PNL/000637-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 19 de junio de 2020, ha admitido a trámite la Proposición No de Ley PNL/000637.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Proposición No de Ley haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de junio de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.

ANTECEDENTES

Pese a que todos los datos confirman un intenso deterioro de la actividad económica y el empleo, y que las consecuencias económicas y el drama social que se avecina son de extrema gravedad, el Gobierno de España no solo continúa sin tener una agenda de reformas estructurales, sino que ha renunciado a poner en marcha todas las medidas necesarias para dar seguridad y certidumbre a las empresas, los autónomos y las personas trabajadoras, y para acompañarlas en el proceso de recuperación total de la actividad, generando, además, una desconfianza generalizada respecto del cumplimiento de los compromisos adquiridos y en la efectividad y eficacia real de las medidas anunciadas.

En una situación en la que los datos de la economía española son desgarradores, con una previsión en el reciente informe del Banco de España de una caída del PIB durante este año de entre el 9,5 % y el 12,4 %, con unas perspectivas para Castilla y León un poco mejores aunque muy similares, así como de brutal destrucción del tejido empresarial y del empleo, además de la necesidad de medidas urgentes y extraordinarias de refuerzo y protección social a trabajadores, el objetivo más inmediato no puede ser otro que el de mantener el máximo número de empleos mientras dure la pandemia y la crisis derivada de la misma, y para ello resultan imprescindibles herramientas como la reforma laboral de 2012.

Sin embargo, una vez finalizada la quinta votación del estado de alarma, se conocía un acuerdo oculto con EH Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral, con gran estupor social no solo porque se suscriba con un partido que se niega a condenar la violencia terrorista, sino porque esa reforma es la que ha permitido la creación de tres millones de puestos de trabajo, y son precisamente medidas de flexibilidad en el ámbito laboral las que en estos momentos se necesitan para garantizar la subsistencia de miles de empresas y de empleos.

En este contexto, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha medidas para reactivar la economía como la inyección de más de 100 millones de euros en cuatro líneas diferenciadas de liquidez a las empresas, el anticipo a las subvenciones ya concedidas facilitando a las empresas el acceso a préstamos avalados, la moratoria en el pago de los tributos autonómicos, o ayudas para impulsar la competitividad e innovación de las empresas frente al COVID-19 por valor de 112 millones de euros. En materia de empleo, impulsó el Decreto-ley 2/2020, en el marco del diálogo social, que incluía otras medidas, como los incentivos a trabajadores y empresas para la protección y el mantenimiento del empleo, o la atención a los autónomos, mediante un paquete con cinco líneas de subvenciones que daba respuesta a las distintas situaciones en las que puede encontrarse este colectivo.

Por su parte, el Gobierno de la nación ha optado por dar un hachazo, recortando en más de 80 millones los fondos para políticas activas de empleo en materia de formación en Castilla y León, en el momento en que son más necesarios.

Por otro lado, pese a presumir de escudo social frente a la crisis, las medidas de protección social para trabajadores, que debían ser inmediatas y urgentes para cumplir el objetivo de evitar la vulnerabilidad económica, no están llegando, y en este momento todavía hay muchos castellanos y leoneses que no han cobrado la prestación por desempleo de los ERTE desde marzo, y ello a pesar de los esfuerzos del personal del SEPE, que con escasos medios y una plantilla raquítica han estado trabajando de manera incansable sin que se arbitren soluciones para solventar la situación de caos y colapso.

En la misma línea, aun cuando a final de marzo se aprobaba el subsidio para personas empleadas de hogar y el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal, hasta primeros de mayo no han podido solicitarse ambos, por el retraso en publicar la resolución por la que se desarrolla el procedimiento para su tramitación, y todavía hoy cerca de 30.000 personas, en su gran mayoría mujeres, pertenecientes a uno de los colectivos más vulnerables del mercado laboral, continúa sin cobrar ese subsidio y podrían no hacerlo hasta septiembre, mientras que por parte del SEPE se alegan una vez más problemas de atasco en la gestión.

Tampoco la gestión de avales para dar liquidez a empresas y autónomos para paliar los graves efectos económicos del COVID-19 está exenta de dificultades y obstáculos, y entre otras cuestiones se ha evidenciado la imposibilidad que tienen para acceder a ellos autónomos y microempresas, debido tanto a la complejidad de los requisitos exigidos como a la inexistencia de una estructura administrativa que les permita cumplimentar con facilidad la documentación precisa, haciendo que sean prácticamente inaccesibles para microempresas, en su mayoría negocios familiares.

Asimismo, tanto el presidente del Gobierno de España, señor Pedro Sánchez, como el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señor Escrivá, anunciaron antes del inicio del estado de alarma que se aprobarían medidas para paliar las dificultades de conciliación; entre ellas, una nueva prestación para compensar la reducción o suspensión de jornada laboral para atender a menores, ante el cierre de los centros educativos, en el caso de que la empresa no pudiera habilitar como solución el teletrabajo. Sin embargo, son medidas que nunca han llegado y que, en este momento de desescalada, son aún más necesarias, por la progresiva incorporación al trabajo presencial que se está produciendo.

Por otra parte, el impacto del COVID-19 ha dado protagonismo a una modalidad de trabajo hasta ahora poco habitual en España, el teletrabajo o trabajo a distancia, incrementándose de forma muy sustancial.

Sin embargo, dicha modalidad ha llegado sin una regulación completa y específica, generando inseguridad jurídica y dejando desprotegidos a empresarios y trabajadores, que en estos meses han tenido que adaptar su implantación a base de esfuerzo e improvisación. Es necesario por ello abordar esta cuestión, y no solo porque esta modalidad va a seguir manteniéndose mientras no se consiga vencer al COVID-19, sino porque también es una oportunidad sociolaboral para estimular y avanzar en la implantación de una modalidad que, además, contribuye a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, y en la que España se sitúa a la cola de Europa.

Por todo lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que:

1. Inste al Gobierno de la nación a corregir con urgencia la situación de vulnerabilidad de muchas personas trabajadoras por la falta de ingresos motivada por la excesiva demora en el pago de prestaciones y subsidios, debido al persistente caos y colapso del servicio público estatal de empleo, a pesar del buen trabajo de los empleados de dicho servicio. A tal fin, impulsar con carácter de urgencia un plan de contingencia en el SEPE, para garantizar los medios materiales y humanos, y cuantas otras medidas sean necesarias para permitir el abono inmediato de las prestaciones por desempleo de los ERTE, y acelerar las resoluciones de concesión y el abono de los subsidios extraordinarios para personas empleadas de hogar y personas trabajadoras por fin de contrato laboral.

2. Inste al Gobierno de la nación a adoptar las medidas oportunas a fin de posibilitar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) -que han sido claves para evitar la destrucción de empleo- hasta el 31 de diciembre, manteniendo la protección por desempleo y la exoneración de cotización a la Seguridad Social.

3. Traslade al Gobierno de la nación la posición contraria de estas Cortes a la decisión unilateral de recortar los fondos de formación para el empleo destinados a las comunidades autónomas y le inste a revertir el recorte de más de 80 millones a la Comunidad de Castilla y León y buscar otras alternativas que no supongan recortar recursos de las políticas activas de empleo autonómicas.

4. Inste al Gobierno de la nación a adoptar las siguientes medidas en relación con el empleo autónomo:

● Prorrogar la duración de la prestación extraordinaria por cese de actividad más allá del 30 de junio, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias si estas subsisten, aplicando el criterio de descenso de ingresos, así como con carácter extraordinario contemplar la exoneración de la cuota de la Seguridad Social durante la duración de la prestación.

● Contemplar, con carácter extraordinario, ayudas directas a los mutualistas, tal y como ya ha hecho la Junta de Castilla y León, para poder dar impulso a un colectivo seriamente dañado por el COVID-19.

● Ampliar en doce meses más la tarifa plana para trabajadores autónomos.

5. Inste al Gobierno de la nación a rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas especialmente afectadas y cancelar toda subida propuesta en las bases mínimas y máximas.

6. Inste al Gobierno de la nación a poner ya a disposición los 100.000 millones de euros anunciados de las líneas de avales para atender la creciente demanda de crédito, así como a establecer, dentro de la línea de avales aprobada por el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, un tramo destinado a microcréditos cuyos destinatarios sean autónomos y microempresas (pymes de hasta diez trabajadores), con unos requisitos y condiciones de solvencia adaptados a las características de dicho sector empresarial, con el objetivo de facilitar su liquidez y a la postre su supervivencia.

7. Inste al Gobierno de la nación a llevar a cabo, en el marco del diálogo social, una regulación urgente del teletrabajo que aporte certeza y seguridad jurídica.

8. Inste al Gobierno de la nación a poner en marcha un plan de conciliación nacional, en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, con la adecuada financiación para que estas puedan desarrollarlo, y con la finalidad de ampliar la protección a las familias, que ofrezca soluciones de conciliación a personas trabajadoras con hijos o al cuidado de mayores y dependientes que tengan una actividad laboral presencial y que no tengan opción de teletrabajar, a través del refuerzo de los servicios y apoyos complementarios de apoyo a la conciliación, así como a implementar prestaciones para compensar las reducciones de jornada, entre otras medidas.

9. Inste al Gobierno de la nación a no proceder a derogar la reforma laboral de 2012, que gracias, entre otras, a una mayor flexibilidad interna en las empresas ha permitido promover la creación y el mantenimiento del empleo, así como a no despreciar y poner en serio riesgo el diálogo social en el momento en que es más necesario, favoreciendo soluciones compartidas con los interlocutores sociales y garantizando que se impulsen de manera conjunta medidas de flexibilización y de impulso y apoyo a la economía y el empleo, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea".

Valladolid, 17 de junio de 2020.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano