PNL/000698-01

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 18 de septiembre de 2020, ha admitido a trámite las Proposiciones No de Ley PNL/000698 a PNL/000700.

De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su tramitación ante el Pleno.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 18 de septiembre de 2020.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: José Francisco Martín Martínez

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,

Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y votación ante el Pleno:

ANTECEDENTES

El sistema público de salud de Castilla y León lleva años padeciendo el déficit de profesionales debido, principalmente, a la gestión negligente de los responsables de la Junta de Castilla y León, así como a su falta de interés en disponer de plantillas normalizadas y bien dimensionadas que permitan ofrecer un servicio público adecuado, homogéneo y de calidad.

Como consecuencia, hoy nuestra sanidad pública tiene serias dificultades para cubrir las plazas de determinadas especialidades y se enfrenta al difícil reto de captar y retener suficientes profesionales para mantener las plantillas y la actividad asistencial en los próximos años.

Desgraciadamente, todos los castellanos y leoneses estamos padeciendo la falta de profesionales y el recorte de servicios, especialmente, aquellos que viven en los pueblos. En cualquier caso, los socialistas defendemos una sanidad pública de calidad tanto en el medio rural como en el urbano y para ello, exigimos a la Junta de Castilla y León que ponga en marcha las medidas políticas y los incentivos adecuados para incorporar los profesionales que necesitamos y cubrir la oferta de plazas públicas, incluso en los lugares más complicados.

Indudablemente, los gobiernos del PP de Castilla y León han sido y son responsables de esta situación por su falta de previsión y por la ausencia de una adecuada planificación de las necesidades de profesionales del Sacyl. Sirva como ejemplo, las más de 400 plazas MIR de la especialidad de medicina de familia y comunitaria no ofertadas por la Junta de Castilla y León, entre los años 2012 y 2018, que podrían haberse traducido en un buen número de médicos para nuestra Atención Primaria. Así mismo ocurre en algunas especialidades de la atención hospitalaria. Sorprende que, dada la gravedad del problema, estos gobiernos del PP y ahora también de Ciudadanos no hayan tomado a estas alturas ni una sola decisión, ni hayan impulsado los cambios necesarios para garantizar que nuestra sanidad disponga en todo momento de los profesionales adecuados y suficientes para mantener la calidad asistencial y la equidad en el acceso a los servicios sanitarios. Una prueba evidente de la desidia y del desinterés del gobierno de Mañueco en esta materia es que hoy sigue sin aplicarse un decreto que ofrezca incentivos a las plazas de difícil cobertura. Tampoco parece preocuparle al máximo responsable de la Junta de Castilla y León las malas condiciones laborales en las que desarrolla el trabajo los más de treinta mil empleados y empleadas de la sanidad de Castilla y León, lo que convierte a nuestra Comunidad Autónoma en un destino poco atractivo para los profesionales sanitarios.

El origen hay que buscarlo, en parte, en los recortes sanitarios del año 2012, que fueron aplicados con fruición por la Junta de Castilla y León y que supusieron, entre otras cosas, la reducción de las plantillas, la amortización de plazas, la reducción de la contratación temporal de profesionales para sustituir las bajas y las vacaciones, así como otras vacantes. Como consecuencia, la sanidad pública de Castilla y León ha contado cada vez con menos efectivos para realizar el mismo trabajo, lo que se ha traducido, a su vez, en sobrecarga asistencial (principalmente en Atención Primaria), en el cierre temporal y definitivo de servicios y en el aumento exponencial de las listas de espera. Estos recortes han tenido también un gran impacto sobre las condiciones laborales de los empleados de Sacyl que han visto como determinados derechos laborales, conquistados con mucho esfuerzo, quedaban sin efecto de la noche a la mañana. Ocho años más tarde, la Junta de Castilla y León sigue sin cumplir su compromiso de restituir los derechos arrebatados una vez superada la crisis económica. El propio Mañueco ha incumplido flagrantemente el acuerdo firmado con los sindicatos, apenas unos días antes de las elecciones autonómicas, de devolver la jornada semanal de 35 horas. En otros casos, ha sido la justicia la que ha obligado a la Junta de Castilla y León a restituir los derechos, como el día libre después de guardia, el derecho del personal de guardia a la comida, el derecho a la carrera profesional o el complemento de la continuidad asistencial.

A este caldo de cultivo creado después de los recortes del 2012 hay que añadir otras políticas estructurales en materia de sanidad como son la excesiva interinidad, la dificultad para moverse a otra plaza, la asombrosa brevedad de los contratos, la designación de los jefes de servicio a dedo, la falta de tiempo y de oportunidades para la docencia, la investigación y la formación o las trabas para acceder a la carrera profesional.

La Junta de Castilla y León lleva años maltratando a los trabajadores y a las trabajadoras de Sacyl y parece que ha sido la pandemia la que ha hecho que sus responsables políticos se den cuenta de que los profesionales del sistema público de salud son un recurso escaso y esencial para dar una atención sanitaria de calidad. Justo ahora, cuando las bolsas de empleo del personal sanitario están vacías y la situación requiere de la incorporación inmediata de profesionales al servicio, la consejera de Sanidad dice públicamente que no está segura de poder garantizar la atención sanitaria en los términos establecidos y exige consenso para reformar el sistema. Olvida esta responsable que, apenas finalizado el estado de alarma, desoyendo la voz de los colectivos sociales y de los sindicatos, despidieron a la mayor parte de los profesionales sanitarios contratados en los meses anteriores, en vez de prorrogarles los contratos, como se le sugirió desde la oposición. Era más que evidente que nuestra sanidad necesitaría de estos profesionales para afrontar el repunte de la Covid-19 en otoño y que corríamos el riesgo de que fueran captados rápidamente por otras comunidades en ese periodo de tiempo.

En cualquier caso, el Grupo Socialista no va a permitir bajo ningún concepto que el gobierno del PP de Castilla y León utilice la pandemia como tapadera para introducir una reforma exprés del sistema público de salud que suponga una merma de los recursos humanos y materiales o que ofrezca una peor o menos equitativa asistencia sanitaria. Al contrario, exigiremos en todo momento a la Junta de Castilla y León que pongan en marcha las medidas adecuadas que generen los incentivos para la retención y la contratación de profesionales e impulse los cambios necesarios para mejorar sus condiciones laborales y recuperar los derechos que les fueron arrebatados.

Por lo expuesto, se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta a:

1. Presentar antes de la finalización del año en curso, el plan de reordenación de recursos humanos que recoge el Estatuto jurídico del Personal Estatutario de 2007, que incluya una previsión de las necesidades de profesionales de sacyl para los próximos 10 años, así como un modelo de organización, gestión y evaluación y medidas específicas, remitiéndolo para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León.

2. Aprobar en el plazo de un mes un decreto que determine un criterio temporal, además de geográfico, para definir las plazas de "difícil cobertura" de Sacyl y el establecimiento de incentivos tanto salariales como laborales, que favorezcan la ocupación de dichas plazas.

3. Recuperar al menos la dimensión de las plantillas anterior a los recortes del año 2012 para reducir la sobrecarga asistencial y garantizar la adecuada asistencia sanitaria en todo el territorio.

4. Devolver a los trabajadores de Sacyl los derechos laborales que les fueron arrebatados en el 2012, estableciendo nuevamente la jornada laboral de 35 h semanales, el pleno acceso a la carrera profesional y el reparto de los fondos adicionales acordados con los sindicatos.

5. Ofertar el total de las plazas MIR acreditadas, especialmente de aquellas especialidades que son más necesarias o que son más difíciles de cubrir por el Sacyl.

6. Mejorar las condiciones formativas de los MIR y ofrecer contratos de fidelización de mayor duración a los residentes de último año.

7. Poner en marcha todos los requerimientos en materia de recursos humanos que establece el Plan de Respuesta Temprana, adoptado en el marco del Consejo lnterterritorial, entre el gobierno y las comunidades, para el control de la pandemia de la Covid-19.

Valladolid, 16 de septiembre de 2020.

EL PORTAVOZ,

Fdo.: Luis Tudanca Fernández