4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000105-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de agosto de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000032 a PNL/000121.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de agosto de 2019.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Rosa Rubio Martín, Laura Pelegrina Cortijo, Luis Briones Martínez y Pedro González Reglero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Economía y Hacienda:
ANTECEDENTES
El pasado 27 de marzo de 2017 la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León debatió una Proposición No de Ley presentada por procuradores del Grupo Socialista en relación con precios autorizados. La PNL no prosperó al haberse producido un empate a nueve votos, ya que el PSOE, Podemos, Ciudadanos y el Grupo Mixto votaron a favor y el PP lo hizo en contra. Con la disolución de las Cortes no hubo posibilidad de que esta iniciativa fuera debatida en sesión plenaria. Es por ello por lo que se vuelve a presentar para su debate en este periodo de sesiones que ahora comienza de la X Legislatura.
La actual regulación de precios autorizados por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León parte de lo dispuesto en el anexo 2 del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica, en el que se establecen los precios autorizados cuya aprobación corresponde a las comunidades autónomas. En la Comunidad de Castilla y León estos precios son los correspondientes al abastecimiento de agua a poblaciones y al transporte urbano de viajeros.
Para su desarrollo, se aprobó el Decreto 29/2007, de 22 de marzo, por el que se regula la Comisión de Precios de Castilla y León y el procedimiento de aprobación de precios autorizados. El ámbito competencial de la misma se remite al abastecimiento de agua a poblaciones, siempre y cuando no se efectúe por las entidades locales y al transporte urbano de viajeros.
La composición de la Comisión cuenta con siete representantes de la Comunidad Autónoma (incluidos el presidente y vicepresidente), dos de las organizaciones sindicales y uno de las organizaciones empresariales más representativas de Castilla y León, uno de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, uno en representación del Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios y solamente uno en representación de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.
Sorprende dicha composición, tratándose de precios que se proponen por los municipios, con una clara infrarrepresentación de éstos en la toma de decisiones que les afectan. Y sorprende que la regulación no establezca los supuestos en que pueden denegarse las propuestas de precios formuladas por los Ayuntamientos lo que puede propiciar una discrecionalidad rayana en la arbitrariedad si comparamos la sucesión de acuerdos de la Comisión en función de años y municipios.
Por otro lado, entendemos que la actual regulación puede mejorar en términos de autonomía local ya que, entre otras cuestiones, parece difícil de entender que los Ayuntamientos sí puedan aprobar las tasas de prestación del servicio de abastecimiento de agua, pero no el precio público cuando ese servicio se presta a través de una entidad del sector público local.
Y otro tanto podría decirse de los precios del transporte público, en términos de responsabilidad política de los Ayuntamientos hacia sus vecinos.
El artículo 50 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León contempla la delegación de competencias de la Comunidad Autónoma a los entes locales. La Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, desarrolla esta previsión.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a delegar en los Ayuntamientos la competencia de aprobación de precios autorizados".
Valladolid, 12 de agosto de 2019.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,
Rosa María Rubio Martín,
Laura Pelegrina Cortijo,
Luis Briones Martínez y
Pedro Luis González Reglero
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000105-01
CVE="BOCCL-10-000351"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
X Legislatura
Pags. 1532-1533
BOCCL nº 15/10 del 10/9/2019
CVE: BOCCL-10-000351
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000105-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María Rubio Martín, Dña. Laura Pelegrina Cortijo, D. Luis Briones Martínez y D. Pedro Luis González Reglero, para instar a la Junta de Castilla y León a delegar en los Ayuntamientos la competencia de aprobación de precios autorizados, para su tramitación ante la Comisión de Empleo e Industria.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de agosto de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000032 a PNL/000121.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de agosto de 2019.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
José Francisco Martín Martínez, Rosa Rubio Martín, Laura Pelegrina Cortijo, Luis Briones Martínez y Pedro González Reglero, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Economía y Hacienda:
ANTECEDENTES
El pasado 27 de marzo de 2017 la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León debatió una Proposición No de Ley presentada por procuradores del Grupo Socialista en relación con precios autorizados. La PNL no prosperó al haberse producido un empate a nueve votos, ya que el PSOE, Podemos, Ciudadanos y el Grupo Mixto votaron a favor y el PP lo hizo en contra. Con la disolución de las Cortes no hubo posibilidad de que esta iniciativa fuera debatida en sesión plenaria. Es por ello por lo que se vuelve a presentar para su debate en este periodo de sesiones que ahora comienza de la X Legislatura.
La actual regulación de precios autorizados por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León parte de lo dispuesto en el anexo 2 del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica, en el que se establecen los precios autorizados cuya aprobación corresponde a las comunidades autónomas. En la Comunidad de Castilla y León estos precios son los correspondientes al abastecimiento de agua a poblaciones y al transporte urbano de viajeros.
Para su desarrollo, se aprobó el Decreto 29/2007, de 22 de marzo, por el que se regula la Comisión de Precios de Castilla y León y el procedimiento de aprobación de precios autorizados. El ámbito competencial de la misma se remite al abastecimiento de agua a poblaciones, siempre y cuando no se efectúe por las entidades locales y al transporte urbano de viajeros.
La composición de la Comisión cuenta con siete representantes de la Comunidad Autónoma (incluidos el presidente y vicepresidente), dos de las organizaciones sindicales y uno de las organizaciones empresariales más representativas de Castilla y León, uno de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, uno en representación del Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios y solamente uno en representación de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León.
Sorprende dicha composición, tratándose de precios que se proponen por los municipios, con una clara infrarrepresentación de éstos en la toma de decisiones que les afectan. Y sorprende que la regulación no establezca los supuestos en que pueden denegarse las propuestas de precios formuladas por los Ayuntamientos lo que puede propiciar una discrecionalidad rayana en la arbitrariedad si comparamos la sucesión de acuerdos de la Comisión en función de años y municipios.
Por otro lado, entendemos que la actual regulación puede mejorar en términos de autonomía local ya que, entre otras cuestiones, parece difícil de entender que los Ayuntamientos sí puedan aprobar las tasas de prestación del servicio de abastecimiento de agua, pero no el precio público cuando ese servicio se presta a través de una entidad del sector público local.
Y otro tanto podría decirse de los precios del transporte público, en términos de responsabilidad política de los Ayuntamientos hacia sus vecinos.
El artículo 50 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León contempla la delegación de competencias de la Comunidad Autónoma a los entes locales. La Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, desarrolla esta previsión.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a delegar en los Ayuntamientos la competencia de aprobación de precios autorizados".
Valladolid, 12 de agosto de 2019.
LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez,
Rosa María Rubio Martín,
Laura Pelegrina Cortijo,
Luis Briones Martínez y
Pedro Luis González Reglero
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Tudanca Fernández
PNL/000105-01
CVE="BOCCL-10-000351"
