PNL/000534-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de febrero de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000520 a PNL/000539.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de febrero de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante la Comisión de Presidencia.

Las prisiones son necesarias en una sociedad democrática como pieza fundamental en las políticas de Seguridad de cualquier Estado de Derecho.

La población reclusa en las cárceles españolas, según los últimos datos oficiales, alcanza casi las 60.000 personas (alrededor de 55.000 hombres y 4.500 mujeres). Aunque el número ha disminuido en los últimos diez años (eran 70.330 reclusos y 6.070 reclusas en mayo de 2009), la institución penitenciaria ha sufrido, en este tiempo, cambios de gran impacto en cuanto a la composición de la población reclusa, que actualmente es, en términos generales, potencialmente más agresiva y peligrosa. Se puede constatar la importante presencia de presos que formaban parte de bandas armadas paramilitares, mafias del narcotráfico, terrorismo yihadista, etc. Y todo ello en un contexto global de internacionalización del fenómeno criminal del terrorismo y la violencia organizada.

Los trabajadores de Instituciones Penitenciarias son funcionarios públicos que realizan su trabajo en jornadas de mañana, tarde y noche, con una ubicación geográfica lejos de los núcleos urbanos y con una gran peligrosidad en su actividad diaria. Los funcionarios de prisiones han sufrido en los últimos años más de dos mil agresiones con resultado de lesiones por parte de los presos.

Todos los días, algún trabajador de prisiones es agredido por uno o varios internos en los centros penitenciarios españoles. Si los trabajadores de prisiones fuesen reconocidos como agentes de autoridad, muchas de esas agresiones se evitarían.

La generación de una normativa uniforme y homogénea para el conjunto del personal de Instituciones Penitenciarias, con independencia del lugar donde se lleve a cabo el desempeño del puesto, es una vieja reclamación del colectivo.

En medio de todas estas dificultades, son ellos los directamente encargados de que el sistema penitenciario sirva para cumplir una de las finalidades principales de la pena privativa de libertad: la reinserción y la resocialización exitosa del recluso. El Partido Popular ha tenido siempre presente la extraordinaria importancia del trabajo de estos empleados públicos y, desde esa consideración, recientemente impulsó en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley orgánica para modificar la Ley General Penitenciaria y reconocer el carácter de Agentes de la Autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones.

Además, la retribución que reciben estos funcionarios no parece estar en consonancia con la importancia de su tarea. Retribuciones que, por otro lado, son notablemente superiores, desarrollando el mismo trabajo, en Cataluña (única Comunidad Autónoma con competencias transferidas en la materia). El malestar manifiesto de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias por los incumplimientos del Gobierno respecto a la subida salarial anunciada ha sido la gota que ha colmado el vaso, provocando un conflicto laboral sin precedentes. A ello se une la necesidad de cubrir las plazas vacantes, una vez superada la crisis económica. Hacerlo, redundaría en mayor seguridad en el trabajo, menos agresiones y mejores prestaciones. En suma, haría el sistema penitenciario mucho más funcional.

Otros aspectos que pueden parecer menores son, sin embargo, importantes. La renovación del sistema penitenciario debe llegar también a los uniformes. Porque la protección de los funcionarios cuando deben intervenir en la reducción de un recluso violento no es una cuestión menor. La policía cuenta con pertrechos cuando tiene que detener a criminales peligrosos. Debe dotarse de recursos a los funcionarios de prisiones cuando se enfrentan a situaciones análogamente peligrosas. Existen unos recursos para casos de intervención especial («medios coercitivos») que se han mejorado recientemente, pero a veces no son compatibles con una intervención rápida.

También hay que señalar, y de forma especialmente importante, que la falta de formación continua imposibilita la adaptación a los nuevos tiempos del personal penitenciario, dificultando enormemente la labor encomendada por el mandato constitucional: la reeducación y la reinserción social de los internos. Se trata en definitiva de modernizar y dignificar una profesión que es pieza fundamental del Estado de Derecho.

Es imprescindible actualizar o modificar la Relación de Puestos de Trabajo, que está obsoleta, en muchos casos hay un trabajador por cada 100 o 150 internos.

Por último, es necesario recordar que Castilla y León se ubican actualmente ocho centros penitenciarios, uno por cada una de las provincias de nuestra Comunidad, con excepción de Zamora (la llamada Cárcel de la Concordia se cerró en la década de los noventa del pasado siglo), además de seis Centros de Inserción Social en las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. En los citados establecimientos penitenciarios trabajan más de 3.000 empleados públicos, entre personal funcionario y laboral. Cabe destacar, para finalizar, que un porcentaje muy numeroso de las personas que integran las plantillas de otros centros penitenciarios repartidos por toda la geografía nacional son naturales de Castilla y León.

Por todo lo anteriormente expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de la Nación a:

1.- El reconocimiento inmediato y a todos los efectos como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones, mediante la modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria y las normas que la desarrollan.

2.- Equiparar a lo largo del año 2020 en el ámbito salarial a los funcionarios de prisiones dependientes del Ministerio del Interior, de manera que se corrija la brecha salarial existente en estos momentos con sus homólogos de Cataluña.

3.- Apostar por una carrera profesional y formación adecuada atendiendo a las características y especialidad de las funciones desempeñadas en favor de una mayor eficiencia y seguridad de la profesión y una reestructuración de las relaciones de puestos de trabajo adaptada a la realidad de los centros y que recoja los nuevos puestos no reconocidos.

4.- Aprobar una oferta de empleo público extraordinaria que garantice la tasa de reposición en la plantilla al servicio de Instituciones Penitenciarias.

5.- Incremento de medios técnicos y materiales, e implantación de una uniformidad más funcional y adaptada al medio en el que se desarrolla la actividad profesional.

6.- Iniciar un proceso de negociación para abordar y dar solución a la problemática específica del personal adscrito al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria".

Valladolid, 18 de febrero de 2018.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano