PNL/000623-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de junio de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000622 a PNL/000625.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de junio de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno.

ANTECEDENTES

El pasado 1 de junio se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se regula el Ingreso Mínimo Vital. Una prestación, según establece esta norma, dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.

Una prestación cuya gestión corresponde al Estado, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, salvo en los casos de las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra, que asumirán en exclusiva las funciones y los servicios correspondientes al Instituto Nacional de la Seguridad Social en todo lo referente a esta prestación en sus respectivos territorios. Según el Gobierno de la Nación, este privilegio se justifica en la falta de eficacia de muchas Comunidades Autónomas en la gestión de prestaciones muy similares.

En este sentido y en lo que respecta a Castilla y León es necesario recordar una serie de indicadores y datos objetivos que contradicen de plano esa argumentación y que avalan la capacidad de gestión de esta Comunidad Autónoma.

1. Castilla y León ha venido gestionando desde hace 20 años una prestación de características semejantes al Ingreso Mínimo Vital, incluso de mayor sofisticación, cuya tramitación precisa de la obtención y tratamiento de múltiples datos de los solicitantes, sin que ello haya supuesto ningún obstáculo para garantizar un acceso rápido de los beneficiarios a la prestación a la que tiene derecho.

2. Además, venimos gestionando desde hace muchos años, con alta eficacia, prestaciones de la Seguridad Social como son la Pensión No Contributiva de jubilación y la de Invalidez.

3. La Renta Garantizada de Ciudadanía, prestación prácticamente idéntica al Ingreso Mínimo Vital, nació del más amplio consenso político y social y se ha ido mejorando y adaptando a las nuevas necesidades; mejoras que se basaban en la experiencia acumulada en la gestión y en una intensa colaboración con las entidades locales y las entidades del tercer sector.

4. Desde entonces, para dar una idea del volumen de gasto gestionado, se han destinado 550 millones de euros a sus perceptores llegando incluso a pagar, en los años de crisis, hasta 79 millones de euros anuales para las familias más vulnerables, que se quedaron sin empleo, que no pudieron acceder a otras prestaciones y que necesitaron un mínimo ingreso para subsistir.

5. Actualmente más de 9.600 familias son perceptoras de esta renta que llega a más de 22.600 beneficiarios, para paliar sus situaciones de pobreza extrema o de gran vulnerabilidad económica.

6. No se puede poner en cuestión, como hace de forma generalizada el Gobierno del Sr. Sánchez, la capacidad de Castilla y León en la gestión de las prestaciones y servicios sociales, y ello a pesar de contar con menos recursos que otras Comunidades Autónomas con un régimen de financiación privilegiado.

El último informe DEC, uno de los mejores referentes sobre la gestión de las políticas sociales, señala que Castilla y León obtiene la mayor puntación de todas las Comunidades Autónomas, incluidas País Vasco y Navarra, superando en más de dos puntos la nota media estatal.

En concreto, respecto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, lo que incluye a la Renta Garantizada de Ciudadanía, Castilla y León se encuentra por encima de la media estatal en casi todos los indicadores contemplados, alcanzando la Excelencia.

Destaca su cobertura en materia de dependencia, de manera que el 13,63 % de su población potencialmente dependiente recibe prestaciones o servicios del Sistema (10,07 % de media estatal); y, sobre todo, el que con una tasa de desatención del 1,6 % (frente al 19,2 % de media estatal), se puede considerar que técnicamente en Castilla y León no existe Limbo de la Dependencia.

7. De la misma manera, señala el informe, Castilla y León se sitúa por encima de la media estatal en Rentas Mínimas de Inserción, tanto por su cobertura, beneficiando al 10,7 % de las personas bajo el umbral de la pobreza en esa Comunidad, frente al 8,0 % de media estatal, como en la cuantía media por perceptor, que supone el equivalente al 16,55 % de la renta media en esa Comunidad, frente al 13,21 % de media estatal.

8. El informe destaca su gran eficiencia y equilibrio en la gestión de los servicios sociales gracias, entre otros aspectos, a la colaboración entre Junta y entidades locales.

A partir de estos datos objetivos resulta demostrado que Castilla y León por su experiencia, por su capacidad y por su trayectoria en la gestión de los servicios sociales en general y con la Renta Garantizada de Ciudadanía en concreto, es perfectamente capaz de garantizar una gestión eficiente que permita llegar con rapidez, agilidad y eficacia a todas las personas que la necesitan.

Los profesionales de los servicios sociales de Castilla y León cuentan con un profundo conocimiento de la realidad social de esta tierra lo que, unido a la coordinación y el trabajo en red desarrollado con las entidades locales en la gestión de los servicios sociales, viene a garantizar un actuar cercano, próximo y diligente de la nueva prestación que ahora se pone en marcha.

También hay que recordar que esta administración siempre ha estado dispuesta a colaborar con la administración central para proporcionar la protección social a los ciudadanos y una reciente muestra de ello ha sido el impulso de la Tarjeta Social Virtual que hemos realizado desde Castilla y León a la que desde el primer momento y de manera permanente estamos proporcionando la información requerida.

Por todo ello, esta PNL pretende que, en base al principio de igualdad que ha de inspirar y fundamentar nuestro sistema de las autonomías, Castilla y León pueda gestionar el Ingreso Mínimo Vital en igual forma que las comunidades de País Vasco y Navarra, pues como ha quedado demostrado, como afirman informes de entidades independientes, no hay ninguna razón objetiva que sustente un trato discriminatorio entre los distintos territorios.

Por lo expuesto, se formula siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan la Junta de Castilla y León a requerir del Gobierno de la España la suscripción de un convenio entre el Estado y la Comunidad de Castilla y León para encomendar a esta la gestión de la nueva prestación del Ingreso Mínimo Vital, en los mismos términos y condiciones y con el mismo nivel competencial que las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra.

Una gestión que abarcaría necesariamente toda la tramitación del procedimiento de concesión del Ingreso Mínimo Vital incluida la resolución de dicho procedimiento".

Valladolid, 3 de junio de 2020.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano