PREA/000001-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día 5 de septiembre de 2019, acordó admitir a trámite la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, PREA/000001, presentada por treinta y nueve Procuradores de las Cortes de Castilla y León, y ha ordenado su publicación y su remisión a la Junta de Castilla y León para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración de la iniciativa.

Con esta misma fecha se da traslado a la Junta de Castilla y León.

En ejecución de dicho Acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de septiembre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Los Procuradores de las Cortes de Castilla y León abajo firmantes, pertenecientes a los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos de la Cámara, que representan más de un tercio de los Procuradores de la Cámara, al amparo de lo establecido en el artículo 91 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, presentan la PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN que se adjunta.

En la Sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de julio de 2019.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco, Francisco Igea Arisqueta,

Raúl de la Hoz Quintano, Ana Carlota Amigo Piquero,

Miguel Ángel González Rodrigo, David Jesús Martín Martín,

David Castaño Sequeros, José Ignacio Delgado Palacios,

Luis Fuentes Rodríguez, Teresa Gago López,

Juan Pablo Izquierdo Fernández, María Montero Carrasco,

Blanca Delia Negrete Santamaría, Marta Sanz Gilmartín,

José Alberto Castro Cañibano, María de las Mercedes Cófreces Martín,

Salvador Cruz García, Rosa María Esteban Ayuso,

Carlos Javier Amando Fernández Carriedo, Vidal Galicia Jaramillo,

María Ángeles García Herrero, Miguel Ángel García Nieto,

Leticia García Sánchez, Ricardo Gavilanes Fernández-Llamazares,

Pedro Antonio Heras Jiménez, Ángel Mariano Ibáñez Hernando,

Smara Morala Prieto, María José Ortega Gómez,

Jesús Ángel Peregrina Molina, Ruth Pindado González,

María Inmaculada Ranedo Gómez, Óscar Reguera Acevedo,

Ramiro Felipe Ruiz Medrano, María del Carmen Sánchez Bellota,

Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, María Paloma Vallejo Quevedo,

Alejandro Vázquez Ramos, Francisco Javier Vázquez Requero y

Amparo Vidal Gago

PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ordenamiento Jurídico de nuestro país consagra un sistema de prerrogativas que se proyectan sobre la actuación de los órganos del poder judicial. Entre ellas encontramos el aforamiento especial que ha adquirido una especial relevancia en España por su amplia extensión, entre otros, a los cargos públicos de carácter político en el sistema nacional y autonómico.

Los efectos de esta figura suponen, en primer lugar, una alteración de las reglas ordinarias de la competencia judicial que lleva a que sean los tribunales superiores de Justicia o el Tribunal Supremo los competentes para conocer de los asuntos relativos a las personas aforadas en detrimento de los órganos jurisdiccionales a los que, en otras condiciones, les correspondería su enjuiciamiento desde un punto de vista objetivo, funcional y territorial.

Esta particularidad procesal supone una excepcionalidad, tanto a nivel nacional como internacional, al impedir la efectividad del Derecho a la doble instancia penal reconocido en nuestro ordenamiento interno y en los tratados internacionales ratificados por España dada la imposibilidad de que la persona que se encuentra en esa situación pueda renunciar a la condición de aforado sin renunciar a su cargo.

En el marco comparado, España representa una excepción en el contexto europeo. Los países de nuestro entorno han restringido esta figura que, si bien se puede encontrar prevista en la figura de Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y/o los miembros del Ejecutivo en algunos Estados, en otros ya ha sido suprimida por completo.

En Castilla y León se regula esta prerrogativa a través del artículo 22.2 y el artículo 29 del Estatuto de Autonomía para los Procuradores de las Cortes de Castilla y León y para el Presidente y los miembros de la Junta de Castilla y León respectivamente.

En la actualidad existe un amplio consenso político y en la sociedad civil que lo considera un privilegio, por ello se considera conveniente suprimir la figura del aforamiento para los Procuradores de las Cortes de Castilla y León, y de los miembros de la Junta de Castilla y León. Con esta reforma se emprende en Castilla y León una modificación necesaria de su Estatuto de Autonomía que otras Comunidades Autónomas ya han iniciado, demostrando que este territorio mantiene un firme compromiso con la transparencia como herramienta fundamental para mejorar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Artículo Único. Modificación de los artículos 22 y 29 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 14/2007 de 30 de noviembre.

Uno. El apartado 2 del artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León pasa a tener la siguiente redacción:

"2. Los Procuradores, aun después de haber cesado en su mandato, gozarán de inviolabilidad por los votos emitidos y las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por presuntos actos delictivos, salvo en el caso de flagrante delito."

Dos. El artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 29. Garantías.

El Presidente y los demás miembros de la Junta, durante su mandato y por los actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad, no podrán ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito."

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de la presente reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la misma.

Disposición final

La presente reforma entrará en vigor el mismo día en que se publique la Ley Orgánica de su aprobación por las Cortes Generales en el «Boletín Oficial del Estado».