PNL/000475-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 30 de enero de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000442 a PNL/000484.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de enero de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Rubén Illera Redón, Consolación Pablos Labajo, Jesús Guerrero Arroyo e Isabel Gonzalo Ramírez, Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades:

ANTECEDENTES

La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.

El reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia ha sido puesto de relieve por numerosos documentos y decisiones de organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión Europea. En 2002, bajo la presidencia española, la Unión Europea decidió tres criterios que debían regir las políticas de dependencia de los Estados miembros: universalidad, alta calidad y sostenibilidad en el tiempo de los sistemas que se implanten.

En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia. Por una parte, es necesario considerar el importante crecimiento de la población de más de 65 años, que se ha duplicado en los últimos 30 años, para pasar de 3,3 millones de personas en 1970 (un 9,7 por ciento de la población total) a más de 6,6 millones en 2000 (16,6 por ciento). A ello hay que añadir el fenómeno demográfico denominado «envejecimiento del envejecimiento», es decir, el aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años, que se ha duplicado en sólo veinte años.

Ambas cuestiones conforman una nueva realidad de la población mayor que conlleva problemas de dependencia en las últimas etapas de la vida para un colectivo de personas cada vez más amplio. Asimismo, diversos estudios ponen de manifiesto la clara correlación existente entre la edad y las situaciones de discapacidad, como muestra el hecho de que más del 32 % de las personas mayores de 65 años tengan algún tipo de discapacidad, mientras que este porcentaje se reduce a un 5 % para el resto de la población.

A esta realidad, derivada del envejecimiento, debe añadirse la dependencia por razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación, que se ha incrementado en los últimos años por los cambios producidos en las tasas de supervivencia de determinadas enfermedades crónicas y alteraciones congénitas y, también, por las consecuencias derivadas de los índices de siniestralidad vial y laboral.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas.

La presente Ley a través de su articulado desarrolla una serie de prestaciones económicas. Una de ellas, la que nos ocupa en la presente Proposición No de Ley, es la que desarrolla en su artículo número 18, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Del mismo modo, en el artículo 14.4 se señala que el beneficiario podrá, excepcionalmente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención.

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, aprobado por el PP, provoca en este colectivo de cuidadores daños inmensos e irrecuperables. El Gobierno del PP vacía de sus originales virtudes y finalidades la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2006.

El número de cuidadores no profesionales de personas dependientes afiliados a la Seguridad Social pasó de 173.424 en diciembre de 2011 a poco más de 16.000 en febrero de 2014, según datos aportados por el Gobierno de Mariano Rajoy en una respuesta parlamentaria dirigida al socialista Miguel Ángel Heredia.

En la Comunidad de Castilla y León el daño para las personas dependientes y sus cuidadores fue especialmente sangrante. Se pasó de 11.243 cuidadores cotizantes a un total de 1.035.

En el año 2019 será otro Gobierno Socialista quien recuperó las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales al cargo de personas con dependencia. Se devuelve así, en su primera oportunidad, la protección robada durante años por el Partito Popular a los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, quienes en muchos casos se ven abocados a abandonar su puesto de trabajo. Se trata éste de un colectivo feminizado casi al 100 %. "Queremos devolverles su protección, su respeto y dar un agradecimiento a la tarea que hacen", expresó en su momento la vicepresidenta socialista Carmen Calvo.

Dando cumplimiento a la aprobación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación en Castilla y León provoca que en nuestra Comunidad en 4 meses se hayan incorporado como cotizantes a la Seguridad Social más de dos mil trescientas personas en Castilla y León.

Actualmente, 9 de cada 10 cuidadores en Castilla y León no cotiza a la Seguridad Social en este régimen especial, a pesar de que no les costaría nada, es el Estado quién asume el pago de las cotizaciones.

En Castilla y León desde la recuperación de esta medida, el número de convenios se ha multiplicado por siete, desde los 7.304 acuerdos con la Seguridad Social que se contabilizaron el 30 de marzo de 2019, cuando aún era el propio cuidador quien abonaba sus cuotas, hasta los 53.420 a fecha 30 de noviembre. La medida de Pedro Sánchez ha beneficiado en su mayoría a mujeres, 89,35 por ciento, 47.734, puesto que los hombres representan el resto, el 10,64 por ciento (5.636).

La proporción entre el número de convenios especiales en alta y las prestaciones económicas reconocidas a la dependencia sitúan a Castilla y León a la cola, con un 10,3 por ciento, junto a Islas Baleares (6,08 por ciento), Cataluña (6,3 por ciento) y Madrid (9,82 por ciento). En cabeza se encuentran País Vasco (23,19 por ciento), Galicia (22,15 por ciento), Asturias (20,55 por ciento), Comunidad Valenciana (16,48 por ciento) y Cantabria (16,15 por ciento).

Actualmente, nueve de cada diez cuidadores no profesionales de personas dependientes están desaprovechando la oportunidad de cotizar gratis a la Seguridad Social. Dicho de otro modo: solo un 10 % de quienes realizan labores de cuidados en favor de sus familiares en situación de dependencia (hijos, padres, abuelos...), no ejercen ninguna otra actividad laboral y reúnen los demás requisitos para suscribir un convenio especial están contribuyendo al sistema y generando futuras prestaciones como la de jubilación o la de incapacidad permanente.

El no ejercicio de este derecho por parte de los cuidadores no profesionales viene motivado, en gran medida, por el desconocimiento que se posee de la posibilidad de cotización gratuita a través de convenios especiales con la Seguridad Social.

Es por ello, que en aras de la responsabilidad social de mejora que poseemos, se presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.- Al envío de una comunicación a todas las personas dependientes para que sus cuidadores se puedan beneficiar de la cotización a la Seguridad Social que paga el Gobierno desde el 1 de abril de 2019.

2.- Que la Junta de Castilla y León ponga a disposición su personal para que informe, oriente, colabore y ayude a cuantos cuidadores no profesionales lo demanden para la cumplimentación de la solicitud y posterior tramitación de la cotización al régimen especial de la Seguridad Social".

Valladolid, 22 de enero de 2020.

LOS PROCURADORES,

Fdo.: Rubén Illera Redón,

María Consolación Pablos Labajo,

Jesús Guerrero Arroyo y

María Isabel Gonzalo Ramírez

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández