PE/000621-2

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita, PE/000388, PE/000389, PE/000393, PE/000395, PE/000416 a PE/000491, PE/000495, PE/000497 a PE/000499, PE/000502 a PE/000510, PE/000514, PE/000520, PE/000522 a PE/000533, PE/000537, PE/000538, PE/000540 a PE/000542, PE/000544, PE/000546 a PE/000549, PE/000554, PE/000561, PE/000564, PE/000567, PE/000571, PE/000578, PE/000583, PE/000588, PE/000589 a PE/000595, PE/000597, PE/000598, PE/000600 a PE/000606, PE/000615, PE/000618 a PE/000636, PE/000638 a PE/000642, PE/000916, a PE/000919, PE/000921 a PE/000923, PE/000925 y PE/000927 publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de enero de 2020.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 621, formulada por D. Ángel Hernández Martínez, D.ª Virginia Barcones Sanz y D. Luis Briones Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León sobre cláusulas sociales que utiliza la Junta de Castilla y León para realizar sus contrataciones públicas.

La contribución de la contratación pública para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, ha sido puesta de manifiesto por diversos documentos y normas emanadas de la Unión Europea. El objetivo global de la nueva generación de directivas sobre contratación pública es obtener una mejor relación calidad-precio para el dinero público, proporcionar mejores resultados para los objetivos sociales y de otras políticas públicas, al tiempo que se aumenta la eficiencia del gasto público.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante Ley 9/2017) establece un sistema legal que trata de conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES, y de defensa de la competencia.

La Junta de Castilla y León, consciente del beneficio que general la implantación de la contratación socialmente responsable, adoptó el Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de aspectos sociales en la contratación. Desde entonces, se está avanzando en la aplicación de cláusulas sociales, lo cual ha permitido incorporar al mercado laboral a las personas más desfavorecidas facilitando la generación de empleo y la cohesión social.

En este marco normativo, la Junta de Castilla y León aplica criterios sociales en los contratos de manera transversal y preceptiva siempre que guarden relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos, tal como impone el artículo 1.3 de la Ley 9/2017.

Las cláusulas sociales que se incluyen en los contratos adjudicados por la Junta de Castilla y León, se pueden clasificar en las siguientes categorías:

Reserva de contratos a Centros Especiales de Empleo y a Empresas de Inserción al amparo de la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017.

Descripción de objeto del contrato y de las especificaciones técnicas considerando de forma expresa el valor social en el objeto del contrato.

Exigencia de solvencia técnica y/o profesional, teniendo en cuenta la experiencia, conocimiento y medios técnicos en materia social o de igualdad de oportunidades.

Determinación de los criterios de adjudicación premiando a las empresas socialmente responsables.

Establecimiento de condiciones especiales de ejecución que incorporan consideraciones sociales. Dentro de esta categoría merecen especial atención los llamados proyectos de inserción socio-laboral que son actuaciones de fomento de la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social como parte de la prestación contratada reservando un número de horas en la ejecución los contratos para estos colectivos Los proyectos llevan aparejado un acompañamiento que contribuye a mejorar la inserción de esa persona en el mundo laboral de forma permanente.

Valladolid, 18 de diciembre de 2019.

LA CONSEJERA,

Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.