PNL/000696-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 28 de agosto de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000695 a PNL/000697.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de agosto de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A finales de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el ingreso mínimo vital, una nueva prestación de la Seguridad Social para proteger a los hogares más vulnerables. De oficio, se reconocieron más de 70.000 beneficiarios, es decir, aquellas familias que ya recibían una prestación por hijo a cargo pasaron a recibir esta nueva ayuda social.

Fue a partir de junio cuando el resto de los ciudadanos pudieron empezar a solicitarlo.

El primer día fue tal el volumen de solicitudes para optar a este subsidio que la línea de teléfono gratuita habilitada por el Ministerio para facilitar información llegó a sobrecargarse. También la página web colapsó a los pocos minutos de que se iniciase el plazo, aunque se resolvió en un corto espacio de tiempo.

Además de estos problemas técnicos, algunos de los solicitantes han denunciado la "odisea" ante la que se han topado a la hora de tramitar el ingreso mínimo vital debido al sinfín de documentos oficiales que se requieren, que pueden llegar a ser más de 15. En muchos casos estos documentos ya están en posesión de la Administración, como el libro de familia o el certificado de empadronamiento.

En los momentos actuales, el ritmo de reconocimiento y por tanto de pago de esta renta mínima, no es el que se esperaba. Según indicó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las duplicidades en las solicitudes y los errores en la documentación aportada dificultaron su arranque.

En un Tweet del ministro José Luis Escrivá indicó que se han registrado más de 700.000 solicitudes. De estas, en base a lo publicado en diversos medios de comunicación, se habrían aprobado tan sólo 3.966, en torno a un 1 % del total. (La Asociación Víctimas del Paro ha sido informada de que a día 7 de agosto se habían aprobado 3.966). Como respuesta, desde el departamento que dirige Escrivá indican que los datos se darán a conocer a partir de septiembre, cuando se retome la actividad política.

El titular de Seguridad Social reconoció que las primeras solicitudes tenían "un porcentaje alto de errores de documentación, que han de subsanarse". Fuentes del Ministerio señalan que en algunos casos los ciudadanos han realizado el trámite en varias ocasiones y se han producido solicitudes duplicadas.

La Seguridad Social ha comunicado además que "se han denegado cerca de 36.800 solicitudes", que en "más de la mitad de los casos se debe a que exceden los límites de renta y/o patrimonio que están fijados como requisitos para obtener esta ayuda contra la pobreza extrema". El organismo ha detectado además que un 7,5 % de las solicitudes han llegado de manera duplicada.

Para la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha trabajado en el cruce de datos con Hacienda para facilitar los trámites. Sin embargo, sigue siendo necesario el envío de cierta documentación como el libro de familia o el certificado de empadronamiento.

Con todo, ya se han realizado dos pagos del ingreso mínimo vital, el primero el 26 de junio y el segundo, el 3 de agosto. El próximo será el 1 de septiembre.

Junto a los problemas de duplicidad y burocráticos con la documentación, existen también una falta de efectivos de la Seguridad Social, así como a las dificultades de solicitar cita previa para su solicitud. El Ministerio se apoyó en trabajadores externos, mediante TRAGSATEC, para tramitar las solicitudes. (Según datos de CC. OO. la plantilla se ha reducido en unas 5.000 personas en los últimos cinco años). Pero en último término las resoluciones deben ser aprobadas por los trabajadores públicos del INSS.

Además de contratar a personal externo a la administración, el Gobierno garantizó que las personas que solicitasen el ingreso mínimo vital hasta el 30 de septiembre y que cumpliesen con los requisitos lo recibirían de forma retroactiva desde el 15 de junio. De esta forma, el Ejecutivo quería evitar un aluvión de solicitudes durante las primeras semanas.

Pese al lento reconocimiento de las prestaciones, desde Seguridad Social explican que siguen trabajando en acuerdos de cooperación con administraciones locales. De hecho, ya se ha intercambiado un borrador con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que los ayuntamientos puedan gestionar esta prestación. Sin embargo, la cesión de esta competencia no llegará hasta el próximo año, tal como contempla la norma del ingreso mínimo vital. Únicamente Navarra y País Vasco gestionarán el ingreso antes de que termine el año.

Actualmente, la prestación se puede solicitar telemáticamente, solicitando cita previa en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) o enviando la solicitud por correo postal. Además, organizaciones del tercer sector también están colaborando con solicitantes para poder realizar los trámites.

Como resumen a toda esta situación nos encontramos con:

● Desconocimiento del número real de peticiones realizadas. La Seguridad Social informó el 20 de agosto que hasta ese ha reconocido el ingreso mínimo vital a "más de 80.000 hogares", entre los que se incluyen las 74.119 familias a las que tramitó la ayuda de oficio en el mes de junio. Por lo que el número de prestaciones reconocidas de las solicitadas por particulares rondarían los 6.000 hogares en dos meses, desde el 15 de junio, fecha en la que se permitió el registro de solicitudes. La Seguridad Social ha recibido en este mismo periodo "casi 750.000 solicitudes", por lo que las ayudas reconocidas (y no se sabe cuántas de ellas pagadas en agosto) quedan muy lejos de las peticiones realizadas en estos momentos de emergencia por la crisis del coronavirus.

● Desconocimiento de las prestaciones abonadas. La Seguridad Social ha informado del número de expedientes reconocidos, pero no de los pagados a inicios de agosto, cuando se abonó la última nómina del ingreso mínimo vital. El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha indicado que en el sindicato no tienen constancia "de que haya cobrado nadie", más allá de los hogares a los que se ha reconocido la ayuda de oficio porque estaban cobrando hasta el momento la prestación por hijo a cargo para familias de escasos recursos, que reciben la prestación desde junio.

● La complejidad de la solicitud y la lentitud en la tramitación están generando descontento entre los colectivos destinatarios. Los problemas de duplicidad de documentos para su tramitación que ya están en manos de la administración pública.

● Falta de personal para la tramitación de los expedientes. Los sindicatos CC. OO. y UGT han denunciado desde un inicio la escasez de personal de la Seguridad Social para hacer frente a esta nueva prestación contra la pobreza. Juan Zamora, secretario de Organización de la sección sindical estatal de CC. OO. en el INSS, considera que el número de expedientes tramitados hasta la fecha "no es normal", aunque este tipo de prestaciones requiera de cierto tiempo de análisis. "Hay un retraso injustificado debido a la falta de personal.

● Confusión entre los solicitantes de lo que realmente pueden cobrar; el ingreso mínimo vital varía en función de las personas que compongan la unidad familiar.

Si hablamos de que una sola persona que va a cobrar este tipo de ayuda económica recibirá alrededor de 462 euros mensualmente, aunque dependiendo de las condiciones en las que se encuentre, podrá llegar a percibir hasta 1.015 euros en total. El Estado no va a ingresar un mínimo de 462 euros al mes por carecer de un determinado nivel de ingresos, simplemente se va a limitar a cubrir la diferencia entre la renta ya existente y el umbral fijado en cada caso. En otras palabras, si la persona que demanda esta ayuda ya dispone de una renta que le proporciona 200 euros mensuales, el ingreso mínimo vital será de 262 euros, que es la diferencia existente para llegar a los 462 euros. Con esto, también nos referimos a que el ingreso mínimo vital no garantiza el cobro de un ingreso adicional para personas que ya disponen de una pensión anterior que supera los importes establecidos.

Teniendo presente todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a:

1. Exigir al Gobierno de la Nación que, a la mayor brevedad y urgencia posible, lleve a todos los efectos y cumpla de manera efectiva con lo establecido en Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, en atención a la tramitación de las solicitudes, reconocimiento y, en su caso, el pago de esta prestación a los ciudadanos que tengan reconocido su derecho a la misma.

2. Requerir al Gobierno de España a que informe del número real de peticiones solicitadas en la Seguridad Social y sea publicado en su portal de transparencia.

3. Reclamar a la Seguridad Social a que haga público a través del citado portal de transparencia, del número exacto de tramitaciones y cuantía de lo abonado.

4. Solicitar mayor agilidad en los trámites, eliminando las duplicidades y evitar que las familias, todas ellas consideradas vulnerables, no se vean perdidas en trámites burocráticos, así mismo como facilitarles dicho trámite.

5. Demandar que el ministerio contrate más personal para evitar el colapso y ayudar a que se haga con más rapidez.

En Valladolid, a 25 de agosto de 2020.