4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000229-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de octubre de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000222 a PNL/000237.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2019.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo y Juan Pablo Fernández Santos, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de Podemos-Equo, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Sanidad:
ANTECEDENTES
En el año 2005 la Junta de Castilla y León tomó la decisión de construir el nuevo Hospital de Burgos mediante una fórmula de colaboración público-privada, lo que suponía que el proceso de construcción y explotación a 30 años sería realizado por una empresa privada, mientras que el personal sanitario sería gestionado por Sacyl.
Dicha decisión ha tenido consecuencias presupuestarias y de gestión graves para la sanidad pública castellano y leonesa. Desde Podemos no sólo no compartimos la fórmula de gestión que nos parece nefasta en todos los casos, sino que además hemos solicitado de forma reiterada que el Hospital vuelva a pertenecer al sistema público al 100 % mediante la rescisión de un contrato que sabemos lesivo para las arcas públicas y para el sistema público sanitario de nuestra Comunidad.
En total, el Hospital Universitario de Burgos ha costado a las familias de Castilla y León 667 millones de euros más de lo que debía costar hasta el momento. Dicho coste se ha disparado a raíz de una serie de modificaciones en el contrato inicial que dieron lugar a la construcción de un proyecto prácticamente nuevo que no estaba previsto y que multiplicaba la extensión y las capacidades del mismo sin que hubiera razones aparentes para ello. Además, durante el proceso de construcción aparecen momentos en que administración y construcción van por separado, dando lugar a vacíos que parecen fruto de la mala praxis y la incapacidad de control por parte de la administración al proceso de construcción.
Una vez construido el Hospital, la explotación a 30 años hace que exista una relación de gestión bipolar donde los intereses privados de una empresa chocan frontalmente con la necesidad de ofrecer un servicio sanitario de calidad y donde los servicios no sanitarios dejan bastante que desear y se dan malas condiciones laborales para los y las trabajadoras. La incapacidad de controlar la gestión por parte de la administración en este sentido es evidente.
La pasada legislatura, a instancia de Podemos, se abrió una Comisión de Investigación sobre estos hechos. Dicha Comisión fue boicoteada de forma sistemática por el Partido Popular, con lo cual no se pudieron llevar a cabo unas conclusiones detalladas y contrastadas, entre otras cuestiones porque no vinieron a comparecer el grueso de las personas responsables del proceso.
Recientemente, Ciudadanos y el Partido Popular han acordado para su nuevo Gobierno la creación de una Comisión que investigue la viabilidad de la rescisión del contrato, medida que nos parece sólo sirve para apuntalar un modelo de gestión que no es beneficioso para nuestro sistema sanitario público.
En Podemos creemos que es necesario realizar otras medidas con el objetivo de rescindir el contrato de forma definitiva con rentabilidad para las arcas públicas, dejando de pagar el canon anual a la empresa concesionaria sin que suponga mayor beneficio para la empresa.
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Realizar como medida previa una auditoría del edificio y el presupuesto que contraste de forma real el edificio construido y el presupuesto utilizado para ello.
2. Realizar, igualmente, una supervisión exhaustiva del contrato por parte de la Junta de Castilla y León con un equipo específico y especializado ajeno a la empresa concesionaria.
3. Asegurar la rescisión del contrato mediante las dos medidas anteriores con beneficio para las arcas públicas mediante un Plan de Recuperación del HUBU detallado que permita la gestión pública total del mismo.
En Valladolid, a 24 de setiembre de 2019.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
PNL/000229-01
CVE="BOCCL-10-000900"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
X Legislatura
Pags. 2801-2802
BOCCL nº 28/10 del 10/10/2019
CVE: BOCCL-10-000900
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000229-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores Dña. Laura Domínguez Arroyo y D. Juan Pablo Fernández Santos, instando a la Junta a realizar una auditoría del edificio y presupuesto del Hospital de Burgos que contraste de forma real el edificio construido y el presupuesto utilizado; a realizar una supervisión del contrato con un equipo ajeno a la empresa concesionaria y a asegurar la rescisión del contrato mediante las dos medidas anteriores mediante un Plan de Recuperación del HUBU que permita la gestión pública total del mismo, para su tramitación ante la Comisión de Sanidad.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 3 de octubre de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000222 a PNL/000237.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 3 de octubre de 2019.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
Laura Domínguez Arroyo y Juan Pablo Fernández Santos, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León en representación de Podemos-Equo, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación en la Comisión de Sanidad:
ANTECEDENTES
En el año 2005 la Junta de Castilla y León tomó la decisión de construir el nuevo Hospital de Burgos mediante una fórmula de colaboración público-privada, lo que suponía que el proceso de construcción y explotación a 30 años sería realizado por una empresa privada, mientras que el personal sanitario sería gestionado por Sacyl.
Dicha decisión ha tenido consecuencias presupuestarias y de gestión graves para la sanidad pública castellano y leonesa. Desde Podemos no sólo no compartimos la fórmula de gestión que nos parece nefasta en todos los casos, sino que además hemos solicitado de forma reiterada que el Hospital vuelva a pertenecer al sistema público al 100 % mediante la rescisión de un contrato que sabemos lesivo para las arcas públicas y para el sistema público sanitario de nuestra Comunidad.
En total, el Hospital Universitario de Burgos ha costado a las familias de Castilla y León 667 millones de euros más de lo que debía costar hasta el momento. Dicho coste se ha disparado a raíz de una serie de modificaciones en el contrato inicial que dieron lugar a la construcción de un proyecto prácticamente nuevo que no estaba previsto y que multiplicaba la extensión y las capacidades del mismo sin que hubiera razones aparentes para ello. Además, durante el proceso de construcción aparecen momentos en que administración y construcción van por separado, dando lugar a vacíos que parecen fruto de la mala praxis y la incapacidad de control por parte de la administración al proceso de construcción.
Una vez construido el Hospital, la explotación a 30 años hace que exista una relación de gestión bipolar donde los intereses privados de una empresa chocan frontalmente con la necesidad de ofrecer un servicio sanitario de calidad y donde los servicios no sanitarios dejan bastante que desear y se dan malas condiciones laborales para los y las trabajadoras. La incapacidad de controlar la gestión por parte de la administración en este sentido es evidente.
La pasada legislatura, a instancia de Podemos, se abrió una Comisión de Investigación sobre estos hechos. Dicha Comisión fue boicoteada de forma sistemática por el Partido Popular, con lo cual no se pudieron llevar a cabo unas conclusiones detalladas y contrastadas, entre otras cuestiones porque no vinieron a comparecer el grueso de las personas responsables del proceso.
Recientemente, Ciudadanos y el Partido Popular han acordado para su nuevo Gobierno la creación de una Comisión que investigue la viabilidad de la rescisión del contrato, medida que nos parece sólo sirve para apuntalar un modelo de gestión que no es beneficioso para nuestro sistema sanitario público.
En Podemos creemos que es necesario realizar otras medidas con el objetivo de rescindir el contrato de forma definitiva con rentabilidad para las arcas públicas, dejando de pagar el canon anual a la empresa concesionaria sin que suponga mayor beneficio para la empresa.
Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1. Realizar como medida previa una auditoría del edificio y el presupuesto que contraste de forma real el edificio construido y el presupuesto utilizado para ello.
2. Realizar, igualmente, una supervisión exhaustiva del contrato por parte de la Junta de Castilla y León con un equipo específico y especializado ajeno a la empresa concesionaria.
3. Asegurar la rescisión del contrato mediante las dos medidas anteriores con beneficio para las arcas públicas mediante un Plan de Recuperación del HUBU detallado que permita la gestión pública total del mismo.
En Valladolid, a 24 de setiembre de 2019.
LA PROCURADORA,
Fdo.: Laura Domínguez Arroyo
EL PORTAVOZ,
Fdo.: Juan Pablo Fernández Santos
PNL/000229-01
CVE="BOCCL-10-000900"
