PNL/000627-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de junio de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000626 y PNL/000627.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de junio de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.

ANTECEDENTES

El sector vitivinícola es un sector muy arraigado en Castilla y León, con mucha base cultural y auténtico sector "tractor" de empresas en el mundo rural. En torno a 15.500 viticultores y 650 bodegas facturan en nuestra comunidad cerca de 1.000 millones de euros al año. Es destacable también su potencial como creador y generador de empleo, ya que en la actualidad 19.000 personas trabajan en este sector.

Es importante destacar que es un sector imposible de deslocalizar, dado que el valor añadido fundamental es la calidad de los vinos de nuestra tierra, vinos cada vez más apreciados por los consumidores. Por tanto, la riqueza producida se queda en gran parte en la Comunidad Autónoma, fijando población y produciendo sinergias con otros sectores productivos.

Las medidas acordadas por el gobierno de la nación para hacer frente a la pandemia producida por el COVID-19, como el cierre temporal del canal HORECA, están teniendo una fuerte repercusión en la demanda de vinos, sobre todo para los de más calidad. En Castilla y León, las restricciones impuestas colocan al sector, en comparativa con años anteriores, con un importante volumen de vino sin comercializar. Si a esto le añadimos que, por motivos meteorológicos, la cosecha venidera puede ser de auténtico récord, colocan al sector ante unos excedentes nunca esperados y con verdadera dificultad para darles salida.

Entre las medidas excepcionales anunciadas el 22 de abril por el comisario de Agricultura en la UE, Janusz Wojciechowski, para la estabilización de los mercados se encontraban la inclusión de medidas en los Programas de Apoyo para el sector del vino, en concreto la destilación de crisis, la ayuda al almacenamiento de crisis y la cosecha en verde.

El 14 de mayo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, amparado por el Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comisión de 30 de abril del 2020 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600, remite a las Comunidades Autónomas un proyecto de Real Decreto por el que se adoptarán medidas extraordinarias para el sector del vino. Proyecto de Real Decreto que está en proceso de tramitación para su aprobación por el Consejo de Ministros.

Analizado el mismo, encontramos carencias graves y un claro desequilibrio en las medidas, ya que no tiene en cuenta las particularidades territoriales del sector vitivinícola en España, con una clara intención de beneficiar a determinados territorios donde se concentra una parte importante de la producción de vino español, dejando en desventaja a otros territorios como Castilla y León.

Si, en el caso de la destilación de crisis, analizamos las ayudas que se incluyen en el proyecto de Real Decreto, encontramos que el volumen que se pretende destilar de 2 millones de hectolitros es absolutamente insuficiente teniendo en cuenta los excedentes esperados. Es incomprensible, además, marcar tanta diferenciación entre la destilación asignada a vinos con denominación de origen y vinos sin denominación de origen, en concreto el 25 % para los primeros frente al 75 % para los segundos. Esto, ya de por sí, marca acusados desequilibrios territoriales.

Además, el Ministerio de Agricultura no ha tenido en cuenta que las destilerías están muy localizadas en el territorio nacional y es más costoso llevar vino a destilar desde Castilla y León, ya que están a más de 300 kilómetros de nuestras bodegas.

Analizando las ayudas al almacenamiento privado, estas se acotan a un máximo de 2 millones de hectolitros lo cual, teniendo en cuenta los excedentes actuales y los futuros se hace bastante escaso, y el importe fijado es muy bajo.

Respecto a la medida de cosechar en verde, la dotación asignada es muy escasa (10.000.000 de euros). Es necesario incrementar esta dotación, sobre todo si tenemos en cuenta que ésta es la única medida destinada a los viticultores, puesto que las otras dos planteadas van destinadas a las bodegas. También sería recomendable que el importe que compensa los gastos de destrucción fuera homogéneo en España.

Por tanto, debemos concluir que las medidas son claramente insuficientes, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestros vinos en su mayoría son de una excelente calidad.

Países vecinos como Francia han aprovechado para aprobar un paquete de medidas con un montante de 140 millones de euros, lo que contrasta claramente con las medidas españolas que se sitúan en torno a 80 millones de euros.

Se pierde pues la oportunidad de habilitar ayudas con dotación suficiente para la defensa y protección del sector vitivinícola como primer paso para, a continuación, aprovechar el Plan de Transición ecológica y energética en el marco de Acuerdo Verde de la UE, sin perjuicio de que las acciones que incorporen no impidan que el sector sea plenamente elegible para las medidas de apoyo a las empresas previstas en el marco de la pandemia de COVID-19.

Por todo lo anterior, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1.º Requerir del Gobierno de España que sean atendidas las observaciones formuladas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural al proyecto de Real Decreto que establece medidas extraordinarias en el sector del vino, observaciones que han sido apoyadas por las Organizaciones Profesionales Agrarias, cooperativas vitivinícolas y las Denominaciones de Origen de Castilla y León, y que básicamente persiguen el objetivo de que la norma a aprobar resulte suficiente, justa y equilibrada para el sector vitivinícola en todo el territorio nacional, evitando la generación de desigualdades entre las distintas zonas.

2.º Agilizar los trámites oportunos para poner en marcha dichas medidas una vez aprobado el Real Decreto citado, y especialmente la medida de cosecha en verde, al ser la única que está directamente dirigida a los viticultores".

Valladolid, 3 de junio de 2020.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano