M/000127-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 14 de julio de 2020, ha admitido a trámite la Moción, M/000127, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general en materia de protección ciudadana, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, sustanciada en la Sesión Plenaria de 23 de junio de 2020.

De conformidad con el artículo 154 del Reglamento podrán presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dicha Moción haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de julio de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el ARTÍCULO 154 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente MOCIÓN derivada de la Interpelación 127 relativa a política general en materia de protección ciudadana:

ANTECEDENTES

Dos parámetros enmarcan la presente moción al respecto de la política desarrollada en materia de protección ciudadana de Castilla y León, uno la propia ley vigente, Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, y otro, la coyuntura y consecuencias de pandemia que padece nuestra Comunidad.

Trece años de vigencia tiene ya una ley que comprometía literalmente “promover la seguridad integral de sus ciudadanos implementando medidas que evitarán y controlarán las situaciones de riesgo y emergencias y a la vez impulsará una mejora en la prestación de la asistencia de servicios a los ciudadanos cuando estos sufran o perciban que existe un peligro”.

Teniendo presente que el objeto de esta vigente Ley es la ordenación y regulación de las actuaciones y actividades dirigidas a la protección de las personas frente a los riesgos derivados de fenómenos naturales, tecnológicos o sociales, esta crea, como un servicio público, el sistema de protección ciudadana de la Comunidad de Castilla y León que habría de ser constituido por el conjunto de disposiciones, procedimientos, medios y recursos que aseguren su organización y funcionamiento integrado.

La finalidad de la citada Ley fue promover a través de la previsión, prevención y el control de los riesgos, la protección y la asistencia a las personas cuando se vean amenazadas por un riesgo.

A los efectos de esta Ley, la protección ciudadana se configura como el derecho que tienen los ciudadanos de Castilla y León y las personas que se encuentren dentro del territorio de la Comunidad, como miembros de una sociedad, a estar amparados por un sistema integral que garantice su seguridad.

Norma que preveía situaciones, incluso sin imaginarlo, como la terrible pandemia COVID-19. Previó la declaración del estado de alarma y cuál sería la función, clasificación y desempeño, e incluso la movilización, de los diferentes servicios con que cuenta o podría haber contado nuestra Comunidad Autónoma, fueran esenciales o complementarios.

Con la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León vigente, en un contexto y consecuencias de pandemia provocada por el virus COVID-19, ha sido ejemplar para toda España el pacto firmado por la práctica totalidad de las fuerzas políticas presentes en las Cortes de Castilla y León con el Gobierno de la Comunidad, para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, cuyo contenido proyecta a nuestra Comunidad hacia un futuro solidario, sostenible y justo.

No podía ser de otra manera por cuanto desde la Oposición en general, y desde e! Partido Socialista de Castilla y León en particular, se ha mantenido una firme posición de lealtad institucional fundada en la convicción de que dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos era lo primordial.

Por su parte, el Consejo de ministros del pasado 16 de junio aprobó el Real Decreto Ley por el que se crea el Fondo COVID-19, de 16.000 millones de euros para las Comunidades Autónomas, con el que se financiarán los gastos derivados de la pandemia y se compensará la caída de ingresos por la menor actividad económica, la mayor transferencia, al margen del sistema de financiación convencional, de recursos que jamás se ha hecho a las CC. AA. demostrando el compromiso firme y útil del Gobierno de España.

El sentido y la legitimidad de ejercicio de las propias instituciones de autogobierno está también en coadyuvar impulsando medidas mitigadoras y de prevención frente al COVID-19, de otros riesgos y emergencias, y de aquellos que como consecuencia de la Emergencia Climática cada vez son más recurrentes con el resto de las Administraciones desde el cumplimiento de la legalidad vigente, más si esta emana de su Cámara legislativa de representación, como la Ley 4/2007, de Protección Ciudadana de Castilla y León.

Por ello se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a promover, en cumplimiento de Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, la inmediata creación del Fondo de Ayuda a los Afectados por el COVID-19, con medidas de ayuda de carácter inmediato que se financiarán con cargo a créditos ampliables, hasta garantizar la suficiente cobertura de sectores, colectivos, empresas y ciudadanos y ciudadanas afectadas.

2.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a promover durante los próximos tres meses los procedimientos y trámites administrativos necesarios para que la prestación del servicio público del Centro Castilla y León 1-1-2 sea realizado por empleados públicos y empleadas públicas, que en cumplimiento de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, desde los principios de eficacia y eficiencia que deben guiar la gestión de los recursos públicos, sirviendo al objetivo de garantizar la prestación integral, eficaz y homogénea en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, de un funcionamiento integrado y coordinado del citado servicio público.

3.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a la creación de la Escuela Regional de Protección Ciudadana de Castilla y León, adscrita orgánicamente a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, en cumplimiento de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, antes del año 2022.

4.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a, en el plazo de tres meses, definir el mecanismo de coordinación y financiación entre la Administración autonómica y las corporaciones locales, a través de la FREMP, en cumplimiento de Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.

5.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a publicar en el BOCyL, en plazo máximo de tres meses, la configuración y delimitación de las zonas de actuación inmediata y de las áreas de emergencia, así como la dotación de recursos personales y materiales con que deben contar, dando cumplimiento expreso de Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León.

6.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, a promover la creación de un Consorcio Autonómico para la prevención, extinción de incendios y salvamento de Castilla y León como ente de carácter público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.

7.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a remitir, en el plazo máximo de tres meses, el proyecto de Ley de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León, para su tramitación parlamentaria.

Valladolid, 29 de junio de 2020.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández