PNL/000541-01











4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno

470. Proposiciones No de Ley
PNL/000541-01


Sumario:

Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para instar a la Junta a adoptar las medidas que se solicitan en relación con la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el resto de policías del Estado, para su tramitación ante el Pleno.



Resolución:

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 13 de marzo de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000540 a PNL/000547.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de marzo de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez



Texto:

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el resto de policías del Estado fue una de las exigencias ineludibles que Ciudadanos puso al Gobierno de entonces, del Partido Popular, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, aún vigentes hoy.

Así, se obligó a incluir en las citadas cuentas una considerable partida presupuestaria para sueldos y salarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -FCSE- como punto de partida de un proceso de equiparación salarial a tres años que culminase con la equiparación "real y efectiva" entre todos los cuerpos policiales autonómicos. Todo ello ante la histórica inacción del bipartidismo ante esta justa reivindicación y la tibieza en el apoyo del resto de grupos parlamentarios y partidos políticos.

La exigencia de Ciudadanos culminó en un acuerdo del entonces Ministro, Juan Ignacio Zoido, con los representantes de diferentes sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, de marzo de 2018. En el mismo, se estipuló una cantidad inicial -no cerrada ni definitiva- de 807 millones de euros, si bien se contemplaba la contratación de los servicios de una auditoría externa para que comparase las retribuciones de los distintos cuerpos policiales estatales y autonómicos "puesto a puesto", con el fin de llevar a cabo las correcciones necesarias para que la equiparación fuera "total y absoluta".

La mayoría de los sindicatos y asociaciones han venido considerando que esta cantidad es insuficiente, y así lo manifestó también la auditora externa encargada de llevar a cabo el análisis de las retribuciones, en su primer informe de febrero de 2019 en el que manifestaba: "En nuestra opinión la citada cifra de los 807 millones es insuficiente para alcanzar la equiparación retributiva. (...) La exclusión de estos conceptos de la masa salarial utilizada en el cálculo por la Secretaría de Estado haría que la cifra de 807 millones de euros no permita alcanzar la equiparación salarial de las FCSE con los Mossos de Esquadra".

Este primer informe fue devuelto por el Ministerio del Interior, ya en manos del Ministro Fernando Grande-Marlaska con el Gobierno del Partido Socialista, obligando a la consultora a realizar otro posterior. En este segundo informe, curiosamente, desaparece toda mención a la insuficiencia de este importe. Más al contario, la consultora deja claro que se ha tenido que ceñir a los 807 millones pactados inicialmente. Según se publicó en diversos medios, Interior habría forzado a la auditora a modificar su informe para que limitaran sus conclusiones a dicha cantidad.

De hecho, en el segundo y definitivo documento se manifiesta que "(...) Tal y como nos ha sido requerido por la Secretaría de Estado de Seguridad, nuestro informe parte de la interpretación de la Administración contratante consistente en que los 807 millones acordados entre las partes firmantes del Acuerdo son el marco total y absoluto del que debe partirse".

Estas presuntas presiones del Gobierno son el origen de varios procedimientos judiciales abiertos por diferentes sindicatos de policías y asociaciones de la Guardia Civil contra el citado departamento ministerial.

Por otro lado, además, los dos primeros tramos de subida salarial ya ejecutados a día de hoy no incluían la correspondiente subida del "complemento específico general" que habría supuesto, de facto, que no quedara excluido el colectivo policial en segunda actividad y jubilado. En todo caso, el acuerdo en tres tramos que hoy se está llevando a efecto no supone la equiparación real y efectiva de las FCSE en todo el territorio, como acreditó en un primer momento la consultora contratada al efecto, sino un incremento salarial que resulta insuficiente para llegar a la equiparación total.

En la misma semana en la que el Gobierno ha inaugurado su mesa de negociación con independentistas y separatistas en Cataluña y con una Agenda para el Reencuentro que contempla, por ejemplo, la deducibilidad del IVA para los medios públicos catalanes -TV3 y Cataluña Radio-, hemos conocido que el Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular sobre la equiparación salarial presentada por JUSAPOL, asociación formada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, escudándose en restricciones presupuestarias y en la "insostenibilidad" de llevar a efecto una equiparación total de nóminas que supondría, dicen, un desembolso de 1.800 millones de euros.

Según ha manifestado JUSAPOL y los sindicatos mayoritarios del Cuerpo, "el Gobierno ha abandonado a las FCSE", uno de los colectivos mejor valorados por los ciudadanos, por lo que se han anunciado masivas movilizaciones para el día 3 de marzo.

En este contexto, es indispensable promover una iniciativa que garantice que la equiparación salarial de nuestras FCSE es real y efectiva en todo el territorio nacional.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Solicitar al Gobierno de la Nación un nuevo informe a una consultora externa con conocimientos en la materia, en cuyo encargo se especifique de manera indubitada que su análisis no tiene por qué ceñirse a una validación de la cantidad de 807 millones acordada como cantidad inicial de partida, sino que debe dar una valoración libre e independiente de la cantidad que, a su juicio, es necesaria para llevar a efecto la equiparación salarial real y efectiva de la Policía Nacional y Guardia Civil con el resto de policías autonómicas.

2. Exigir al Gobierno de la Nación que incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2020 la cantidad que se estime necesaria para que exista una verdadera remuneración igualitaria, incluso de ser ésta superior a los 807 millones ya aprobados.

3. Reclamar al Gobierno de la Nación que adopte cuantas medidas sean necesarias para que los 90 agentes de la Guardia Civil dependientes del Ministerio de Defensa que aún no han recibido la subida pactada hasta ahora correspondiente a ninguno de los tramos reciban ya, al menos, la retribución correspondiente a los dos primeros.

4. Instar al Gobierno de la Nación a ejecutar la subida ya realizada y las que se deriven de la consecución de la equiparación salarial real sobre el Complemento Específico General, suponiendo esto que no quede excluido injustamente el personal en segunda actividad.

5. Solicitar al Gobierno de la Nación la retirada del veto a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular sobre equiparación salarial, con el fin de que la misma pueda ser tramitada parlamentariamente.

En Valladolid, a 3 de marzo de 2020.

LA PORTAVOZ,

Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero


PNL/000541-01

CVE="BOCCL-10-005300"





Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
X Legislatura
Pags. 10501-10503
BOCCL nº 100/10 del 30/4/2020
CVE: BOCCL-10-005300

4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000541-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para instar a la Junta a adoptar las medidas que se solicitan en relación con la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el resto de policías del Estado, para su tramitación ante el Pleno.

RESOLUCIÓN

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 13 de marzo de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000540 a PNL/000547.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de marzo de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez


TEXTO


A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con el resto de policías del Estado fue una de las exigencias ineludibles que Ciudadanos puso al Gobierno de entonces, del Partido Popular, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, aún vigentes hoy.

Así, se obligó a incluir en las citadas cuentas una considerable partida presupuestaria para sueldos y salarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -FCSE- como punto de partida de un proceso de equiparación salarial a tres años que culminase con la equiparación "real y efectiva" entre todos los cuerpos policiales autonómicos. Todo ello ante la histórica inacción del bipartidismo ante esta justa reivindicación y la tibieza en el apoyo del resto de grupos parlamentarios y partidos políticos.

La exigencia de Ciudadanos culminó en un acuerdo del entonces Ministro, Juan Ignacio Zoido, con los representantes de diferentes sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, de marzo de 2018. En el mismo, se estipuló una cantidad inicial -no cerrada ni definitiva- de 807 millones de euros, si bien se contemplaba la contratación de los servicios de una auditoría externa para que comparase las retribuciones de los distintos cuerpos policiales estatales y autonómicos "puesto a puesto", con el fin de llevar a cabo las correcciones necesarias para que la equiparación fuera "total y absoluta".

La mayoría de los sindicatos y asociaciones han venido considerando que esta cantidad es insuficiente, y así lo manifestó también la auditora externa encargada de llevar a cabo el análisis de las retribuciones, en su primer informe de febrero de 2019 en el que manifestaba: "En nuestra opinión la citada cifra de los 807 millones es insuficiente para alcanzar la equiparación retributiva. (...) La exclusión de estos conceptos de la masa salarial utilizada en el cálculo por la Secretaría de Estado haría que la cifra de 807 millones de euros no permita alcanzar la equiparación salarial de las FCSE con los Mossos de Esquadra".

Este primer informe fue devuelto por el Ministerio del Interior, ya en manos del Ministro Fernando Grande-Marlaska con el Gobierno del Partido Socialista, obligando a la consultora a realizar otro posterior. En este segundo informe, curiosamente, desaparece toda mención a la insuficiencia de este importe. Más al contario, la consultora deja claro que se ha tenido que ceñir a los 807 millones pactados inicialmente. Según se publicó en diversos medios, Interior habría forzado a la auditora a modificar su informe para que limitaran sus conclusiones a dicha cantidad.

De hecho, en el segundo y definitivo documento se manifiesta que "(...) Tal y como nos ha sido requerido por la Secretaría de Estado de Seguridad, nuestro informe parte de la interpretación de la Administración contratante consistente en que los 807 millones acordados entre las partes firmantes del Acuerdo son el marco total y absoluto del que debe partirse".

Estas presuntas presiones del Gobierno son el origen de varios procedimientos judiciales abiertos por diferentes sindicatos de policías y asociaciones de la Guardia Civil contra el citado departamento ministerial.

Por otro lado, además, los dos primeros tramos de subida salarial ya ejecutados a día de hoy no incluían la correspondiente subida del "complemento específico general" que habría supuesto, de facto, que no quedara excluido el colectivo policial en segunda actividad y jubilado. En todo caso, el acuerdo en tres tramos que hoy se está llevando a efecto no supone la equiparación real y efectiva de las FCSE en todo el territorio, como acreditó en un primer momento la consultora contratada al efecto, sino un incremento salarial que resulta insuficiente para llegar a la equiparación total.

En la misma semana en la que el Gobierno ha inaugurado su mesa de negociación con independentistas y separatistas en Cataluña y con una Agenda para el Reencuentro que contempla, por ejemplo, la deducibilidad del IVA para los medios públicos catalanes -TV3 y Cataluña Radio-, hemos conocido que el Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular sobre la equiparación salarial presentada por JUSAPOL, asociación formada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, escudándose en restricciones presupuestarias y en la "insostenibilidad" de llevar a efecto una equiparación total de nóminas que supondría, dicen, un desembolso de 1.800 millones de euros.

Según ha manifestado JUSAPOL y los sindicatos mayoritarios del Cuerpo, "el Gobierno ha abandonado a las FCSE", uno de los colectivos mejor valorados por los ciudadanos, por lo que se han anunciado masivas movilizaciones para el día 3 de marzo.

En este contexto, es indispensable promover una iniciativa que garantice que la equiparación salarial de nuestras FCSE es real y efectiva en todo el territorio nacional.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Solicitar al Gobierno de la Nación un nuevo informe a una consultora externa con conocimientos en la materia, en cuyo encargo se especifique de manera indubitada que su análisis no tiene por qué ceñirse a una validación de la cantidad de 807 millones acordada como cantidad inicial de partida, sino que debe dar una valoración libre e independiente de la cantidad que, a su juicio, es necesaria para llevar a efecto la equiparación salarial real y efectiva de la Policía Nacional y Guardia Civil con el resto de policías autonómicas.

2. Exigir al Gobierno de la Nación que incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2020 la cantidad que se estime necesaria para que exista una verdadera remuneración igualitaria, incluso de ser ésta superior a los 807 millones ya aprobados.

3. Reclamar al Gobierno de la Nación que adopte cuantas medidas sean necesarias para que los 90 agentes de la Guardia Civil dependientes del Ministerio de Defensa que aún no han recibido la subida pactada hasta ahora correspondiente a ninguno de los tramos reciban ya, al menos, la retribución correspondiente a los dos primeros.

4. Instar al Gobierno de la Nación a ejecutar la subida ya realizada y las que se deriven de la consecución de la equiparación salarial real sobre el Complemento Específico General, suponiendo esto que no quede excluido injustamente el personal en segunda actividad.

5. Solicitar al Gobierno de la Nación la retirada del veto a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular sobre equiparación salarial, con el fin de que la misma pueda ser tramitada parlamentariamente.

En Valladolid, a 3 de marzo de 2020.

LA PORTAVOZ,

Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero


PNL/000541-01

CVE="BOCCL-10-005300"



Sede de las Cortes de Castilla y León