PNL/000657-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 14 de julio de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000653 a PNL/000657.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de julio de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el PLENO.

ANTECEDENTES

En los últimos meses el conjunto de las administraciones públicas ha tenido que hacer frente a una actuación de urgencia para luchar contra la pandemia provocada por el COVID-19, a pesar del esfuerzo realizado, la pandemia ha provocado más de 253.900 afectados confirmados y más 42.000 fallecidos en nuestro país, de ellos 3.557 en Castilla y León.

Han sido múltiples las ocasiones en las que las Cortes de Castilla y León se han pronunciado sobre la necesidad de abordar una modificación del modelo de financiación autonómica que garantice más recursos para los servicios públicos y tenga en cuenta las particularidades recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía, en ese sentido es necesario recordar el acuerdo suscrito por todas las fuerzas políticas en 2016 que fija una posición de Comunidad ante la reforma del modelo.

Esta Cámara se ha pronunciado de igual manera en la necesidad de una reforma de la financiación local, en esta materia en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social de Castilla y León, recientemente firmado, se incorporan medidas para mejorar la capacidad financiera de las corporaciones locales de nuestra Comunidad, como la constitución de un Fondo Extraordinario COVID-19 por importe de 80 millones de euros, de ese fondo se transferirán 40 millones a las Corporaciones Locales de Castilla y León para actividades relacionadas con el empleo y la inversión.

Las Corporaciones Locales de Castilla y León han desarrollado una gestión ejemplar en la atención de sus ciudadanos, como administración más cercana, los 2.248 ayuntamientos de Castilla y León han hecho frente al desafío de la pandemia con los recursos disponibles, para hacer frente a las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis del COVID-19 resulta imprescindible contar con unos recursos financieros acordes, más si tenemos en cuenta que la emergencia sanitaria y su incalculable impacto económico y social han forzado incluso en el ámbito de la Unión Europea a renunciar a la doctrina económica de la austeridad, de hecho en el mes de marzo se suspendió el Pacto de Estabilidad, con el objetivo de aumentar el gasto público para hacer frente a la crisis del COVID-19.

En este contexto no se explica que el Gobierno de España no quiera atender la reivindicación que desde las Entidades Locales y la Federación Española de Municipios y Provincias se traslada al ejecutivo central, el Gobierno está demostrando una enorme insensibilidad y una absoluta dejación de funciones al negarse a atender una reivindicación más que justa, en el contexto económico actual.

Esa insensibilidad por parte del ejecutivo central ha motivado que hasta el portavoz de la ejecutiva federal del PSOE haya señalado al Gobierno de Sánchez por "maltratar y ningunear a los ayuntamientos", y haya reconocido que la situación "era absolutamente insoportable".

Nadie entiende que el Gobierno se resista a que los ayuntamientos y diputaciones provinciales puedan emplear en un contexto económico como el actual los más de 10.000 millones de euros de superávit y remanentes que han acumulado en los últimos ejercicios y que sólo en 2019 alcanzaron los 3.839 millones de euros, un 0.31 % del PIB, esos recursos deben de ser destinados a atender la emergencia social generada por el COVID-19, los remanentes generados en los últimos años por las Entidades Locales pertenecen a las Entidades Locales y son estas quienes tienen que gestionarlos y decidir en las actuales circunstancias cómo aplicarlos.

Por todo lo anterior, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para:

1. Que el Gobierno de España, en el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, flexibilice la regla de gasto para todas las Entidades Locales con superávit, con independencia de que cumplan o no los requisitos establecidos en la Disposición Adicional sexta de la referida Ley Orgánica.

2. Que el Gobierno suprima el límite de la previsión de estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2020 para la aplicación del 20 % del destino del superávit a que hace referencia el Real Decreto-ley 8/2020.

3. Que se autorice a que el superávit y remanentes se puedan destinar a cualquier tipo de actuación, ya sea de gasto corriente o inversión, y prioritariamente a atender los gastos extraordinarios como consecuencia de la situación actual de crisis sanitaria.

4. Que el Gobierno prorrogue los plazos para poder ejecutar en 2021 las inversiones financieramente sostenibles financiadas con cargo al superávit de 2018, que se han visto afectadas por la suspensión de plazos administrativos".

Valladolid, 13 de julio de 2020.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Raúl de la Hoz Quintano