PNL/000072-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de agosto de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000032 a PNL/000121.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de agosto de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Dña. Laura Domínguez Arroyo y Don Juan Pablo Fernández Santos, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de Podemos-Equo, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Educación:

ANTECEDENTES

Los y las educadoras sociales son profesionales del ámbito socioeducativo con competencias en diversos campos como puede ser la educación no formal, la educación de personas adultas, la inserción social de personas con dificultades o la acción socioeducativa y sociocultural. Son profesionales con ámbito de actuación en contextos diversos, tanto en servicios sociales como en educación. En el ámbito educativo pueden llevar a cabo tareas de prevención y detección del absentismo escolar, conductas xenófobas, sexistas, violentas o antisociales, y todas aquellas tareas de intervención socioeducativa necesarias. Su figura complementa la labor del profesorado, mejora la convivencia entre el alumnado y facilita la educación inclusiva.

En 2007 establecieron sus documentos profesionalizados, dando unicidad a la figura del educador/a social a través de la Asociación Estatal de Educación Social y los Colegios Profesionales de Educación Social. Con ello se pretendía establecer una uniformidad en cuanto a la definición de la figura hecha por los y las profesionales que desarrollara y completara las funciones y competencias de los educadores/as.

Más de diez años después la profesión de educación social sigue encontrando problemas a la hora de definir su figura, el encaje dentro de la administración pública con denominación única y la perfilación de su labor. Hecho que se ve agudizado en algunas Comunidades Autónomas pero que es generalizado en toda España. De hecho, una de las campañas que han llevado a cabo en los últimos meses desde los Colegios Profesionales de Educación Social de todo el país es la de una Ley de Regularización de la Profesión de Educación Social, como derecho de toda la ciudadanía a ser atendidos por estos profesionales y con el objetivo de reconocer esta figura como especifica en sus competencias que tiene mucho que aportar en las administraciones públicas en el ámbito de los servicios sociales y de la educación.

En Castilla y León, el título universitario de Graduado/a en Educación Social se imparte en la Universidad de Burgos, en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la Universidad de Salamanca, en la Universidad de Valladolid (en Palencia y en Valladolid), en la Universidad de León y en los centros de la UNED. Es decir, cada año, desde distintos puntos de nuestra Comunidad se gradúan profesionales sin que luego su salida profesional en la administración pública sea valorada ni facilitada.

En este sentido, su inclusión en los centros escolares de nuestra Comunidad impactaría de forma positiva en el sistema educativo de Castilla y León. Y es que como parte de sus funciones podrían desarrollar su trabajo en las situaciones de fracaso escolar, alumnado con necesidades educativas especiales, problemas de convivencia escolar, etc.; una labor que puede ser desempeñada por profesionales específicos que apuntalen la labor del profesorado. Algunas Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha o Andalucía contemplan como parte del sistema educativo la figura del Educador o Educadora Social dentro de su normativa, sin embargo, en nuestra Comunidad Autónoma la regulación dentro de la Consejería de Educación de dicha figura no está contemplada.

Por todo presentamos la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Incluir a los y las educadoras sociales en los centros educativos como miembros del Departamento de Orientación o de Atención a las necesidades educativas especiales como figuras de mediación, prevención y educación que desarrollen su labor complementando al profesorado.

2. Promover la figura del educador/a social en todos los centros educativos de Primaria y Secundaria como competentes para realizar funciones de prevención y resolución de conflictos, la interconexión con las familias y el desarrollo integral del alumnado entre otras.

3. Regular la figura del educador/a social dentro del sistema educativo de Castilla y León a través de la inclusión del mismo en normativa específica tal y como se ha hecho en otras Comunidades Autónomas.

Valladolid, 1 de agosto de 2019.

LA PROCURADORA,

Fdo.: Laura Domínguez Arroyo

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos