PNL/000241-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de octubre de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000238 a PNL/000241.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de octubre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguiente del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

Los Servicios Sociales constituyen uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar. En su moderna concepción, superado el asistencialismo, se configuran conforme a un modelo universal, basado en el reconocimiento de derechos y de la dignidad de las personas.

Para que estos Servicios Sociales y las políticas se ejecutan por las Administraciones Públicas puedan llegar a todos los que precisan ayuda, en condiciones de calidad e igualdad, es preciso el correspondiente respaldo presupuestario.

Y es en este punto donde falla la aplicación del marco de colaboración y cooperación existente entre el Estado y las Comunidades Autónomas, especialmente en dos ámbitos: la financiación de la dependencia y el reparto de los fondos provenientes del IRPF.

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que la financiación del Sistema de la Atención a la Dependencia debe ser al 50 por ciento entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Desde la entrada en vigor de la Ley, la aportación del Estado ha estado muy por debajo del modelo diseñado por la norma que establece que la aportación se dividiera en dos partes iguales entre las Comunidades y el Gobierno central.

Esta realidad ha sido reiteradamente denunciada desde todos los agentes que conforman este Sistema de Atención a la Dependencia. De hecho, hace pocos días conocíamos un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que señalaba que las Comunidades Autónomas financiaron en 2018 el 83,3 % del Sistema de la Dependencia, con 6.707 millones de euros (un 7,5 % más que en 2017). Se informa, así mismo, que la aportación estatal se sitúa en el 16,7 %, con 1.348 millones de euros en concepto de nivel mínimo garantizado.

Esta infrafinanciación de la dependencia, por parte del Estado, obliga a las Comunidades Autónomas a realizar un esfuerzo presupuestario tremendo para garantizar los derechos de las personas en situación de dependencia.

El informe antedicho precisamente alerta de que este incumplimiento del Estado supone la imposibilidad para las comunidades autónomas de atender la demanda actual del Sistema, con una lista de espera de 258.00 personas ya valoradas como dependientes y con otras 140.000 personas pendientes de valoración.

En Castilla y León también se produce este déficit de financiación del Estado en el Sistema de Atención a la Dependencia. El informe destaca que el Estado solo financia en Castilla y León el 23,6 % del gasto en dependencia, lo que supone una aportación de 134,5 M€. Por el contrario, la Comunidad Autónoma está financiando el 76,4 % restante, es decir 434,5 millones de euros, cuando solo debería financiar el 50 %, es decir, Castilla y León está aportando de sus propios fondos más de 150 millones de euros, por el inadmisible incumplimiento de la legalidad que hace el Gobierno socialista de la Nación.

Este esfuerzo adicional de la Junta de Castilla y León en la financiación de la dependencia permite garantizar a casi 105.000 personas dependientes sus derechos en forma de prestaciones y servicios.

Esfuerzo presupuestario que junto con la eficacia en la gestión, la apuesta por el dialogo social y por la colaboración institucional, está permitiendo que el Sistema de Atención a la Dependencia de Castilla y León se sitúe a la vanguardia de España tanto por su cobertura como por la calidad de la atención que presta.

En octubre de 2017, el Gobierno del Partido Popular convocó al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una vez que la Comisión para el Análisis de la Situación del Sistema de la Dependencia terminara sus trabajos y remitiera su informe al Consejo Territorial para su discusión.

Uno de los compromisos del Estado en esa Comisión fue el reconocimiento de la necesidad de mejorar la financiación por su parte, recuperando en los próximos años las cuantías del nivel mínimo perdidas con motivo de la crisis.

En el Consejo Territorial antes citado, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad presentó un proyecto de Real Decreto por el que se incrementaban las cuantías del nivel mínimo de protección que abona el Estado a las comunidades autónomas cada mes por dependiente atendido, aumentándolas en más de un 5 % cada año desde 2018.

Una medida que hubiera paliado, aunque no resuelto, este déficit crónico de financiación y que le hubiera supuesto a Castilla y León supondrá un incremento en 2018 de entre 5 y 6 millones de euros.

Lamentablemente, el Gobierno del PSOE no ha querido continuar con la tramitación de este Real Decreto.

Ello supone que persiste, como hemos visto, el déficit de financiación, sin que se aprecie ninguna voluntad del actual gobierno socialista de incrementar la financiación a las Comunidades Autónomas para la dependencia, como bien lo prueba que en la última reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, ni siquiera se incluyó en el Orden del Día este asunto.

Por otro lado, a esta falta de financiación de la dependencia, se suma la escasa cuantía que el Gobierno de la Nación destina a Castilla y León procedente del reparto de los fondos procedentes de la asignación a fines de interés social en el IRPF y que se destinan al tercer sector para el desarrollo de programas sociales que benefician a miles de personas en esta Comunidad Autónoma.

Esta financiación es fundamental para las entidades del tercer sector en Castilla y León porque les permite el desarrollo de sus proyectos, esencial para el mantenimiento de los servicios sociales en la Comunidad, importante para el beneficio de muchas personas en Castilla y León y necesaria para el mantenimiento y generación de empleo.

Las entidades del Tercer Sector de la Comunidad gestionaron el pasado año 20 millones de euros de la asignación del IRPF, cantidad que permitió financiar 407 programas a 156 entidades.

Un reparto, que se conoció la semana pasada en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, a todas luces injusto para Castilla y León que recoge una mínima subida del 1,2 % frente al 10 % que aumenta para otras comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y la Comunidad Valenciana, y ello después de que el año pasado no subieran absolutamente nada para Castilla y León.

Un incremento en el reparto que no se basa en criterios objetivos, ni es proporcional, al no tener en cuenta los proyectos que se desarrollan en esta Comunidad, ni su efectiva incidencia en el territorio.

Y además un reparto que llega tarde y que obliga a la Junta de Castilla a adelantar las partidas presupuestarias ya que las entidades del tercer sector responsables de los proyectos sociales no pueden esperar hasta octubre para saber si tienen fondos y su cuantía.

Por todo ello, se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que a su vez inste al Gobierno de la Nación a que:

1. Comprometa normativamente el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Protección de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, respecto a la distribución en materia de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia y, en consecuencia, dé los pasos para igualar progresivamente su aportación a la de las Comunidades Autónomas, pues en este momento solo alcanza al 23 % del total.

2. Asegure que, en relación con la distribución entre las comunidades autónomas de las cantidades correspondientes al tramo autonómico de las subvenciones para actividades de interés social con cargo al 0,7 % del IRPF (X solidaria), los incrementos de recaudación que se produzcan se distribuyan proporcionalmente por igual entre todas las comunidades autónomas, o al menos con criterios objetivos pactados entre todas, evitando así que unas comunidades crezcan el 10 % y otras como Castilla y León solo el 1,2 %.

3. Habilite que el reparto de estos fondos del IRPF se realice con una mayor antelación para que las entidades del tercer sector puedan contar a tiempo con los recursos necesarios para el desarrollo de sus programas".

Valladolid, 16 de octubre de 2019.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano