M/000096-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 13 de marzo de 2020, ha admitido a trámite la Moción, M/000096, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de convergencia interior, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 3 de marzo de 2020.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de marzo de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación 96 relativa a política general en materia de convergencia interior:

ANTECEDENTES

Castilla y León es una Comunidad cuya extensión obliga a un compromiso especial con la política territorial, para evitar las desigualdades y los desequilibrios.

Sin embargo, Castilla y León no ha tenido ninguna política territorial digna de tal nombre: aquella que integra la planificación de la totalidad de las políticas públicas en una Comunidad Autónoma, tanto las de fomento de la actividad y el empleo como las de prestación de servicios públicos y esto ha hecho no solo que los desequilibrios se hayan mantenido, sino que se hayan profundizado, con particular intensidad en la década actual. Algunas de nuestras provincias y comarcas se encuentran en situación de emergencia económica y demográfica.

Las diferencias entre las provincias con mayor y menor renta per cápita han pasado de 7.039 euros en 2011 a 8.332 euros en 2017 (INE). Es decir, los desequilibrios económicos entre provincias de Castilla y León, de acuerdo con este indicador, se han incrementado en solo 6 años de esta década en 1.293 euros por persona y año, un 18,4 %.

En cuanto al empleo, los desequilibrios territoriales entre provincias también se han profundizado: las diferencias entre la mayor y menor tasa provincial de actividad han pasado de 10,4 puntos en 2010 a 12,2 puntos en 2019 (EPA IV trimestre de cada año INE), un 17,6 %. También se han incrementado significativamente las desigualdades en cuanto a tasa de paro y de ocupación.

En cuanto a los desequilibrios demográficos, si tomamos como referencia la evolución de la población total, que como indicador que es la suma de todos los demás; en esta década todas las provincias de Castilla y León han perdido población, pero los desequilibrios territoriales entre la provincia que menos población ha perdido y la que más, se han incrementado en 8,5 puntos.

Es, por tanto, inaplazable tomar medidas para corregir estos terribles desequilibrios que la pasividad de la Junta de Castilla y León hace que se amplíen cada día.

El sentido y la legitimidad de ejercicio de las propias instituciones de autogobierno está en combatir estos desequilibrios al alza, para mejorar la situación de las provincias y comarcas menos desarrolladas y con menor dinamismo demográfico, porque estas brechas tienen consecuencias directas en la vida de nuestras vecinas y vecinos, en su igualdad de derechos y oportunidades, y en el desarrollo de nuestra Comunidad, porque si todos no avanzamos, si quedan personas o territorios por el camino, Castilla y León no avanzará como necesita.

Por ello se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a promover la inmediata regulación del Fondo Autonómico de Compensación y la elaboración para someter a la aprobación de las Cortes del Plan Plurianual de Convergencia Interior, ambos previstos en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007, para su aplicación en el actual ejercicio económico 2020, con un importe consignado en presupuestos de 150 millones de euros, una vez que se ha constatado que la brecha territorial en materia económica y demográfica se ha incrementado en los últimos años, con la percepción ciudadana de verdaderas crisis territoriales en nuestras comarcas y provincias.

2.- Ambos instrumentos de convergencia y cohesión territorial deben orientarse a la generación de actividad económica y la creación de empleo, garantizando además el acceso a las infraestructuras y servicios públicos. Por ello deben incluir un programa detallado de inversiones para la legislatura con la respectiva consignación económica Plurianual, cuya aplicación sea proporcional a los desequilibrios económicos y demográficos que sea preciso corregir en cada territorio, contemplando la posibilidad de que una parte significativa de los proyectos financiados por el Fondo sean gestionados directamente por las Corporaciones Locales. El Plan incluirá también la pormenorización de objetivos acordados en cada territorio, una estrategia de intervención, un modelo de gobernanza y un sistema de evaluación.

3.- El Plan de convergencia interior debe reforzar el liderazgo territorial de las ciudades de Castilla y León, con proyectos de cooperación rural-urbano que, con la cooperación de las Universidades y de las empresas tractoras en I+D+i, contribuyan al fomento de la investigación y al desarrollo de proyectos innovadores de cooperación rural-urbano.

4.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a destinar las cantidades provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial y el Fondo Complementario a financiar proyectos de inversión en las zonas con desequilibrios económicos y demográficos, que contribuyan efectivamente a corregir dichos desequilibrios.

5.- La Junta de Castilla y León promoverá la elaboración de una estadística territorial propia que, desde una escala adecuada, atienda a las necesidades de seguimiento de los indicadores de equilibrio y convergencia territorial que afectan a la demografía, la economía, las condiciones de vida, el acceso a las infraestructuras y los servicios públicos, así como a las TIC, a los servicios bancarios, de alimentación y otros de carácter comercial, que contribuyen a la calidad de vida. A estos efectos se adoptarán las medidas necesarias para contar con la colaboración científica de las universidades públicas de Castilla y León.

Valladolid, 9 de marzo de 2020.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández