M/000095-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de octubre de 2019, ha admitido a trámite la Moción, M/000095, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de Administración local, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 8 de octubre de 2019.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de octubre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación 95 relativa a política general en materia de Administración local:

La prestación de servicios públicos locales que llevan a cabo los Ayuntamientos de Castilla y León es un elemento clave de calidad de vida y cohesión territorial y social. Sin embargo, en este momento la ciudadanía y el resto de las instituciones pedimos más a los Ayuntamientos que contribuyan a la creación de oportunidades y, singularmente en Castilla y León, a la lucha frente al reto demográfico, y ello por encima de sus competencias y sus recursos financieros.

En los 40 años de Ayuntamientos democráticos los gobiernos de proximidad han demostrado su capacidad de transformación de las condiciones materiales y sociales de los pueblos y ciudades de Castilla y León y de España, pero en su XII Pleno, recién celebrado, la FEMP exigía más competencias, particularmente en materia de política social y, desde luego, más financiación para desempeñarlas adecuadamente, ya que una financiación adecuada es el fundamento de la autonomía local y del equilibrio entre los distintos niveles de gobierno.

La financiación local se fundamenta en el principio constitucional de suficiencia que deben garantizar el Estado y las Comunidades Autónomas (art. 142 Constitución). El Estatuto de Autonomía de Castilla y León incorpora, además, el principio de equidad de acceso a los servicios públicos locales, atribuyendo a la Comunidad la obligación de velar por la aplicación de los principios generales de la financiación local "y por la corrección de desequilibrios económicos entre las entidades locales" (art. 53 Estatuto de Autonomía).

Los Ayuntamientos, de hecho, prestan servicios a sus vecinos más allá de sus competencias obligatorias y a plena satisfacción de la comunidad local. Lo que necesitan para mantener el dinamismo de la vida local y proyectar su futuro para contribuir al de la Comunidad es más y mejor financiación, ya que la Junta de Castilla y León está entre las Comunidades que peor financian a sus Ayuntamientos. En el último ejercicio liquidado del que existen datos completos, 2017, las Comunidades Autónomas transfirieron a sus Ayuntamientos, como media, 90,26 € por habitante. La Comunidad Autónoma de Castilla y León 60,66 € por habitante. Compensar esta diferencia, para no ser menos, hubiera exigido una aportación de la Junta a mayores de 71,80 millones de euros para el conjunto de los municipios de Castilla y León.

Por otro lado, en ese mismo ejercicio las transferencias de la Comunidad a los Ayuntamientos sufrieron un recorte respecto a su techo de 2009 de 246,98 millones de euros. Estos son datos de presupuestos liquidados, y por tanto hablamos de hechos, no de intenciones.

Por tanto, esa debe ser, según nuestro criterio, la única prioridad de la Junta de Castilla y León en materia de servicios públicos locales, LA FINANCIACIÓN. No queremos ser más que nadie, pero tampoco podemos permitirnos peores servicios públicos locales por falta de financiación autonómica. Estas desigualdades respecto a otras Comunidades también son causa de la pérdida de población, en el medio rural y en el urbano.

En conclusión, los ejes de la política municipal en Castilla y León se organizan en torno a tres prioridades:

1. Mejorar la Financiación Local.

2. Reforzar las políticas sociales de los gobiernos locales.

3. Garantizar la estabilidad institucional.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

MOCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Mejorar la Financiación Local y en concreto:

1.1 Duplicar los fondos de participación de las entidades locales en los ingresos de la Comunidad, reforzando su incondicionalidad como garantía de autonomía local, con distribución directa a los Ayuntamientos rurales sin intermediación alguna.

1.2 Incrementar el conjunto de las transferencias de la Administración autonómica a las Entidades Locales (financiación y cooperación económica local) hasta equipararla, al menos, con la media de las transferencias de las Comunidades Autónomas a sus Entidades Locales, teniendo en cuenta la curva de incremento que viene registrando esta media desde 2014, que no se produce en Castilla y León.

1.3 Incorporar al modelo de financiación local el criterio de garantía de financiación mínima por habitante y año, para asegurar la equidad de acceso a los servicios públicos locales, en coherencia con lo establecido en nuestro Estatuto de Autonomía.

1.4 Incentivar en la cooperación económica local sectorial de la Comunidad la gestión directa de los servicios públicos locales o su "remunicipalización", particularmente en el ámbito de los servicios a las personas (educación, servicios sociales y otros).

1.5 Facilitar desde la Comunidad Autónoma el acceso de las Entidades Locales a fondos, programas y financiación de la Unión Europea y dar acceso a la gestión directa por parte de las Entidades Locales de los fondos europeos que administra la Comunidad.

2. Reforzar las políticas sociales de los gobiernos locales y concretamente:

2.1 Actualizar en el presente ejercicio los pagos del Acuerdo Marco, que se vienen produciendo con enorme retraso respecto a la ejecución del gasto por parte de las Entidades Locales, de modo que estas vienen obligadas, por una vía de hecho y sin sustento normativo alguno, a financiar a la Junta de Castilla y León en servicios de su competencia exclusiva. En tal sentido se llevarán a cabo entregas trimestrales a cuenta por parte de la Junta de Castilla y León, a liquidar en el momento de la justificación, una vez puestos al día durante 2019, de los retrasos acumulados.

2.2 Eliminar el oscurantismo y la bilateralidad en la negociación del Acuerdo Marco y establecer criterios de transparencia y objetividad en la asignación de todos recursos acordados con las Entidades Locales, sin perjuicio de las singularidades y necesidades locales que se estime necesario atender. Para ello, además, la Junta de Castilla y León debe activar los mecanismos de cooperación con las Corporaciones Locales en el ámbito de los Servicios Sociales.

2.3 Debe mejorarse urgentemente la ratio de personal financiado ya que actualmente no se cumple con la financiación del 100 % del personal técnico, como señala la Ley de Servicios Sociales, tanto en los equipos de CEAS como los de intervención familiar y atención a la infancia, equipos de promoción de autonomía personal (EPAP) o en los equipos EDIS, para garantizar un buen servicio y una primera atención en el plazo razonable que exige un servicio de atención primaria en el ámbito de las necesidades sociales.

2.4 Recuperar la cofinanciación de la totalidad de los programas suprimidos en 2012 y reforzar la dimensión preventiva y de integración social de los servicios sociales de atención primaria de las Entidades Locales, en coherencia con el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León.

3. Garantizar la estabilidad institucional y el reconocimiento de los gobiernos locales y, en consecuencia:

3.1 Renunciar al discurso y a cualquier política orientada a la fusión de municipios, tanto en el corto como en el medio y largo plazo, garantizando la estabilidad institucional de todas las entidades locales y reconociendo institucionalmente su papel vertebrador de la Comunidad.

3.2 Potenciar técnica y presupuestariamente la cooperación entre municipios para la prestación de servicios públicos locales, entendiendo que es este el único procedimiento adecuado para garantizar la eficiente prestación de servicios públicos de titularidad municipal a la ciudadanía del medio rural de Castilla y León, bien mediante mancomunidades, bien mediante cualquier otra figura de cooperación supramunicipal.

3.3 Considerando que en la sociedad actual la cooperación en red es el modelo de gestión eficiente del presente y del futuro, existirá una activa contribución de la Comunidad a la dotación de banda ancha en todo el territorio, es decir en todos los núcleos de población.

3.4 Que 12 años después de su aprobación en la última reforma del Estatuto de Autonomía se pongan en marcha y doten presupuestariamente de forma inmediata y con criterios de suficiencia el Fondo Autonómico de Compensación y el Plan Plurianual de Convergencia Interior para corregir desequilibrios económicos y demográficos entre provincias y territorios de la Comunidad, teniendo en cuenta el papel institucional de los gobiernos locales en el diseño, la aplicación y evaluación de estos instrumentos estatutarios para el equilibrio económico y demográfico entre las provincias y territorios de la Comunidad.

Valladolid, 11 de octubre de 2019.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández