de crecimiento de ese gasto, que defina un catálogo de servicios común a todas las Comunidades Autónomas y que tenga en cuenta las variables de superficie, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población, recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía.

Valladolid, 3 de septiembre de 2019.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano