PNL/000626-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de junio de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000626 y PNL/000627.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de junio de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario CIUDADANOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo del artículo 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La tramitación del actual borrador del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, actualmente residenciada en el Congreso de los Diputados, está generando serias dudas entre la comunidad educativa, en cuanto al futuro de los Centros de Educación Especial y de la educación concertada.

Al mismo tiempo, este proyecto, lejos de desarrollarse al amparo del diálogo y el consenso políticos, una aspiración profundamente demandada por la sociedad, pretende seguir la estela de los proyectos anteriores y privar a nuestro sistema educativo de un Pacto en esta materia que ofrezca un modelo de calidad y con visión a largo plazo.

En nuestra Comunidad, existen más de 60 centros dedicados a la enseñanza de alumnos con necesidades especiales. Para el curso 2018-2019, la cifra de estudiantes matriculados era de 1.321, una dato similar con respecto a los cursos precedentes 2017-2018 (1.324) y en el 2016-2017 (1.319). Respecto a la educación concertada suman 182 centros para más de 100.000 alumnos matriculados.

Tomando como referencia el número de estudiantes matriculados en total para Castilla y León, casi 3 de cada 10 alumnos se verían afectados por un nuevo proyecto que no solo genera incertidumbre en cuanto a su planteamiento, sino que pretende alterar y mermar el equilibrio de los derechos constitucionales amparados en los artículos 9 y 27 de nuestra Norma Fundamental, en lo relativo al derecho de educación y a la libre elección de centro escolar por parte de las familias castellano y leonesas.

En concreto, la Disposición Adicional Cuarta de la iniciativa, relativa a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, señala que:

"Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".

Este precepto supone una retracción crítica de los medios humanos y materiales que pone en grave riesgo la atención y educación de los jóvenes con necesidades especiales, al mismo tiempo que condenaría a muchos centros a verse abocados al cierre.

Precisamente, en cuanto a los colegios concertados, el Proyecto de Ley, en la modificación del artículo 109, prescinde de la cláusula de la demanda social, por la cual estos centros podían ampliar las plazas de escolarización en virtud del mismo aumento de solicitudes. La modificación propuesta representa una vulneración a en la libertad de los padres a poder elegir el centro educativo de sus hijos.

A esto se suma que, en pleno Estado de Alarma, conocíamos que la Mesa del Congreso de los Diputados había rechazado la prórroga del plazo de enmiendas al Proyecto de Ley, hecho que generó un evidente malestar entre las formaciones políticas y la comunidad educativa, cercenando el derecho de los grupos a realizar aportaciones al texto legislativo en una situación de anormalidad constitucional y que no suponía más que el reflejo de un déficit democrático en cuanto a su tramitación, agravio posteriormente rectificado.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, consideramos imprescindible reafirmar la voluntad política de alcanzar un Pacto por la Educación en nuestro país, como sello de garantía que asegure la equidad de nuestro sistema en atención a las necesidades del alumnado, la libertad de las familias en la elección del centro educativo y el suficiente consenso político que permita construir un modelo a largo plazo, inclusivo y de calidad, como la mejor fórmula para garantizar el desarrollo intelectual, físico y emocional de nuestros jóvenes.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.- Reclamar al Gobierno de España la retirada del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, actualmente residenciado en el Congreso de los Diputados, habida cuenta de la alteración que representa sobre equilibrio de los derechos y libertades de las familias y alumnos reconocidos en nuestra Constitución y en atención a la ausencia de un acuerdo suficiente entre la comunidad educativa con respecto a los términos de la propuesta del Ejecutivo Central.

2.- Solicitar al Gobierno de la Nación una nueva convocatoria de la mesa del Pacto Educativo en la que las fuerzas políticas y la comunidad educativa trabajen en la elaboración de un Proyecto de Ley que, en esta materia, concite el máximo consenso y unidad, como garantía de un sistema educativo de calidad, inclusivo y equitativo, en atención a las necesidades de los alumnos para su pleno desarrollo intelectual, físico y emocional.

En Valladolid, a 3 de junio de 2020.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: David Castaño Sequeros