PNL/000069-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de agosto de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000032 a PNL/000121.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de agosto de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Laura Domínguez Arroyo y Don Juan Pablo Fernández Santos, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, en representación de Podemos-Equo, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:

ANTECEDENTES

Los y las educadoras sociales son profesionales del ámbito socioeducativo con competencias en diversos campos como puede ser la educación no formal, la educación de personas adultas, la inserción social de personas con dificultades o la acción socioeducativa y sociocultural. Son profesionales con ámbito de actuación en contextos tan diversos como los Servicios Sociales, inclusión de las personas con discapacidad física o psíquica, los centros escolares, los centros base, los hogares tutelados, los centros residenciales para personas mayores y un largo etcétera.

En 2007 establecieron sus documentos profesionalizados, dando unicidad a la figura del educador/a social a través de la Asociación Estatal de Educación Social y los Colegios Profesionales de Educación Social. Con ello se pretendía establecer una uniformidad en cuanto a la definición de la figura hecha por los y las profesionales que desarrollara y completara las funciones y competencias de los educadores/as.

Más de diez años después la profesión de educación social sigue encontrando problemas a la hora de definir su figura, el encaje dentro de la administración pública con denominación única y la perfilación de su labor. Hecho que se ve agudizado en algunas Comunidades Autónomas pero que es generalizado en toda España. De hecho, una de las campañas que han llevado a cabo en los últimos meses desde los Colegios Profesionales de Educación Social de todo el país es la de una Ley de Regularización de la Profesión de Educación Social, como derecho de toda la ciudadanía a ser atendidos por estos profesionales y con el objetivo de reconocer esta figura como específica en sus competencias que tiene mucho que aportar en las administraciones públicas en el ámbito de los servicios sociales y de la educación.

En Castilla y León, el título universitario de Graduado/a en Educación Social se imparte en la Universidad de Burgos, en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Valladolid (en Palencia y en Valladolid), en la Universidad de León y en los centros de la UNED. Es decir, cada año, desde distintos puntos de nuestra Comunidad se gradúan profesionales sin que luego su salida profesional en la administración pública sea valorada ni facilitada.

En este sentido, desde el Colegio Profesional de Educadores Sociales de Castilla y León han reivindicado el potencial beneficioso que la introducción generalizada de su profesión daría como resultado en los Servicios Sociales de nuestra Comunidad Autónoma.

Desde marzo 2012 los y las educadores sociales de Castilla y León cuentan con una escala propia en el Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas con la denominación Educador/a Social. Hay que reflejar que dicha inclusión se produce tras sentencia del TSJCyL en que se anula parcialmente una disposición del Decreto 32/2008, de 24 de abril, por la que se modifica la RPT del personal funcionario de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y que excluía a los educadores y educadoras sociales de una serie de puestos para los que eran competentes. A pesar de esto, la denominación que alude a las competencias que pueden desempeñar los y las educadoras sociales se ve diluida en muchas otras denominaciones.

Por otro lado, esta falta de homogeneización de la denominación de la figura hace que las entidades locales y las Diputaciones Provinciales utilicen el concepto de educador/a familiar para la convocatoria de plazas sin que la Gerencia medie ante dicha situación en la asunción de sus competencias.

Por último, el número de plazas para educadores y educadoras sociales en el ámbito de los Servicios Sociales en nuestra Comunidad es insuficiente y su inclusión sería de gran impacto beneficioso para la mejora de los mismos.

Por todo presentamos la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Unificar bajo la denominación específica de Educador o Educadora Social las convocatorias de plazas para estos profesionales donde queden delimitadas las competencias funcionales de, entre otros, Educador/a Familiar, Técnico de atención al menor en Institución, Técnico de atención al menor en medio abierto, Educadores o Responsable nocturno de internado para centros de menores.

2. Incluir el perfil del Educador/a Social en los equipos de Acción Social Básica en sustitución de la figura de Animador Comunitario e incrementar su presencia en los equipos multidisciplinares de los CEAS así como en todos los programas o servicios que requieran una intervención socioeducativa.

3. Garantizar que las entidades locales y las Diputaciones Provinciales, con la mediación informativa de la Gerencia de Servicios Sociales, hagan sus convocatorias de plazas en base a una titulación concreta adecuada a las funciones y competencias requeridas para el puesto de trabajo.

4. Dotar de contenido la Escala de Educadores Sociales creando las plazas necesarias para incorporar la figura de los educadores y educadoras sociales en todas las direcciones, secciones y servicios dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en las que pueden desarrollar sus funciones y competencias.

Valladolid, 1 de agosto de 2019.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos