PNL/000386-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 29 de noviembre de 2019, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000385 a PNL/000387.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 29 de noviembre de 2019.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

La situación demográfica de Castilla y León sigue deteriorándose. Desde 2011 la Comunidad ha perdido más de 160.000 habitantes. Casi 18.000 cada año. En el mismo periodo la población entre 15 y 40 años se ha reducido en un 25 %.

Actualmente pierden población 2.039 de los 2.248 municipios. También las capitales de provincia, pero pierden en mayor medida los de menor población y los más remotos y distantes a centros urbanos.

Castilla y León es la Comunidad que acumula los más graves indicadores de riesgo demográfico: densidad escasa y decreciente, envejecimiento de la estructura demográfica, emigración de jóvenes, caída de la natalidad y pérdida continuada de población, que integra todas las demás. A pesar de ello la Junta de Castilla y León no ha puesto en marcha políticas públicas para dar respuesta a esta situación, atendiendo las necesidades y expectativas de la ciudadanía y las carencias de los territorios, en cumplimiento de los principios de equilibrio y convergencia territorial tanto en aspectos económicos como demográficos, proclamados por el Estatuto de Autonomía a lo largo de su articulado (particularmente los arts. 16, 43, 48, 53, 78.2 y disposición adicional 2.ª).

Abordar esta situación exige una intervención global que comprometa a todas las áreas de gobierno, utilizar las escalas adecuadas a cada política, y disponer de una idea y un modelo de desarrollo para el conjunto de la Comunidad y para cada una de sus provincias y comarcas, que podrán así construir sus proyectos de territorio y tejer redes de cooperación generadoras de sinergias.

No obstante, en ausencia de ese proyecto el Grupo Parlamentario Socialista estima urgente aplicar bonificaciones, incentivos y políticas de apoyo a la generación y sostenimiento de la actividad económica y el empleo en el medio rural, creando un entorno estable favorable al emprendimiento, en especial de jóvenes y mujeres, que aproveche los recursos existentes en el territorio y contribuya a compensar las dificultades específicas de iniciar, mantener y desarrollar una actividad económica en el medio rural.

Igualmente es de justicia compensar los costes de acceso de la ciudadanía del medio rural a los servicios públicos a los que por ley tienen igual derecho que el resto de la población, y a los servicios comerciales esenciales para la calidad de vida: alimentación y otros bienes de primera necesidad, servicios financieros, de ocio, cultura, etc.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a remitir en un plazo máximo de tres meses un Proyecto de Ley de Incentivos a la actividad económica, el acceso a los servicios y la creación de empleo en el medio rural y que incluya, para su aplicación a partir de 2020, las siguientes bonificaciones fiscales o ayudas equivalentes:

1.- Bonificaciones fiscales y ayudas equivalentes extraordinarias que permitan a los autónomos y empresas el establecimiento y mantenimiento de las inversiones en el medio rural. Incluirá ayudas especiales que puedan llegar al cien por cien de los costes sociales de los nuevos empleos que se creen o mantengan por nuevas inversiones.

2.- Bonificaciones fiscales y ayudas equivalentes específicas que incentiven especialmente la contratación de mujeres y jóvenes en el mundo rural.

3.- Bonificaciones fiscales y ayudas equivalentes, para sufragar la totalidad del coste de acceso a los servicios públicos esenciales que hacen efectivos los derechos sociales garantizados en el Estatuto de Autonomía a los habitantes del medio rural que carezcan de dichos servicios en su núcleo de población de residencia.

4.- Bonificaciones fiscales y ayudas equivalentes para el acceso de los habitantes del medio rural a servicios, actividades y suministros básicos de los que carezcan en su núcleo de residencia, pudiendo llegar las compensaciones al total de los gastos estimados, en función de su nivel de renta.

Cada una de estas medidas será objeto de evaluación previa de su impacto demográfico, que será sometido a comparación con el impacto sobre la población y el medio rural de todos los incentivos y desgravaciones fiscales vigentes en la Comunidad, así como respecto de aquellos que pudieran estar en proceso de tramitación.

Valladolid, 27 de noviembre de 2019.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández