PNL/000517-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de febrero de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000517 a PNL/000519.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de febrero de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

En las últimas semanas hemos sido testigos de un importante movimiento social de los agricultores y ganaderos en diferentes puntos de la geografía nacional. Los agricultores y ganaderos de nuestro país han dejado constancia en la calle de la grave situación que vive el sector agrario. Sus reivindicaciones son justas; se encuentran en una asfixia económica que hace inviable la obtención de un beneficio empresarial que posibilite una vida digna para ellos y sus familias.

Además, con las movilizaciones que se están produciendo, la sociedad está pudiendo ver que el sector agrario siente que sus verdaderos problemas no son bien comprendidos y están muy alejados de aquello que habitualmente preocupa a la opinión pública. Y, sin duda, el desconocimiento de esta crucial actividad económica y la distorsionada o errónea imagen que algunos colectivos sociales tienen del sector agrario explican este preocupante grado de alejamiento de la sociedad de la realidad del campo.

La realidad es que los agricultores y ganaderos viven de la importante labor de producir alimentos para el conjunto de la sociedad. Ellos forman parte de la denominada cadena de valor en la que, además, participan la industria de transformación y la distribución. Con ella, los alimentos van del campo a la mesa de los consumidores.

Así, los agricultores y ganaderos, a la vez que forman parte del sistema alimentario, constituyen el elemento básico del mismo; sin ellos prácticamente sería imposible llegar a garantizar la base que sostiene a la sociedad, puesto que proporcionan el elemento vital de primerísima necesidad: los alimentos.

El entramado alimentario y especialmente el sector productivo primario está sometido a múltiples incertidumbres. Los productores vienen padeciendo dificultades como la volatilidad de precios de las materias primas, las adversidades climatológicas que afectan directamente a las producciones agrarias, la competencia de sistemas de producción muy agresivos de países terceros que indudablemente no tienen nuestros estándares de producción, por cierto, los mejores del mundo, o las barreras comerciales artificiales derivadas de políticas unilaterales adoptadas por importantes potencias económicas que afectan a la venta exterior de nuestros productos.

Todo ello afecta a la cadena alimentaria, pero de forma muy especial a los agricultores y ganaderos, pues son la parte más frágil de todo el proceso.

Los agricultores y los ganaderos de Castilla y León, de España y de la Unión Europea, cuentan con una Política Agrícola Común, la PAC. Una herramienta fundamental que aporta una financiación cuyo objetivo fundamental es garantizar la parte de la renta que los agricultores y ganaderos no obtienen en el mercado por el coste de los alimentos producidos, aproximadamente un 30 %, financiación que es justa porque no es retribuida por el mercado. Es una parte necesaria, imprescindible más bien, que supone muy poca contribución de la sociedad para los beneficios que aporta (apenas unos céntimos de euro al día), que proporciona más estabilidad a nuestro sistema productivo y que garantiza al consumidor los alimentos a precios asequibles.

Pero las ayudas directas de la PAC no deben ser la única herramienta para obtener una renta digna para nuestros agricultores y ganaderos. Para conseguir la resiliencia de nuestra agricultura y mejorar la seguridad alimentaria, es necesario reforzar la normativa de la OCM para permitir una red de protección eficaz para nuestros productores.

Pues bien, la PAC ahora es otra incertidumbre más que se añade a las existentes. Se va a revisar y, a partir del 20 de febrero, los Jefes de Gobierno de los 27 Estados de la Unión Europea van a tener que definirse, ese día o en los próximos días, en las reuniones del Consejo Europeo si apuestan por la PAC o no, en otras palabras, si apuestan por los agricultores y por los ganaderos o no.

Castilla y León claramente ha apostado por la PAC y por los agricultores y los ganaderos. La posición de Comunidad, política y social, que se formalizó en marzo de 2018, hace hincapié en la necesidad de no debilitar la PAC, respetando el nivel de financiación actual. Ahora ha llegado el momento de las grandes decisiones. Y la primera decisión, la de la determinación de la financiación, depende de los máximos responsables de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea.

Por tanto, es evidente que debemos abordar una nueva PAC fuerte que, entre otras cuestiones, proporcione al sector agrario la seguridad que necesita, que le permita obtener rentas viables y faculte la resiliencia de las explotaciones agrarias, que mejore su orientación al mercado, su competitividad y la posición de agricultores y ganaderos en la cadena de valor. Pero también es cierto que, hoy más que nunca, se necesita el esfuerzo coordinado de todas las administraciones, especialmente Junta de Castilla y León, Gobierno de España y Comisión de la UE, para aplicar medidas que, además de la PAC, permitan hacer frente, con la mayor agilidad posible, a la delicada situación por la que está pasando el sector agrario.

A tal fin, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que requiera al Gobierno de España y a la Unión Europea una actuación coordinada para desarrollar, conforme a sus respectivas competencias, las siguientes actuaciones:

1.º Garantizar para España y para Castilla y León el mantenimiento de la cuantía actual de financiación de la PAC para el próximo periodo de aplicación 2021-2027.

2.º Mejorar en la actual negociación de la PAC las medidas de mercado establecidas en la propuesta de reglamento de la Organización Común de Mercados de productos agrarios, que permitan prevenir y gestionar graves crisis de mercados mediante acciones a nivel europeo.

3.º Introducir en los acuerdos comerciales internacionales que suscriba la Unión Europea un idéntico nivel de exigencia (sanitaria, medio ambiental, social, etc.) para los productos importados y para las producciones europeas, así como establecer controles más rigurosos de estos requisitos a la entrada en la UE de productos de terceros países.

4.º Modificar la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, incluyendo en ella acciones que promuevan y velen por prácticas comerciales que posibiliten valor añadido en todas las fases de dicha cadena, haciéndola equilibrada y sostenible, eliminando toda práctica desleal. Todo ello prestando especial atención para no perjudicar a los agricultores y a los ganaderos, los más frágiles de la cadena alimentaria, por ser la base del sistema alimentario.

5.º Desarrollar un conjunto de medidas tributarias y fiscales específicas para los agricultores y los ganaderos que alivien la carga soportada por el ejercicio de su actividad.

6.º Mejorar el sistema de seguros agrarios, haciéndolo más atrayente para el agricultor y el ganadero, para conseguir extender el mismo a todas las producciones, territorios y productores.

7.º Revisar el sistema de tarifas eléctricas en el riego de cultivos agrícolas, con objeto de evitar que los agricultores paguen durante todo el año cuando sólo utilizan esta energía unos meses durante el mismo, ajustando, por lo tanto, la tarifa al consumo real".

Valladolid, 21 de febrero de 2020.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano