PNL/000437-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de enero de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000435 a PNL/000437.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de enero de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.

ANTECEDENTES

Nuestra tradición democrática y la jurisprudencia constitucional han reconocido desde hace un tiempo la cooperación, a pesar de su carácter voluntario, como un principio clave en las relaciones entre Administraciones Públicas. Este principio ha quedado recogido por primera vez en el año 2015 en un texto legal. Así, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora del Régimen Jurídico del Sector Público, recoge en el Capítulo III del Título III las relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas.

El pasado 13 de enero se inició con gran incertidumbre un nuevo tiempo político en España que condicionará a buen seguro el devenir de la sociedad de Castilla y León.

El contenido de los acuerdos alcanzados por Partido Socialista con otros partidos políticos para obtener su respaldo parlamentario en la investidura pone en serio riesgo, en caso de materializarse, los principios de igualdad entre españoles y de solidaridad territorial que proclama nuestra Constitución, pues contiene cesiones y concesiones que bien benefician solamente a los ciudadanos de otras Comunidades Autónomas, o bien, directamente, perjudican a Castilla y León.

La necesaria lealtad que como Comunidad Autónoma debemos al Gobierno de España no debe provocar en ningún caso que no nos mostremos firmes y exigentes.

Como representantes de los ciudadanos de Castilla y León estamos conminados en la defensa de sus intereses ante una hipotética toma de decisiones parcial o injusta por parte del Gobierno de España que tenga por objeto, en cumplimiento de los pactos suscritos por el PSOE, dar satisfacción a otro territorio o a algún partido erigido en representante de otro territorio.

Conviene por tanto que, en el primer Pleno, las Cortes de Castilla y León fijen cuales son las líneas rojas que como Comunidad Autónoma no podemos permitir sean traspasadas en ningún caso por el Gobierno de España, para asegurar así un trato homogéneo que no quebrante los principios a los que antes nos referíamos de igualdad entre españoles y solidaridad territorial.

Y ello con independencia de la posición que defienda el presidente de la Junta ante el presidente del Gobierno, cuando este tenga a bien recibirlo, y las propuestas concretas que allí se formalicen y que, tal y como se ha anunciado, los grupos parlamentarios contribuiremos a elaborar.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que se dirija al nuevo Gobierno de España a fin de que por parte de este se asuma públicamente su compromiso de no adoptar ninguna decisión que, en ejecución de los pactos suscritos entre el PSOE y otros partidos políticos, puedan suponer un perjuicio para la Comunidad Autónoma de Castilla y León o sus habitantes. Y en concreto para que:

● Habilite, sin excusas y de forma inmediata, el abono a las Comunidades Autónomas de las cantidades que el Gobierno les adeuda en concepto de liquidación del IVA del 2017. (142 Millones de euros en el caso de Castilla y León).

● Presente en el presente año ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica, comprometiendo, en todo caso, que la misma tendrá en cuenta los principios acordados por los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, el 13 de abril de 2016, es decir que sea el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que permita garantizar la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las Comunidades Autónomas teniendo en cuenta el déficit de en la financiación del gasto sanitario y en materia de dependencia y la dinámica de crecimiento de ese gasto, que defina un catálogo de servicios común a todas las Comunidades Autónomas y que tenga en cuenta las variables de superficie, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población, recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía.

● En consonancia con lo anterior, que se comprometa a no suscribir ningún acuerdo bilateral en materia de financiación con ninguna Comunidad Autónoma de régimen Común, al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

● Comprometa el cumplimiento para todas las Comunidades Autónomas de la Ley 39/2006, de 15 de diciembre, de Protección de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, respecto a la distribución en materia de financiación del Sistema de Atención a la Dependencia y, en consecuencia, dé los pasos para igualar progresivamente su aportación a la de las Comunidades Autónomas, hasta el 50 % que le obliga la Ley, pues en este momento solo alcanza al 23 % del total".

Valladolid, 29 de enero de 2020.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano