M/000057-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de noviembre de 2019, ha admitido a trámite la Moción, M/000057, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de inclusión social, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 22 de octubre de 2019.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de noviembre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación I/000057-01 relativa a política general en materia de inclusión social:

Las desigualdades dentro de nuestra Comunidad Autónoma se están agudizando, la pobreza y la exclusión social se cronifican, por ello el grupo parlamentario socialista propone un conjunto de medidas de choque para paliar la situación, en coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible 2030 (1 y 2) y con el pilar europeo de derechos sociales de 2017 (principio 14) que proclama el derecho de toda persona que carezca de recursos suficientes a unas prestaciones de renta mínima adecuadas, que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación y a incentivos para la integración o reintegración en el mercado laboral para las personas que puedan trabajar.

Las personas que tienen más riesgo de exclusión social son las familias de rentas más bajas, ocasionando carencias materiales severas y problemas de convivencia de diversa índole. La responsabilidad de revertir esta situación recae en los servicios sociales, que en Castilla y León han registrado importantes recortes en personal y recursos, ocasionando la precarización del sistema de financiación.

Por estos motivos se formula la siguiente

MOCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

a) Impulsar las modificaciones normativas necesarias para ampliar las coberturas de la Renta Garantizada de Ciudadanía en coherencia con el incremento del salario mínimo interprofesional, garantizando a las familias en situación de pobreza y exclusión social unos ingresos mínimos para cubrir sus necesidades básicas y el acceso a recursos formativos, de asesoramiento y apoyo para la integración en el mercado laboral y la plena inclusión social de sus miembros.

b) Simplificar la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía, promoviendo las modificaciones normativas necesarias para posibilitar la recuperación directa de la prestación tras periodos cortos de trabajo temporal.

c) Hacer una mayor difusión del bono social energético, para que ninguna persona y familia en riesgo de pobreza o situación de vulnerabilidad vea cortada la energía necesaria para el desarrollo de su vida cotidiana.

d) Garantizar la gratuidad de de las escuelas infantiles de 0-3 años de titularidad pública para familias en situación de pobreza y/o exclusión social.

e) Ampliar la dotación económica para la atención de las personas y familias que requieran ayudas de emergencia.

f) Crear un parque público de viviendas para situaciones de emergencia social de las familias, en cooperación con las entidades locales.

g) Diseñar una política de lucha contra la desigualdad y la pobreza, de carácter integral, centrada en las necesidades de las personas, en la que se impliquen todas las áreas de gobierno que gestionan servicios personales con un modelo de gobernanza que incluya a las entidades locales, los agentes económicos y sociales y las organizaciones del tercer sector.

h) Dotar a la Comunidad de una estrategia de contratación pública que optimice todos los aspectos sociales de la contratación, que permiten y promueven tanto las directivas europeas sobre la materia como la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que transpone dichas directivas, priorizando los incentivos para la integración en el mercado laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social o con dificultades específicas en el mercado de trabajo.

i) Crear una comisión técnica estable para el seguimiento de la cooperación en materia de servicios sociales y singularmente en materia de políticas de prevención y atención a las situaciones de pobreza y exclusión social, que incorpore a las EE. LL. y al conjunto de actores del sistema de acción social de Castilla y León, para la evaluación permanente de las nuevas necesidades sociales y la colaboración en tareas de estudio, diseño y evaluación de programas.

Valladolid, 28 de octubre de 2019.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández