4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000653-01
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 14 de julio de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000653 a PNL/000657.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de julio de 2020.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho a la educación en nuestro país, recogido en nuestra Norma Fundamental a través del artículo 27 de la misma, resulta poseedor, en esencia, de un carácter prestacional que los poderes públicos tienen la obligatoriedad de facilitar.
No obstante, la invocación de este derecho debe entenderse en su totalidad, esto es, en la dimensión positiva y negativa de la libertad que le es propia, tal y como recoge nuestro sistema legal a través de sus diferentes fuentes.
Así, en el punto 3 del mencionado artículo la Constitución Española de 1978 se reconoce que: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los poderes para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Lo mismo sucede a través del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en su artículo 2 sobre Derecho a la educación afirma: "A nadie se le puede negar el derecho a la educación. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de lo educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los poderes a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas".
La expresión fáctica de dicha normativa hace que coexistan modalidades de centros que, más allá de su carácter efectivo y conciliador de los derechos anteriormente recogidos, genera, por encima de todo, un equilibrio real en nuestro sistema educativo, que busca contribuir a la formación integral de nuestros jóvenes atendiendo a la demanda existente.
En términos generales, en nuestro país más de 2 millones de alumnos matriculados en el régimen general de enseñanza lo hace en un centro concertado. Se trata de más del 25 % del total de los estudiantes en el sistema educativo español. Castilla y León cuenta con 180 centros concertados, en los que estudian más de 100.000 alumnos de nuestra Comunidad, casi el 29 % del peso de nuestro modelo educativo.
Por tanto, por su carácter no antagónico sino complementario y natural de la coexistencia entre centros públicos y concertados y, en atención al importante peso específico que por alumnado presenta esta modalidad, no encuentra justificación alguna la exclusión de las escuelas concertadas y a los centros de educación especial de las ayudas planteadas por el actual Gobierno de España en el reparto de los fondos de ayuda tras la crisis del COVID-19.
El anuncio realizado por el Ejecutivo de España de extender un fondo extraordinario de 2.000 millones de euros para la reapertura de colegios en septiembre, adaptando sus protocolos sociosanitarios a proteger y detener la propagación del COVID-19 entre la comunidad educativa, ha requerido de las Comunidades Autónomas para ampliar la cobertura a los centros concertados y, de esta forma, asegurar que éstas puedan adoptar las medidas oportunas para que las condiciones de la vuelta a las aulas de los alumnos en los próximos meses se desarrollen bajo en estricto cumplimiento de las indicaciones realizadas por las autoridades sanitarias.
Lo mismo sucede en cuanto a los centros de Educación Especial, ajenos al reparto y que, de este modo, dejan fuera de esta transición a un total de 61 Centros de Educación Especial y más de 1.300 alumnos en nuestra Comunidad.
Este agravio comparativo, impropio de la esencia de nuestro sistema educativo en cuanto su acceso y coexistencia de centros, elementos blindados en el Ordenamiento Jurídico de nuestro país, se adiciona al grave perjuicio que podría ocasionar a profesores, estudiantes y familias si no se evidencia un compromiso explícito y práctico, con las escuelas concertadas y los centros de educación especial y, por tanto, con el sistema educativo en su conjunto en el esfuerzo por impulsar una salida unitaria de la pandemia.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Exigir al Gobierno de España la inclusión de los centros público-concertados, así como centros de educación especial, en el reparto de los fondos que el Ejecutivo Central ha presupuestado tras la crisis del COVID-19, como expresión garante de la igualdad y seguridad del todo alumnado, el profesorado y las familias, con independencia del centro educativo, de cara al comienzo del próximo curso académico en el mes de septiembre.
2.- Solicitar al Gobierno de la Nación un refuerzo material y económico del sistema de educación, a través del fortalecimiento de las líneas de becas existentes, en atención a asegurar la equidad del modelo educativo, asegurando la igualdad de oportunidades mediante la corrección las condiciones que, en el ámbito personal, familiar, sociocultural y económico de los estudiantes pudieran generar un perjuicio en la consecución de dicho objetivo.
3.- Reclamar al Ejecutivo central un aumento de la inversión de forma coordinada con las Comunidades Autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad y/o necesidades educativas especiales.
4.- Defender ante el Gobierno de España la mejora de los derechos laborales de los profesionales del sistema educativo, mediante el incremento progresivo de puestos escolares al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes y haciendo efectivo el derecho a la educación y la libertad de elección de las familias, tal y como consagra la legislación vigente.
En Valladolid, a 9 de julio de 2020.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: David Castaño Sequeros
PNL/000653-01
CVE="BOCCL-10-010623"
Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León
X Legislatura
Pags. 18129-18131
BOCCL nº 134/10 del 17/7/2020
CVE: BOCCL-10-010623
4. Impulso y Control de la Acción de Gobierno
470. Proposiciones No de Ley
PNL/000653-01
Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, instando a la Junta de Castilla y León a exigir, solicitar, reclamar y defender ante el Gobierno de España la adopción de diversas medidas para la mejora del sistema educativo, para su tramitación ante el Pleno.
RESOLUCIÓN
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 14 de julio de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000653 a PNL/000657.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de julio de 2020.
El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: José Francisco Martín Martínez
El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
TEXTO
A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
El Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho a la educación en nuestro país, recogido en nuestra Norma Fundamental a través del artículo 27 de la misma, resulta poseedor, en esencia, de un carácter prestacional que los poderes públicos tienen la obligatoriedad de facilitar.
No obstante, la invocación de este derecho debe entenderse en su totalidad, esto es, en la dimensión positiva y negativa de la libertad que le es propia, tal y como recoge nuestro sistema legal a través de sus diferentes fuentes.
Así, en el punto 3 del mencionado artículo la Constitución Española de 1978 se reconoce que: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los poderes para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
Lo mismo sucede a través del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en su artículo 2 sobre Derecho a la educación afirma: "A nadie se le puede negar el derecho a la educación. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de lo educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los poderes a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas".
La expresión fáctica de dicha normativa hace que coexistan modalidades de centros que, más allá de su carácter efectivo y conciliador de los derechos anteriormente recogidos, genera, por encima de todo, un equilibrio real en nuestro sistema educativo, que busca contribuir a la formación integral de nuestros jóvenes atendiendo a la demanda existente.
En términos generales, en nuestro país más de 2 millones de alumnos matriculados en el régimen general de enseñanza lo hace en un centro concertado. Se trata de más del 25 % del total de los estudiantes en el sistema educativo español. Castilla y León cuenta con 180 centros concertados, en los que estudian más de 100.000 alumnos de nuestra Comunidad, casi el 29 % del peso de nuestro modelo educativo.
Por tanto, por su carácter no antagónico sino complementario y natural de la coexistencia entre centros públicos y concertados y, en atención al importante peso específico que por alumnado presenta esta modalidad, no encuentra justificación alguna la exclusión de las escuelas concertadas y a los centros de educación especial de las ayudas planteadas por el actual Gobierno de España en el reparto de los fondos de ayuda tras la crisis del COVID-19.
El anuncio realizado por el Ejecutivo de España de extender un fondo extraordinario de 2.000 millones de euros para la reapertura de colegios en septiembre, adaptando sus protocolos sociosanitarios a proteger y detener la propagación del COVID-19 entre la comunidad educativa, ha requerido de las Comunidades Autónomas para ampliar la cobertura a los centros concertados y, de esta forma, asegurar que éstas puedan adoptar las medidas oportunas para que las condiciones de la vuelta a las aulas de los alumnos en los próximos meses se desarrollen bajo en estricto cumplimiento de las indicaciones realizadas por las autoridades sanitarias.
Lo mismo sucede en cuanto a los centros de Educación Especial, ajenos al reparto y que, de este modo, dejan fuera de esta transición a un total de 61 Centros de Educación Especial y más de 1.300 alumnos en nuestra Comunidad.
Este agravio comparativo, impropio de la esencia de nuestro sistema educativo en cuanto su acceso y coexistencia de centros, elementos blindados en el Ordenamiento Jurídico de nuestro país, se adiciona al grave perjuicio que podría ocasionar a profesores, estudiantes y familias si no se evidencia un compromiso explícito y práctico, con las escuelas concertadas y los centros de educación especial y, por tanto, con el sistema educativo en su conjunto en el esfuerzo por impulsar una salida unitaria de la pandemia.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:
1.- Exigir al Gobierno de España la inclusión de los centros público-concertados, así como centros de educación especial, en el reparto de los fondos que el Ejecutivo Central ha presupuestado tras la crisis del COVID-19, como expresión garante de la igualdad y seguridad del todo alumnado, el profesorado y las familias, con independencia del centro educativo, de cara al comienzo del próximo curso académico en el mes de septiembre.
2.- Solicitar al Gobierno de la Nación un refuerzo material y económico del sistema de educación, a través del fortalecimiento de las líneas de becas existentes, en atención a asegurar la equidad del modelo educativo, asegurando la igualdad de oportunidades mediante la corrección las condiciones que, en el ámbito personal, familiar, sociocultural y económico de los estudiantes pudieran generar un perjuicio en la consecución de dicho objetivo.
3.- Reclamar al Ejecutivo central un aumento de la inversión de forma coordinada con las Comunidades Autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad y/o necesidades educativas especiales.
4.- Defender ante el Gobierno de España la mejora de los derechos laborales de los profesionales del sistema educativo, mediante el incremento progresivo de puestos escolares al objeto de poder cubrir todas las necesidades de escolarización existentes y haciendo efectivo el derecho a la educación y la libertad de elección de las familias, tal y como consagra la legislación vigente.
En Valladolid, a 9 de julio de 2020.
EL PORTAVOZ,
Fdo.: David Castaño Sequeros
PNL/000653-01
CVE="BOCCL-10-010623"
